Sergio Heredia 27.08.2016.
Con motivos de las amenzas recibidas por el párraco de Choele Choel, el Abogado de la familia Solano – Dr. sergio Heredia.- relata la actualidad del “Caso Solano”, el trabajador golondrina desaparecido por una mafia que vincula explotación laboral, drogas, empresarios, justicia y policía.
Al Dorso (27.08.2016) – Entrevista al Dr. Sergio Heredia
Romina De Luca 20.08.2016.
La gestión kirchnerista sostuvo que reinventaría la escuela. La crisis social, decían, llevó a la escuela a abandonar sus tareas educativas. La contención se colocaba en el centro de la escena pedagógica. Se trataba de recuperar la calidad perdida. Se buscaba fundar una nueva escuela, inclusiva, para dejar atrás a la educación elitista, desigual e inequitativa de antaño (…)
Al Dorso (20.08.2016)
La propuesta del progresismo para la educación y el fin de las utopías
La gestión kirchnerista sostuvo que reinventaría la escuela. La crisis social, decían, llevó a la escuela a abandonar sus tareas educativas. La contención se colocaba en el centro de la escena pedagógica. Se trataba de recuperar la calidad perdida. Se buscaba fundar una nueva escuela, inclusiva, para dejar atrás a la educación elitista, desigual e inequitativa de antaño.
Una nueva Ley de Educación Nacional, otra de financiamiento, la revalorización del circuito de educación técnica y la sanción de una ley específica, asistencia económica -Asignación Universal por Hijo, plan Progresar- para que la pertenencia de clase no fuera obstáculo para estudiar, más tiempo de estudio, distribución de libros, de netbooks, decenas de resoluciones del Consejo Federal de Educación implementando la reforma. ¿Para qué?
Casi doce años más tarde, la escuela alcanza niveles de desigualdad, de fragmentación, de segmentación y de decadencia de una magnitud pocas veces antes vista. La escuela hoy tiene más gente en su interior pero cada día educa menos. La ficción educativa actual exhibe una gran paradoja: el rendimiento “interno” del sistema mejora, más niños por más tiempo permanecen en la escuela pero uno de cada tres no comprenderá lo que lee a los quince años ni podrá resolver una regla de tres simple al finalizar el secundario. La titulación (exprés o no) se encuentra a la orden del día. Y esto no pareciera importar. Los intelectuales “progres” se encargan de encubrir la situación. Su intervención edulcora el proceso que adapta una escuela cada vez más clasista y degradada a una sociedad degradada. En el camino reniega de una escuela que hizo otra cosa, siempre bajo los límites trazados por una educación clasista. La utopía sarmientina de “educar a la plebe” ya no existe más. Tampoco la sociedad que lo permitió.
La esperanza de la educación
La educación argentina se desarrolló al calor de lo que podríamos denominar “ideariosarmientino”. Pero las características que asumió el sistema educativo no estuvieronpre-figuradas de antemano y se impusieron derrotandoa otros proyectos rivales.Uno de los desafíos de los intelectuales de la época era cómo imponer el orden en una sociedad convulsionada por la triunfante Revolución de Mayo. La pacificación aseguraría el desarrollo pleno de las relaciones sociales capitalistas garantizando así el despliegue del interés que se había nucleado detrás de la revolución.[1] De allí la máxima de “orden y progreso” que prosiguió a la unificación estatal. Launificación debía realizarse sobre un territorio extenso, escasamente integrado, poco poblado y poco educado. Cómo alcanzar la “civilización” fue uno de los temas que desveló a las “clases dirigentes”. En esa discusión, Sarmiento y Alberdi propusieron dos posibles vías. Alberdi no negaba la utilidad de la educación pero consideraba que la inmigración sería un instrumento mucho más rápido y efectivo de cambio. En materia educativa, debía promoverse la educación comercial e industrial y no dilapidar recursos en una formación moral general. Por su parte, Sarmiento consideraba que la educación era el punto de partida de la civilización, de la ciudadanía y, por ende, de cambio. La sociedad debía asegurarse que todos los individuos recibieran educación en su primera infancia. Alberdi se preguntaba de qué le servía leer al pueblo si no podía asumir la ciudadanía.Para Sarmiento, en cambio, la educación los prepararía para el desempeño de las funciones sociales del futuro. Por eso,el gobierno debía hacerse cargo de la educación pública.La educación debía ser masiva y popular porque la “verdadera civilización de un pueblo” no consistía en contar con una “aristocracia del saber” sino, como afirmaba Sarmiento, en el mayor número posible de ciudadanos instruidos. La educación debía ser común “libre de las odiosas diferencias entre ricos y pobres” ypública, por el lugar que desempeñaría el Estado como agente educador.[2]Por eso, la tarea de la hora era la de estructurar un sistema de enseñanza, de instrucción pública, a cargo del Estado. Sarmiento supo leer que la burguesía debía educar porque necesita un mínimo de conocimientos en la cabeza de los obreros y del resto de la población.
En ese debate de ideas, Sarmiento se impuso por sobre Alberdi. La etapa roquista de centralización administrativa dio impulso a la conformación del sistema educativo. El Congreso Pedagógico Internacional de 1882 y la posterior sanción de la Ley 1.420 de educación sentaron los primeros puntales. Se determinó que la educación primaria sería obligatoria, gratuita y en manos del Estado y se fijaron castigos para quiénes no cumplieran con el mandato educacional. Se ratificó la responsabilidad que la Constitución fijó para las provincias de hacerse cargo de la educación obligatoria. Pero el sistema se expandía muy lentamente. Por eso, en 1905, la Ley Lainez habilitó a la Nación a construir escuelas en territorio provincial liberándolas de la carga financiera. El ritmo de construcción de escuelas aumentó y en medio siglo, la matriculación alcanzó a más del 70% de la población en edad escolar.[3]
La masificación de la escuela posibilitó la construcción de una identidad artificial para el conjunto de la población: la identidad nacional. Celeste y blanco buscaban diluir el rojo en la conciencia obrera. A tales fines, el Estado diseñó su estrategia: centralizar el mando en el poder Nacional (público)[4], brindar una formación homogénea al conjunto de la población (común), asegurar que el costo de sostenimiento recayera en el Estado (gratuita) y a los efectos de garantizar el éxito de la empresa, obligó a toda la población a incorporarse al sistema “so pena” de castigo (obligatoria).La centralización estatal no se detuvo con la Ley Lainez. Los dos gobiernos de Juan Domingo Perón reforzaron el patrón “común”. El peronismo expresó en forma clara ese ideal: todos los niños del país debían aprender lo mismo y, de ser posible, hacerlo en el mismo momento. Todas las escuelas del país debían utilizar el mismo plan de estudios. Se ampliaron y unificaron circuitos y se dispuso un plan de estudios nacional.
¿Fue esta estrategia exitosa?Según los Censos Nacionales, hacia 1869 la tasa de analfabetismo del país era de 77,4; hacia 1895, 53,3; en 1914 35,9 y en 1947, 13,9.[5]Para la misma época, el promedio de América Latina se ubicabaentre el 40% y el 50%. En efecto, Argentina se distinguió del resto de América Latina por el alto porcentaje de reclutamiento escolar: hacia fines de los sesenta cerca del 94% de la población en edad escolar se incorporaba efectivamente a la escuela. Para 1950, los indicadores mostraban que el 85% de la población de más de diez años sabía leer y escribir. En el mismo año, el promedio de Latinoamérica se ubicaba en 58% y en Estados Unidos era de 96%.[6]Pero también tenía límites. La deserción era alta: en el ámbito urbano el 39% de la población desertaba, el 17% ya ni siquiera se matriculaba en 2º grado.[7]La repetición afectaba mayoritariamente a los primeros grados de la escuela primaria: hacia 1967, el 79% de los repetidores del nivel se acumulaba en los tres primeros años. A inicios de los años ’60 el promedio escolar se ubicaba entre los 4 y los 5 años de escolaridad mostrando disparidad regional: mientras en la Capital Federal el promedio era de 5,8 años y en Buenos Aires 5,4; en Chaco, Misiones, Formosa, Corrientes, Río Negro y Santiago del Estero el promedio no superaba los 3. La matrícula del nivel secundario era más bien acotada: si hacia 1958 se registraban 2.859.826 alumnos en el nivel primario, la matrícula secundaria era un 18% (505.173 alumnos). El sistema realiza “selecciones internas” pero, apesar de sus déficits, la escuela primaria brindaba una formación sólida. Tal era así que, inclusive, se evaluó la entrega de certificaciones parciales de estudio al llegar al cuarto grado. Los déficits de rendimiento no deben hacernos perder de vista el eje central: en setenta años el país logró prácticamente erradicar el analfabetismo.
Obviamente, la escuela sarmientina creció con los límites de una escuela de clases. Su desarrollo desigual entre zonas urbanas y rurales y entre las distintas jurisdicciones evidencia el carácter clasista de la educación. El reclutamiento de la matrícula y, en especial, los circuitos en los que se insertaba cada fracción de clase (escuela primaria, media bachiller, comercial o industrial, el acceso a la universidad) da cuenta de dicha realidad. Desde sus orígenes, la educación fue pensada como un elemento civilizador asociado al desarrollo de las fuerzas productivas y de sus necesidades. Mientras la sociedad avanzó, la educación acompañó ese proceso. No solo permitió dejar atrás una sociedad analfabeta sino que también habilitó ejemplos de promoción social: la escuela bachiller como transición a los estudios superiores (fracciones burguesas y de clase media acomodada), la comercial e industrial como reaseguro de empleos para fracciones de clase media (pequeño burguesía) o de la clase obrera.
Durante la primera mitad de siglo XX y algunas décadas subsiguientes la educación constituyó un verdadero móvil de ascenso social no solo a los hijos profesionales de los “pioneros”. Estos últimos también se beneficiaron de esa educación de calidad. Un ejemplo familiar ilustra vívidamente esta trayectoria: mi abuela con tercer grado de la primaria, viuda y con oficio de costurera, supo leer a Borges, a Cortazar, a Galeano y luchó por enviar a sus hijos a la universidad; con orgullo los vio graduarse de maestra de conservatorio y de arquitecto. Un claro ejemplo de “mi hijo el doctor”.
La larga marcha de la degradación
Aquel sistema educativo no existe más, ya ni siquiera como utopía. La burguesía lo desmantelópara adecuarlo al agotamiento de su sociedad, a su propia decadencia y degradación. A partir de los ’60y, con mayor fuerza, desde los años ’70, al calor de la escasez de recursos, los pedagogos burgueses comenzaron a medir el rendimiento de la escuela. Se revisó lo actuado y una de las primeras propuestas fue dejar atrás la homogeneidad. Se dio paso a la descentralización y se inició la desarticulación completa del sistema.El estado nacional comenzó a “devolverle” las escuelas a las provincias. Eran éstas quienes debían asumir el esfuerzo financiero. Por eso las transferencias de escuelas -sugerida en 1956 e implementada de hecho en 1961, 1968, 1978 y 1992-legaban también el mobiliario, los contratos de locación y a los docentes con el debido pago de salarios y de sus aportes patronales. La consolidación de veinticuatro salarios docentes y la licuación del poder de negociación sindical fue una de las consecuencias del proceso que, con marcada intensidad, se expresó en la década del ’90. Se sostuvo que la “descentralización” beneficiaría la constitución de “patronatos de cooperación económica” para el financiamiento educativo. Así se evitaría la duplicidad en los gastos, se eliminarían los superfluos y el fisco movilizaría indirectamente recursos que no lograba recaudar de otro modo. Desde el Consejo Nacional de Desarrollo en los ’60, al Congreso Pedagógico de los ’80 pasando por la “transformación educativa” menemista y la escuela inclusiva k todos defendieron el “federalismo” descentralizador.
La fractura del sistema educativo no se limitó a un plano administrativo formal. Calendario, organización institucional, régimen disciplinar ycurrículum fueron permeados por la nueva ideología. Se rompía con la idea de una educación común. Cada región brindaría la educación acorde con sus necesidades inmediatas. La consecuencia: para regiones pobres, escuelas pobres. La “crítica” a los programas diseñados en Buenos Aires se ubicó en primer plano. Se sugirió la inclusión en los programas de orientación y prácticas vocacionales que acorde con la nueva filosofía solo orientaría a la fuerza de trabajo que luego se necesitaría. Hacia 1980, la regionalización del currículum de la primaria era un hecho.
Los intelectuales que diseñaron estas reformas mostraron gran preocupación por el carácter “obsoleto” de la escuela secundaria. Ya desde los sesenta, esa preocupación coincidió con el crecimiento de la matrícula: entre 1950-60 se duplicó, al pasar de 505.173 alumnos a 940.815 alumnos.[8]Quiénes hoy defienden la NES utilizan el mismo argumento cuestionando la escuela por elitista y obsoleta.
El cambio de tendencia se consolidó entre fines de los ’70 y principios de los ’80. Las primeras propuestas de descentralización coincidieron con la crisis hegemónica y de acumulación que, en nuestro país, se inició en 1955. Uno de los ensayos más firmes de lo que luego sería la Ley Federal fue llevado a cabo por Onganía, aquel que representó el interés de los sectores más concentrados del capital y buscó cerrar la brecha abierta en el ’55. En ese contexto, la apertura de un proceso revolucionario, en mayo de 1969, puso en jaque sus intentos reformistas y limitó su intervención. Hubo que aniquilar a la fuerza social revolucionaria que expresaba el cambio de sistema, y por ende, la superación definitiva de la crisis para que la burguesía pudiera avanzar en concentrar el capital y relanzar el ciclo de acumulación. El cierre de fábricas, la consolidación de una población sobrante para las necesidades de valorización del capital, el ataque a las condiciones de vida de la clase obrera fueron posibles, a gran escala, luego del golpe de 1976.
El golpe de marzo del ’76 aparece como un punto de llegada, de síntesis y de salto hacia adelante. Se logró relanzar a la economía y restaurarla hegemonía pero no resolvió el problema central: el agotamiento histórico de las relaciones sociales capitalistas. Distintas crisis económicas, sociales y políticas volvieron a dar cuenta del colapso. Y en una espiral ascendente los estallidos se repitieron: 1982, 1989, 2001, 2008, ¿2016?. La incapacidad de la renta para actuar como único factor de compensación económico en el ciclo de acumulación de capital, su reemplazo por la deuda externa y las consiguientes crisis de la deuda, la consolidación de inmensas fracciones de la clase obrera como población sobrante para las necesidades de valorización del capital, la flexibilización y precarización laboral son algunas de las manifestaciones. En la década de los noventa, esas tendencias se expresaron a través del crecimiento de la desocupación ya sea en su manifestación abierta o bajo la forma encubierta de empleo estatal, de la asistencia social a ingentes capas de la población, de anticipos de las jubilaciones, de cierre de fábricas, de pobreza, de deterioro generalizado de las condiciones de vida, etc. La crisis del 2001, el resultado de ese proceso. Y si bien el kirchnerismo logró recomponer ciertos indicadores, gracias alos precios record de la soja, la tendencia histórica declinante sigue intacta y un nuevo estallido está a punto de convocarnos. La sociedad de Sarmiento no existe más. Una clase obrera cada vez más fracturada, con capas insertas en una economía cada vez más concentrada y regionalizada echan por tierra su utopía de educación común, única y centralizada.
La reforma educativa se consolidó en varias etapas. La descentralización administrativa y curricular, entre los setenta y los noventa;el cambio en la estructura, el disciplinar y el aumento de la obligatoriedad entre los noventa y los 2000. Entre 1990 y el 2000 la cobertura del nivel se amplió mejorando las “oportunidades educativas” dirán los pedagogos. La obligatoriedad empujó una mayor cobertura del sistema,principalmenteen el nivel medio.[9]Sin embargo, advertirán que el contexto social de crisis en el que se aplicó la reforma obligó a las escuelas a dar “respuestas a la inmediatez”: cubrir las necesidades de subsistencia de los niños, contener afectivamente relegando la dimensión educativa. La escuela se convertía en un comedor y en un contenedor de niños.
La profundidad de la crisis educativa se desplegó rápidamente. Desfinanciamiento, desinversión, salarios docente de miseria coparon las denuncias de la época. Pero la crisis también se manifestó en el plano curricular, aspecto a menudo descuidado. Un informe de la UNESCO, elaborado por Juan Carlos Tedesco y EmilioTentiFanfani en 2001, destacaba que si se comparaban dos cohortes educativas, una de inicios de los sesenta (1961-62) y otra de mediados de los noventa (1996-97) los indicadores retrocedían. En términos relativos el abandono en 7º grado era mayor en 2001 que 35 años atrás. Algo similar ocurría en el nivel secundario. La tasa de supervivencia era menor en los noventa que la alcanzada en los sesenta.[10]El informe reconoció que las marcas eran bien pobres. Pero caracterizó como positivo el mantenimiento de los niveles de rendimiento en contextos de expansión de la matrícula, algo así como sostener que incorporar a la clase obrera solo puede redundar en una educación mediocre. Según Tedesco y TentiFanfani los “críticos de la reforma” subestimaban sus logros y las medidas orientadas a reforzar la equidad y el papel del Estado. En ese esquema, destacaron el Plan Social Educativo (una proto Asignación Universal por Hijo), la ampliación del sistema y el carácter integral de la Ley menemista.[11]
Ahora bien, ¿por qué la Ley Federal fue atacada entonces? Sus logros no parecían muy notables, al margen de amontonar alumnos. Hacia el 2000, el 43,9% de los alumnos argentinos obtenían resultados iguales o debajo de 1 en comprensión lectora siendo 5 el más elevado. ¿Qué significaba ello? Que prácticamente no sabían leer.[12]El kirchnerismo supo leer la temperatura ambiente. Para desmovilizar a la sociedad post-2001 debía tomar algunas de sus consignas aunque fuera para hacer algo muy parecido a sus antecesores. Supo ver que para desmovilizar a la clase media (pequeño burguesía) debía tocar algunas de sus fibras más sensibles. La educación fue (y es) una de sus demandas centrales. También de la clase obrera que, con mayor distancia, percibe que con ella se abre una posibilidad de mejora para sus hijos. Así, el kirchnerismo inició su “transformación”. Prometió mejorar la calidad. Prometió unificar el sistema. Prometió mejorar las condiciones de trabajo docente. El embrutecimiento de la población era el resultado de la Ley Federal, de una escuela que había abandonado su rol educativo. Pero también era culpa del pasado, de una concepción escolar elitista. Brega por la inclusión pero su escuela sigue siendo tan clasista como la pasada, tan fragmentada como la pasada. Aunque sí se encargó de ocultar su propio fracaso. De allí la introducción de programas de titulación cuasi compulsiva (Plan Fines 2), de allí la mejora “record” de los indicadores de rendimiento interno de la escuela, de allí la negación de cualquier indicio que evidenciecuánto aprenden nuestros alumnos. Ahora, la burguesía y sus pedagogos progres acusan a la escuela de ser la única responsable de esos problemas. El problema ya no es el de una sociedad capitalista decadente sino de un modelo de escuela elitista y vetusto y, cuándo no, de los docentes. Formados con viejos modelos, no saben enseñar a las poblaciones obreras, no saben evaluarlos, son autoritarios. Por eso, son responsables del fracaso. Para convencerlos de su responsabilidad y de la necesidad de que realicen tareas sin sentido (contener y no educar), la burguesía apela a los intelectuales progres. Aquellos con discurso más creíble y que estaban en la trinchera de defensa de la educación pública. Atacan el elitismo de antaño y convocan a educar y a tener “consideración” por los pobres. Y cínicamente nos preguntan, ¿acaso no merecen educación? Pero sus propuestas vehiculizan y agravan esos resultados que supuestamente critican. Justifican la consolidación de una escuela de clases sin ninguna pretensión universal. Cada quien recibirá lo que su confín más inmediato determine. Para los sobrantes, una ficción de educación que reproduce una escuela cada día más vaciada y una educación a cada paso más degradada. Hoy la escuela es más clasista que nunca. A pesar de que busquen convencernos de lo contrario ya ni siquiera permite ejemplos aislados de movilidad social.El personal político de Menem a Macri, pasando por Cristina y Néstor, desarrollan una misma política educativa: la degradación del sistema y las tendencias a la “finalización”, la forma más degradad de ¿escuela? que la burguesía exhibe como un mérito.
Como dijimos hace tiempo en Brutos y baratos el principal problema de la escuela argentina es su degradación. En su relanzamiento editorial mostramos que su carácter de clases es más abierto, marcado y cruel que en el pasado: se modifica completamente la estructura en que circula la matrícula de la escuela común, a la de adultos a la terminalidad con un vaciamiento sin precedentes. Reivindicamos una educación universal (y no el miserabilismo local) y centralizada bajo control de los trabajadores. Los fracasos educativos no son consecuencia de los docentes, son el resultado de la estructura social y es allí donde deben ser resueltos los problemas. Se trata de desarrollar la sociedad (socialista) y no de degradar a la escuela a un capitalismo decadente.
[1]Harari, Fabián, Hacendados en armas. El cuerpo de Patricios, de las Invasiones Inglesas a la Revolución (1806-1810). Buenos Aires: Ediciones ryr, 2009, p. 20.
[2]“Hasta hace dos siglos había educación para las clases gobernantes, para el sacerdocio, para la aristocracia; pero el pueblo, la plebe, no formaba, propiamente hablando, parte activa de las naciones. Tan absurdo habría parecido sostener entonces que todos los hombres debían ser igualmente educados, como habría sido dos mil años antes negar el derecho de hacer esclavos a los vencidos”Sarmiento, Domingo F., Educación popular, Buenos Aires: UNIPE, 2011p. 47.
[3]Así se pasó de 877.810 alumnos en 1895 a 2.735.026 en 1955 según cifras del Departamento de Estadísticas Educativas del Ministerio de Educación y Justicia enTedesco, Juan Carlos,Educación y sociedad en la Argentina (1880-1945), Buenos Aires: Siglo XXI 2009, pp. 129, 230-231.
[4]Luego de la sanción de la Ley 1420, el Reglamento General de Escuelas sancionado en el año 1887 (iniciativa de Sarmiento) explicitó el carácter nacional de la educación que en la Ley anterior aparecía difuso.
[5]Ministerio de Educación y Justicia, “Informe de la República Argentina”, en Congreso Mundial de Ministros de Educación para la Liquidación del Analfabetismo. (Teherán: 8 al 19 de septiembre de 1965) pp. 7-45.
[6]Instituto de Ciencias de la Educación, Deserción escolar primaria en la Argentina. Informe de Investigación Nº 1, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 1964, p. 20.
[7]Los valores rurales eran peores: el sistema retenía apenas al 24,3% y se matriculaba de primero a segundo grado el 63%. Ministerio de Cultura y Educación-Consejo Nacional de Educación, Un aporte para la lectura del problema de la repitencia y deserción en el nivel primario, Buenos Aires, mecanografiado, sin numerar, 1975.
[8]La evolución compara los números de 1958 y 1968.
[9]Otros trabajos comparan el crecimiento de las tasas de escolarización en relación al crecimiento poblacional. Los números entre 1991 y 2001 son: mientras la tasa de escolarización primaria (5 a 14 años) fue de 6,8% el crecimiento poblacional fue de 4,2%; mientras que en la secundaria (10 a 19 años) la tasa de escolarización creció 22,9% mientras la población de esa franja etaria lo hizo a razón de 6,8%. Beech, Jason y Larrondo, Marina, “La inclusión educativa en la Argentina de hoy. Definiciones, logros y desafíos a futuro” En UNESCO, Taller Regional Preparatorio sobre Educación Inclusiva América Latina, Regiones Andina y Cono Sur, Buenos Aires, Argentina, 12 – 14 de septiembre 2007, p. 5.
[10]Tedesco, Juan C. y TentiFanfani, Emilio, La reforma educativa en la Argentina. Semejanzas y particularidades, IIPE-UNESCO, Buenos Aires, noviembre de 2001, p. 10. Los autores toman la cita del trabajo de Llach,J., Montoya S. y Roldán F. (1999); Educación para todos. Buenos Aires, IERAL
[11]Idem, p. 26.
[12]Fuente: «Literacy Skills for the World of Tomorrow – Further Results From PISA 2000». OECD – UNESCO InstituteforStatistics, 2003. En: http://cippec.org/proyectoprovincias/frames/Resultados.htm consultado por última vez el 10/06/2015.
Félix Herrero 20.08.2016.
Cuando debatamos las subas de tarifas de agua, gas y electricidad no permitimos que se eluda la discusión sobre los gigantes subsidios a las empresas petroleras. Según algunos cálculos, el subsidio social a las tarifas apenas supera a los subsidios económicos que reciben las grandes petroleras que están en el país.
Al Dorso (20.08.2016)
Por Félix Herrero
Nos interesa mucho discutir el precio del gas en boca de pozo. Especialmente porque a diferencia de otros países el mercado está más concentrado y no hay tanta competencia que beneficie a los usuarios. Horacio Bersten, Clarín, 21 de agosto de 2016.
Ahora, todos a las audiencias. Deben ser multitudinarias así esas audiencias serán vinculantes, no en lo jurídico, pero sí en lo político. Marcelo Parrilli, La Nación, 21 de agosto de 2016.
El jueves ingresó a máximo Tribunal el primer recurso por los incrementos en las tarifas de luz. Y se avecinarían las del agua. Eduardo van der Kooy, Clarín, 21 de agosto de 2016.
1. La cadena de producción y de precios. En las actividades económicas la producción es una combinación de trabajo (intelectual y mano de obra), materia prima o producto intermedio e insumos, tecnología propia de la producción que se trate, y capital, fijo ya sean las máquinas o financiero. Por eso, en los costos de los productos se encuentra el gasto en adquirir materia prima (el trigo para el harinero, la harina para el panadero, etc.) o bienes intermedios (el acero para el fabricante de automóviles).
Los costos originales (de la producción de materia prima original o de los insumos) son muy significativos en la producción de derivados del petróleo y del gas (naftas, por ejemplo) y del gas en cañería o el GNC. Cuando, el petróleo crudo significa alrededor del 40% del precio de los combustibles como en Argentina resultando un ejemplo de la importancia original que tiene esta materia prima que es un producto estratégico y no meramente una commodity.
2. El ineficiente sistema regulador. El pecado original de los sistemas que eliminaron al Estado productor (por ejemplo, en Argentina a través de YPF, Gas del Estado, las empresas generadoras de electricidad, etc.) por el Estado regulador es que, a propósito, se quedaron cortos en la regulación. No fueron a la actividad originaria o primaria.
Por la presión de las petroleras, gasíferas, y generadoras en Inglaterra (de donde el sistema regulador es copiado por otros países, como Chile y Estados Unidos, y luego por la Argentina en base al modelo chileno y británico) se decide que la tarifa (precio administrado) y la regulación solo alcanza a las etapas secundarias y finales de la cadena productiva y de precios, dejándose libres aunque muy influyentes los precios en boca de pozo (gas y petróleo) y a pie de generación (hidroeléctricas, generación térmica en base a petróleo y gas).
El famoso caso de la estafa Enron en Estados Unidos descubierto en octubre de 2001, hace 15 años, estuvo su causa en esta regulación incompleta. Esta empresa de origen eléctrico se extendió como servicios públicos al gas natural. La libertad inicial de establecer los precios de la actividad generadora y de venta a las distribuidoras mayoristas de gas natural significó precios insatisfechos: la libertad de precios de los extractores al que compraba el gas natural y la “luz” pero luego su limitación en las tarifas directas a los usuarios (precio administrado) le provocó pérdidas, a pesar de importar los energéticos de otros Estados que no se declaraban, a otros precios y que gracias a la contabilidad imaginaria fueron también ocultados,. Todo este berenjenal llevó a Enron a su quiebra, y a la desaparición de la auditora Arthur Andersen, que debía monitorear la grave situación e informar a los accionistas. Todo terminó con el presidente de Enron a la cárcel perpetua y al sistema regulador desintegrado criticado por muchos empresarios y analistas. El fracaso de la regulación parcial produjo la aparición de instituciones que bregaron por una regulación integral, que naciera desde el principio sin el pecado original de “libertad” o de precios subsidiados al principio. ¿Para qué? Para darles a las petroleras el control final.
3. ¿Dónde nace la crisis tarifaria argentina? Esta irracionalidad aparece inocultable y fuertemente en la crisis tarifaria argentina, que tiene ocupado ineficientemente al gobierno desde el mes febrero cuando informó que tomaría las medidas para aumentar las tarifas de agua, gas natural y electricidad. El 31 de marzo lo avisó el ministro de Transporte, el 1 abril lo publican en el Boletín Oficial, en julio la Cámara Federal de la Plata declaró nulos los aumentos que en algunos lugares llegaron al 1800% y ese mes el gobierno desanda y pone límites de 400 y 500% a los aumentos y en agosto es la decisión de la Corte.
Mientras mantuvo el subsidio a las petroleras (y en algún mes incluso lo subió) utilizó la libertad de imponer a favor de las empresas petroleras el precio del petróleo crudo (67,50 dólares el barril al de Neuquén y 54,90 al del golfo de San Jorge). No les bastaba a las petroleras el gran subsidio (hoy se trata de disfrazarlo llamándole “precio sostén”) al petróleo crudo, sino que consiguieron recibirlo por la extracción del gas natural el premio más alto del mundo, 5,00 dólares y 7,50 dólares el gas natural excedente (inversión nueva) por el millón de la medida de potencia calórica conocida como British Thermal Unit (BTU, su sigla en inglés). Pero como vendedor callejero que siempre tiene una víbora más y otra oportunidad, las petroleras reciben además, por exportan crudo pesado de San Jorge el regalo 10 dólares por barril, aunque ahora mismo no está en vigencia porque el precio internacional del crudo superó los 47,50 dólares el barril.
Es decir, si la refinería o las grandes distribuidoras de gas natural deben pagar a los extractores el descomunal precio subsidiado, obviamente funciona la cadena de precios: se encarecen desde el origen, y esto es inflación aunque se trata de convencer que la única inflación provenga del subsidio social del Estado. Se debe recordar que el gas natural a los hogares (73% de la demanda) y comercios e industrias, el fueloil y el gas natural que utilizan las generadoras térmicas de electricidad que aún representan la mayor parte de la oferta eléctrica argentina.
El pecado original de los subsidios a las petroleras se vuelca sobre los indefensos consumidores de gas natural, combustibles varios y electricidad. No parece justo que un consumidor que vive en Jujuy, Neuquén o en un barrio de la capital federal o el suburbano bonaerense sea castigado por este “pecado original” que es transmisible a todos los servicios públicos, incluso al agua que utiliza electricidad como insumo.
4. Debatir todo, sin evadir el principio: del Principio al Fin. Un casi obvio dicho popular dice que Sin Principio no hay Final. Y esto parece que es lo que vivimos: desde cuando el gobierno anunció su intención de remontar tarifas hasta la sentencia de la suprema Corte han pasado prácticamente el 85 por ciento del período que los funcionarios del ceísmo que no han podido lograr sus objetivos. Han perdido tiempo por ineficiencia y todavía el final no se ve, sino que se alarga porque las tarifas eléctricas seguirán el camino de las gasíferas. Además, gobernar a un país no es obtener ganancias para una empresa. Por eso están llenos de puertas giratorias y grandes peligros de corrupción a través de las formas de las decisiones en tándem: por ejemplo, lo sería si Aranguren firma los subsidios se exportación que sirve a Cerro Dragón, de PAE, de donde proviene como vicepresidente el Secretario de Combustible José L. Sureda, y de forma similar si Sureda firmó la importación de GNL comprado a Shell. Cuando debatamos las subas de tarifas de agua, gas y electricidad no permitimos que se eluda la discusión sobre los gigantes subsidios a las empresas petroleras. Según algunos cálculos, el subsidio social a las tarifas apenas supera a los subsidios económicos que reciben las grandes petroleras que están en el país.
Maristella Svampa 13.08.2016.
Los cambios y transformaciones ocurridos en la sociedad argentina durante el ciclo kirchnerista (2003-2015) son de diverso orden, tanto a nivel de estructura social como de los sujetos sociales emergentes en la dinámica de conflictos (…)
Al Dorso (13.08.2016)
Maristella Svampa[1]
Agosto de 2016
En este texto sobre el ciclo kirchnerista voy a ocuparme de cuatro temas. En primer lugar, me referiré a los cambios en la estructura social argentina en los últimos quince años. En esa línea, es importante subrayar el fortalecimiento de actores sociales que habían sido castigados en la década anterior, como por ejemplo las clases medias urbanas y los sectores populares (trabajadores formales e informales), proceso ligado al crecimiento de la economía, la expansión del modelo industrial y el incremento del consumo. Sin embargo, cabe destacar que, como en otros países latinoamericanos, los sectores altos se vieron muy beneficiados por el ciclo kirchnerista.
En segundo lugar, daré cuenta de las grandes transformaciones rurales, a partir de la expansión y consolidación de un nuevo modelo agrario (agronegocios, particularmente soja transgénica), hecho que trajo como correlato la emergencia de nuevos sujetos rurales globalizados, aunque no desligados de la vieja oligarquía agraria. En esa línea, cabe destacar además la expansión de actividades extractivas y megaproyectos y la profundización de la transnacionalización de la economía argentina, lo cual vino acompañado de un mayor protagonismo de las empresas transnacionales. Estos dos últimos procesos explican también el ocaso, arrinconamiento y en algunos casos, transformación, de sujetos sociales ligados a otros modelos agrarios/productivos.
En tercer lugar, me referiré al campo de las movilizaciones y movimientos sociales, focalizándome en los conflictos centrales del ciclo kirchnerista, tales como el enfrentamiento entre las corporaciones agrarias y el gobierno de Cristina F. de Kirchner, las movilizaciones de las clases medias (por y contra el kirchnerismo), para luego referirme a las periferias, esto es, las movilizaciones por fuera del campo binario, ligadas a la expansión de las fronteras del extractivismo y el acaparamiento de tierras.
En cuarto lugar, hablaré brevemente del escenario político actual y las luchas sociales. En este sentido importa aclarar que, en consonancia con otras experiencia del continente, el kirchnerismo tuvo una gran productividad para monopolizar el progresismo como espacio de centro-izquierda, expulsando otras fuerzas políticas, al tiempo que promovió una interpretación del conflicto en clave dicotómica o binaria, visibilizando algunos (conflictos sindicales; diversidad sexual, medios de comunicación, patronales agrarias) y expulsando de su radio de tratamiento y lectura otros conflictos (megaminería, acaparamiento de tierras, impactos socio-sanitarios del modelo sojero, incluso el narcotráfico, entre otros). Esta situación se mantiene, pese a los reveses que el kirchnerismo está enfrentando, sobre todo en el ámbito judicial.
Los cambios y transformaciones ocurridos en la sociedad argentina durante el ciclo kirchnerista (2003-2015) son de diverso orden, tanto a nivel de estructura social como de los sujetos sociales emergentes en la dinámica de conflictos. En este apartado haré un breve resumen de los cambios y reconfiguraciones de las clases medias, sectores populares y sectores dominantes.
Para comenzar, hay que decir que la Argentina de los últimos 15 años registró un fortalecimiento de las clases medias, a partir del aumento de la ocupación, del incremento de los salarios y la recuperación del consumo. Hay que tener en cuenta que las clases medias (urbanas), más allá de su heterogeneidad social, han jugado un rol central en la configuración de un imaginario acerca de la excepcionalidad argentina, como “un país más homogéneo, más igualitario”, respecto de otros países latinoamericanos más marcados por la distancia social o las grandes desigualdades. Sin embargo, esta representación se quebró durante la década de los ´90, cuando en un marco de polarización social la Argentina vivió un retroceso de las clases medias, visible en la fragmentación intraclase y en un fuerte proceso de movilidad social descendente. Esto se tradujo por el empobrecimiento de vastas franjas (sectores medios autónomos y asalariados). Munidas de un importante capital cultural, pero debilitadas en términos de capital económico y aspiraciones sociales, las clases medias fueron las grandes protagonistas de las protestas sociales durante 2001 y 2002, que derribó varios gobiernos. Por ello mismo, en los últimos quince años, esto es, durante la posconvertibilidad y con el ingreso al Consenso de los Commodities, el mejoramiento de sus posiciones económicas y el acceso al consumo no se vivió como una suerte de “democratización” (como sucedió en otros países, por ejemplo, en Brasil), sino como la “recuperación” de un estándar de vida y de patrones de consumo, perdidos en la década anterior. [2]
En esta línea, una segunda transformación asociada a la reactivación económica fue un mejoramiento de la situación de los trabajadores formales, gracias a la generación de empleo y el crecimiento económico. Asimismo, hubo una reducción de sectores marginales y grupos no calificados respecto del período anterior. Nuevamente, hay que tener en cuenta lo sucedido en el período anterior, cuando amplios sectores de la clase trabajadora urbana sufrieron un proceso de descolectivización y pasaron a engrosar parte del proletariado marginal (trabajadores informales o precarizados) o simplemente quedaron desempleados. La descolectivización masiva estuvo en el origen de una serie de movimientos de desocupados (piqueteros), que entre 1997 y 2004, se constituyó en el gran actor social del conflicto en la Argentina, realizando cortes de ruta en todo el país y reorganizando el tejido social en los barrios populares.
En suma, el período posconvertibilidad ilustra, al menos hasta 2011, una reversión de la tendencia dominante en la década anterior respecto de los sectores populares: aumento del empleo calificado de 17,5% a 33,8%, creación de puestos de trabajo en la industria hasta 2006 yen la construcción, posteriormente en el sector servicios.[3] Pero si el sector de trabajadores manuales calificados experimentó una notable mejoría y creció, la reducción de trabajadores no calificados y marginales fue menos significativa. Ciertamente, al menos hasta 2007 hubo una fuerte creación de empleo (unos 5 millones de puestos de trabajo, luego de la crisis de 2001-2002), hecho que si bien implicó una recuperación de la industria, no conllevó cambios sustantivos, pues “quedó también reinstalada la misma estructura industrial dependiente y vulnerable del pasado”.[4]
El crecimiento de la economía y aumento del empleo y el salario, contribuyeron a una baja sustantiva de la pobreza, respecto de 2001-2002, cuando esta llegó al 52%. En 2007, informaba el INDEC, ésta se había reducido al 20,6% de la población mientras que la indigencia era del 5,9%. Asimismo, durante los doce años de kirchnerismo se mejoró la situación de los jubilados. A partir de 2006 se amplió la cobertura previsional, que permitió a unos 2,5 millones de jubilados recibieran una pensión a pesar de no haber hecho aportes. El kirchnerismo retomó la tradición democrática de paritarias libres (convenios colectivos de trabajo), perdidos durante el neoliberalismo, lo cual mejoró el salario de los trabajadores formales, públicos y privados, al compás del corrimiento del conflicto sindical, hacia el área laboral. Esto recolocó a los sindicatos de trabajadores formales como actor central del conflicto y, desde el punto de vista simbólico, volvió a generar cierta confianza de clase, visible en la recuperación de un “modelo productivo”, asentado en el trabajo, en contraposición al modelo financiero de los años ’90. La CGT, tradicionalmente peronista, volvió a unificarse y encolumnarse detrás del peronismo/kirchnerismo, bajo el liderazgo de Hugo Moyano, jefe de los camioneros, uno de los sectores más beneficiados por las políticas de los ´90 (a raíz del desmantelamiento de los trenes).
También es interesante observar lo sucedido respecto de la precarización: pese al aumento del empleo formal, las tasas de empleo informal continuaron siendo altas (alrededor del 30%, cuando en 2001 era del 48%). Por un lado, hubo una extensión del universo de la precariedad, via subcontratación y tercerización, sobre todo en el área de servicios. Así, en el marco del aumento de la conflictividad sindical, no fueron pocas las luchas protagonizadas por comisiones internas contra la precarización, en ciertos casos por fuera de la dirigencia de los sindicatos o de las centrales reconocidas. Entre éstos se destacaron el sector de servicios y transporte. Conflictos como el que ocasionaron la muerte de un militante de izquierda, Mariano Ferreyra, asesinado en el marco de una protesta contra la precarización laboral, en 2010, mostraron el costado más sombrío de la expansión de nuevas formas de desigualdad al interior de los sectores trabajadores urbanos.
Otros conflictos sindicales de base que tuvieron gran resonancia, fueron protagonizados por el sector público (educación y salud). Desde las huelgas de los hospitales públicos, hasta los persistentes paros del sector docente (enseñanza primaria y secundaria) en varias provincias, dichos conflictos han puesto de manifiesto el deterioro salarial y la ampliación de las fronteras de la precariedad, en una época de prosperidad económica. El asesinato de un docente en la provincia patagónica de Neuquén (abril de 2007) a manos de la policía provincial, y las constantes pujas en otras provincias, revelaron la ausencia de propuestas integradoras en torno a la recuperación y revaloración de lo público, así como la dificultad de los propios sindicatos de nacionalizar los conflictos.
Por otro lado, ha persistido un núcleo duro de trabajadores en posiciones marginales (la marginalidad, tópico mayor de las ciencias sociales latinoamericanas), sostenidos en parte por los diferentes programas sociales que fortaleció el gobierno, en continuidad con las anteriores políticas gubernamentales. Este presenta particularidades según sexo, pues es más alto en las mujeres que en los varones; edad, afecta sobre todo a los jóvenes (60%); y, por último, su incidencia disminuye a medida que aumenta el nivel educativo.
Respecto de las políticas sociales en relación a los sectores más vulnerables, en 2009 se sancionó por decreto la Asignación Universal por Hijo (unificando y reemplazando así los otros programas sociales), una medida promovida desde hacía años por partidos y organizaciones sociales progresistas opositoras, cuyo impacto sobre los sectores más excluidos fue importante, aun si su alcance estuvo lejos de ser universal.
Por último, respecto de los sectores altos de la sociedad, hay que decir que éstos mejoraron sus posiciones durante el kirchnerismo. Claro que hubo modificaciones, entre las cuales debemos consignar cuatro fundamentales.
Sin embargo, a partir de 2004, la reactivación del consumo y la inversión repercutió en un afianzamiento del estilo de vida ligado la segregación espacial (urbanizaciones privadas) y los consumos de lujo. Para decirlo de otro modo, con el “retorno a la normalidad”, las clases altas volvieron a recuperar la seguridad ontológica, esto es, la confianza en sí mismas, que había sido amenazada con la crisis y el default (2001-2002).
Cuarto, y relacionado con lo anterior, el período se caracteriza por la expansión del nuevo paradigma agrario (agronegocios), el cual ilustra la emergencia de un nuevo perfil empresarial, cuya fusión con la vieja oligarquía agraria se haría cada vez más ostensible, a medida en que el modelo de agronegocios fuera afirmándose como hegemónico. En suma, más que cambios de en los sectores dominantes, en Argentina asistimos a la emergencia de un nuevo ethos empresarial, ligado al agronegocios (al menos, como modelo identitario), que reforzó la seguridad ontológica de los sectores dominantes como “motor” de la economía argentina. Eso se hará notorio en la expresión genérica “el campo”, que alude a la nueva estructura agraria y denota la reasociación de la bonanza económica con el imaginario del país agrario.
En suma, el ciclo kirchnerista se caracterizó por una mejora material en las condiciones de trabajo, ingreso y consumo de los sectores subalternos. Esto llevaría a afirmar a estudiosos como G.Kessler[5] que, dichas mejoras habrían marcado una reversión de las tendencias propias de los años ´90 (la sociedad excluyente), o sea, que habría habido un quiebre de la polarización social, si comparamos con el período anterior. Sin embargo, dicha reducción de la pobreza no conllevó una disminución de las desigualdades. Cierto es que el mejoramiento de la situaciones de los sectores subalternos fue notorio, al menos, entre 2006 y 2011, época a partir de la cual el sostenido aumento de la inflación, el estancamiento en la creación de empleo privado, así como las políticas económicas implementadas potenciaron la crisis económica y trajeron como consecuencia, sobre todo en relación a los sectores populares, una licuación de las mejoras logradas. Por otro lado, como es sabido, en sintonía con los últimos estudios sobre desigualdad en la región, es necesario relativizar las afirmaciones triunfalistas acerca de la reducción de los niveles de desigualdad operadas durante la década progresista. Así, al contrario de lo que se venía afirmando de que América Latina era la única región del mundo donde había disminuido la desigualdad, dichas investigaciones -centradas en las declaraciones fiscales de las capas más ricas de la población-, muestran que, al compas de la disminución de la pobreza, la región ha conocido una concentración mayor de la riqueza.[6]
Volviendo a la Argentina, más allá de los impuestos a las exportaciones agrarias y, a partir de 2008, a las mineras (entre 3 y 5%), durante el período no se registró ninguna reforma tributaria que implicara avanzar sobre los beneficios de los sectores más poderosos. Todo lo contrario; el Estado siguió subsidiando a las empresas de servicios y de la producción e incluso, en los últimos años, comenzó subsidiar a las petroleras, que amenazaban con despidos masivos, frente a la baja del precio internacional del bruto y la pérdida de ventajas comparativas. Por otro lado, el sistema tributario continúa siendo opaco, complejo y regresivo (la reducción del impuesto a las ganancias ha sido uno de los reclamos mayores de los sindicatos, porque afecta incluso a salarios medios-bajos; el IVA es del 21%); el capital financiero no ha sido gravado, ni tampoco existe un impuesto al juego (que ha tenido notable expansión en el período). La nueva ley de tierras no afecta el proceso de extranjerización (no es retroactiva). Por último, a diferencia de otros países latinoamericanos, la reforma agraria es un tema ausente del debate.
2- Las transformaciones de la estructura agraria. Núcleo y periferias.
En líneas generales, podríamos decir que en Argentina existen por lo menos tres universos agrarios:
Desde el punto de vista agrario, las lógicas de estos mundos son ciertamente diferentes, hasta contrastantes, así como la densidad, la extensión y las relaciones de asimetría instalados entre ellos.
Comencemos por el mundo hegemónico. Existe una vasta y rica literatura que da cuenta de la emergencia del agronegocios, caracterizado por el uso intensivo de biotecnologías, de acuerdo a estándares internacionales (semillas transgénicas a través de la siembra directa), lo cual colocó a la Argentina como uno de los grandes exportadores mundiales de cultivos transgénicos. Dichas innovaciones implicaron un gran desarrollo del sector agroalimentario y un salto en la escala de producción, incrementando notoriamente su peso relativo en las exportaciones y la economía argentina. Su vertiginosa expansión implicó una restructuración global del sistema agrario tradicional, que ya arrastraba una fuerte crisis, agravada por la política excluyente de los años´90. El modelo de agronegocios se extendió no sólo en la región pampeana, sino también en las llamadas áreas marginales, esto es, en el norte y litoral del país, ocupando en la actualidad unas 22 millones de hectáreas (sobre 33 millones cultivables), de las cuales el 90% está dedicado a la soja. La rentabilidad del sector agroalimentario se vio favorecida por la salida de la convertibilidad (2002, gracias a la devaluación de la moneda local), así como por el boom de los precios internacionales de productos primarios.
Según Grass y Hernández,[7] las características actuales del modelo de agronegocios -que por supuesto incluye, además de la soja, otros cultivos transgénicos como el maíz, girasol, algodón y otros-,serían las siguientes: Transectorialidad (integración vertical y horizontal); priorización de la producción para la exportación, intensificación del papel del capital (y creciente peso del capital financiero) en los procesos productivos agrarios; estandarización de las tecnologías utilizadas y acaparamiento de tierras para producción a gran escala.
El nuevo modelo agrario cuenta con diferentes actores: mientras que en el sector semillero encontramos las grandes empresas multinacionales del sector (como Monsanto, Novartis, Singenta y Cargill)[8] y unos pocos grandes grupos económicos locales, en el circuito de producción surgieron otros actores económicos, entre ellos los “terceristas” (los que cuentan con el equipamiento tecnológico), los “contratistas”, suerte de “productores sin tierra” (entre las cuales se incluyen actores extra-agrarios, como los pools de siembra y los fondos de inversión), y finalmente, los pequeños y medianos propietarios, parte de los cuales se convirtieron en rentistas, alquilando sus propiedades para el cultivo de la soja. Por otro lado, la expansión del modelo de agronegocios produjo el surgimiento de organizaciones empresariales vinculadas al sector agroindustrial, entre las que se destacan Aapresid (Asociación Argentina de productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), así como organizaciones por cadenas. Estas últimas, a diferencia de las tradicionales (SRA, Federación Agraria Argentina o Coninagro), presentan una integración vertical que abarca desde la producción primaria hasta sectores de servicios ligados a la nueva trama productiva.
A nivel local, desde el proceso de liberalización, apertura y desregulación iniciado en 1996, en el período neoliberal, se abrieron nuevas oportunidades para las grandes empresas, lo cual favoreció la concentración en términos horizontales y verticales: así, por ejemplo, el 90% de la venta de aceite refinado de girasol está en manos de 6 empresas, liderado por Molinos Río de La Plata, Aceitera Deheza y Cargill. Asimismo, la expansión del nuevo modelo agrario se tradujo por la disminución del número de explotaciones y la reducción de mano de obra, lo cual generó un fuerte éxodo de la población rural hacia las ciudades. Los datos proporcionados por el INTA confirman la concentración de tierras: el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias representa el 50 por ciento de la tierra, mientras que el 57 por ciento de las explotaciones agropecuarias (las más pequeñas) tienen sólo el tres por ciento.[9] La mutación y reconfiguración del sector contribuyó a crear un modelo de “agricultura sin agricultores”.
Por otro lado, la emergencia de una nueva configuración social significó también un cambio profundo en las subjetividades y actitudes de los sujetos. Para algunos especialistas, el agronegocio aparece vinculado a un nuevo tipo de empresario rural, “más de tipo schumpeteriano”, que asocia las modernas tecnologías con la búsqueda de nuevos nichos de mercado. Sobre este nuevo actor ha habido un fabuloso trabajo de instalación/reinvención identitaria, realizado por instituciones del sector, por los suplementos rurales de los principales diarios argentinos, por el INTA; promoviendo “la segunda revolución de las Pampas”. Para Gras y Hernandez,[10] que analizaron el “nuevo ethos empresarial”, el “empresario innovador” ya no se identificaría con el productor, menos aún con el agricultor tradicional, sino con un estilo y una cultura gerencial basada en la flexibilidad y polivalencia cognitiva, propia del management moderno, orientada a la economía global.[11]
El pasaje dramático de un paradigma agrario a otro muestra una Argentina que ha ido perdiendo diversidad, al compás del avance del monocultivo de la soja y el acaparamiento de tierras. Una de las problemáticas de las últimas décadas ha sido la desestabilización y ocaso del mundo chacarero pampeano (vinculado a la agricultura y la ganadería), caracterizado por una diferente organización del trabajo y la producción, así como por otro sistema de valoraciones y disposiciones psicológicas, respecto del actual modelo de agronegocios. Este proceso de mutación y desgarramiento de las identidades se expresó también en los diferentes posicionamientos asumidos por la Federación Agraria Argentina (FFA), que nuclea a los pequeños y medianos propietarios rurales. Así, en tanto organización gremial, la FFA fue actor de las actuales transformaciones que conllevaron el ocaso del mundo chacarero que ella representaba. En razón de ello, al menos hasta 2008, ésta adoptó una posición más ambigua, donde se filtraba un discurso crítico del modelo de agronegocios. Sin embargo, la confrontación con el gobierno de Cristina F. de Kirchner por el aumento de las retenciones al agro, llevó a la FFA a un cambio de orientación. De modo inédito, la FAA participó activamente de la mesa de enlace con las grandes organizaciones patronales (SRA, CRA, CONINAGRO), sosteniendo las demandas de un conjunto de actores que rechazaba el aumento de las retenciones al sector. Más aun, lejos de rechazar el nuevo modelo agrario, la FAA buscó en aquella puja con el gobierno nacional desarrollar una mejor inserción dentro del mismo, para obtener mayor rentabilidad. De modo que el 2008 señaló un “fin de ciclo” para las aspiraciones críticas de la FAA, que de ahí en más apostaría a la hegemonía del modelo sojero, y se insertaría en el campo político de la oposición al kirchnerismo, al cual inicialmente había apoyado.
Por último, otra dificultad ha sido la histórica invisibilización de la cuestión campesina. Ciertamente, a diferencia de otros países latinoamericanos, en Argentina la hegemonía del modelo agro-exportador conllevó el silenciamiento de una heterogeneidad de sujetos sociales agrarios, considerados subalternos o marginales.[12] Será sólo a mediados de la década de 1980, con la emergencia del MOCASE –Movimiento Campesino de Santiago del Estero- que veremos una resignificación positiva del término « campesino » Luego se agregarían el Movimiento Campesino de Córdoba, el Movimiento Campesino de Formosa, la Red Puna, entre otros, enrolados actualmente en el Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI), que surgió en 2003 y forma parte de la CLOC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas). Dichos movimientos tienen como bandera la agricultura familiar, el derecho comunitario y la agroecología, y como objetivo, la soberanía alimentaria.
En 2010, el gobierno nacional diseñó el Plan Estratégico Agroalimentario 2020 (PEA2), con el fin de alcanzar las 160 millones de toneladas de granos transgénicos (soja y maíz, en su mayoría) para dicho año (actualmente es de 100 millones), lo cual implicaría mayores desmontes, mayor desplazamiento compulsivo de poblaciones vulnerables, mayores conflictos con campesinos e indígenas, hacinamiento urbano, presión sobre los bosques nativos y pérdida de suelos, entre otros.
Por último, consignemos la situación de los pueblos originarios, tradicionalmente instalados en la periferia de la periferia. En términos históricos, dicha situación remite al rol del genocidio en la fundación del Estado- Nación, hacia fines del siglo XIX, [13] el cual tuvo además un efecto invisibilizador, que alimentó la (falsa) idea de que en Argentina no había más pueblos originarios. La Constitución argentina recoge, por supuesto, la normativa internacional más avanzada sobre el tema. Asimismo, la reforma constitucional de 1994 introdujo el artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y sus derechos culturales y territoriales.
En 2004-2005, un relevamiento oficial dio a conocer que en Argentina existían 600.329 personas que se reconocían como pertenecientes a un pueblo indígena, identificándose al menos 31 pueblos originarios. En el año 2010, el censo arrojó un número superior, 955.135; esto es, el 2,4% de la población del país.[14] La población argentina incluye además afrodescendientes, cuya presencia ha sido igualmente minimizada. Los datos de 2010 arrojaron un total de 149.493 personas, casi todas ellas nacidas en Argentina y un 8% aproximadamente en otros países del continente.[15]
3- Dinámica de conflictos. De Centros y Periferias
La sociedad argentina de los últimos quince años se tornó más compleja a nivel de conflictos sociales, lo cual fue diseñando una nueva dinámica entre centros y periferias. En esa línea, en cuanto a los centros, podría afirmarse que hubo un corrimiento hacia el conflicto sindical, marcado por el ocaso de las organizaciones de desocupados y el resurgimiento de las organizaciones gremiales; en segundo lugar, hubo una irrupción de nuevos actores agrarios –modelo de agronegocios- en la escena política. En tercer lugar, en cuanto a las periferias éstas estuvieron recorridas por los conflictos socioambientales, ligados a la expansión de la frontera minera y petrolera, y los conflictos territoriales, vinculados al acaparamiento de tierras. De este modo, la centralidad no tuvo que ver solamente con el tipo de actor social, sino con la geografía del conflicto: en el primer caso se trataba de conflictos rurales y urbanos, visibles en las grandes ciudades y dotados de amplias ramificaciones y articulaciones sociales, con capacidad de ocupación del espacio público en la capital del país. En contraposición, los conflictos ligados al extractivismo más duro (minería, petróleo), y los reclamos de campesinos e indígenas, aparecen vinculado al ámbito rural, así como a pequeñas y medianas localidades, lejanas de los grandes centros urbanos y con escasa capacidad de visibilidad en el espacio público de la capital argentina. En consencuencia, el kirchnerismo logró mantener estos reclamos encapsulados en el ámbito local o provincial, algo que fue facilitado también por la falta de articulaciones con los sectores sindicales urbanos, que al menos hasta 2012, permanecieron ajenos a dichos conflictos.
En lo que sigue, voy a hacer una presentación sumaria de los conflictos principales durante el ciclo kirchnerista:
3.1.-Conflicto entre los sectores agrarios y el gobierno kirchnerista
La continuidad en términos de orientaciones y estilo del gobierno kirchnerista, se vio cuestionada por un conflicto que se abrió en marzo de 2008 y cuya evolución y desenlace, cuatro meses más tarde, significaron un rudo golpe para el nuevo gobierno de Cristina F. de Kirchner. Recordemos que a fines de 2007, la nueva presidenta aumentó las retenciones[16] de las exportaciones de las mineras, hidrocarburos y productos agrícolas (entre ellos, la soja transgénica), elevándolo a un 35%. El frente agrario antigobierno logró agrupar tanto a las grandes organizaciones, como a los representantes de los pequeños y medianos productores, quienes llevaron a cabo una serie de bloqueos de rutas (paros agrarios y lock-out), que dejaron al país al borde del desabastecimiento durante cien días.
Con todas sus limitaciones y virulencias, el conflicto sirvió para difundir por primera vez en la sociedad argentina ciertos temas. Así, por un lado, gran parte de los sectores urbanos pudieron asomarse y advertir cuán grandes y profundas habían sido las transformaciones que sacudieron el mapa agrario argentino en las últimas décadas. Más allá del uso genérico e ideológicamente interesado del término “campo”, la Argentina urbana pudo comprobar la heterogeneidad de los actores que componen el modelo agrario. Subrayemos de paso que, en su mayoría, los cortes de ruta que se multiplicaron en el país, fueron sostenidos por Asambleas de autoconvocados, compuestas por pequeños productores, cuyo perfil se vio transformado gracias al nuevo modelo. Pero lo importante es que dicho conflicto puso de manifiesto el lugar central del modelo de agronegocios en la estructura económica del país.
Por otro lado, el conflicto fue un parteaguas en términos políticos, pues la disputa por la renta extraordinaria fue la piedra de toque para actualizar de manera plena el legado populista. Tanto la respuesta inflexible del gobierno como la rápida reacción de sectores de las clase medias urbanas, que salieron a la calle en apoyo de los sectores agrarios, cuestionando el estilo autoritario del gobierno, sirvieron para reactualizar viejos esquemas de carácter binario, que atraviesan la historia argentina y han anclado fuertemente en la tradición populista: Civilización o Barbarie; Peronismo o Antiperonismo; Pueblo y Antipueblo. Finalmente, el proyecto del ejecutivo fue rechazado en el Senado Nacional, gracias al voto decisivo del vicepresidente electo, en favor de los sectores agrarios. Como consecuencia de ello, en 2009, el oficialismo perdió las elecciones legislativas, aún si pronto recobró la iniciativa política. En esta línea, el esquema populista se fortaleció con dos nuevos hechos: de un lado, un nuevo conflicto, generado por el proyecto de la Ley de Medios, que enfrentó al gobierno directamente con el multimedios Clarín (quien, hasta antes de la disputa con los sectores agrarios, había sido beneficiado por las políticas gubernamentales). Los debates sobre la nueva ley audiovisual, suscitaron también la adhesión de numerosos periodistas y sectores educativos y culturales, que hasta ese momento habían mantenido una relación de apoyo tácito en relación al kirchnerismo. De otro lado, la muerte repentina de Néstor Kirchner en octubre de 2010 terminó por abrir por completo las compuertas al populismo de alta intensidad[17] en su clásica versión estatalista. Esto llevó a consolidar el discurso populista binario y las alusiones al pasado peronista, como “gran relato” refundador del kirchnerismo, sintetizado en la oposición entre un bloque popular y los sectores de poder concentrados (“monopolios, corporaciones, antiperonistas”). En este marco, el kirchnerismo amplió el arco de alianzas, a partir de la incorporación explícita de la juventud –que había tenido notoria presencia en las exequias de Kirchner-. Agrupaciones como “La Cámpora” (fundada por Máximo, hijo mayor de los Kirchner) y otras similares comenzaron a multiplicarse por todo el país, al compás de una doble militancia, tanto desde altos puestos del aparato del Estado como desde las bases, marcadas por un activismo virtual, desde blogs, Twitter y redes sociales.
Por último, el conflicto sirvió también para dotar de cierta visibilidad a las organizaciones campesinas e indígenas, víctimas del desplazamiento y despojo de sus tierras a causa de los desmontes y plantaciones de cultivos transgénicos, en especial en el norte argentino. Sin embargo, por paradójico que resulte, las organizaciones que componían el MNCI se alinearon con el oficialismo kirchnerista. En realidad, tal como sucedió con otras organizaciones sociales –sindicatos, expiqueteros, organizaciones de DDHH, posteriormente, organizaciones GLTTB-, el MNCI también fue interpelado por el kirchnerismo, muy especialmente, a partir de 2005 (cumbre contra el ALCA desarrollada en Mar del Plata) y luego del conflicto con las patronales agrarias, gracias a los diferentes programas sociales orientados al mundo campesino. Asimismo, a partir de 2008, el gobierno comenzó a invocar la agroecología como paradigma alternativo, defendiendo la coexistencia entre este modelo con el agronegocios. Así, la pérdida de autonomía del movimiento campesino nos habla de su debilidad, pero su situación no difiere demasiado de la de otros sectores vulnerables, beneficiados con políticas sociales de carácter compensatorio, hecho que acentúa la dependencia respecto del Estado y no apunta a una verdadera inclusión y autonomía de los sujetos y las familias. [18]
3.2. Clase media contra clase media. La defensa “de lo popular” versus la defensa “de la república”
Apenas un año después de la muerte repentina de Nestor Kirchner, en octubre de 2011, Cristina Fernandez de Kirchner fue reelegida en primera vuelta por el 54% de los votos y recuperó la mayoría parlamentaria en el Congreso, perdida en 2009, tras el conflicto con los sectores agrarios. Esta abrumadora mayoría contribuyó a consolidar el proceso de concentración de poder en la presidenta y fortaleció su vertiginoso encapsulamiento sobre sectores de las clases medias. La ruptura de la alianza con el sindicalista líder de la CGT, Hugo Moyano, implicó un abandono de la vía del populismo clásico (la pata sindical como columna vertebral), lo cual conllevó una concentración mayor sobre los aliados provenientes de las clases medias (sectores juveniles y culturales). Así, la base de apoyo sindical del kirchnerismo quedó reducida a un sector de la Central de Trabajadores Argentinos, vinculado a las clases medias (maestros y empleados estatales) y culturales (artistas, intelectuales y académicos).
A su vez, este encapsulamiento coincidió con un nuevo quiebre del gobierno con otros sectores de las clases medias, con los cuáles parecía haberse reconciliado, luego del conflicto con las patronales agrarias, según mostraban los resultados electorales de 2011.[19] Por último, fiel a la tradición personalista de la política latinoamericana, el fuerte encapsulamiento del poder ejecutivo fue configurando un modelo extremo de presidencialismo, poco afecto al debate democrático y la tolerancia a la disidencia. En este contexto de estrechamiento de las alianzas sociales, el kirchnerismo terminó por convertirse en un populismo de clases medias que pretendía monopolizar el lenguaje del progresismo arrogándose la representación de las clases populares, vía por la cual también buscaba descalificar a otros sectores de clases medias opositores.
El caso es que entre 2012 y 2013, sectores de clase media urbana protagonizaron masivas movilizaciones sociales, en las cuales se mezclaban diversos reclamos: el rechazo a la posibilidad de una reforma constitucional que habilitara un tercer mandato de la presidenta, las denuncias acerca de la corrupción de los funcionarios, las restricciones cambiarias y la creciente crisis económica, entre otros. Así, las manifestaciones mostraron que uno de los principales focos de polarización fue la puja intraclase: si desde el kirchnerismo se arrogaban la representación de las clases subalternas, en nombre de “un modelo de inclusión social”, desde la oposición, otros sectores medios movilizados criticaban el creciente autoritarismo del régimen y se arrogaban el monopolio de las banderas del “republicanismo”.[20] Finalmente, aun si el oficialismo conservó la mitad de las provincias, las elecciones legislativas de 2013 resultaron adversas para el kirchnerismo y enterraron con ello cualquier tentativa re-reeleccionista.
En los últimos años, luego de haber logrado la desactivación de los diversos organismos de control del Estado y fundado en una amplia mayoría parlamentaria, el kirchnerismo avanzó sobre el poder judicial. Las denuncias de corrupción que involucraban a diferentes funcionarios no prosperaron –aun si llevaron al procesamiento del vicepresidente, Amado Boudou y a la condena del exsecretario de Transporte-, como tampoco las denuncias de enriquecimiento ilícito de otros funcionarios, que incluían a la familia presidencial (recordemos que la propia fortuna de los Kirchner se multiplicó cerca del 1000% entre 2002 y 2015[21]).
3.3. Los ecos del extractivismo y el acaparamiento de tierras
La megaminería a cielo abierto fue un punto crucial donde naufragó el discurso progresista del kirchnerismo, muy especialmente si tenemos en cuenta que en Argentina este tipo de actividad extractiva ha generado numerosas resistencias sociales desde 2003 en adelante. Tal es así que, en su alianza con actores institucionales, las asambleas ciudadanas lograron que se sancionaran leyes que prohíben este tipo de minería en siete provincias argentinas. Durante años, el kirchnerismo logró mantener en los márgenes dichas protestas, encapsuladas en las provincias.[22] Sin embargo, en enero de 2012, el cerco se rompió, gracias a la pueblada de Famatina, una pequeña localidad de la provincia de La Rioja, que ya había expulsado otras compañías mineras (entre ellas, a la Barrick Gold), la cual dotó de visibilidad pública a los conflictos contra la megaminería. La periferia se hizo visible en el centro, y al menos por un tiempo breve, durante 2012, las protestas tuvieron un eco a nivel nacional. Sin embargo, a la hora de abordar la cuestión de la megamineria, la entonces presidenta dejó en claro que ésta era una parte fundamental y estratégica del modelo de gobierno. Pese a ello, la pueblada de Famatina tuvo un efecto político y simbólico mayor (mucho más que la discusión sobre la ley nacional de glaciares, de 2010),[23] pues puso al desnudo la alianza del gobierno nacional con las grandes corporaciones mineras.
Respecto de los hidrocarburos, la situación fue aún más problemática. En un contexto de restricción interna y externa, en 2010 la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en ese entonces en mano del grupo español Repsol, anunció el descubrimiento de hidrocarburos no convencionales en la formación geológica Vaca Muerta, ubicado en la región Patagónica de la Argentina. En 2012 el gobierno realizó la expropiación parcial (51% de las acciones) de YPF, que volvió así a manos del Estado argentino,[24] y dio inicio a un conjunto de transformaciones institucionales y políticas, planteando entre sus principales objetivos la explotación de hidrocarburos no convencionales como una manera de impulsar al conjunto de la producción nacional.[25] Aunque se habló de modo grandilocuente de renacionalización, en Julio de 2013 el gobierno anunció un acuerdo con la compañía americana Chevron (la cual, fue condenada por graves delitos ambientales y violación de derechos indígenas en Ecuador, cuando era Texaco), otorgándole grandes exenciones y beneficios en la explotación de hidrocarburos no convencionales, en la Cuenca del Neuquén. Esos acuerdos fueron secretos y pese a los reclamos judiciales y las movilizaciones sociales, el gobierno se negó a publicarlos.
En este contexto de renacionalización de YPF se tornó muy complicado romper el consenso que se estableció en torno del fracking. Aunque hubo numerosos cuestionamientos –organizaciones ambientales, asambleas y pueblos originarios- estos permanecieron en la periferia, ignorados en medio de la euforia eldoradista que promovió el gobierno. Sin embargo, en un contexto de baja de los precios internacionales de los hidrocarburos, otro aspecto relevante fue el subsidio del Estado a las compañías petroleras, a fin de mantener el empleo en el sector.[26] Al mismo tiempo, la caída del precio del crudo, motivó la paralización de numerosos proyectos de explotación en Vaca Muerta.
En otro orden el creciente acaparamiento de tierras así como la especulación inmobiliaria en las ciudades trajo consigo el aumento de los asentamientos urbanos (villas miseria). Por ejemplo, solo en la ciudad de Buenos Aires, entre 2003 y 2013, la población en asentamientos aumentó un 50%. Dicha población, convertidas en el blanco de las “políticas de seguridad” de los gobiernos nacionales y municipales es también la sede de nuevos movimientos socio-territoriales, que se movilizan constantemente en las ciudades en demanda de tierra y vivienda.
Por último, la expansión vertiginosa de las fronteras del capital, en clave extractivista, muestra el creciente proceso de arrinconamiento de los pueblos originarios, colocados en la periferia de la periferia. En 2006, a demanda de las organizaciones y en un contexto de creciente conflictividad, se sancionó la ley 26.160, que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas y ordena la realización de un relevamiento territorial. Sin embargo, este ordenamiento jurídico que se despliega en diferentes niveles (provincial y nacional, siguiendo una normativa internacional), contrasta con la realidad. Para tener una idea de esto, nada mejor que recurrir al Informe final del relator sobre los pueblos indígenas de la ONU, James Anaya, quien visitó la Argentina en 2011, para recoger testimonios y denuncias de las comunidades. El informe da cuenta de un cuadro muy preocupante atravesado por el impacto ambiental, el impacto cultural, la fragmentación del tejido social, la falta de consulta previa (Convenio 169 de la OIT), los desalojos violentos, las situaciones de criminalización y represión, entre otros.
Asimismo, tal como afirma el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI), la criminalización de los pueblos originarios no se da tanto en el ejercicio del legítimo derecho de protesta, sino cuando se hace uso de derechos reconocidos jurídicamente (reclamo de tierras y territorios, cuyos derechos se hayan amparados por la normativa nacional y provincial existente). Los datos proporcionados por un informe realizado por Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, de 2012[27] sobre criminalización de la protesta según sector, son alarmantes. Un relevamiento sobre 2198 casos, ocurridos entre 2001 y 2012, señala que el 31,4% del total corresponde a los pueblos originarios, esto es, casi un tercio del total, equiparando éste al sector de las luchas sindicales.
Este preocupante panorama nos lleva a reflexionar acerca de la mutación de las formas de la violencia política en Argentina, y sus blancos predilectos: en los `90 eran los desocupados quienes aparecían como la “población sobrante”, hombres y mujeres descartados en nombre de la globalización neoliberal, cuyos cuerpos se rebelaron al destino de sacrificio y comenzaron a interrumpir las rutas del país. Hoy son comunidades enteras, entre ellas, indígenas y campesinos, víctimas del racismo endémico, los que devienen un obstáculo, una piedra en el camino frente a la expansión del “progreso”. Frente a esto, vuelven aquellas preguntas que invocan la memoria larga, atravesada por el genocidio originario, acerca de cuál es el lugar que la Argentina contemporánea y los modelos de desarrollo hoy imperantes, le reservan a las comunidades y pueblos indígenas.
En suma, tomando en cuenta lo anterior, cabe señalar la disociación entre las agendas de derechos humanos abocadas a la temática del terrorismo de Estado y los juicios a los militares; y la agenda de derechos humanos ligadas a los impactos del neoextractivismo en los diferentes territorios. Es cierto que este hiato entre ambas agendas fue potenciado por la desconexión existente entre luchas sindicales y luchas contra el extractivismo. Pero en líneas generales la relación directa entre neoextractivismo, política de concentración de la tierra y deterioro de los derechos fue uno de los puntos ciegos del gobierno kirchnerista y, por sobre todo, de las organizaciones de derechos humanos ligadas al gobierno.[28] En este marco, no es casual que el kirchnerismo mantuviera “blindado” el discurso progresista, progresista (generando asi una suerte de progresismo selectivo) frente al carácter estructural de estas problemáticas, negando la responsabilidad del gobierno nacional y subrayaran, en contraste, el peso determinante de las políticas sociales y la revitalización de institutos laborales, como la negociación colectiva, entre otros.
El ocaso del kirchnerismo no provino solamente del cuestionamiento de los nuevos actores sociales (los sectores sojeros y aliados en el campo económico y mediàtico) y de la fractura evidenciada en los sectores medios (puja intraclase), cada vez más críticos del modelo de concentración política ilustrado por el kirchnerismo, sino sobre todo del deterioro de los índices económicos y la ausencia de un reconocimiento real de los mismos. En 2007, la intervención del organismo nacional de estadísticas (INDEC), dejó al país sin cifras confiables en relación con la inflación y los niveles de pobreza.
El gobierno comenzó a ocultar la inflación y a desconocer el incremento de la pobreza, pese a que organismos independientes señalaban que la inflación habría empezado a escalar desde 2008 en adelante, llegando al 38% hacia 2014 y 2015 (situando segundo a Argentina, después de Venezuela, en el contexto latinoamericano); mientras que la pobreza, por su parte, llegó a trepar hasta el 29% hacia el final del mandato de Cristina F. de Kirchner (Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina).
Hay que recordar que, desde los inicios del kirchnerismo, y en respuesta a las movilizaciones sociales durante la crisis, el gobierno mantuvo una política de tarifas públicas bajas respecto de los servicios básicos, a través de subsidios millonarios a las empresas (trenes, subterráneos, colectivos, gas, electricidad), que con el paso del tiempo repercutieron sobre el déficit fiscal, que marcaría los últimos 4 años de gobierno. Asimismo, la crisis internacional, la posterior caída de los precios de los commodities y la dificultad para obtener préstamos en el mercado financiero internacional debido al default declarado en 2002, complicaron aún más la economía del país. Uno de los signos más evidentes fue la disminución del crecimiento del empleo privado, reemplazado por el incremento del empleo estatal.
En 2014, con la idea de buscar nuevas líneas de crédito, saldó su deuda con el Club de Paris, lo que implicó un desembolso de US$ 9.700 millones a pagar en cinco años, entre deuda e intereses (sumó más de u$s 4.735 millones entre punitorios e intereses). Esta era una deuda activa que provenía de los 80’, los 90’ y principios de los 2000. Sin embargo, el acceso a los créditos estuvo cerrado a raíz del litigio con los holdouts, que dejó al país en una virtual cesación de pagos.[29]
En suma, el deterioro de los índices macroeconómicos fue acompañado de medidas que acentuaron los desequilibrios (financieros, fiscales), a la par que se iba profundizando la precarización, la alta inflación, las consecuencias del cepo cambiario, la devaluación de 2013, la crisis desatada por la deuda en manos de los holdouts y la política impositiva regresiva, entre otros. Sin embargo, en el plano político esto iba sostenido por un discurso oficial acerca de que el kirchnerismo, en tanto “modelo de inclusión social”, no realizaría “el ajuste” que el sistema parecía estar reclamando.
El fin de régimen se llevó a cabo en el marco de una fuerte concentración de poder político en el ejecutivo, con una presidenta imposibilitada de sucederse a sí misma, la que sin embargo buscó controlar hasta en los últimos detalles tanto la campaña electoral de su sucesor (Daniel Scioli, entonces el gobernador de la provincia de Buenos Aires), designando candidatos por doquier, sumando en las cabezas de lista a miembros de la leal agrupación La Cámpora, en desmedro de dirigentes peronistas de larga trayectoria. En esa puja, el kirchnerismo buscó debilitar cualquier opción de centroizquierda o de liderazgo populista alternativo, empeñándose en colocar como contracara y rival privilegiado a Mauricio Macri, fundador del Pro (Propuesta Republicana), un partido de derecha nacido en 2005.[30]
Este escenario de “fin de ciclo” contribuyó a la derechización de la oferta electoral, visible en el ballotage de noviembre de 2015, donde la sociedad argentina tuvo que elegir entre Daniel Scioli, un representante de la derecha peronista conservadora y Mauricio Macri, un representante de la derecha empresarial. La derrota del peronismo a nivel nacional y en las principales provincias (entre ellos en la provincia de Buenos Aires), dejaron a la luz tanto los groseros errores cometidos por el exoficialismo, en la búsqueda ciega de su perpetuación, como la demanda de alternancia política proveniente de vastos sectores de la sociedad argentina.
4.2. Giro a la derecha y luchas sociales
La alternancia inesperada vino de la mano del empresario y dos veces alcalde la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien conformó una alianza de su partido (PRO) con el tradicional partido radical (Unión Cívica Radical). En sus primeros meses de gestión, Macri mostró rupturas pero también continuidades respecto del gobierno saliente. Para comenzar, en términos de rupturas, hay que señalar aquellas de tipo ideológico: a partir del 10 de diciembre de 2015, la Argentina dejó de ser gobernada por un régimen identificado con un populismo de alta intensidad, para pasar a manos de una derecha aperturista, de tipo empresarial; basada en el modelo de la “comunidad de negocios”, que no desdeña el trabajo territorial y entiende la política como gestión y marketing.
Esta ruptura ideológica no significa empero una vuelta lineal al neoliberalismo de los años `90, aún si el aumento acelerado de la pobreza y el ingreso a un escenario más desigualador en lo social, sea uno de los signos distintivos del nuevo gobierno. Es indudable que el gobierno anterior dejó como herencia problemas profundos ya señalados, pero los caminos elegidos por el nuevo presidente apuntaron a realizar un ajuste tradicional –uno más de los que históricamente ha sufrido la sociedad argentina-, lo cual golpeó duramente a los sectores más vulnerables, incrementando la pobreza y reactivando el fantasma del desempleo y la recesión.
Una muestra de ello fue el modo en que se implementaron los ajustes de las tarifas de servicios, donde el interés primordial del gobierno ha sido el de garantizar rápidamente las ganancias de las empresas, dejando en un segundo plano el impacto negativo sobre el bienestar de la población y los costos de empresas de menor tamaño que son las responsables principales de la oferta laboral en el país. La concepción de la gestión pública con criterios de las grandes corporaciones privadas, quedó evidenciada en la ola de reclamos y el anuncio cotidiano de excepciones a los ajustes.[31] Un informe del Observatorio Social de la UCA (Universidad Católica Argentina) afirma que en los primeros meses de gobierno se habría generado un millón y medio de pobres como consecuencia de las políticas implementadas, lo que sumaría ya 17 millones de pobres, esto es, un 34,5% de la población.[32]
En consecuencia, el escenario social actual indica un mayor fortalecimiento y centralidad del conflicto sindical en todas sus aristas y variantes, así como también un creciente protagonismo de las organizaciones piqueteras/territoriales, varias de ellas con larga tradición de lucha, asociadas a la demandas de trabajo, de alimentos, entre otros. Sin embargo, debe señalarse una clara situación de dispersión sindical (actualmente hay cuatro centrales sindicales, de diferentes orientaciones). Pese al gran malestar que existe en las filas del sindicalismo, las negociaciones abiertas con el gobierno colocan serias dudas sobre el interés de los grandes sindicatos ligados a la CGT en apelar a la pura lógica de movilización, previendo la ingobernabilidad que ésta podría conllevar, en el marco del proyecto del nuevo gobierno, que además no posee mayoría parlamentaria.
Por otra parte, respecto del extractivismo, el gobierno de Macri avanzó sobre varios frentes, aunque sin un discurso vergonzante, esto es, sin progresismos selectivos. Eliminó las retenciones a la minería[33] y disminuyó las de la soja, transfirió la secretaría de minería al nuevo Ministerio de Energía y Minería, a cargo del ex CEO de Shell, creó un Ministerio del medioambiente, donde nombró alguien que confiesa no saber nada del tema, y reforzó la figura de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), creada por el kirchnerismo en 2012.
Asimismo continúa con el subsidio a las petroleras y pese al fallo de la justicia, se niega a publicar el convenio entre YPF y Chevron. Al mismo tiempo, comenzó a hablar de “cuidado del ambiente” y de “participación ciudadana”, aunque en realidad, la narrativa el cuidado del ambiente es una fórmula vacía, más ligada a una cultura del marketing, unos pocos slogans efectistas, que a una propuesta de discusión integral sobre las consecuencias socio-ambientales, culturales y políticos, de los actuales modelos de desarrollo.
En realidad, el nuevo oficialismo posee una idea hiperdébil de la sustentabilidad que, en el límite, podría traducirse en unos poquísimos controles –económicos y ambientales-, ahí donde el kirchnerismo no realizó ninguno. En esta línea, hay que destacar la acumulación de luchas, lo cual se ha traducido en un incremento de la conflictividad socio-ambiental y territorial en las periferias, cuya presencia en la agenda nacional, aunque transitoria y fugaz, es más relevante que en los años anteriores.
Ahora bien, en un marco de empobrecimiento general de la población y de temor a la recesión, existe el peligro o la tentación de la unidimensionalización de las resistencias, aún si en la actualidad se registra una conexión mayor entre ambas líneas de acumulación, la social-urbana y la socio-ambiental, esto es, entre centros y periferias, respecto de la conflictividad social.
A esto hay que agregar que, contrariamente a lo esperable, tampoco hubo una despolarización del campo político. En realidad, el gobierno de Macri exacerbó la brecha, a través de la implementación de una política de revancha, a partir de los despidos masivos que alcanzan áreas relevantes del Estado e involucran personal de planta, con años de antigüedad, así como a través del desmantelamiento de diferentes programas sociales y de inclusión cultural. Lejos de la autocrítica, pese a los casos de corrupción probados, que involucran altos exfuncionarios, las reacciones del kirchnerismo van también en el sentido de la profundización de la brecha.
En esta línea, bien podría uno preguntarse cuál es la situación de las organizaciones y movimientos sociales en el actual contexto político. Hay aquí posicionamientos diferentes. En primer lugar, las organizaciones sociales vinculadas al kirchnerismo sufrieron un duro golpe con el inesperado cambio de gobierno. Esto se evidencia muy particularmente en las organizaciones territoriales, que recibían ingentes recursos del Estado. Un caso emblemático es el de la Organización territorial Tupac Amaru, que sufrió un golpe letal a raíz del encarcelamiento de la principal dirigente, lo que implicó una dispersión de sus fuerzas, otrora poderosas en el norte argentino. Muy diferente fue el posicionamiento del Movimiento Evita, también de raíz territorial y uno de los más importantes a nivel nacional, que decidió abandonar el espacio del kirchnerismo, a raíz de las evidencias que comenzaron a acumularse sobre la corrupción de funcionarios de la anterior gestión, optando por regresar al campo más amplio y magmático del peronismo. Pero en líneas generales, las organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos y GLTTB ligadas al kirchnerismo, pese a los reveses judiciales y los escándalos por corrupción, han buscado mantener un grado de cohesión en torno de la figura de la expresidenta Cristina Fernandez de Kirchner, hoy también asidua visitante de los tribunales judiciales. Pese a su debilitamiento, el kirchnerismo todavía apunta a hegemonizar el malestar contra el gobierno de Macri, aún si difícilmente podría lograrlo, debido a su distancia cada vez mayor respecto del mundo sindical peronista, así como de una buena parte de la sociedad frente a los hechos incontestables de corrupción.
Entre tanto, el campo político del peronismo busca reorganizarse luego de la derrota. Cabe destacar que cada vez que el peronismo pierde las elecciones generales (lo cual ha sucedido solo tres veces en la historia política argentina de los últimos 60 años), la situación genera fuertes sacudidas y recomposiciones al interior del partido, abriendo así a un juego plural, que se cierra con la confirmación de un nuevo liderazgo. En la actualidad, no hay evidencias de que la cuestión pueda saldarse en el corto plazo, aún si el peronismo realizará próximamente un congreso y propone dirimir en internas abiertas los nuevos liderazgos. Aunque es demasiado pronto para arriesgar hipótesis, podría darse que el peronismo realice alianzas con Sergio Massa,[34] referente del Frente Renovador, del espacio de centro, quien obtuvo un tercer lugar en las elecciones generales de 2015, precedido por un importante triunfo en 2013 en la provincia de Buenos Aires.
Por último, la izquierda partidaria incrementó su presencia parlamentaria luego de las elecciones de 2015, aunque esta sigue siendo poco significativa. En especial, el FIT (Frente de Izquierda de los Trabajadores), coalición trotskista, apela a la movilización constante, en un lenguaje clasista, aun si su tendencia es apegarse a casos puntuales de conflicto, buscando transformarlos en emblemáticos. Se trata de un frente de izquierda de tinte más bien dogmático, aun si en los últimos años ha buscado ampliar su plataforma discursiva, incorporando otros temas (megaminería, fracking, pueblos originarios). Las distintas fuerzas de centro-izquierda, por último, continúan en franca desbandada, algunas incluso han realizado alianzas con el kirchnerismo residual, secundando –no protagonizando- diferentes protestas; otras buscan desarrollar lazos con el sindicalismo de centro izquierda y las organizaciones territoriales/piqueteras. Claramente es un espacio en crisis, como sucede también con el resto de las izquierdas partidarias, por fuera del FIT.
En suma, en muy poco tiempo el giro a la derecha logró reavivar uno de los traumas sociales más dolorosos que recorre la sociedad argentina, sobre todo desde los años `90, el fantasma del “retroceso social” (desempleo, descolectivización, movilización social descendente) en sectores populares y medios. Asimismo, el nuevo ciclo político muestra una sociedad visiblemente dañada, que difícilmente vaya a ser reparada en el marco de la alternancia planteada. No sólo porque en ese juego perverso que durante años jugaron tanto el oficialismo como la oposición salieron a relucir los peores sentimientos de la sociedad y de la clase política argentina, sino porque además el kirchnerismo dejó como legado una herida política y cultural que beneficia a las derechas en boga, en detrimento de las izquierdas y centro-izquierdas partidarias, hoy colapsadas o divididas, que tarde o temprano tendrán que asumir el desafío de reinventarse. Sin embargo, aunque este contexto post-progresista presenta un horizonte difícil, 2016 es muy diferente a 1990: ciertamente, como en otros países de la región,[35] existen en Argentina diferentes líneas de acumulación de las luchas, con sus gramáticas políticas y su lenguaje de derechos, que continúan formando parte del acervo con el que cuentan las clases subalternas en el país.
[1] Este texto ha sido elaborado especialmente para el encuentro que se realizará en octubre en Quito, organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo.
[2] Vèase Gabriel Kessler, La sociedad Argentina hoy. Radiografìa de una nueva estructura, (comp.) Buenos Aires, 2016, Siglo XXI-OSde
[3] Graciela Benza, “La estructura de clases durante la década 2003-2013”, pp.111.141, en Gabriel Kessler, La sociedad Argentina hoy. Radiografìa de una nueva estructura, (comp.) Buenos Aires, 2016, Siglo XXI-OSde
[4] Claudio Katz, la economía desde la izquierda, Anred, 2013, disponible en http://www.anred.org/spip.php?article7099
[5] Op.cit.
[6] Véase el número especial de Nueva sociedad, sobre todo el artículo del economista Pierre Salama, “¿Se redujo la desigualdad en América Latina? Notas sobre una ilusión”, 2015; disponible en http://nuso.org/articulo/se-redujo-la-desigualdad-en-america-latina/. Para una discusión sobre la forma de medición y su metodología, véase M. Medeiros, P.H.G. Ferreira de Sousa y F. Avila de Castro, “Estabilidade da desigualdade de renda no Brasil, 2006-2012. Estimativa como dados do imposto de renda e pesquisas domiciliares”, Ciencia &Saude Coletiva 20 (4): 971-986.
[7] Gras Carla y Hernández Valeria (coordinadores), (2013), El agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización, Buenos Aires, Biblos.
[8] Monsanto controla el 90% del mercado de semillas transgénicas; Novartis es la primera empresa agroquímica nivel mundial.
[9] Citado en Dario Aranda, “La década extractiva, Informe especial”, 25/05/2013, http://www.comambiental.com.ar/2013/05/la-decada-extractiva.html
[10] Gras Carla y Hernández Valeria (coordinadores), (2009), La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios Buenos Aires, Biblos.
[11] En un extremo, el arquetipo de este modelo sería el exitoso empresario argentino Gustavo Grobocopatel, quien sostuvo en innumerables oportunidades ser un “sin tierras”, afirmando con ello que la rentabilidad está ligada más a un conjunto de operaciones, que a la capitalización en tierras.
[12] La misma categoría de “campesino” ha sido poco frecuente. En Argentina hemos conocido pequeños propietarios, productores agrarios, ligas agrarias; incluso dentro del lenguaje académico se ha hablado de “farmers”, en el marco de ciertas economías regionales, en fin, pero pocos campesinos y mucho menos autodefinidos como tales.
[13] El esquema interpretativo fundacional sobre los pueblos originarios en la Argentina moderna fue la dicotomía sarmientina Civilización o Barbarie, que condenaba a la exclusión y exterminio a las masas consideradas bárbaras (indígenas alzados, montoneras, gauchos y caudillos levantiscos). Respecto de los indígenas, a fines de 1870 la élite política decidió como vía excluyente la opción militar, que se desplegó a través de diferentes campañas: campañas del desierto. 1879; y entre 1881 y 1885 que aplastó la resistencia de los indios ranqueles y mapuche (La Pampa, RN y Nqn); l a campaña al Chaco (1884), que derrotó a los indios tobas y mocovíes del Chaco austral y oriental, y aseguró el control de los márgenes del río Bermejo. A esto se sumó la represión de rebeliones indígenas en la Puna y el efecto devastador que la expansión de estancias ovejeras tuvieron sobre los Selkman y yamanas en Tierra del Fuego. En consecuencia, la creación de la republica se llevó a cabo sobre el genocidio originario, el cual tuvo un efecto demoledor sobre los diferentes pueblos indígenas sobrevivientes de la Argentina.
[14] citado en G. Binstock y M.Cerrutti, “La población y la estructura social”, pp.37-61, Gabriel Kessler, La sociedad Argentina hoy. Radiografìa de una nueva estructura, (comp.) Buenos Aires, 2016, Siglo XXI-OSde
[15] ibídem: 47.
[16] Las retenciones o impuestos a las exportaciones agrícolas-ganaderas son un instrumento del Estado que existe desde los años ´50, y sólo fueron suspendidas bajo el gobierno de Carlos Menem, para ser reestablecidas por Eduardo Duhalde, en 2002, en medio de la crisis argentina y en un contexto de gran rentabilidad para los sectores exportadores. El aumento de las retenciones agrícolas, por parte de Cristina F. de Kirchner, tenía entre sus objetivos el de frenar la inflación, neutralizando el posible acoplamiento entre los precios internacionales de los alimentos y los precios del mercado interno. Recordemos que la inflación del último año ha sido alrededor del 20%.
[17] Hemos desarrollado el concepto en M. Svampa, Debates Latinoamericanos. Indianismo, Desarrollo, dependencia y populismo, Edhasa, 2016.
[18] Uno de los momentos de mayor tensión en la inextricable relación entre movimiento campesino-indígena y gobierno kirchnerista, fue noviembre de 2011, cuando Cristian Ferreyra, campesino de la etnia Lule y miembro del Mocase, fue asesinado por sicarios de un terrateniente en la avanzada del modelo de agronegocios. A raíz de ello, con el apoyo de numerosas organizaciones (entre ellos, del entonces oficialista Movimiento Evita), el MNCI impulsó un proyecto de ley que tomaría el nombre de Cristian Ferreyra, para frenar los desalojos rurales por un lapso de 5 años, como así también buscar soluciones para las disputas entre el campesinado y los empresarios del agro, para lo cual prevé la creación de un “Registro Nacional de Relevamiento de Tierras Rurales”. Al final del ciclo kirchnerista, no sólo la ley Ferreyra no estaba aprobada, sino que además fue asesinado otro miembro del Mocase, en 2012, en las mismas circunstancias, esto es, por un sicario al servicio de un empresario rural.
[19] Esto quiere decir que no pocos sectores medios urbanos y rurales que se movilizaron contra el gobierno de Cristina F. de Kirchner, en 2008, terminaron votando a favor de la reelección de la presidenta, en 2011.
[20] Tengamos en cuenta que en 2011, apenas asumido su segundo mandato, frente a la fuga de divisas y la caída de reservas del Banco Central, Cristina Fernández anunció una serie de medidas restrictivas respecto de la compra de divisas extranjeras (Cepo cambiario) que generaron inconvenientes en la importación y una profunda insatisfacción en los sectores medios, acostumbrados a dolarizar sus ahorros
[21] Oficina Anticorrupción, datos citados en La Nación, http://www.lanacion.com.ar/1852228-el-crecimiento-de-la-fortuna-de-los-kirchner-de-7-a-100-millones
[22] Esto se vio favorecido por el hecho de que, gracias a las reformas constitucionales de 1994, los recursos naturales pertenecen a la provincia, no al Estado nacional.
[23] Desarrollamos el tema in extenso en M.Svampa y E. Viale, Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo, ediciones Katz, Buenos Aires, 2014
[24] Este había sido privatizada en los años 90, bajo el gobierno de Carlos Menem, y contó, en ese entonces, con el apoyo de Nestor Kirchner, quien era gobernador de Santa Cruz, una provincia petrolera. La reforma incluyó la transferencia de la propiedad de los recursos del Estado nacional a las provincias; hecho que se extendió a los minerales.
[25] Vease M. Svampa y E. Viale, Maldesarrollo, La argentina del extractivismo y el despojo, Buenos Aires, Katz, 2014. Y Bertinat Pablo, Eduardo d´Elia, Roberto Ochandio, Observatorio Petrolero Sur, Maristella Svampa y Enrique Viale, 20 mitos y realidades del fracking, Buenos Aires, Editorial EL Colectivo, 2014.
[26] Los subsidios al petróleo fueron implementados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, mediante las resoluciones 14/2015 y 33/2015 “donde se dispuso una compensación económica a todas las compañías que extraigan o exporten crudo en Argentina; tales como YPF, Chevron, Pan American Energy, para garantizarles un precio interno de unos 75 dólares por barril, cuando en el mercado externo hoy pisa los 34 dólares.” http://stripteasedelpoder.com/2015/12/macri-prorrogaria-los-millonarios-subsidios-a-las-petroleras-otorgados-por-el-kirchnerismo/
[27] Informe sobre Criminalización de la Protesta, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, 2012. http://encuentromvyj.org/criminalizacion-de-la-protesta/
[28] La excepción de este divorcio de las agendas de DDHH fue el rol siempre aglutinador del Servicio de Paz y Justicia, coordinado por el premio nobel de la paz, Adolfo Perez Esquivel, y de Nora Cortiñas, perteneciente a una de las corrientes de la asociación de Madres de Plaza de Mayo. Por otro lado, cabe agregar que, en los últimos años, hubo una tendencia a la tercerización de la represión, a través de la utilización de barras bravas, sindicatos, guardias blancas y sicarios contratados especialmente por latifundistas y propietarios sojeros (en el caso de diferentes provincias, como en Chaco, Formosa y Santiago del Estero).
[29] Durante la década del 90 el endeudamiento se incrementó a un ritmo de 9.000 millones de dólares anuales. Así, a fines de 2001 la deuda externa argentina era de 144.000 millones de dólares. La crisis de 2001 se originó, entre otras razones, porque el Gobierno nacional no podría pagar ni siquiera los intereses de la deuda. En 2002 se declaró la cesación de pagos y el país entró en default. Sin embargo, en 2005, Argentina propuso un primer canje de deuda y logró una adhesión del 76% en la reestructuración de la misma. En enero de 2006, el país usó un tercio de sus reservas para saldar toda su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el 2010, el país anunció un segundo canje de deuda por valor de 20.000 millones de dólares para aquellos tenedores de fondos que no habían aceptado las condiciones de 2005. En esta ocasión el país obtuvo una adhesión del 66%. Con los canjes de 2005 y 2010, Argentina alcanzó un nivel de adhesión total del 92,4% con una quita del 65% de la deuda original. El 7% restante se componía en un 85% por fondos buitre y particulares sin residencia en los Estados Unidos; y sólo el 8,3% tenía un domicilio en ese país. A la altura de noviembre del 2012 se produjo el primer fallo de la corte federal norteamericana a favor de los fondos buitres, cuando el juez federal estadounidense Thomas Griesa sentenció a favor de los acreedores que se negaron a participar en los canjes ofrecidos por Argentina y a los cuales se debía U$A 1.330 millones con intereses. La presidenta no aceptó la decisión de la Corte de Nueva York y advirtió de que dicho fallo dejaba a Argentina al borde una nueva cesación de pagos. A partir de allí se iniciaría un largo y turbulento litigio, que no se cerraría durante el gobierno de Cristina F. de Kirchner, sino durante los primeros meses del gobierno de M. Macri, quien aceptaría las condiciones impuestas por el juez Griesa para saldar la deuda con los holdouts. En marzo de 2016 se cerró el acuerdo que alcanzaría al 75 por ciento del monto demandado. El dinero, unos 11.684 millones de dólares, provendrían de una nueva colocación de títulos de deuda por parte de la Argentina, con vencimientos a 5, 10 y 30 años y una tasa de interés de entre el 7 y 7,5 por ciento anual, lo cual acrecientan la deuda externa del país.
[30] Importa subrayar que Macri llegó a la alcaldía de la ciudad de Buenos Aires, en 2007, favorecido por la división del peronismo, que presentó dos listas de candidatos, una de las cuales era apoyada por el oficialismo, que a su vez quitó el apoyo al entonces jefe de gobierno, J. Telerman, de trayectoria peronista, que encabezaba la segunda lista. En 2011, Macri fue reelegido como alcalde con el 47% de los votos.
[31] Retomamos los análisis realizados desde el colectivo Plataforma 2012. Para un diagnóstico socio-económico detallado de los primeros seis meses de gobierno, véase. http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/documentos/documentos/168-documento-a-seis-meses-del-nuevo-gobierno
[32] http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2016-Obs-Informe-n1-Pobreza-Desigualdad-Ingresos-Argentina-Urbana.pdf
[33] Esta fue una de las medidas mas criticadas desde el conjunto del sistema político, màxime teniendo en cuenta que en septiembre de 2015 hubo un derrame de solución cianurada en la mina de Veladero, que la empresa Barrick Gold intentó inicialmente ocultar, y que dio lugar a numerosos reclamos de vecinos y organizaciones sociales y políticas.
[34] Sergio Massa fue jefe de gabinete de C. Fernández de Kirchner, y posee el doble origen liberal y peronista. Es un líder joven y carismático, quien comenzó armando su propio partido (Frente Renovador), con alcaldes y que en la actualidad posee una fuerza parlamentaria importante, que lo coloca como tercero decisor, en un contexto en el cual el actual oficialismo no tiene mayoría parlamentaria, y el peronismo incrementa sus fuerzas, al incluir representantes que abandonan el espacio en crisis del kirchnerismo. Massa proyecta su liderazgo para el futuro recambio electoral y en esa línea teje alianzas tanto a derecha como hacia el centro y la centroizquierda.
[35] M. Modonesi y M. Svampa, “Postprogresismo y horizontes emancipatorios”, en Ideas de Izquierda, Buenos Aires, agosto de 2016
Sofía Gatica 06.08.2016.
Entrevista a Madres de Ituzaingó sobre le triunfo de la lucha popular ante la decisión de la multinacional Monsanto de retirarse y no construir su planta en la localidad de Malvinas Argentina, en la Provincia de Córdoba.
Al Dorso (06.08.2016)
(Izquierda Diario) Luego de varios rumores se confirmó la venta del predio de Malvinas Argentinas y la relocalización de los materiales a la planta de Rojas. Mal negocio y protestas como principales causas. Así lo confirmó una fuente de la empresa al periodista especializado Patricio Eleisegui. La multinacional norteamericana a través de una contratista comenzó con el desmonte de las instalaciones construidas en Malvinas Argentinas para llevarlas a su planta actual de procesamiento de maíz en Rojas, Provincia de Buenos Aires. También confirmó la puesta en venta del predio de 30 hectáreas.
La fuente sostuvo que “la pauta de procesamiento de la planta estaba en el orden de los 3,5 millones de hectáreas de maíz y en los últimos año apenas se pasó de los 2,5 millones». «Una inversión así no tiene sentido desde el punto de vista del negocio. Con las instalaciones que hoy Monsanto posee en Rojas, en la provincia de Buenos Aires, la compañía puede operar con tranquilidad. Es más: como están las cosas, probablemente alcance sólo con esa planta de maíz por los próximos cinco años”, añadió.
Fue en el año 2012 desde Nueva York en que la por entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner tras un acuerdo con el directorio de Monsanto anunciaba la construcción de la más grande planta procesadora de semillas de maíz de América Latina. Un proyecto sostenido en una inversión por $ 1.500 millones de pesos. Sin embargo fue el propio modelo de producción agrícola sostenido por el kirchnerismo el que en parte puso fin al proyecto de la multinacional. Eleisegui sostiene tras su diálogo que la imposición de un esquema de retenciones orientado a potenciar el monocultivo de soja poco a poco rompió la sintonía que la compañía logró fijar con el gobierno de Cristina Fernández.
Otro de los elementos que reconoció la fuente de la empresa que la hizo retroceder fue la de la resistencia ambientalista, que pasó a ocupar el predio de Malvinas Argentinas para impedir la construcción de la planta, como así también que se movilizó en todo el país en solidaridad con la ocupación y en rechazo la multinacional biotecnológica.
Según Eleisegui la fuente de la empresa indicó que el bloqueo llevado a cabo por vecinos y ambientalistas en general, que hasta el día de hoy acumula más de dos años de impuesto y frenó por completo la entrada de los materiales que requiere la construcción, también pesó a la hora de evaluar la continuidad de la inversión: “no se pudo avanzar con la planta y eso también influyó”, aunque “lo más trascendente fue que el negocio cambió y dejó de ser conveniente para Monsanto”.
Martín Schorr 06.08.2016.
Los gobiernos del kirchnerismo y de Cambiemos representan dos estrategias de inserción en el mundo, correspondientes con dos alianzas sociales diferentes, ambas dentro de un marco de continuidades tan importantes como las divergencias. Disputas al interior de las clases dominantes, que buscan en el pasado modelos de referencia para lidiar con el marco de una crisis mundial que abre escenarios inciertos a nivel global.
Al Dorso (06.08.2016)
Francisco J. Cantamutto y Martín Schorr*
Resumen
Los gobiernos del kirchnerismo y de Cambiemos representan dos estrategias de inserción en el mundo, correspondientes con dos alianzas sociales diferentes, ambas dentro de un marco de continuidades tan importantes como las divergencias. Disputas al interior de las clases dominantes, que buscan en el pasado modelos de referencia para lidiar con el marco de una crisis mundial que abre escenarios inciertos a nivel global. En este contexto se renuevan los debates para renovar la promesa de la Independencia, que indefectiblemente nos obligan a pensar las diversas formas de la dependencia de la historia reciente como trabas a superar. Este ensayo indaga en particular la idea de la dependencia económica, que sintetiza el vínculo de un país políticamente declarado independiente con el mercado mundial. Se presentan sus dimensiones centrales, para identificar el carácter social de los procesos económicos de la dependencia.
Palabras clave: Independencia, Dependencia económica, Restricción externa, Desarrollo
Consideraciones introductorias
Entre sus varias acepciones, la Real Academia Española define al sustantivo independencia como la “libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende de otro”. A partir de esta definición es evidente que la Argentina no es ni ha sido un país independiente, sino más bien todo lo contrario. Por eso, antes que reflexionar sobre la independencia nacional, resulta más atinado hacerlo sobre los factores que concurren a explicar la matriz dependiente de la economía.
Este año se celebran dos siglos de la declaración de la Independencia en el Congreso de Tucumán; y como en aquellos años, los debates en torno a qué rumbo darle a la nación están candentes. Definiciones básicas sobre cuáles son los objetivos deseables, cómo construir los caminos para llegar, quiénes serán los protagonistas de ese proceso, quiénes compañeros de ruta y quiénes olvidados en el trajín: son todas definiciones y decisiones en disputa, ninguna dada a la experiencia sin más y asociadas a elaboraciones políticas y conceptuales (Mazzeo, 2016).
Entre la conocida declaración de fidelidad al rey depuesto de la Revolución de Mayo centrada en el puerto de Buenos Aires y el Congreso de Tucumán, aparecieron con virulencia ya los debates en torno a cuál sería la mejor trayectoria para lograr la añorada Independencia. La asociación estratégica con la potencia emergente (Gran Bretaña), el tipo de producción a desarrollar, la definición misma del territorio del nuevo país, entre no pocas disputas que se cobraron vidas. Y estas contiendas continuaron en las décadas siguientes, porque el carácter definitorio de algunas declaraciones las dispone la historia y no la sola voluntad de los declarantes. Las peleas entre liderazgos y proyectos de país, no siempre adaptables a los modelos escolares ni a la escolástica simplificadora, mezclaban ansias de poder y negocio con formas de la naciente nación argentina.
Con luces y sombras, en el transcurso del siglo XIX se consolidó un Estado nacional que, por la razón y la fuerza, logró unificar lenguaje, moneda, códigos legislativos, pesos y medidas, fronteras y el monopolio (legítimo) de la violencia (Oszlak, 1997). El esfuerzo, explícito desde la llamada Generación del ´80, por crear una tradición común, símbolos y próceres muestra que las lecturas que hacemos sobre el pasado están también sesgadas por el futuro que imaginamos. El Centenario fue festejado en el apogeo final del proyecto agro-exportador, promoviendo la idea de una Argentina próspera, a la altura de las potencias mundiales, que contrastaba con las fuertes exclusiones internas, que aún se debatían por determinar quiénes serían considerados ciudadanos con derecho a opinar sobre el rumbo del país. La Ley de residencia y la Sáenz Peña, la Semana Trágica y la primera experiencia populista de la mano de Yrigoyen muestran tensiones que explotarían en el primer golpe de Estado de la Argentina moderna, con Uriburu y Justo a la cabeza. La idea misma del “Granero del Mundo” como experiencia exitosa se daba contra una realidad social y política muy distante, en un mundo en crisis tras la Primera Guerra Mundial y agravado sobremanera a raíz del crack de 1929.
Es relevante marcar la confluencia de tres factores que, a la postre, requerirían de un nuevo esquema político-económico para ordenar el futuro del país: a) los conflictos sociales internos, en particular con las clases populares; b) el contexto mundial de crisis y redefinición del capitalismo a escala internacional y, estrechamente asociado, el cambio de potencia hegemónica; y c) las disputas al interior de la clase dominante. Las opciones en juego no eran del todo evidentes, y desde distintos sectores comenzaron a ensayarse reflexiones sobre la necesidad de superar la independencia política y consolidarla a partir de la independencia económica. ¿Cuál sería el nuevo rumbo, cómo se llevaría adelante, con quiénes? La evidencia del agotamiento de la expansión agro-exportadora se iba acumulando sin una única y clara alternativa, mucho menos una que satisficiera intereses y necesidades de todas las clases sociales.
La etapa comúnmente denominada como de industrialización no tuvo un inicio anunciado con declaraciones sino que decantó por la superposición de fenómenos diversos pero confluyentes (Arceo, 2003, Burachik, 2016, Dorfman, 1983). Esto es relevante porque el debate historiográfico y político se vería renovado para determinar el punto de inflexión, buscando el parteaguas de la nueva etapa caracterizada, según la óptica del observador, de desvío al fracaso, al éxito o a las nuevas contradicciones y tensiones. Hasta el día de hoy la dirigencia política apela a este crudo debate, de vital actualidad: la apelación “patriótica” de la Mesa de Enlace durante el álgido 2008 llamaba a recuperar el lugar perdido del “Granero del Mundo”, corrigiendo un desvío populista de siete u ocho décadas. El kirchnerismo, de su parte, se promovió a sí mismo como el garante de una cierta reindustrialización, cuyo prefijo asume la recuperación de una tarea iniciada antes. Y ambas apelaciones funcionan en distintos estamentos de la sociedad, buscando en sus raíces la promesa de un futuro mejor que el presente.
Las décadas de la industrialización están ligadas a múltiples nuevas tensiones económicas, sociales y políticas. Éstas incluyen, pero no se agotan en la urbanización, el rol dinámico del mercado interno, la asalarización de la población trabajadora, la complejización de la estructura de clases, la consolidación del capital extranjero como actor cada vez más protagónico (ahora de base predominantemente industrial), la emergencia del segundo populismo moderno (que al igual que el primero dejaría una marca de identidad política persistente hasta nuestros días). La etapa abarca también la totalidad de los golpes cívico-militares que modificaron la vida del país, llevando a una espiral de violencia política que negaba la representación democrática de toda la sociedad argentina: de las clases populares por la vía de la proscripción, de las clases dominantes por la imposibilidad de crear un partido moderno que gane elecciones sin hacer concesiones.
Esta etapa alumbró el debate de ideas quizás más propiamente latinoamericano sobre las alternativas de desarrollo en el marco de un mundo capitalista. Los aportes de Prebisch (1949) con su esquema “centro-periferia” dieron inicio al pensamiento estructuralista latinoamericano que acabó desplegándose en gobiernos, academias y organismos internacionales (CEPAL), logrando impulsar políticas concretas en nuestro país. Debates marxistas sobre el carácter de las formaciones económico-sociales latinoamericanas se cruzaron con esas ideas para originar la tradición dependentista, en sus diferentes versiones (Marini, 1973). La caracterización de nuestra realidad, sus potencialidades y limitaciones ganaron nuevas dimensiones con estos análisis, que quebraron ilusiones simplificadoras sobre la industrialización como forma misma de esta nueva independencia (Osorio, 2016). Las limitaciones tecnológicas y de escala de mercado se vincularon a agentes sociales cuyos comportamientos reales distaban de los esperados, repitiendo sesgos de la etapa de desarrollo previa.
Estos debates fueron cortados de cuajo por la fuerza con la ola de golpes de Estado en la década de 1970, que dieron inicio en el cono sur latinoamericano a lo que luego el mundo conocería como neoliberalismo (Harvey, 2005). Una nueva fase que se constituyó con cortes más fuertes, que las más de las veces confunde tendencias mundiales y particularidades nacionales. Su imposición por diversos medios fue lentamente modelando una nueva cultura que avalara sus preceptos de individualismo y consumismo como epítome de la civilización. Esta ofensiva de la clase dominante global tuvo aliados locales definidos (y decisivos en más de un sentido), pero se encontró con resistencias sociales por doquier, y nuestra región tuvo la particularidad de ingresar al siglo XXI con gobiernos que recuperaban esas experiencias en el discurso.
En el caso argentino, el kirchnerismo se constituyó apelando a esa memoria histórica sobre la experiencia previa al golpe, enarbolando la necesidad de crear en el país un “capitalismo en serio” de la mano de una burguesía nacional que tomara en sus manos la tarea del desarrollo. El capital industrial supo hacer las concesiones necesarias para que el nuevo populismo pudiera promover durante más de una década la idea de que la patria se construía integrando mediante el consumo que fomentase la reindustrialización. Empleo, consumo, industria se mezclaron con el crédito para conciliar este proyecto social con una gran parte del legado neoliberal nunca puesto en cuestión. Este nuevo desarrollismo conquistó el consenso (consciente) de una parte de la sociedad, que se consideró reparada en términos históricos respecto de los años inmediatos previos. Pero también incrementó las tensiones al interior de las clases dominantes, otra vez en disputa por definir proyectos de país, socios y adversarios.
El azar histórico quiso que el Bicentenario repitiera el escenario de parteaguas (Musacchio, 2016). El cambio de gobierno entre el kirchnerismo y Cambiemos representa dos estrategias de inserción en el mundo, correspondientes con dos alianzas sociales diferentes, ambas dentro de un marco de continuidades tan importantes como las divergencias. Disputas al interior de las clases dominantes, que buscan en el pasado modelos de referencia para lidiar con el marco de una crisis mundial que abre escenarios inciertos a nivel global. En este contexto se renuevan los debates para renovar la promesa de la Independencia, que indefectiblemente nos obligan a pensar las diversas formas de la dependencia de la historia reciente como trabas a superar[1].
La dependencia
El proceso independentista libró a los territorios de los virreinatos del vínculo colonial con España, dando paulatina forma a los actuales países –por entonces, sólo proyectos. Y aunque aún hubo que librar batallas armadas y resistir intentos de invasión por parte de potencias, en la medida en que los países conquistaron cierta autonomía política, las cadenas de sujeción cambiaron de forma. La idea de la dependencia económica sintetiza este nuevo vínculo de un país políticamente declarado independiente con el mercado mundial. Más específicamente, y desde nuestra perspectiva teórica, en lo que sigue presentaremos de modo esquemático las que, a nuestro entender, constituyen las principales restricciones estructurales para que la economía argentina rompa con su cuadro histórico de dependencia.
Antes de abocarnos a ello, conviene explicitar algunas de las principales dimensiones características de una situación de dependencia económica.
La primera se vincula con la noción de dependencia tecnológica. Ésta surge de la incapacidad que ha tenido la Argentina para acceder a niveles crecientes de autonomía y de integración y diversificación del tejido productivo por la vía del desarrollo nacional de industrias de alto contenido tecnológico. Se trata de ámbitos manufactureros que, como lo demuestra la copiosa evidencia disponible, no casualmente han sido (y siguen siendo) centrales para el desarrollo de la mayoría de los países que lideran la fase actual del capitalismo a escala mundial (Arceo, 2011, Fajnzylber, 1983).
La dependencia tecnológica se expresa en la baja capacidad del país de generar mejoras tecnológicas, no por falta “de ideas”, sino por la desarticulación del sistema de producción. Éste se encuentra condicionado por el control directo o indirecto, a través de las llamadas cadenas globales de valor, de capitales de países centrales y algunos de la “nueva periferia”, que dificultan la adopción y adaptación de nuevas tecnologías al espacio nacional. Por consecuencia, la economía produce con un severo retraso de productividad a nivel sistémico, lo que no quita la elevada eficiencia de algunas ramas específicas, al tiempo que obliga a los capitales que acumulan en el país a buscar otras formas de competir en el mercado global. La superexplotación de la fuerza de trabajo (pago a la fuerza de trabajo por debajo de su valor), la tendencia extractivista sobre los recursos naturales y el aprovechamiento de ámbitos de acumulación privilegiados por las políticas públicas son tres mecanismos compensadores clave para nuestra economía (Castellani, 2009, Costantino, 2013, Féliz, 2012).
La segunda dimensión pasa por lo que podríamos llamar la dependencia conceptual. Pese a los vaivenes que ha experimentado el ciclo económico, político e ideológico en el país, el cuadro de dependencia económica se asocia a la larga hegemonía del postulado de las ventajas comparativas. Según el mismo, lo mejor que le puede suceder a nuestro país es afianzar un perfil de especialización y de inserción internacional asentado en aquellos rubros en los que somos genuinamente competitivos; esto es, en sectores asociados básicamente al procesamiento de recursos naturales y unos pocos commodities fabriles. Y que, amplia apertura comercial mediante, nos aboquemos a importar gran parte de los bienes industriales que sostienen la demanda productiva y la de los consumidores. Por lo general, en estos planteos, ampliamente difundidos en ámbitos ortodoxos, pero también recuperados por acción u omisión en no pocos espacios heterodoxos, se suelen omitir los límites marcados que este tipo de perfil le impone a la generación de empleo, a la capacidad de sostener en el tiempo una ecuación distributiva relativamente equitativa, a la reducción de la dependencia tecnológica y, con ello, la difusión de aprendizajes y progreso técnico y, en suma, al propio desarrollo económico nacional.
Esta dimensión conceptual de la dependencia involucra también la idea del lugar que se ocupa en el mundo y qué agentes tienen capacidades de maximizar las potencialidades del mismo. Así, por ejemplo, la preocupación por tentar al capital extranjero por invertir en el país, reforzando especializaciones no ligadas a las necesidades o los intereses nacionales, excede largamente a la ortodoxia conservadora. En un mismo sentido se puede considerar la aceptación de recetas, modelos, tribunales y espacios de coordinación orientados por voluntades que nada tienen que ver con la cooperación entre países.
Es importante resaltar que este nivel de la dependencia también afecta a aquellas teorías desarrollistas que pretenden eludir los aspectos históricos de los procesos de desarrollo y proponen, no sin cierto formalismo, repetir el camino de los países que ven como modelos a seguir (dos Santos, 1970). Así, una parte de la escuela estructuralista se ha negado a tomar en consideración las contradicciones que toma la industrialización tardía en un capitalismo mundial integrado, atribuyendo todo problema a la insuficiencia del proceso y no a tensiones internas que, en definitiva, dotan a cada experiencia de singularidad histórica.
Finalmente, un tercer plano sería el de la dependencia de divisas, que alude al hecho de que, por razones específicas que varían a lo largo de distintas coyunturas históricas (aunque muchas veces se repiten), es habitual que en su funcionamiento efectivo la economía argentina requiera un volumen de divisas que no se logra generar de manera endógena, de allí las recurrentes crisis externas que ha afrontado el país. En el mercado mundial, la moneda argentina no funge ni como medio de cambio ni como reserva de valor, lo que, en una economía plenamente integrada a ese espacio, fomenta constantes flujos de conversión a monedas “fuertes”.
Se trata de una cuestión relevante por múltiples aspectos, particularmente porque el actor económico que “pone” las divisas para sostener la dinámica del modelo de acumulación local, asume y detenta una centralidad estructural decisiva o, en otras palabras, cuenta con un poder de veto ostensible y determinante sobre el accionar estatal, que generalmente hace pesar a su favor y que se puede manifestar de maneras diversas: corridas cambiarias, subas de precios, reticencia inversora, obtención de diversos tipos de prebendas, “colonización” de ciertos espacios de la gestión pública, etc.
La caracterización histórica de este nivel de la dependencia fue la famosa restricción externa al crecimiento que, bajo el esquema del ciclo tipo stop and go (Braun y Joy, 1968, Diamand, 1973), suponía un estrangulamiento generado por el carácter fuertemente procíclico de las importaciones. La necesidad de insumos, bienes intermedios y de capital que la economía nacional no produce fomentan este comportamiento de las compras al exterior, sin demasiado control sobre la capacidad de oferta. A este rasgo “clásico” de la restricción externa, la etapa neoliberal le agregó, por intensidad y magnitud, otras fuentes de inestabilidad de poco control interno: la remisión de utilidades y dividendos, así como otros flujos vinculados con la operatoria del capital extranjero predominante en el plano estructural, los pagos de deuda e intereses y, ligado a todo lo anterior, la rapaz fuga de capitales (retiro de recursos del circuito de valorización nacional, en forma de moneda extranjera). Más allá de la capacidad de pago interna, estos flujos de recursos representan una salida permanente que sólo en coyunturas mundiales específicas son compensadas, y solo por un tiempo, por flujos de entrada. El carácter básicamente exógeno del rumbo de estos elementos introduce un cuadro de inestabilidad ostensible.
Si bien se trata de tres dimensiones complementarias de la dependencia económica, en lo que sigue nos focalizaremos puntualmente en la última y le daremos relevancia a dos cuestiones. Por un lado, a la enunciación de los carriles más relevantes por los cuales suelen salir divisas desde la Argentina hacia el “resto del mundo”. Por otro lado, al señalamiento de los principales mecanismos a través de los cuales ingresan divisas al país, las que pueden o no compensar los flujos salientes, dando lugar a escenarios de restricción externa manifiesta o a la postergación de tal desenlace crítico.
En nuestra aproximación analítica, esto es importante no sólo para entender la trayectoria de la balanza de pagos en algún período específico, sino esencialmente para aproximarnos al carácter social de los procesos económicos, con la debida identificación de los actores que sacan/ingresan divisas al país (muchas veces un mismo actor aparece en “los dos lados del mostrador”, lo cual amplifica sobremanera su poder económico). Y, en ese marco, del mapa de ganadores y perdedores que, en términos de clases sociales y fracciones de clase, resulta de la articulación de una amplia gama de variables, entre las que sobresalen el contexto internacional y, en el nivel interno, la naturaleza de las políticas públicas (acciones y omisiones estatales en diversos frentes), las estrategias desplegadas por los diferentes actores económicos, el conflicto de intereses, las bases sociales de sustentación de los distintos planteos económicos y, en definitiva, el propio desenvolvimiento del modelo de acumulación.
Distintos cursos de la dependencia de divisas
Es evidente que las discusiones sobre dependencia involucran elementos políticos, culturales e incluso militares; sin embargo, aquí nos enfocaremos sobre los aspectos económicos y, más específicamente, sobre el tercero de los ejes aludidos (la dependencia de divisas), en gran medida porque aparece como una forma visible que involucra a las otras dos dimensiones económicas. La economía argentina forma parte de una unidad mundial de acumulación de capital, en la que se inserta como espacio subordinado. Al no funcionar como nodo central de la acumulación, los flujos de salida de capitales son diversos. Esto provoca una desvalorización sistemática de la moneda local, que se hace evidente como salida de divisas por los carriles más variados. Desde nuestro enfoque, en el caso argentino sobresalen cinco factores estructurales[2].
La incorporación del espacio argentino al mercado internacional, lo mismo que el de toda la región, se hizo en tanto abastecedor de materias primas para los países centrales. El capital extranjero controló desde el inicio los núcleos dinámicos de la acumulación vinculados a estas exportaciones, fomentando el desarrollo de capitales locales en la producción, el comercio y el financiamiento de este negocio. Estos mismos agentes fueron los que dieron inicio a principios del siglo XX a la incipiente industrialización. Sin perjuicio de lo que un análisis más pormenorizado permitiría agregar, vale entonces señalar que: a) el capital local se desarrolló como apéndice del capital extranjero, compartiendo vínculos de negocios, y b) el capital industrial surge asociado al agropecuario y comercial, y no en contradicción (como se estiliza en los procesos históricos de los países centrales). Se ha señalado el peso central de estos factores en la conformación ideológica de la burguesía local, que difícilmente adoptaría en adelante ribetes nacionales cuando estos se pusieran en entredicho con los vínculos externos (Cardoso, 1976, Peña, 1973).
Durante la etapa agro-exportadora, la salida de recursos reunía los pagos de deuda (aquella por la cual el presidente Avellaneda prometiera que “millones de argentinos economizarían sobre su hambre y su sed”) y las remisiones de utilidades de las empresas extranjeras (incluyendo las garantizadas por ley y las obtenidas mediante fraudes). La balanza comercial suponía la exportación de materias primas para la compra de casi todos los bienes de consumo manufacturados, aspecto que analizamos en el siguiente inciso. En el período que va del inicio de la Gran Guerra al término de la II Guerra Mundial, los capitales europeos se retrajeron hacia los países centrales, desvinculando relativamente sus intereses en la región. Este cambio de origen exógeno permitió la expansión de capitales locales y estadounidenses así como de posiciones productivas del propio Estado, que ocuparon en parte el lugar abandonado por los capitales externos. Durante estas décadas se desplegó la fase “fácil” de la industrialización, que avanzó centralmente por bienes de consumo masivo a instancias de un mercado interno altamente protegido y el usufructo de tecnologías conocidas.
El pasaje a la fase “difícil” de la industrialización coincidió en el tiempo con el final de la reconstrucción de posguerra, que renovó el interés del capital extranjero (sobre todo el de origen norteamericano) por colocaciones en la región. No sin duros debates con las tendencias políticas nacionalistas, el denominado desarrollismo acabó por incorporar como “socio” en las ramas dinámicas a las empresas multinacionales, pretendidos vehículos de tecnología y capital. Estas inversiones se centraron en la producción y el abastecimiento de los mercados locales, reinvirtiendo parte de sus utilidades. En el transcurso del decenio de 1960 y en los años iniciales del de 1970 la industria fue el principal destino de importantes flujos de inversión, que ingresaron a Brasil y México en particular, y solo en menor medida a Argentina. Toda la etapa permitió el desarrollo de una diversidad de compañías nacionales, en particular en sectores vinculados a las empresas estatales, pero sin llegar a erosionar de modo decisivo el predominio económico y la centralidad estructural del capital extranjero.
Con la avanzada del neoliberalismo desde mediados de la década de 1970 aparecerían nuevos cambios. Conforme la reestructuración global del capital, guiada por la deslocalización territorial, la fragmentación productiva y la creciente financiarización de los excedentes, la región en general y Argentina muy en particular verían modificado su lugar en el circuito de valorización. En un proceso de largo aliento y no exento de contradicciones, la estructura productiva del país incorporó nuevos sesgos: a) el privilegio de actividades altamente competitivas, ligadas a la extracción de materias primas o su procesamiento básico (lo cual incluye no pocas industrias de transformación), b) la expansión del capital en nichos de mercado protegidos por la políticas públicas (centralmente obra pública, algunas ramas industriales promovidas explícitamente y servicios públicos), y c) la centralidad de la actividad financiera (no restringida al capital bancario).
Esto ha renovado los desbalances de la estructura productiva, que ya no opone agro con industria, sino actividades ligadas a las ventajas comparativas, las finanzas y aquellas protegidas respecto de las demás. En el primer conjunto la regla ha sido un triple proceso de creciente concentración económica, así como de centralización y extranjerización de la propiedad. En el espacio productivo, este núcleo dinámico de capitales reguladores obtiene tasas de ganancia superiores a la media, usando tecnologías de proceso avanzadas y demandando fuerza de trabajo calificada. Al estar plenamente integrado al circuito global del capital, esta cúpula empresaria no sólo controla la casi totalidad de las exportaciones y aprovecha los mercados internacionales de crédito, sino que remite utilidades al exterior. De acuerdo a las estimaciones de Gaggero y Schorr (2016), en la actualidad las 200 empresas más grandes del país explican alrededor del 20% del PBI y algo más del 60% de las exportaciones totales. Dentro de ese universo de firmas líderes, un total de 137 pertenece a capitales extranjeros (sea mediante el control accionario total o mayoritario, o bien en asociación con actores locales).
El notable predominio que ejerce el capital extranjero en nuestra economía responde a diversas cuestiones, entre las que se destacan: la vigencia de una Ley de Inversiones Extranjeras sumamente permisiva sancionada durante la última dictadura militar y ampliada en el menemismo, la suscripción en la década de 1990 de numerosos Tratados Bilaterales de Inversión con cláusulas leoninas en contra del país (la gran mayoría de los mismos todavía está en curso), la aceptación de tribunales de claro sesgo desfavorable para la resolución de conflictos (como el CIADI del Banco Mundial), y también la debilidad manifiesta de buena parte del empresariado nacional.
Esto incorpora un elemento crítico sobre la balanza de pagos en la medida en que las empresas extranjeras suelen ser grandes “consumidoras” de divisas por distintas razones: remisión de utilidades y dividendos, pagos de honorarios, regalías e intereses, establecimiento de precios de transferencia por diferentes medios, etc. Ello, generalmente en el marco del control oligopólico que estos capitales ejercen en una multiplicidad de sectores, las ganancias extraordinarias que logran internalizar por distintas vías y su relativamente baja propensión a la reinversión en escenarios donde la intervención estatal suele apuntalar todos estos elementos.
A través de diversas formas de terciarización y abastecimiento, este núcleo se vincula con el resto de la economía, conformado por empresas de menor escala y capacidad competitiva, principal demandante de fuerza de trabajo. Por lo tanto, esta cúpula tiene un fuerte poder estructural sobre el conjunto de la economía, reafirmando el carácter dependiente de la totalidad del espacio nacional.
La integración de la economía argentina al mercado mundial como abastecedor de materias primas agropecuarias y comprador de bienes industriales fue la llave del análisis estructuralista, que abrió la puerta a debates que excedieron esa escuela, dando origen, por caso, a la teoría del intercambio desigual. Se pueden englobar en dos frecuentes explicaciones, no contradictorias entre sí: por un lado, el desigual desarrollo tecnológico (por entonces, más ágil en las producciones industriales) que eleva la brecha de productividades entre los países; y por el otro, el carácter oligopólico o monopólico del comercio mundial, especialmente en las ramas de punta, que permite establecer mejores precios para ciertos bienes, apropiándose de excedentes (Caputo, 1982). El corolario es el mismo: un creciente esfuerzo por parte de la economía exportadora de bienes primarios, que nunca llega a compensar las salidas de recursos para comprar bienes cada vez más caros, provoca la sistemática reaparición de déficit comerciales. La formalización de este corolario ha sido la famosa tesis del deterioro tendencial de los términos de intercambio, cuya validez de largo plazo parece estar comprobada más allá de la manifestación de contra-tendencias ocasionales (Erten y Ocampo, 2012).
Sin embargo, a partir de la etapa de industrialización, el impacto de este tipo de intercambio se modificaría, pues las importaciones dejarían de ser exclusivamente de bienes de consumo final (parcialmente reemplazados por producción local) para incluir bienes intermedios y de capital. Esto significa que cuando las exportaciones no son suficientes para pagar por las compras, el desbalance comercial produce una paralización de la economía, impedida de adquirir bienes requeridos para producir. De manera sistemática, la industria argentina registró abultados desequilibrios comerciales, con las consiguientes implicancias negativas sobre la balanza de pagos. En el transcurso de la sustitución de importaciones, los denodados esfuerzos realizados sentaron las bases para dinamizar a muchas actividades fabriles y lograr una cierta diversificación sectorial, pero no para revertir la dependencia de divisas y la tecnológica, toda vez que, por diferentes razones, resultó muy complejo avanzar en la integración del entramado productivo a instancias del desarrollo sustitutivo de muchos insumos intermedios de uso difundido y, fundamentalmente, de maquinarias y equipos. Se trató de un período en el que el sector agropecuario y los grandes terratenientes perderían predominio económico, pero preservarían su centralidad estructural en calidad de abastecedores de divisas.
Esta lógica, que fue analizada en la literatura económica con las coordenadas del enfoque stop and go, no se vio alterada en sustancia por el incremento del componente industrial en las exportaciones, pues básicamente se trata de manufacturas básicas de bienes primarios. La integración global de las cadenas de valor refuerza este rasgo de la industria local. En ese marco, desde la dictadura militar de 1976-1983 el cuadro externo desfavorable se agrava sobremanera ante el despliegue de un proceso de desindustrialización y de reestructuración sectorial profundamente regresivo y de largo alcance que, con sus más y sus menos, perdura hasta nuestros días. Entre sus manifestaciones más salientes, este proceso va a implicar un vuelco de la estructura industrial local hacia el procesamiento de recursos naturales (reprimarización) y un desmantelamiento de numerosas ramas industriales, sobre todo las que presentan mayores potencialidades en lo atinente a la generación, la difusión y el uso de tecnologías.
Todo ello, a raíz de la implementación de políticas económicas cuyo sustrato conceptual encuentra sus raíces en planteos centrales de la teoría de las ventajas comparativas y que tuvieron un neto sesgo anti-industrial y desembocaron en el desplazamiento de producción nacional por bienes importados (por ejemplo, el shock aperturista de Martínez de Hoz y el aplicado en el decenio de 1990, la “tablita”, el propio plan de convertibilidad, algunas regulaciones para rubros manufactureros específicos, etc.). Como consecuencia de todo esto, a la par que se simplificó el entramado fabril, se potenció notablemente la dependencia tecnológica y tuvo lugar un proceso acelerado de concentración y centralización del capital, se registraron déficit comerciales sumamente pronunciados, con la excepción de unas pocas industrias procesadoras de materias primas y controladas por grandes corporaciones extranjeras y un puñado de grupos económicos locales.
Durante los gobiernos del kirchnerismo, pese a los escenarios y los planteos aparentemente proclives a la reindustrialización, buena parte de los sesgos heredados (reprimarización, dependencia tecnológica, concentración y extranjerización, etc.) se profundizaron y, salvo en unos pocos años, se manifestaron desequilibrios comerciales abultados. En efecto, la industria registró déficit comercial en casi la totalidad de sus ramas, con excepción de alimentos y bebidas y, en algunos años, acero, aluminio y cuero con poco o nulo procesamiento (Castells y Schorr, 2015). Uno de los principales elementos para dar cuenta del afianzamiento de estos rasgos del sector manufacturero pasa por el peculiar “fomento industrial” que se instrumentó que, entre otras cosas, trajo aparejado el desplazamiento de producción nacional por importaciones, “sustitución inversa” que se verificó en numerosos rubros fabriles como, entre otros, el automotriz, el de bienes de capital, la electrónica de consumo y los proveedores del sector energético.
Es en ese marco que se manifiesta una “paradoja” interesante: si bien durante los gobiernos kirchneristas la industria fue catalogada como la “locomotora del crecimiento” y el sector dinamizador y ordenador de un “modelo de crecimiento con inclusión social”, en los hechos la no reversión de la dependencia sectorial de divisas terminó fortaleciendo la centralidad estructural y el poder de veto de los grandes proveedores de divisas en la Argentina, cuyo ciclo de acumulación y reproducción ampliada del capital en la esfera productiva gira alrededor de actividades con un bajo o nulo grado de industrialización.
En el derrotero de la dependencia de la economía argentina, a comienzos del decenio de 2010 irrumpe con fuerza un factor que erosiona de manera considerable los saldos externos. Nos referimos al déficit comercial del sector energético.
En la explicación de este elemento “nuevo” confluyen principalmente dos tendencias que se generaron al calor de las reformas neoliberales de los años 1990 (desguace y venta de YPF, “desregulación” del mercado hidrocarburífero, privatizaciones en el segmento del gas natural y la energía eléctrica, etc.), y que, lejos de corregirse, se reforzaron bajo los gobiernos del kirchnerismo. Por un lado, la marcada dependencia que presenta la matriz energética nacional respecto de los combustibles fósiles. Por otro, la estrategia desplegada por el oligopolio petrolero –y convalidada por muchas acciones y omisiones estatales– de jerarquizar la sobreexplotación y la subexploración.
El desarrollo para la exportación del mercado de hidrocarburos a partir de su privatización no se condice con los recursos disponibles del país. En un contexto como el de la última década, donde se combinaron crecimiento de la economía y falta de inversiones en el rubro energético, el resultado fue la aparición del déficit comercial por esta actividad. Esto es relevante toda vez que la energía tiene un peso particularmente clave en la estructura productiva: tal como describimos que ocurrió con otros bienes a partir de la industrialización (insumos intermedios y bienes de capital), la dependencia externa de abastecimiento de energía provoca la posibilidad de paralizaciones de la actividad por su causa. Para tener una dimensión de este nuevo dato estructural de la dependencia externa, basta con señalar que entre 2013 y 2015 el nivel de actividad prácticamente no se expandió en la Argentina y el déficit comercial acumulado del sector energético se aproximó a los 17 mil millones de dólares.
La deuda externa ha estado atada a nuestro país desde los momentos iniciales de su formación como Estado-nación. El famoso empréstito de la Baring Brothers, pactado por Rivadavia, del cual no llegó al país ni la tercera parte y se pagó más de 10 veces al cabo de un siglo, es expresivo del tipo de relación que involucró para Argentina ingresar al mercado mundial en una posición subordinada. La retracción de capitales global asociada a la etapa de industrialización en el país, así como la vigencia en el plano internacional de un régimen monetario-financiero que restringía los movimientos de capitales para evitar shocks especulativos y sostener el crecimiento estable, implicó una disminución del peso de este factor de la dependencia económica. Fue a partir de la década de 1970 que, en línea con las transformaciones globales, el mecanismo fue rehabilitado para nuestro país, especialmente con la política aperturista de la última dictadura militar que desreguló el mercado de capitales y facilitó la toma de deuda por parte de privados y del propio Estado en el marco del despliegue de un proceso acuciante de desindustrialización y la creciente financiarización de la economía doméstica.
Además de sostener un ciclo de especulación financiera sin precedentes, una parte de la deuda pública contratada esos años se destinó a financiar el terrorismo de Estado, lo que permite asociar en origen la deuda con un problema de derechos humanos vulnerados. Accesoriamente, la dictadura estatizó la deuda privada de un centenar de grandes empresas antes de entregar el gobierno, estatizando los costos del gigantesco negocio especulativo montado por el equipo económico golpista. La mayor parte de la deuda pagada, canjeada y renovada desde entonces tiene este origen espurio, repudiada por ilegal, ilegítima y usurera, lo que permite calificarla en el derecho internacional como deuda odiosa (Olmos Gaona, 2011).
De manera estructural, en el transcurso del largo período de auge del neoliberalismo el endeudamiento externo se asoció o, más atinadamente, resultó plenamente funcional a la internacionalización financiera que llevaron a cabo las fracciones predominantes del capital. De allí el crecimiento exponencial que experimentaron la deuda externa y la fuga de capitales locales al exterior: en 2001 el stock de estas variables se aproximó, en cada caso, a los 140 mil millones de dólares (a mediados del decenio de 1970 comprometían, respectivamente, algo más de 7 mil millones de dólares y cerca de 4 mil millones). En referencia a estas cuestiones, caben tres comentarios.
El primero es que al calor de los ciclos de endeudamiento externo se produce el ingreso al seno del poder económico local de los acreedores externos que, al menos hasta el final de la convertibilidad, pasarían a ocupar un lugar prominente en la definición de la política económica y en la captación del excedente generado socialmente. El segundo es que el predominio de “lo financiero” como uno de los ejes más salientes del modelo de acumulación vigente entre 1976 y 2001 no implica que los grandes ganadores fueran exclusivamente los bancos. Tal como Lenin (1974) explicara respecto de su definición de “lo financiero”, también resultaron ampliamente beneficiadas numerosas grandes empresas y grupos económicos que, aun basando su acumulación en actividades productivas, pudieron apropiarse por distintos medios de una proporción considerable del excedente y, en lugar de reinvertir esos recursos en la esfera de la producción, los canalizaron hacia diversas modalidades de especulación financiera y/o a la fuga de capitales. Este accionar fue convalidado e impulsado por la propia intervención estatal y, fundamentalmente, por el “combustible” que brindó la deuda externa (en especial, la contraída por el sector público). El tercer comentario es que la deuda jugó a partir de ese momento el rol de disociar las fases de crisis dentro del ciclo, al permitir dilatar ajustes en la balanza de pagos cuando existen capitales disponibles. El costo de esto ha sido un peso creciente de los pagos de deuda en las finanzas públicas y en las cuentas externas.
El kirchnerismo priorizó una estrategia diferente en este tema, referida oficialmente como de “desendeudamiento”, y que alude básicamente a la declinación del peso de la deuda pública en el PBI[3]. Dicho proceso se debió, en lo sustantivo, a la confluencia de dos factores: por un lado, el pago “al contado” de intereses y vencimientos de capital tomando deuda con el propio Estado y con reservas internacionales; por el otro, la expansión del nivel de actividad. El stock de deuda pública, sin embargo, se incrementó en términos absolutos, aunque asociado a un cambio relevante en términos de acreedores (la deuda entre organismos estatales supera la mitad de la deuda pública total) y en la moneda de denominación (aproximadamente la mitad está en pesos, frente a menos del 10% antes del canje de 2005). Según las cifras oficiales, hasta 2013 se pagó un monto total equivalente a 192 mil millones de dólares, un 125% del valor de la deuda a 2003, lo que explica la denominación usada por la entonces presidenta Cristina Fernández de que Argentina era “pagadora serial”. En el ínterin, y replicando por acción u omisión lo sucedido en gobiernos anteriores, se revalidaron tribunales externos, acreedores espurios y deuda ilegal, evitando atender los reclamos de auditoría de la deuda, a pesar de los fuertes elementos para considerar el pedido, entre los referidos por el fallo del juez federal Ballesteros y la consulta popular llevada a cabo por la CTA en 2003.
El reconocimiento de la deuda con el Club de París, el CIADI y Repsol por la expropiación de sus acciones en YPF, así como la suscripción de acuerdos financieros con China, produjeron sucesivos incrementos desde 2014. Ello, con el propósito fundamental de retornar a los mercados financieros de capitales con vistas a la obtención de financiamiento externo para afrontar un cuadro de restricción externa desatada.
Este fue el designio que Macri tomó como mandato, acordando velozmente, con la anuencia de la mayoría del Congreso, con los “fondos buitres” que litigaron en las cortes de Nueva York por poco más de 11 mil millones de dólares. A la par de un ajuste profundamente regresivo, dicha estrategia se inscribe en el intento (hasta el momento exitoso) de restablecer las bases para un nuevo y virulento ciclo de endeudamiento externo funcional a los intereses del capital extranjero predominante y de los sectores domésticos que motorizan la fuga de capitales, la financiación de importaciones que muchas veces desplazan producción nacional y, por ende, afianzan la dependencia tecnológica y la reprimarización, y un nuevo auge de la especulación financiera[4]. En ese marco, el “re-endeudamiento” ha vuelto a posicionar a “lo financiero” como uno de los ejes del modelo de acumulación y está posibilitando el “regreso triunfal” de los acreedores externos y el capital financiero al núcleo duro de los sectores dominantes de la Argentina.
Como se discutió, los anteriores cuatro factores de la dependencia de divisas se caracterizan por implicar un flujo de entrada de bienes o servicios de algún tipo. Sin embargo, resulta insuficiente para caracterizar la forma que adquiere la dependencia económica de Argentina. Entre 1976 y 2001, sobre todo durante la dictadura militar y la convertibilidad, el gran empresariado argentino y las clases altas remitieron cuantiosos recursos fuera del territorio nacional, principalmente a través de la compra de activos en el exterior, tanto físicos (por ejemplo, vía inversiones inmobiliarias y en empresas), como financieros (divisas, títulos, acciones, etc.), aunque las evidencias disponibles indican que esta última fue la modalidad privilegiada. Estas adquisiciones no están guiadas necesariamente por la lógica maximizar la rentabilidad, pues en no pocos casos, se trata de colocaciones de escaso rendimiento. Se trata del retiro de recursos bajo formas que funcionen como reserva de valor en el mercado mundial (función que el peso argentino no cumple)[5].
Bajo los gobiernos kirchneristas la fuga de capitales por parte de estos grupos continuó siendo sumamente dinámica, en particular en algunas coyunturas económicas y/o políticas puntuales. Esa línea de continuidad en lo que hace a la “formación de activos externos” por parte del sector privado no debería hacer perder de vista la existencia de algunas modificaciones en ese proceso de internacionalización.
En el marco de la hegemonía neoliberal la fuga de capitales estuvo básicamente relacionada con el despliegue por parte del capital local más concentrado de estrategias de valorización financiera, así como con la salida al exterior de buena parte de los recursos generados por la venta de empresas y grupos nacionales al capital extranjero. Se ha mostrado la asociación casi perfecta que se manifiesta entre la constitución de estos activos y el crecimiento de la deuda externa, lo que echa por tierra la idea de que esta última se contrajo para solventar una insuficiencia de ahorro nacional: financia la fuga (Basualdo, 2006). En la fase más reciente, si bien algunos de estos elementos se mantuvieron (como la remesa de recursos generados por la desnacionalización de algunas empresas oligopólicas), lo que parece haber primado es el envío al exterior de las abultadas ganancias internalizadas por este segmento del poder económico en un escenario de fuerte crecimiento durante varios años y relativa reticencia inversora (Gaggero, Schorr y Wainer, 2014).
El “financiamiento” de la dependencia de divisas y el carácter social de los procesos económicos
En una economía con tanta “sangría estructural” de divisas, y en ausencia de una estrategia nacional de desarrollo que ataque decididamente los nodos centrales de la dependencia económica, resulta inevitable garantizar flujos de recursos externos que ingresen al país y permitan compensar en mayor o menor grado los recursos salientes. En otras palabras, las vías a través de las cuales ingresan divisas al país serán decisivas para morigerar o postergar la inevitable ocurrencia de episodios de restricción externa que, por lo general, suelen ser “solucionados” con políticas de ajuste con un claro (y procurado) perjuicio sobre el campo popular. La identificación de los canales escogidos para “financiar” la dependencia arroja interesantes elementos de juicio para aproximarse al referido carácter social de los procesos económicos. De modo excesivamente sintético, la experiencia de nuestro país permite identificar al menos cinco mecanismos (no excluyentes entre sí) por los cuales pueden ingresar (o ahorrarse) divisas:
Desde el punto de vista del carácter social de los procesos económicos, no es lo mismo que el modelo de acumulación se expanda a partir de “dólares financieros”, que de “dólares comerciales” o de “dólares por inversiones extranjeras”. Es evidente que en un caso el esquema económico escogido y la correlación de fuerzas tenderá a favorecer a los acreedores externos y el capital financiero, en el otro a los grandes exportadores y/o a sectores de la burguesía industrial que sustituyen importaciones, y en el último al capital extranjero. Sin duda, una caracterización objetiva del carácter de un modelo de acumulación en una etapa histórica determinada no puede obviar la elucidación de cuál/es es/son el/los instrumento/s y el/los actor/es privilegiado/s para “financiar” la dependencia económica en términos de divisas.
En esa clave interpretativa, y de manera esquemática, una lectura de la trayectoria de la economía argentina en las últimas décadas indica que: en la dictadura militar de 1976-1983 se privilegió el “financiamiento” vía endeudamiento externo hasta el estallido de la crisis financiera desatada a comienzos de los años 1980; en el transcurso del primer gobierno de la recuperación de la democracia la centralidad la asumieron los grandes exportadores (sobre todo de commodities industriales) y el ajuste recesivo; bajo la convertibilidad se priorizó la deuda, las inversiones extranjeras y, desde mediados de la década de 1990, el ajuste de la economía; durante buena parte de las administraciones del kirchnerismo el eje del “financiamiento” pasó por los grandes exportadores (en especial de materias primas y algunos derivados manufacturados); y en lo que va del gobierno de Macri todo parece indicar que el epicentro se ha desplazado nuevamente hacia el endeudamiento externo y el ajuste recesivo.
De esto se sigue que a pesar de las indudables líneas de continuidad existentes, principalmente referidas a la profundización de la dependencia económica de la Argentina, cada una de las etapas aludidas tiene su especificidad histórica en términos de la dinámica del modelo de acumulación, la correlación de fuerzas entre las distintas clases sociales y fracciones de clase y la composición del bloque de poder. La captación de tal singularidad reviste importancia desde un punto de vista analítico, pero obviamente también en clave política.
Palabras finales
Las consideraciones que anteceden aluden al carácter dependiente de la economía argentina. Es indudable que para transitar el “camino a la independencia” se necesita reflexionar y problematizar socialmente la naturaleza de los factores estructurales que lo bloquean. Aquí esbozamos apenas algunos, que a nuestro criterio aparecen como los más importantes desde el ángulo de la economía, cada uno de los cuales amerita un tratamiento detallado. Sin duda, ese tránsito involucra un desafío harto complejo desde el punto de vista técnico, pero aún más en términos políticos en la medida en que los grupos sociales más favorecidos con la dependencia económica de nuestro país seguramente harán jugar todos los elementos a su alcance para preservar y multiplicar su poderío económico y, con eso, el cuadro de dependencia. De allí que resulte imperiosa la construcción de una amplia fuerza social en pos de una genuina independencia económica nacional. Negar los aspectos de continuidad de la dependencia no permitirán nunca resolverlos: se trata de analizarlos y, sobre todo, de cambiarlos.
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* Investigador de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay (SEC); Investigador del CONICET y docente en la UBA y el IDAES (UNSAM).
[1] También el azar quiso que este año se cumpla el centenario de la primera edición del libro de Lenin Imperialismo, fase superior del capitalismo. Se trata de una obra fundacional en tanto sentó las bases para pensar más tarde la idea de la dependencia, como reverso de la relación imperialista (dos Santos, 1970).
[2] Existen numerosos trabajos que abordan algunos o la totalidad de estos factores estructurales. Entre otros textos disponibles remitimos a Abeles, Lavarello y Montagú (2013), Schorr y Wainer (2014) y Treacy (2015). Para una perspectiva de largo plazo de la cuestión se sugiere revisar Ferrer (2004).
[3] La reducción del monto adeudado tras el canje de deuda realizado en 2005 (reabierto en 2010 y 2013) obedece a un esfuerzo de contabilidad creativa más que a un fenómeno real. Si bien se incluyó un recorte sobre el monto de capital, se reconocieron (y capitalizaron) los intereses caídos, se agregó un premio por crecimiento del PBI, y se omitió consignar previsiones de pago por los títulos que no ingresaron al canje (holdouts), lo que resultó en un monto de deuda equivalente o superior al canjeado (Cantamutto y Ozarow, 2016).
[4] Una parte de la deuda contraída desde la asunción del gobierno de Cambiemos ha contribuido a financiar gastos corrientes del Estado; ello, en un cuadro de déficit fiscal agravado por las fenomenales transferencias de ingresos a distintas fracciones del poder económico que se motorizaron en los primeros meses de la nueva gestión.
[5] Gaggero, Gaggero y Rúa (2015) discuten con mayor precisión el problema de la fuga, incorporando en el análisis los recursos fugados por la vía de la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones, entre otras prácticas en el límite de lo legal. Si bien no toda fuga es ilegal, un monto no despreciable se encuentra en una zona de dudosa calidad jurídica. Estas dudas se incrementan cuando los recursos se colocan en zonas de secrecía financiera (paraísos). Macri se vio involucrado en un escándalo asociado a estas prácticas apenas asumió como presidente, cuando estalló a nivel mundial el escándalo de los llamados “papeles de Panamá”.
Federico Delgado 30.07.2016.
El estado de la causa penal sobre el Megacanje 2001. Un reestructuración de deuda pública que implicó una estafa al pueblo argentino en 55.000 millones de dólares. Las responsabilidades de Cavallo, Daniel Marx y Federico Sturzenegger.
Nos visitó el fiscal federal Federico Delgado, quién analizó el estado de la causa penal sobre el Megacanje 2001. Un reestructuración de deuda pública que implicó una estafa al pueblo argentino en 55.000 millones de dólares. Describe las responsabilidades de Cavallo, Daniel Marx y Federico Sturzenegger. El actual presidente del BCRA fue recientemente sobreseído por la Justicia, pero el fiscal Delgado apeló la decisión por considerarlo responsable penal en la defraudación al fisco.
Al Dorso (30.07.2016)
Carla Poth 23.07.2016.
El gobierno de Macri presentó un nuevo proyecto de ley para regular la producción, apropiación y comercialización de semillas. La normativa en la que trabaja el Ministerio de Agroindustria responde a las exigencias y designios de Monsanto. El peligro y los riesgos de la privatización de los alimentos y la vida ante el cambio del marco regulatorio de semillas en la Argentina.
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