DEUDA EXTERNA Y ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN

Héctor Luis Giuliano 31.01.2020 | ¿Qué significa concretamente la “sostenibilidad de la Deuda” que constituye el objetivo declarado del Proyecto de Ley del Gobierno al Congreso que acaba de obtener la media sanción de Diputados y que se encamina a convertirse en Ley de la Nación?

 

DEUDA EXTERNA Y ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN[1]

Por Héctor GIULIANO (31.1.2020)

Conforme una secuencia lógica, el gobierno Fernández debiera haber explicitado primero su Plan Económico Integral (cosa que comprometió formalmente pero todavía no ha cumplido). Con ese programa diseñado o al menos definido debiera haber solicitado una Ley de Emergencia para que el Congreso le delegase las facultades que necesitara para llevar a cabo dicho Plan. Y recién entonces, con el Plan y la autorización parlamentaria correspondiente en la mano, sentarse a negociar una reestructuración de Deuda con los Acreedores y el Fondo Monetario (FMI).

Empero, el gobierno Fernández actuó al revés, trasponiendo en forma institucionalmente peligrosa los pasos: primero solicitó y obtuvo amplios poderes especiales – prácticamente irrestrictos – a través de la Ley 27.541 de Emergencia Pública y del nuevo Proyecto sobre Sostenibilidad de la Deuda (en curso de aprobación parlamentaria) – que le permiten firmar cualquier cosa.

Se sienta a “negociar” con los Acreedores y el FMI contando así para ello con un verdadero “cheque en blanco” del Congreso al Ejecutivo. Y por último definiría y presentaría su Plan Económico, en función de lo que resultase de las negociaciones acordadas.

Se trata, en la práctica, de un esquema de negociación hecho a imagen y semejanza del interés de los Acreedores del Estado Argentino aunque ante la opinión pública se lo intenta presentar como una muestra de supuesta decisión nacional autónoma.

Más aún, en los últimos días viene creciendo la versión de que tal Plan Económico directamente ya no sería una decisión libre y voluntaria de la administración Fernández sino que sería una exigencia adicional (obviamente lógica) de los Acreedores y del FMI para que el gobierno – con el aval irrestricto de leyes del Congreso – les comprometa en firme su oferta de forma de pago de la Deuda.

El Kirchnerismo tiene malos antecedentes respecto de presentar sus claudicaciones como supuestas victorias y/o decisiones propias: pago total y por anticipado al FMI de Enero 2006, Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010, Política de Pago de Deuda Externa con Reservas Internacionales del Banco Central (BCRA), estatización de las AFJP, re-nacionalización de YPF, Arreglo de Pagos con el Club de París, etc.

Todos éstas, realidades que le terminaron costando muy caro al Estado Argentino.

Y el actual presidente Alberto Fernández – que fuera Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2008) – no ha sido ajeno a estos hechos ni a este modo de actuar.


SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA  

¿Qué significa concretamente la “sostenibilidad de la Deuda” que constituye el objetivo declarado del Proyecto de Ley (PL) del Gobierno al Congreso que acaba de obtener la media sanción de Diputados (por amplia mayoría) y que se encamina a convertirse en Ley de la Nación el próximo Martes 5.2 por el Senado?

Aplicado a la Deuda Pública, desde el punto de vista económico-financiero el concepto de Sostenibilidad implica la garantía de mantener durante largo tiempo y sin agotar las fuentes de los recursos fiscales, el pago de los servicios correspondientes a las obligaciones contraídas por el Estado y, en este sentido, equivaldría a la idea de Solvencia Fiscal.

Pero el Gobierno no tiene ni puede demostrar dicha capacidad fiscal, como no sea garantizando la repetición al infinito de la misma fórmula tradicional de cancelaciones vía pago de Deuda Vieja con Deuda Nueva, es decir, continuando con el esquema de re-endeudamiento perpetuo: el camino hacia un nuevo Megacanje. Con el agravante que las facultades delegadas por el Congreso no se corresponden siquiera con tales formulaciones.

En efecto: ¿El PL explicita cómo se debe lograr este objetivo legal?: decididamente no. La iniciativa habla del Qué (un Qué bastante difuso) pero no del Cómo esa Sostenibilidad debe lograrse. ¿El PL incorpora directivas básicas y/o autorizaciones legales nuevas, es decir, facultades que el Ejecutivo hasta ahora no tuviese?: tampoco. La Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado – fundamentalmente en el Artículo 65 – la reciente Ley 27.541 de Emergencia Pública y los antecedentes igualmente legales de las leyes de Presupuesto y la 27.249 de Pago a los Holdouts ya le delegan al Gobierno Nacional amplias facultades para poder negociar en la práctica lo que quisiera sin intervención del Congreso.

¿El PL introduce alguna variante novedosa en cuanto a la participación y/o posterior supervisión de lo actuado por el Poder Ejecutivo?: igualmente no. En esencia, el proyecto constituye un verdadero “cheque en blanco” para que el Gobierno negocie lo que quiera – o lo que le impongan los acreedores – sin posibilidad de restricciones ni objeciones por parte del Congreso dado que la delegación de facultades es así prácticamente ilimitada en materia de Endeudamiento Público.

Se trata probablemente – en lo formal y en lo institucional – de una declinación de funciones constitucionales y de responsabilidades parlamentarias propias más amplias, genéricas e irrestrictas de la Historia Contemporánea de la Argentina.

¿Para qué se dicta entonces – leyes 24.156 y 27.541 mediante, junto con todas las disposiciones legales ya existentes – esta nueva Ley denominada equívocamente “de Sostenibilidad de la Deuda”?

En principio, el efecto práctico de una nueva ley de este tipo cubriría tres requisitos informales o no explícitos: 1. Otorgar poderes especiales al Ejecutivo para tratar de despegarse de la responsabilidad por lo que el Ejecutivo termine arreglando con los Acreedores (si bien con ello el Congreso no elude su responsabilidad propia al conferir delegaciones indebidas), 2. Amparar con autorizaciones legales expresas y cuasi-ilimitadas las responsabilidades personales de los funcionarios superiores intervinientes en las negociaciones de Reestructuración de la Deuda del Estado, y 3.  Cumplimentar exigencias de los Acreedores y del FMI en cuanto a que los acuerdos a que se llegue como producto de las negociaciones en curso no puedan tener objeciones debido a los plenos poderes dados al Gobierno Fernández.

Más aún, el Ministerio de Economía (MECON) acaba de emitir con fecha 29.1 un Comunicado Oficial en el que explicita el Cronograma de acciones a seguir – una verdadera Hoja de Ruta – en cuanto a las negociaciones en curso con los Acreedores Privados  y el FMI, con fecha de vencimiento final “auto-impuesta” al 31.3 próximo, en línea con el compromiso asumido y adelantado por el presidente Alberto Fernández. Se reitera así y se reafirma – a través de una nueva ley de “cheque en blanco” del Congreso – la facultad delegada para que el Ejecutivo pueda firmar lo que quiera (o lo que le impongan) con los Acreedores financieros del Estado.[2]

 

ESQUEMA Y SECUENCIA DE LA NEGOCIACIÓN

Según el último Informe Trimestral de Deuda Pública del MECON-Secretaría de Finanzas (SF) el stock de la Deuda del Gobierno Central era a esa fecha de 324.000 MD.[3] La mitad de este total – 154.400 MD – es Deuda Externa, aplicando el criterio de residencia del Acreedor.[4] El PL de Sostenibilidad se refiere exclusivamente a este rubro dado que la Deuda Interna – colocada en la Argentina y no en el exterior – no está alcanzada por el PL.

Sin embargo, el PL aprobado por Diputados, corrige el original reemplazando la expresión Deuda Externa por la más precisa de “Deuda Pública emitida bajo Ley Extranjera”. A esa misma fecha de última información oficial del MECON-SF – del 30.9 pasado – la Deuda por Legislación era algo diferente a la Deuda por Residencia de los Acreedores: 169.800 MD bajo Legislación Argentina y 141.500 MD bajo Ley Extranjera (que sería la realmente abarcada por el PL).

En el marco de este total máximo el Artículo 1 del PL permite que sea el Poder Ejecutivo el que determine los montos nominales alcanzados por esta nueva Ley Especial del Congreso.

Ahora bien, dentro de este total de Deuda Pública bajo Legislación Extranjera 67.400 MD corresponden a obligaciones con Organismos Internacionales – de los que 43.500 MD con el FMI – de manera que, por diferencia, esto da que los Bonos bajo Legislación Extranjera en manos de Acreedores Externos Privados daría unos 74.100 MD (141.500 – 76.400).

Algunas noticias periodísticas dan hoy algo más que estas cifras porque se estima que el total de la Deuda Pública al fin del 2019 habría llegado a unos 340.000 MD y se habla entonces de que el monto alcanzado por la reestructuración con Acreedores Privados sería un 20 % de dicho total (aproximadamente 68.000 MD).

Sería útil y transparente que el gobierno diera a conocer exactamente cuánto es el monto realmente en juego para esta reestructuración en valores absolutos y también cuál es el perfil actual de todos los vencimientos según fecha de corte al día de hoy, para saber de qué importes se está hablando en las negociaciones.

Esto tiene su importancia porque las gestiones en curso se canalizan paralelamente con los Acreedores Privados y con el FMI, en su doble condición  de primer acreedor individual de la Argentina (acreedor privilegiado, esto es, con prioridad de cobro en caso de default) y de Auditor de los Acreedores.

Por ende, lo que los Acreedores estarían reclamando es que el gobierno Fernández firme primero un nuevo acuerdo con el FMI – que se supone sería un cambio del actual Stand-By (SBA) a 3 años de plazo por uno de Facilidades Extendidas (EFF), que puede ser a 5, 7 y hasta 10 años, aunque sujeto a condiciones de cumplimiento más estrictas y a mayores compromisos en materia de Reformas Estructurales (caso de las Reformas Laboral, Previsional y Tributaria).[5]

Más en la práctica, el esquema de negociación funcionaría al revés: primero un arreglo con los Acreedores Privados y luego el del FMI – y otros Organismos Internacionales – que siempre podría ser más elástico que el primero.

Y además, porque el verdadero objetivo de este doble tipo de acuerdos no sería la prioridad de devolución del préstamo al Fondo (de los que se han desembolsado unos 44 de los 57.000 MD acordados) sino la permanencia del FMI como Auditor permanente de los acreedores, que es la garantía clave de que la Argentina no podría desentenderse del compromiso con un Organismo que tiene incluso rango de Tratado Internacional.

Dicho con otras palabras: que el gobierno Fernández tiene que llegar primero a un acuerdo con los acreedores privados para requerir así la modificación del acuerdo con el FMI aunque la secuencia de firma o compromiso formal sería la inversa.

Ello explica que la principal exigencia de los Acreedores sea tratar con un gobierno Fernández que tenga Plenos Poderes – en la práctica, facultades irrestrictas – para poder firmarles cualquier cosa con la garantía del “cheque en blanco” otorgado por el Congreso, que garantizaría así la imposibilidad de cualquier objeción o cuestionamiento jurídico a los arreglos alcanzados.

Con la vigencia de la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado, la nueva Ley 27.541 de Emergencia Pública y la nueva Ley de Sostenibilidad de la Deuda la garantía legal a los Acreedores sería más que completa.

Y cumplido entonces con todos estos requerimientos completos bajo un nuevo acuerdo general de Megacanje de Bonos nuestro país se encaminaría así al objetivo buscado con estos convenios, que es el de regresar al Mercado Internacional de Capitales precisamente para volver a endeudarse.


LOS ACTORES DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA

Para entender lo que está pasando en la actual etapa Macri-Fernández de la nueva Crisis de Deuda que afronta la Argentina hay que tener presente que particularmente desde la corrida cambiaria de Abril de 2018 los títulos públicos habrían tenido un importante cambio de manos y que el cuadro de los bonistas hoy no es el mismo que el de hace pocos años.

Siguiendo una regla común, este proceso es típico de los casos de Default de Deuda Soberana, sean éstos formales o encubiertos.

La administración Macri – por culpa de su Política de Gobernar con Deuda – llevó  aceleradamente al país en dos años y medio de gestión a la cesación de pagos (Default) y en lugar de blanquear o declarar ese Default pidió ayuda al FMI para poder sostenerle los pagos de la Deuda a los acreedores privados, para poder prolongar su permanencia en el cargo y para lograr completar así su mandato fracasado hasta Diciembre del 2019 dejando una Deuda al próximo gobierno peor que la que heredó.

Esta situación provocó una fortísima caída en la cotización de los bonos argentinos que fueron entonces, en gran parte, comprados en el Mercado Secundario por nuevos Fondos Buitre (FB), que se caracterizan justamente por adquirir bonos-basura para luego reclamarlos al Valor Nominal de los títulos.

En el caso de nuestro país, estos papeles fueron así conseguidos al 40 y hasta el 30 % de su valor facial a través de la Bolsa.

Y con ello cambió la estructura o composición de los tenedores de bonos que hoy reclaman y/o amenazan litigar nuevamente contra la Argentina en tribunales extranjeros de  Nueva York y eventualmente en otros rincones del mundo.

Frente a este problema, como primera medida el gobierno Fernández, de común acuerdo con los Acreedores Privados, preserva el anonimato de los mismos, soslayando hasta la fecha toda idea de Censo de Acreedores que permita saber a la Opinión Pública a quiénes debe concretamente nuestro país.[6]

Esto significa que, estrictamente hablando, no se conoce quiénes son los Acreedores financieros del Estado ni, consecuentemente, con quiénes se está sentando a negociar el gobierno.

Con la particularidad adicional de que existe ya constituido en Nueva York un Comité de Acreedores de la Deuda Externa Argentina – presidido por un directivo del Fondo BlackRock – sin que nuestro país haya declarado la Cesación de Pagos (Default) – y que ese Comité sea el principal interlocutor del Gobierno.[7]

Las negociaciones con este Comité – así como con toda una serie de entidades vinculadas al submundo financiero de los Mercados de Deuda Pública de Países Emergentes – son paralelas y coordinadas con las del FMI en base a tres ejes principales:

  1. Los Plenos Poderes del Cheque en Blanco para negociar otorgado por el Congreso al Ejecutivo con la Ley 27.541 de Emergencia Pública y la nueva Ley en curso sobre Sostenibilidad de la Deuda.
  2. Las disposiciones sobre prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros junto con la renuncia a oponer la inmunidad soberana en caso de litigios. Y
  3. La fórmula de pagar mientras se negocia – sin blanqueo del Default (cosa que acarrearía una pérdida adicional del valor de los bonos ahora que están en manos de los nuevos tenedores) – lo que hace que el tiempo juegue en contra del país y no de los acreedores, que verían entonces suspendidos los pagos de servicios de capital e intereses mientras duren las tratativas.

Y todo ello en el contexto esencial de que no haya cuestionamiento alguno sobre la legitimidad o no de origen de las acreencias, tanto de los bonistas – por la connivencia con la administración macrista y los antecedentes que siguen paralizados por la Justicia (fundamentalmente Causa Olmos II) – como del propio FMI, co-responsable de la nueva Crisis de Deuda y de los negociados financieros que se han venido realizando en consecuencia.[8]


CONSIDERACIONES FINALES

El gobierno Fernández – en línea con lo buscado por la precedente administración Macri – optó por la variante de “renegociación rápida y amigable” con los Acreedores Privados (los nuevos FB) y con el FMI, es decir, por el allanamiento a las exigencias más convenientes a los acreedores en aras de una nueva reestructuración de la Deuda Externa.

La votación en Diputados del PL de Sostenibilidad de la Deuda vía nuevo trámite express (logrado por amplia mayoría) es una muestra desgraciada del grado de subordinación y servilismo de la Clase Política con representación parlamentaria en su adscripción al Sistema de la Deuda Perpetua que rige en el país desde hace más de 40 años sin solución de continuidad y del que el Kirchnerismo – como todos los gobiernos que se sucedieron en este largo período de tiempo – fue y es también parte.

Es un problema de fondo de la Clase Política en su conjunto, apuntalada una vez más en la tríada Oficialismo-Oposición-Medios, una tríada que vive condicionada por el establishment financiero y actúa en función de sus intereses y no de los intereses del Estado.

Con la paradoja que además vuelve hoy a repetirse con este nuevo PL de Sostenibilidad la burla tradicional de que el mismo es presentado como una señal de fortaleza a la posición negociadora del gobierno con los acreedores cuando en la realidad de su formulación convalida exactamente lo contrario porque debilita la posición negociadora argentina allanando el camino de las principales concesiones a los acreedores.

Y con ello, repetimos, se juega en contra de los Intereses Financieros del Estado y del Pueblo Argentino.

Es parte del replanteo actual del viejo y reiterado dilema que ya señalaba Alejandro Olmos hace muchos años cuando decía: “O se está al servicio del Pueblo contra la Deuda, o se está contra el Pueblo al servicio de la Deuda”.

El resultado final de todo esto lógicamente todavía no puede predecirse pero el camino para llegar a ese resultado no es el adecuado y este tipo de movidas preparatorias no es positivo para confrontar el problema insoluble de la Deuda Perpetua de la Argentina.

En este contexto, con el PL de Sostenibilidad de la Deuda se completaría uno de los últimos pasos preparatorios de teatralización política para adaptar la posición del gobierno a las exigencias de los acreedores; y conforme a las expectativas en curso, el acto se llevará a cabo este Martes 5.2 en el Honorable Senado de la Nación.

[1] Este artículo está directamente relacionado con dos notas anteriores del autor: “Negociaciones de Deuda y Proyecto de Ley al Congreso” (del 24.1.2020) y “Deuda, FMI y Emergencia Pública” (del 27.12.2019), cuya lectura se recomienda como información complementaria del presente trabajo.

[2] El PL de Sostenibilidad de la Deuda consagra tres delegaciones principales del  Congreso al Ejecutivo: 1. La prórroga de jurisdicción ante Tribunales Extranjeros para los nuevos bonos que se emitan en canje de los actuales, 2. La renuncia a oponer la inmunidad soberana del Estado Argentino ante cualquier reclamo en juicios externos  (salvo – como es de rigor – una lista mínima de los bienes afectados al uso del Estado), y 3. La ratificación de las Leyes 24.156 de Administración Financiera del Estado, que en su Artículo 65 permite al Ejecutivo realizar unilateralmente canjes de Deuda,  y la Ley 27.541 de Emergencia Pública, que en sus artículos 2 y 3 ya le otorga al Gobierno facultades prácticamente irrestrictas para firmar cualquier cosa con los acreedores de la Deuda.

Notablemente, el jefe de la bancada oficialista, diputado Máximo Kirchner, al hablar en la Cámara en defensa de este proyecto que establece tales concesiones, dijo enfáticamente: “Aquí lo que tenemos que hacer es decirle nunca más a la Deuda Externa y empezar a elaborar entre todos una Política Económica que elimine de plano este problema en adelante.” (La Nación, 30.1.2020, página 8).

[3] Las abreviaturas MD/M$ y B$ significan respectivamente Millones de Dólares/Pesos y Billones de $ respectivamente y las cifras se expresan siempre con redondeo, razón por la cual pueden darse mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.

[4] Sin contar aquí los Cupones PBI, que suman unos 12.800 MD más.

[5] Algunos trascendidos periodísticos este fin de semana hablan de un pedido argentino al FMI sólo de diferimiento de los pagos por vencimientos del bienio 2022-2023 – que suman unos 46.000 MD en total – manteniendo el acuerdo SBA, existiendo lógicamente otras combinaciones posibles, pero el compromiso de base por las Reformas Estructurales seguiría pendiente.

[6] Con fecha 29.12 pasado el Autor de esta nota hizo llegar una propuesta de Censo de Acreedores al MECON-SF, que tuvo Acuse Recibo pero ninguna respuesta al efecto.

El texto de dicha propuesta personal fue circularizado a posteriori precisamente con el título de “Propuesta del Lic. Héctor Giuliano al Ministerio de Economía s/ Reestructuración de la Deuda Pública (29.12.2019).

[7] Según informaciones periodísticas, el Fondo de Inversión (FI) BlackRock – fundado y dirigido por Larry Fink y Robert Kapito –  y el FI PIMCO (Pacific Investment Management Co. LLC) – de William Gross, Mohamed El-Erian y otros – encabezan la lista de los principales acreedores de la Argentina, así como una serie de otros varios FI y de grandes Bancos de Inversión (BI), como el JP Morgan-Chase, el Deutsche Bank y Bancos españoles liderados por el Santander, de la familia Botín.

La lista es larga pero desconocida dado que las autoridades manejan en forma secreta la identidad de los acreedores financieros del Estado.

[8] El FMI dio a la Argentina el Crédito más grande de su historia – y con el mismo también nuestro país recibió su mayor préstamo histórico – en condiciones que ameritan ser auditadas pero no lo son: no se conoce cuál fue la evaluación de la capacidad de repago de dicho préstamo (Stand-By) hecha en su momento por ambas partes, no se justifica por qué el Fondo otorgó un monto que supera más de 11 veces la cuota-aporte de la Argentina (frente a restricciones que normalmente la limitan a 3 ó 4 veces), no se conocen las objeciones contra dicho préstamo en las discusiones internas del Directorio Ejecutivo (Board) del FMI – donde se sabe que varios países europeos (como Holanda, Francia, Alemania, Polonia y otros) sostuvieron muy fuertes críticas contra la iniciativa de la entonces Directora-Gerente Christine Lagarde, que contaba con el aval del gobierno de los Estados Unidos (principal aportante del Fondo, con un 16 ó 17 % de los votos) – y no se han deslindado todavía las responsabilidades del caso entre los altos funcionarios intervinientes.

El Organismo tiene para ello la Oficina de Evaluación Independiente (OEI), que es una división del Fondo con funciones de Auditoría Interna, no dependiente de la Gerencia ni de la Junta Directiva (Board) del FMI, y que ya intervino con anterioridad justamente a raíz de las irregularidades probadas de la Crisis de Deuda y Default de la Argentina en 2001, sobre lo que elaboró un informe crítico en el año 2004 y que llevó a que rodaran luego varias cabezas de la entidad por este motivo (caso Claudio Loser, que era entonces Director del Departamento Hemisferio Occidental; Teresa Ter Minassian, a cargo de la Misión Argentina y Tomás Raichman, especialista asignado a nuestro país). Un documento que incluso salpicó también al entonces titular del FMI, Horst Köhler.

La OEI debiera intervenir hoy nuevamente en el caso argentino, sobre todo para deslindar las responsabilidades personales directas de la ex titular Christine Lagarde y de los funcionarios asignados al seguimiento del Acuerdo Stand-By (SBA) con nuestro país cuyos informes técnicos fueron debatidos en el seno del Board.

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PROPUESTA GIULIANO SOBRE DEUDA PÚBLICA

Héctor Luis Giuliano 04.01.2020. El 26.12 pasado la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía dio a conocer una comunicación por la que informaba que hasta el día 3.1 se recibirían propuestas relativas al diseño del proceso de gestión de la sostenibilidad de la deuda pública externa de la República Argentina (…)

 

PROPUESTA GIULIANO SOBRE DEUDA PÚBLICA

Por Héctor GIULIANO (4.1.2020)

El 26.12 pasado la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía (SF-MECON) dio a conocer una comunicación por la que informaba que hasta el día 3.1 (inclusive) se recibirían propuestas relativas al diseño del proceso de gestión de la sostenibilidad de la deuda pública externa de la República Argentina.
A raíz de este comunicado oficial el Autor de la presente nota hizo llegar el trabajo que se reproduce a continuación:
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PROPUESTA DEL LIC. HÉCTOR GIULIANO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA S/ REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (29.12.2019)

Señores Secretaría de Finanzas (SF):
En función de v/ convocatoria del 26.12.2019 para acercar ideas s/ el tema de referencia, cumplo en hacer llegar la presente propuesta personal al respecto centrada básicamente en la realización de un Censo de Acreedores previo a cualquier tarea de renegociación de Deuda Pública:

I. CENSO DE ACREEDORES
El pre-requisito indispensable de toda renegociación de Deuda es la debida identificación de todos y cada uno de los acreedores, principalmente de los Tenedores de Títulos Públicos pertinentes.
Para ello debiera confeccionarse – contra Declaración Jurada de los Bonistas – un listado completo conteniendo como mínimo la siguiente información:
1. Nombre y Apellido o Razón Social del Acreedor, con los datos básicos de Documento, Domicilio, Teléfono, etc.; indicando además si la persona o institución está vinculada – directa o indirectamente – a otro Acreedor.
2. Detalle de los Títulos en su poder (Letras/Bonos), indicando en cada caso Denominación del Título, Serie, Fecha de Compra (que puede haber más de una), Tipo de Moneda, Importe (en Valor Nominal) de cada papel, Precio de Compra y a quién lo compró (dato muy importante), si lo hizo a través de algún intermediario o por compra original al Gobierno Argentino (caso de Bancos Colocadores), Garantías Especiales (si las tuviere) y otros datos que se consideren de interés para la exacta identificación de los títulos en cuestión y sus tenedores.
3. Si como Acreedor actúa en forma directa o con representación de un Tercero debidamente autorizado.
Adicionalmente, cada tenedor debe comprometerse a informar a la SF todo cambio que se produzca sobre los datos suministrados a posteriori de entregada la documentación de referencia.
La SF procederá a controlar debidamente la veracidad y consistencia de todas las informaciones de los Acreedores.
Los totales de importes respectivos – caso Letras/Bonos – deberán ser resumidos en una planilla final.
II. BASE DE DATOS.
La SF deberá confeccionar internamente una Lista Completa de todos los Títulos Públicos (Letras/Bonos) que se encuentren pendientes, indicando en cada caso como mínimo las condiciones básicas de cada uno de los mismos: Denominación, Sigla Bursátil, Montos Emitidos/Residuales por Serie, Fechas de Emisión/ Vencimiento, colocación Bajo/Sobre la Par, Tasa de Interés Nominal (y Rendimiento si no fue emitido a Valor Facial o Nominal, frecuencia de pago de los Intereses, amortizaciones parciales (si las tuviera) y condiciones especiales del título (si las tuviera).
El objeto de este Listado es tener un verdadero inventario completo de todos los títulos emitidos por el Gobierno Nacional con sus respectivas características de base (información que se entiende simple de confeccionar sobre la base de los datos ya existentes en los Informes Trimestrales de Deuda Pública y en los detalles de Colocaciones de Deuda que edita la ONCP).
III. ACCESO A LA INFORMACIÓN
Por razones de claridad y transparencia todas las informaciones de los puntos I y II debieran ser dadas a publicidad.
IV. PROVINCIAS/MUNICIPIOS
Esta misma información debiera ser requerida a todas y cada una de las Provincias – incluida la CABA – y Municipios de todo el país, indicando en cada caso cuál es respaldo de las obligaciones (caso Regalías) y el alcance de la garantía de la Nación.
V. BANCO CENTRAL (BCRA)
El mismo procedimiento debiera ser llevado a cabo también por parte del BCRA, básicamente para el caso de Leliq, Pases Pasivos, Encajes por Depósitos en Moneda Extranjera y Otros Pasivos (caso Swap China o BIS de Basilea), para conocer quiénes son los acreedores del Banco y por qué importes.
Este punto – que está en línea con el punto primero – lo mismo que el de las Provincias/Municipios, tiene que ser requerido a los organismos locales respectivos y es de fundamental importancia para poder determinar la superposición o no de acreedores por ámbito de Gobierno (Nación, Provincias/Municipios, BCRA, Organismos Nacionales, etc.).
VI. EMPRESAS DEL ESTADO, ORGANISMOS NACIONALES Y FONDOS FIDUCIARIOS.
Con el mismo criterio que los puntos IV y V.
VII. OTROS ACREEDORES
Un criterio análogo debiera seguirse para la identificación de todos y cada uno de los Préstamos y Otros Créditos contra el Estado correspondientes a Organismos Oficiales (caso Países del Club de París), Organismos Internacionales (FMI, BIRF, BID, CAF, FONPLATA), Banca Comercial, etc. detallando en cada caso – una por una – las operaciones que dieron lugar a tales acreencias y el estado en que se encuentra cada una de las mismas.
VIII. JUICIOS CONTRA EL ESTADO
Se refiere al detalle de los Títulos Públicos que se encuentran bajo reclamos judiciales – con/sin sentencia en firme – contra el Estado Argentino y también contra Provincias/Municipios, Empresas/Organismos Oficiales, etc.
IX. COMITÉS DE ACREEDORES
Información detallada de todos y cada uno de los Comités de Acreedores que se hayan presentado para la negociación ante el Estado Argentino, identificando a quién o quiénes representan.
CONSIDERACIONES GENERALES
El detalle de los contenidos de cada punto obviamente puede variar pero los datos identificatorios de base se entiende que están cubiertos en la presente ponencia.
Un caso muy importante, por ejemplo, es el requerimiento del punto I.2 acerca del origen de la operación de compra por parte de los actuales tenedores de bonos dada la presumible adquisición para litigar.
Hasta aquí los principales puntos de mi propuesta personal en función de v/ invitación del Comunicado del 26.12.
Reiterando la importancia fundamental de que se disponga de estas informaciones básicas del Censo de Acreedores de la Deuda Pública Nacional en forma previa a toda renegociación de Pasivos de la República Argentina, de que dicha información se dé a publicidad y de que eventualmente se permita a cualquier ciudadano tener acceso a la misma agradezco la oportunidad de poder hacer llegar esta carta y quedo a v/ disposición por cualquier aclaración al respecto.
Por último, por favor, pido lo siguiente: 1. Acuse recibo de la presente propuesta como constancia del trabajo remitido, 2. Confirmación acerca de que su contenido no es confidencial y puedo darle estado público independientemente de v/ trámite interno (dado que se trata – en todo o en parte – de ponencias del suscripto ya conocidas que fueron planteadas en diversas oportunidades pero que nunca tuvieron curso oficial), y 3. Solicitar como ciudadano el acceso a la documentación de la Secretaría de Finanzas s/ el tema de referencia concurriendo allí personalmente.
Atentamente.-

Lic. Héctor Luis GIULIANO
Buenos Aires, 29.12.2019

Con mis Datos Personales de DNI, Dirección y Teléfono.
Archivo: GIULIANO MECON DP 2019 12 29 PROPUESTA
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COMENTARIO FINAL:
Hasta aquí el texto del trabajo remitido a la SF-MECON el 29.12 – en tiempo y forma – que como se dice en el mismo contiene propuestas básicas que ya constan en otros escritos anteriores del Autor, que fueran oportunamente circularizados por correo electrónico y que se incluyeran en tres de los 10 tomos de mi libro sobre Problemática de la Deuda Pública Argentina.
Aunque durante el Jueves 2 y el Viernes 3.1 lo he solicitado y reclamado varias veces – telefónicamente y por correo – hasta el momento no he recibido el acuse recibo correspondiente.-

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DEUDA, FMI Y EMERGENCIA PÚBLICA

Héctor Luis Giuliano 27.12.2019. La palabra “solidaridad” aplicada a una Ley del Congreso es ambivalente en su interpretación, discutible en su aplicación y tiene muy malos antecedentes tanto económico-financieros como políticos en nuestro país (…)

 

DEUDA, FMI Y EMERGENCIA PÚBLICA

Por Héctor GIULIANO (27.12.2019)

En un reportaje de fines de Julio pasado (pocos días antes de las PASO) el economista Guillermo Calvo – argentino radicado en Nueva York hace años y profesor en la Universidad de Columbia – sugería que un gobierno Fernández-Fernández era preferible a un fracasado gobierno Macri porque una administración “populista” iba a tener menos resistencia frente al Ajuste inevitable que la Argentina tenía que hacer.

Concretamente, en una entrevista periodística del Diario Financiero, de Santiago de Chile, del 25.7 Calvo  declaró lo siguiente: «No estoy a favor de Cristina (Kirchner) ni de su gente, pero debo reconocer una cosa: si sube Cristina, ella puede mirar para atrás y decir ‘miren el lío que nos dejó este hombre y ahora yo tengo que hacer el ajuste que él debió haber hecho y que no hizo’. La ventaja de la izquierda en esas situaciones es que la oposición es la derecha, y ellos hacen política de derecha (…) Sí. De repente Cristina es lo mejor que le puede pasar al país, curiosamente (…) Porque va a aplicar el ajuste con apoyo popular, culpando al gobernante previo». (Infobae del 25.7)

Estos conceptos – como ya lo señaláramos en su momento – son muy importantes para entender cómo funciona el tándem Kirchner-Macri (muy a diferencia de lo que la gente cree), como forma aplicada del método tradicional donde las grandes estructuras de poder económico-financiero manejan la estrategia de las decisiones de fondo que toman los gobiernos de turno.

 

LEY DE EMERGENCIA PÚBLICA

La palabra “solidaridad” aplicada a una Ley del Congreso es ambivalente en su interpretación, discutible en su aplicación y tiene muy malos antecedentes tanto económico-financieros como políticos en nuestro país.

La denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública (Ley 27.541) declara dicha emergencia en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social; y delega para ello en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) toda una serie de facultades cuasi-irrestrictas hasta el 31 de diciembre de 2020.

El objetivo básico de esta amplia delegación de funciones del Congreso es garantizar la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que implica el compromiso institucional de nuestro país para cumplir con sus obligaciones de pago de Capital e Intereses a los Acreedores del Estado, fundamentalmente Tenedores de Bonos Externos y Organismos Financieros Internacionales (con el Fondo Monetario Internacional – FMI – a la cabeza).

Estrictamente hablando, el Ejecutivo no necesitaría de una autorización legal de este tipo por parte del Congreso de la Nación dado que la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado ya le delega, en su artículo 65, la posibilidad de reestructurar deudas.

Condicionado al cumplimiento – siempre posible – de canje de títulos públicos mientras se mejore una de las tres variables de refinanciación: monto (quita), plazo (re-perfilamiento) y/o Intereses a Pagar (Tasa); siendo que por regla elemental de Matemática Financiera siempre es posible mejorar mínimamente una de esas variables a costa de las otras dos.

En esta línea, la ley faculta al PEN a llevar adelante todas las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar esa sostenibilidad de la Deuda de la República Argentina, esto es, para garantizar la capacidad de repago.

Con el agregado que en los artículos 57 al 59 la nueva Ley de Emergencia autoriza al Tesoro a emitir y colocar en el Banco Central (BCRA) Letras Intransferibles a 10 años de plazo y virtualmente sin interés por 4.571 MD[1], con lo que se vuelve así a la Política de Pago de Deuda en Moneda Extranjera con Reservas del BCRA.

Merced al dictado de esta norma – vía tratamiento exprés del Congreso (con ayuda del quórum dado por la oposición política macrista y otros grupos menores) el presidente Alberto Fernández tiene facultades prácticamente irrestrictas y discrecionales para poder negociar cualquier cosa en materia de endeudamiento del Estado.

 

EL AJUSTE DEL FMI

El Arreglo Stand-By (SBA) de Junio 2018 por 50.000 MD firmado por el ex presidente Macri – modificado en Octubre a 56.300 MD – tiene categoría de Tratado Internacional, está vigente aunque los desembolsos se encuentran suspendidos y compromete a la Argentina esencialmente a mejorar el Superávit Fiscal Primario para poder cumplir con el pago de los Intereses crecientes de la Deuda Pública y a instrumentar tres Reformas Estructurales de base para garantizar dicho cumplimiento a mediano y largo plazo: las Reformas Laboral, Previsional y Tributaria.

Para poder cumplir con el primer requisito – Superávit Fiscal para pago de Intereses y refinanciación total de las amortizaciones de Capital o Principal (reperfilamiento de las obligaciones) – la Ley autoriza un Plan de Ajuste Fiscal en función de la combinación clásica de gran aumento en la Recaudación y serias restricciones en los Gastos:

Por el lado de los Ingresos la Ley 27.541 dispone un fuerte aumento de la Presión Tributaria, fundamentalmente por: i) aumento adicional por actualización de las Retenciones a las Exportaciones Agrícolas (que las grandes multinacionales exportadoras trasladan a los productores rurales),  ii) aumento del Impuesto a los Bienes Personales (aparentemente potenciado porque se aplicaría sin indexación del Mínimo No Imponible), y iii) nuevo  Impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria (PAIS) o impuesto sobre compras y gastos en dólares (moneda extranjera en general), con el riesgo cierto de que este recargo repercuta en el Dólar Paralelo y se traslade a Precios.

Se estima que con la recaudación neta total producto de este paquete de medidas tributarias aprobadas por la Ley más las que complementariamente disponga el Ejecutivo, el Fisco obtendría unos 860.000 M$ (≡ 13-14.000 MD)[2], con el previsible traslado inflacionario a los precios que termina pagando directa y/o indirectamente toda la población.

Es decir, que el aumento de la presión impositiva pesa como carga sobre la Economía general dado que un aumento de impuestos siempre es un ajuste o detracción de dinero a los contribuyentes por efecto de la mayor recaudación y que, al mismo tiempo, tal presión impositiva tiende a frenar el Crecimiento Económico.

Paralelamente, por el lado de los Gastos, los principales ahorros de Gasto Público se darían concretamente en materia de Jubilaciones, a través de la suspensión por 180 días de la Movilidad Jubilatoria, para proceder en ese período a dar aumentos discrecionales por sumas fijas vía Decreto del PEN, lo que conllevaría una violación al criterio de equidad y una caída adicional de los haberes previsionales correspondientes aplicado a los sectores de altos y medianos ingresos (achatamiento de la pirámide del Sistema Previsional).

Y esto es así por lógica – aunque los importes no estén todavía cuantificados – ya que, caso contrario, se mantendría el régimen actual (que le da precisamente más peso a la incidencia de la Inflación, en un 70 % del Índice) y no se suspendería la vigencia de la Movilidad mientras se estudia y propone una nueva fórmula de actualización para la indexación de haberes.

Ergo, el gobierno Fernández-Fernández arranca su gestión con un fuerte ajuste fiscal, ajuste que está en línea con los términos del acuerdo firmado por la administración Macri con el FMI, donde ya se preveían tolerancias y flexibilizaciones, dado el fuerte aumento de la Pobreza, para una política de contención que atenúe parcialmente los efectos del Sistema de la Deuda sobre los sectores de menores ingresos.

LAS REFORMAS DEL FMI

El Acuerdo Stand-By, además del citado programa en curso de Ajuste Fiscal, prevé el compromiso del gobierno argentino en tres  Reformas Estructurales principales: Laboral, Previsional y Tributaria.

En forma directa o indirecta, tales reformas se han venido y se siguen llevando a cabo a través de las administraciones Macri y Fernández:

  1. a) REFORMA LABORAL

El objetivo central de la Reforma Laboral – aparte del avance en temas de flexibilización en las contrataciones de Trabajo –  era bajar el Costo Laboral de las Empresas y de la Administración Pública, lo que en buen romance significa bajar en términos reales los salarios de los trabajadores, las jubilaciones/pensiones y el valor de las subvenciones sociales.

Esta Reforma – de la que ahora se habla mucho menos – se habría cumplido adecuadamente a través del trabajo sucio de la administración Macri, que en sus cuatro años de gestión logró una caída en las remuneraciones reales entre 20-25 %.

Producido ya este resultado merced a la gestión de la administración Macri la necesidad y urgencia de la llamada Reforma Laboral a los efectos de obtener una baja de la incidencia del costo laboral de Empresas y Estado pasaría a segundo plano y ya no sería tema prioritario.

La tarea todavía pendiente – traspasada al nuevo gobierno Fernández – es que no se produzca un recupero de tal desfasaje, o por lo menos que el mismo no se dé en forma rápida y completa, con el argumento de no realimentar la Inflación de Precios.

Con ello se cumple en la práctica con el viejo objetivo neo-liberal de que los salarios se ajusten por una Inflación Futura – siempre más optimista que la real – y no por la Inflación Pasada, pactando o concediendo aumentos parciales en cuotas sin recupero del costo inflacionario y garantizando así una caída de tales salarios por debajo de la Inflación y particularmente una reducción al ser medidos en dólares.

La principal herramienta que parece contemplar para ello la nueva Ley de Emergencia Pública 27.541 es la disposición de aumentos por suma fija sobre las distintas escalas salariales, el diferimiento de las discusiones paritarias y la garantía citada de que las futuras indexaciones no recuperen los altísimos niveles de la Inflación producida bajo la gestión Macri y particularmente la sufrida en los últimos meses del 2019 hasta el presente.

  1. b) REFORMA PREVISIONAL

El objetivo central de la llamada Reforma Previsional era y es lograr una reducción del Gasto Público Social en materia de Jubilaciones/Pensiones, Asignaciones Familiares y Planes Sociales (con la AUH a la cabeza) vía licuación de los ingresos reales de los sectores beneficiarios de dichos sistemas pasivos.

El presidente Alberto Fernández ha explicitado claramente que las jubilaciones perdieron un 20 % (o más) de su valor durante la gestión Macri y que su objetivo es recomponer o aliviar dicho atraso beneficiando a los sectores de menores ingresos.

Pero para ello la Ley de Emergencia dispone la suspensión por 180 días del actual régimen de Movilidad Jubilatoria, que constituye una medida de ajuste de gastos que – como se explicara en el punto a) – tiene la declarada intención de mover las escalas de actualización en forma discrecional y regresiva para los ingresos medios y altos.

Mientras tanto, no se tocan los regímenes de Jubilaciones de Privilegio (Jueces, Embajadores y ex funcionarios superiores de gobierno) y los Regímenes Especiales (caso Docentes, Investigadores y otros) con el argumento de los Derechos Adquiridos mientras notablemente se soslaya ese mismo principio de equidad para el resto de las jubilaciones, cosa que se advierte puede derivar en una nueva ola de juicios contra el Estado, como lo fuera en el caso Badaro y conexos.

En este punto, sin embargo, el gobierno Fernández podría apuntar a ganar tiempo por seis meses aprovechando que el trámite de los reclamos administrativos y judiciales pudiera dilatarse por razones burocráticas, que mucha gente puede optar por no demandar nuevamente al Estado por este motivo y hasta que la misma presentación anunciada por el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino (que estaría planteada en términos impecables), no se realizaría sino hasta Febrero; y en ese transcurso de tiempo las condiciones podrían cambiar y complicar cualquier denuncia.

El argumento central para lograr un ahorro presupuestario relevante de este rubro – según los Gobiernos Macri-Fernández y el FMI – es actuar sobre el denominado principal componente del Gasto Público de la Administración Pública, aunque este argumento magnifica el peso del Gasto Previsional y reduce artificialmente el peso del Gasto por vencimientos de Capital y por pago de Intereses de la Deuda.

Según las cifras oficiales del Proyecto de Ley (PL) Macri de Presupuesto 2020 – hoy suspendido, en principio, sine die (condicionado al previo acuerdo de Reestructuración de la Deuda con Acreedores y FMI) – las mismas daban en realidad un Gasto aproximado por Jubilaciones/Pensiones de 2.400.000 M$ (2.4 B$) pero si se le restan los Ingresos Previsionales por 1.800.000 M$ (1.8 B$), deja un saldo negativo neto de 600.000 M$; mientras que los Intereses a Pagar previstos para el mismo Ejercicio (sólo Intereses, porque las Amortizaciones de Capital no se prevé nunca cancelarlas sino que se refinancian en su totalidad) suman 1.200.000 M$.

Esto es, que por Intereses se paga el doble que por el neto de Jubilaciones, aunque este “detalle” siempre es soslayado por los economistas del establishment.

Con la paradoja que la reducción relativa de esas jubilaciones se realiza precisamente para poder pagar los Intereses.

Como en el caso anterior – de la llamada Reforma Laboral – también aquí el objetivo implícito básico es no producir un recupero generalizado del retraso de las pasividades reales registrado bajo la administración Macri y cumplimentar el ahorro de gastos previsionales ya comprometido en el Acuerdo SBA con el FMI.

  1. c) REFORMA TRIBUTARIA.

A la Reforma Impositiva ya nos hemos referido en el acápite de Ajuste del FMI, que conlleva los tres incrementos tributarios principales – Retenciones, Bienes Personales (IBP) y Dólar (recargo sobre el Tipo de Cambio Oficial, que da unos 82 $: 63 $ más el 30 %)  pero hay también otras modificaciones menores de impuestos (en más y también en menos) como Ganancias, Renta Financiera sobre Plazos Fijos (a partir del 2020, no 2019), Ajuste por Inflación, Impuestos Internos e Impuesto al Cheque.

El modelo adoptado – siempre en línea con el Ajuste Fiscal por la vía de mayores ingresos tributarios – es obtener un salto en la recaudación del Estado que permita mostrar al FMI y a los Tenedores de Bonos que el nuevo gobierno argentino está dispuesto a hacer todo lo posible para aumentar el Superávit Primario para poder garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de la Deuda Pública.

Porque – reiterando lo dicho – la idea de aumento de los Ingresos Fiscales vía Impuestos (reforzado por el ahorro de gastos previsionales derivados del cambio en la Movilidad Jubilatoria) es la principal forma de hacer pagar a los argentinos el costo del Ajuste comprometido con el FMI para allanar el camino a la reestructuración de la Deuda.

Y con esto se cumple una regla política clásica donde la habilidad final de los gobernantes es muchas veces practicar un gatopardismo de base: no producir los verdaderos cambios que el Estado necesita – en este caso, los inherentes al Sistema de la Deuda Pública Perpetua que rige en nuestro país sin solución de continuidad desde hace más de 40 años – sino hacerle creer a la gente que esos cambios se están produciendo o se van a producir y dar sus frutos en un futuro por ahora indeterminado.

Porque, digámoslo con toda crudeza, el objetivo de esta Ley de Emergencia – llamada ampulosamente Ley de solidaridad y reactivación productiva en el marco de la Emergencia Pública – es darle al Poder Ejecutivo facultades irrestrictas para que, Ajuste Fiscal mediante, pueda negociar lo que quiera con los Acreedores del Estado.

Desde el punto de vista conceptual o teórico, la secuencia de re-negociación más coherente – incluso según las formulaciones oficiales – sería: 1. Plan Económico Integral (anunciado pero todavía no dado a conocer), 2. Ley de  Emergencia Pública, para Plenos Poderes al Ejecutivo que le permitan implementar ese Plan, y 3. Negociaciones con FMI y Acreedores Financieros del Estado para una reestructuración de la Deuda Pública según dichos lineamientos.

La realidad, empero, está mostrando señales diferentes: 1. Ley de Emergencia Pública como “cheque en blanco” al Ejecutivo para negociar cualquier cosa en materia de Deuda, 2. Inicio de negociaciones rápidas y “amigables” – léase, sin blanquear el “Default virtual” de la Argentina y sin cuestionar las irregularidades de la Deuda contraída – con los Acreedores y con el FMI; y 3. Futuro Plan Económico, como resultante del acuerdo de reestructuración al que se llegue con todos los acreedores.

Es obvio que a esta altura de los pocos hechos conocidos corresponde manejarse con prudencia en materia de observaciones y/o comentarios: el gobierno Fernández-Fernández recién asume su mandato, hereda una nueva Crisis de Endeudamiento Público agravada por el estrepitoso fracaso económico-financiero de la administración Macri, y tiene que lidiar con Acreedores y Organismos Internacionales que son más poderosos que el Estado Argentino.

Pero no hay que olvidarse que el Kirchnerismo tiene malos antecedentes al respecto: a) pago total y por anticipado de la deuda más cuestionable en ese momento, que como hoy era la correspondiente al FMI, con el argumento de “liberarse del Fondo” (9.530 MD, en Enero 2006), b) Megacanje Kirchner-Lavagna-Nielsen 2005-2010 que fue un arreglo favorable a los acreedores y que además fracasó y terminó produciéndole el “agujero negro” financiero y jurídico de los Holdouts, pero fue vendido a la opinión pública hasta la fecha como un “éxito de negociación”, c) Política de Pagos de la Deuda Externa con Reservas del BCRA (la misma que vuelve a autorizar ahora la Ley de Emergencia 27.541) y que dio origen a la primera Bola de Nieve de las Lebac para reponerlas por el Banco, d) Reproche de la ex presidenta CFK en Naciones Unidas por el tratamiento duro dado a la Argentina pese a que su administración debía ser llamada en realidad “pagadora serial” dado el monto récord de pagos de la Deuda Externa, e) Propuesta ante la Asamblea General de la ONU, también de CFK (2014), de Resolución internacional de las Crisis de Deuda Soberana (un remedo de la propuesta FMI 2 de Anne Krueger del 2002), f) Política de Pagos de la Deuda del Estado con préstamos del propio Sector Público (BCRA, ANSES, Bancos Oficiales y Organismos Nacionales en general), lo que generó una Deuda Intra-Estado y un proceso de endeudamiento para-estatal destinado a reponer reservas y girar préstamos impagables al Tesoro, g) Estatización de las AFJP para usar masivamente los fondos de los jubilados (FGS ANSES) para sostener los pagos de la Deuda con Terceros (2008), h) Arreglo con los países del Club de París pagando sumas extraordinarias por Intereses Moratorios y Punitorios (3.800 MD sobre una deuda consolidada por Capital de 6.000 MD), etc.

Y todo ello, como parte de un complejo proceso en curso que – en función de la cita del Dr. Guillermo Calvo al comienzo de la presente nota – pareciera amenazar una continuidad de fondo en materia de Deuda Pública bajo tándem Kirchner-Macri, aunque todavía con final abierto.

[1] Las abreviaturas MD/M$ y B$ significan Millones de Dólares/Pesos y Billones de Pesos respectivamente, y se expresan siempre con redondeo, por lo que pueden darse mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.

En la mayoría de los casos las cifras se muestran indistintamente con su equivalencia (≡) en la otra moneda.

[2] Las estimaciones privadas originales variaban entre los 6-8.000 MD hasta los 10-12.000 MD pero hasta el momento no hay una estimación oficial informada.

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Ajuste con olor a deuda

Entrevista AL DORSO | Alejandro Olmos Gaona y Héctor Luis Giuliano 13.12.2019. Luego de los últimos dos años de gobierno macrista y a partir de la toma de deuda por 100 años del 2018, la situación económica y financiera de la Argentina se agrava de forma continua (…)

 

Ajuste con olor a deuda

Entrevista AL DORSO | Alejandro Olmos Gaona y Héctor Luis Giuliano 13.12.2019.

Luego de los últimos dos años de gobierno macrista y a partir de la toma de deuda por 100 años del 2018, la situación económica y financiera de la Argentina se agrava de forma continua. Junto con Alejandro Olmos Gaona y Héctor Luis Giuliano analizamos el panorama que recibe el nuevo gobierno y qué perspectivas se encuentran para los próximos meses. Según Alejandro Olmos Gaona “manejar esta deuda descomunal que tenemos que enfrentar a buitres, enfrentar a los bancos, enfrentar a los fondos de inversión, es complicado”

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Una de las primeras medidas anunciadas por el nuevo gobierno es la creación del Consejo de asesores de deuda en el que uno de los nombres que lo componen es Daniel Marx. Haciendo un recorrido por su trayectoria en los distintos gobiernos, Alejandro Olmos Gaona aclara que  “Daniel Marx estuvo en todas las negociaciones finales que llevaron a los distintos estallidos de la deuda” y en vinculación con los procesos de megacanje que se dieron a lo largo de la historia reciente, Héctor Luis Giuliano agrega que “todos los megacanjes fueron planteados como éxitos, todos terminaron como fracaso”

DESCARGAR AUDIO 2 DE ENTREVISTA AQUÍ

En relación con la necesidad de negociación que se plantea desde el gobierno actual, Héctor Luis Giuliano cree necesario destacar que la deuda pública argentina “ha cambiado de mano fuertemente” y que los acreedores con los que habrá que negociar no necesariamente son los mismos que hace unos años atrás. Héctor Luis Giuliano agrega: “Entraron los nuevos fondos buitre a comprar deuda argentina. La composición de la duda actual no es la misma que el año pasado. La prueba ácida que debería pedirle al gobierno es con quién están negociando”

Por otra parte y ante el discurso de la necesidad de un canje rápido, Héctor Luis Giuliano especifica: “¿Cómo se traduce esto del canje rápido? Señores, no pierdan tiempo porque el tiempo desgasta a los acreedores”. En cuanto a la declaración del virtual default, Héctor Luis Giuliano agrega: “si se blanquease el default eso pondría a los acreedores en jaque porque dejan de percibir intereses. Lo que están pidiendo es reperfilar, están pidiendo plazo, entre 2 o 4 años para patear el problema para adelante”.

Ante la posibilidad de una investigación real del origen de la deuda, Alejandro Olmos Gaona expresa: “Es un delirio, ni con mayoría kirchnerista en la cámara ni con mayoría en la cámara de la oposición porque dejaría de ser un país en el que se puede invertir. No se puede salir del sistema de la deuda”. Cuando se tomó el bono con el Fondo Monetario Internacional a 100 años, se da un diagnóstico de lo que iba a pasar en Argentina en el 2017 y 2018. Alejandro Olmos se pregunta “¿Cómo es posible que un inversor compre un bono con ese diagnóstico? Es necesario que el Banco Central transparente esta situación” concluye.

La negociación con el Fondo Monetario Internacional es un requisito formal para luego poder negociar con los fondos buitre.El Fondo Monetario Internacional, además de ser el principal acreedor de la Argentina, es el garante para los demás acreedores. Héctor Luis Giuliano analiza: “¿Qué es lo que se negocia técnicamente? que el gobierno argentino comprometa un superávit fiscal primario para poder pagar intereses. Esa es la ecuación que se tiene que cumplir a raja tabla porque si no, no se puede pagar nada” concluye.

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DEUDA MACRI Y CUESTIÓN DEL BANCO CENTRAL

Héctor Luis Giuliano 06.12.2019. Frente al advenimiento del nuevo gobierno Fernández-Fernández existen muy serias cuestiones de herencia política macrista pero seguramente la primera que se planteará a nivel operativo e inmediato es la cuestión financiera de la Quiebra del Banco Central (…)

 

DEUDA MACRI Y CUESTIÓN DEL BANCO CENTRAL

Por Héctor GIULIANO (6.12.2019)

Frente al advenimiento del nuevo gobierno Fernández-Fernández existen muy serias cuestiones de herencia política macrista pero seguramente la primera que se planteará a nivel operativo e inmediato es la cuestión financiera de la Quiebra del Banco Central (BCRA).

Dicho con otras palabras: qué se va a hacer con un Banco Central gravemente endeudado y expuesto a un desangramiento por intereses a pagar aparentemente imparable.

La Crisis de Deuda Macri – producto de su Política de Gobernar con Deuda – le estalla en Abril de 2018 y determina el salvataje del FMI para que su gobierno pueda completar el mandato, no encarando así una nueva reestructuración de Deuda y transfiriéndole en cambio el problema agravado a la nueva administración entrante.

Esta crisis tiene entre sus manifestaciones más graves y perversas la Quiebra del BCRA, es decir, el problema de su sobre-endeudamiento y sus efectos sobre la Política Monetaria, Cambiaria y Bancaria de la Argentina.

Las autoridades se niegan a reconocer la realidad del problema de Iliquidez e Insolvencia de la Deuda Pública – tanto Fiscal, del Tesoro, como Cuasi-Fiscal, del BCRA – y sólo buscan seguir enmascarando el problema pateando las obligaciones hacia adelante por medio de un reperfilamiento de plazos, esto es, de un Nuevo Megacanje.

Pero con esta  constante actitud dilatoria no se solucionan los problemas financieros de la Argentina y, por el contrario, se agravan.

En este contexto, el rol del BCRA es clave porque el principal problema de la Argentina hoy no es Económico sino Financiero y porque la Crisis de Deuda Externa es paralela y determinante de la Crisis de Deuda Interna dado que el arbitraje Tipo de Cambio-Tasa de Interés es el condicionante de base de la Política Monetaria y Cambiaria que interactúa entre ambos mercados de endeudamiento.

COMPRA DE RESERVAS CON DEUDA

El punto de partida de la crisis del BCRA ha sido y es la política institucional de compra de Reservas Internacionales (RI) con Deuda Pública, fundamentalmente Deuda cuasi-fiscal o del BCRA.

Esta Política de compra y/o reposición de RI con Deuda por parte del BCRA – una práctica que en realidad venía desarrollándose en gran escala bajo el Kirchnerismo pero que la administración Macri lleva al paroxismo – abrió la puerta a la peor patología financiera de la Argentina:

  1. a) La compra de Reservas con Emisión Monetaria que luego se esterilizaba o absorbía mediante títulos de corto y cortísimo plazo del propio BCRA: antes Lebac (Letras a 30 días de plazo) y hoy Leliq (Letras de Liquidez a 7 días) y Pases Pasivos (deudas a sólo un día de plazo), sostenidas todas a un altísimo Costo Financiero para el Estado.
  2. b) El aumento de la Tasa de Interés pagada por el BCRA para atraer Capitales Financieros – meramente especulativos o golondrina – que sostenían y sostienen artificialmente un elevado nivel de Reservas nominales Brutas, pero que en la práctica – libre movilidad de capitales mediante – son totalmente volátiles.
  3. c) El efecto inflacionario de la Emisión Monetaria sin destino a la Economía Física o Real sino a la Inversión Financiera Autónoma – estímulo al ingreso de fondos externos en gran escala para colocaciones en títulos públicos, fiscales y cuasi-fiscales – con el correspondiente aumento más que proporcional de los Intereses a Pagar, con lo que se acentuaba cada vez más el peso de los Costos Financieros derivados del Sistema de la Deuda en el marco de un cuadro de Inflación creciente.

Ergo, el ingreso de capitales financieros externos se  transformó así en la principal fuente de emisión monetaria local, con la paradoja que en lugar de endeudarse en divisas – que se traducían en emisión de billetes para su compra – le hubiera salido más barato al Estado Argentino imprimir directamente ese mismo dinero sin necesidad de tomar Deuda Externa para ello (Deuda del BCRA producto del carry trade o bicicleta financiera, Deuda del Tesoro con ingreso de divisas provenientes de préstamos de Organismos Multilaterales de Crédito – con el FMI a la cabeza – y/o deudas por ingreso de dinero externo de grandes fondos especulativos de inversión).

La cuestión de fondo que introdujo la Política de Compra de Reservas con Deuda es que a medida que se incrementan las Reservas por entrada de capitales financieros meramente especulativos sube la Deuda cuasi-fiscal de Corto plazo del BCRA.

De esta manera fue creciendo cada vez más el quantum de esos pasivos de corto y cortísimo plazo del BCRA y el coste financiero consiguiente de  los servicios de esta deuda combinada.[1]

LOS PASIVOS DEL BCRA

La estructura o composición de los principales rubros del Pasivo del BCRA muestra la situación financieramente patética a la que ha sido llevado el Banco en las postrimerías de la administración Macri, producto de la gestión Sturzenegger-Caputo-Sandleris.

El cuadro de situación actual del Banco exhibe una ecuación fuertemente negativa como resultado combinado de un desequilibrio de fondo – Reservas  por 43.800 MD contra Pasivos de Corto/Cortísimo plazo por el equivalente a 68.000 MD – y estrangulamiento financiero por la inmediatez de la mayoría de estos pasivos, agravada por el arbitraje entre Tipo de Cambio y Tasas de Interés bajo esquema de Libre Movimiento de Entrada/Salida de Capitales.

El Balancete al 30.11.2019 – Estado Resumido de Activos y Pasivos – del BCRA consigna los siguientes saldos más importantes,[2] que merecen ser tenidos en cuenta:

CUADRO I: PASIVOS DEL BCRA Y OTROS RUBROS DEL BALANCE DEL BANCO A NOVIEMBRE DE 2019.

 

Rubro

 

M$

 

B$

 

(≡) MD

 

Observaciones

ACTIVO
RI – Reservas 2.620.350 2.62 43.800 Reservas Internacionales Brutas.
1. Títulos Públicos 817.800 0.82 13.700 Bonos/Letras del Tesoro Nacional.
2.  AT – Adelantos 562.700 0.56 9.400 Adelantos Transitorios al Tesoro.
Subt.  c/ Tesoro (1+2) 1.380.500 1.38 23.100 Acreencias c/Tesoro Nacional.
Pases Activos 1.528.550 1.53 25.500 Ver Nota Importante.[3]
Total del ACTIVO 5.813.900 5.81 97.100
PASIVO
– Leliq 876.600 0.88 14.600 Letras de Liquidez (plazo 7 días)
– Pases Pasivos 1.526.100 1.53 25.500 Obligaciones del BCRA (a 1 día)
Subtotal 1 2.402.700 2.40 40.100
– Encajes Dólares. 486.700 0.49 8.100 Ctas. Ctes. Moneda Extranjera.
– Otros Pasivos 1.183.450 1.18 19.800 Swap con China
Subtotal 2 1.670.150 1.67 27.900
Pasivos relevantes 4.072.850 4.07 68.000 Suma de los 4 rubros.
Total del PASIVO 6.237.300 6.24 104.200
PATRIMONIO NETO (-) 423.400 – 0.42 7.100
PASIVO + P. NETO 5.813.900 5.81 97.100

 

Fuente: Datos del BCRA y elaboración propia del Autor.

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS IMPORTANTES SOBRE LOS RUBROS DEL CUADRO:

  1. a) Dada la libre movilidad de entrada y salida de capitales financieros externos de corto plazo bajo la administración Macri se generó una enorme bola de nieve por deudas del BCRA primero en Lebac (hasta el año pasado) y luego por Leliq y Pases Pasivos (hasta la fecha).[4]
  2. b) Este proceso no fue una resultante o consecuencia derivada imprevista por el BCRA sino estimulada por el Banco dada su Política de altas Tasas de Interés Locales en Pesos o Política de Tasas Reales Positivas (superiores a la Inflación) bajo régimen de libre movimiento de fondos externos citado.
  3. c) El aumento a niveles extraordinarios de las Tasas del BCRA – las más altas del Mundo – generó un mecanismo perverso de arbitraje entre Tipo de Cambio y Tasa de Interés que colocó al Banco bajo condiciones extorsivas de los acreedores financieros del Estado (grandes fondos internacionales de inversiones de riesgo y bancos de inversión que lucran a través del llamado carry trade o bicicleta financiera).
  4. d) El nivel de las Tasas de Interés creció más que proporcionalmente al stock de deudas de corto plazo, potenciando la sangría o saqueo financiero del BCRA.
  5. e) La entrada de Capitales Golondrina por esta vía sostuvo en la práctica una Política de Retraso Cambiario relativo llevada a cabo por el gobierno Macri durante el bienio 2016-2017, que se quebró por la corrida cambiaria desde Abril de 2018 hasta las elecciones del 27.10 de este año, que terminó disparando el actual proceso inverso de devaluaciones forzadas.
  6. f) La Política de Atraso del Tipo de Cambio (política de dólar barato) fue sostenida como requisito del pago de los servicios – fundamentalmente Intereses – del endeudamiento público creciente en dólares y también como garantía de contratación de nuevas deudas en moneda extranjera.
  7. g) Esto se produce porque el Estado recauda básica y casi totalmente en pesos mientras que el 80 % de la Deuda Pública del Gobierno Central está en moneda extranjera, de modo que la relación de conversión peso-dólar deviene más conveniente bajo condiciones de atraso cambiario (como llevó a cabo el gobierno kirchnerista – especialmente en su último tramo – y el gobierno macrista en sus dos primeros años de gestión).
  8. h) La abrupta salida de capitales financieros desde la corrida cambiaria del año pasado hasta las PASO del 11.8 y las elecciones presidenciales del 27.10 del corriente año quitó a la administración Macri este sostén artificial de las Reservas por vía de retraso cambiario y desató con ello la Crisis de Deuda tanto en cabeza del Gobierno Nacional y de las Provincias (una decena de ellas con fuerte proporción de deuda en moneda extranjera) como también la crisis de Deuda del BCRA, derivada de su deuda directa en dólares (encajes por depósitos bancarios en esa moneda y valor de conversión de la deuda por swap de China) y de la más peligrosa deuda indirecta o dolarizable en pesos por migración a dólares y salida del país (Lebac-Leliq y Pases Pasivos), dada la convertibilidad de pasivos y la facilidad de libre movilidad de capitales.
  9. i) Con esto se dio la aparición de un Patrimonio Neto negativo del BCRA, como producto de la baja de Reservas en Dólares (por retirada de capitales financieros) y el aumento del monto de Pasivos a corto plazo en Pesos (Leliq y Pases Pasivos) por un monto que se fue acrecentado con las sucesivas devaluaciones producidas desde el 2018, hasta llegar hoy al equivalente de más de 40.000 MD (Subtotal 1 del Cuadro).
  10. j) De hecho el altísimo costo de los intereses a pagar por parte del BCRA por los servicios de Leliq y Pases Pasivos es tan elevado que el stock de estos pasivos de cortísimo plazo (7 y sólo un día respectivamente) inhiben la posibilidad de cancelación y aumentan vertiginosamente el quantum de la deuda por capitalización sistemática de las obligaciones.
  11. k) Una parte importante de fondos se ha retirado últimamente de las Leliq, con la consiguiente inyección de dinero excedente por el BCRA al Mercado (estimada en unos 300.000 M$) pero la gran mayoría de tales retiros en la práctica a migrado a Pases Pasivos, engrosando así la masa de estos pases a más de 1.5 B$.
  12. l) El hecho de que las sucesivas devaluaciones impliquen una licuación relativa de las deudas del BCRA expresadas en dólares – hoy por un total equivalente a 68.000 MD – no le quita gravedad a la situación del Banco ni criticidad al estrechísimo perfil de vencimientos de sus obligaciones de cortísimo plazo.

Se trata seguramente del primero y principal problema a encarar por la nueva dirección del BCRA y cuyo manejo se vería en forma cuasi inmediata.

Ergo, la situación de quebranto fáctico del Banco – desde la Crisis de Deuda del 2018 hasta el presente – no sólo habría sido el mayor determinante del pedido de salvataje del presidente Macri al Fondo Monetario Internacional (FMI) sino que se mantiene como un problema insoluble en el contexto de arbitraje tipo de cambio-tasas de interés combinado con libre movilidad de capitales, proceso éste que no puede ya ser sostenido por las autoridades.

Notablemente, se habla mucho – y se habla con razón – de la grave situación del endeudamiento público fiscal del Tesoro pero no se habla de este sobre-endeudamiento crítico del BCRA.

TIPO DE CAMBIO Y BCRA

En medio de la Crisis de Deuda Argentina y la negativa de las autoridades – gobierno saliente Macri y gobierno entrante Fernández – de blanquear la real insolvencia de la Argentina declarando el estado de default fáctico el régimen cambiario se ha envilecido y el costo financiero de los intereses a pagar se ha disparado en forma extraordinaria.

Frente a un Dólar Oficial de aproximadamente 63-60 $/US$ – para tipo de cambio Minorista y Mayorista respectivamente – las nuevas restricciones de compra de divisas para personas físicas (de 10.000 a 200 dólares por mes) reinauguraron una nueva etapa de cepo cambiario, análoga a la que rigió en los últimos tiempos de la administración CFK.

Con el agravante que, ante la alternativa permitida de operaciones de Contado con Liquidación (CCL) o Dólar Fuga (compra en pesos de activos financieros en la Argentina y venta en dólares en la Bolsa de Nueva York) y de operaciones de Dólar MEP en la Bolsa de Buenos Aires las disposiciones de retención de divisas terminan siendo burladas, con aumento de la Deuda Externa del país según Criterio de Residencia.

Y con el agravante que existe una total impunidad para la compra-venta de dólares paralelos (blue, informal o negro, como quiera llamarse) porque el sistema de cuevas y arbolitos se ha incrementado sustancialmente en los últimos tiempos sin acción en contra alguna de las actuales autoridades.

De esta manera, nos encontramos con que hoy se convive así en la Argentina con un régimen híbrido, informal e inmanejable de tipos de cambio múltiples: oficial a 60 $ Mayorista y 63 $ Minorista, Banco Nación (BNA) a 62.25 $, Paralelo-Blue a 70 $, Dólar Bolsa-MEP a 76 $ y Dólar CCL a 79, casi 80 $ (todos ellos con valores diarios fluctuantes).

Como simple ejercicio comparativo, si tomáramos como paridad o convertibilidad de referencia – tipo de cambio teórico o aparente (producto de dividir la BM-Base Monetaria por las RI-Reservas Internacionales) – tendríamos valores notables:

CUADRO II: TIPO DE CAMBIO TEÓRICO O APARENTE SEGÚN DATOS DEL BCRA

Base Monetaria Monto M$        por rubro Monto M$ acumulado Monto Acum/RI: TC $/US$ Observaciones
BM simple 1.671.600 1.671.600 38.16 Base Monetaria
BM + PP 1.526.100 3.197.700 73.01 + Pases Pasivos
BM + PP+ Leliq 876.600 4.074.300 93.02 + Leliq

 

Fuente: Datos del BCRA y elaboración propia del Autor.

El sentido de este Cuadro es mostrar en forma comparativa el valor teórico de respaldo del dólar como producto del cociente Base Monetaria (BM) / Reservas (RI), siendo que la verdadera BM final es, en definitiva, la que surge de la suma de los tres rubros (BM Amplia) y no sólo de la BM simple.

Una de las formas engañosas de manejo de las Metas de BM pactadas con el FMI y presentadas por el BCRA ha residido, en realidad, en tomar como indicador la BM simple sin contar las Leliq y Pases Pasivos, que son también BM retenida pagando altos intereses.

Hoy en día, con el desarme de posiciones en Leliq, la BM simple está incrementándose fuertemente pero la mayoría de los fondos – los que no se hayan convertido en dólares y salido del Sistema – han sido traspasados a Pases Pasivos, con lo que el costo financiero por Intereses a Pagar ha crecido más todavía (por Tasas Efectivas calculadas sobre obligaciones de mínimo plazo: Pases a un día).

INTERESES A PAGAR

El costo financiero del macro-endeudamiento en Leliq – ex Lebac – y Pases Pasivos obviamente no ha sido ni es neutro para el BCRA.

La sangría financiera del Banco ha llegado a niveles de récord histórico, tanto en Pesos como en Dólares, según se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO III: INTERESES A PAGAR POR EL BCRA

Rubro Stock en Pesos Stock en Dólares Tasa  Interés Intereses anuales $ Intereses anuales US$ Intereses diarios $ Intereses diarios US$
Leliq 876.600 14.600 63 % a 552.250 9.200 1.500 25
Pases P 1.526.100 25.500 55 % a 839.350 14.000 2.300 38
Total 2.402.700 40.100 (58 %) 1.391.600 23.200 3.800 63

 

Fuente: Datos del BCRA y elaboración propia del Autor.

Esto significa que, conforme a estas realidades diarias y a sus proyecciones anuales,  el BCRA tiene actualmente más Intereses a Pagar que el Tesoro – que según el Proyecto de Ley de Presupuesto 2020 serían el año que viene de 1.208.000 M$ (≡ 18.000 MD al tipo de cambio previsto de 67.11 $/US$) – siendo que la gran mayoría de estos intereses del Banco no se pagan sino que se capitalizan por anatocismo, con lo cual la bola de nieve de los intereses sigue creciendo en gran escala.

Si un Deudor – en este caso, el BCRA – tiene una Deuda enorme e impagable (lo mismo que pasa con el Gobierno Nacional) y esa deuda o conjunto de deudas devenga intereses igualmente impagables, que además aumentan más que proporcionalmente el quantum de esas obligaciones por el proceso de capitalización, ello significa que en algún momento tendría que sincerarse esta situación blanqueando la cesación de pagos de hecho que conlleva.

Sin embargo, el problema del sobre-endeudamiento del BCRA – a diferencia de parte del problema de la Deuda del Gobierno Nacional y las Provincias – parece estar hoy fuera del conocimiento y de la discusión pública.

La alternativa de un nuevo Plan Bonex no soluciona esta cuestión porque significa el traspaso de la deuda del Banco al Tesoro que aumentaría el stock de la deuda ya impagable del mismo, aunque eventualmente sujeta al Nuevo Megacanje en estudio.

Empero, de los cuatro rubros de Deuda del BCRA del Cuadro I esto alcanzaría sólo al monto de las Leliq, no al de Encajes en Moneda Extranjera ni Swap con China, y difícilmente aclararía el problema de los Pases Pasivos y el subsidio que ello implica para los Bancos y los Fondos especulativos de Inversión que operan a plazo inmediato.

EN SINTESIS:

El nuevo gobierno Fernández hereda de la administración macrista un gravísimo escenario de endeudamiento financiero bicéfalo: en cabeza del Tesoro y del BCRA.

A diferencia del primero, este segundo aspecto está notablemente soslayado ante la opinión pública por parte de la tríada Gobiernos (actual y nuevo) – Clase Política – Medios.

El Dr. Alberto Fernández dijo hace pocas semanas a que había que bajar las tasas de interés que el Estado paga a los Bancos para poder darles aumento a los jubilados, una frase lógicamente muy efectista aunque sujeta a una compleja instrumentación a determinar.

El problema de fondo es que el Estado Argentino subsidia en la práctica al Sistema Bancario y al Sistema Financiero en general, y lo hace a través de las altísimas tasas de interés que paga a los acreedores del Fisco y del BCRA, que son las más altas del Mundo y que subordinan al país al juego de las formas más perversas de especulación por altas Tasas de Interés que se transmiten al Mercado y que neutralizan así el funcionamiento normal de la Economía Física o Real.

Y estas cosas no ocurren porque se apliquen o hayan aplicado políticas equivocadas sino porque se aplican Políticas de Poder, y el Poder de los Sectores  Financieros es mayor que el Poder del Estado.

El saliente gobierno Macri – repitiendo las maniobras de base de la corrupción financiera clásica de las épocas del Proceso Militar y de la Convertibilidad Menemista – llevó a la Argentina a un nuevo período de servidumbre financiera a través del Sistema de la Deuda y deja ello como la más pesada herencia a la nueva administración Fernández.

Se trata ciertamente de la instrumentación del saqueo financiero más grande de la Historia Argentina, organizada desde el gobierno del Estado y de la que, temprano o tarde, debiera dar cuenta  la administración Macri.

Más, en lo inmediato, al gobierno Fernández-Fernández le toca tomar decisiones con muy poco tiempo de respuesta porque la tormenta financiera de la nueva Crisis de Deuda – del Tesoro, de las Provincias y del BCRA – le está encima y le deja planteado un problemático juego que hoy por hoy tiene un final abierto.

***

ANEXO:

INFORMACIÓN COMPARATIVA DE INTERESES BCRA KIRCHNER-MACRI (Nota 4).

Al final del gobierno Kirchner (CFK) – según datos del BCRA – el stock de Lebac era de 346.300 M$ y el de Pases Pasivos de 141.500, que al tipo de cambio vigente a esa fecha  (7.12.2015) de 9.73 $/US$ equivalían a 35.600 y 14.500 MD respectivamente. En total, pasivos por 487.800 M$ ≡ 50.100 MD. Y las Reservas eran entonces de 25.000  MD.

Hoy – según surge de las cifras del Cuadro I – estas sumas se han multiplicado 5 veces en Pesos (2.402.700 / 487.800 = 4.93) pero notablemente han disminuido comparativamente en Dólares, en unos 10.000 MD (40.100 hoy contra 50.100 a fines K).

Las Reservas Brutas son ahora de 43.800 MD, aunque en ambos casos – 2015 y 2019 – no se toman aquí las Reservas Netas, propias o de Libre Disponibilidad sino las nominales o Brutas.

La explicación primaria de este fenómeno del valor de los pasivos a corto plazo del BCRA reside en el atraso cambiario existente a fines del 2015 y, recíprocamente, en el hecho que durante el bienio 2018-2019 el peso argentino ha tenido sucesivas devaluaciones frente al dólar.

Paralelamente, se han agravado la condiciones de inmediatez de los vencimientos – gran incremento de Leliq (a 7 días de plazo) y Pases Pasivos (a sólo un día) – se ha producido la suba extraordinaria de las tasas de interés – que en 2015 estaban en el orden del 30 % y hoy son más del doble – y consecuentemente  se ha incrementado más que proporcionalmente la cuenta de los servicios de Intereses a Pagar por la deuda a corto/cortísimo plazo.

De allí la importancia del peso de los nuevos Intereses de la Deuda cuasi-fiscal del BCRA que se cuantifican en el Cuadro III, que deviene el problema más acuciante desde el punto de vista financiero por el estrangulamiento de los pagos y/o la capitalización de los Intereses.

En el año 2015 – según el Balance de cierre Anual – el BCRA tuvo Intereses Ganados sobre las Reservas por 214 M$ (≡ 16.5 MD, al tipo de cambio final de 13.005 $/US$) contra Intereses Perdidos (Pagados) por 77.200 M$ (≡ 5.900 MD, casi 6.000). Esto es, una relación mucho peor que hoy: 360 veces a uno.

Sin embargo, cuando se comparan las cifras totales de pago de Intereses de la administración CFK al fin del ejercicio en valor absoluto en dólares, por esos 6.000 MD (en realidad, cifras cuasi-finales, porque son datos al 31.12.2015) (*) con las proyecciones actuales de intereses a pagar que surgen del Cuadro III – que dan más de 23.000 MD – resulta que hoy el BCRA Macrista estaría pagando así  4 veces más Intereses medidos en dólares que los que pagaba el Kirchnerismo en el año final de su gestión.

 

(*) No es un detalle menor que entre el 7.12 (fin del mandato CFK) y el 31.12.2015 – apenas asumida la administración Macri, con Federico Sturzenegger al frente del BCRA –  el stock de Lebac haya crecido casi inmediatamente de 346.300 a 416.600 M$ (70.300 M$) y que el stock de Pases Pasivos haya aumentado de 141.500 a 185.000 M$ (43.500 M$).

 

Por último – volviendo a las cifras comparativas entre fines de las administraciones CFK y Macri – cabe señalar la existencia de un proceso compensatorio reciente y poco observado: el hecho que, a raíz de las sucesivas devaluaciones desde el año pasado, el BCRA viene licuando sensiblemente el peso de sus pasivos remunerados (Leliq y Pases Pasivos) cuando se los expresa en dólares.

Un hecho que habrá que analizar debidamente en caso que se produzca alguna suerte de nuevo Plan Bonex con dolarización de pasivos en pesos.

[1] El cuadro de situación financiero-contable del Banco en materia de Resultados por Intereses es dramático, por no decir burlesco: según el Balance 2018 durante el Ejercicio se ganaron por Intereses derivados de la colocación de Reservas 11.700 M$ (≡ 300 MD) mientras que en el mismo período los Intereses Perdidos por Lebac/Leliq sumaron 383.200 M$ (≡ 10.000 MD).

Esto es, que el costo financiero de la compra de Reservas con Deuda fue 33 veces mayor al rendimiento de esas Reservas colocadas en el Exterior.

[2] Abreviaturas: M$/MD y B$ son Millones de Pesos/Dólares y Billones de Pesos respectivamente. Las cifras se expresan siembre con redondeo, por lo que pueden darse mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos. Los importes se muestran con equivalencia (≡) entre Pesos y Dólares al tipo de cambio oficial del BCRA de 59.86 $/US$ vigente al 30.11.

[3] Los Pases Activos no se descuentan o netean aquí de los Pasivos porque no serían créditos concretos del BCRA sino sólo el registro de garantías dadas por el Banco sobre los Pases Pasivos y/u Otros Pasivos (caso del Swap con China).

Se trata de un rubro cuyo tratamiento financiero-contable no está claro por parte el BCRA.

[4] Ver anexo explicativo al final de este Trabajo.

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La deuda y los nuevos buitres detrás del canje

Entrevista AL DORSO | Héctor Luis Giuliano 27.11.2019. En los últimos meses de la gestión actual de gobierno, la situación financiera y de deuda pública de nuestro país alcanzó nuevas características que deberán ser afrontadas a muy corto plazo cuando el gobierno de Alberto Fernández asuma el próximo diciembre (…)

 

La deuda y los nuevos buitres detrás del canje

Entrevista AL DORSO | Héctor Luis Giuliano 27.11.2019.

En los últimos meses de la gestión actual de gobierno, la situación financiera y de deuda pública de nuestro país alcanzó nuevas características que deberán ser afrontadas a muy corto plazo cuando el gobierno de Alberto Fernández asuma el próximo diciembre. Los datos oficiales sobre la deuda pública al 30 de septiembre indican que el monto de la deuda bajó. “Debe menos expresado en dólares porque el gobierno está licuando la deuda en pesos, cuando la denomina en dólares da menos” explica Héctor Luis Giuliano.

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«El valor traducido a dólares a descendido relativamente. Esto es doblemente engañoso. No es producto de un descenso de deuda, es por licuarla. Es consecuencia de una licuación» agrega Héctor Luis Giuliano. Como consecuencia de esta licuación de deuda en pesos, explica: “¿Quién gana y quién pierde? Gana la Tesorería pero se perjudican los acreedores en pesos del Estado. ¿Quiénes son esos organismos? Son los organismos inter-estado como la ANSES por ejemplo. La plata de los jubilados se empezó a licuar”. En la actualidad el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados tiene el 72% del dinero prestado al Estado, y es el propio Estado el que licúa ese dinero.

El Fondo Monetario Internacional puede realizar un acuerdo de facilidades extendidas que puede llegar a siete o diez años, pero con reformas estructurales muy severas como pueden ser la reforma laboral, una nueva modificación en la reforma previsional, realizar un ajuste fiscal, etc. A esta situación de reperfilamiento de la deuda, a la situación crítica que atraviesa el Banco Central de la República Argentina con vencimientos de letras, se abre un nuevo -aunque conocido- escenario con la aparición de los fondos buitres.

«No tenía plata Macri y no va a tener plata el próximo gobierno. La Argentina puede sentarse a hacer otra renegociación con los acreedores privados, por eso se presentan estos nuevos fondos buitre». Desde el año pasado hasta la actualidad, los bonos argentinos han bajado su valor, llegando hasta un 30 por ciento del total. Ante esta baja, los fondos buitre compran estos bonos para luego sentarse a negociar al 100 por ciento de su valor.

“Un fondo de inversión monstruo compró a un promedio de un 40% de su valor. Aunque se sienten a negociar y den la gracia de la quita del 10% o 20%, los tipos compraron a 40%, lo reenvían al 100% así que ganan el doble. Y si no aceptan este tipo de negociaciones le hacen a la Argentina un agujero enorme» explica Héctor Luis Giuliano. 

«Estamos así por habernos metido con el Fondo después de la crisis que generó Macri el año pasado”. La situación ante las posibles negociaciones es de clara desventaja, además de la poca estructura financiera en la que se encuentra el país. Aún así, Héctor Luis Giuliano concluye: “La declaratoria de Alberto Fernández es más dura que la de sus asesores» quienes plantean un panorama más compensador, tanto para acreedores privados como para los entes internacionales de financiación.

***

CRISIS DE DEUDA Y NUEVOS FONDOS BUITRE

Por Héctor GIULIANO (16.11.2019)

Como consecuencia de su política de Gobernar con Deuda (obligaciones sin capacidad de repago) la administración Macri llevó al país a una nueva Crisis de Deuda en 2018 – que se prolonga hasta hoy por iliquidez e insolvencia del Estado – una crisis de la que sobrevive sólo merced al sostenimiento del tándem gobierno Trump-FMI y con el altísimo costo financiero de los servicios de la Deuda del Tesoro y del Banco Central (BCRA) que son los más altos del Mundo.

Pero esta ya de por sí gravísima situación fue acompañada por un hecho tanto o más riesgoso y menos conocido, que es el importante cambio en la estructura de los acreedores de la Deuda Pública. Desde el año pasado – a instancias de las recomendaciones de grandes consultoras, bancos internacionales y fondos de inversión – la caída generalizada de bonos argentinos vino siendo aprovechada para la compra masiva de títulos públicos que cotizaban a 40-45 % de su Valor Nominal (VN) o Facial y que ahora llegan incluso al 30 %, según los casos.

Con el correlato de una suba de la sobretasa por riesgo país superior a los 2.500 PB (Puntos Básicos, equivalentes a un 25%) dentro de un Mercado de Capitales Externos bloqueado para la Argentina. En este contexto, el próximo 10.12 tiene que asumir y empezar a tomar decisiones el nuevo presidente electo, Alberto Fernández.

CUADRO DE SITUACIÓN

Hasta hace pocos días, se suponía que el saliente gobierno Macri podía llegar a dejar acordado un convenio modificado con el FMI antes del traspaso del poder, y hasta eventualmente un pre-acuerdo con los acreedores sobre la base del proyecto de reperfilamiento de la deuda de corto plazo – local e internacional – con el objeto de comprometer a la administración entrante y, a la vez, desligarla de la responsabilidad de ser actor de tales arreglos (cosa que pudiera servirle a Alberto Fernández para declararse víctima de una situación heredada del Macrismo y a la vez evitar ser sindicado como responsable del fracaso de una negociación de último momento supuestamente exitosa).

Pero las cosas parece que no se están dando así ahora:

a) La posición de Fernández tomó un carácter más duro en los últimos días (al menos, en cuanto a sus declaraciones públicas): el presidente electo volvió a decir que la Argentina está en virtual default, que en las condiciones en que deja Macri al país no se puede pagar la Deuda y que el FMI es co-responsable de esta nueva Crisis de Deuda.

En este aspecto, las manifestaciones del presidente electo son mucho más duras que las de sus principales colaboradores que están en contacto con los Acreedores (Matías Kulfas, Emmanuel Álvarez Agis, Guillermo Nielsen o Martín Redrado).

b) El agravamiento del estado de quiebra al que ha sido llevado el BCRA se acelera en forma más peligrosa: de la Bomba de las Lebac – el año pasado – que estaban en promedio a 30 días de plazo y con tasas del 38-40 % anual, se pasó a la Bomba de las Leliq, que son a 7 días y pagan hoy el 63 % anual (habiendo llegado hasta el 75 %) y ahora se está pasando a la Bomba de los Pases Pasivos, que son obligaciones a sólo un día de plazo y pagan el 57 % anual de interés.

Según datos del BCRA al 31.10 pasado el stock de Leliq había descendido relativamente a menos de 1.0 B$ (984.000 M$ ≡ 16.500 MD)[1], como producto de retiros de bancos de las Letras de Liquidez (relacionados a su vez con la no renovación de plazos fijos de sus grandes depositantes)[2] y del fuerte traslado de la mayoría de estos fondos a Pases Pasivos, que en la actualidad suman más de 1.5 B$ (1.516.400 M$ ≡ 25.400 MD). En total, 2.5 B$ (2.500.400 M$ ≡ 42.000 MD).[3]

c) La concentración de vencimientos de la Deuda del Tesoro – paralela al endeudamiento de corto y cortísimo plazo del BCRA – también se ha venido agravando en los últimos tiempos: en un intento de cuadro de situación (con los pocos datos concretos disponibles), la administración Macri le habría traspasado por DNU al nuevo gobierno vencimientos por unos 12.500-14.000 MD en función del reperfilamiento unilateral de deudas que caen ahora entre Diciembre de este año y Febrero del 2020, parte de otros 13.500 MD que estarían venciendo en lo que queda del segundo semestre del 2019 (según estimaciones a Setiembre) y la des-cobertura total de los vencimientos que caen el año que viene, dado que no se contaría ya con los desembolsos del FMI (giros que han servido para sostener al presidente Macri pasándole la cuenta de pago a la próxima administración electa).

Según el Proyecto de Ley de Presupuesto 2020 la Administración Central tiene que hacer frente a vencimientos de Capital o Principal de la Deuda Pública por 52.000 MD – que se piensa, como siempre, en renovar hasta el último centavo dado que no se cuenta con fondos para el pago –  y tomar Deuda Nueva por otros 43.000 MD (de los cuales 20.000 MD corresponden a renovación de Letras del Tesoro): un total previsto de Endeudamiento Público por 95.000 MD (!) para un país que se encuentra en estado de cesación de pagos.

Una situación de Default – por iliquidez e insolvencia fiscal (del Tesoro) y cuasi-fiscal (del BCRA) – que las autoridades se niegan a reconocer y la enmascaran en forma burda con el roll-over (renovación o refinanciación) permanente de todos los vencimientos y con el pago y/o capitalización de cada vez mayores sumas de intereses.[4] Tal la patética situación financiera del Estado que deja como herencia el gobierno Macri a la nueva administración Fernández y los términos en que, en principio, tiene que arrancar la misma.

NEGOCIACIONES SECRETAS EN CURSO

Mientras la triada Gobierno-Clase Política-Medios mantiene silencio de radio sobre el estado actual de las negociaciones en curso, tanto autoridades actuales como futuras mantienen febriles conversaciones acerca de la situación de default argentino derivada de la nueva Crisis de Deuda Macri.

Mientras representantes del Gobierno – como el Ministro de Hacienda Lacunza y el titular del BCRA Sandleris – y de la futura administración – como Matías Kulfas y Álvarez Agis – afirman en falso que la Argentina es solvente para afrontar sus compromisos y que el país no está en default (mientras Fernández habla de un virtual default) en Nueva York se ha constituido ya un Comité de Acreedores sobre el caso Argentino.

El presidente electo ya habría recibido – según sus propias declaraciones – unas 13 propuestas de reestructuración de Deuda por parte de Bancos, Fondos de Inversión, Consultoras y otros gestores individuales de lo que acertadamente se identifica desde hace muchos años como los muchachos del Club de la Deuda, es decir, del conjunto de actores del submundo financiero institucional que pelean por espacios de influencia y los jugosos negocios de canje de pasivos, comisiones, honorarios, gastos, etc.: todo un conjunto de actividades secretas – porque al amparo de la complicidad de los gobiernos de turno nunca se hacen públicas – que terminan configurando siempre un grande e impreciso agujero de gastos para el Estado.

Se dice, según los pocos trascendidos periodísticos, que el Comité de Acreedores (Steering Committee) de Nueva York (un comité creado cuando la Argentina no ha declarado todavía default!) estaría compuesto – entre sus protagonistas principales conocidos – por los fondos de inversión Greylock Capital (de capitales originarios holandeses y cuyo CEO es hoy Hans Humes), Fidelity (fondo norteamericano de origen familiar cuyo titular es Edward Johnson III), T. Rowe Price (fondo también norteamericano y de origen familiar), Amundi (fusión de Credit Agricole y Societé Generale, de Francia), Blackrock (fondo de capitales judío norteamericano creado y dirigido por Larry Fink y Robert S Kapito, que es el fondo que manejaría más activos financieros en el mundo), Marathon, Templeton (fondo norteamericano de origen familiar presbiteriano, cuyo representante en la Argentina era Gustavo Cañonero, actual vicepresidente primero del BCRA) y otros.

Estas instituciones financieras internacionales son parte y/o se suman a la serie de contactos que están teniendo – en Buenos Aires y en Nueva York – Merrill Lynch, JP Morgan, Banco Itaú, Bank of América, Monarch, MFN Partners, Investec, VR Capital (fundado y dirigido por Richard Deitz), Farallon Capital, Lazard Freres (de Francia, considerado una colateral de la Banca Rothschild) y otros tanto con funcionarios del gobierno Macri como con los representantes del presidente electo Alberto Fernández.

Un capítulo especial corresponde a los bancos españoles con intereses financieros en la Argentina – comenzando por el principal, que es el Banco Santander, presidido por Ana  Botín, y seguido por el BBVA – que sumarían en conjunto acreencias por unos 23.000 MD y que ya han tomado contacto directo, aquí y en Madrid, con Alberto Fernández y Mauricio Macri. La lista de pesos pesados financieros podría extenderse y ampliarse mucho en cuanto a sus antecedentes y datos de detalle pero esencialmente las negociaciones que se llevan a cabo por definición se mantienen en secreto.

Se trata de nuevos Fondos Buitre (FB) que están otra vez revoloteando sobre la Argentina, al acecho de la nueva reestructuración de Deuda que se avecina y que se dice podría involucrar la refinanciación de pasivos por el total de unos 150.000 MD: otro nuevo récord histórico para nuestro país y para el Mundo. En este contexto macro de Crisis de Deuda – y en línea con la acción de los nuevos FB – se entienden las amenazas diplomáticas que está recibiendo el presidente electo Alberto Fernández: advertencia del Secretario del Tesoro Norteamericano Steven Mnuchin  de que Estados Unidos “espera que la Argentina cumpla sus compromisos con el FMI”, llamada del presidente Trump para saludarlo y ofrecerle su apoyo para las renegociaciones con el Fondo y paralelo aviso de la nueva Directora Gerente, Kristalina Georgieva  y su vocero de prensa Gerry Rice en el sentido que el Fondo “está listo” para encarar nuevas conversaciones con su gobierno.

Una suerte de ofrecimientos imperativos que son muy difíciles de resistir. Es un método de comportamiento del capital financiero y su mundo político en términos parecidos a la frase de Don Corleone en la famosa película “El Padrino” cuando decía: “voy a hacerle una oferta que usted no podrá rechazar”.

FONDOS BUITRE Y CENSO DE ACREEDORES

Desde el estallido de la Crisis de Deuda Macri en Abril de 2018  – como dijimos al inicio de este trabajo – la caída de los títulos públicos argentinos dio lugar a un fuerte cambio de manos por compra-venta de bonos, con el ingreso consiguiente de nuevos fondos especulativos en la Deuda de nuestro país: los nuevos Fondos Buitre que entraron para lucrar con el diferencial de precios de cotización. Entre los pocos datos conocidos se cuenta especialmente la irrupción de los grandes fondos Black Rock y Templeton, entre otros, que se los entiende ligados a la administración Trump y su alineamiento político internacional.

El gobierno Macri, ante su abierto fracaso en materia económico-financiera, solicitó en Mayo de 2018 el salvataje del FMI para no tener que declarar el default, para no interrumpir así el pago de intereses a los acreedores y para poder llegar a completar su mandato en Diciembre de 2019. Pero al fracaso de su  política económica y financiera le siguió este año el fracaso del Acuerdo Stand-By suscripto por el FMI, lo que llevó a la suspensión del desembolso de 5.400 MD que debía hacerse en Setiembre pasado, después de haberle girado a la Argentina 44.100 de los 56.300 MD pactados. Esto ha colocado al FMI como el principal acreedor individual del país y éste además, por su condición de Organismo Internacional, tiene prioridad de cobro en caso de default y a valor nominal del préstamo concedido.

Por este motivo, en caso de reestructuración de Deuda no habría renegociación posible con los acreedores sin un acuerdo previo con el Fondo. El gobierno Macri reperfiló unilateralmente gran parte de los vencimientos del segundo semestre de 2019 (los 12.500-14.000 MD citados) – es decir, los pateó para adelante – traspasándolos así al nuevo gobierno Fernández, con lo que se suman a los vencimientos del 2020. Como nuestro país no tiene liquidez ni solvencia para afrontar esta combinación de vencimientos – sumada a la grave situación del BCRA por su deuda de corto y cortísimo plazo – deviene inevitable que se proceda a negociar una nueva reestructuración o canje de Deuda con los acreedores del Estado, empezando por el FMI.

Alberto Fernández – en línea con sus colaboradores y hasta con funcionarios del propio gobierno Macri – habló de una “salida a la uruguaya” (por su analogía con el Acuerdo de 2003 entre FMI y Acreedores Privados bajo el gobierno de Jorge Batlle), lo que supone refinanciar deuda extendiendo plazos de vencimiento (reperfilamiento) sin quita de Capital ni rebaja de Intereses. Dado que la Deuda Argentina es la más cara del mundo y la mayoría de los tenedores son nuevos Fondos Buitre (FB) que compraron bonos a precios cuasi-basura (desde 40-45 hasta 30 % de su valor) una propuesta de este tipo pareciera música a los oídos de estos grupos especulativos.

Empero, según las estimaciones hechas en base a Valor Presente de los títulos, a cálculos realizados por economistas y consultores privados, y también a supuestos requerimientos del FMI, se piensa que los márgenes de ganancia de los FB serían lo suficientemente grandes como para que los tenedores de bonos puedan aceptar una quita de hasta un 20 % del Capital y una rebaja relativa en las tasas de interés contra un nuevo Megacanje bajo la garantía de un Acuerdo de Facilidades Extendidas del FMI, que mantendría así su rol de acreedor oficial y auditor de los Acreedores Financieros del Estado.

Y en función de este acuerdo combinado la Argentina recibiría como premio el retorno al Mercado Internacional de Capitales, esto es, la vía para volver a endeudarse en el Exterior. Siendo que tales ventajas relativas – como ha ocurrido siempre en los Megacanjes de Deuda – serían presentadas ante la opinión pública como supuestos éxitos de negociación. Todo esto corresponde por ahora al plano de las conjeturas y no de los hechos, pero cabe recordar que el Kirchnerismo tiene malos antecedentes al respecto:

a) En Enero de 2006 el presidente Néstor Kirchner pagó al FMI por anticipado la totalidad de su deuda con el Organismo: 9.530 MD (abonados con reservas internacionales del BCRA, que luego fueran repuestas con Deuda). El pago – lo mismo que había ocurrido días antes con Brasil y otros países menores – era producto de una exigencia del FMI pero fue presentado como una forma de liberación del Fondo.

b) Algo parecido sucedió años después, en 2014, cuando el gobierno de Cristina Fernández (CFK) refinanció la Deuda acumulada con el Club de París por 9.800 MD – gran parte de la cual estaba investigada por la justicia por la cuestión de la estatización de Deuda Externa Privada – y lo hizo reconociendo dentro de este total (que era originalmente de unos 6.000 MD) más de 3.700 MD de Intereses Punitorios.

c) Pese al discurso público del Des-endeudamiento CFK (que en realidad se refería sólo a la reducción parcial de la Deuda Externa por conversión a Deuda Intra-Estado) la Deuda Pública Total durante el Kirchnerismo aumentó unos 100.000 MD entre 2003 y 2015 (de 151 a 254.000 MD).

Y lo más importante: el Megacanje Kirchner-Lavagna-Nielsen de 2005, que fue vendido a la opinión pública como un gran éxito de negociación pero terminó en un fracaso (como todas las grandes reestructuraciones de Deuda, desde los Acuerdos de Nueva York de Alfonsín 1985-1987, el Plan Brady de Menem-Cavallo de 1992-1993 y el Megacanje De la Rúa-Cavallo del 2001), con el agravante que dejó el agujero negro jurídico y financiero de los Holdouts, que culminó rematado con los acuerdos de rendición secretos del gobierno Macri en 2016.

El Megacanje K del 2005 se hizo reconociendo la legitimidad de títulos públicos que estaban siendo investigados por la Justicia Argentina (Causas Olmos I-II y Megacanje 2001), aceptando la paridad a Valor Nominal (VN) de bonos que entonces valían un 25-20 % o menos aún en el Mercado, y compensando íntegramente a los acreedores una quita de un 44 % con la entrega de Cupones PBI por 48 %. Una claudicación real que fue presentada como exitosa gestión de Deuda hasta la fecha, que amenaza repetirse hoy – aunque en otros términos y circunstancias – y que notablemente vuelve a tener en juego a varios de sus protagonistas, como el entonces Secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen y el propio Alberto Fernández, que en ese momento era Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

En síntesis:

El gobierno Macri, por culpa de su política de Gobernar con Deuda, llevó a la Argentina a un nuevo Default, sobrevivió financiera y políticamente merced a la ayuda del gobierno Trump con divisas prestadas por el FMI para no interrumpir el pago de intereses a los Acreedores y en complicidad con los nuevos Fondos Buitre le deja una doble bomba de tiempo financiera al nuevo  gobierno Fernández.

En este contexto, la primera medida que debiera tomar la administración entrante es blanquear la insolvencia del Estado Argentino, auditar la Deuda Pública y determinar las responsabilidades del caso; pero para ello – antes de sentarse a negociar – se impone un requisito de base, de lógica y de transparencia, que es realizar un Censo de Acreedores financieros del Estado donde quede perfectamente identificado quiénes son hoy los tenedores de los títulos de Deuda, cuándo los adquirieron, a qué vendedores, a qué precios y a través de qué entidades realizaron tales operaciones.

Algo que nunca se hizo a lo largo de toda la Historia Financiera de la Deuda Pública Argentina por la existencia de complicidad entre los gobiernos de turno y los acreedores reclamantes contra el Estado.[5]

Y hasta que este punto clave no se aclare como corresponde todo nuevo Megacanje de Deuda tiene final abierto.

Porque, en materia de Deuda Pública, el rey está desnudo pero está prohibido decirlo.

[1] Las abreviaturas B$, M$/MD significan Billones de Pesos y Millones de Pesos/Dólares respectivamente y se expresan siempre con redondeo, razón por la que pueden darse mínimas diferencias entres totales  y sumatoria de términos.

Los importes se expresan la mayoría de las veces en Pesos y su equivalente (≡) en Dólares.

[2] Cabe recordar que la gran masa de depósitos a plazo fijo – que son la principal fuente de fondos con la que los bancos compran Leliq – no están constituidas por pequeños y medianos ahorristas (que son muchos en número pero no los más relevantes en cuanto a importes) sino por grandes fondos internacionales de inversión, que han ingresado al país para lucrar por arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés local oficial del BCRA a través de operaciones de carry trade o bicicleta financiera, que se paga en función del sobre-endeudamiento del Banco producido por la administración macrista.

[3] Aquí no están incluidos los Pasivos del BCRA por Cuentas Corrientes en Moneda Extranjera, que son los encajes por los Depósitos Bancarios en Dólares (475.000 M$ ≡ 8.000 MD) – que han registrado también una fuerte caída por retiros de fondos – y Otros Pasivos, que son esencialmente el Swap con China por 1.2 B$ (1.168.700 M$ ≡ 19.600 MD).

Un subtotal de 1.6 B$ (1.643.700 M$ ≡ 27.600 MD) que sumado a las Leliq y Pases Pasivos da un total de 4.1 B$ (4.144.100 M$ ≡ 70.000 MD).

[4] Hoy el Tesoro tiene Intereses a Pagar por más de 3.000 M$ por día y paralelamente el BCRA tiene que afrontar otros 4.000 M$ diarios. Un total conjunto de 7.000 M$/Día.

Tomando como referencia los intereses a pagar de la Deuda del Estado Central (20.000 MD) y los del BCRA (25.000 MD equivalentes por Leliq y Pases Pasivos) la proyección de servicios anuales por Intereses de la Deuda Pública conjuntos da una proyección de unos 45.000 M$ anuales.

Los intereses de las Leliq están calculados a la tasa actual del 63 % anual  y los Pases Pasivos a la del 55-57 %, en tanto que las de la Deuda del Tesoro fue tomada del Presupuesto en curso 2019 *que ya ha quedado desactualizado por un aumento relevante de más de 350.000 M$ adicionales según DNU del Ejecutivo.

[5] En 2004, mientras se negociaba la Oferta de Dubai, EAU – presentada en Setiembre del año anterior – el gobierno Kirchner intentó obtener una suerte de Censo de Acreedores. Para ello contrató los servicios de la banca Lazard Freres, de París, y abrió registros al efecto en cinco consulados argentinos en el mundo: Nueva York, Londres, Frankfurt, Roma y Tokio. El procedimiento, sin embargo, fue boicoteado por los acreedores, que se negaron a identificarse, liderados particularmente por el ex funcionario de la Banca de Italia Nicola Stock, que se atribuía la representación de los bonistas italianos (en su mayoría jubilados que habían sido estafados por los bancos colocadores y luego vendieron masivamente sus títulos a Fondos Buitres que los compraron hasta 17 y 15 % de su valor nominal).

El gobierno de Néstor Kirchner, bajo la gestión Lavagna-Nielsen, terminó desistiendo del intento y los acreedores del Megacanje 2005 quedaron así en el anonimato, resucitando después como Fondos Buitre.

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El nuevo gobierno y la deuda pública

Entrevista AL DORSO | Hñector Luis Giuliano 01.11.2019. pasadas las elecciones generales en nuestro país y con un nuevo gobierno a asumir el 10 de diciembre de 2019, nuestro país sigue dando pasos firmes hacia un default económico (…)

 

El nuevo gobierno y la deuda pública

Entrevista AL DORSO | Hñector Luis Giuliano 01.11.2019.

Pasadas las elecciones generales en nuestro país y con un nuevo gobierno a asumir el 10 de diciembre de 2019, nuestro país sigue dando pasos firmes hacia un default económico. La gestión de Mauricio Macri en materia financiera se vio marcada por una ayuda desmedida -y en contra de su propio estatuto- del Fondo Monetario Internacional para lograr llegar al fin de su mandato. A pesar de dar muestras de una situación controlada de la economía y no declarar la cesación de pagos, en Nueva York se conformó un comité de acreedores para atender la situación real de default.

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En palabra de Héctor Luis Giuliano: “La deuda la tiene que pagar el gobierno que viene. Ahora viene el apriete lógico, hay que estar muy expectante con la movida que haga Alberto Fernández y su equipo. Macri trata de acelerar un compromiso antes del 10 de diciembre que deje pegado a Alberto Fernández”

En este sentido, Héctor Luis Giuliano analiza que “hasta ahora todas las piezas se acomodan a favor de los acreedores”. El tipo de negociación que se está llevando adelante, y a la que se va a seguir apostando, es un reperfilamiento de la deuda. No se negocia un pago de capital ni un pago de intereses. Situación que beneficia a los acreedores porque, como explica Héctor Luis Giuliano, los intereses en estos momentos en Estados Unidos están en baja. 

A la situación de la deuda pública argentina y la deuda del Tesoro Nacional se le suma la del Banco Central de la República Argentina, como lo explica Héctor Luis Giuliano: “El Banco Central tiene en pasivos 74 mil millones de dólares y reservas que están en 43 mil millones. Además, un patrimonio neto negativo y una sangría diaria de intereses por leliqs y pases pasivos”.

Con vencimientos a enfrentar por leliqs en siete días y por pases pasivos que vencen a un día, el Banco Central se encuentra hoy en palabras de Héctor Luis Giuliano en un “estrangulamiento de plazos. Es un colador de intereses. Esta es la situación desastrosa que deja Macri”. Concluye con que no hay un rumbo claro a tomar por parte de la gestión entrante de qué hacer con la deuda paralela en la que se encuentra inmerso el Banco Central de la República Argentina.

 

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TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y EL CAPITALISMO VERDE

Entrevista AL DORSO | Javier Echaide 27.09.2019. El gobierno de Mauricio Macri cierra su administra enfrentando nuevas demandas vinculadas a inversiones internacionales en nuestro país. El CIADI -que se encuentra dentro de la égida del Banco Mundial y al que nuestro país adhiere desde 1994- a lo largo de 2019 presentó cuatro nuevas demandas a las que se deberá responder muy probablemente a lo largo del próximo gobierno (…)

 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y EL CAPITALISMO VERDE

Entrevista AL DORSO | Javier Echaide 27.09.2019

El gobierno de Mauricio Macri cierra su administra enfrentando nuevas demandas vinculadas a inversiones internacionales en nuestro país. El Centro Internacional de Arreglo de Diferendos Relativos e Inversiones -que se encuentra dentro de la égida del Banco Mundial y al que nuestro país adhiere desde 1994- a lo largo de 2019 presentó cuatro nuevas demandas a las que se deberá responder muy probablemente a lo largo del próximo gobierno.

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Javier Echaide -abogado, doctor en derecho y especialista en tratados bilaterales de inversión y tratados de libre comercio- comenta al respecto: “estos mecanismos se ven en las estadísticas que tiene el CIADI, cuando hay una crisis, aumenta la cantidad de demanda de las empresas. Son un seguro de salida”. Ante la posibilidad de un cambio de gestión de gobierno en nuestro país a partir de octubre, Javier Echaide agrega: “a la retirada de un gobierno o se amenaza con la presentación de una demanda o directamente se presenta y que siga su curso”.

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La última demanda presentada a nuestro país es del 24 de septiembre por parte de la empresa energética Sauthern Energy Corp, cuya actividad se encuentra en la provincia de Río Negro, en la que se reclama al Estado la pérdida de 200 millones de dólares por el “cambio de las reglas de juego, denunciando que se está perdiendo plata” aclara  Javier Echaide.  

Por su parte, otra de las demandas presentadas a nuestro país este año tiene que ver con la nacionalización de las AFJP en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2008. Se reclaman 500 millones de dólares luego de 11 años porque dentro de las reglas establecidas por el CIADI no hay prescripción de las causas. 

El 11 de abril se recibió de la empresa Tecpetrol -la cual no se conoce su país de origen, sólo que es de capitales europeos- vinculada a Vaca Muerta una demanda por 1.446 millones de dólares y, por último, una demanda de entre 40 y 50 millones de dólares de una empresa española por violaciones al tratado bilateral de inversión existente con este país. 

Si bien no se encuentra actualizado en las estadísticas oficiales del CIADI, Argentina acumula en total 63 demandas ante este organismo internacional, siendo el país con la mayor cantidad en el mundo. Según Javier Echaide, han crecido las demandas que reciben países como Colombia, Venezuela o Uruguay pero se encuentran muy por debajo de la situación de nuestro país.

En lo que respecta al tratado de libre comercio entre la Unión Europea – Mercosur, hasta el momento no había claridad en la información presentada a partir de los textos que tenía nuestro país, Uruguay y Europa. Finalmente se dio a conocer el tratado con su texto final de 420 páginas que deberán ser tratadas y discutidas en el Congreso. 

En un primer análisis, Javier Echaide encuentra una competencia desigual de productos de mercados nacionales con los internacionales. Esto es debido a que “en el escenario internacional hay un montón de líneas cruzadas con todos los tratados bilaterales, a partir de la cláusula de nación más favorecida -que la tienen todos los TLC- se exige el mejor nivel de trato que vos le estás dando a un competidor” explica Javier Echaide, y agrega: “todo lo que hace esto es tirar para abajo las líneas arancelarias, las ventajas de las empresas, y ahí los que más ganan son los que ya están aventajados en la competencia económica”.

El Mercosur es altamente competitivo en relación con el agronegocio. En Europa esta actividad de encuentra subsidiada porque -en comparación con la capacidad productiva del Mercosur- no podría a esa escala. Es en esa dimensión de la economía europea que el Mercosur puede ejercer influencia. Javier Echaide reflexiona sobre esto: “En nuestra región las royalties son parte de las empresas internacionales, entonces lo que genera ganancia en estos tratados no son las commodities, son las royalties”.

En este momento de la negociación, los parlamentos nacionales y el parlamento de la Unión Europea tiene que discutir y aceptar las condiciones que establece el nuevo tratado. Es así que Austria indicó al Poder Ejecutivo que vete el acuerdo, tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante. Esto es en carácter obligatorio. En palabras de Javier Echaide, hay tres críticas fuertes que se hablan en los países europeos: “la primera son las exportaciones, en materia de bajar los aranceles en cuestiones de agro y desmantelar los subsidios. Se cuestiona qué sucederá con el proteccionismo interno. Eso pega en Francia e Irlanda. La segunda preocupación es qué tipo de alimentos se van a incorporar en el mercado europeo porque tiene altísimos estándares de protección al consumidor. En Europa no se va a poder dar todos los alimentos llenos de transgénicos que comemos acá. La tercera cuestión es las decisiones en cuanto a los impactos ambientales en relación a lo que está pasando actualmente en la Amazonía y las acciones que se están llevando adelante al respecto” concluye Javier Echaide.

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