DEUDA EXTERNA Y ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN

Héctor Luis Giuliano 31.01.2020 | ¿Qué significa concretamente la “sostenibilidad de la Deuda” que constituye el objetivo declarado del Proyecto de Ley del Gobierno al Congreso que acaba de obtener la media sanción de Diputados y que se encamina a convertirse en Ley de la Nación?

 

DEUDA EXTERNA Y ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN[1]

Por Héctor GIULIANO (31.1.2020)

Conforme una secuencia lógica, el gobierno Fernández debiera haber explicitado primero su Plan Económico Integral (cosa que comprometió formalmente pero todavía no ha cumplido). Con ese programa diseñado o al menos definido debiera haber solicitado una Ley de Emergencia para que el Congreso le delegase las facultades que necesitara para llevar a cabo dicho Plan. Y recién entonces, con el Plan y la autorización parlamentaria correspondiente en la mano, sentarse a negociar una reestructuración de Deuda con los Acreedores y el Fondo Monetario (FMI).

Empero, el gobierno Fernández actuó al revés, trasponiendo en forma institucionalmente peligrosa los pasos: primero solicitó y obtuvo amplios poderes especiales – prácticamente irrestrictos – a través de la Ley 27.541 de Emergencia Pública y del nuevo Proyecto sobre Sostenibilidad de la Deuda (en curso de aprobación parlamentaria) – que le permiten firmar cualquier cosa.

Se sienta a “negociar” con los Acreedores y el FMI contando así para ello con un verdadero “cheque en blanco” del Congreso al Ejecutivo. Y por último definiría y presentaría su Plan Económico, en función de lo que resultase de las negociaciones acordadas.

Se trata, en la práctica, de un esquema de negociación hecho a imagen y semejanza del interés de los Acreedores del Estado Argentino aunque ante la opinión pública se lo intenta presentar como una muestra de supuesta decisión nacional autónoma.

Más aún, en los últimos días viene creciendo la versión de que tal Plan Económico directamente ya no sería una decisión libre y voluntaria de la administración Fernández sino que sería una exigencia adicional (obviamente lógica) de los Acreedores y del FMI para que el gobierno – con el aval irrestricto de leyes del Congreso – les comprometa en firme su oferta de forma de pago de la Deuda.

El Kirchnerismo tiene malos antecedentes respecto de presentar sus claudicaciones como supuestas victorias y/o decisiones propias: pago total y por anticipado al FMI de Enero 2006, Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010, Política de Pago de Deuda Externa con Reservas Internacionales del Banco Central (BCRA), estatización de las AFJP, re-nacionalización de YPF, Arreglo de Pagos con el Club de París, etc.

Todos éstas, realidades que le terminaron costando muy caro al Estado Argentino.

Y el actual presidente Alberto Fernández – que fuera Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2008) – no ha sido ajeno a estos hechos ni a este modo de actuar.


SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA  

¿Qué significa concretamente la “sostenibilidad de la Deuda” que constituye el objetivo declarado del Proyecto de Ley (PL) del Gobierno al Congreso que acaba de obtener la media sanción de Diputados (por amplia mayoría) y que se encamina a convertirse en Ley de la Nación el próximo Martes 5.2 por el Senado?

Aplicado a la Deuda Pública, desde el punto de vista económico-financiero el concepto de Sostenibilidad implica la garantía de mantener durante largo tiempo y sin agotar las fuentes de los recursos fiscales, el pago de los servicios correspondientes a las obligaciones contraídas por el Estado y, en este sentido, equivaldría a la idea de Solvencia Fiscal.

Pero el Gobierno no tiene ni puede demostrar dicha capacidad fiscal, como no sea garantizando la repetición al infinito de la misma fórmula tradicional de cancelaciones vía pago de Deuda Vieja con Deuda Nueva, es decir, continuando con el esquema de re-endeudamiento perpetuo: el camino hacia un nuevo Megacanje. Con el agravante que las facultades delegadas por el Congreso no se corresponden siquiera con tales formulaciones.

En efecto: ¿El PL explicita cómo se debe lograr este objetivo legal?: decididamente no. La iniciativa habla del Qué (un Qué bastante difuso) pero no del Cómo esa Sostenibilidad debe lograrse. ¿El PL incorpora directivas básicas y/o autorizaciones legales nuevas, es decir, facultades que el Ejecutivo hasta ahora no tuviese?: tampoco. La Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado – fundamentalmente en el Artículo 65 – la reciente Ley 27.541 de Emergencia Pública y los antecedentes igualmente legales de las leyes de Presupuesto y la 27.249 de Pago a los Holdouts ya le delegan al Gobierno Nacional amplias facultades para poder negociar en la práctica lo que quisiera sin intervención del Congreso.

¿El PL introduce alguna variante novedosa en cuanto a la participación y/o posterior supervisión de lo actuado por el Poder Ejecutivo?: igualmente no. En esencia, el proyecto constituye un verdadero “cheque en blanco” para que el Gobierno negocie lo que quiera – o lo que le impongan los acreedores – sin posibilidad de restricciones ni objeciones por parte del Congreso dado que la delegación de facultades es así prácticamente ilimitada en materia de Endeudamiento Público.

Se trata probablemente – en lo formal y en lo institucional – de una declinación de funciones constitucionales y de responsabilidades parlamentarias propias más amplias, genéricas e irrestrictas de la Historia Contemporánea de la Argentina.

¿Para qué se dicta entonces – leyes 24.156 y 27.541 mediante, junto con todas las disposiciones legales ya existentes – esta nueva Ley denominada equívocamente “de Sostenibilidad de la Deuda”?

En principio, el efecto práctico de una nueva ley de este tipo cubriría tres requisitos informales o no explícitos: 1. Otorgar poderes especiales al Ejecutivo para tratar de despegarse de la responsabilidad por lo que el Ejecutivo termine arreglando con los Acreedores (si bien con ello el Congreso no elude su responsabilidad propia al conferir delegaciones indebidas), 2. Amparar con autorizaciones legales expresas y cuasi-ilimitadas las responsabilidades personales de los funcionarios superiores intervinientes en las negociaciones de Reestructuración de la Deuda del Estado, y 3.  Cumplimentar exigencias de los Acreedores y del FMI en cuanto a que los acuerdos a que se llegue como producto de las negociaciones en curso no puedan tener objeciones debido a los plenos poderes dados al Gobierno Fernández.

Más aún, el Ministerio de Economía (MECON) acaba de emitir con fecha 29.1 un Comunicado Oficial en el que explicita el Cronograma de acciones a seguir – una verdadera Hoja de Ruta – en cuanto a las negociaciones en curso con los Acreedores Privados  y el FMI, con fecha de vencimiento final “auto-impuesta” al 31.3 próximo, en línea con el compromiso asumido y adelantado por el presidente Alberto Fernández. Se reitera así y se reafirma – a través de una nueva ley de “cheque en blanco” del Congreso – la facultad delegada para que el Ejecutivo pueda firmar lo que quiera (o lo que le impongan) con los Acreedores financieros del Estado.[2]

 

ESQUEMA Y SECUENCIA DE LA NEGOCIACIÓN

Según el último Informe Trimestral de Deuda Pública del MECON-Secretaría de Finanzas (SF) el stock de la Deuda del Gobierno Central era a esa fecha de 324.000 MD.[3] La mitad de este total – 154.400 MD – es Deuda Externa, aplicando el criterio de residencia del Acreedor.[4] El PL de Sostenibilidad se refiere exclusivamente a este rubro dado que la Deuda Interna – colocada en la Argentina y no en el exterior – no está alcanzada por el PL.

Sin embargo, el PL aprobado por Diputados, corrige el original reemplazando la expresión Deuda Externa por la más precisa de “Deuda Pública emitida bajo Ley Extranjera”. A esa misma fecha de última información oficial del MECON-SF – del 30.9 pasado – la Deuda por Legislación era algo diferente a la Deuda por Residencia de los Acreedores: 169.800 MD bajo Legislación Argentina y 141.500 MD bajo Ley Extranjera (que sería la realmente abarcada por el PL).

En el marco de este total máximo el Artículo 1 del PL permite que sea el Poder Ejecutivo el que determine los montos nominales alcanzados por esta nueva Ley Especial del Congreso.

Ahora bien, dentro de este total de Deuda Pública bajo Legislación Extranjera 67.400 MD corresponden a obligaciones con Organismos Internacionales – de los que 43.500 MD con el FMI – de manera que, por diferencia, esto da que los Bonos bajo Legislación Extranjera en manos de Acreedores Externos Privados daría unos 74.100 MD (141.500 – 76.400).

Algunas noticias periodísticas dan hoy algo más que estas cifras porque se estima que el total de la Deuda Pública al fin del 2019 habría llegado a unos 340.000 MD y se habla entonces de que el monto alcanzado por la reestructuración con Acreedores Privados sería un 20 % de dicho total (aproximadamente 68.000 MD).

Sería útil y transparente que el gobierno diera a conocer exactamente cuánto es el monto realmente en juego para esta reestructuración en valores absolutos y también cuál es el perfil actual de todos los vencimientos según fecha de corte al día de hoy, para saber de qué importes se está hablando en las negociaciones.

Esto tiene su importancia porque las gestiones en curso se canalizan paralelamente con los Acreedores Privados y con el FMI, en su doble condición  de primer acreedor individual de la Argentina (acreedor privilegiado, esto es, con prioridad de cobro en caso de default) y de Auditor de los Acreedores.

Por ende, lo que los Acreedores estarían reclamando es que el gobierno Fernández firme primero un nuevo acuerdo con el FMI – que se supone sería un cambio del actual Stand-By (SBA) a 3 años de plazo por uno de Facilidades Extendidas (EFF), que puede ser a 5, 7 y hasta 10 años, aunque sujeto a condiciones de cumplimiento más estrictas y a mayores compromisos en materia de Reformas Estructurales (caso de las Reformas Laboral, Previsional y Tributaria).[5]

Más en la práctica, el esquema de negociación funcionaría al revés: primero un arreglo con los Acreedores Privados y luego el del FMI – y otros Organismos Internacionales – que siempre podría ser más elástico que el primero.

Y además, porque el verdadero objetivo de este doble tipo de acuerdos no sería la prioridad de devolución del préstamo al Fondo (de los que se han desembolsado unos 44 de los 57.000 MD acordados) sino la permanencia del FMI como Auditor permanente de los acreedores, que es la garantía clave de que la Argentina no podría desentenderse del compromiso con un Organismo que tiene incluso rango de Tratado Internacional.

Dicho con otras palabras: que el gobierno Fernández tiene que llegar primero a un acuerdo con los acreedores privados para requerir así la modificación del acuerdo con el FMI aunque la secuencia de firma o compromiso formal sería la inversa.

Ello explica que la principal exigencia de los Acreedores sea tratar con un gobierno Fernández que tenga Plenos Poderes – en la práctica, facultades irrestrictas – para poder firmarles cualquier cosa con la garantía del “cheque en blanco” otorgado por el Congreso, que garantizaría así la imposibilidad de cualquier objeción o cuestionamiento jurídico a los arreglos alcanzados.

Con la vigencia de la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado, la nueva Ley 27.541 de Emergencia Pública y la nueva Ley de Sostenibilidad de la Deuda la garantía legal a los Acreedores sería más que completa.

Y cumplido entonces con todos estos requerimientos completos bajo un nuevo acuerdo general de Megacanje de Bonos nuestro país se encaminaría así al objetivo buscado con estos convenios, que es el de regresar al Mercado Internacional de Capitales precisamente para volver a endeudarse.


LOS ACTORES DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA

Para entender lo que está pasando en la actual etapa Macri-Fernández de la nueva Crisis de Deuda que afronta la Argentina hay que tener presente que particularmente desde la corrida cambiaria de Abril de 2018 los títulos públicos habrían tenido un importante cambio de manos y que el cuadro de los bonistas hoy no es el mismo que el de hace pocos años.

Siguiendo una regla común, este proceso es típico de los casos de Default de Deuda Soberana, sean éstos formales o encubiertos.

La administración Macri – por culpa de su Política de Gobernar con Deuda – llevó  aceleradamente al país en dos años y medio de gestión a la cesación de pagos (Default) y en lugar de blanquear o declarar ese Default pidió ayuda al FMI para poder sostenerle los pagos de la Deuda a los acreedores privados, para poder prolongar su permanencia en el cargo y para lograr completar así su mandato fracasado hasta Diciembre del 2019 dejando una Deuda al próximo gobierno peor que la que heredó.

Esta situación provocó una fortísima caída en la cotización de los bonos argentinos que fueron entonces, en gran parte, comprados en el Mercado Secundario por nuevos Fondos Buitre (FB), que se caracterizan justamente por adquirir bonos-basura para luego reclamarlos al Valor Nominal de los títulos.

En el caso de nuestro país, estos papeles fueron así conseguidos al 40 y hasta el 30 % de su valor facial a través de la Bolsa.

Y con ello cambió la estructura o composición de los tenedores de bonos que hoy reclaman y/o amenazan litigar nuevamente contra la Argentina en tribunales extranjeros de  Nueva York y eventualmente en otros rincones del mundo.

Frente a este problema, como primera medida el gobierno Fernández, de común acuerdo con los Acreedores Privados, preserva el anonimato de los mismos, soslayando hasta la fecha toda idea de Censo de Acreedores que permita saber a la Opinión Pública a quiénes debe concretamente nuestro país.[6]

Esto significa que, estrictamente hablando, no se conoce quiénes son los Acreedores financieros del Estado ni, consecuentemente, con quiénes se está sentando a negociar el gobierno.

Con la particularidad adicional de que existe ya constituido en Nueva York un Comité de Acreedores de la Deuda Externa Argentina – presidido por un directivo del Fondo BlackRock – sin que nuestro país haya declarado la Cesación de Pagos (Default) – y que ese Comité sea el principal interlocutor del Gobierno.[7]

Las negociaciones con este Comité – así como con toda una serie de entidades vinculadas al submundo financiero de los Mercados de Deuda Pública de Países Emergentes – son paralelas y coordinadas con las del FMI en base a tres ejes principales:

  1. Los Plenos Poderes del Cheque en Blanco para negociar otorgado por el Congreso al Ejecutivo con la Ley 27.541 de Emergencia Pública y la nueva Ley en curso sobre Sostenibilidad de la Deuda.
  2. Las disposiciones sobre prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros junto con la renuncia a oponer la inmunidad soberana en caso de litigios. Y
  3. La fórmula de pagar mientras se negocia – sin blanqueo del Default (cosa que acarrearía una pérdida adicional del valor de los bonos ahora que están en manos de los nuevos tenedores) – lo que hace que el tiempo juegue en contra del país y no de los acreedores, que verían entonces suspendidos los pagos de servicios de capital e intereses mientras duren las tratativas.

Y todo ello en el contexto esencial de que no haya cuestionamiento alguno sobre la legitimidad o no de origen de las acreencias, tanto de los bonistas – por la connivencia con la administración macrista y los antecedentes que siguen paralizados por la Justicia (fundamentalmente Causa Olmos II) – como del propio FMI, co-responsable de la nueva Crisis de Deuda y de los negociados financieros que se han venido realizando en consecuencia.[8]


CONSIDERACIONES FINALES

El gobierno Fernández – en línea con lo buscado por la precedente administración Macri – optó por la variante de “renegociación rápida y amigable” con los Acreedores Privados (los nuevos FB) y con el FMI, es decir, por el allanamiento a las exigencias más convenientes a los acreedores en aras de una nueva reestructuración de la Deuda Externa.

La votación en Diputados del PL de Sostenibilidad de la Deuda vía nuevo trámite express (logrado por amplia mayoría) es una muestra desgraciada del grado de subordinación y servilismo de la Clase Política con representación parlamentaria en su adscripción al Sistema de la Deuda Perpetua que rige en el país desde hace más de 40 años sin solución de continuidad y del que el Kirchnerismo – como todos los gobiernos que se sucedieron en este largo período de tiempo – fue y es también parte.

Es un problema de fondo de la Clase Política en su conjunto, apuntalada una vez más en la tríada Oficialismo-Oposición-Medios, una tríada que vive condicionada por el establishment financiero y actúa en función de sus intereses y no de los intereses del Estado.

Con la paradoja que además vuelve hoy a repetirse con este nuevo PL de Sostenibilidad la burla tradicional de que el mismo es presentado como una señal de fortaleza a la posición negociadora del gobierno con los acreedores cuando en la realidad de su formulación convalida exactamente lo contrario porque debilita la posición negociadora argentina allanando el camino de las principales concesiones a los acreedores.

Y con ello, repetimos, se juega en contra de los Intereses Financieros del Estado y del Pueblo Argentino.

Es parte del replanteo actual del viejo y reiterado dilema que ya señalaba Alejandro Olmos hace muchos años cuando decía: “O se está al servicio del Pueblo contra la Deuda, o se está contra el Pueblo al servicio de la Deuda”.

El resultado final de todo esto lógicamente todavía no puede predecirse pero el camino para llegar a ese resultado no es el adecuado y este tipo de movidas preparatorias no es positivo para confrontar el problema insoluble de la Deuda Perpetua de la Argentina.

En este contexto, con el PL de Sostenibilidad de la Deuda se completaría uno de los últimos pasos preparatorios de teatralización política para adaptar la posición del gobierno a las exigencias de los acreedores; y conforme a las expectativas en curso, el acto se llevará a cabo este Martes 5.2 en el Honorable Senado de la Nación.

[1] Este artículo está directamente relacionado con dos notas anteriores del autor: “Negociaciones de Deuda y Proyecto de Ley al Congreso” (del 24.1.2020) y “Deuda, FMI y Emergencia Pública” (del 27.12.2019), cuya lectura se recomienda como información complementaria del presente trabajo.

[2] El PL de Sostenibilidad de la Deuda consagra tres delegaciones principales del  Congreso al Ejecutivo: 1. La prórroga de jurisdicción ante Tribunales Extranjeros para los nuevos bonos que se emitan en canje de los actuales, 2. La renuncia a oponer la inmunidad soberana del Estado Argentino ante cualquier reclamo en juicios externos  (salvo – como es de rigor – una lista mínima de los bienes afectados al uso del Estado), y 3. La ratificación de las Leyes 24.156 de Administración Financiera del Estado, que en su Artículo 65 permite al Ejecutivo realizar unilateralmente canjes de Deuda,  y la Ley 27.541 de Emergencia Pública, que en sus artículos 2 y 3 ya le otorga al Gobierno facultades prácticamente irrestrictas para firmar cualquier cosa con los acreedores de la Deuda.

Notablemente, el jefe de la bancada oficialista, diputado Máximo Kirchner, al hablar en la Cámara en defensa de este proyecto que establece tales concesiones, dijo enfáticamente: “Aquí lo que tenemos que hacer es decirle nunca más a la Deuda Externa y empezar a elaborar entre todos una Política Económica que elimine de plano este problema en adelante.” (La Nación, 30.1.2020, página 8).

[3] Las abreviaturas MD/M$ y B$ significan respectivamente Millones de Dólares/Pesos y Billones de $ respectivamente y las cifras se expresan siempre con redondeo, razón por la cual pueden darse mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.

[4] Sin contar aquí los Cupones PBI, que suman unos 12.800 MD más.

[5] Algunos trascendidos periodísticos este fin de semana hablan de un pedido argentino al FMI sólo de diferimiento de los pagos por vencimientos del bienio 2022-2023 – que suman unos 46.000 MD en total – manteniendo el acuerdo SBA, existiendo lógicamente otras combinaciones posibles, pero el compromiso de base por las Reformas Estructurales seguiría pendiente.

[6] Con fecha 29.12 pasado el Autor de esta nota hizo llegar una propuesta de Censo de Acreedores al MECON-SF, que tuvo Acuse Recibo pero ninguna respuesta al efecto.

El texto de dicha propuesta personal fue circularizado a posteriori precisamente con el título de “Propuesta del Lic. Héctor Giuliano al Ministerio de Economía s/ Reestructuración de la Deuda Pública (29.12.2019).

[7] Según informaciones periodísticas, el Fondo de Inversión (FI) BlackRock – fundado y dirigido por Larry Fink y Robert Kapito –  y el FI PIMCO (Pacific Investment Management Co. LLC) – de William Gross, Mohamed El-Erian y otros – encabezan la lista de los principales acreedores de la Argentina, así como una serie de otros varios FI y de grandes Bancos de Inversión (BI), como el JP Morgan-Chase, el Deutsche Bank y Bancos españoles liderados por el Santander, de la familia Botín.

La lista es larga pero desconocida dado que las autoridades manejan en forma secreta la identidad de los acreedores financieros del Estado.

[8] El FMI dio a la Argentina el Crédito más grande de su historia – y con el mismo también nuestro país recibió su mayor préstamo histórico – en condiciones que ameritan ser auditadas pero no lo son: no se conoce cuál fue la evaluación de la capacidad de repago de dicho préstamo (Stand-By) hecha en su momento por ambas partes, no se justifica por qué el Fondo otorgó un monto que supera más de 11 veces la cuota-aporte de la Argentina (frente a restricciones que normalmente la limitan a 3 ó 4 veces), no se conocen las objeciones contra dicho préstamo en las discusiones internas del Directorio Ejecutivo (Board) del FMI – donde se sabe que varios países europeos (como Holanda, Francia, Alemania, Polonia y otros) sostuvieron muy fuertes críticas contra la iniciativa de la entonces Directora-Gerente Christine Lagarde, que contaba con el aval del gobierno de los Estados Unidos (principal aportante del Fondo, con un 16 ó 17 % de los votos) – y no se han deslindado todavía las responsabilidades del caso entre los altos funcionarios intervinientes.

El Organismo tiene para ello la Oficina de Evaluación Independiente (OEI), que es una división del Fondo con funciones de Auditoría Interna, no dependiente de la Gerencia ni de la Junta Directiva (Board) del FMI, y que ya intervino con anterioridad justamente a raíz de las irregularidades probadas de la Crisis de Deuda y Default de la Argentina en 2001, sobre lo que elaboró un informe crítico en el año 2004 y que llevó a que rodaran luego varias cabezas de la entidad por este motivo (caso Claudio Loser, que era entonces Director del Departamento Hemisferio Occidental; Teresa Ter Minassian, a cargo de la Misión Argentina y Tomás Raichman, especialista asignado a nuestro país). Un documento que incluso salpicó también al entonces titular del FMI, Horst Köhler.

La OEI debiera intervenir hoy nuevamente en el caso argentino, sobre todo para deslindar las responsabilidades personales directas de la ex titular Christine Lagarde y de los funcionarios asignados al seguimiento del Acuerdo Stand-By (SBA) con nuestro país cuyos informes técnicos fueron debatidos en el seno del Board.

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PROPUESTA GIULIANO SOBRE DEUDA PÚBLICA

Héctor Luis Giuliano 04.01.2020. El 26.12 pasado la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía dio a conocer una comunicación por la que informaba que hasta el día 3.1 se recibirían propuestas relativas al diseño del proceso de gestión de la sostenibilidad de la deuda pública externa de la República Argentina (…)

 

PROPUESTA GIULIANO SOBRE DEUDA PÚBLICA

Por Héctor GIULIANO (4.1.2020)

El 26.12 pasado la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía (SF-MECON) dio a conocer una comunicación por la que informaba que hasta el día 3.1 (inclusive) se recibirían propuestas relativas al diseño del proceso de gestión de la sostenibilidad de la deuda pública externa de la República Argentina.
A raíz de este comunicado oficial el Autor de la presente nota hizo llegar el trabajo que se reproduce a continuación:
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PROPUESTA DEL LIC. HÉCTOR GIULIANO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA S/ REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (29.12.2019)

Señores Secretaría de Finanzas (SF):
En función de v/ convocatoria del 26.12.2019 para acercar ideas s/ el tema de referencia, cumplo en hacer llegar la presente propuesta personal al respecto centrada básicamente en la realización de un Censo de Acreedores previo a cualquier tarea de renegociación de Deuda Pública:

I. CENSO DE ACREEDORES
El pre-requisito indispensable de toda renegociación de Deuda es la debida identificación de todos y cada uno de los acreedores, principalmente de los Tenedores de Títulos Públicos pertinentes.
Para ello debiera confeccionarse – contra Declaración Jurada de los Bonistas – un listado completo conteniendo como mínimo la siguiente información:
1. Nombre y Apellido o Razón Social del Acreedor, con los datos básicos de Documento, Domicilio, Teléfono, etc.; indicando además si la persona o institución está vinculada – directa o indirectamente – a otro Acreedor.
2. Detalle de los Títulos en su poder (Letras/Bonos), indicando en cada caso Denominación del Título, Serie, Fecha de Compra (que puede haber más de una), Tipo de Moneda, Importe (en Valor Nominal) de cada papel, Precio de Compra y a quién lo compró (dato muy importante), si lo hizo a través de algún intermediario o por compra original al Gobierno Argentino (caso de Bancos Colocadores), Garantías Especiales (si las tuviere) y otros datos que se consideren de interés para la exacta identificación de los títulos en cuestión y sus tenedores.
3. Si como Acreedor actúa en forma directa o con representación de un Tercero debidamente autorizado.
Adicionalmente, cada tenedor debe comprometerse a informar a la SF todo cambio que se produzca sobre los datos suministrados a posteriori de entregada la documentación de referencia.
La SF procederá a controlar debidamente la veracidad y consistencia de todas las informaciones de los Acreedores.
Los totales de importes respectivos – caso Letras/Bonos – deberán ser resumidos en una planilla final.
II. BASE DE DATOS.
La SF deberá confeccionar internamente una Lista Completa de todos los Títulos Públicos (Letras/Bonos) que se encuentren pendientes, indicando en cada caso como mínimo las condiciones básicas de cada uno de los mismos: Denominación, Sigla Bursátil, Montos Emitidos/Residuales por Serie, Fechas de Emisión/ Vencimiento, colocación Bajo/Sobre la Par, Tasa de Interés Nominal (y Rendimiento si no fue emitido a Valor Facial o Nominal, frecuencia de pago de los Intereses, amortizaciones parciales (si las tuviera) y condiciones especiales del título (si las tuviera).
El objeto de este Listado es tener un verdadero inventario completo de todos los títulos emitidos por el Gobierno Nacional con sus respectivas características de base (información que se entiende simple de confeccionar sobre la base de los datos ya existentes en los Informes Trimestrales de Deuda Pública y en los detalles de Colocaciones de Deuda que edita la ONCP).
III. ACCESO A LA INFORMACIÓN
Por razones de claridad y transparencia todas las informaciones de los puntos I y II debieran ser dadas a publicidad.
IV. PROVINCIAS/MUNICIPIOS
Esta misma información debiera ser requerida a todas y cada una de las Provincias – incluida la CABA – y Municipios de todo el país, indicando en cada caso cuál es respaldo de las obligaciones (caso Regalías) y el alcance de la garantía de la Nación.
V. BANCO CENTRAL (BCRA)
El mismo procedimiento debiera ser llevado a cabo también por parte del BCRA, básicamente para el caso de Leliq, Pases Pasivos, Encajes por Depósitos en Moneda Extranjera y Otros Pasivos (caso Swap China o BIS de Basilea), para conocer quiénes son los acreedores del Banco y por qué importes.
Este punto – que está en línea con el punto primero – lo mismo que el de las Provincias/Municipios, tiene que ser requerido a los organismos locales respectivos y es de fundamental importancia para poder determinar la superposición o no de acreedores por ámbito de Gobierno (Nación, Provincias/Municipios, BCRA, Organismos Nacionales, etc.).
VI. EMPRESAS DEL ESTADO, ORGANISMOS NACIONALES Y FONDOS FIDUCIARIOS.
Con el mismo criterio que los puntos IV y V.
VII. OTROS ACREEDORES
Un criterio análogo debiera seguirse para la identificación de todos y cada uno de los Préstamos y Otros Créditos contra el Estado correspondientes a Organismos Oficiales (caso Países del Club de París), Organismos Internacionales (FMI, BIRF, BID, CAF, FONPLATA), Banca Comercial, etc. detallando en cada caso – una por una – las operaciones que dieron lugar a tales acreencias y el estado en que se encuentra cada una de las mismas.
VIII. JUICIOS CONTRA EL ESTADO
Se refiere al detalle de los Títulos Públicos que se encuentran bajo reclamos judiciales – con/sin sentencia en firme – contra el Estado Argentino y también contra Provincias/Municipios, Empresas/Organismos Oficiales, etc.
IX. COMITÉS DE ACREEDORES
Información detallada de todos y cada uno de los Comités de Acreedores que se hayan presentado para la negociación ante el Estado Argentino, identificando a quién o quiénes representan.
CONSIDERACIONES GENERALES
El detalle de los contenidos de cada punto obviamente puede variar pero los datos identificatorios de base se entiende que están cubiertos en la presente ponencia.
Un caso muy importante, por ejemplo, es el requerimiento del punto I.2 acerca del origen de la operación de compra por parte de los actuales tenedores de bonos dada la presumible adquisición para litigar.
Hasta aquí los principales puntos de mi propuesta personal en función de v/ invitación del Comunicado del 26.12.
Reiterando la importancia fundamental de que se disponga de estas informaciones básicas del Censo de Acreedores de la Deuda Pública Nacional en forma previa a toda renegociación de Pasivos de la República Argentina, de que dicha información se dé a publicidad y de que eventualmente se permita a cualquier ciudadano tener acceso a la misma agradezco la oportunidad de poder hacer llegar esta carta y quedo a v/ disposición por cualquier aclaración al respecto.
Por último, por favor, pido lo siguiente: 1. Acuse recibo de la presente propuesta como constancia del trabajo remitido, 2. Confirmación acerca de que su contenido no es confidencial y puedo darle estado público independientemente de v/ trámite interno (dado que se trata – en todo o en parte – de ponencias del suscripto ya conocidas que fueron planteadas en diversas oportunidades pero que nunca tuvieron curso oficial), y 3. Solicitar como ciudadano el acceso a la documentación de la Secretaría de Finanzas s/ el tema de referencia concurriendo allí personalmente.
Atentamente.-

Lic. Héctor Luis GIULIANO
Buenos Aires, 29.12.2019

Con mis Datos Personales de DNI, Dirección y Teléfono.
Archivo: GIULIANO MECON DP 2019 12 29 PROPUESTA
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COMENTARIO FINAL:
Hasta aquí el texto del trabajo remitido a la SF-MECON el 29.12 – en tiempo y forma – que como se dice en el mismo contiene propuestas básicas que ya constan en otros escritos anteriores del Autor, que fueran oportunamente circularizados por correo electrónico y que se incluyeran en tres de los 10 tomos de mi libro sobre Problemática de la Deuda Pública Argentina.
Aunque durante el Jueves 2 y el Viernes 3.1 lo he solicitado y reclamado varias veces – telefónicamente y por correo – hasta el momento no he recibido el acuse recibo correspondiente.-

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DEUDA MACRI Y CUESTIÓN DEL BANCO CENTRAL

Héctor Luis Giuliano 06.12.2019. Frente al advenimiento del nuevo gobierno Fernández-Fernández existen muy serias cuestiones de herencia política macrista pero seguramente la primera que se planteará a nivel operativo e inmediato es la cuestión financiera de la Quiebra del Banco Central (…)

 

DEUDA MACRI Y CUESTIÓN DEL BANCO CENTRAL

Por Héctor GIULIANO (6.12.2019)

Frente al advenimiento del nuevo gobierno Fernández-Fernández existen muy serias cuestiones de herencia política macrista pero seguramente la primera que se planteará a nivel operativo e inmediato es la cuestión financiera de la Quiebra del Banco Central (BCRA).

Dicho con otras palabras: qué se va a hacer con un Banco Central gravemente endeudado y expuesto a un desangramiento por intereses a pagar aparentemente imparable.

La Crisis de Deuda Macri – producto de su Política de Gobernar con Deuda – le estalla en Abril de 2018 y determina el salvataje del FMI para que su gobierno pueda completar el mandato, no encarando así una nueva reestructuración de Deuda y transfiriéndole en cambio el problema agravado a la nueva administración entrante.

Esta crisis tiene entre sus manifestaciones más graves y perversas la Quiebra del BCRA, es decir, el problema de su sobre-endeudamiento y sus efectos sobre la Política Monetaria, Cambiaria y Bancaria de la Argentina.

Las autoridades se niegan a reconocer la realidad del problema de Iliquidez e Insolvencia de la Deuda Pública – tanto Fiscal, del Tesoro, como Cuasi-Fiscal, del BCRA – y sólo buscan seguir enmascarando el problema pateando las obligaciones hacia adelante por medio de un reperfilamiento de plazos, esto es, de un Nuevo Megacanje.

Pero con esta  constante actitud dilatoria no se solucionan los problemas financieros de la Argentina y, por el contrario, se agravan.

En este contexto, el rol del BCRA es clave porque el principal problema de la Argentina hoy no es Económico sino Financiero y porque la Crisis de Deuda Externa es paralela y determinante de la Crisis de Deuda Interna dado que el arbitraje Tipo de Cambio-Tasa de Interés es el condicionante de base de la Política Monetaria y Cambiaria que interactúa entre ambos mercados de endeudamiento.

COMPRA DE RESERVAS CON DEUDA

El punto de partida de la crisis del BCRA ha sido y es la política institucional de compra de Reservas Internacionales (RI) con Deuda Pública, fundamentalmente Deuda cuasi-fiscal o del BCRA.

Esta Política de compra y/o reposición de RI con Deuda por parte del BCRA – una práctica que en realidad venía desarrollándose en gran escala bajo el Kirchnerismo pero que la administración Macri lleva al paroxismo – abrió la puerta a la peor patología financiera de la Argentina:

  1. a) La compra de Reservas con Emisión Monetaria que luego se esterilizaba o absorbía mediante títulos de corto y cortísimo plazo del propio BCRA: antes Lebac (Letras a 30 días de plazo) y hoy Leliq (Letras de Liquidez a 7 días) y Pases Pasivos (deudas a sólo un día de plazo), sostenidas todas a un altísimo Costo Financiero para el Estado.
  2. b) El aumento de la Tasa de Interés pagada por el BCRA para atraer Capitales Financieros – meramente especulativos o golondrina – que sostenían y sostienen artificialmente un elevado nivel de Reservas nominales Brutas, pero que en la práctica – libre movilidad de capitales mediante – son totalmente volátiles.
  3. c) El efecto inflacionario de la Emisión Monetaria sin destino a la Economía Física o Real sino a la Inversión Financiera Autónoma – estímulo al ingreso de fondos externos en gran escala para colocaciones en títulos públicos, fiscales y cuasi-fiscales – con el correspondiente aumento más que proporcional de los Intereses a Pagar, con lo que se acentuaba cada vez más el peso de los Costos Financieros derivados del Sistema de la Deuda en el marco de un cuadro de Inflación creciente.

Ergo, el ingreso de capitales financieros externos se  transformó así en la principal fuente de emisión monetaria local, con la paradoja que en lugar de endeudarse en divisas – que se traducían en emisión de billetes para su compra – le hubiera salido más barato al Estado Argentino imprimir directamente ese mismo dinero sin necesidad de tomar Deuda Externa para ello (Deuda del BCRA producto del carry trade o bicicleta financiera, Deuda del Tesoro con ingreso de divisas provenientes de préstamos de Organismos Multilaterales de Crédito – con el FMI a la cabeza – y/o deudas por ingreso de dinero externo de grandes fondos especulativos de inversión).

La cuestión de fondo que introdujo la Política de Compra de Reservas con Deuda es que a medida que se incrementan las Reservas por entrada de capitales financieros meramente especulativos sube la Deuda cuasi-fiscal de Corto plazo del BCRA.

De esta manera fue creciendo cada vez más el quantum de esos pasivos de corto y cortísimo plazo del BCRA y el coste financiero consiguiente de  los servicios de esta deuda combinada.[1]

LOS PASIVOS DEL BCRA

La estructura o composición de los principales rubros del Pasivo del BCRA muestra la situación financieramente patética a la que ha sido llevado el Banco en las postrimerías de la administración Macri, producto de la gestión Sturzenegger-Caputo-Sandleris.

El cuadro de situación actual del Banco exhibe una ecuación fuertemente negativa como resultado combinado de un desequilibrio de fondo – Reservas  por 43.800 MD contra Pasivos de Corto/Cortísimo plazo por el equivalente a 68.000 MD – y estrangulamiento financiero por la inmediatez de la mayoría de estos pasivos, agravada por el arbitraje entre Tipo de Cambio y Tasas de Interés bajo esquema de Libre Movimiento de Entrada/Salida de Capitales.

El Balancete al 30.11.2019 – Estado Resumido de Activos y Pasivos – del BCRA consigna los siguientes saldos más importantes,[2] que merecen ser tenidos en cuenta:

CUADRO I: PASIVOS DEL BCRA Y OTROS RUBROS DEL BALANCE DEL BANCO A NOVIEMBRE DE 2019.

 

Rubro

 

M$

 

B$

 

(≡) MD

 

Observaciones

ACTIVO
RI – Reservas 2.620.350 2.62 43.800 Reservas Internacionales Brutas.
1. Títulos Públicos 817.800 0.82 13.700 Bonos/Letras del Tesoro Nacional.
2.  AT – Adelantos 562.700 0.56 9.400 Adelantos Transitorios al Tesoro.
Subt.  c/ Tesoro (1+2) 1.380.500 1.38 23.100 Acreencias c/Tesoro Nacional.
Pases Activos 1.528.550 1.53 25.500 Ver Nota Importante.[3]
Total del ACTIVO 5.813.900 5.81 97.100
PASIVO
– Leliq 876.600 0.88 14.600 Letras de Liquidez (plazo 7 días)
– Pases Pasivos 1.526.100 1.53 25.500 Obligaciones del BCRA (a 1 día)
Subtotal 1 2.402.700 2.40 40.100
– Encajes Dólares. 486.700 0.49 8.100 Ctas. Ctes. Moneda Extranjera.
– Otros Pasivos 1.183.450 1.18 19.800 Swap con China
Subtotal 2 1.670.150 1.67 27.900
Pasivos relevantes 4.072.850 4.07 68.000 Suma de los 4 rubros.
Total del PASIVO 6.237.300 6.24 104.200
PATRIMONIO NETO (-) 423.400 – 0.42 7.100
PASIVO + P. NETO 5.813.900 5.81 97.100

 

Fuente: Datos del BCRA y elaboración propia del Autor.

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS IMPORTANTES SOBRE LOS RUBROS DEL CUADRO:

  1. a) Dada la libre movilidad de entrada y salida de capitales financieros externos de corto plazo bajo la administración Macri se generó una enorme bola de nieve por deudas del BCRA primero en Lebac (hasta el año pasado) y luego por Leliq y Pases Pasivos (hasta la fecha).[4]
  2. b) Este proceso no fue una resultante o consecuencia derivada imprevista por el BCRA sino estimulada por el Banco dada su Política de altas Tasas de Interés Locales en Pesos o Política de Tasas Reales Positivas (superiores a la Inflación) bajo régimen de libre movimiento de fondos externos citado.
  3. c) El aumento a niveles extraordinarios de las Tasas del BCRA – las más altas del Mundo – generó un mecanismo perverso de arbitraje entre Tipo de Cambio y Tasa de Interés que colocó al Banco bajo condiciones extorsivas de los acreedores financieros del Estado (grandes fondos internacionales de inversiones de riesgo y bancos de inversión que lucran a través del llamado carry trade o bicicleta financiera).
  4. d) El nivel de las Tasas de Interés creció más que proporcionalmente al stock de deudas de corto plazo, potenciando la sangría o saqueo financiero del BCRA.
  5. e) La entrada de Capitales Golondrina por esta vía sostuvo en la práctica una Política de Retraso Cambiario relativo llevada a cabo por el gobierno Macri durante el bienio 2016-2017, que se quebró por la corrida cambiaria desde Abril de 2018 hasta las elecciones del 27.10 de este año, que terminó disparando el actual proceso inverso de devaluaciones forzadas.
  6. f) La Política de Atraso del Tipo de Cambio (política de dólar barato) fue sostenida como requisito del pago de los servicios – fundamentalmente Intereses – del endeudamiento público creciente en dólares y también como garantía de contratación de nuevas deudas en moneda extranjera.
  7. g) Esto se produce porque el Estado recauda básica y casi totalmente en pesos mientras que el 80 % de la Deuda Pública del Gobierno Central está en moneda extranjera, de modo que la relación de conversión peso-dólar deviene más conveniente bajo condiciones de atraso cambiario (como llevó a cabo el gobierno kirchnerista – especialmente en su último tramo – y el gobierno macrista en sus dos primeros años de gestión).
  8. h) La abrupta salida de capitales financieros desde la corrida cambiaria del año pasado hasta las PASO del 11.8 y las elecciones presidenciales del 27.10 del corriente año quitó a la administración Macri este sostén artificial de las Reservas por vía de retraso cambiario y desató con ello la Crisis de Deuda tanto en cabeza del Gobierno Nacional y de las Provincias (una decena de ellas con fuerte proporción de deuda en moneda extranjera) como también la crisis de Deuda del BCRA, derivada de su deuda directa en dólares (encajes por depósitos bancarios en esa moneda y valor de conversión de la deuda por swap de China) y de la más peligrosa deuda indirecta o dolarizable en pesos por migración a dólares y salida del país (Lebac-Leliq y Pases Pasivos), dada la convertibilidad de pasivos y la facilidad de libre movilidad de capitales.
  9. i) Con esto se dio la aparición de un Patrimonio Neto negativo del BCRA, como producto de la baja de Reservas en Dólares (por retirada de capitales financieros) y el aumento del monto de Pasivos a corto plazo en Pesos (Leliq y Pases Pasivos) por un monto que se fue acrecentado con las sucesivas devaluaciones producidas desde el 2018, hasta llegar hoy al equivalente de más de 40.000 MD (Subtotal 1 del Cuadro).
  10. j) De hecho el altísimo costo de los intereses a pagar por parte del BCRA por los servicios de Leliq y Pases Pasivos es tan elevado que el stock de estos pasivos de cortísimo plazo (7 y sólo un día respectivamente) inhiben la posibilidad de cancelación y aumentan vertiginosamente el quantum de la deuda por capitalización sistemática de las obligaciones.
  11. k) Una parte importante de fondos se ha retirado últimamente de las Leliq, con la consiguiente inyección de dinero excedente por el BCRA al Mercado (estimada en unos 300.000 M$) pero la gran mayoría de tales retiros en la práctica a migrado a Pases Pasivos, engrosando así la masa de estos pases a más de 1.5 B$.
  12. l) El hecho de que las sucesivas devaluaciones impliquen una licuación relativa de las deudas del BCRA expresadas en dólares – hoy por un total equivalente a 68.000 MD – no le quita gravedad a la situación del Banco ni criticidad al estrechísimo perfil de vencimientos de sus obligaciones de cortísimo plazo.

Se trata seguramente del primero y principal problema a encarar por la nueva dirección del BCRA y cuyo manejo se vería en forma cuasi inmediata.

Ergo, la situación de quebranto fáctico del Banco – desde la Crisis de Deuda del 2018 hasta el presente – no sólo habría sido el mayor determinante del pedido de salvataje del presidente Macri al Fondo Monetario Internacional (FMI) sino que se mantiene como un problema insoluble en el contexto de arbitraje tipo de cambio-tasas de interés combinado con libre movilidad de capitales, proceso éste que no puede ya ser sostenido por las autoridades.

Notablemente, se habla mucho – y se habla con razón – de la grave situación del endeudamiento público fiscal del Tesoro pero no se habla de este sobre-endeudamiento crítico del BCRA.

TIPO DE CAMBIO Y BCRA

En medio de la Crisis de Deuda Argentina y la negativa de las autoridades – gobierno saliente Macri y gobierno entrante Fernández – de blanquear la real insolvencia de la Argentina declarando el estado de default fáctico el régimen cambiario se ha envilecido y el costo financiero de los intereses a pagar se ha disparado en forma extraordinaria.

Frente a un Dólar Oficial de aproximadamente 63-60 $/US$ – para tipo de cambio Minorista y Mayorista respectivamente – las nuevas restricciones de compra de divisas para personas físicas (de 10.000 a 200 dólares por mes) reinauguraron una nueva etapa de cepo cambiario, análoga a la que rigió en los últimos tiempos de la administración CFK.

Con el agravante que, ante la alternativa permitida de operaciones de Contado con Liquidación (CCL) o Dólar Fuga (compra en pesos de activos financieros en la Argentina y venta en dólares en la Bolsa de Nueva York) y de operaciones de Dólar MEP en la Bolsa de Buenos Aires las disposiciones de retención de divisas terminan siendo burladas, con aumento de la Deuda Externa del país según Criterio de Residencia.

Y con el agravante que existe una total impunidad para la compra-venta de dólares paralelos (blue, informal o negro, como quiera llamarse) porque el sistema de cuevas y arbolitos se ha incrementado sustancialmente en los últimos tiempos sin acción en contra alguna de las actuales autoridades.

De esta manera, nos encontramos con que hoy se convive así en la Argentina con un régimen híbrido, informal e inmanejable de tipos de cambio múltiples: oficial a 60 $ Mayorista y 63 $ Minorista, Banco Nación (BNA) a 62.25 $, Paralelo-Blue a 70 $, Dólar Bolsa-MEP a 76 $ y Dólar CCL a 79, casi 80 $ (todos ellos con valores diarios fluctuantes).

Como simple ejercicio comparativo, si tomáramos como paridad o convertibilidad de referencia – tipo de cambio teórico o aparente (producto de dividir la BM-Base Monetaria por las RI-Reservas Internacionales) – tendríamos valores notables:

CUADRO II: TIPO DE CAMBIO TEÓRICO O APARENTE SEGÚN DATOS DEL BCRA

Base Monetaria Monto M$        por rubro Monto M$ acumulado Monto Acum/RI: TC $/US$ Observaciones
BM simple 1.671.600 1.671.600 38.16 Base Monetaria
BM + PP 1.526.100 3.197.700 73.01 + Pases Pasivos
BM + PP+ Leliq 876.600 4.074.300 93.02 + Leliq

 

Fuente: Datos del BCRA y elaboración propia del Autor.

El sentido de este Cuadro es mostrar en forma comparativa el valor teórico de respaldo del dólar como producto del cociente Base Monetaria (BM) / Reservas (RI), siendo que la verdadera BM final es, en definitiva, la que surge de la suma de los tres rubros (BM Amplia) y no sólo de la BM simple.

Una de las formas engañosas de manejo de las Metas de BM pactadas con el FMI y presentadas por el BCRA ha residido, en realidad, en tomar como indicador la BM simple sin contar las Leliq y Pases Pasivos, que son también BM retenida pagando altos intereses.

Hoy en día, con el desarme de posiciones en Leliq, la BM simple está incrementándose fuertemente pero la mayoría de los fondos – los que no se hayan convertido en dólares y salido del Sistema – han sido traspasados a Pases Pasivos, con lo que el costo financiero por Intereses a Pagar ha crecido más todavía (por Tasas Efectivas calculadas sobre obligaciones de mínimo plazo: Pases a un día).

INTERESES A PAGAR

El costo financiero del macro-endeudamiento en Leliq – ex Lebac – y Pases Pasivos obviamente no ha sido ni es neutro para el BCRA.

La sangría financiera del Banco ha llegado a niveles de récord histórico, tanto en Pesos como en Dólares, según se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO III: INTERESES A PAGAR POR EL BCRA

Rubro Stock en Pesos Stock en Dólares Tasa  Interés Intereses anuales $ Intereses anuales US$ Intereses diarios $ Intereses diarios US$
Leliq 876.600 14.600 63 % a 552.250 9.200 1.500 25
Pases P 1.526.100 25.500 55 % a 839.350 14.000 2.300 38
Total 2.402.700 40.100 (58 %) 1.391.600 23.200 3.800 63

 

Fuente: Datos del BCRA y elaboración propia del Autor.

Esto significa que, conforme a estas realidades diarias y a sus proyecciones anuales,  el BCRA tiene actualmente más Intereses a Pagar que el Tesoro – que según el Proyecto de Ley de Presupuesto 2020 serían el año que viene de 1.208.000 M$ (≡ 18.000 MD al tipo de cambio previsto de 67.11 $/US$) – siendo que la gran mayoría de estos intereses del Banco no se pagan sino que se capitalizan por anatocismo, con lo cual la bola de nieve de los intereses sigue creciendo en gran escala.

Si un Deudor – en este caso, el BCRA – tiene una Deuda enorme e impagable (lo mismo que pasa con el Gobierno Nacional) y esa deuda o conjunto de deudas devenga intereses igualmente impagables, que además aumentan más que proporcionalmente el quantum de esas obligaciones por el proceso de capitalización, ello significa que en algún momento tendría que sincerarse esta situación blanqueando la cesación de pagos de hecho que conlleva.

Sin embargo, el problema del sobre-endeudamiento del BCRA – a diferencia de parte del problema de la Deuda del Gobierno Nacional y las Provincias – parece estar hoy fuera del conocimiento y de la discusión pública.

La alternativa de un nuevo Plan Bonex no soluciona esta cuestión porque significa el traspaso de la deuda del Banco al Tesoro que aumentaría el stock de la deuda ya impagable del mismo, aunque eventualmente sujeta al Nuevo Megacanje en estudio.

Empero, de los cuatro rubros de Deuda del BCRA del Cuadro I esto alcanzaría sólo al monto de las Leliq, no al de Encajes en Moneda Extranjera ni Swap con China, y difícilmente aclararía el problema de los Pases Pasivos y el subsidio que ello implica para los Bancos y los Fondos especulativos de Inversión que operan a plazo inmediato.

EN SINTESIS:

El nuevo gobierno Fernández hereda de la administración macrista un gravísimo escenario de endeudamiento financiero bicéfalo: en cabeza del Tesoro y del BCRA.

A diferencia del primero, este segundo aspecto está notablemente soslayado ante la opinión pública por parte de la tríada Gobiernos (actual y nuevo) – Clase Política – Medios.

El Dr. Alberto Fernández dijo hace pocas semanas a que había que bajar las tasas de interés que el Estado paga a los Bancos para poder darles aumento a los jubilados, una frase lógicamente muy efectista aunque sujeta a una compleja instrumentación a determinar.

El problema de fondo es que el Estado Argentino subsidia en la práctica al Sistema Bancario y al Sistema Financiero en general, y lo hace a través de las altísimas tasas de interés que paga a los acreedores del Fisco y del BCRA, que son las más altas del Mundo y que subordinan al país al juego de las formas más perversas de especulación por altas Tasas de Interés que se transmiten al Mercado y que neutralizan así el funcionamiento normal de la Economía Física o Real.

Y estas cosas no ocurren porque se apliquen o hayan aplicado políticas equivocadas sino porque se aplican Políticas de Poder, y el Poder de los Sectores  Financieros es mayor que el Poder del Estado.

El saliente gobierno Macri – repitiendo las maniobras de base de la corrupción financiera clásica de las épocas del Proceso Militar y de la Convertibilidad Menemista – llevó a la Argentina a un nuevo período de servidumbre financiera a través del Sistema de la Deuda y deja ello como la más pesada herencia a la nueva administración Fernández.

Se trata ciertamente de la instrumentación del saqueo financiero más grande de la Historia Argentina, organizada desde el gobierno del Estado y de la que, temprano o tarde, debiera dar cuenta  la administración Macri.

Más, en lo inmediato, al gobierno Fernández-Fernández le toca tomar decisiones con muy poco tiempo de respuesta porque la tormenta financiera de la nueva Crisis de Deuda – del Tesoro, de las Provincias y del BCRA – le está encima y le deja planteado un problemático juego que hoy por hoy tiene un final abierto.

***

ANEXO:

INFORMACIÓN COMPARATIVA DE INTERESES BCRA KIRCHNER-MACRI (Nota 4).

Al final del gobierno Kirchner (CFK) – según datos del BCRA – el stock de Lebac era de 346.300 M$ y el de Pases Pasivos de 141.500, que al tipo de cambio vigente a esa fecha  (7.12.2015) de 9.73 $/US$ equivalían a 35.600 y 14.500 MD respectivamente. En total, pasivos por 487.800 M$ ≡ 50.100 MD. Y las Reservas eran entonces de 25.000  MD.

Hoy – según surge de las cifras del Cuadro I – estas sumas se han multiplicado 5 veces en Pesos (2.402.700 / 487.800 = 4.93) pero notablemente han disminuido comparativamente en Dólares, en unos 10.000 MD (40.100 hoy contra 50.100 a fines K).

Las Reservas Brutas son ahora de 43.800 MD, aunque en ambos casos – 2015 y 2019 – no se toman aquí las Reservas Netas, propias o de Libre Disponibilidad sino las nominales o Brutas.

La explicación primaria de este fenómeno del valor de los pasivos a corto plazo del BCRA reside en el atraso cambiario existente a fines del 2015 y, recíprocamente, en el hecho que durante el bienio 2018-2019 el peso argentino ha tenido sucesivas devaluaciones frente al dólar.

Paralelamente, se han agravado la condiciones de inmediatez de los vencimientos – gran incremento de Leliq (a 7 días de plazo) y Pases Pasivos (a sólo un día) – se ha producido la suba extraordinaria de las tasas de interés – que en 2015 estaban en el orden del 30 % y hoy son más del doble – y consecuentemente  se ha incrementado más que proporcionalmente la cuenta de los servicios de Intereses a Pagar por la deuda a corto/cortísimo plazo.

De allí la importancia del peso de los nuevos Intereses de la Deuda cuasi-fiscal del BCRA que se cuantifican en el Cuadro III, que deviene el problema más acuciante desde el punto de vista financiero por el estrangulamiento de los pagos y/o la capitalización de los Intereses.

En el año 2015 – según el Balance de cierre Anual – el BCRA tuvo Intereses Ganados sobre las Reservas por 214 M$ (≡ 16.5 MD, al tipo de cambio final de 13.005 $/US$) contra Intereses Perdidos (Pagados) por 77.200 M$ (≡ 5.900 MD, casi 6.000). Esto es, una relación mucho peor que hoy: 360 veces a uno.

Sin embargo, cuando se comparan las cifras totales de pago de Intereses de la administración CFK al fin del ejercicio en valor absoluto en dólares, por esos 6.000 MD (en realidad, cifras cuasi-finales, porque son datos al 31.12.2015) (*) con las proyecciones actuales de intereses a pagar que surgen del Cuadro III – que dan más de 23.000 MD – resulta que hoy el BCRA Macrista estaría pagando así  4 veces más Intereses medidos en dólares que los que pagaba el Kirchnerismo en el año final de su gestión.

 

(*) No es un detalle menor que entre el 7.12 (fin del mandato CFK) y el 31.12.2015 – apenas asumida la administración Macri, con Federico Sturzenegger al frente del BCRA –  el stock de Lebac haya crecido casi inmediatamente de 346.300 a 416.600 M$ (70.300 M$) y que el stock de Pases Pasivos haya aumentado de 141.500 a 185.000 M$ (43.500 M$).

 

Por último – volviendo a las cifras comparativas entre fines de las administraciones CFK y Macri – cabe señalar la existencia de un proceso compensatorio reciente y poco observado: el hecho que, a raíz de las sucesivas devaluaciones desde el año pasado, el BCRA viene licuando sensiblemente el peso de sus pasivos remunerados (Leliq y Pases Pasivos) cuando se los expresa en dólares.

Un hecho que habrá que analizar debidamente en caso que se produzca alguna suerte de nuevo Plan Bonex con dolarización de pasivos en pesos.

[1] El cuadro de situación financiero-contable del Banco en materia de Resultados por Intereses es dramático, por no decir burlesco: según el Balance 2018 durante el Ejercicio se ganaron por Intereses derivados de la colocación de Reservas 11.700 M$ (≡ 300 MD) mientras que en el mismo período los Intereses Perdidos por Lebac/Leliq sumaron 383.200 M$ (≡ 10.000 MD).

Esto es, que el costo financiero de la compra de Reservas con Deuda fue 33 veces mayor al rendimiento de esas Reservas colocadas en el Exterior.

[2] Abreviaturas: M$/MD y B$ son Millones de Pesos/Dólares y Billones de Pesos respectivamente. Las cifras se expresan siembre con redondeo, por lo que pueden darse mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos. Los importes se muestran con equivalencia (≡) entre Pesos y Dólares al tipo de cambio oficial del BCRA de 59.86 $/US$ vigente al 30.11.

[3] Los Pases Activos no se descuentan o netean aquí de los Pasivos porque no serían créditos concretos del BCRA sino sólo el registro de garantías dadas por el Banco sobre los Pases Pasivos y/u Otros Pasivos (caso del Swap con China).

Se trata de un rubro cuyo tratamiento financiero-contable no está claro por parte el BCRA.

[4] Ver anexo explicativo al final de este Trabajo.

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Colonialidad: los dispositivos de la reforma empresarial de la educación

Darío Balvidares | ContrahegemoníaWEb 01.08.2019. Todo contribuye para formar el “compost-transgénico” con que la reforma en educación se hace omnipresente, borra los procesos de historicidad de la escuela, reconfigura a docentes y directivos, formatea a los estudiantes y pone la incertidumbre como valor, en el marco del enunciado sobre “… el mundo cambiante (…)

 

La educación en el mercado

Por Darío Balvidares (01.08.2019) | ContrahegemoniaWeb

Todo contribuye para formar el “compost-transgénico” con que la reforma en educación se hace omnipresente, borra los procesos de historicidad de la escuela, reconfigura a docentes y directivos, formatea a los estudiantes y pone la incertidumbre como valor, en el marco del enunciado sobre “… el mundo cambiante…” y desde una mirada sólo tecnocrática que propone la llamada sociedad del conocimiento, es decir, la designación de la economía del capital humano. Y ese es uno de los objetivos principales de la reforma corporativa de la educación, la generación de egresados de la escuela media formados en las competencias que el mercado necesita de manera que la escuela debe (de) formar para la empleabilidad.

Para esto, el discurso de la reforma ha apelado a nociones como “aprender durante toda la vida”; “aprender a aprender”; “calidad educativa”, “inclusión”, etc. lo que por operaciones de repetición da para convencer a la sociedad que la reforma es progresiva y que es necesario el “reformismo permanente”. Mientras eso ocurre también aparecen los conceptos de “competitividad” y “productividad”, es decir, conceptos meramente económicos como parte del corpus lingüístico reformista, que es “vendido” declarativamente como la nueva educación, o la educación del futuro.

La pregunta es: ¿Formará en el pensamiento crítico y para la emancipación?

¡No, la respuesta es no!

¿Y si no forma en el pensamiento crítico, ni para la emancipación, cuál es su finalidad?

Formar sujetos adaptables, flexibles, competitivos y productivos, preocupados por no “fracasar” y que apuesten al “éxito” de sus emprendimientos. Porque esa es la nueva dialéctica esquizoide pendular en el movimiento entre el “éxito” y el “fracaso”. Seguramente gran parte de la población está de acuerdo con que así sea, porque el neoliberalismo ya los ha convencido de que “el mundo es el mercado” y el capitalismo, la única posibilidad de existencia, aun cuando incluya la muerte de la subjetividad. Por una parte, la devastación de la naturaleza, reconvertida en recurso y por otra la disolución del sujeto, reconfigurado, también en recurso.

La apropiación del conocimiento por la explotación del recurso humano para estimular el valor agregado de los recursos naturales, todo para la optimización de ganancias del mundo corporativo. El problema es porqué seguimos naturalizando y aceptando una reforma que pone al conocimiento en general y a la educación en particular al servicio de las decisiones de los empresarios megamillonarios y a sus “pedagogos”, empleados para seguir generando los discursos sobre la “crisis” de la escuela y la falta de “capacitación” de los docentes.

Hace 30 años que dicen que la escuela está en crisis, los que hace 30 años operan para el continuismo reformista, ahora casi todos ellos “empleados” del Observatorio Argentinos por la Educación, la fundación de los empresarios que posee toda la información que debería tener el Estado para la construcción de políticas, pero terceriza esa información para que las políticas públicas se piensen en instituciones privadas.


El mercado de la educación

Como ya he dicho en otros trabajos, el mercado de la educación está valuado en trillones de dólares, la prueba es que algunos de los empresarios dedicados a los “servicios educativos” son billonarios en dólares; como el caso de Sunny Varkey, que con su fundación brinda capacitación a los directivos de escuelas de varios países y en otras tantas provincias argentinas por 150 mil dólares mensuales durante cuatro añosAdemás impulsa la Global Teacher Status Index (Índice Global de Comparación de Maestros) y firme promotor de las evaluaciones estandarizadas. También entrega el Global Teacher Prize, un premio de un millón de dólares al “mejor” docente del año; algunos lo llaman el “nobel de educación”.

Dentro de estas políticas, fomenta el individualismo y la “carrera al éxito” que proponen las pedagogías instrumentales del mercado, además de formatear con las capacitaciones estandarizadas a los directivos de las escuelas a través convenios multimillonarios que firma la fundación con la agencia de negocios llamado Ministerio de Educación, que no tiene escuelas, ni paga docentes, ni convoca a paritarias, pero sí les paga a fundaciones privadas, mientras a los docentes los tiene con salarios debajo de la línea de la pobreza. Estas estrategias de comparación de docentes o de alumnos por medio de las evaluaciones estandarizadas u opiniones de las poblaciones sobre sus maestros son herramientas que nacen en el mundo empresarial y se desplazan a la educación para el establecimiento de las políticas. Lo que vale para el mercado, vale para la educación, porque en esta concepción es un gran y jugoso mercado que fabrica los recursos humanos de acuerdo con las necesidades empresariales.

Se asume que la empleabilidad garantiza la competitividad de las empresas, además del crecimiento y la competitividad del Estado o de sus alianzas. Los sistemas escolares se transforman, entonces (¡y se trata de una tendencia mundial!) en fábricas de alumnos de alto rendimiento, piloteadas por comparaciones internacionales, “benchmarks” y evaluaciones estandarizadas…”1

De acuerdo con la European Foundation For Quality Management (Fundación Europea para la Gestión de Calidad) y su “modelo de excelencia”, Benchmark es la herramienta de “comparación sistémica de enfoques con otras organizaciones relevantes para obtener información valiosa que ayude a la organización a adoptar acciones para mejorar su rendimiento”.

El modelo de excelencia EFQM para los centros educativos se basa en la siguiente premisa: los resultados de excelencia, en lo referente a los estudiantes, docentes, empleados y otras partes interesadas, se obtienen a través del liderazgo en la conducción de la política y la estrategia que se imprime por medio de las personas, de las alianzas estratégicas, de la asignación de recursos y de los procesos”.2

Pero no solo de software vive el mercado educativo, también entra en la currícula y genera fragmentación.

La multinacional IBM impulsa el programa P-TECH, que de acuerdo con la información, ya funciona en 120 países y dice la nota: “La iniciativa, según describen, no busca un cambio de currícula, sino una adaptación que siga los requerimientos de la industria…3

Parece que queda claro que seguir los requerimientos de la industria son cambios en la currícula aunque “describan” que no.

Este programa que además promete pasantías (remuneradas opcionales) para los alumnos a partir de los 16 años, además “de las 200 horas de prácticas profesionalizantes que son obligatorias en el sexto año de educación técnica”.

¿Entonces las pasantías son opcionales?

Como sea, el modelo internacional P-TECH se va a implementar en la Escuela Técnica 2 de Munro en la provincia de Buenos Aires. Claro ejemplo de cómo la educación pública se desplaza a los requerimientos de las grandes corporaciones.

Veamos un poco más, IBM se unió con la Cámara ArgenconChicas en Tecnología y la Fundación Conocimiento Abierto.

¿Qué tiene en común además de ser socias de IBM?

La Cámara Argencon4 es el producto de una reunión entre la propia IBM, el JP Morgan, Exxon y algunas otras corporaciones; JP Morgan es, además, socio fundador de Chicas en Tecnología5 que tiene también cómo sponsor de platino a “Despegar”, la empresa de Roberto Souviron que es también el titular de la fundación Observatorio Argentinos por la Educación. Mientras que la Fundación Conocimiento Abierto6 está en alianza con la Organización de Estados Americanos (OEA) y con otras fundaciones corporativas, entre ellas la tristemente célebre NED, Fundación Nacional para la Democracia, financiada por el Congreso de los Estado Unidos. La NED tuvo participaciones en desestabilizaciones políticas en varios países en los que operó, entre ellos Venezuela y Cuba7. Lo que parece ser tan simple como un programa tecnológico, no lo es tanto cuando investigamos todo lo que subyace al interior de la reforma. El modelo educativo internacional que “desembarca” en una escuela pública, como dice la nota del portal, es en realidad una muestra del desembarco conquistador en la era de la economía del conocimiento. Pero los caminos de sujeción colonial son muchos, también en estos días aparecía la noticia sobre la Licenciatura en Ciencias de la Educación en el Departamento de Santa Rosa en la provincia de Mendoza, pero no se realiza el convenio con ninguna universidad Pública sino que el municipio lo realiza con la UCA8.

Así que mientras unos “desembarcan” con los espejitos de colores tecnológicos, otros lo hacen de la mano de la iglesia católica para formar licenciados en educación, nada menos. Las instituciones públicas de los estados, tanto el nacional, como los provinciales se disuelven para permitir, con la bandera reformista en mano, la sustitución que se inscribe en los procesos de exoprivatización y endoprivatización de los sistemas públicos de educación. Eso sí, también durante esos días, han puesto a funcionar a sus guardias pretorianas, policías y gendarmería, en este caso el gobernador Juan Manuel Urtubey, devenido en candidato a vicepresidente del Frente Consenso Federal 2030, para reprimir las protestas de los Docentes Autoconvocados de Salta por reclamar la actualización de los salarios pulverizados por la inflación, las tarifas energéticas y los precios de los alimentos y medicamentos.


¿La educación en las elecciones o las elecciones en educación?

Para finalizar esta breve descripción de lo que sucede en educación, del avance de la reforma privatizadora del sistema y del pensamiento de las políticas públicas, es necesario en épocas de elecciones que los candidatos nos digan qué van a hacer con la educación. Del oficialismo ya lo sabemos, va a acelerar el rumbo privatizador de la desposesión educativa. En una reforma que lleva 30 años de aplicación y profundizando la crisis que los mismos reformadores crearon para transformarla en un suculento negocio por una parte, y en un proceso de desubjetivación creciente por la otra; en una eficaz herramienta de colonialidad. No sé ven propuestas de fondo que diferencien a los partidos del establishment. De la oposición tradicional no surge la idea de renacionalizar el sistema por una falsa idea de federalización que sirve para que el estado desfinancie a las provincias que no se puedan hacer cargo de sostener el sistema. No surge de la oposición tradicional ninguna crítica al avance de fundaciones y ong corporativas que destruyen la soberanía educativa en todas sus dimensiones, incluso la económica porque los dineros públicos que salen para pagar los convenios con esas organizaciones privadas no están en la educación pública.

Desde una posición crítica, aquellos que luchamos por la educación pública, gratuita y científica, es necesario contribuir a visibilizar estas políticas de entrega, que no son nuevas. Mostrar el proceso que funciona dentro de la misma lógica con la que se mueve el extractivismo y el agronegocio, procesos de desposesión y degradación crecientes. Algo queda claro, nada tienen que hacer los empresarios en el sistema educativo, no necesitamos que nos piensen, no necesitamos funcionarios corporativos que estén en el Estado y en su empresa diciendo lo que es mejor para la educación, mientras le “venden” al estado sus “servicios educativos”; ni lacayos técnicos que durante 30 años intervinieron en la esquizofrénica reforma, pero lavan sus culpas diciendo que la crisis es responsabilidad de los docentes y se resguardan en el Observatorio Argentinos (CEOS) por la Educación o promocionando plataformas digitales en la Feria del Libro.

Habrá que concientizarnos como las asambleas ambientalistas: “¡No a la megaminería contaminante!”; “¡No a los agrotóxicos!”

¡Basta de reforma! ¡No a los empresarios en educación!

 

1 Del Rey, A. (2016) “Del fracaso de los sistemas escolares o de la fábrica del alumno performativo” Voces de la Educación. 1 (2) pp. 16-22.

2 https://www.isotools.org/2017/08/05/modelo-de-excelencia-efqm-para-los-centros-educativos/

3 https://www.infobae.com/educacion/2019/07/23/un-modelo-educativo-internacional-desembarca-en-una-escuela-publica-bonaerense/

4 https://netnews.com.ar/nota/2338-La-industria-del-conocimiento-ha-generado-multinacionales-argentinas

5 https://www.chicasentecnologia.org/nuestrxs-socixs

6 http://conocimientoabierto.org/

wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Nacional_para_la_Democracia

8 http://tiempodeleste.com/se-amplia-la-oferta-educativa-de-santa-rosa-y-ahora-se-podra-estudiar-esta-carrera/

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BANCO CENTRAL, DEUDA, DÓLAR Y BASE MONETARIA

Héctor Luis Giuliano 08.07.2019. Los portavoces del establishment financiero – Oficialismo, Clase Política y Medios – están vendiendo a la opinión pública la idea de que el gobierno Macri ha logrado estabilizar el tipo de cambio gracias a una inyección de confianza externa e interna de los operadores del Mercado (…)

 


BANCO CENTRAL, DEUDA, DÓLAR Y BASE MONETARIA

Por Héctor GIULIANO (8.7.2019) [1]

Los portavoces del establishment financiero – Oficialismo, Clase Política y Medios – están vendiendo a la opinión pública la idea de que el gobierno Macri ha logrado estabilizar el tipo de cambio gracias a una inyección de confianza externa e interna de los operadores del Mercado.

Como la supervivencia política del presidente hasta fin de su mandato y sus posibilidades de reelección en Octubre – previa encuesta pre-electoral compulsiva de las PASO el 11.8 – depende en lo inmediato de la evolución del Dólar, esta estabilidad financiera y cambiaria deviene requisito esencial para el sostenimiento de su administración por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los capitales financieros que actúan en función del Acuerdo Stand-By en curso desde Junio de 2018.

Empero, se soslaya decir que la citada estabilidad cambiaria – dólar quieto o planchado – no se explica sólo como producto del apoyo externo en divisas en sí mismo sino  como resultado de garantizarle a los capitales financieros (que junto a los organismos internacionales las proveen) el mantenimiento de tasas de interés internas que son las más altas del mundo y les aseguran así el logro de las mayores rentabilidades a los acreedores especulativos a cambio de ese sostenimiento artificial de la administración Macri.

LA VUELTA DEL CARRY TRADE

Como producto de la reformulación del préstamo Stand-By (SBA) en Octubre pasado – luego del fracaso del acuerdo original de Junio – el Banco Central (BCRA) explicita a comienzo de todos los meses los parámetros de referencia básicos comprometidos por el gobierno Macri a favor de los Acreedores financieros del Estado.

En función de este Acuerdo el Comité de Política Monetaria (COPOM) del BCRA[2] ha fijado para el corriente mes de Julio las siguientes medidas principales:

  1. a) La baja del piso de las tasas que paga por las Leliq – que hoy están en el orden del 60 % – al 58 % anual.[3]

Esto implica que, con tipo de cambio estable y tendencia a la baja (actualmente 43-42 $/US$), pese a la leve baja de la tasa de interés, se garantiza y mejora la rentabilidad de los capitales especulativos externos que ingresan al país para ser colocados en Leliq (Carry Trade o Bicicleta Financiera).[4]

b) La reducción de los encajes bancarios por depósitos en 3 puntos porcentuales, lo que libera unos 45.000 M$ a favor de los Bancos.

No queda claro cuál será el destino que los bancos darán a esta mayor disponibilidad de liquidez dado que si los fondos liberados se destinaran a aumentar las compras de Leliq ello significaría mayor ganancia todavía para los bancos, rentada por el BCRA.

Cabe recordar, por otra parte, que las Leliq pueden ser computadas para integrar las inmovilizaciones por encajes bancarios, de modo que pasan a ser pasivos remunerados por el BCRA mientras que antes eran depósitos forzosos y gratuitos.[5]

  1. c) El compromiso del BCRA de no realizar compras de divisas en el mercado cambiario y sí, en cambio, de poder realizar ventas para evitar una suba del dólar.[6]

Esta medida tiene por objeto práctico garantizar la intervención del BCRA sólo contra una eventual corrida que lleve al aumento del dólar y no, en cambio, para frenar su caída, por lo que se ratifica así la tendencia a la apreciación relativa del peso (un nuevo retraso cambiario), lo que conlleva mayores ganancias a los capitales financieros y más garantía de pago de intereses en moneda extranjera debido a que el Estado recauda mayoritariamente en pesos mientras que la mayoría de la Deuda Pública está en divisas).[7]

Un atraso relativo del tipo de cambio local implica siempre mayores utilidades especulativas por arbitraje para los Fondos de Inversión que lucran con este negocio.

Hasta aquí el breve análisis de las principales medidas adoptadas por el BCRA en su programa financiero – monetario, cambiario y bancario –  para el mes de Julio.

LA CUESTIÓN DE LA BASE MONETARIA

En el marco del convenio arreglado por el gobierno Macri con el FMI la variable clave y esencial de la que depende el armado de su Política Financiera es la estabilidad del tipo de cambio.

No se trata sólo del grado o magnitud de las mega-devaluaciones iniciales con posteriores procesos de retraso cambiario relativo sino de un instrumento que determina el nivel de rentabilidad de las inversiones financieras autónomas, esto es, de las operaciones especulativas sin base en la Economía Física o Real.

Para ello, el compromiso fáctico del gobierno es que el valor de cotización del dólar sea determinado por la tasa de interés local. Y no cualquier tasa sino la que paga el Estado a través del BCRA.

De allí que la relación cambiaria –  tipo de cambio teórico u aparente – que surge del cociente Base Monetaria (BM) / Reservas Internacionales (RI) – adquiere una importancia especial.

El presidente del BCRA, Guido Sandleris, se ufana de estar cumpliendo con la exigencia del FMI de no aumentar el nivel de la BM – política de incremento 0 de la BM – pero esto conlleva un concepto engañoso en cuanto a lo que se considera BM:

  1. a) La BM promedio para Julio se encuentra prevista dentro de la meta de los 1.350.000 M$ (1.343 B$).
  2. b) Esta BM – según el Balancete semanal del BCRA al 30.6 – es de 1.375.800 M$ (≡ 32.400 MD, al tipo de cambio mayorista de 42.4483 $/US$).
  3. c) Dividiendo esta BM por el nivel de reservas a esa fecha – 64.300 MD – nos da que el dólar teóricamente debiera estar en 21.40 $ (la mitad de la cotización actual).
  4. d) Pero este cálculo de referencia teórico no es realista porque prescinde de considerar la Base Monetaria amplia, que incluye las Leliq, dado que estas letras de muy corto plazo (7 días) son en la práctica BM retenida pagando intereses.
  5. e) Si dividimos entonces esta BM Amplia de 2.502.800 M$ (1.375.800 M$ de BM + 1.127.000 M$ de Leliq) por los 64.300 MD de las Reservas, el tipo de cambio de referencia da 38.92 $/US$.
  6. f) Y si queremos precisar todavía más este cálculo en forma realista tenemos que agregarle la masa de Pases Pasivos por 880.600 M$ – que son obligaciones del BCRA a sólo un día de plazo, es decir, de vencimientos inmediatos y sistemáticamente renovados (lo mismo que las Leliq) – lo que da un dólar de 52.62 $/US$ (3.383.400 M$ / 64.300 MD).

Notablemente, este último valor es muy cercano al tope de cotización comprometido por el presidente del BCRA Sandleris hasta fin del corriente año.

Ergo, cabe la fundada inferencia de que el gobierno Macri – a través del BCRA y en función del Acuerdo con el FMI – está tomando en realidad como punto de referencia un valor del tipo de cambio en base a un stock de reservas prestadas[8] que supone relativamente fijo contra una BM Amplia y no restringida a su cifra contable.[9]

POLÍTICA AL SERVICIO DEL CAPITAL FINANCIERO

La esencia del negocio de la especulación financiera internacional es el arbitraje entre Tipo de Cambio y Tasas de Interés.

La Argentina se ha convertido ya hace mucho tiempo en el paraíso de este sistema de negocios.

Y dentro de este esquema el tipo de cambio de referencia es una pieza clave.

El presidente Macri vino a gobernar con Deuda y en dos años de gestión reventó el problema del endeudamiento nacional generando una doble deuda pública inmanejable – fiscal, en cabeza del Estado Central, y cuasi-fiscal, en cabeza del BCRA – llevando al país a una nueva situación de default por incumplimiento de las obligaciones irresponsablemente contraídas.

Frente a la crítica situación creada bajo su administración – no por una crisis heredada, porque esto Macri lo hizo – el presidente recurrió de emergencia al salvataje del FMI con un préstamo récord histórico, para la Argentina y para el propio FMI, a los fines de poder llegar a completar su mandato.

A partir del Acuerdo Stand-By del 2018 el FMI interviene de hecho las Cuentas Fiscales y cuasi-fiscales Nacionales e impone una serie de condicionalidades financieras, económicas y políticas que el gobierno Macri, en contraprestación a su sostenimiento formal por parte del Fondo y del gobierno de los Estados Unidos, está tratando de cumplir a rajatabla a través de un plan de ajuste destinado a forzar medidas de austeridad que permitan el pago de los intereses crecientes de la Deuda del Estado.

Este andamiaje – en realidad, un armazón precario y sostenido con alfileres de servidumbre financiera y política por parte de la administración macrista – puede mantenerse sólo siempre y cuando lo decidan los capitales financieros que le sirven de apoyo.

Pero se trata de un apoyo de valor muy relativo para el análisis porque no puede saberse si estamos frente a un verdadero espaldarazo al gobierno Macri o simplemente ante un apoyo muy condicionado mientras se cumplen la mayoría de las concesiones a cumplir por el presidente durante lo que le queda de su mandato y que pudiera revertirse en caso que la actual administración – con las PASO mediante – no demuestre probabilidades electorales confiables para las Elecciones del 27.10.

Mientras tanto, la sangría financiera de la Deuda bicéfala de la gestión macrista sigue devastando la Economía Argentina y la situación Socio-Económica del Pueblo Argentino.[10]

[1] Las abreviaturas M$/MD y B$ significan Millones de Pesos/Dólares y Billones de Pesos respectivamente y se expresan siempre con redondeo, por lo que pueden darse mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos. Estas cifras se muestran a veces también en su equivalente (≡) en dólares.

[2] El COPOM está conformado por el presidente del BCRA Guido Sandleris, los vice-presidentes primero y segundo, Gustavo Cañonero y Verónica Rappoport, el Director Enrique Szewach y el sub-gerente general de Investigaciones Económicas Mauro Alessandro.

[3] Las Leliq son Letras de Liquidez del BCRA a 7 días de plazo que reemplazaron a las Lebac o Letras del BCRA, que tenían mayor plazo (mínimo de 30 días) y pagaban menores tasas de interés.

La denominada Bomba de las Lebac – que había llegado a la suma de 1.160.300 M$ a fines de 2017 fue siendo desactivada durante el año 2018 ofreciendo para eso Leliq, que pueden ser compradas sólo por Bancos, aunque ello no inhibe que los Fondos de Inversión (FI) – externos e internos – puedan seguir operando a través de las entidades financieras.

De allí el aumento también de las tasas de interés pasivas por los depósitos a plazo en los bancos, que con ese dinero compran Leliq.

Hoy (30.6.2019) el stock de Leliq es de 1.127.000 M$ (≡ 26.600 MD) y la tasa de interés de referencia promedio es del 62 % anual, lo que implica el pago de intereses por unos 700.000 M$ anuales (un promedio de 2.000 M$ por día).

[4] El peso del argumento de la baja de tasas – que llegaron a un pico del 74 % a principios de Mayo – es muy relativo porque se contrapone a la ventaja de estabilidad cambiaria a los tenedores, que garantiza altas rentabilidades ciertas y más seguras en su valor con respecto al dólar.

Por otra parte, cabe recordar que estas tasas de interés actuales (por letras a 7 días) siguen siendo hoy más del doble de lo que estaban a fines de Abril del año pasado (26.3 % a 30 días de plazo).

[5] Corresponde agregar aquí que el BCRA ha incorporado otra modificación importante – y poco advertida – a favor de los bancos modificando el cálculo de los importes de base para los encajes, que pasaron ahora al promedio del mes anterior y no del mes en curso, lo que implica una mejora adicional de liquidez para las entidades financieras porque los montos actuales son mayores que los pasados.

[6] Por el acuerdo SBA con el FMI el gobierno Macri se obligó a respetar el régimen de tipo de cambio flotante o variable, es decir, determinado por el Mercado (siendo que este Mercado es resultado de las operaciones de grandes capitales financieros internacionales que se mueven en forma irrestricta en la Argentina merced al permiso de libre entrada y salida del país de tales capitales especulativos).

En este marco, el BCRA no tenía permitido intervenir en el Mercado Cambiario dentro de una así llamada Zona de No Intervención (ZNI), para garantizar a los capitales financieros su operatoria discrecional para mover el tipo de cambio en el país.

Esta restricción no fue respetada por el gobierno Macri, que desde el año pasado – fundamentalmente durante la gestión de Luis Caputo al frente del BCRA – procedió a vender dólares al mercado, usando para ello los fondos girados por el FMI.

Esta práctica – producto de la acción del BCRA y otros Bancos Oficiales – significó que el Estado Argentino, con divisas prestadas por el FMI, financiase la salida o fuga de capitales por unos 30.000 MD en un año.

Más aún, el 29.4 pasado el FMI formalizó su autorización para que el BCRA intervenga en el Mercado dentro de la banda existente de la ZNI – de 39.755 a 51.448 $/US$ – de manera que las divisas prestadas se utilicen para regular parcialmente el tipo de cambio y no sólo para cancelar Deuda Externa.

[7] Según datos oficiales del Ministerio de Hacienda (MH) al 31.3.2019, sobre una Deuda Total del Estado Central de 338.000 MD a esa fecha, el 79 % de la misma está en moneda extranjera (266.700 MD), contra el 22 % restante en Pesos (≡ 71.300 MD).

[8] Siempre según el Balancete al 30.6, las RI del BCRA son 64.300 MD mientras que los pasivos de vencimiento inmediato, cortísimo y muy corto plazo, más Otros Pasivos suman 85.700 MD: un saldo negativo de Reservas Propias de 21.400 MD.

Conforme al siguiente detalle:

 

O/

 

Concepto

 

Importe  (M$)

 

Importe (MD)

 

Observaciones

RB RI Brutas 2.728.500 64.300 Son 2.73 B$
1 Depósitos ME (*) 662.500 15.600 (*) Moneda Extranjera
2 Otros Pasivos ME (*) 968.100 22.800 (*) Swap con China
A Subtotal  ME (1+2) 1.630.600 38.400 Son 1.63 B$
3 Leliq 1.127.000 26.600
4 Pases Pasivos 880.600 20.700
B Subtotal Pesos (3+4) 2.007.600 47.300 Son 2.01 B$
C Total Pasivos (A+B) 3.638.200 85.700 Son 3.64 B$
RP RI Propias BCRA (-) 909.700 (-) 21.400 Cerca de 1.0 B$ (-)
BM Base Monetaria 1.375.800 32.400 Dato de referencia

 

Fuente: Estado resumido de Activos y Pasivos o Balancete del BCRA al 30.6.2019.

[9] La BM al 30.6 es de 1.375.800 M$ (≡ 32.400 MD) y está compuesta por dos grandes rubros: la Circulación Monetaria o Dinero Circulante, en poder del público (872.500 M$) y los Depósitos de Encajes o Dinero inmovilizado por los Bancos en cuentas del BCRA (503.300 M$).

[10] El BCRA hoy paga diariamente unos 3.400 M$ solamente de Intereses por la Deuda conjunta de Leliq y Pases Pasivos:

  • Un stock de Leliq (con vencimientos a 7 días de plazo) de 1.127.000 M$ al 30.6, que devenga intereses del 62 % anual: son 700.000 M$ en un año – 2.000 M$ promedio por día.
  • Un stock paralelo de Pases Pasivos (a sólo un día de plazo) de 880.600 M$, que devenga intereses del 60 %: son 530.000 M$ en un año – 1.400 M$ por día.

La suma de ambos importes da los 2.07 B$ antes citados, con intereses devengados totales de 1.230.000 M$ en un año – los 3.400 M$ promedio por día.

Si a esta sangría de intereses – una parte de los cuales se capitaliza por anatocismo – se le suma la de los intereses que a su vez paga la Administración Central del Gobierno Nacional – que son 750.000 M$ según el Presupuesto en curso 2019 (2.000 M$ por día) – tenemos que en conjunto, ambos sectores del Estado cargan con un costo financiero de 2.0 B$ anuales (1.930.000 M$ = 750.000 + 1.230.000) – que son 5.400 M$ promedio por día (3.400 + 2.000).

Es la receta cuantificada básica de la magnitud del saqueo financiero que sufre actualmente la Argentina bajo la administración Macri.

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Permisos de exploración y sectarismo militante

Alejandro Olmos Gaona | 18.05.2019. Con motivo del otorgamiento de permisos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en áreas de las cuencas Austral, Argentina Norte y Malvinas Oeste. Se han originado una serie de comentarios en las redes, además de ciertos informes de la OETEC contrarios al otorgamiento, llegándose al extremo de hablar de traición a la patria (…)

 

EL GOBIERNO, LOS PERMISOS DE EXPLORACION EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL Y EL SECTARISMO MILITANTE.


Por Alejandro Olmos Gaona (18.05.2019) 

Con motivo del otorgamiento de permisos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en áreas de las cuencas Austral, Argentina Norte y Malvinas Oeste. Se han originado una serie de comentarios en las redes, además de ciertos informes de la OETEC (Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo) contrarios al otorgamiento, llegándose al extremo de hablar de traición a la patria (Federico Bernal dixit en Página 12 ). Como siempre he sostenido, hay que ser riguroso cuando se critica una acción de gobierno y tener fundamentos para hacerlo, y no echar comentarios al voleo, con argumentos patrióticos que pueden ser atendibles pero que están huérfanos de argumentos normativos, que puedan ser eficaces para impugnar la decisión del gobierno.

No voy a comentar la desmesura de hablar de traición a la patria, porque hay que tener un grado enorme de ignorancia jurídica, para sostener que el otorgamiento de esos permisos es equivalente a un acto de traición, que no se configura de manera alguna tal como lo determina la Constitución y la doctrina aplicable. Nos guste o no para nuestro derecho constitucional, solo se considera traición tomar las armas contra la Nación, pero más allá de esa observación, si quiero referirme a legitimidad actual  que tiene el gobierno para proceder a otorgar esos permisos., aunque puedan ser inconvenientes.

En primer lugar hay que señalar que tenemos una estructura jurídica, originada en la dictadura cívico-militar, que ningún gobierno quiso cambiar, y que además a través de ciertas decisiones gubernamentales se perfeccionó en la década del 90. También es importante puntualizar que el Decreto 872 del 1 de octubre de 2018, por el cual se ordenó la convocatoria a un Concurso Público Internacional, firmado por Macri, se fundó en las leyes 26.741 del 7 de mayo de 2012, y la Ley 27.007 del 31 de octubre del 2014, ambas normas sancionadas por el Congreso Nacional y promulgadas por la Sra. de Kirchner. Por si quedaran dudas respecto a las facultyades del Poder Ejecutivo, existe el Decreto 939, firmado por Cristina Kirchner en el año 2013 para promover las inversiones extranjeras, que determinó que a la semana de firmado se entregara en concesión a Chevron la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional y a Dow Chemical la segunda reserva mundial de gas con las mismas características. En el caso de Chevron con muy graves connotaciones, ya que la justicia ecuatoriana, había pedido el embargo de todos los activos de la empresa, debido a un embargo de 10.000 millones de dólares establecidos por la Corte Constitucional del Ecuador, por la depredación de la amazonia. La Sra. De Kirchner dio instrucciones a la Procuradora General de la Nación, Dra. Gils Carbó para que pidiera el levantamiento de la medida y la Corte Suprema de Justicia, contradiciendo su anterior jurisprudencia lo hizo, con el único y digno voto del anciano Carlos Fayt., y de esa manera se pudieron firmar los contratos a los que hice referencia.

Los que han perdido la memoria o se hacen los distraídos, cuestionan la decisión del gobierno de Macri,  de otorgar esos permisos y  se olvidan, que el gobierno anterior dictó la legislación para posibilitarlos, además de haber hecho algo peor, que es acordar con un conjunto de empresas extranjeras la exploración y explotación de Vaca Muerta. Esto no debería extrañarnos, porque en el año 2006, violando la Ley de Hidrocarburos, se prorrogó la concesión del mayor yacimiento de petroleo convencional  en el golfo de San Jorge a la Pan American Energy, cuyo accionista mayoritario con el 51% era la British Petroleun de Gran Bretaña.

Debo aclarar, que los que han hablado en las redes de la enormidad de dar permisos a empresas británicas en la plataforma continental como lo ha hecho Macri, no debieran desconocer que hay un Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con Gran Bretaña  que los promueve, los protege, y los autoriza, y que  fue ratificado por el Congreso Nacional a través de la Ley 24.184. Este documento  debió ser denunciado para evitar la posibilidad  de que un país que ocupa nuestro territorio, siga haciendo negocios. Durante los años 2010 al 2014 presenté proyectos para pedir al gobierno de Cristina que lo dejara sin efecto  denunciándolo, y lo mismo hice desde el 2015 hasta el 2018, sin ningún resultado alguno. No hubo el menor interés de la ex presidenta de terminarlo, y naturalmente tampoco lo iba a hacer este gobierno.

Esto es un claro ejemplo de que una cosa es el discurso patriotero y supuestamente liberador enarbolado por los que gobernaron en los anteriores gobiernos, y la realidad jurídica que nos rige, que NO QUISIERON CAMBIAR, y que además perfeccionaron. Lamentablemente el sectarismo militante, se niega a ver estas acciones terribles, que forman parte de una estructura que nos condiciona, y se conforman hablando de los planes y las asignaciones, cuestiones estas muy atendibles pero coyunturales, y que no hacen a la defensa de nuestros recursos, que son lo fundamental para que un país crezca y se desarrolle.

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DEUDA Y POLÍTICA FINANCIERA DEL BANCO CENTRAL

Héctor Luis Giuliano 19.04.2019. El híbrido paquete de medidas anunciado por el gobierno Macri para tratar de paliar durante los últimos meses de su mandato los efectos de su fracaso en materia económico-financiera ha dejado en segundo plano ante la opinión pública anuncios mucho más complejos y graves provenientes del Banco Central (…)

 

DEUDA Y POLÍTICA FINANCIERA DEL BANCO CENTRAL

Por Héctor GIULIANO (19.4.2019)

El híbrido paquete de medidas anunciado por el gobierno Macri para tratar de paliar durante los últimos meses de su mandato los efectos de su fracaso en materia económico-financiera ha dejado en segundo plano ante la opinión pública anuncios mucho más complejos y graves provenientes del Banco Central (BCRA).

El 16.4 el titular del BCRA, Guido Sandleris, ofreció una extensa conferencia de prensa – en su presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM) de Abril 2019 – que contiene definiciones importantes sobre la actual Política Financiera (Monetaria, Cambiaria y Bancaria).

Los lineamientos básicos más relevantes ratificados y/o ajustados así por parte del BCRA – en función del arreglo Stand-By (SBA) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) – son los siguientes:

a) El presidente del BCRA ratifica y enfatiza que el Tipo de Cambio en la Argentina es Libre y Flotante, lo que en la práctica significa institucionalizar la privatización del valor del Dólar y de todas las restantes divisas en la plaza local a manos de los grandes operadores financieros que mueven el Mercado de Cambios (Bancos, Fondos de Inversión, empresas bursátiles, grupos multinacionales que manejan la liquidación de exportaciones de granos y Organismos Internacionales cuyos desembolsos se utilizan para sostener las variaciones cambiarias, con el FMI a la cabeza).

b) En línea con el punto anterior, el titular del BCRA declara que el Banco no intervendrá – es decir, que no podrá comprar ni vender divisas – mientras la cotización del Dólar se encuentre entre 39.75 y 51.45 $/US$, una banda por ello denominada Zona de no Intervención (ZNI) del BCRA; y que estos valores quedan fijos hasta fin de año.[1]

c) Además, dice que hasta el 30.6 el BCRA directamente se auto-impone no intervenir en el Mercado ni siquiera para sostener la cotización del dólar en caso que la misma baje del piso de la banda. Esto es, que no le pone restricción a la apreciación cambiaria del peso.

d) En cambio, mantiene que si la cotización sube por encima del techo de la banda fijada, el BCRA podrá intervenir aunque sólo con hasta 150 MD[2] por día.

e) El Dr. Sandleris garantiza así una política de retraso cambiario relativo porque congela y/o restringe la intervención del BCRA mientras el país tiene una inflación superior al 50 % anual.[3]

f) Corresponde resaltar que las intervenciones con ventas de 60 MD por día que desde esta semana pasada realiza el BCRA no se hacen con recursos propios del Banco sino por cuenta y orden del Gobierno Nacional dado que éste es el que recibe el desembolso de los 10.800 MD del FMI y prevé aplicar 9.600 MD de ese total para sostener el tipo de cambio por vía indirecta.[4]

g) El Comité de Política Monetaria (COPOM) del BCRA – que integran su presidente Guido Sandleris, los vicepresidentes Gustavo Cañonero y Verónica Rappoport, el director Enrique Szewach y el Sub-Gerente de Investigaciones Económicas Mauro Alessandro – estableció además que la Base Monetaria (BM, que hoy está en el orden de 1.35 B$), lo mismo que la ZNI, quedará congelada también hasta el 30.6.[5]

h) El titular del BCRA, por otra parte, sostiene que la Tasa de Interés de Referencia que determina el BCRA (lo mismo que la determinación del Tipo de Cambio) tampoco es pública sino privada ya que – según Sandleris – la Tasa la determina el Mercado a través de las subastas diarias de Letras de Liquidez (Leliq) y Pases Pasivos.

i) De todas maneras, se ratifica que el BCRA subsidia la tasa de interés que le paga a los acreedores financieros garantizándoles un piso del 62.5 % anual para las Leliq (y Pases Pasivos) durante el mes de Abril, con opción a que esta medida sea prorrogada durante el resto del año.

j) Sandleris reconoce que la actual Inflación es demasiado alta y la atribuye a dos factores explicativos: el aumento de Precios/Tarifas de Servicios Públicos (precios regulados que fija el gobierno) y el traslado de la Devaluación a Precios, que incide fácticamente en todos los precios de la Economía y particularmente en los Precios Mayoristas.[6]

k) El Gobierno Macri espera que la próxima afluencia de dólares provenientes de la liquidación de exportaciones de granos, unida a los desembolsos de los Organismos Internacionales de Crédito (FMI, Banco Mundial, BID y CAF), le permita contener el valor de la divisa con tendencia a la baja de su cotización, esto es, a un retraso cambiario relativo durante el presente año electoral. Notablemente, es el mismo procedimiento que el Macrismo censuró al gobierno Kirchner durante el año de las elecciones del 2015.

l) El presidente del BCRA exhorta a los Bancos – y ha tomado algunas medidas al efecto – para que disminuyan el spread o brecha de ganancia que existe entre las tasas de interés que les paga por las Leliq (67 %) y las tasas que esos mismos bancos pagan a los ahorristas por plazos fijos que utilizan para fondear sus compras de las letras al BCRA.[7]

m) El BCRA reitera que su política de Letras de Liquidez (Leliq) para absorción monetaria en gran escala – que pagan altísimas tasas de interés – son las herramientas necesarias para atraer pesos en el Mercado (vía Plazos Fijos) para evitar que tales fondos se vayan al Dólar, con el aumento consiguiente de su cotización. Pero ello se está logrando a costa de transformar la ex Bomba de las Lebac en nueva Bomba de las Leliq y Pases Pasivos.[8]

n) Este costo financiero extraordinario de la deuda cuasi-fiscal del BCRA por Leliq y Pases es más gravoso y riesgoso todavía porque los Bancos pasan a estar autorizados a usar la totalidad de las Leliq para integrar sus encajes indisponibles, lo que implica en la práctica una remuneración – una remuneración muy elevada – que obtienen sobre tales encajes: una suerte de nueva Cuenta de Regulación Monetaria (CRM), como la que regía en la época de Martínez de Hoz.

o) Y todo ello se da en el marco de un desequilibrio estructural de un BCRA que tiene 66.200 MD de Reservas Internacionales que fueron compradas con Deuda, de manera que el stock de pasivos a corto y cortísimo plazo deviene superior a tales reservas.[9]

Hasta aquí las principales observaciones y/o comentarios sobre los contenidos de la conferencia de prensa del presidente del BCRA, Guido Sandleris, del 16.4.2019.

Merece un comentario aparte la referencia de Sandleris acerca de los riesgos de dolarización de carteras privadas en el año electoral, que ya se han venido dando con daño a la posición de por sí sumamente grave del BCRA y del gobierno Macri en general.

El titular del BCRA dice que un riesgo de este tipo hoy en día es muy bajo porque Empresas y Familias ya abrían pasado a dólares el grueso de sus ahorros y/o fondos disponibles y que los No Residentes (léase grandes Fondos internacionales de Inversión) ya no estarían en el país desde el retiro de circulación de las Lebac; pero ello no es tan así:

  1. Que las Familias o Individuos tengan hoy menor capacidad de ahorro es cierto pero la suma de pequeños ahorristas (lo que se llama el chiquitaje) no tiene relevancia en el Mercado Cambiario.
  2. Que las Empresas tampoco tengan hoy alta proporción de ahorros disponible para temer fuertes pases a dólares es cosa muy relativa o al menos discutible dado que los grandes grupos corporativos y multinacionales exportadoras sí pueden contar con la alternativa de pases en gran escala a moneda extranjera. Y
  3. Lo más importante: Que los grandes Fondos de Inversión extranjeros se hayan retirado del mercado local por el fin de las Lebac debido a la conversión de las mismas en Leliq y en mayor proporción de Pases Pasivos no solamente no está demostrado sino que, por el contrario, el propio BCRA ha dictado disposiciones para tratar de restringir un poco la afluencia de estos fondos – verdaderos Hedge Funds o Fondos de Cobertura (en la práctica, Fondos Buitre) – que siguen operando en la plaza prevalentemente a través de bancos extranjeros con filiales en el país.

Por ende, no sólo esta visión optimista carece de fundamentos sólidos y se parece a una expresión de deseos para vender expectativas optimistas a la opinión pública sino que además esconde el peor de los peligros reales: el de abrupta salida de Leliq y Pases por parte de los Bancos Acreedores si se produjera el retiro de los depósitos con que fondean sus compras de títulos del BCRA.

En consecuencia, la expresión jactanciosa de Sandleris acerca de contar el BCRA con Reservas suficientes para sostener una corrida cambiaria no sólo no se corresponden con la realidad argentina sino que, por el contrario, en el hipotético caso que ocurriera, llevaría al país a un descontrol cambiario y a un peligro cierto de hiperinflación.

Más, se repite, todo esto que aquí se comenta va más como un razonamiento en voz alta o ejercicio muy teórico antes que como proyecciones financieras pronosticables ya que un terremoto de Mercado que este tipo de acciones desataría se descuenta que no permitiría controlar tal situación en pleno año electoral.

Dicho con otras palabras: que la administración Macri, en las postrimerías de su gestión, se encuentra completamente encadenada y dependiente – en forma institucional y bajo la supervisión directa del FMI – a una trampa insoluble de arbitraje entre Tipo de Cambio y Tasa de Interés que condiciona en forma total y absoluta el resto de su mandato; y que además se transmitiría como condicionante al futuro gobierno electo, cualquiera sea su signo.

Pocas veces en la Historia Financiera Argentina se ha visto una maniobra tan irresponsable como descarada de un gobierno que habiendo fracasado abiertamente en su gestión económica y financiera por culpa de su política de Gobernar con Deuda, se haya sobre-endeudado adicionalmente para poder llegar al fin de su mandato, abonando para ello altísimas tasas de interés y pasándole el costo y la cuenta de cancelaciones a la administración que lo suceda, como hoy lo está haciendo el presidente Macri.

Con el agravante y el interrogante que, por una combinación propia de ineptitud y corrupción – por equivocarse a propósito en favor de los capitales financieros – la administración macrista está apretando hoy al mismo tiempo el freno y el acelerador sobre el tipo de cambio – tema del que vamos a ocuparnos en una próxima nota – a costa de pagar cada vez más intereses y sin que sepamos todavía el alcance que tiene este riesgo de estrellar su Política Financiera incluso antes de las Elecciones de Octubre.

[1] Hasta ahora esta ZNI se indexaba a razón de un 3 % mensual desde un valor base en Octubre pasado entre 34 y 44 $/US$, que había sido bajado al 1.75 %; pero igualmente el nuevo rango de cotización fijo del Dólar entre unos 40 y 51.5 $/US$ sigue siendo riesgoso y vulnerable desde el punto de vista inflacionario y financiero en general.

[2] Las abreviaturas MD/M$ significan Millones de Dólares/Pesos respectivamente y B$ son Billones de Pesos, y se expresan siempre con redondeo de cifras de modo que pueden darse mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.

[3] La Política oficial de atraso cambiario, estrictamente hablando, ya está prevista en el Presupuesto 2019 (Ley 27.467) porque en las proyecciones macro-económicas del año se prevé un dólar promedio a 40.10 $ contra una Inflación también promedio del 23 %.

Por otra parte, después de su macro-devaluación inicial de Diciembre de 2015 – que se neutralizó totalmente durante el Verano por su traslado a precios – la administración macrista mantuvo durante el bienio 2016-2017 un mecanismo permanente de retraso del tipo de cambio que – como todo corsé cambiario – le explotó en Abril del año pasado.

[4] Los préstamos Stand-By (SBA) del FMI – con todas sus condicionalidades – se conceden a los países miembros para superar problemas de Balanza de Pagos y no para sostener o regular el Tipo de Cambio, por lo que el Organismo pudiera estar violando sus propios reglamentos (como ya ocurriera en Setiembre de 2001 también con la Argentina).

El argumento que se esgrime ahora es que el Tesoro recibe el tramo del desembolso – los 10.800 MD citados – y que le vende esos dólares al BCRA para convertirlos en pesos que se utilizan para sufragar el Gasto Público Corriente y con ello cubrir la meta del Déficit Primario Cero; pero este comportamiento del gobierno conlleva algunas irregularidades:

  1. La Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado dice expresamente en su artículo 56 que se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos, siendo que los gastos corrientes son gastos operativos.
  2. El Ministerio de Hacienda (MH) dice estar cumpliendo con las metas fiscales en lo que va del año y tener incluso un leve Superávit Fiscal Primario, por lo que técnicamente no necesitaría vender los dólares del FMI para cubrir necesidades operativas.
  3. La toma de Deuda Externa para sufragar Gastos Públicos Corrientes en Pesos constituye una gravosa irracionalidad financiera: al Estado le resultaría más simple, claro y barato emitir esos mismos pesos en forma directa antes que endeudarse – pagando obviamente intereses – para transformarlos en pesos.

Cabe recordar que el Artículo 66 de la Ley de Administración Financiera dice que: Las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las normas dispuestas en la presente ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las realicen.

[5] La BM – que se integra con el  Dinero Circulante y los Depósitos por Encajes Bancarios – determina el grado de liquidez del Mercado e implica, por lo tanto, la garantía del BCRA sobre la continuidad de su política de contracción monetaria (actualmente en el nivel de 1.35 B$ ≡ 31.200 MD).

Esta política de astringencia monetaria se regula a través de la Tasa de Interés de Referencia que paga el BCRA para absorber dinero de plaza y que se determina según las subastas de Leliq, de modo que – en función de lo dicho en el punto h) – el quantum de la BM, en definitiva, depende de la evolución de las tasas que los capitales financieros le impongan al BCRA para la renovación de sus obligaciones a corto y cortísimo plazo (Leliq a 7 días y Pases Pasivos a sólo un día) y que hoy están en el orden del 67 % anual.

[6] La Inflación Mayorista (IPIM) fue el año pasado (2018) del 73 % contra un 48 % de la Inflación Minorista (IPC) y la brecha entre ambos índices siempre conlleva un desfase en el traslado a precios que amplifica la Inflación futura.

[7] En el 2018 los bancos ganaron en la Argentina 172.100 M$: un 121.5 % más que en el 2017. Y tales ganancias provinieron básicamente del negocio de los intereses que les paga el BCRA por Leliq, ex Lebac y Pases Pasivos, o sea, que el Sector financiero-bancario es el principal sector que vive y lucra de la vulgarmente llamada teta del Estado.

No es casual que en un país donde impera la Inflación, donde en términos reales caen los Salarios, las Jubilaciones y los Planes Sociales, que en un país con aumento de la Pobreza, la sub-Ocupación y el Desempleo Abierto, con caída del Consumo y la Actividad Económica, los Bancos y las Entidades Financieras en general sean las que obtienen récords de ganancias y que, como agravante, las tengan gracias a los subsidios del Estado (que son verdaderos sobre-precios vía Tasas de Interés que son las más altas del Mundo).

[8] Según el Balancete del BCRA al 31.3.2019 el stock de Leliq es a esa fecha de 948.000 M$ (≡ 21.900 MD) y el de Pases Pasivos de 916.800 M$ (≡ 21.100 MD): en total, 1.864.800 M$ (≡ 43.000 MD).

Las Lebac eran letras del BCRA a 30 días de plazo que estuvieron vigentes hasta fines del año pasado  y llegaron a pagar un 50 % de Interés anual mientras que las actuales Leliq y Pases Pasivos son obligaciones a menor plazo (7 y sólo un día respectivamente) y pagan tasas de interés superiores (hoy del orden del 67 % -con un piso garantizado del 62.5 % – pero que llegaron semanas atrás hasta el 73 %), de modo que la Tasa Efectiva Anual (TEA) de las mismas es hoy del 90-100 %.

El BCRA paga así por Intereses unos 3.300 M$ por Día (≡ 77 MD): son casi 100.000 M$ por Mes (≡ 2.300 MD) y 1.21 B$ (≡ 28.000 MD) proyectados a un año.

Si a esto se le suma el monto de los Intereses que paralelamente paga el Tesoro Nacional por su Deuda Pública – que es una cuenta separada de la deuda cuasi-fiscal del BCRA – por 750.000 M$ de intereses presupuestados para el 2019 (≡ 19.000 MD), el Estado Argentino está teniendo un total combinado de Intereses a Pagar por ambas líneas de endeudamiento de unos 2.0 B$ anuales (≡ 47.000 MD): son 5.400 M$ por día (≡ 125 MD).

Tal el costo financiero extraordinario e inmanejable del Estado Argentino, que se ha convertido así en una máquina de pagar intereses sobre una Deuda Pública impagable.

[9] Siempre según datos al 31.3 pasado, los Pasivos del BCRA suman 3.27 B$ (≡ 75.400 MD):

– Según el Balancete o Estado resumido de Activos y Pasivos del BCRA al 31.3 pasado la posición de Reservas Internacionales era de 66.200 MD (≡ 2.9 B$, con TC Dólar 45.3533 $/US$).

– Los principales Pasivos – sin contar aquí la Base Monetaria (BM) de 1.351.500 M$ (≡ 31.200 MD) – suman a esa fecha el equivalente a unos 75.400 MD (3.268.500 M$ ó 3.3 B$) y están constituidos por: 1. Leliq 948.000 M$ (≡ 21.900 MD), 2. Pases Pasivos 916.800 M$ (≡ 21.100 MD), 3. Encajes en Moneda Extranjera 667.400 M$ (≡ 15.400 MD) y 4. Otros Pasivos (Swap con China) 736.300 M$ (≡ 17.000 MD).

– Esto da una equivalencia muy riesgosa entre Reservas y Pasivos que pueden mutar rápidamente de tipo de moneda: las Leliq y los Pases Pasivos, porque son obligaciones a corto y cortísimo plazo (7 y un días respectivamente) y los Encajes en Dólares, porque están expuestos a un abrupto retiro de Depósitos. No así, en cambio, el Swap ampliado con China, que tiene plazo a un año pero es renovable.

– No se cuenta aquí el Neto de Pases Pasivos menos Activos porque estos últimos no serían acreencias concretas del BCRA contra Bancos sino que en la realidad están constituidos en su gran mayoría por garantías dadas por el BCRA a los bancos acreedores de los Pases Pasivos bajo forma de Títulos Públicos (respaldando incluso esas obligaciones con sus propios pasivos, antes Lebac y ahora Leliq).

– Tampoco se considera el efecto financiero compensatorio de los Títulos Públicos en cartera del Activo del BCRA – las Letras Intransferibles de la época Kirchner (que hoy suman 43.000 MD (≡ 1.9 B$) – porque no son realizables.

– Ergo, tenemos que el stock de Reservas por 66.200 MD era al 31.3 menor que el consolidado de Pasivos de Corto Plazo del BCRA (75.400 MD), cifra que ahora ha quedado equiparada por reservas que han subido a 76.900 MD (al 15.4) a raíz del nuevo desembolso del FMI por 10.800 MD.

– Pero esta ecuación extrema sólo tendría validez teórica matemática ya que si se produjera una fortísima corrida cambiaria la Argentina se quedaría literalmente sin Reservas.

– Esta situación de vulnerabilidad extrema viene dada – desde hace años – por la Política de Compra y/o reposición de Reservas con Deuda (ex Lebac, hoy Leliq y Pases Pasivos), ahora exacerbada por la administración Macri a niveles inmanejables.

Hasta aquí lo poco que puede deducirse acerca de la relación (se insiste, teórica) ya que va de suyo que una corrida cambiaria dejaría sin reservas la posibilidad de afrontar las obligaciones de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, dejaría descalzados los valores de referencia cambiaria (inyección monetaria masiva contra fuga de divisas) y disparo incontrolable de la cotización del Dólar.

Una situación de este tipo sería inmanejable para el BCRA porque los tiempos de salida de los pasivos de corto y cortísimo plazo (Leliq y Pases Pasivos, más retiro de Depósitos Dolarizados) son más rápidos que la capacidad de controlar el aumento vertiginoso de la Base Monetaria, lo que pudiera derivar en una verdadera explosión híper-inflacionaria.

Tal situación de este tipo podría replantear incluso la alternativa de Dolarización formal de la Economía como forma de intentar frenar el desequilibrio monetario y cambiario que se derivaría de una crisis de esta naturaleza y magnitud, con las gravísimas implicancias del caso.

Pero para contener transitoriamente esta eventualidad se supone que está el stock artificialmente sostenido con Deuda de las Reservas Internacionales, la asistencia del FMI, una posible intervención excepcional de la Tesorería de los Estados Unidos y/o directamente un acuerdo subyacente con determinados grandes Fondos internacionales de Inversión.

Más el autor de este trabajo evita entrar en estos temas conjeturales porque su propósito no es analizar hipótesis sino hechos y/o dichos concretos de las autoridades de gobierno.

 

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Venezuela: extractivismo y dialéctica de la dependencia

Horacio Machado Aráoz. «La construcción del socialismo es para nosotros razón de vida (…) No se trata sólo hoy ya de un impulso político, moral, ético, ideológico. Se trata, mucho más que eso, de salvar la vida en este planeta. Porque el modelo capitalista, el modelo desarrollista, el modelo consumista que desde el Norte han impuesto al mundo, está acabando con el planeta Tierra”.

 

Debatir Venezuela… Debatir el “ciclo progresista”

Extractivismo y dialéctica de la dependencia

Por Horacio Machado Aráoz

Rebelión

“La construcción del socialismo es para nosotros razón de vida (…) No se trata sólo hoy ya de un impulso político, moral, ético, ideológico. Se trata, mucho más que eso, de salvar la vida en este planeta. Porque el modelo capitalista, el modelo desarrollista, el modelo consumista que desde el Norte han impuesto al mundo, está acabando con el planeta Tierra”. (Comandante Hugo Chávez, cumbre contra el ALCA, Mar del Plata, Noviembre de 2005)

Para nosotros es claro que el proceso bolivariano constituye la enunciación más radical y potente del ciclo de movilizaciones y luchas populares que irrumpieronen nuestra región para fracturar lo que hasta entonces era la monolítica geografía política del neoliberalismo. Si en algunos países esas luchas fueron dinamizadas y sostenidas por movimientos sociales fuertes y arraigados, en Venezuela ese proceso hubiera sido inimaginable sin la descomunal fuerza carismática y el liderazgo disruptivo del comandante Chávez. No perdamos de vista que ese histórico proceso insurgente en Nuestra América/Abya Yala se levantó no sólo para impugnar el ‘orden’ neoliberal, sino para cuestionar y poner en crisis el propio capitalismo, como proyecto civilizatorio colonial-occidentalocéntrico, impuesto como modelo presuntamente único, universal, a seguir y alcanzar. Y -a diferencia de la suerte que estos procesos corrieron en otros países, a diferencia del resto de los gobiernos progresistas y el oficialismo de ‘izquierda’ circundante-, el movimiento bolivariano nunca olvidó ni dejó de tener como horizonte la construcción del “socialismo del siglo XXI”.

A nuestro entender, la gran osadía de Chávez (la del chavismo) fue la de haber encarnado la convicción política de la necesidad histórica de construir un horizonte social radicalmente post-capitalista, como única salida para nuestros pueblos. Volver a hablar de la revolución, en serio, en términos realistas y sin ambages, como proyecto histórico y como programa de gobierno; encima, en pleno apogeo de la era de la resignación posmoderna/neoliberal… Y, decisivamente, haber hecho de la revolución -así concebida radicalmente como un movimiento histórico de superación del capitalismo-, no una entelequia, sino un proyecto político popular, masivo, abrazado y asumido por millones de cuerpos humanos vivientes, dentro y fuera de Venezuela, y más allá de nuestro continente, una fuerza históricamente actuante en pleno siglo XXI, en eso consiste la grandeza de su figura y el carácter perenne y vigente de su legado.

Por eso mismo, el chavismo en particular, el movimiento bolivariano más abarcativamente, no pueden ser reducidos ni asimilados a lo que hoy es y representa el actual gobierno venezolano. Si bien sería inconcebible sin el liderazgo de Chávez y si bien también fue predominantemente gestado desde el Estado (lo cual forma parte de los problemas), nos parece fundamental ver y reconocerlo como un proceso histórico colectivo que ha trascendido a sus gestores y que hoy va más allá de quienes se atribuyen la responsabilidad de “dirigirlo” desde el gobierno estatal. Hablamos de un proceso y un movimiento mucho más denso y complejo que ha hecho de la construcción del socialismo del siglo XXI su horizonte de sentido histórico, su proyecto político y núcleo identitario.

Por eso mismo también, lo que está en debate en torno al “caso venezolano” excede largamente la escala espaciotemporal de los próximos años en ese país, e incluso de las próximas décadas en la región y en el mundo. En función de la increíble condensación y nucleamiento de energías revolucionarias que el proyecto bolivariano ha concitado, lo que resulte de él afectará, para bien o para mal, las posibilidades transformativas de los pueblos a nivel del sistema-mundo.Por eso será vital lo que seamos capaces de rescatar y de sostener de ese proceso.

Ahora bien, ese desafío no tiene nada que ver con “sostener a como dé lugar, el gobierno de Maduro”, sino con la necesidad de re-pensar profundamente esta experiencia yaprender de ella, para recuperar y fortalecer a futuro las capacidades colectivas de transformación radical. Inspirándonos en las potencialidades emancipatorias que ha abierto, hoy más que nunca, necesitamos hacer los aprendizajes históricos de este proceso; ser capaces de ver sus equívocos y sus puntos ciegos, para -a partir de allí- re-encauzar el rumbo de nuestras luchas y redefinir el horizonte de nuestros sueños. Porque lo que está en juego no es apenas una cuestión de “cambios de gobierno”, sino de transformación civilizatoria.

En ese sentido, como venimos insistiendo desde diversos movimientos y colectivos para quienes la aspiración de un cambio revolucionario, de un horizonte civilizatorio postcapitalista, es más que un deseo político, una necesidad histórica de supervivencia de la especie, el punto ciego determinante del proceso bolivariano -la falla insalvable del “ciclo progresista”- ha sido la cuestión del (mal llamado y peor entendido) “extractivismo” [1] .

Siembra de petróleo… Cosecha de tempestades.

“Somos una casa invadida por las termitas. Por fuera, todo se mira bien. Ahora se construye mucho, se hacen grandes carreteras con el dinero del petróleo, se hará mañana una gran ciudad, hasta cambiarán por otra a nuestra Caracas, pero la procesión va por dentro, hijo. El suelo se sostiene sobre el aire. El corazón de la tierra ha sido perforado, y a medida que sacan el petróleo, queda vacío. Se va la soberanía y con el dinero vienen los vicios…”. (Mario Briceño Iragorry, “Los Riberas”, 1957) [2]

A esta altura de los acontecimientos, ante el panorama desolador del descalabro socioeconómico y político que está viviendo la sociedad venezolana, pocas dudas caben que el error histórico del Chavismo (acá enunciado como conjunto de políticas aplicadas desde la gestión gubernamental del Estado) ha sido la continuación y profundización de esa forma extrema de los regímenes extractivistas que constituye el rentismo petrolero.

Pese al carácter históricamente extraordinario de su liderazgo, la siembra de Chávez, fue en gran medida, mal que nos pese, siembra de petróleo [3] . La revolución bolivariana ha sido inicialmente detonada como una gran siembra de petróleo y, a pesar de todas las advertencias en contra, el proceso bolivariano -en su curso fundamental- no ha logrado salirse de la inercia histórica de una sociedad una economía y una estructura de poder asentada sobre esa letal trampa. En el ejercicio del gobierno, el chavismo no ha sido capaz de modificar un ápice la matriz petro-dependiente de la economía venezolana; al contrario, a lo largo de casi dos décadas que lleva en el control del Estado, ha intensificado y profundizado a niveles insólitos la dependencia del funcionamiento general de la sociedad de las exportaciones petroleras [4] .

Por cierto, el proceso bolivariano no puede ser reducido a sólo una apropiación y redistribución estatalista de la renta petrolera. Para bien y para mal, ha sido y ha implicado mucho más que eso. Pero ha sido justamente el nervio principal del proceso, y se trata, por tanto, del problema de fondo. De un lado, la redistribución de la renta petrolera ha sido el mecanismo que en lo inmediato permitió en su momento, una tan necesaria como urgente reparación histórica de una larga cadena de privaciones, humillaciones y ultrajes acumulados en los cuerpos de los sectores populares. Ese acto de reparación dinamizó un vigoroso proceso de movilización y concientización política que, en definitiva, fue la base del poder popular y la energía revolucionaria insurgente que caracterizó al chavismo, sobre todo en su primera etapa.

Del otro lado, sin embargo, lo que debiera haber sido un punto de partida transitorio, se fue constituyendo en un factor cada vez más importante y condicionante, que terminó obnubilando el rumbo del proceso. Si bien permitió “salir de la pobreza a millones de pobres”, la fenomenal redistribución de la renta petrolera realizada por el chavismo -hasta antes de la crisis de la cotización internacional del crudo-, lejos de ir abriendo paso a las transformaciones radicales (económicas, políticas y culturales) que implicaba ir progresivamente dejando atrás una formación social capitalista-dependiente (por caso, la reapropiación colectiva de los procesos y medios de producción, cambios a nivel de las fuerzas productivas y mediaciones tecnológicas, de la orientación, el sentido y los valores sociales que regulan los procesos económicos, en fin, de cambios a nivel de las subjetividades que -como productores y consumidores- agencian la (re)producción material de la sociedad en su conjunto), fue, por el contrario, abriendo las puertas del infierno.

La pretendida “dignificación popular a través de la renta petrolera” derivó, en el seno de la revolución bolivariana, en el “renacimiento del Petro-Estado Desarrollista” (Terán Maontovani, 2014). Se terminó alentando la fantasía de la socialización del consumismo importador como presunta vía de salida de la opresión histórico-estructural. Y esa fantasía duró poco; duró lo que duraron las altas cotizaciones internacionales del crudo. Sus efectos perversos, en cambio, serían profundos y duraderos; cada vez más gravosos, hasta llegar a la actual situación de debacle y crisis terminal generalizada.

La mentada “guerra económica” a la que alude el oficialismo para explicar la actual situación de caos social y económico que se vive, no es producto de planes desestabilizadores de la derecha, ni tampoco de las impericias políticas del actual gobierno. Aunque estos factores están operando y contribuyen a agravar aún más la crisis, no son por sí mismos suficientes para dar cuenta de ella. Más allá de las maniobras conspirativas de la oligarquía interna, de la hartera injerencia norteamericana, y más allá de la corrupción, la ineficiencia que atraviesan al gobierno de Maduro, el desabastecimiento de bienes básicos, la falta de alimentos, de medicamentos y de otros productos elementales para la vida cotidiana, la generalización de la especulación, el contrabando, los mercados paralelos y la proliferación de la economía delictual, etc., son síntomas extremos de cómo en las dos últimas décadas el rentismo petrolero ha erosionado el tejido productivo interno y hasta el suelo mismo de la sociabilidad.

A esta altura de los acontecimientos, es claro que el problema no es (sólo) quién siembre, sino también cómo siembra y, fundamentalmente qué siembra. La “indigestión de divisas” como advirtiera emblemáticamente el “Padre de la OPEP”, terminó una vez más, hundiendo a la sociedad venezolana en “el excremento del diablo” (Pérez Alfonzo, 1976). Y no es sólo que, como ya fuera advertido por una gran cantidad de lúcidos economistas de la región, que la “inundación de divisas” está asociada inexorablemente a una serie de graves alteraciones monetarias y macroeconómicas (depreciación de la moneda nacional, presiones inflacionarias internas, incremento del consumo de bienes finales importados y sustitución de la producción interna vía importaciones, fuga de divisas, endeudamiento externo, incentivos a mecanismos de corrupción en el sector público y privado); lo que Alberto Acosta (2009) caracterizó como “la maldición de la abundancia”. Es, además, que esos problemas no son sólo “económicos”, sino que tienen graves y peores connotaciones o dimensiones políticas y culturales.

En el curso de la “revolución bolivariana” se fue dando una desproporción manifiesta y creciente entre el “desarrollo” (expansión del consumo interno y de la infraestructura pública bajo los patrones de consumo y usos sociales preexistentes) vía políticas redistributivas estadocéntricas y petrodependientes, respecto de las políticas de impulso de economías populares alternativas, medios de producción y emprendimientos productivos bajo el control y al servicio de la ampliación de las capacidades autonómicas de producción y satisfacción de necesidades vitales. La “economía de las grandes Misiones” no sólo le ganó por lejos a la “economía de las Comunas”, sino que terminó asfixiando y aplastando estructuralmente todo lo que de allí podría haber germinado en términos de poder económico y político popular, autogestión solidaria, concientización ecológico-política, consumo responsable, comercio justo, expansión y valorización de la economía del cuidado, igualdad de género en las condiciones de producción, en fin, soberanía alimentaria, hídrica y energética, justicia ambiental. La economía de las Comunas fue resultando un pequeño conjunto de islotes con diferentes grados de vulnerabilidad, sin capacidad real para el abastecimiento interno autonómico, en un mar de consumismo importador moldeado bajo los patrones hegemónicos de “estándares de vida” del mercado mundial.

 

Si económicamente esto gatilló un dispositivo en el que cada nueva cuota de “redistribución del ingreso” paradójicamente iba a la hoguera de las importaciones, quemando así posibilidades y capacidades productivas endógenas y, por tanto, atentando contra una sustentabilidad básica del proceso, políticamente la siembra de petróleo vía las Misiones fue erosionando desde su propia base material, el crecimiento del poder autogestionario, la soberanía económica popular, la democratización y descentralización de los procesos de toma de decisiones (económicas y políticas en general), los mecanismos de autogobierno, democracia directa y participativa. La redistribución de la renta petrolera, lejos de fortalecer el poder popular, fue un poderoso dispositivo de acentuación de la (vieja) matriz burocrática, verticalista y centralizada del Estado. En lugar de avanzar en la socialización/comunalización, la gestión/ producción de la Vida en Común fue concentrándose cada vez más en una élite (vale decir, en una minoría privilegiada; aunque se diga “revolucionaria”). Están ahí puestas las bases para la arbitrariedad, los abusos del poder y la corrupción generalizada.

Esto que fuera tempranamente advertido por diversos estudiosos del “problema venezolano” (Juan Pablo Pérez Alfonzo, Rodolfo Quinteros, Orlando Araujo, Fernando Coronil, Edgardo Lander, entre otros) volvió a resurgir como maleza en el suelo mismo de la revolución bolivariana. Como señala Terán Mantovani: “El tipo de esquema de poder asimétrico y monopolizado que conforma la estructura del Petro-Estado y la economía rentista en general, determina que los procesos políticos de distribución de la renta produzcan y reproduzcan la polarización y estratificación social, en la cual el pueblo aparece como altamente dependiente respecto de las élites políticas y económicas. Por un lado, los nuevos gestores de la ‘siembra del petróleo’ son envueltos por esta marejada de petrodólares. Se produce un ensanchamiento del Estado y de la ilusión de “desarrollo”, motorizada por la renta, lo que a su vez nos ha llevado a la formación de una nueva burguesía corporativa en el seno de la Revolución bolivariana, que mantiene una relación contradictoria con su pueblo aliado” (2014: 15).

Por fin, culturalmente, los efectos perversos de la “siembra de petróleo” sobre las subjetividades y las sociabilidades son tanto o más ruines que los ya mencionados. Como ha sido largamente señalado y a estas alturas es o debiera ser algo obvio, el consumo (bajo las pautas hegemónicas vigentes) funciona como el gran útero de gestación y reproducción de subjetividades capitalistas. Si algo define al capitalismo neoliberal es su mutación como régimen de consumo, más que de producción: estamos ante un sistema cuya dinámica funciona menos como un “modo de producción de objetos-mercancías” que como un “modo de producción de sujetos-mercantilizados/mercantilizables”. La expansión del consumismo de mercado es algo absolutamente contraindicado para impulsar, siquiera sostener, el más mínimo esfuerzo o voluntad social transformadora; es el máximo depredador de las energías revolucionarias. En el caso del proceso bolivariano, esto no fue una excepción. La siembra de petróleo infectó esferas cada vez más amplias de la vida social con la letal toxina de la mercantilización.


Extractivismo progresista, ¿post-neoliberal y anti-imperialista?

 

Para luchar contra el imperialismo es indispensable entender que no se trata de un factor externo a la sociedad nacional latinoamericana, sino por el contrario, forma el terreno en el cual esta sociedad hunde sus raíces y constituye un elemento que la permea en todos sus aspectos”. (Ruy Mauro Marini, Prefacio a la 5° edición de “Subdesarrollo y revolución”, 1974).

Lo que señalamos para el caso bolivariano -la expresión de la voluntad política más audaz y ambiciosa del último ciclo de rebeliones populares en Nuestramérica Abyayalense-, es perfectamente aplicable a todos y a cualquiera de las experiencias de los gobiernos progresistas del reciente ciclo. Las razones de la profunda crisis que hoy se cierne sobre Venezuela son en gran medida las razones del ocaso y del “fin de ciclo progresista”. Por cierto, con matices, pero sin diferencias en lo fundamental, lo dicho y analizado sobre el rentismo petrolero es válido para la soja, la pasta de celulosa, el cobre, el litio, el hierro, la palma aceitera, en fin, para cualquier commodity. El capitalismo, desde sus orígenes hasta la fecha, se ha caracterizado por sembrar en sus periferias países-commodities, economías coloniales que le abastecen los imprescindibles subsidios ecológicos que precisa para alimentar la voracidad insaciable del “molino satánico” (Polanyi, 1949) de la acumulación sin fin/como fin en sí mismo.

Estamos hablando en todos los casos de la configuración de regímenes extractivistas, de los cuales, (tratándose del excremento del diablo), el extractivismo petrolero es el peor y más extremo de los modelos. Así, el gran yerro no sólo de los conductores estatales del proceso bolivariano, sino de las experiencias de los gobiernos progresistas en general, fue haber pretendido pensar y/o construir una sociedad más justa, más igualitaria y más democrática sobre la base de la profundización del extractivismo.

Pretender “salir del neoliberalismo”, luchar contra el “imperialismo”, peor incluso, proyectar “la revolución” o impulsar un “proceso revolucionario” mediante la intensificación del extractivismo es el más absurdo oxímoron político que nos ha legado el fallido ciclo progresista en América Latina. Sencillamente, porque el extractivismo no es una característica pasajera de una economía nacional, sino que da cuenta de una función geometabólica del capital, fundamental e imprescindible para el sostenimiento continuo y sistemático de la acumulación a escala global.

“Extractivismo” no se circunscribe a las economías primario-exportadoras, sino que refiere a esa matriz de relacionamiento histórico estructural que el capitalismo como sistema-mundo ha urdido desde sus orígenes entre las economías imperiales y “sus” colonias; se trata de ese vínculo ecológico-geográfico, orgánico, que “une” asimétricamente las geografías de la pura y mera extracción/expolio, con las geografías donde se concentra la disposición y el destino final de las riquezas naturales. La apropiación desigual del mundo, la concentración del poder de control y disposición de las energías vitales, primarias (Tierra/materia) y sociales (Cuerpos/trabajo), en manos de una minoría, a costa del despojo de vastas mayorías de pueblos, culturas y clases sociales, eso es lo que el extractivismo asegura y hace posible.

En definitiva, este fenómeno da cuenta de la dimensión ecológica del imperialismo, como factor fundamental y condición de posibilidad material del sostenimiento del sistema capitalista global. La economía imperial del capital ha precisado -como condición histórico-material de posibilidad- la constitución de regímenes extractivistas para poder afianzarse y expandirse hegemónicamente como sistema-mundo. Nuestro continente “nació” (fue, en realidad, violentamente incrustado al naciente sistema-mundo) como producto de un zarpazo colonial que nos constituyó, desde fines del siglo XV hasta la fecha, como una economía minera, zona de sacrificio. Desde entonces, nuestras sociedades se con-formaron bajo el formato de regímenes extractivistas, más aún incluso, a partir de las “guerras de independencia” y la constitución de nuestros países como “estados nacionales”.

Así, el extractivismo en América Latina no significa apenas un tipo de “explotación de los recursos naturales”, sino que da cuenta de todo un patrón de poder que estructura, organiza y regula la vida social en su conjunto en torno a la apropiación y explotación oligárquica (por tanto, estructuralmente violenta) de la Naturaleza toda, (incluida, esa forma especialmente compleja y frágil de la Naturaleza que son los cuerpos humanos vivientes). El extractivismo en nuestra región es la perenne marca de origen de nuestra condición colonial, que no se ha borrado sino que se ha afianzado, durante nuestra etapa ‘post-colonial’. El extractivismo ha permeado nuestra cultura, ha moldeado nuestra institucionalidad, nuestra territorialidad e ‘idiosincrasia nacional’; ha dejado su huella indeleble en la estructura de clases, en las desigualdades racistas y sexistas; en fin, en la naturaleza de los regímenes políticos, el tipo de estructura de relaciones de poder y sus modalidades de ejercicio y reproducción. En una palabra, los regímenes extractivistas son, ni más ni menos, que la base estructural de las formaciones geo-sociales (Santos, 1996) propias del capitalismo colonial-periférico-dependiente; expresan la modalidad específica que el capitalismo adquiere en la periferia.

Por eso, en todo caso, la profundización, ampliación o intensificación del extractivismo, es la profundización, ampliación e intensificación de nuestra condición periférico-dependiente, colonial, dentro del capitalismo mundial. El extractivismo funciona como dispositivo clave de reproducción de nuestra integración subordinada al sistema-mundo; está en el meollo mismo de la dialéctica de la dependencia. Esto significa que, en nuestras sociedades, la expansión del crecimiento económico va insoslayablemente aparejado a la profundización de la dependencia y a la intensificación de los mecanismos estructurales de expropiación. La razón progresista ha sido ciega a este elemental (y viejo) problema constitutivo de nuestras formaciones sociales.

Aparentemente, a juzgar por sus políticas y por su retórica, el progresismo creyó posible “salir del neoliberalismo” y “luchar contra el imperialismo” profundizando la matriz extractivista y acelerando al extremo la exportación de materia y energía. Entendiendo el “post-neoliberalismo” como políticas de “inclusión social” (vía programas masivos de asistencia social, incremento de los presupuestos de la infraestructura y prestaciones estatales de servicios básicos, incentivos al mercado interno para dinamizar el crecimiento del consumo interno, del empleo, los salarios y la demanda agregada en general) los gobiernos progresistas materializaron el pasaje del Consenso de Washington al Consenso de Beijing o “consenso de las commodities”(Svampa, 2013). Sus políticas “revolucionarias” fueron -en el fondo- no otra cosa que un momentáneo retorno a políticas neokeynesianas. La renta extractivista que financió las “políticas de inclusión” (al consumo de mercado) operaron en realidad una nueva oleada de apropiación y despojo de tierras, agua y energía, extranjerización y re-primarización del aparato productivo, mayor penetración y concentración del poder (económico, político e institucional) en manos de grandes empresas transnacionales; en suma, expansión de las fronteras materiales y simbólicas del capital hacia cada vez más amplias y profundas esferas de la vida social. La “inclusión social” fue, de hecho, inclusión como consumidores; “tener derechos” pasó a significar -para amplias mayorías- ser beneficiario de ciertos programas sociales y tener acceso a cierta cuota de consumo en el mercado. La “redistribución del ingreso” no afectó las desigualdades sociales básicas ni alteró la estructura de clases; los gobiernos progresistas, en verdad, ni hablaron de “lucha de clases” o superación de una sociedad de clases: su objetivo manifiesto fue la “ampliación de las clases medias”. A la par del consumo social compensatorio para las anchas bases de la pirámide social, se expandió el consumo exclusivo de las élites y el consumismo mimético de las clases medias.

Por supuesto, esto no significó desmercantilizar nada, en ningún sentido, sino, al contrario, abrir paso a una inédita intensificación y ampliación de horizonte de la mercantilización, tanto a nivel de las prácticas sociales objetivadas, como a nivel de las subjetividades y sensibilidades, incluso en el imaginario social de los sectores populares. En definitiva, en este sentido fundamental, los gobiernos progresistas no marcaron una “etapa post-neoliberal”, sino que fueron la prolongación y profundización del neoliberalismo por otros medios. Todo eso, financiado por la exportación creciente de materias primas; por la profundización del extractivismo.

Así, nuestro crecimiento “a tasas chinas” fue funcional a la revitalización de la dinámica de acumulación global. Cada carga de nuestras exportaciones alimentó la locomotora capitalista mundial con gravosos subsidios ecológicos extraídos de nuestros territorios/cuerpos. Cada punto de incremento en la demanda mundial (china) de nuestras materias primas dio mayor impulso a la ola de despojo, devastación de ecosistemas y mercantilización de bienes comunes y cuerpos humanos. Cada nueva obra pública, cada incremento en la “inversión” en carreteras, hidroeléctricas, puertos, hidrovías y cuanta infraestructura pública se hizo para “mejorar la conectividad regional” y la “integración latinoamericana” significó, sí, más empleo, más consumo popular, pero también, mayor apropiación de plusvalía por parte de grandes transnacionales, aumento del poder económico y político de la clase capitalista mundial y de los segmentos de las burguesías internas; en fin, intensificación y profundización de las economías de enclave: fragmentación territorial de los ecosistemas, debilitamiento de los entramados productivos endógenos, pérdida de sustentabilidad y autonomía económica, tecnológica, financiera y, al contrario, profundización de nuestra inserción estructuralmente subordinada y dependiente.

Mientras las pudieron sostener, las políticas expansivas del ciclo progresista mejoraron, sí, a corto plazo, las condiciones inmediatas de vida de los sectores populares; eso está fuera de discusión. El punto es que esas mismas políticas intensificaron nuestra posición y condición de subalternidad en el marco de la geopolítica imperial del capital. Ese crecimiento profundizó la subsunción geometabólica de nuestros territorios/cuerpos a la trituradora del “molino satánico” global. De eso hablamos cuando hablamos del extractivismo como dispositivo clave de la dialéctica de la dependencia. Por eso mismo, el imperialismo es, principal y fundamentalmente, imperialismo ecológico: no se trata de un poder de dominación externo, sino que es intrínseco y constitutivo a nuestras formaciones sociales; está en las bases mismas de la matriz socioterritoral, la estructura de clases y de poder de las sociedades capitalistas periféricas. Los regímenes extractivistas son así, la cara interna del imperialismo (ecológico) del capital.

 

Ecologismo popular y radicalización de la praxis revolucionaria

“El cambio supone una subversión gradual de las necesidades existentes, es decir, un cambio en los mismos individuos, de manera que, en los propios individuos, su interés por la satisfacción compensatoria ceda ante las necesidades emancipatorias. (…) Evidentemente, la satisfacción de estas necesidades emancipatorias es incompatible con las sociedades establecidas de estados capitalistas y estados socialistas”. (Herbert Marcuse,1979).

Desde el punto de vista de una formación económico-social superior, la propiedad privada del planeta en manos de individuos aislados parecerá tan absurda como la propiedad privada de un hombre en manos de otro hombre. Ni siquiera toda una sociedad, una nación o, es más, todas las sociedades contemporáneas reunidas, son propietarias de la tierra. Sólo son sus poseedoras, sus usufructuarias, y deben legarla mejorada, como bonipatres familias, a las generaciones venideras”. (Karl Marx, 1867).

 

Las gravosas e insoslayables consecuencias económicas, políticas y culturales del extractivismo sobre nuestras sociedades, es lo que desde un amplio y diverso conjunto de actores (no sólo intelectuales, investigadores, sino movimientos sociales, pueblos originarios, comunidades campesinas, organizaciones sociales de base comunitaria, colectivos asamblearios nucleados en torno al ecologismo popular) hemos venido tan insistente como infructuosamente planteando al interior de estos procesos políticos en nuestra región. Nuestras luchas contra el extractivismono procuraban “hacerle el juego a la derecha”, ni erosionar la base de sustentabilidad económica y política de los gobiernos progresistas, sino al contrario. En todo caso, buscaron siempre mantener claridad en el sentido y el rumbo de la práctica revolucionaria.

El oficialismo de izquierda, en particular los “intelectuales orgánicos” que se abroquelaron acríticamente detrás de una defensa impermeable de esos gobiernos, hoy en su ocaso, desconsideraron absolutamente esas advertencias. Por negligencia o conveniencia, con soberbia y/o necedad, ignoraron sistemáticamente los planteos provenientes de los movimientos del ecologismo popular; muchas veces con mala fe, los asimilaron a los planteos del ambientalismo nórdico. Desde la oficialidad del poder, se apropiaron del nuevo lenguaje emancipatorio arduamente construido desde las luchas: el Buen Vivir o SumajKawsay, Plurinacionalidad, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes, Socialismo del Siglo XXI. Lo usaron, sin embargo, como una nueva retórica para solapar el viejo imaginario (colonial y políticamente perimido) del desarrollismo “nacional y popular”, centrado en un “Estado fuerte” que “controla al mercado” y comanda el proceso de “crecimiento con inclusión social y redistribución de la riqueza”. Lo que nació como expresión de un nuevo paradigma civilizatorio radicalmente post-capitalista, descolonial, despatriarcal y ecologista, fue sencillamente banalizado y vaciado de contenido.

Hasta hoy en día, esa izquierda oficialista sigue mostrándose completamente ciega ante el extractivismo y su dialéctica de la dependencia. No sólo no entienden la relevancia, gravedad y urgencia de la problemática ecológica, sino que tampoco entienden, al parecer, que el extractivismo no es sólo un problema regional, sino global; no es sólo “ambiental”, sino civilizatorio. Como muestra dolorosamente la coyuntura crítica de la sociedad venezolana (la de América Latina toda, pero también la dramática situación del planeta en general), el problema del extractivismo no es “sólo” la cuestión de la devastación ecológica de ciertos territorios, sino, en el fondo, la cuestión de raíz de la depredación capitalista del mundo de la vida como tal.

La lección histórica que nos deja este amargo fin de ciclo, es que, de una vez por todas, deberíamos ya definitivamente desafiliarnos de la religión colonial del “progreso”, despejar de nuestro imaginario la ilusión fetichista de que sería posible desacoplar el engranaje de la producción (capitalista de riqueza) del de la devastación (de las fuentes y formas de Vida). Pues, en plena Era del Capitaloceno, en la que nos hallamos, está a la vista que ambos mecanismos forman parte inseparable del mismo “molino satánico”. El aprendizaje histórico que deberíamos ser capaces de hacer de la frustrada experiencia del “ciclo progresista” es que el (neo)desarrollismo de ninguna manera es una alternativa válida para nuestros pueblos; lejos de ser una vía siquiera ‘transitoria’ hacia el “socialismos del Siglo XXI”, fue un atajo que nos hundió aún más en las condiciones estructurales de subalternidad y súper-explotación propias de nuestra posición colonial-periférico-dependiente dentro del capitalismo global.

No se trata de una cuestión de “reforma” o “revolución”. No es que los cambios “iban bien”, pero que faltó “seguir avanzando” en la misma dirección. Se trata de tomar nota de que la política de “crecimiento con inclusión social” no sólo no alcanza como horizonte político de cambio social revolucionario, sino que en realidad es una política completamente errada e históricamente perimida, si a lo que aspiramos es a un verdadero proceso de emancipación social. Un programa político basado en la pretensión de la satisfacción (así sea “para todos y todas”) de las necesidades existentes, es como tal un programa reaccionario, que inhibe de raíz la posibilidad de imaginar y avanzar en la dirección de los cambios que precisamos realizar. El sistema justamente nos constituye como sujetos-sujetados a su reproducción a partir de la estructuración misma de las necesidades (y la colonización de los deseos): las necesidades existentes son, en realidad, las que el sistema necesita para su reproducción; son, por tanto, un aspecto clave de lo que precisamos cambiar.

Los movimientos del ecologismo popular hemos venido señalando ese punto ciego de los gobiernos progresistas. Las políticas de “crecimiento con inclusión social” no sólo son funcionales a la reproducción del sistema, sino que además se basan en la quimérica creencia de que, dentro del capitalismo, sería posible “incluir a todos los excluidos”, o peor, de que “incluyendo a los excluidos” se va transformando el sistema… El programa de la “inclusión social” no sólo es inviable socialmente (pues el capitalismo es por definición un régimen oligárquico de apropiación y usufructo diferencial de las energías vitales, donde “la pobreza de la mayoría, a pesar de lo mucho que trabajan” sólo va a engordar “la riqueza de una minoría, riqueza que no cesa de crecer aunque haga ya muchísimo tiempo que hayan dejado de trabajar”), sino también ecológicamente: hay taxativos límites biológicos y físicos dentro del Sistema Tierra que hacen inviable un horizonte de “crecimiento infinito”.

Si a mediados del siglo XIX podría haber sido todavía comprensible, la ceguera ante la crucial cuestión ecológica de fuerzas sociales que se dicen revolucionarias, anti-capitalistas, resulta, en el siglo XXI, lisa y llanamente inadmisible. La crisis ecológica, las desigualdades e injusticias socioambientales, los impactos tóxicos y destructivos del industrialismo, el urbanocentrismo, el patrón energético moderno, la producción a gran escala y el consumismo (no sólo sobre los ecosistemas, sino sobre la condición humana), no pueden no estar en la agenda de un programa que se proponga seriamente la construcción del socialismo del siglo XXI. Como lo dijera el comandante Chávez, la construcción del socialismo es, en este siglo, “razón de vida”.

El ecologismo, así, (el ecologismo popular, que nada tiene que ver con el conservacionismo, el maltusianismo, la economía verde ni cualesquiera de las distintas expresiones del eco-capitalismo tecnocrático) lejos de constituir un programa social ‘reaccionario’ o ‘funcional a la derecha’, expresa en realidad un nuevo umbral del pensamiento crítico y las energías utópicas. La irrupción de los movimientos del ecologismo popular en la escena política del siglo XXI está dando cuenta de la necesidad de una profunda renovación y radicalización del contenido y el sentido de la práctica revolucionaria; acorde a las necesidades de nuestro tiempo. Porque en nuestro tiempo, está claro que no se trata de “incluir” sino de “transformar”.

Hay que tomar seriamente -en términos políticos y epistémicos- que estamos viviendo los momentos extremos de la Era del Capitaloceno (Altvater, 2014; Moore, 2003), una era signada por las huellas prácticamente irreversibles que la destructividad intrínseca del capitalismo ha impreso sobre la Biósfera, la Madre Tierra. Justamente por ello, el sentido de la acción política y el cambio social que como especie, como comunidad biológica, asumamos, signará decisivamente nuestras posibilidades de sobrevivencia, o no. Ese es el escenario en el que nos hallamos. No se trata de ‘catastrofismo’, sino del más crudo realismo. Como lo advierte Donna Haraway (2016), el Capitaloceno no es una “nueva” era geológica, otro horizonte espacio-temporal de larga duración; al contrario, el Capitaloceno designa un “evento límite”, es decir, un momento de la historia de la Tierra cuyos presupuestos y condiciones ecológicas y políticas lo hacen inviable: o se transforman esos presupuestos, o se extingue.

La cuestión ecológica, tal como es planteada por el ecologismo popular, es así crucial para la sobrevivencia de la especie. Por eso mismo, nos empuja a atrevernos a pensar el fin del capitalismo, a recuperar y renovar formas y modos de vida no-capitalistas. Nos incita a pensar la revolución no apenas como ‘cambio de políticas/políticas redistributivas’, ‘cambio de gobierno’ o ‘toma del Estado’, sino como un radical y profundo cambio civilizatorio. Es decir, el escenario del Capitaloceno, la posibilidad cierta de un colapso terminal de las condiciones ambientales que hacen posible la vida humana en el planeta como consecuencia de la huella ecológica provocada por el capitalismo, nos desafía a pensar el cambio revolucionario completamente en otra escala; una escala espacio-temporal mucho más amplia que la que hasta ahora se ha considerado. Necesitamos pensar la revolución como un cambio de Era Geológica. Si el Capitaloceno es un momento crítico, donde la vida (al menos en su forma humana) está expuesta a la extinción, si designa el tiempo geológico en el que el capitalismo ha trastornado hasta tal punto los flujos elementales del sistema Tierra casi al extremo de volverla in-habitable, hacer la revolución en el presente, significa realizar todas las transformaciones que sean necesarias a fin de restituir las condiciones de habitabilidad del planeta; volver a hacer de la Tierra, nuestro Oikos/Hogar, el lugar apto para la (re)producción de nuestra vida como comunidad biológica.

Si la idea de un socialismo del Siglo XXI es algo más que un mero eslogan político, y lo consideramos, en términos realistas y concretos como un nuevo horizonte político, un nuevo modo histórico de (re)producción social de la vida, y un nuevo régimen de relaciones sociales, esa noción de “socialismo del siglo XXI” nos lleva a pensar la revolución como una profunda migración civilizatoria que nos saque de la era insostenible del Capitaloceno. El ecologismo popular -los sujetos y movimientos sociales que lo encarnan- se toma seriamente este desafío; piensan/pensamos la revolución como cambio sociometabólico, como una radical transición socioecológica hacia un absolutamente nuevo modo de producción social (de la vida), que supone y requiere no apenas “oponernos al neoliberalismo” sino deconstruir de raíz las formas elementales del capital.

En este punto, hallamos la convergencia fundamental entre el chavismo y el ecologismo popular. Si algo precisamos rescatar y recuperar del movimiento bolivariano, si en algo reside su originalidad, su pertinencia histórica y su potencia revolucionaria, es en la centralidad que se le ha querido dar a las comunas como nuevas bases ecobiopolíticas y unidades de producción de la vida social. Eso que ha sido su gran aporte histórico, ha sido también -hoy lo podemos ver con claridad- su límite y su contradicción: construir el socialismo comunal ha quedado sólo como una expresión de deseos. El chavismo en el gobierno siguió el camino de la “siembra del petróleo”, en lugar del sendero alter-civilizatorio de la comunalización. Lejos de favorecer la germinación del poder popular, esa siembra de petróleo lo intoxicó y lo fue asfixiando cada vez más.

En las horas aciagas que corren, sería de gran utilidad volver y juntar fuerzas en torno a ese proyecto político que fue truncado. “Comuna o nada” es un lema que resume el legado perenne del comandante Chávez y es también un principio elemental clave para orientar el cambio revolucionario, la transición socioecológica hacia una nueva era Civilizatoria y Geológica.

Comunalizar es el verbo donde convergen el chavismo y el ecologismo popular como fuerzas sociales revolucionarias; es lo que tenemos en común, como horizonte guía y aspiración transformadora. Comunalizar es, por supuesto, des-mercantilizar, pero también des-estatalizar: el Estado no es lo opuesto del Mercado, sino la contracara jurídico-política del capital. Avanzar hacia un socialismo comunal no implica un “Estado comunal”, sino la deconstrucción radical de la lógica racional-burocrática, centralizada y vertical de ejercicio del poder y gestión de la vida colectiva. Comunalizar es democratizar y descentralizar los procesos de producción de la vida; implica sembrar poder y capacidades autogestionarias, construir autonomía social desde las bases, tanto en las esferas de la vida doméstica, como de la vida pública. Comunalizar es des-privatizar y desmercantilizar las relaciones sociales, los imaginarios, los cuerpos y los territorios. No basta con suprimir la propiedad privada de “los medios de producción”; tenemos que suprimirla de la faz de la tierra; hacer que llegue el día en el que “la propiedad privada del planeta en manos de individuos aislados” sea un absurdo inaceptable.

Así, radicalizar la revolución es comunalizar la Madre Tierra;es diseñar, construir y asumir como forma de vida, un nuevo metabolismo social que la reconozca, la considere y la trate como lo que en realidad es: base imprescindible y fuente de Vida en Común.

Producir un radical giro sociometabólico que parta del respeto y el cuidado radical de la Madre Tierra, supone salirnos de los engranajes del productivismo y el consumismo que hacen girar “el molino satánico” de la acumulación como fin-en-sí-mismo; supone también corrernos del industrialismo, del urbanocentrismo y el fetichismo tecnológico que nos hace creer que el “desarrollo de las fuerzas productivas” es una línea evolutiva universal y que para cualquier problema social y/o ecológico siempre bastará y será posible hallar una solución tecnológica. Ese cambio sociometabólico no implica “aumentar los salarios” sino des-salarizar el trabajo; no “redistribuir el ingreso”, sino redefinir radicalmente el sentido social de la riqueza, esta vez, en función de los valores de uso y de la sustentabilidad de la vida y no de la valorización abstracta y la super-producción de mercancías.

En fin, procurar ese giro sociometabólico involucra, en última instancia, des-mercantilizar las emociones, vale decir, buscar, sentir y vivir la felicidad en las relaciones, y no en las cosas. En lugar de la expansión (incluso ‘igualitaria’) de los ‘bienes de consumo’, el nuevo horizonte utópico que se vislumbra desde esta perspectiva pasa más bien por un escenario donde “el hombre socializado, los productores libremente asociados, regulen racionalmente su intercambio de materias con la naturaleza, lo pongan bajo su control común en vez de dejarse dominar por él como por un poder ciego, y lo lleven a cabo con el menor gasto posible de energías y en las condiciones más adecuadas y más dignas de su naturaleza humana” (Marx, 1981: 1045).

Claro, somos conscientes de que el giro sociometabólico del que hablamos como medio y proceso revolucionario, constituye un desafío ideológico, existencial y emocional no apenas para la derecha, sino también para amplios sectores que se consideran de “izquierda”; claramente es así para la izquierda oficialista. Todavía estos sectores siguen anclados en el socialismo (realmente in-existente) del siglo pasado: concibiendo la revolución como “desarrollo de las fuerzas productivas”, creyendo que el imperativo de la liberación pasa por “industrializarnos”, “crear puestos de trabajo”, “aumentar salarios”, construir más carreteras” y “ampliar las políticas sociales”.

Esos sectores, esa izquierda no percibe aún “los límites de la civilización industrial” (Lander, 1996); no puede ver más allá del muro mental de la colonialidad progresista. Justamente, no pueden ver que más allá de esos muros, hay mucha comunalidad viviente; personas, organizaciones, comunidades enteras que no demandan más asfalto ni quieren “progresar”, que no sueñan con “salir de shopping” ni luchan por el aumento de su “poder adquisitivo”… Sujetos colectivos que, por el contrario, se hallan movilizados por la defensa de sus territorios, congregados por los desafíos de la gestión autonómica de la vida en común, por la producción de la soberanía alimentaria, por la justicia hídrica, la democratización y sostenibilidad energética.

Esos sujetos -tenemos la esperanza y la convicción- son quienes que están conjugando en sus luchas, el verbo de la revolución, del socialismo del siglo XXI… Al comunalizar los bienes, los nutrientes y las energías, los saberes, los sabores y las semillas, estos sujetos están emprendiendo el camino de la gran migración civilizatoria que nos saque del Capitaloceno y nos lleve a la Tierra de un nuevo y auténtico Antropoceno: la Era Geológica del Hombre Nuevo.

 

Bibliografía:

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Altvater, Elmar (2014). “El Capital y el Capitaloceno”. En “Mundo Siglo XXI”, revista del CIECAS-IPN, N° 33, Vol. IX.

Haraway, Donna (2016). “Antropoceno, Capitaloceno, Plantacionoceno, Chthuluceno: generando relaciones de parentesco”. Revista Latinoamericana de Estudios Criticos Animales, Año III, Vol. I.

Lander, Edgardo (1996). “El límite de la civilización industrial. Perspectivas latinoamericanas en torno al posdesarrollo”. FACES, Universidad Central de Venezuela, Caracas.

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Santos, Milton (1996). “De la totalidad al lugar”. Tau, Barcelona.

Svmpa, Maristella (2013). “Consenso de los commodities y lenguajes de valoración en América Latina”. Revista Nueva Sociedad N° 244.

Terán Mantovani, Emiliano (2014). “La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante”. Documento de Trabajo N° 5, CELARG, Carac

 

Notas:

[1] Decimos “mal llamado y peor entendido” porque generalmente se ha empleado el concepto de extractivismo para referir a un sector, un tipo de actividades y/o una fase de los procesos económicos; a lo sumo, se lo ha usado para caracterizar a economías específicas (locales, nacionales o regionales) basadas en la sobre-explotación exportadora de materias primas. Eso es ver apenas una parte del fenómeno, lo que es lo mismo que no entender el problema como tal, que, a nuestro juicio, tiene que ver con la dinámica geometabólica del capitalismo como economía-mundo.

[2] Cita extraída de Emiliano Terán Mantovani, “La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante”. Documento de Trabajo N° 5, CELARG, Caracas: 2014.

[3] Esa expresión remite a una nota publicada por Arturo Uslar Pietri en el periódico “Ahora” en 1936 y que, desde entonces, se ha convertido en una pieza emblemática de una visión nacional-desarrollista basada en la idea de invertir la efímera renta petrolera en la gestación de otros sectores productivos más sostenibles. Un fragmento de dicha nota dice: “Urge aprovechar la riqueza transitoria de la actual economía destructiva para crear las bases sanas y amplias y coordinadas de esa futura economía progresiva que será nuestra verdadera acta de independencia. Es menester sacar la mayor renta de las minas para invertirla totalmente en ayudas, facilidades y estímulos a la agricultura, la cría y las industrias nacionales. Que en lugar de ser el petróleo una maldición que haya de convertirnos en un pueblo parásito e inútil, sea la afortunada coyuntura que permita con su súbita riqueza acelerar y fortificar la evolución productora del pueblo venezolano en condiciones excepcionales.” (Arturo Uslar Pietri, “Sembrar el petróleo”, 14 de julio de 1936). Al día de hoy, el lema de PDVSA y el título del Boletín oficial es “Siembra petrolera…. Cosechando Patria”.

[4] Las exportaciones petroleras venezolanas pasaron del 65 % en 1998 al 96 % en el año 2014.

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