10 meses y la Barrick Gold impune

Miriam, integrante de la Asamblea Jácha No se Toca 23.07.2016. 
Ya se cumplieron diez meses del derrame de 1.125.000 litros de solución cianurada en la mina Veladero en la provincia de San Juan, explotada por la corporación canadiense Barrick Gold. La “Asamblea Jáchal No se toca” se hizo presente en el mismo obelisco para reclamar la plena aplicación de la Ley de Protección de Glaciares.

 

10 meses y la Barrick Gold impune

Al Dorso (23.07.2016)

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Diez meses después, Jáchal no se toca

MARCHA.ORG  19 julio, 2016

 

Por Sebastian Saade – @seba_saade

El miércoles pasado 13 de julio de 2016) se cumplieron diez meses del derrame de 1.125.000 litros de solución cianurada en la mina Veladero en la provincia de San Juan, explotada por la corporación canadiense Barrick Gold. La “Asamblea Jáchal No se toca” se hizo presente en el mismo obelisco para reclamar la plena aplicación de la Ley de Protección de Glaciares.

La caravana “de los Andes al mar” inició su marcha con 18 integrantes de la Asamblea de Jáchal en un recorrido que tuvo su primera posta el lunes pasado en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA) en la ciudad de Mendoza. El IANIGLIA es el responsable de realizar el inventario de los glaciares. En 2010 el Instituto definió que los glaciares deberían tener al menos una hectárea para ser tomados como tales y, a su vez, decidió relevar sólo los ambientes periglaciares, allanando así el camino a las corporaciones mineras.

El miércoles pasado, en lo que fue su segunda posta, la “Asamblea Jáchal no se toca” realizó una conferencia de prensa en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires en la que denunció la plena aplicación de la Ley de Glaciares sin modificaciones inconstitucionales. Saúl Zeballos, referente de la Asamblea, expresó que “el IANIGLIA tiene que hacer el inventario de glaciares porque ese inventario nosotros lo necesitamos de forma urgente, pero legal. Es decir, que se respete la ley. No puede ser que haya un protocolo en donde la extensión mínima para hacer inventariado de un glaciar tiene que ser de una hectárea de extensión siendo que la misma ley dice que un glaciar es cualquier puerto de hielo que tenga cualquier forma y cualquier dimensión”.

El referente de la asamblea de Jáchal aclaró que el ejemplo concreto que se les dio a las autoridades del IANIGLIA es la del glaciar Toro 1, que tiene menos de una hectárea y que según el “manual o protocolo” no tendría que ser inventariado. “Nosotros exigimos a través de una nota que presentamos en el IANIGLIA, y que luego se presentó ayer en el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que se cumpla con la ley debidamente y no que se nos engañe y se nos trampee en función de una reglamentación que es de menor categoría que la ley”, explicó Saúl Zeballos en conferencia de prensa.

Faustino Esquivel, otro de los integrantes de la “Asamblea Jáchal no se toca”, habló con Marcha y contó su parecer acerca de la lucha que vienen llevando a cabo. En ese sentido, xpresó que ni el gobierno provincial ni el nacional ha dado ningún tipo de respuestas, por lo que “nuevamente venimos a peticionar para que por lo menos saquen la ley de glaciares, que es lo que prácticamente nos daría la razón de que la Barrick Gold estaría trabajando sobre los glaciares”.

Por otra parte, el costado judicial del conflicto tuvo un freno difícil de digerir para los asambleístas de Jáchal. Robert Moran, doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Texas, y Perito de parte de la “Asamblea Jáchal No Se Toca”, había logrado demostrar

  • que el glaciar Almirante Brown está seccionado y cortado a la mitad por el camino minero.
  • Además, corroboró que el Valle de Lixiviación, (donde se depositan las pilas del mineral para rociar con cianuro), está dispuesto sobre la naciente del Río Potrerillos, que es un enorme ambiente peri glacial.
  • El curso del Río Potrerillos fue desviado para pasar por debajo de todo el Valle de Lixiviación. Y a su vez, el camino a las minas Veladero y Pascua Lama está violando la ley de glaciares.

La justicia decidió frenar la causa que venía avanzando prolijamente a lugares que no le convenían al gobierno ni mucho menos a sus socios canadienses. No podían mostrar otro triunfo de la lucha popular después del amparo contra la mina Agua Rica en Andalgalá. “La Corte Suprema, una vez más jugando a favor de las corporaciones, le saca la causa de forma arbitraria al Juez Casanello y la manda a la complaciente justicia de San Juan, donde apenas llegó la causa, se fue a dormir a un cajón del Juzgado de Jáchal”, explicó a Marcha el abogado Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Voces de apoyo

Distintas organizaciones sociales, sindicatos, asambleas barriales y partidos políticos se acercaron al obelisco a solidarizarse con la lucha del pueblo jachallero. Las acciones realizadas en la gran capital se completaron con una jornada de concientización en la sede de la CTA autónoma, donde los referentes de la “Asamblea Jáchal no se toca” charlaron con organizaciones sociales de la multisectorial antiextractivista. La caravana “de los andes al mar” finalizó el día jueves acompañando la ronda de las madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Silvina Reguera llevó el apoyo de las y los miembros de la Asamblea de Andalgalá, quienes en el mes de marzo pasado consiguieron que la Corte Suprema emitiera un fallo a favor de los reclamos del pueblo de Andalgalá contra la provincia de Catamarca, la empresa Minera Agua Rica LLC Sucursal Argentina, Yamana Gold Inc. y el municipio de Andalgalá.

Desde la asamblea El Algarrobo y de todas las asambleas cordilleranas expresaron su solidaridad con la lucha del pueblo de Jáchal. La presencia de la asamblea de Andalgalá tiene diferentes motivos. Por un lado, el derrame de millones de litros de cianuro. Pero por otra parte, Reguera expresó a Marcha su preocupación respecto de que los habitantes de Jáchal no pueden tomar agua de la canilla y se ven obligados a comprar agua envasada. Así también, la resolución de este conflicto se hace más urgente tomando en cuenta que hay varios emprendimientos que están empezando. Según la referente catamarqueña, en la cordillera de San Juan hay más de 800 proyectos de megaminería.

Ya pasaron seis meses de la audiencia que tuvieron la “Asamblea Jáchal no se toca” con el ministro de Ambiente Sergio Bergman. Reguera, quien fue partícipe de aquella reunión, concluyó que “el ministro macrista se va en palabras, habla mucho, dice poco y hace nada”. “Ya pasaron seis meses. Les cobraron una multa [a Barrick Gold] que no va al pueblo. El dinero iba a ir un poco para sanear el río y otro poco para dar el agua a la población y no pasó eso. El agua que llegó a Jáchal fue producto de la colecta que se realizó a nivel nacional. Están en un peligro permanente y por eso están acá” agregó Reguera.

Orestes “Beto” Galeano, referente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la CTA autónoma, se refirió acerca de la falsa dicotomía en la que se entrelazaron los partidos del poder, macrismo y kirchnerismo, cuando reducen la megaminería a una disputa por las retenciones: “Hay un reduccionismo a la cuestión económica. Si se llevan más o se llevan menos. La consigna “el agua vale más que el oro” está absolutamente clara. Y también nos tiene que servir a los que vivimos en las pampas donde ya, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, ya no tenemos agua potable. Cavás y hace décadas que el agua está contaminada. Hay que sacar del río o del acuífero puelches. El acuífero guaraní quizás sea el próximo coto de caza de los imperios. No es solo la megaminería. La megaminería es hoy, el fracking es hoy, pero evidentemente el saqueo de todos los recursos naturales está en marcha desde hace tiempo, y los gobiernos desde el arribo de la democracia, no han hecho más que animarlo y ser cómplices de ello”, explicó Orestes Galeano a Marcha.

Diez meses después del derrame de cianuro en los ríos de la cordillera sanjuanina. Seis meses después del arribo de un nuevo gobierno que nada hizo por pensar y ejecutar nuevas políticas distintas al extractivismo imperante en San Juan y en todo el país. Con un ministro de ambiente que no dudó en aprovechar cada oportunidad que tuvo para aclarar su más absoluta ignorancia en la cuestión referente a los peligros que conlleva la explotación megaminera a cielo abierto. No hay dudas de que la “Asamblea Jáchal no se toca” tiene claro cuál es el camino: la lucha popular de los pueblos afectados y la concientización y solidaridad de los que miramos desde lejos.

 

 

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LAS DIFERENCIAS DE LA CORRUPCIÓN

Alejandro Olmos Gaona 18.07.2016.
Ante la aparición de los ya famosos bolsos de López, los dineros de Báez y los declarados depósitos de Cristina Kirchner; los grandes medios, a quienes no les interesa la verdad sino el escándalo, y vender sus productos prolijamente manipulados, para mostrar lo que es útil para el negocio, abruman día a día con prolijas noticias sobre lo mismo.

 

LAS DIFERENCIAS DE LA CORRUPCIÓN

(Para ejercitar la memoria y ver más allá de la superficie)

“…Los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial,    donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. Así se manifiesta que la degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente unidas. Muchos dirán que no tienen conciencia de realizar acciones inmorales, porque la distracción constante nos quita la valentía de advertir la realidad de un mundo limitado y finito” Encíclica Laudato Si

Por Alejandro Olmos Gaona (18.07.2016)

Ante la aparición de los ya famosos bolsos de López, los dineros de Báez y los declarados depósitos de Cristina Kirchner; los grandes medios, a quienes no les interesa la verdad sino el escándalo, y vender sus productos prolijamente manipulados, para mostrar lo que es útil para el negocio, abruman día a día con prolijas noticias sobre lo mismo.

La cobarde justicia federal salió de su letargo, y ahora se lanza sobre lo ocurrido años atrás, para disimular, haber sido complacientes, alargar cualquier investigación con múltiples pretextos, terminando en muchos casos con la habitual prescripción y la impunidad de los delitos.

La palabra “corrupción” está en boca de todos, y pareciera que los nombres que aparecen en estos días son el símbolo acabado de la misma, y esa evidente manipulación semántica, produce que no se vaya a lo profundo, y nos quedemos solamente con lo que hoy  está a la vista de todos.

Creo que es necesario observar, la sideral diferencia que existe entre la corrupción ocasional que vemos hoy, con la corrupción estructural, que no se advierte, porque está tan enraizada, que pareciera formar parte de la naturaleza de las cosas, y está prolijamente silenciada por los medios, y por gran parte de la dirigencia política. Esa corrupción estructural es parte del sistema capitalista que nos rige, donde se privilegia el abuso de poder, la exponencial transferencia de recursos de los más pobres hacia los más ricos, la inequidad, las ganancias desmedidas de los poderosos que utilizan todos los medios a su alcance en esa carrera desmesurada por enriquecerse cada día más. Quienes son: las grandes empresas transnacionales, los grupos financieros concentrados, los que manejan los resortes de la economía y pueden manipular a su antojo las diferentes variables que pueda producirles la rentabilidad que necesitan.

Pero ocurre que esos grupos y sus hombres emblemáticos, y aun aquellos que pasan desapercibidos, forman parte de una estructura que hace alarde de transparencia, que reclaman  seguridad jurídica,  marcos de libertad para negociar,  no intervención del Estado en la esfera privada. Son los que en nuestro país algunos han llamado “capitanes de la industria” y respecto a las empresas importantes “empresas a las que les interesa el país” como decía un célebre aviso publicitario. Definiciones que sirven para encubrir todo tipo de negociaciones espurias, evasiones fiscales, monopolios, transferencia de deudas ficticias al Estado, contrabando de bienes, manipulaciones financieras, sometimientos externos y una amplia gama de actividades que forman parte de un sistema esencialmente corrupto, pero cuya corrupción no se advierte, porque como decía está naturalizada y forma parte del sistema capitalista que nos rige. Sistema que ha sido denunciado reiteradamente en luminosas Encíclicas papales como “Rerum Novarum” Mater et Magistra” “Populorum Progreso” y en la última del Papa Francisco, todas las cuales no hacen nada más que actualizar el mensaje de los Evangelios.

Aunque muchos denunciamos  los negocios de funcionarios del anterior gobierno, y los jueces se hicieron los distraídos, teníamos conciencia que se usaba muchos casos el ejercicio del poder para obtener recursos con facilidad, de manera grosera, y utilizando las contrataciones del Estado como fuente de ganancias cada vez más crecientes que hoy se están exponiendo día a día.

Pero no debemos confundirnos, porque tales acciones que la prensa difunde obsesivamente –una manera cierta de tapar la divinización del mercado por el actual gobierno- ocultan el enorme endeudamiento, el manejo de la Nación por parte de empresarios y ex gerentes de empresas transnacionales, y la clara evidencia de  tener una concepción de la cosa pública que con excusas de diversa naturaleza está favoreciendo el interés privado.

Siempre es más fácil identificar al ladrón de poca monta, que a los expertos en delitos financieros, o a los empresarios que hacen abuso de su posición dominante en el mercado, a los que evaden y a todos aquellos que un sistema inmoral les permite recoger ganancias desmesuradas. Uno se maneja con las precariedades de su actividad personal, los otros son parte de un sofisticado engranaje lleno de complicidades, donde interactúan, grupos económicos y financieros, abogados, consultores, medios de difusión, etc. los que rara vez son llevados a la justicia, para ser enjuiciados como corresponde. Esto no quiere decir de manera alguna que los delitos, que hayan cometido funcionarios y demás cófrades la década pasada sean de poca monta, porque es un insulto a un país lleno de pobres la exhibición de montañas de dólares. Solo intento que se reflexione, que tales delitos, legalmente reprochables, y tales acciones de inmoralidad manifiesta, no afectan ni siquiera mínimamente la economía nacional;  la corrupción estructural del sistema es la que condiciona todo su funcionamiento, produce el saqueo exponencial de los bienes públicos y compromete severamente cualquier intento de desarrollo independiente.

Y como decía el genial y olvidado Unamuno “para  novedad, los clásicos” voy a dar algunos ejemplos históricos para que se acuerden  los desmemoriados de siempre, que reflexionen un poco, aquellos tan afectos al comentario superficial y estridente, y para que todos aquellos que andan sueltos horrorizándose por la corrupción de hoy como si fuera inédita, si leen algo de esto, aprendan a callarse la boca y  se den cuenta del abismo que hay entre los ladrones de ocasión y aquellos, a quienes nadie se ha atrevido a juzgar, que han manejado los resortes del verdadero poder y que son parte de una corrupción estructural, que ningún gobierno se atrevió a desarticular.

1.- Investigación del comercio de carnes. La Comisión del Congreso liderada por el Senador Lisandro de la Torre, probó la defraudación de que había sido objeto el Estado Nacional por décadas. Los libros de contabilidad donde estaba la evidencia, fueron encontrados debajo de envíos de carne congelada, en un barco listo para enviar a Gran Bretaña. Los más distinguidos abogados de Buenos Aires, defendieron a los ladrones  que eran los grandes frigoríficos británicos: Swift, Anglo, etc. Todo terminó con el asesinato de un senador por parte del guardaespaldas de un ministro de la Nación y el posterior suicidio de de la Torre, asqueado de tanta inmundicia, e impotente ante la complicidad del gobierno y los poderosos.

2.-  Los créditos del Banco de la Nación. El Dr. Juan B. Justo hizo una investigación absolutamente silenciada y olvidada hoy, sobre como la mayor parte del dinero del Banco de la Nación favoreció a  grandes terratenientes, y a importantes personajes públicos, que usaban el crédito, lo refinanciaban permanentemente, y terminaban pagando monedas o no devolviendo el dinero. Yo continué esa investigación -que espero publicar en algún momento- y aunque los archivos fueron sospechosamente incinerados pude reconstruir el fraude de los grandes y “respetables” personajes que usufructuaron de la riqueza de nuestro pueblo. Uno de los ejemplos paradigmáticos: Alfredo Fortabat. El mayor deudor del banco en 1935 (más de 1500 millones de dólares a cifras de hoy) Otro “respetable”: Ernesto Tornquist: descontaba documentos en el Banco de la Nación, y lo prestaba a un interés muy superior en su banco. Es decir usaba del dinero de los ahorristas para su propio beneficio, aunque todo formalmente muy legal, pero profundamente inmoral.

3.- La conversión de la deuda pública de la provincia de Buenos Aires. Se hizo en 1935, con un perjuicio para las arcas públicas de 500 millones de pesos de aquella época. Beneficiario ese gran corruptor que fue Otto Bemberg. Todo esto probado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Sin consecuencias

4.- Defraudación al Estado por  los herederos de Otto Bemberg y Josefina Elortondo de Bemberg en el pago del impuesto a la herencia. Una descomunal defraudación, donde se declararon bienes por 650.000 pesos, aunque el grupo era el más importante del país, y parte de uno de los conglomerados financieros más importante del mundo todo lo cual fue debidamente investigado, interviniéndose las empresas durante el peronismo, e incorporándolas al patrimonio público. Por exigencias del grupo de países del Club de París, todo les fue devuelto en 1958.

5.- Investigación sobre el negociado de la CADE, efectuada por la Comisión Investigadora presidida por el Coronel Matías Rodríguez Conde en 1945.  Participaron desde el ex Presidente Alvear, hasta importantes legisladores y concejales. A pesar de la descomunal defraudación probada, la investigación se archivó y nunca pasó nada.

6.- Destitución del gobernador de Tucumán Juan Luis Nougués. Al asumir la gobernación, tomó conciencia de estar al frente de una provincia empobrecida, con dueños de ingenios enriquecidos, adoptando medidas que afectaron sus intereses siendo la culminación de ellas, el impuesto de un centavo a cada bolsa de azúcar salida de los ingenios. La oposición de los industriales azucareros y aún de su propia familia (dueños del ingenio San Pablo) determinó la intervención de la provincia por el presidente Justo. No se pudo tolerar que afectara los intereses privados en bien de la comunidad.

7.- Los  fraudes del frigorífico Swift y su sociedad controlante Deltec Internacional. Fueron puestos en evidencia por un Juez Ejemplar, el Dr. Salvador M. Lozada, quien debió afrontar la incomprensión y riesgos personales por haberse atrevido a enfrentar a una multinacional, y a poderosos estudios de abogados que defendieron los intereses de la empresa transnacional. Su original tesis sobre la “responsabilidad de los conjuntos económicos” avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1972, hoy ha sido desconocida, para que los grupos internacionales, sigan defraudando a la Nación.

8.- El multimillonario negociado de Aluar en la década del 70, donde a pesar de la investigación penal, todo quedó sepultado en los archivos de la justicia.

9.- El endeudamiento delictual de la dictadura cívico-militar, que terminó con el sobreseimiento de Martínez de Hoz, y el archivo de la causa. Los avales entregados a grandes empresas, por más de 2000 millones de dólares nunca fueron  pagados y el Estado debió hacerse cargo de tales deudas.

10.- La estatización de una deuda privada ficticia, que representaba en 1985, el 45% de la deuda pública total del país. Es decir 21.000 millones de dólares y cuyos beneficiarios fueron, los principales bancos nacionales y extranjeros, las más importantes empresas nacionales y extranjeras (Bridas, Papelera Rio Paraná, Bridas, Renault, Techint, Ford, etc). Deuda que se pagó y refinanció varias veces

11.- El perjuicio patrimonial del megacanje de la deuda del año 2001, que llegó a 55.000 millones de dólares, con comisiones pagadas por más de 150 millones de dólares. Uno de los autores, es hoy el presidente del Banco Central.

12.- La descomunal fuga de capitales del orden de los 400.000 millones (230.000, según el INDEC) de dólares, que seguramente no fueron transferidos por asalariados o trabajadores de diversas actividades. Solo en el año 2001 las grandes empresas y algunos particulares se llevaron 30.000 millones

Estos son solo algunos antecedentes que me vienen, escribiendo de memoria y muestran que ninguno de los involucrados en esta corrupción estructural han sido perseguidos, ni puestos en evidencia, ni sus cajas fuertes abiertas, ni fueron llevados a la cárcel de Ezeiza, ni escrachados regular y obsesivamente por los medios.  Una enorme cantidad de estos sujetos son admirados como empresarios exitosos, y los que fueron funcionarios públicos, jamás tuvieron alguna condena, y ninguno de los periodistas importantes de una u otra época creyó importante poner en evidencia estas muestras acabadas de corrupción estructural.

Esta corrupción estructural donde están unidos en una concertación de complicidades las grandes empresas nacionales y extranjeras, los más importantes estudios contables y jurídicos, asociaciones notorias que dicen representar al país, son las que afectan realmente su economía  y la condicionan; no los ladrones coyunturales, que con la complicidad en algún caso del gobierno de turno, o   siendo parte de él, se limitan al negocio ocasional que les da en algún momento el ejercicio del poder y que como corresponde deben ser investigados, enjuiciados y condenados por haber afectado el patrimonio público.

 

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LA POLÍTICA DE SOBRE-ENDEUDAMIENTO MACRI

Héctor Luis Giuliano 17.07.2016.
En función de su política de gobernar con deuda, el gobierno Macri viene acelerando el proceso de toma de más deuda pública en gran escala como requisito de su supervivencia financiera y política.

 

LA POLÍTICA DE SOBRE-ENDEUDAMIENTO MACRI

Por Héctor Luis Giuliano (17.07.2016)

En función de su política de gobernar con deuda, el gobierno Macri viene acelerando el proceso de toma de más deuda pública en gran escala como requisito de su supervivencia financiera y política. Bajo la consigna de no emitir moneda sino emitir deuda, las nuevas autoridades  están embarcadas en una verdadera carrera de re-endeudamiento y toma de deudas adicionales sin que exista la más mínima demostración de la capacidad de repago de la masa de obligaciones que se está asumiendo.

Con el agravante que la mayor parte de estas nuevas colocaciones de deuda se contrae para financiar gasto público corriente – lo que está prohibido por la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado –  y que sucesivas decisiones del gobierno tienden a aumentar el déficit fiscal, que se cubre con más deuda.

Dentro de la actual estructura o composición de la deuda pública argentina pueden identificarse tres grandes rubros:

  1. La deuda heredada de la administración Kirchner, que según cifras oficiales era al 31.12.2015 de 234.200 MD (Millones de Dólares): 222.700 por deuda performing o en cumplimiento del pago de intereses y 11.500 MD acumulada de los holdouts, los tenedores de bonos que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010.

En este total no estaban computados los cupones PBI (14.000 MD) ni el diferencial de pagos que se estima no fueron tenidos en cuenta para los holdouts (10.000 MD): en total, unos 25.000 MD.

  1. La nueva deuda que se está tomando, que es la deuda prevista para el corriente ejercicio – según la Ley 27.198 de Presupuesto 2016 – por 23.400 MD, a la que debe sumarse los 12.500 MD de deuda para pago a los holdouts autorizados por la Ley 27.249; lo que totaliza unos 36.000 MD de nueva deuda.

A lo que debe agregarse la deuda adicional para cubrir los déficits fiscales del año 2015 y del corriente, que no se sabe a cuanto llegan en conjunto pero se estima un mínimo de 15.000 MD, lo que elevaría el monto del endeudamiento a más de 50.000 MD en el año: todo un récord histórico en materia de toma de deuda del Estado.

Sin contar la deuda que paralelamente están tomando las provincias – a tasas carísimas que oscilan entre 7.70 y más de 9 % anual en dólares (que son las más elevadas del mundo) – cuyo monto consolidado no bajaría este año de 6-7.000 MD.

  1. El mayor desembolso de nuevos préstamos provenientes de Organismos Multilaterales de Crédito (OMC) – fundamentalmente Banco Mundial, BID y CAF – que se conceden en dólares pero se usan en su mayoría para pagar obras públicas y de infra-estructura en pesos lo que implica que, en la práctica, las divisas producto de estas nuevas deudas se ingresan a las reservas del Banco Central (BCRA), que los convierte en pesos que aumentan así la Base Monetaria y se esterilizan en gran medida con Lebacs que pagan más del 30 % anual de intereses.

La deuda cuasi-fiscal del BCRA crece de este modo en forma paralela al aumento de la deuda de la Tesorería.

A lo que se añade ahora la retoma de la política K de pago de deuda externa con reservas internacionales – Decreto 834/2016, para pago de 4.000 MD a los OMC y al Club de París – lo que disminuye obviamente el stock de divisas y se compensa con más empapelamiento del banco a través de letras intransferibles del Tesoro.

Una característica esencial que toca a estas tres fuentes de endeudamiento es que el Estado Argentino no tiene, por definición, capacidad demostrada alguna de repago porque la deuda heredada es una carga o peso muerto sobre la economía nacional,  porque la nueva deuda para cubrir déficits fiscales tampoco tiene garantía de pago ya que se deriva precisamente – lo mismo que en el caso de las provincias – de los desequilibrios financieros del Estado y porque los préstamos de los OMC son tradicionalmente compensados con el otorgamiento de nuevos créditos mientras aumenta el stock total de los mismos y sus servicios de pago.

Esto significa que la administración Macri no sólo sostiene la política de Estado de endeudamiento público sin capacidad de pago o política de Deuda Perpetua sino que está agravando aceleradamente sus condiciones (tasas de interés altísimas en moneda extranjera) y sus plazos (empeoramiento del perfil de vencimientos, debido a que gran parte de las nuevas deudas está contraída en Letras del Tesoro – Letes – y/o Bonos de corto y mediano término).

Se reitera – y esto es muy importante – que estas deudas no se pueden pagar por definición, porque no solamente no están acompañadas por demostración alguna de su capacidad de repago (ni siquiera un intento de hacerlo, como tampoco ocurrió en el caso de los holdouts) sino que no pueden tenerla ya que los fondos se usan para pagar vencimientos de deudas con nuevas deudas, cubrir déficits fiscales del Estado y mantener una ambigua e innecesaria toma de deudas en moneda extranjera para pagar gastos en pesos (con el agravante que gran parte de esos préstamos de los OMC son para sufragar gastos de planes sociales o asistenciales).

No se cumple así con la ecuación elemental de tomar préstamos que tengan destino productivo y que sean aplicables al desarrollo económico ni deudas cuyas tasas de interés sean inferiores a las tasas internas de retorno (TIR) de proyectos útiles y necesarios de financiamiento en dólares para el país. Por el contrario, la masa de obligaciones está creciendo en forma descontrolada – Estado Central, BCRA, Provincias/Municipios, Empresas Públicas, Organismos Nacionales, Fondos Fiduciarios y financiamiento adicional para pago de juicios/reclamos contra el Estado – sin garantías mínimas de repago, como no sea contrayendo futuras deudas a medida que van cayendo los vencimientos de capital y pagando cada vez más intereses. Estos intereses, que sí se pagan – salvo una parte menor que se capitaliza por anatocismo – aumentan el Gasto Público y, consecuentemente, el Déficit Fiscal; y ese déficit se cubre con más deuda.

Se cumple así la regla del endeudamiento perpetuo – sostenida por el establishment financiero como premisa ideológica – que parte de la base que la Deuda Pública tiene que constituir una fuente permanente y no excepcional de financiamiento del Estado y que no hay problema en tomar y seguir tomando deuda sin capacidad de pago refinanciando continuamente los vencimientos de capital mientras haya fondos para poder pagar los intereses (intereses crecientes que presionan sobre el gasto público y determinan aumentos adicionales del déficit fiscal que son cubiertos con más re-endeudamiento).

Es la política institucional financieramente irresponsable de fabricar deuda y déficits fiscales que se cubren sistemáticamente con nuevas deudas: una política que agrava la hipoteca presente y futura de las cuentas nacionales; y que es  ejecutada por un gobierno cuyo funcionariado superior está actuando bajo conflicto de intereses con los bancos prestamistas y colocadores de deuda en detrimento del Estado.

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“NO HACE FALTA TARIFAZOS PARA INVERTIR EN ENERGÍA”

Félix Herrero 16.07.2016.
Así lo afirmó el Licenciado en Economía Política y abogado Félix Herrero en Al Dorso.  Quien fuera director de Yacyretá en 1973, manifestó que el subsidio que se le otorga a las petroleras (al permitirles cobrar un barril interno de 67 dólares, cuando afuera está en 40) de 9.000 millones de dólares anuales, equivale a dos veces y media lo que el Gobierno recaudaría por el «tarifazo».

 

“NO HACE FALTA TARIFAZOS PARA INVERTIR EN ENERGÍA”

Al Dorso (16.07.2016)

Así lo afirmó el Licenciado en Economía Política y abogado Félix Herrero en Al Dorso.  Quien fuera director de Yacyretá en 1973, manifestó que el subsidio que se le otorga a las petroleras (al permitirles cobrar un barril interno de 67 dólares, cuando afuera está en 40) de 9.000 millones de dólares anuales, equivale a dos veces y media lo que el Gobierno recaudaría por el «tarifazo».  «Si dejaran de subsidiar la extracción y venta del petróleo y gas, el Estado contaría con el capital suficiente para realizar las inversiones necesarias en energía, sin necesidad de aumentar ni un centavo las tarifas», manifestó Félix Herrero.

 

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Deuda pública sin presupuesto

Héctor Luis Giuliano 08.07.2016.
La normativa oficial sobre Crédito Público – Ley  24.156 de Administración Financiera del Estado y todas sus disposiciones conexas (con base en el artículo 75 de la Constitución Nacional) – establece taxativamente que las operaciones de deuda deben estar autorizadas por ley del Congreso.

 

Deuda pública sin presupuesto

Héctor Luis Giuliano (08.07.2016)

La normativa oficial sobre Crédito Público – Ley  24.156 de Administración Financiera del Estado y todas sus disposiciones conexas (con base en el artículo 75 de la Constitución Nacional) – establece taxativamente que las operaciones de deuda deben estar autorizadas por ley del Congreso. La Ley 27.198 de Presupuesto 2016 – emitida a fines del gobierno Kirchner – prevé un aumento de la deuda pública durante este ejercicio, en pesos y en moneda extranjera, por el equivalente a 23.400 MD (Millones de Dólares).

La Ley 27.249 – del 31.3 de este año – autorizó un endeudamiento adicional por 12.500 MD para el arreglo de pago a los Holdouts, lo que elevaría ese total a unos 36.000 MD (35.900). Pero el presupuesto del corriente año contemplaba un Déficit Fiscal de 9.200 MD mientras que ahora este déficit se estima entre 25 y 30.000 MD, esto es, unos 15.000 MD más de lo originalmente previsto, de modo que el endeudamiento total superaría los 50.000 MD en el ejercicio, ya que el déficit se cubre con más deuda. Sin contar todavía aquí el impacto financiero diferencial por los pagos a jubilados/pensionados de la ley aprobada días pasados – que sumarán montos ciertos al gasto público – contra las cifras del nuevo blanqueo, que constituyen montos inciertos.

Este extraordinario aumento adicional de la Deuda Pública en curso no se encuentra clara ni debidamente respaldado por las normas de endeudamiento del Estado. Con el agravante que la Ley 27.198 de Presupuesto 2016 ha quedado totalmente distorsionada con la serie de medidas adoptadas por la nueva administración Macri sin haberse procedido a las correspondientes modificaciones presupuestarias. Los supuestos macro-económicos básicos del actual presupuesto consideraban un tipo de cambio a 10.60 $/US$ y una Inflación minorista (IPC)  promedio de 14.5 % y final anual de 10.40 % (!), valores que ya han tenido variaciones sustanciales contra las optimistas proyecciones oficiales: dólar hoy a 15 $ e inflación prevista en más del 40 % durante el año.

Apenas asumido el gobierno Macri – e incluso antes, durante la campaña electoral del 2015 – se habló de la necesidad de corregir el Presupuesto de este año, en particular desde las filas del Frente Renovador del ex candidato Sergio Massa (aliado político-parlamentario del oficialismo), aunque luego de las sucesivas negociaciones con el bloque de Cambiemos esta idea quedó sin efecto. La actual administración, por ende, estaría colocando deuda por encima de las autorizaciones presupuestarias expresas para el ejercicio 2016, lo que constituye un tema que debiera ser debidamente aclarado por el gobierno ya que las operaciones de endeudamiento contraídas sin respetar los términos de la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado son nulas:

  • El artículo 56 de la Ley prohíbe la realización de operaciones de crédito público para financiar gastos operativos pero las nuevas deudas de la Nación – y también de las Provincias (que no están en la ley nacional de presupuesto pero sí en las leyes provinciales respectivas) – se estarían contrayendo para cubrir estos gastos corrientes.
  • Las Letras de Tesorería – que según los artículos 57 y 82 de la 24.156 no se consideran Deuda Pública – son obligaciones a corto plazo (menos de un año) que deben ser reembolsadas dentro del mismo ejercicio que se emiten pero las últimas Letes se están colocando con vencimiento en el 2017.
  • El artículo 60 establece en forma expresa que no pueden realizarse operaciones de crédito público sin ley de presupuesto ni ley especial al respecto – como fue el caso de la Ley 27.249 – salvo las correspondientes a organismos financieros internacionales de los que el país forme parte.
  • El artículo 61 impone que cuando se trata de Deuda Externa debe emitir opinión previa el Banco Central (BCRA) pero no se sabe si este requisito se está cumpliendo y – en caso afirmativo – en qué términos (como ya faltó también en la Ley de pago a los Holdouts, en que no se conoce el dictamen pertinente).
  • El artículo 66 dice textualmente que: Las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las normas dispuestas en la presente ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las realicen. Y que: Las obligaciones que se derivan de las mismas no serán oponibles ni a la administración central ni a cualquier otra entidad contratante del sector público nacional.

El gobierno Macri – a contrario sensu de su declarada política de transparencia – no está suministrando informaciones claras y concretas sobre toda su operatoria de endeudamiento público. El arreglo con los holdouts – que fue aprobado por ley del Congreso – no estuvo acompañado de las pertinentes liquidaciones de pago ni detalle alguno que permitiera saber qué se estaba autorizando a pagar, por qué montos y por qué conceptos desagregados, ni bajo qué antecedentes específicos de reclamos. Tampoco tuvo explicación alguna el préstamo sindicado por 5.000 MD contraído en Enero pasado con los siete grandes bancos – liderados por la Banca Morgan – que son los mismos que, también por contratación directa, intervinieron como bancos colocadores y compradores de la emisión de bonos por 16.500 MD para pago a los Holdouts en Abril.

La administración Macri está colocando deuda nueva en gran escala por montos que exceden las autorizaciones presupuestarias conocidas para el corriente año, estaría cubriendo gastos corrientes con deuda pública – lo que está prohibido por ley – y no está informando sobre los montos de nueva deuda correspondientes a la cobertura de los déficits financieros de 2016 y 2015 no contemplados en el ejercicio en curso. El denominado Programa Financiero 2016 – aparentemente, un programa de endeudamiento para el período Mayo-Diciembre del año – no muestra informaciones claras y concretas sobre este punto de la deuda adicional por el déficit fiscal excedente. Ni mucho menos sobre la inexistente capacidad de repago de las nuevas obligaciones, como no sea siguiendo permanente e inexorablemente la política institucional de cancelar vencimientos de capital con nuevas deudas y abonar cada vez más intereses.

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Acuerdo de Paz en Colombia: ¿El fin de la guerrilla?

Nicolás Armando Herrera Farfán 09.07.2016.
Ante los acuerdos de paz celebrados entre la la FARC-EP y el Gobierno de Colombia se disparan varios interrogantes: ¿Es una derrota de la guerrilla? ¿Se abra una perspectiva de cambio político en Colombia? ¿Que va a pasar con los movimientos sociales y sus luchas?

 

Acuerdo de Paz en Colombia: ¿El fin de la guerrilla?

Al Dorso (09.07.2016)

Ante los acuerdos de paz celebrados entre la la FARC-EP y el Gobierno de Colombia se disparan varios interrogantes: ¿Es una derrota de la guerrilla? ¿Se abra una perspectiva de cambio político en Colombia? ¿Que va a pasar con los movimientos sociales y sus luchas? ¿Y el ELN? ¿Se repetirá la historia de la Unión Patriótica de 1985? El investigador colombiano, autor del reciente libro, “Camilo Torres Restrepo. Profeta de la liberación”, Nicolás Herrera Farfán analizó la delicada situación colombiana. Por su parte, Javier Llorens destapa la estafa  cometida por la dirigencia macrista con los contratos de dólar a futuro.  Además, deudas, ilicitudes y otras yerbas.

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Reordenamiento territorial y ley de bosques

Miguel Bonasso 02.07.2016.
«El Gobierno de Macri viola sistemáticamente la Ley de Bosques», afirmó Miguel Bonasso en Al Dorso. Ante las recientes sanciones de leyes provinciales tendientes a realizar un nuevo reaodenamiento territorial con vistas a extender la frontera sojera, Miguel Bonasso recuerda el constante incumplimiento de la Ley de Bosques en beneficio del extractivismo agrario que padece la Argentina.  


Reordenamiento territorial y ley de bosques

Al Dorso (02.07.2016) 

 

 

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La deuda pública de Macri

Héctor Luis Giuliano 29.06.2016.
En el marco de su política de gobernar con deuda la administración Macri se ha embarcado en un proceso acelerado de re-endeudamiento y toma de deuda adicional, primordialmente externa.


La deuda pública de Macri

Al Dorso (02.07.2016)

 

En el marco de su política de gobernar con deuda la administración Macri se ha embarcado en un proceso acelerado de re-endeudamiento y toma de deuda adicional, primordialmente externa. Aunque no se cuenta con información oficial, se sabe que en lo que va del año el gobierno ha colocado más de 20.000 MD (Millones de Dólares), sólo en cabeza del Estado Central, sin contar las emisiones paralelas de obligaciones del Banco Central (BCRA), de las provincias y de empresas oficiales.

El stock de la Deuda Pública al 31.12.2015 – último dato del Ministerio de Economía (MECON, hoy Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas) – era de 234.200 MD (222.700 de deuda performing y 11.500 de holdouts). A este monto falta sumarle los cupones PBI por 14.000 MD y adicionales no computados de holdouts por unos 10.000 MD más sobre los 11.500 conocidos. Sin contar los intereses a pagar, que a esa fecha eran 74.100 MD y que constituyen en realidad una suma constante porque la deuda por capital o principal no se cancela sino que se refinancia en su totalidad a las fechas de vencimiento – hasta el último centavo – y además se toma deuda nueva, por lo que la masa de intereses es permanente y su importe tiene fuerte tendencia al crecimiento.

A fin del 2015 la Deuda Pública Externa era aproximadamente un 30 % de la Deuda Total pero esta proporción está aumentando velozmente como producto de las grandes colocaciones de nuevos bonos argentinos en el mercado de Nueva York y a tasas muy elevadas en moneda extranjera. Con ello, obviamente, aumenta no sólo el stock de la deuda sino también sus intereses, que se pagan como gasto público corriente y contribuyen – también en forma rápidamente creciente – a incrementar aún más el déficit fiscal. La emisión de los 16.500 MD para pago a los holdouts y otros destinos complementarios o menores – en Abril pasado – colocados a una tasa promedio del 7.14 % representa, por sí sola, un aumento de los intereses a pagar de unos 1.200 MD por año; que se sumarán así a los 10.000 MD de intereses anuales previstos para el corriente ejercicio y los sucesivos.

El Presupuesto 2016 – Ley 27.198 (aprobada por la administración kirchnerista a fines de Octubre pasado) – contempla un aumento de la deuda pública de 23.400 MD (68.000 de Amortizaciones contra 91.400 de nuevo endeudamiento). A esto hay que sumarle ahora otros 12.500 MD para pago de los arreglos con los holdouts – según Ley 27.249, de anulación de leyes cerrojo para arreglo con los acreedores – lo que eleva el monto de la deuda a colocar este año a unos 36.000 MD.

El denominado Programa Financiero 2016 del gobierno Macri (del 27.4) – en realidad, un programa de endeudamiento financiero fiscal – prevé cubrir las necesidades de financiamiento de lo que resta del año en la siguiente forma: 3.000 MD con préstamos de Organismos Financieros Internacionales y Bilaterales, 10.850 MD (160.000 M$, Millones de Pesos) del BCRA por concepto de Adelantos Transitorios (AT) y transferencia de Utilidades Contables, 2.700 MD (40.000 M$) provenientes de la ANSES y otros Entes Públicos, 7.200 MD de colocaciones en el Mercado Externo, 8.000 en el Mercado Interno y 5.000 MD de otras fuentes): en total 36.750 MD.

Este desagregado de datos oficiales, sin embargo,  no sería completo, claro ni muy consistente con las cifras reales que dimanan de las propias informaciones gubernamentales:

  1. Según el Programa Financiero 2016 las Necesidades de Financiamiento citadas para el 2016 son de 36.750 MD y corresponden: 24.300 por Déficit Fiscal Primario y 12.500 por vencimientos de Capital e Intereses, de los que 9.000 pertenecen a Títulos Públicos y 3.500 a Organismos Internacionales/Bilaterales.
  2. El Mensaje del Presupuesto 2016 preveía un Superávit Fiscal de 5.800 M$ para este año, equivalente a sólo 550 MD, al tipo de cambio 10.60 $/US$.
  3. Ahora, en cambio, se proyecta el citado nuevo déficit de 24.300 MD (340-365.000 M$, según se tome el dólar a 14 ó 15 $) aunque diversas estimaciones privadas hacen subir este déficit a 400.000 M$ o más.
  4. Esto quiere decir que el incremento de deuda por 36.000 MD (23.400 de nueva deuda más 12.500 de holdouts = 35.900 MD) no se corresponde en su composición con los 36.750 MD del Programa Financiero, aunque las cifras totales sean parecidas.
  5. El Programa de Endeudamiento 2016 no estaría reflejando las necesidades de financiamiento para todo el año sino para lo que resta del período, posterior a la colocación en Abril de los 16.500 MD, de los que 12.500 para pago a los holdouts; lo que resulta del hecho que la información del MECON no incluye esta operación porque fue dada a conocer el 27.4, días después que dicha mega-colocación de bonos fuera realizada.
  6. En consecuencia, el aumento que se está produciendo en el endeudamiento del Estado Central es mucho mayor al previsto en el Presupuesto 2016 – los 23.400 MD – ya que éste no contemplaba los 12.500 MD adicionales acordados para los holdouts (Ley 27.249, aprobada el 31.3 de este año) y no consideraba tampoco el altísimo déficit fiscal hoy planteado sino que, por el contrario, preveía un Superávit Primario de 5.800 M$ (550 MD) que ahora se ha transformado en un déficit de más de 24.000 MD.
  7. Con el agravante que tales cifras corresponden – según lo expuesto – al Déficit Fiscal Primario (es decir, sin contar el pago de intereses) mientras que el Resultado Financiero (que es el real o efectivo porque sí toma en cuenta los intereses a pagar) para el 2016 era ya negativo en casi 100.000 M$ (97.700, equivalente a 9.200 MD) mientras que ahora se eleva a los 24.300 MD citados (15.100 MD más).
  8. Esto quiere decir que al aumento de los 23.400 MD del endeudamiento previsto en el Presupuesto 2016 habría que sumarle ahora no sólo los 12.500 MD de la nueva deuda para pago a los holdouts sino también los 15.000 MD adicionales de la diferencia a cubrir por el nuevo Déficit Fiscal, lo que daría un total de nueva deuda por más de 50.000 MD (51.000) en el año.
  9. Cabe agregar, por último, un punto especial que no queda claro, que es el tratamiento del déficit de arrastre del año 2015, dado que el presupuesto original – Ley 27.008 – preveía un Superávit Fiscal Primario de 110.000 M$ y un Déficit Financiero de 50.000 M$. Esos importes proyectados para el 2015 fueron modificados en el Mensaje de Presupuesto 2016 convirtiéndolos a déficits en los dos rubros: 43.000 M$ primario y 138.700 M$ financiero (4.700 y 15.200 MD respectivamente, a un tipo de cambio del período tomado a 9.12 $/US$).
  10. Los resultados del Ejercicio 2015 – como las proyecciones originales para el 2016 – difirieron muchísimo de las muy optimistas previsiones K: Déficit Primario (en lugar de superávit) por 292.000 M$ y Déficit Financiero por 282.000 MD (producto de compensar 121.000 M$ de pago de intereses con transferencias percibidas de la ANSES y del BCRA por un total de 130.000 M$); lo que traducido a un dólar de 13 $, vigente a fin del 2015, da 22.500 y 21.700 MD respectivamente.

En síntesis: el Presupuesto en curso para el 2016 preveía un Déficit Fiscal de 97.700 M$ (9.200 MD) que ahora pasó a ser un déficit de 24.300 MD (los 340-365.000 M$ contemplados ahora en el Programa Financiero del nuevo gobierno Macri que, en los hechos, podrían ser mucho mayores). Aquí – como dijimos – no estarían incluidos los 12.500 MD de la deuda tomada para el pago a los holdouts (ya colocada antes de la fecha de corte de la información a fines de Abril pasado)  por lo que el endeudamiento de todo el año pasa a ser de 36.000 MD. Y a este monto cabría adicionarle los 15.000 MD de Déficit Fiscal nuevo para el 2016 (9.200 originales contra 24.300 del ajuste presupuestario), lo que llevaría el total de endeudamiento del ejercicio a más de 50.000 MD. Sin considerar aquí la duda sobre el tratamiento del déficit adicional de arrastre del 2015, que daría unos 6.500 MD más: producto de 138.700 M$ ≡ 15.200 MD según Mensaje del Presupuesto 2016 contra 282.000 M$ ≡ 21.700 MD del resultado final oficial del ejercicio según el MECON (convirtiendo los importes en pesos a dólares según el tipo de cambio tomado a las fechas de corte respectivas: 9.12 y 13.00 $/US$).

El quantum del endeudamiento de la administración Macri no se conoce todavía – la última información del MECON es al 31.12.2015 – pero lo cierto es que las proyecciones derivadas de la poca información oficial al respecto ya superan con mucho las cifras del Presupuesto 2016. A lo que debe sumarse el paralelo macro-endeudamiento del Banco Central (BCRA) – los 5.000 MD de la deuda tomada en Enero pasado con el consorcio de bancos internacionales liderado por JP Morgan (cuyos términos se mantienen en secreto) y el aumento del stock de Lebacs en lo que va del año, que es de 166.000 M$ (lo que equivale a un incremento en dólares de 9.000 MD); el fuerte y acelerado endeudamiento de las provincias – que no se conoce como dato de deuda consolidada pero se estima pasaría los 7.000 MD en el año (entre deuda colocada y a colocar) y el monto desconocido de la nueva deuda de empresas y organismos del Estado en su conjunto (que es un dato nunca informado).

Es probable que el peso creciente de los servicios de esta enorme masa de nueva deuda que se está tomando, unida a la deuda heredada y al fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 (una operación a la que se sigue presentando como supuestamente exitosa) desemboquen inexorablemente, temprano o tarde, en una nueva reestructuración de pasivos o su equivalente de una serie de reestructuraciones parciales pero sistemáticas, sobre todo debido al extraordinario aumento del stock de la deuda y al peor perfil de vencimientos derivado de grandes colocaciones a corto y mediano plazo.

Pero es muy difícil pronosticar lo que pueda pasar en estas circunstancias con un gobierno que – pese a su declamada política de transparencia – mantiene en secreto las informaciones clave sobre su operatoria en materia de endeudamiento y cuyo staff superior a cargo de las áreas decisorias en este campo está compuesto por funcionarios que – independientemente de su grado de honestidad personal – tienen abiertos conflictos de intereses por su relación con los grandes nuevos acreedores del Estado, de los cuales fueron altos  ejecutivos.

Pueden hacerse muchas conjeturas al respecto pero lo único cierto es que – bajo las condiciones conocidas – las cuentas no le cierran a la administración Macri tanto en el campo fiscal en general como en el de la deuda pública en particular, porque no existe la más mínima demostración de la capacidad de pago del país por la deuda heredada y por la nueva que se está tomando, como no sea refinanciando permanentemente los vencimientos y tomando más deuda, que es precisamente lo que quiere la Banca Internacional.

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