LOBBY MINERO Y CIBERPATRULLAJE EN CHUBUT

Entrevista AL DORSO | 07.05.2020. Julián Raso, integrante de la Asamblea No a la Mina, describe la grave situación que atraviesa la Provincia de Chubut, la falta de pagos de los salarios estatales, el avance del proyecto megaminero y el ciberpatrullaje a los integrantes de la asamblea (…)


LOBBY MINERO Y CIBERPATRULLAJE EN CHUBUT

Entrevista AL DORSO | 07.05.2020. Julián Raso, integrante de la Asamblea No a la Mina, describe la grave situación que atraviesa la Provincia de Chubut, la falta de pagos de los salarios estatales, el avance del proyecto megaminero y el ciberpatrullaje a los integrantes de la asamblea.

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“La Provincia de Chubut se encuentra en una crisis ya hace más de 2 años, que en algunos momentos tomado relevancia nacional,  pero continúa hasta la actualidad. El Gobierno ya debe 2 meses de sueldo a la mayoría de los estatales y nunca se cerró el ciclo lectivo 2019 en la educación. El sistema de salud está en emergencia y no se le paga a proveedores,  entre otras cosas” sostuvo para AL DORSO Julián Raso.

“La crisis desatada ahora por la aparición de la pandemia vino al pelo al Gobierno provincial para ocultar las deficiencias arrastradas por años recientes. Y no sólo eso,  sino que lo están aprovechando para avanzar con la megaminería, una actividad prohibida desde el año 2003. Luego de la lucha del pueblo de Esquel que logró un plebiscito donde el 81% de los votantes rechazó un proyecto que querían hacer a 6 kilómetros de la ciudad,  desde ahí hasta la fecha, las asambleas de toda la provincia viene sosteniendo la lucha activa porque los minerales siguen en las montañas, y la codicia de las multinacionales extractivas no se termina”.

Julián nos cuenta cómo el gobierno de Chubut contrató a un lobista de la empresa megaminera Panamerican Silver, para espiar a los integrantes de movimientos contrarios a la actividad extractiva. Por otro lado, se conoció un acuerdo entre Yamana Gold y Eduardo Elsztain para gestionar ante las autoridades la continuidad de la explotación del  proyecto Suyai.

Señala que “en la actualidad mientras estamos la mayoría en aislamiento obligatorio como forma de prevenir la pandemia de COVID-19, es notable que las mineras no están en cuarentena.  Incluso se encuentran visitando pueblos y entregando barbijos. Hay dos hechos que ocurrieron recientemente que nos toca de cerca  a la Asamblea NO a la MIna de Esquel”.

“El 13 de abril el gobierno provincial publicó en el boletín oficial la adjudicación de $ 450.000 a José Luis Carlos por  servicios de monitoreo de medios. Cuando buscamos quién es este sujeto, nos encontramos con que trabaja para la minera Panamericana Silver asesorando la comunicacionalmente en el proyecto Navidad,  un emprendimiento minero de extracción de plata en la meseta chubutense.  En su perfil de linkedin, José Luis Gaytán se presenta como el hacedor de  un manual para interpretar cómo trabajan los activistas en contra de la megaminería. Es decir, el gobierno que no paga los sueldos contrata a un lobbista de una actividad prohibida que trabaja para la principal empresa interesada en modificar nuestra ley; y que además se jacta de especializarse en ciberpatrullaje sobre quienes nos oponemos a la actividad”.

“Por otro lado hace una semana nos enteramos por la página web de la minera Yamana Gold que vuelven a la carga con el proyecto que le compraron a la derrotada Meridian Gold. Detallaron que firmaron un acuerdo para realizar una sociedad con Eduardo Elsztain,  el Magnate argentino-israelí que en Buenos Aires se lo conoce por manejar el grupo inversor IRSA, dueño de los shopping Abasto,  Alto Palermo y Patio Bullrich. Además es el dueño de un tercio del Banco Hipotecario y tiene una parte importante de Cresud, la compañía agrícola con más de un millón de hectáreas sojeras”.

“Por eso, desde Esquel decimos que estos personajes que hacen extractivismo urbano y mobiliario y sojero, ahora se quieren extender al negocio de la megaminería. Se firmó un acuerdo megaminero entre Elztain y Yamana Gold por un monto de inicial de 2 millones de dólares para asumir la responsabilidad de los asuntos ambientales, sociales y de gobierno.  Es decir, la obtención de licencia social, el permiso ambiental y la modificación de las leyes provinciales. La misma empresa Yamana Gold indica en su comunicado que el monto en efectivo es pequeño en relación al aporte materia de lobby. Si Elsztain logra la aprobación  del proyecto, tendrá derecho a adquirir el 40% de participación en el emprendimiento”.

Concluye Julián Raso, integrante de la Asamble No a la Mina de Esquel, que “por todo esto, como sociedad chubutense estamos en alerta, dado que no permitiremos que utilizan esta crisis y esta pandemia para imponernos la megaminería”.

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Narrativas de la crisis socioecológica en el Antropoceno

Maristella Svampa. Diciembre 2018. En medio de la crisis ecológica y el calentamiento global, se ha expandido el uso del concepto «Antropoceno» para caracterizar nuestra época. Al mismo tiempo, las imágenes del fin pueblan diversas advertencias, análisis y pronósticos referidos al devenir de la humanidad en un futuro más o menos próximo. En ese contexto, han emergido tres respuestas: la que pone el acento en el colapso civilizatorio, la que busca salidas capitalistas-tecnocráticas y la que impulsa diferentes formas de resistencia antisistémica (…)

Imágenes del fin
Narrativas de la crisis socioecológica en el Antropoceno

Por Maristella Svampa | Nueva Sociedad

En medio de la crisis ecológica y el calentamiento global, se ha expandido el uso del concepto «Antropoceno» para caracterizar nuestra época. Al mismo tiempo, las imágenes del fin pueblan diversas advertencias, análisis y pronósticos referidos al devenir de la humanidad en un futuro más o menos próximo. En ese contexto, han emergido tres respuestas: la que pone el acento en el colapso civilizatorio, la que busca salidas capitalistas-tecnocráticas y la que impulsa diferentes formas de resistencia antisistémica.

Al designar un nuevo tiempo en el cual el ser humano se ha convertido en una fuerza de transformación global con alcance geológico, la categoría «Antropoceno» se ha revelado central para hacer referencia a la actual crisis socioecológica. En términos de diagnóstico, el Antropoceno instala la idea de «umbral» frente a problemáticas ya evidentes como el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad1. El concepto, acuñado por el químico Paul Crutzen en 2000, pronto fue expandiéndose no solo en el campo de las ciencias de la tierra sino también en las ciencias sociales y humanas, e incluso en el campo artístico, razón por la cual devino una suerte de «categoría síntesis», esto es, un punto de convergencia de geólogos, ecólogos, climatólogos, historiadores, filósofos, artistas y críticos de arte, entre otros. Para las visiones más críticas, la evidencia de que estamos asistiendo a grandes cambios de origen antrópico o antropogénico, a escala planetaria, que ponen en peligro la vida en el planeta, se halla directamente ligada a la dinámica de acumulación del capital y a los modelos de desarrollo dominantes, cuyo carácter insustentable ya no puede ser ocultado.

Para no pocos especialistas y científicos, entre ellos el citado Crutzen, habríamos ingresado en el Antropoceno hacia 1780, esto es, en la era industrial, con la invención de la máquina de vapor y el comienzo de la era de los combustibles fósiles. Para otros, como el Anthropocene Working Group del Servicio Geológico Británicointegrado por un grupo de científicos de la Universidad de Leicester bajo la dirección de Jan Zalaslewicz, el planeta habría atravesado el umbral de una nueva era geológica hacia 1950, pues las marcas estratigráficas que determina ese cambio son los residuos radiactivos del plutonio, tras los numerosos ensayos con bombas atómicas realizados a mediados del siglo xx. Finalmente, para el historiador ecomarxista Jason Moore, habría que indagar en los orígenes del capitalismo y la expansión de las fronteras de la mercancía, en la larga Edad Media, para dar cuenta de la fase actual, que él denomina «Capitaloceno»2.

El concepto mismo de Antropoceno se instala pues en un campo de disputa, no tanto ligado al alcance de la crisis socioecológica –cuya gravedad es subrayada de manera amplia– como a la cuestión de dilucidar cuáles son las vías de la transición o los mecanismos de intervención propuestos para superar esa crisis. En razón de ello, en este artículo quisiera explorar algunas de las narrativas3 contemporáneas en torno de la crisis socioecológica: la «colapsista», la tecnocrática y la de las resistencias antisistémicas, con el objetivo de explorar sus alcances, a la vez políticos y civilizatorios. En un segundo momento, me detendré a dar cuenta de cómo, al calor de la crisis socioecológica, se ha afianzado la crítica a los paradigmas dualistas asociados a la Modernidad occidental, cuya contracara es la revalorización de los enfoques relacionales en el vínculo sociedad/naturaleza, humano/no humano.

La narrativa del colapso

Existe una profusa bibliografía acerca del colapso civilizatorio, un campo que desafortunadamente en la actualidad revela una gran potencialidad explicativa. No son pocos los especialistas que postulan que el ecocidio es la mayor amenaza que pesa sobre la sociedad mundial, incluso mayor que la hipótesis de una guerra nuclear o de una pandemia. Las narrativas del colapso constituyen un relato del fin del mundo, pero a diferencia del pasado, no se nutren de creencias religiosas sino de datos duros y finas argumentaciones que proveen las diferentes ciencias de la tierra (geofísica, paleontología, climatología, hidrografía, oceanografía, meteorología, geomorfología, biología, entre otras), a las que hay que sumar las ciencias ambientales (ecología política, economía ecológica, historia ambiental, entre otras). Son nuestras nuevas y modernas teorías sobre el fin del mundo, ahora con sustrato científico.

Para ilustrar esta visión quisiera tomar tres textos diferentes. El primero es el conocido libro de Jared Diamond, geógrafo y ambientalista de renombre internacional, quien en 2004 publicó Colapso. Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen4¿Qué es lo que hace que una determinada cultura, otrora una sociedad pujante, llegue a desaparecer? ¿Cuáles son los factores que hacen especialmente vulnerable a una sociedad?, se pregunta Diamond. Por colapso, este autor no entiende la desaparición de un día para el otro de una cultura o una determinada civilización, a la manera de las películas apocalípticas del cine hollywoodense. El colapso presupone un «drástico descenso del tamaño de la población humana y/o la complejidad política, económica y social a lo largo de un territorio considerable y durante un periodo de tiempo prolongado»5. Entre los factores que llevaron al colapso a sociedades del pasado están la deforestación, la erosión del suelo, la mala gestión del agua, la sobrepesca, la caza excesiva, la introducción de especies alógenas, el aumento de la población y el impacto humano sobre su entorno. Todos estos factores de riesgo están presentes en nuestra civilización y a ellos se suman otros agravantes, como el cambio climático y la quema de combustibles fósiles. Pero a esto hay que añadir la mayor amplitud de los impactos, esto es, la gran escala, el nivel planetario que tendría un desastre en nuestros días.

El segundo texto sobre el colapso es del notable ecologista español, ingeniero de profesión, Ramón Fernández Durán, fallecido hace unos años, quien dejó una obra inconclusa en dos tomos en la que analiza el declive y hundimiento del capitalismo global. En un texto más breve, publicado en 20116, Fernández Durán sostiene que el colapso no sería repentino, sino «un lento proceso con altibajos, pero con importantes rupturas», un largo declive de la civilización industrial que podría durar 200 o 300 años. Sus causas: los límites ecológicos del planeta y el agotamiento de recursos, muy especialmente debido a la (in)capacidad de aprovisionamiento de combustibles fósiles. El gran problema del capitalismo global es que no cuenta con un plan b energético para sustentar la actual civilización industrial. Ninguna fuente energética podrá sustituir el «tremendo vacío que dejarían las energías fósiles en su declive, debido a su intensidad energética». Nadie quedaría al margen de este declive, ni siquiera las elites, lo cual no quita que habría –inevitablemente– ganadores y perdedores. Durán tampoco descartaba que la ambición por conservar a cualquier costo la glamorosa sociedad hipertecnologizada actual pudiera llevarnos a un colapso más brusco, a una crisis sistémica sin transición posible.

El tercer texto nos sumerge en una ciencia ficción de carácter posapocalíptico, cargada de datos duros. Escrito por dos historiadores de la ciencia, Naomi Oreskes y Erik Conway, se trata de un libro publicado en 2015 bajo el título The Collapse of Western Civilization [El colapso de la civilización occidental]7. La historia nos sitúa en un tiempo lejano, en 2393, bajo la Segunda República Popular China, época en la cual un historiador de esa nacionalidad se pregunta acerca de las razones del hundimiento de la civilización occidental, conocida como la «Edad de la Penumbra», ocurrido a mediados del siglo xxi.Los tres relatos aquí evocados están recorridos por consensos básicos: el primero es que el derrumbe es leído como una reducción importante de la complejidad en diferentes planos (económico, social, político, cultural). Cuanto más compleja es una sociedad, más expuesta y vulnerable deviene; es decir, es más dependiente de esa complejidad y de los recursos (energéticos) que la mantienen en funcionamiento. Segundo tópico en común: pese a que Diamond habla de «la sociedad mundial» y Durán del «capitalismo global», ambos coinciden en que el derrumbe civilizatorio implicaría también la desaparición de valores políticos democráticos que creíamos fundamentales. Se habla así de «nuevos capitalismos regionales», fuertemente autoritarios y conflictivos entre sí, lo cual conllevaría una «refeudalización de las relaciones sociales». Oreskes y Conway llegan a una conclusión similar, agregando que la posibilidad de sobrevivir a un gran desastre aumentaría si contáramos con un régimen centralizado y un fuerte aparato estatal (al estilo de China), aun si esto implicara una pérdida inevitable de valores democráticos. Por encima de la diferencia ideológica de los autores citados, hay otros puntos en común. Por un lado, a diferencia de las anteriores culturas que colapsaron y terminaron desapareciendo, no hay dudas de que el nuestro no es un problema de carencia de información; más bien, nuestra civilización sabeconoce, está al tanto de los efectos devastadores de su acción. La consecuencia de sus actos no solo es previsible, sino que ha sido prevista8. Por otro lado, como nos dice el paciente historiador chino imaginado por Oreskes y Conway, existen también obstáculos de orden epistemológico que explicarían la caída de la sociedad del siglo xxi, entre ellos, la «convención occidental arcaica» que imponía la división y el estudio separado del mundo físico y del mundo social; en otros términos, la persistencia de una ontología dualista respecto de la relación entre sociedad y naturaleza, expresada también en el ámbito del conocimiento. La posibilidad de repensar nuestra crisis y abrirnos camino exige, por ende, un enfoque posdualista y relacional.

La narrativa capitalista-tecnocrática

No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que los resultados de las últimas cumbres climáticas son muy desalentadores y parecen formar parte de la crónica de una muerte anunciada. Así, pese a que en 2017 el Acuerdo de París fue ratificado por 171 países entre los 195 participantes, implicó un retroceso, dado que se decidió que el cumplimiento de lo pactado y la forma de implementación –reducción de emisiones de co2 a fin de no sobrepasar el aumento de la temperatura media de 2 ºC– son voluntarios y dependen de cada país. A esto hay que sumar la salida de Estados Unidos, concretada por Donald Trump, reconocido por su negacionismo climático y por su fuerte apoyo a las industrias de combustibles fósiles, lo cual tuvo también un impacto negativo en la Unión Europea.

En este escenario, de cara a la cada vez más escasa credibilidad que despiertan los acuerdos globales para controlar las emisiones de co2, el capitalismo prepara su plan b para reciclar el proyecto de modernidad capitalista sin tener que salir del capitalismo. Ese plan b se llama «geoingeniería» y está basado en el principio de que es posible superar los riesgos del calentamiento global mediante una intervención deliberada sobre el clima a escala planetaria.

La geoingeniería provoca expectativa entre quienes buscan mantener los actuales patrones de desarrollo –el sistema de producción, circulación y consumo de mercancías– y evitar tener que reducir las emisiones de co2, es decir, es un camino que avala la visión dominante del progreso y el conocimiento científico apoyada, entre otros, por sectores ligados a la industria de los combustibles fósiles. El caso es que la hipótesis de la geoingeniería comenzó a dejar el ámbito de la ciencia ficción para formar parte de una agenda pro-establishment, un proyecto de continuidad del capitalismo y sus estándares de vida para las elites de poder mundial.

Los métodos de la geoingeniería pueden clasificarse en dos grupos generales: manejo de la radiación solar y secuestro de co2. Como nos dice Jordi Brotons, biólogo ambiental y miembro de la Plataforma por la Soberanía Alimentaria de Alicante,

la geoingeniería incluye tecnologías descabelladas tales como la cobertura de grandes extensiones de desiertos con plásticos reflectantes; megaplantaciones de cultivos transgénicos con hojas reflectantes; almacenamiento de co2 comprimido en minas abandonadas y pozos petroleros; inyección de aerosoles de sulfatos (u otros materiales, como el óxido de aluminio) en la estratosfera para bloquear la luz del sol y blanqueamiento de las nubes para reflejarla; desvío de corrientes oceánicas; fertilización de los océanos con nanopartículas de hierro para incrementar el fitoplancton y, así, capturar co2; enterrar enormes cantidades de carbón vegetal para eliminar co2; etc.9

Desde 1996, las discusiones sobre estas alternativas atraviesan las diferentes cumbres climáticas y vienen suscitando críticas y resistencias sociales. No se trata solo de un cuestionamiento a la tecnocracia o a la «razón arrogante». La geoingeniería supone una manipulación que entraña grandes riesgos y no pocos efectos colaterales, que han sido expuestos en diversos informes científicos que concluyen que las nuevas tecnologías de la geoingeniería son falsas soluciones. Ya en 2007, el Grupo etc(Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración) divulgó un informe titulado «Jugando con Gaia»10, en el que denunciaba el lobby del gobierno estadounidense en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático para imponer una salida técnica, reestructurando el planeta Tierra a través de la geoingeniería. El etc sostiene que cualquier experimentación que alterase la estructura de los océanos o la estratósfera no podía realizarse sin un debate público profundo e informado sobre sus posibles consecuencias y sin autorización de la Organización de las Naciones Unidas (onu).

Entre 1993 y 2009, 11 gobiernos realizaron una docena de experimentos de geoingeniería en aguas internacionales, vertiendo partículas de hierro sobre el océano para ver si podían capturar y precipitar co2 en el suelo marino. Se vertió hierro en más de 50 km del océano y, como no hubo resultados, se aumentó la superficie experimental seis veces; hacia fines de 2009 el área «fertilizada» con hierro se extendía a 300 km2. Pero esto siguió sin dar resultados. La oposición de sectores de la sociedad civil terminó por forzar la cancelación de otros proyectos de fertilización oceánica y en 2010 condujo al establecimiento de una moratoria internacional en la Convención sobre la Diversidad Biológica de la onu y en el Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, también llamado Convenio de Londres. Esa moratoria, que rige hasta la actualidad, no fue firmada por eeuu, entre otros países11.

Sin embargo, dados los endebles acuerdos de París, la geoingeniería va ganando cada vez más terreno entre las elites políticas y científicas de los países centrales. Esta es presentada cada vez más como un medio «esencial» para lograr la meta de que la temperatura no suba más de 1,5 o 2 ºC respecto de los niveles preindustriales. Un artículo firmado por Bjørn Lomborg, promotor del llamado Consenso de Copenhague, proyecto iniciado en 2004, afirma que gastando tan solo 9.000 millones de dólares en 1.900 barcos de pulverización de agua de mar, se podría impedir el calentamiento global que se prevé para este siglo. En contraste, afirma que las promesas del Acuerdo de París costarían un billón de dólares por año y se obtendría además una reducción de emisiones de carbono mucho menor. Desde su perspectiva, los acuerdos de París son tan débiles como costosos, lo cual abre la puerta a otras oportunidades, como la geoingeniería, que son vistas como «una póliza de seguro prudente y asequible» (frase atribuida a Bill Gates)12. Pero apelar a la geoingeniería no solo no ataca las causas de fondo, sino que implicaría además ceder el control del termostato del planeta a las grandes potencias globales, que son por otra parte las más contaminantes. Quienes apuestan por esta estrategia minimizan los impactos directos reales, que pueden incluir, según la tecnología desarrollada, desde sequías intensas y prolongadas en ciertas regiones del planeta (manejo de la radiación solar), hasta la generación de zonas muertas en los océanos (fertilización marítima) o devastación de millones de hectáreas (técnica de captura y almacenamiento de las llamadas «emisiones negativas»). Asimismo, pueden producir alteraciones metereológicas: por ejemplo, una de las intervenciones sobre el clima consiste en inyectar sulfato en la estratosfera, lo cual no disminuye las concentraciones de gases de efecto invernadero sino que las pospone. Esta técnica imita las erupciones volcánicas, que reducen la temperatura mediante la liberación de sulfato, tal como fue demostrado en 1991 tras la erupción del volcán Pinatubo en Filipinas, que disparó unos 20 millones de toneladas de dióxido de azufre y produjo una disminución de la temperatura global de 0,4 ºC; sin embargo, al año siguiente decayeron las lluvias y hubo una baja afluencia de aguas. De modo que el remedio podría resultar peor que la enfermedad. Y a esto hay que agregar que, una vez iniciado el experimento de geoingeniería a gran escala, toda cancelación de este –por ejemplo, a raíz de los impactos directos que podría causar en ciertas regiones del planeta y la ola de protestas que podría desencadenar– provocaría un recalentamiento fuerte y acelerado, debido a la concentración de emisiones nuevas en la atmósfera.

En términos antropológicos, el plan b está lejos de ser un llamado a la autolimitación. Más bien, a la manera de las corrientes ligadas a la «modernización ecológica», como lo es hoy la denominada «economía verde», la geoingeniería privilegia las soluciones tecnológicas que consideran la naturaleza como un ente completamente manipulable, lo que marca una continuidad agravada respecto del paradigma moderno antropocéntrico, aun si su promesa es la supervivencia de la especie. En realidad, su aspiración es a «rehacer» la naturaleza13, adaptándola al patrón de desarrollo vigente, con un horizonte poshumano14, sea en el lenguaje de las elites o en el de los minoritarios desvaríos aceleracionistas15.

En suma, como sostiene Clive Hamilton16, la geoingeniería es uno de los grandes dilemas éticos, geopolíticos y civilizacionales a los cuales la humanidad será confrontada en la década próxima. Pero queda claro que no hinca el diente en el modelo de desarrollo vigente; supone más bien su preservación. Implica intervenciones a gran escala, experimentos altamente riesgosos cuyas consecuencias son impredecibles y que, de hacerse, requerirían de un acuerdo global; sin embargo, en la práctica también pueden ser llevados a cabo unilateralmente, lo cual está lejos de ser una fantasía si tenemos en cuenta que, además de eeuu y la ue, existen otros países que manejan ya las técnicas de geoingeniería, entre ellos Rusia y China.

Las narrativas anticapitalistas y de transición socioecológica

Narrativas en clave ambientalista existen desde hace mucho tiempo y sus tópicos son variados, pero sin duda, al calor de la crisis socioecológica y el surgimiento de resistencias locales y nuevos movimientos ecoterritoriales, estas se han ido multiplicando para adquirir un mayor espesor discursivo y simbólico en nuestras sociedades. Desde el Sur, las consecuencias de la crisis socioecológica se conectan directamente con la crítica al neoextractivismo y la visión hegemónica del desarrollo, ya que es en la periferia globalizada donde se expresa a cabalidad la mercantilización de todos los factores de producción, a través de la imposición a gran escala de modelos de desarrollo insustentables: desde el agronegocio y sus modelos alimentarios, la megaminería y la expansión de las energías extremas hasta las megarrepresas, la sobrepesca y el acaparamiento de tierras17. Asimismo, plantean el desafío de pensar alternativas al desarrollo, como ya planteara Arturo Escobar, al introducir la categoría de «posdesarrollo»18.

En coincidencia con los planteamientos de Alberto Acosta y Ulrich Brand, la transición puede ser pensada mediante dos conceptos cada vez más arraigados en el campo contestatario a escala global: posextractivismo y decrecimiento19. Desde mi perspectiva, se trata de dos conceptos-horizonte de carácter multidimensional, que comparten diferentes rasgos: por ejemplo, aportan un diagnóstico crítico sobre el capitalismo actual, no solo en términos de crisis económica y cultural, sino también desde un enfoque más global, si se entiende esta como una crisis socioecológica de alcance civilizatorio. Al mismo tiempo, ambos conceptos conectan la crítica al paradigma productivista y el perfil metabólico de nuestras sociedades (basado en la demanda cada vez mayor de materias primas y energías) con la crítica al capitalismo. Ambos ponen el acento en los límites ecológicos del planeta y enfatizan el carácter insustentable de los modelos de consumo y alimentarios, difundidos a escala global, tanto en el Norte como en el Sur. Por último, se constituyen en el punto de partida para pensar horizontes de cambio y alternativas civilizatorias, basadas en otra racionalidad ambiental, diferente de la puramente economicista, que impulsa el proceso de mercantilización de la vida en sus diferentes aspectos.

Para revertir la lógica del crecimiento infinito, es necesario explorar y avanzar hacia otras formas de organización social, basadas en la reciprocidad y la redistribución, que coloquen importantes limitaciones a la lógica de mercado. En América Latina existen numerosos aportes desde la economía social y solidaria, cuyos sujetos sociales de referencia son los sectores más excluidos (mujeres, indígenas, jóvenes, obreros, campesinos), cuyo sentido del trabajo humano es producir valores de uso o medios de vida. Existe, así, una pluralidad de experiencias de autoorganización y autogestión de los sectores populares ligadas a la agroecología y la economía social y el autocontrol del proceso de producción, de formas de trabajo no alienado, otras ligadas a la reproducción de la vida social y la creación de nuevas formas de comunidad. Incluso en un país tan «sojizado» como Argentina se han creado redes de municipios y comunidades que fomentan la agroecología, proponiendo alimentos sanos, sin agrotóxicos, con menores costos y menor rentabilidad, que emplean a más trabajadores. Va surgiendo así un nuevo entramado agroecológico, un archipiélago de experiencias que crece al margen del gran continente sojero que hoy aparece como el modelo dominante, basado en el cultivo transgénico para la exportación. En suma, desde América Latina la transición tiende a pensarse desde nuevas formas de habitar el territorio, al calor de las luchas y las resistencias sociales al neoextractivismo. Estos procesos de reterritorialización van acompañados de una narrativa político-ambiental asociada al «buen vivir» y los derechos de la naturaleza, los bienes comunes y la ética del cuidado, cuya clave es tanto la defensa de lo común como la recreación de otro vínculo con la naturaleza.

Por otro lado, en Europa, hacia 2008, reapareció la idea de «decrecimiento», que fuera lanzada hacia los años 70 por André Gorz. Lejos de la literalidad con la que algunos asocian el concepto (leído simplemente como la negación del crecimiento económico), el léxico experiencial desarrollado en Europa en las últimas décadas profundiza el diagnóstico de la crisis sistémica (los límites sociales, económicos y ambientales del crecimiento, ligados al modelo capitalista actual) y abre el imaginario de la descolonización a una nueva gramática social y política en la que se destacan diferentes propuestas y alternativas: auditoría de la deuda, desobediencia civil, renta universal ciudadana, ecocomunidades, horticultura urbana, reparto del trabajo, monedas sociales20. Por ejemplo, en el marco de la transición energética, se vienen impulsando las transition towns, un movimiento pragmático en favor de la agroecología, la permacultura, el consumo de bienes de producción local y/o colectiva, el decrecimiento y la recuperación de las habilidades para la vida y la armonía con la naturaleza. Nacido en Irlanda en 2006, este movimiento apunta a crear sociedades más austeras, sostenidas en energías limpias y renovables, y con un fuerte aumento de la eficiencia energética21.

Resulta claro que el Antropoceno como diagnóstico hipercrítico conlleva el desafío de pensar alternativas a los modelos de desarrollo dominantes, de elaborar estrategias de transición que impliquen una descolonización del imaginario social y marquen el camino hacia una sociedad poscapitalista, en una época en la cual no existen modelos macrosociales ni tampoco socialismos realmente existentes. En los diferentes foros globales que reúnen a la militancia anticapitalista, suele resaltarse la capacidad de irradiación de las experiencias locales y se subraya su carácter ejemplar en términos de otra racionalidad social y ambiental.

Desafíos del Antropoceno y enfoques relacionales

Las tres narrativas reseñadas coexisten en la actualidad. Algunos podrán decir que el «realismo capitalista»22 hará que la humanidad opte por la hipótesis tecnocrática. Es probable que así suceda, aunque habrá que adjudicar tal decisión a las elites de los países del Norte, no tanto a los países del Sur, y mucho menos a los movimientos sociales antisistémicos, hoy decididamente opuestos a lo que consideran como una «falsa solución»23. Es probable incluso que, ante el agravamiento del calentamiento global y sus consecuencias, negacionistas como Trump terminen por apoyar la geoingeniería. Sin embargo, para los proyectos altercivilizatorios, no se trata de buscar engañosos atajos a través de la solución tecnocrática, como plantean los defensores del capitalismo verde, que conciben al ser humano como un demiurgo capaz de manipular y rehacer la naturaleza. Tampoco se trata de caer rendido a los pies de las narrativas «colapsistas», pues el riesgo más evidente es quedar atrapado en una lógica paralizante que anule la capacidad de acción colectiva, tan necesaria a esta altura de la crisis civilizatoria. Sin embargo, un detalle no menor que nos advierte esa visión es la certeza de que ya hemos cruzado un umbral de riesgo y como tal, la transición, cualquiera sea, ya ha comenzado. El giro antropocénico tiene hondas repercusiones filosóficas, éticas y políticas; obliga a repensarnos como anthropos, pero también, de modo central, nos lleva a replantear el vínculo entre sociedad y naturaleza, entre humano y no humano. El Antropoceno exige pensar las consecuencias de la gran separación –le grand partage– entre orden cosmológico y orden humano, como dice el antropólogo Philippe Descola24, y nos desafía a reelaborar desde otras coordenadas la relación entre sociedad y naturaleza, entre las ciencias de la tierra y las ciencias humanas y sociales.

Hace siglos que hemos abandonado la visión organicista de la naturaleza, Gaia, Gea o Pachamama, aquella que profesaban nuestros ancestros. Somos hijos de la Modernidad o vástagos colonizados por ella; nos hemos vinculado a la naturaleza a partir de una episteme antropocéntrica y androcéntrica, cuya persistencia y repetición, lejos de conducirnos a dar una respuesta a la crisis, se ha convertido finalmente en una parte importante del problema. En esta línea, la antropología crítica de las últimas décadas ha hecho avances interesantes al recordar la existencia de otras modalidades de construcción del vínculo con la naturaleza, entre lo humano y lo no humano. Dicho de otro modo: no todas las culturas ni todos los tiempos históricos, incluso en Occidente, desarrollaron un enfoque dualista de la naturaleza, que la considera un ámbito apartado, exterior, al servicio del ser humano y su afán predatorio. La crisis civilizatoria nos obliga a abdicar del pensamiento único, para asumir la diversidad en términos no solo epistemológicos sino también ontológicos. Existen otras matrices de tipo generativo, basadas en una visión más dinámica y relacional, tal como sucede en algunas culturas orientales, donde el concepto de movimiento, de devenir, es el principio que rige el mundo y se plasma en la naturaleza, o aquellas visiones inmanentistas de los pueblos indígenas americanos que conciben al ser humano en la naturaleza, inmerso y no separado o frente a ella.

Estos enfoques relacionales, que subrayan la interdependencia de lo vivo y dan cuenta de otras formas de relacionamiento entre los seres vivos, entre humanos y no humanos, toma diversos nombres: «animismo», para el ya citado Descola; «perspectivismo amerindio», para Eduardo Viveiros de Castro, quien en su ensayo La mirada del jaguar conceptualiza el modelo local amazónico de relación con la naturaleza.

Se trata de la noción, en primer lugar, de que el mundo está poblado por muchas especies de seres (además de los humanos propiamente dichos) dotados de conciencia y de cultura y, en segundo lugar, de que cada una de esas especies se ve a sí misma y a las demás especies de un modo bastante singular: cada una se ve a sí misma como humana, viendo a las demás como no humanas, esto es, como especies de animales o de espíritus.25

En contraste con la visión moderna, el fondo común entre humanos y no humanos «no es la animalidad, sino la humanidad»26.

Por ende, la humanidad no deviene la excepción, sino la regla; cada especie se ve a sí misma como humana, por ende, como sujeto, bajo la especie de la cultura. Estas formas de relacionamiento y apropiación de la naturaleza cuestionan los dualismos constitutivos de la Modernidad. Estas «ontologías relacionales», como las denomina Escobar27 siguiendo al antropólogo Mario Blaser, tienen el territorio y sus lógicas comunales como condición de posibilidad. En diversas latitudes, dieron origen a una profusa literatura antropológica sobre el «giro ontológico»28.

Por otro lado, a la hora de repensar nuestro vínculo con la naturaleza desde una perspectiva relacional, sin duda la ética del cuidado y el ecofeminismo abren otras vías posibles. Sus aportes pueden contribuir a cuestionar la visión reduccionista basada en la idea de autonomía e individualismo. Ciertamente, la ética del cuidado coloca en el centro la noción de interdependencia, que en clave de crisis civilizatoria es leída como ecodependencia. La revalorización y universalización de la ética del cuidado, vista como una facultad relacional que el patriarcado ha esencializado (en relación con la mujer) o desconectado (en relación con el hombre), como afirma Carol Gilligan, abre a un proceso de liberación mayor, no solamente feminista, sino de toda la humanidad29.

En la actualidad, esto aparece reflejado en la acción e involucramiento cada vez mayores de las mujeres en las luchas socioambientales, en sus diferentes modalidades. Los llamados feminismos populares se abren a una dinámica que cuestiona la visión dualista; proyectan una comprensión de la realidad humana a través del reconocimiento con los otros y con la naturaleza; van tejiendo una relación diferente entre sociedad y naturaleza a través de la afirmación de la interdependencia. Asimismo, la dinámica procesual de las luchas conlleva también un cuestionamiento del patriarcado, basado en una matriz binaria y jerárquica que separa y privilegia lo masculino por sobre lo femenino. No pocas veces, detrás de la desacralización del mito del desarrollo y la construcción de una relación diferente con la naturaleza, va asomando la reivindicación de una voz libre, honesta, «una voz propia», que cuestiona el patriarcado en todas sus dimensiones y busca recolocar el cuidado en un lugar central y liberador, asociado de modo indiscutible a nuestra condición humana30.

Así, al calor de las luchas se van afirmando otros lenguajes de valoración del territorio, otros modos de construcción del vínculo con la naturaleza, otras narrativas de la Madre Tierra, que recrean un paradigma relacional basado en la reciprocidad, la complementariedad y el cuidado, que apuntan a otros modos de apropiación y diálogo de saberes; a otras formas de organización de la vida social. Estos lenguajes se nutren de diferentes matrices político-ideológicas, de perspectivas anticapitalistas, ecologistas e indianistas, feministas y antipatriarcales, que provienen del heterogéneo mundo de las clases subalternas.

En suma, el Antropoceno como paradigma hipercrítico exige repensar la crisis desde un punto de vista sistémico. Lo ambiental no puede ser reducido a una columna más en los gastos de contabilidad de una empresa en nombre de la responsabilidad social corporativa, ni tampoco a una política de modernización ecológica o la economía verde, que grosso modo apunta a la continuidad del capitalismo a través de la convergencia entre lógica de mercado y defensa de nuevas tecnologías proclamadas como «limpias». Finalmente, la actual crisis socioecológica no puede ser vista como «un aspecto» o «una dimensión más» de la agenda pública o inclusive como una dimensión más de las luchas sociales. Esta debe ser pensada desde una perspectiva inter- y transdisciplinaria, desde un discurso holístico e integral que comprenda la crisis socioecológica en términos de crisis civilizatoria y de apertura a un horizonte poscapitalista.

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Barrick Go home

Jáchal 24.09.2016.
Ante el nuevo derrame de la Barrick, Jáchal continúa su lucha por erradicar la megaminería de sus territorios.  Dialogamos con miembros de la Asamblea Jáchal No Se Toca (…)

 

¡Fuera Barrick!

Al Dorso (24.09.2016)

 

La Barrick reconoció que hubo un nuevo derrame de cianuro en Veladero

FUENTE: TELAM 

La minera informó en San Juan que días pasados se registró otro derrame de solución cianurada en la mina de oro Veladero, lo que generó una manifestación espontánea en la localidad de Jáchal donde los vecinos salieron a la calle, incendiaron neumáticos y protestaron en la plaza departamental.

Aunque el comunicado oficial de la empresa canadiense asegura que “no hubo contacto con ningún curso de agua ni con canales de desvío” y que “por las características del incidente no hubo amenazas para la salud de los trabajadores, las comunidades, o del medioambiente”, la alarma cundió en Jáchal.
Según la empresa, el accidente se produjo el 8 de setiembre pasado, cuando “dentro del valle de lixiviación, se produjo el desacople de una cañería corrugada de 18 pulgadas con solución de proceso”.

El motivo del incidente, “de acuerdo con las investigaciones preliminares, se habría producido por el impacto de un trozo de hielo”, según dijo la empresa.

Barrick agrega en su informe de prensa que después del incidente “se han intensificado todos los monitoreos ambientales de agua superficial y subterránea en la zona, no habiéndose detectado ningún tipo de anomalías” y que “de hecho, desde entonces Veladero continuó operando normalmente”.

No obstante eso, en Jáchal hay conmoción en la población y se vive una situación tensa, producto que no se sabe de qué magnitud fue el derrame y si podría afectar los cursos de agua que alimentan ése departamento.

Apenas conocida la noticia, esta noche los jachalleros coparon la plaza departamental donde prendieron fuego cubiertas en la plaza y alrededores y mostraron pancartas repudiando el nuevo accidente. También los manifestantes piden la renuncia del intendente Miguel Vega y que el juez Pablo Oritja vaya a la mina a constatar los daños.

En Jáchal, la Asamblea ciudadana Jáchal No Se Toca, recordó ayer el aniversario del derrame de más de un millón de litros de agua cianurada en los ríos de la zona, con una nueva protesta que tuvo como epicentro una carpa instalada en la plaza desde el incidente de 2015.

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10 meses y la Barrick Gold impune

Miriam, integrante de la Asamblea Jácha No se Toca 23.07.2016. 
Ya se cumplieron diez meses del derrame de 1.125.000 litros de solución cianurada en la mina Veladero en la provincia de San Juan, explotada por la corporación canadiense Barrick Gold. La “Asamblea Jáchal No se toca” se hizo presente en el mismo obelisco para reclamar la plena aplicación de la Ley de Protección de Glaciares.

 

10 meses y la Barrick Gold impune

Al Dorso (23.07.2016)

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Diez meses después, Jáchal no se toca

MARCHA.ORG  19 julio, 2016

 

Por Sebastian Saade – @seba_saade

El miércoles pasado 13 de julio de 2016) se cumplieron diez meses del derrame de 1.125.000 litros de solución cianurada en la mina Veladero en la provincia de San Juan, explotada por la corporación canadiense Barrick Gold. La “Asamblea Jáchal No se toca” se hizo presente en el mismo obelisco para reclamar la plena aplicación de la Ley de Protección de Glaciares.

La caravana “de los Andes al mar” inició su marcha con 18 integrantes de la Asamblea de Jáchal en un recorrido que tuvo su primera posta el lunes pasado en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA) en la ciudad de Mendoza. El IANIGLIA es el responsable de realizar el inventario de los glaciares. En 2010 el Instituto definió que los glaciares deberían tener al menos una hectárea para ser tomados como tales y, a su vez, decidió relevar sólo los ambientes periglaciares, allanando así el camino a las corporaciones mineras.

El miércoles pasado, en lo que fue su segunda posta, la “Asamblea Jáchal no se toca” realizó una conferencia de prensa en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires en la que denunció la plena aplicación de la Ley de Glaciares sin modificaciones inconstitucionales. Saúl Zeballos, referente de la Asamblea, expresó que “el IANIGLIA tiene que hacer el inventario de glaciares porque ese inventario nosotros lo necesitamos de forma urgente, pero legal. Es decir, que se respete la ley. No puede ser que haya un protocolo en donde la extensión mínima para hacer inventariado de un glaciar tiene que ser de una hectárea de extensión siendo que la misma ley dice que un glaciar es cualquier puerto de hielo que tenga cualquier forma y cualquier dimensión”.

El referente de la asamblea de Jáchal aclaró que el ejemplo concreto que se les dio a las autoridades del IANIGLIA es la del glaciar Toro 1, que tiene menos de una hectárea y que según el “manual o protocolo” no tendría que ser inventariado. “Nosotros exigimos a través de una nota que presentamos en el IANIGLIA, y que luego se presentó ayer en el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que se cumpla con la ley debidamente y no que se nos engañe y se nos trampee en función de una reglamentación que es de menor categoría que la ley”, explicó Saúl Zeballos en conferencia de prensa.

Faustino Esquivel, otro de los integrantes de la “Asamblea Jáchal no se toca”, habló con Marcha y contó su parecer acerca de la lucha que vienen llevando a cabo. En ese sentido, xpresó que ni el gobierno provincial ni el nacional ha dado ningún tipo de respuestas, por lo que “nuevamente venimos a peticionar para que por lo menos saquen la ley de glaciares, que es lo que prácticamente nos daría la razón de que la Barrick Gold estaría trabajando sobre los glaciares”.

Por otra parte, el costado judicial del conflicto tuvo un freno difícil de digerir para los asambleístas de Jáchal. Robert Moran, doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Texas, y Perito de parte de la “Asamblea Jáchal No Se Toca”, había logrado demostrar

  • que el glaciar Almirante Brown está seccionado y cortado a la mitad por el camino minero.
  • Además, corroboró que el Valle de Lixiviación, (donde se depositan las pilas del mineral para rociar con cianuro), está dispuesto sobre la naciente del Río Potrerillos, que es un enorme ambiente peri glacial.
  • El curso del Río Potrerillos fue desviado para pasar por debajo de todo el Valle de Lixiviación. Y a su vez, el camino a las minas Veladero y Pascua Lama está violando la ley de glaciares.

La justicia decidió frenar la causa que venía avanzando prolijamente a lugares que no le convenían al gobierno ni mucho menos a sus socios canadienses. No podían mostrar otro triunfo de la lucha popular después del amparo contra la mina Agua Rica en Andalgalá. “La Corte Suprema, una vez más jugando a favor de las corporaciones, le saca la causa de forma arbitraria al Juez Casanello y la manda a la complaciente justicia de San Juan, donde apenas llegó la causa, se fue a dormir a un cajón del Juzgado de Jáchal”, explicó a Marcha el abogado Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Voces de apoyo

Distintas organizaciones sociales, sindicatos, asambleas barriales y partidos políticos se acercaron al obelisco a solidarizarse con la lucha del pueblo jachallero. Las acciones realizadas en la gran capital se completaron con una jornada de concientización en la sede de la CTA autónoma, donde los referentes de la “Asamblea Jáchal no se toca” charlaron con organizaciones sociales de la multisectorial antiextractivista. La caravana “de los andes al mar” finalizó el día jueves acompañando la ronda de las madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Silvina Reguera llevó el apoyo de las y los miembros de la Asamblea de Andalgalá, quienes en el mes de marzo pasado consiguieron que la Corte Suprema emitiera un fallo a favor de los reclamos del pueblo de Andalgalá contra la provincia de Catamarca, la empresa Minera Agua Rica LLC Sucursal Argentina, Yamana Gold Inc. y el municipio de Andalgalá.

Desde la asamblea El Algarrobo y de todas las asambleas cordilleranas expresaron su solidaridad con la lucha del pueblo de Jáchal. La presencia de la asamblea de Andalgalá tiene diferentes motivos. Por un lado, el derrame de millones de litros de cianuro. Pero por otra parte, Reguera expresó a Marcha su preocupación respecto de que los habitantes de Jáchal no pueden tomar agua de la canilla y se ven obligados a comprar agua envasada. Así también, la resolución de este conflicto se hace más urgente tomando en cuenta que hay varios emprendimientos que están empezando. Según la referente catamarqueña, en la cordillera de San Juan hay más de 800 proyectos de megaminería.

Ya pasaron seis meses de la audiencia que tuvieron la “Asamblea Jáchal no se toca” con el ministro de Ambiente Sergio Bergman. Reguera, quien fue partícipe de aquella reunión, concluyó que “el ministro macrista se va en palabras, habla mucho, dice poco y hace nada”. “Ya pasaron seis meses. Les cobraron una multa [a Barrick Gold] que no va al pueblo. El dinero iba a ir un poco para sanear el río y otro poco para dar el agua a la población y no pasó eso. El agua que llegó a Jáchal fue producto de la colecta que se realizó a nivel nacional. Están en un peligro permanente y por eso están acá” agregó Reguera.

Orestes “Beto” Galeano, referente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la CTA autónoma, se refirió acerca de la falsa dicotomía en la que se entrelazaron los partidos del poder, macrismo y kirchnerismo, cuando reducen la megaminería a una disputa por las retenciones: “Hay un reduccionismo a la cuestión económica. Si se llevan más o se llevan menos. La consigna “el agua vale más que el oro” está absolutamente clara. Y también nos tiene que servir a los que vivimos en las pampas donde ya, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, ya no tenemos agua potable. Cavás y hace décadas que el agua está contaminada. Hay que sacar del río o del acuífero puelches. El acuífero guaraní quizás sea el próximo coto de caza de los imperios. No es solo la megaminería. La megaminería es hoy, el fracking es hoy, pero evidentemente el saqueo de todos los recursos naturales está en marcha desde hace tiempo, y los gobiernos desde el arribo de la democracia, no han hecho más que animarlo y ser cómplices de ello”, explicó Orestes Galeano a Marcha.

Diez meses después del derrame de cianuro en los ríos de la cordillera sanjuanina. Seis meses después del arribo de un nuevo gobierno que nada hizo por pensar y ejecutar nuevas políticas distintas al extractivismo imperante en San Juan y en todo el país. Con un ministro de ambiente que no dudó en aprovechar cada oportunidad que tuvo para aclarar su más absoluta ignorancia en la cuestión referente a los peligros que conlleva la explotación megaminera a cielo abierto. No hay dudas de que la “Asamblea Jáchal no se toca” tiene claro cuál es el camino: la lucha popular de los pueblos afectados y la concientización y solidaridad de los que miramos desde lejos.

 

 

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¿MINERA SAN JORGE METE LA CUCHARA?

Federico Soria 15.06.2016.
¿Por qué Minera San Jorge estaría interesada en que la zona donde proyecta su explotación megaminera sea considerada como parte de la cuenca del Río San Juan?

 

¿MINERA SAN JORGE METE LA CUCHARA EN LOS RELEVAMIENTOS DEL INVENTARIO NACIONAL DE LA LEY DE GLACIARES?

 Federico Soria

La Ley Nacional 26.639 (Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial) fue un logro de varios años de lucha popular, derrotero que incluyó levantar el nefasto veto presidencial a la ley anterior (Nº 26.418 que era similar) firmado y defendido por la ex-presidente Cristina Fernández, a instancias de la corporación Barrick Gold, puesto que la ley expresamente prohíbe la minería dentro de su ámbito de aplicación, o sea, los ambientes glaciares y periglaciares (Art. 6º, inc. c). De ahí que esta maniobra haya sido denominada “veto Barrick Gold” y que uno de los abogados detrás de su diseño haya sido Francisco Pérez, ex asesor letrado de Barrick Gold y luego Gobernador de Mendoza, puesto a dedo por la ex-presidenta, llevándose por delante a todo el peronismo mendocino.
Una vez sancionada la Ley de Glaciares, hubo que comenzar una nueva lucha: hacerla aplicar y que se lo haga correctamente. Evidentemente su implementación golpea directamente a la megaminería, uno de los intereses corporativos más grandes que opera en Argentina, de la mando del Estado, que en las últimas décadas se asoció y defendió esos intereses incluso con el uso de la fuerza pública, mediante la represión y la criminalización de la protesta social.

La aplicación en todos sus términos de la Ley de Glaciares implica lisa y llanamente que dentro de su ámbito de aplicación, explotaciones megamineras activas deben dejar de funcionar o aquellas proyectadas deben ser canceladas definitivamente, como por ejemplo Veladero, Pascua Lama, El Pachón, Agua Rica, etc. Esto está así dispuesto incluso por la propia ley (Art. 15º, párrafo 3º). Desde ya, esto no ha sucedido.
La Ley de Glaciares crea el “Inventario Nacional de Glaciares” (Art. 3º), disponiendo que el mismo debe contener la información registrada “de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial” (Art. 4º), y que el inventario “será realizado y de responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley” (Art. 5º), recordando además que tal autoridad es “el organismo nacional de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental” (Art. 9º), actualmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

La ley dispone además que el Inventario Nacional de Glaciares y ambiente periglacial “deberá comenzar de manera inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6º, se consideren prioritarias. En estas zonas se deberá realizar el inventario definido en el artículo 3° en un plazo no mayor de CIENTO OCHENTA (180) días” (Art. 15º párrafo 1º). Esto desde ya tampoco fue así, ya que no se cumplió el plazo y tampoco el IANIGLA comenzó por esas zonas, sin dar el IANIGLA las explicaciones correspondientes de este incumplimiento del cual son “responsables” tal como lo determina la ley (Art. 5º) .

Así las cosas, el IANIGLA comenzó con Inventario Nacional de Glaciares, realizando de a poco los relevamientos, con trabajo de gabinete en base a imágenes satelitales de alta resolución, validada luego con relevamientos de campo, en un trabajo que debe desatacarse como muy bueno desde lo técnico. Este trabajo luego pasa por una validación técnica internacional y se publica en la webhttp://www.glaciaresargentinos.gob.ar/

Tal como lo dispone la ley, el inventario se dividió por regiones, cuencas y subcuencas y así están siendo publicadas las diferentes zonas que se van relevando, las que se presentan con un informe y un mapa donde figuran todas las formas glaciares. Sin embargo, hasta ahora, en las zonas trabajadas no han sido relevados los ambientes periglaciares, sin dar el IANIGLA una explicación concreta tampoco respecto de los motivos de esta exclusión.

Las publicaciones del relevamiento comenzaron por el norte de la Provincia de Mendoza y el sur de la Provincia de San Juan, donde a primera vista salta un error grosero que no sabemos a ciencia cierta si es o no intencional. Nosotros tenemos indicios que sí lo es: en el Inventario Nacional de Glaciares, la subcuenca de Yalguaraz, en la Provincia de Mendoza, figura como parte de la Cuenca del Río San Juan, subcuenca de Ansilta, cuando es claro que (a pesar de poseer un escurrimiento superficial endorreico) forma parte de la Cuenca del Río Mendoza. De hecho, la demarcación del Límite Interprovincial entre Mendoza y San Juan (que históricamente estuvo enmarcada en conflictos por las diferencias entre las pretensiones territoriales de cada una), terminó de ser acordado por la divisoria de agua entre ambas cuencas, conforme lo establecido en la Ley Nacional 22.200.

Este error tal vez pasaría desapercibido, de no ser por el detalle no menor de que en esa zona está proyectada la explotación megaminera de San Jorge, que fuera rechazado por la histórica Audiencia Pública realizada en Uspallata el 25 de octubre de 2010 y por votación unánime en la Legislatura Provincial, el 24 de agosto de 2011.
Tampoco podemos dejar de pasar por alto que algunos investigadores del IANIGLA tienen intereses concretos en el negocio de la megaminería, ya sea haciendo trabajos de consultoría para estas corporaciones o siendo incluso dueños de concesiones mineras. Esto es sin lugar a dudas una incompatibilidad concreta para el ejercicio de la función pública, ya que en algunos casos los mismos profesionales que deben determinar hasta donde llega la aplicación de la Ley de Glaciares, que prohíbe la minería, al mismo tiempo tienen intereses económicos millonarios en dichas áreas.
De todos los casos detectados con este tipo de irregularidades, destacamos los casos de Lydia Espizua, quien firma como coordinadora en algunos de los relevamientos de la Ley de Glaciares y al mismo tiempo es dueña (junto con su marido, Jorge Bengochea) del proyecto megaminero Cerro Amarillo, ubicado en zona glaciar y periglaciar (cuyo relevamiento aún no fue publicado por el IANIGLA, pero curiosamente sí por el CEDHA); y el de Viviana Rubinstein, que fue vicedirectora del IANIGLA durante los primeros años en que se realizó el inventario de Glaciares, siendo al mismo tiempo dueña (junto con su esposo, Martín Carotti) de varias concesiones mineras, entre las que destacan decenas de ellas que conforman el proyecto megaminero Santa Clara, que fuera explorado a comienzo de los años ‘90, impactándose directamente sobre ambiente actualmente protegido por la ley. El dato no menor, es que las concesiones mineras de estas investigadoras del IANIGLA figuran entre los proyectos megamineros considerados «prioritarios» por la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, entidad corporativa de la cual sus esposos y socios comerciales conforman el directorio.

Consideramos vital dar a conocer esta información en este momento, en que a pesar de que la explotación megaminera fue rechazada por la Legislatura y el Pueblo de Mendoza, las corporaciones y el gobierno aún pretenden llevarla adelante imponiéndola sin licencia social y burlando el espíritu de la Ley Provincial 7722.
Desde que el presidente de la franquicia local de Minera San Jorge, Fabián Gregorio, fue designado hace unos meses en el gabinete de la Secretaría de Minería de la Nación, el lobby corporativo por la explotación de San Jorge se trasladó a Buenos Aires, contagió a los referentes nacionales del empresariado del rubro y aportó una presión extra al Gobierno de Mendoza, que durante la Gestión de Alfredo Cornejo, no mostró una postura concreta al respecto, ni por sí ni por no, a pesar de que tiene sobrados argumentos legales para mandar definitivamente a archivo el proyecto, tal como oportunamente ordenara la Legislatura de Mendoza, con lo cual su indefinición al respecto es a todas luces tan injustificable como la aprobación de dicha mega-explotación.
Las acciones llevadas adelante en las últimas semanas, conjuntamente por el lobby de la megaminería y la Municipalidad de Las Heras en la localidad de Uspallata dan cuenta de ello; como por ejemplo, el fraude perpetrado por el intendente Daniel Orozco, su secretario de gobierno, Raúl Villafañe, y los concejales, a la ordenanza ambiental-minera presentada por los Vecinos Autoconvocados; así como las recientes donaciones realizadas por Minera San Jorge a la municipalidad de Las Heras, mediante el pago de compras al municipio con cheques de la minera en comercios locales, acción que fuera defendida por el propio intendente Daniel Orozco, en declaraciones públicas realizadas en medios locales, y que provocara el repudio de la población.

¿Por qué Minera San Jorge estaría interesada en que la zona donde proyecta su explotación megaminera sea considerada como parte de la cuenca del Río San Juan?

Conviene recordar que la subcuenca de Yalguaraz forma parte de la cuenca del Río Mendoza, ya que si bien el escurrimiento superficial es endorreico, se desconoce la dinámica hidrológica subterránea. Más allá de eso, el sitio puntual donde ha de localizarse la Mina San Jorge no está en esta zona de escurrimiento superficial endorreico, sino en un área que escurre directamente al Río Mendoza, a través del Arroyo Uspallata. Minera San Jorge ha negado en todo momento esta condición, negación también avalada por el propio Gobierno de Mendoza que aprobó el Informe de Impacto ambiental, sin embargo profesionales y conocedores del lugar han dado cuenta que no es así y que esta condición puede apreciarse a simple vista a través de la interpretación de imágenes satelitales de la zona.

Esto también tiene que ver con el renovado interés del Gobierno de San Juan en desarrollar la explotación con una modalidad biprovincial, dada la cercanía del mismo al límite, extrayendo la roca en Mendoza, trasladándola y procesándola en San Juan. Asociado a ello, está la pavimentación de la Ruta Nacional 149 (que une Uspallata con Barreal) que permitiría traer insumos de Chile para la megaminería y exportar el mineral extraído; obra que, oh casualidad, fue interrumpida coincidentemente en el mismo tiempo en que fue rechazado en la Legislatura el Informe de Impacto Ambiental de Minera San Jorge; y ahora el Gobierno de San Juan vuelve a manifestar tal interés, al punto de presionar a su par de Mendoza para que termine la obra, que no tiene ningún interés en llevarla adelante.

Luego del rechazo social y legislativo, Minera San Jorge decidió como política empresarial adoptar un perfil bajo y realizar sus nuevos acuerdos en las sombras: no tiene página web, no realiza comunicados y las notas a la prensa son muy escasas y dadas exclusivamente por los nuevos dueños rusos de la firma. Consideramos que este «error» de situar la subcuenca de Yalguaraz como parte de la Cuenca del Río San Juan se inscribe en ese contexto.

Para terminar definitivamente con la amenaza de Minera San Jorge y todas sus maniobras, los Vecinos de Uspallata hace ya varios años que exigen que la zona sea declarada Área Natural Protegida en el marco de la Ley Provincial 6045, para lo cual han presentado un proyecto de ley en la Legislatura de Mendoza, el cual exigen sea sancionado con el texto original presentado por los vecinos.

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Minera Alumbrera: 20 años de minería a cielo abierto

Al Dorso 28.05.2016.
Entrevistamos al Fiscal Gral. de Tucumán al Dr. Antonio Gustavo Gómez sobre la experiencia que deja la minería a cielo abierto en la Argentina luego de 20 años de Minera Alumbrera Ltd. El principal yacimiento a cielo abierto del país, Bajo de la Alumbrera, prepara su cierre para finales del año próximo y acelera el plan de remediación previsto en la concesión.

 

MINERA ALUMBRERA: 20 AÑOS DE MINERÍA A CIELO ABIERTO EN ARGENTINA 

 

LA NACION.- Evalúan abandonar la actividad a finales del año que viene; para la empresa, la vida útil de la explotación llegó a su fin; con su levantamiento, se podrán medir los efectos ambientales

UALFIN, Catamarca.- El principal yacimiento a cielo abierto del país, Bajo de la Alumbrera, prepara su cierre para finales del año próximo y acelera el plan de remediación previsto en la concesión. Es la primera vez, en una explotación de este tipo, que los argentinos podrán ver cómo queda la zona en donde se trabajó y cuáles son las consecuencias de la actividad. El cierre -como toda la operación- no está exento de controversia.

Desde la compañía calculan que el plan, a partir del cese de la explotación, demandará unos cinco años, a los que seguirá un monitoreo de una década. La inversión, que incluye las indemnizaciones a los 1900 empleados, rondaría, a valores de hoy, los 2000 millones de pesos.

En la explotación, que ocupa 1400 hectáreas ubicadas en la zona previa a la sierra del Aconquija, hay montañas de material desechado, un socavón de 500 metros de profundidad por 1700 de diámetro y un dique de cola -donde se retienen los materiales sólidos que son descartados-.

Se cubrirán todas las áreas afectadas con una capa de material «benigno» y se las «revegetará con especies nativas». El objetivo es que los desechos no entren en contacto con el agua y el aire, para evitar la contaminación.

La empresa usa un promedio de 2,7 millones de litros de agua por segundo que extrae del acuífero catamarqueño Campo del Arenal.

Es la explotación de cobre, oro y molibdeno a cielo abierto más importante del país y opera hace casi 20 años. A diario, extrae 300.000 toneladas de material estéril, de los que obtiene 100.000 de minerales.

La empresa -que además del yacimiento Bajo de la Alumbrera, trabaja desde hace unos meses Bajo el Durazno- es operada por la firma suiza Glencore (50% de las acciones), y las canadienses Goldcorp (37,5%) y Yamana Gold (12,5%).

 

Los derechos de exploración y explotación son de Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD), una sociedad interestadual integrada por el gobierno de Catamarca (60%) y la Universidad Nacional de Tucumán (40%). Y percibe 20% del producido neto de Bajo de la Alumbrera y 30% del de Bajo del Durazno.

El gerente de Relaciones Institucionales de Minera Alumbrera, Jorge Montaldi, indicó a LA NACION que el yacimiento está llegando al final de su vida útil y aunque se proyectaba el cierre para fines del 2017, la eliminación de retenciones para la minería y la mejora del tipo de cambio tuvieron un «efecto positivo en la estructura de costos», por lo que evalúan una extensión del período.

La minera enfrenta denuncias y causas penales por presunta contaminación en Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán, además de una investigación en la justicia federal de Rosario por supuesto tráfico documental y contrabando de minerales.

Desde hace años, los vecinos de Andalgalá y Santa María del Valle, localidades ubicadas a unos 50 kilómetros del yacimiento, reclaman por el impacto que tendría la explotación en el aire y el agua, y sus efectos sobre la salud humana. Unas 30 familias de Vis-Vis, un pueblo ubicado a dos kilómetros del paredón del dique de cola, abandonaron el lugar y algunos demandaron por daños de contaminación y destrucción de sembradíos y ganado.

Sergio Martínez, integrante de la asamblea de Andalgalá admitió a LA NACION que en 1995, cuando comenzó la construcción de la Alumbrera, «aplaudíamos, pensábamos que era una suerte de reparación histórica para estos lugares. Advertimos que estamos igual, pero contaminados, con gente forzada a la migración, enfermos y producciones alteradas».

Los asambleístas reclaman la «participación de la comunidad» en audiencias públicas. «Fuimos a la Corte Suprema porque acá se nos niega hasta el acceso a la Justicia». Martínez se refiere al fallo de marzo pasado que hizo lugar al recurso de queja que presentaron en 2012 para frenar las actividades en el yacimiento Agua Rica.

Socio y controlante

Los controles sobre las operaciones están a cargo, exclusivamente, del gobierno catamarqueño que participa de la explotación en YMAD. Rodolfo Micone, secretario de Minería provincial, dijo a LA NACION que ese esquema no interfiere porque el Ejecutivo audita su área a través de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera. «Es totalmente independiente de la conducción de la sociedad», señaló. Agregó que, en el marco legal vigente, se iniciaron varios sumarios administrativos, se procesaron algunos y otros están en la etapa de evaluación y «pronta» resolución. Enfatizó que la provincia «suspendió proyectos mineros en producción por incumplimientos ambientales».

El fiscal de Cámara de Tucumán, Gustavo Gómez, lleva adelante distintas causas por supuesta contaminación de la Alumbrera, entre ellas una por la composición y niveles de metales hallados en los afluentes que la minera desecha en el canal DP2 de Tucumán y que desembocan en el embalse de las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. En diálogo con LA NACION, indicó que las auditorías son insuficientes y que en Tucumán se dictan resoluciones administrativas más elásticas que las nacionales sobre los parámetros de contaminación.

Fredy Carbonell, de la ONG tucumana ProEco -querellante en una causa desde 2010-, apuntó: «Los gobiernos no pueden controlar la extracción de áridos, imagínese una mina».

Respecto de la remediación, Gómez sostuvo que «terminarán haciéndose cargo» los socios de YMAD «en función de una cláusula secreta firmada en Nueva York» a la que comparó con la que rige en el acuerdo de Chevron. Montaldi rechazó de plano su existencia.

Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), planteó que las acciones deben permitir «una restauración socioambiental de las áreas utilizadas para que el terreno tenga condiciones similares a las previas al desarrollo de la actividad» y recordó que las mineras tienen el «compromiso de monitorear en el poscierre todos los elementos de la naturaleza para constatar su estabilidad física y química».

Karina Martineli, miembro de la asamblea Santa María del Valle, reclamó la participación de la comunidad en el plan de cierre: «Todo se maneja como si no hubiera gente; no hay datos, no hay información».

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Barrick Gold y el silencio ante el derrame

Juan Pablo Parrilla. 
Según el documento, nunca se va a saber la verdad sobre la dimensión y el impacto ambiental del derrame por la «falta de transparencia» de Barrick Gold y los encargados de controlar. En el aire quedaron doce preguntas que Barrick Gold todavía no respondió.

 

Las 12 preguntas que Barrick Gold todavía no respondió sobre el derrame de cianuro

Por  Juan Pablo Parrilla

El experto Roberto Moran presentó las conclusiones de su pericia: Veladero viola la ley de Glaciares y está degradando las aguas subterráneas. ¿Hubo una maniobra de ocultamiento? Barrick Gold trató de frenarlo. El abogado León Arslanián, que defiende al procesado ex CEO de la minera, Guillermo Caló, presentó un recurso para que el experto Roberto Moran no suba a Veladero, en San Juan, donde entre el 12 y 13 de septiembre pasado se derramaron millones de litros de solución cianurada al río Potrerillos. Pero la estrategia fracasó. Fue la primera vez que un perito independiente pisó la mina. Y el martes presentó sus conclusiones en el expediente que tiene a cargo el juez federal Sebastián Casanello.

Según el documento, nunca se va a saber la verdad sobre la dimensión y el impacto ambiental del derrame por la «falta de transparencia» de Barrick Gold y los encargados de controlar. El especialista también concluyó que Veladero viola la ley de Glaciares y que está contaminando las aguas subterráneas. Pero en el aire quedaron doce preguntas que Barrick Gold todavía no respondió.

¿Por qué oculta los datos sobre metales pesados en el agua?

Barrick Gold había recogido sistemáticamente desde el inicio de sus operaciones información sobre la calidad del agua, pero luego del derrame sólo puso a disposición del público los valores referidos al cianuro libre y total, y al mercurio, omitiendo cientos de sustancias tóxicas. «Tengo muchas preocupaciones acerca de la escasez de datos que se han hecho públicos», confesó Morán.

¿Qué había en la solución derramada?

La solución cianurada, conocida técnicamente como solución PLS, suele tener una mezcla extremadamente tóxica de numerosas formas de cianuro y de cientos de componentes químicos, como aluminio, arsénico, cadmio, plomo, mercurio, níquel, plata, boro y uranio. Sin embargo, Barrick Gold nunca publicó cómo estaba compuesta la solución derramada. La única información que se tiene es una medición que supuestamente realizó la consultora externa AMEC, pero que en realidad se basó en los datos aportados por la propia Barrick Gold. Según Morán, esos análisis sólo informan «el pH y la conductividad, y las concentraciones de 11 componentes químicos», dejando afuera «la mayor parte de los componentes potencialmente tóxicos».

Por otra parte, el perito sostuvo que el hecho de que el informe se basara en una medicación realizada cuatro días después del derrame podría tener como objetivo que no se sepa la composición original de la solución.

¿Dónde están los sedimentos contaminados?

Como ya había advertido una pericia de la Policía Federal, Morán recalcó que cuando llegaron los primeros observadores externos a Veladero después del derrame, los sedimentos contaminados ya habían sido excavados y llevados a algún lugar, pero que no brindó detalles sobre el proceso y se limitó a «informar que fueron eliminados en las pilas de lixiviación».

¿Por qué estaba abierta la compuerta por la que se produjo el derrame?

En teoría, la compuerta del Canal Norte que debería haber estado cerrada estaba abierta el día del derrame porque la pileta de contingencia estaba cerca de sus límites y no podía seguir recibiendo agua. Sin embargo, según Morán, «los niveles de escurrimiento deberían ser relativamente bajos durante el invierno», por lo que esa pileta no tenía porque estar próxima a llenarse. La incertidumbre alimenta la idea de que Veladero podría haber estado siendo sobreexplotada.

¿Cuánta agua consume Veladero?

La zona es extremadamente seca. En la localidad de Jáchal llueve, en promedio, 14 centímetros por año. Sin embargo, Veladero tiene permiso para usar 100 litros por segundo de las aguas superficiales del Río Las Taguas y otros 10 litros por segundo de pozos poco profundos. Durante su declaración judicial, el manager de proceso de Veladero, Emiliano Campanella, afirmó que actualmente utilizan sólo el 70% de los volúmenes de agua permitidos, pero a Morán le llamo la atención que los reguladores y los entes de control «no tienen la autoridad y/o capacidad de verificarlo de forma independiente».

En esa línea, subrayó que a más de 10 años del comienzo de operaciones de la mina, Barrick Gold todavía «no presentó ningún documento público detallado sobre el saldo real de agua». De hecho, aclaró que él lo solicitó y no se lo dieron.

¿El derrame afectó la salud de los empleados de Veladero?

Morán advirtió que una vez liberada la solución cianurada en el Canal Norte, esta «habría empezado a reaccionar químicamente con los sedimentos locales, liberando elementos volátiles en el aire». El problema es que parte del cianuro disuelto se habría convertido en un gas tóxico, cianuro de hidrógeno, que es el agente letal usado a menudo en las cámaras de ejecución de presos y que también fue utilizado en los campos de exterminio nazi. Al respecto, Morán se preguntó si los trabajadores -que en teoría no estaban al tanto del derrame al detectarlo- llevaban ropa protectora y respiradores, y si tuvieron consecuencias negativas en su salud.

¿Dónde están los datos que permitirían evaluar el impacto ambiental?

Los estudios de línea de base son los que se realizan antes del inicio de las actividades mineras para ser comparados con mediciones posteriores y evaluar su impacto ambiental. Pero en el caso de Veladero, para Morán, los datos «son inadecuados» ya que los hizo Barrick Gold y «no son estadísticamente fiables». Además, «sólo contienen mínimos y máximos de las concentraciones, pero no los detalles necesarios para interpretar los datos». Aún así, Morán aventura que Barrick Gold posee los detalles, pero no los hace públicos. Infobae los solicitó infructuosamente en varias ocasiones.

¿Por qué el protocolo que aplica Barrick Gold para manipular cianuro no frenó el derrame?

La minera suele sacar «chapa» de que el personal de Veladero se apega a los procedimientos del Instituto Internacional de Manejo del Cianuro. Lo que no suele aclarar es que el código que creó el organismo fue desarrollado y financiado por la industria minera y los proveedores de cianuro. «Es evidente que no logró impedir el derrame», redundó Morán.

¿Por qué el personal de la consultora externa no participó de las mediciones?

AMEC es una de las consultoras externas con las que trabaja Barrick Gold, que le da un aparente aire de independencia a sus evaluaciones, pero su personal no intervino en los relevamientos de agua y sedimentos posteriores al derrame. Morán fue muy duro con su trabajo. Aseguró que sus hallazgos «se basan en un gran número de supuestos simplificadores», «es incapaz de considerar los riesgos reales» y en algunos casos su tarea «es tan limitada y simplista como ridícula». Conclusión: «AMEC hace varios pronunciamientos en relación con el comportamiento ambiental del cianuro que son engañosos e incorrectos».

¿Qué hace Barrick Gold para proteger el ambiente periglacial y las aguas subterráneas y superficiales?

Morán destacó que las pilas de desmonte están construidas «directamente sobre la parte superior de los sedimentos periglaciares, sin ningún tipo de revestimiento por debajo» lo que se traduce en que «el drenaje cargado de contaminantes ácidos de estas pilas está entrando en las aguas superficiales y subterráneas». Asimismo, Morán indicó que «las pilas de desecho de roca están generando drenaje ácido» y que «estas aguas cargadas de contaminantes han descargado en las aguas superficiales y zonas aledañas desde hace años». Conclusión: «Estos drenajes de roca de desechos contaminados están degradando la calidad de las aguas subterráneas en los sedimentos periglaciares locales que tienen una conexión hidrogeológica con las aguas superficiales».

¿Por qué Barrick Gold se opuso a los controles independientes?

Morán cree que nunca se va a saber la verdad de lo que ocurrió, entre otras cosas, porque Barrick Gold controla el acceso a la mina y la información técnica. Sin embargo, el experto consideró que los informes de la minera y los de sus propios consultores «presentan una impresión errónea e incompleta del derrame y su impacto».

En ese sentido, dejó en claro que «toda la información de los primeros días después del derrame provino» de Barrick Gold.

Incluso advirtió que la metodología que usaron los organismos de la ONU que tomaron muestras apeló a «un enfoque muy extraño» y que la mayoría de los informes tienen tantos errores de forma que jamás podrían haber concluido que no hubo impacto ambiental, sino todo lo contrario, que hubo cambios significativos.

¿Dónde están las fotos?

Moran aclaró que el derrame debe haber sido documentado con fotografías aéreas e imágenes satelitales, pero que no le acercaron ninguna durante su visita a la mina.

 

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