Cinismo K, militancia y el caso López

Notas Astarita, Novedades

Rolando Astarita 17.06.2016.
Cinismo, cualidad o actitud del cínico. Cínico. Se aplica a la persona que comete actos vergonzosos sin ocultarse y sin sentir vergüenza por ellos. Cínico. Caradura. Desfachatado. Desvergonzado. Impúdico. Sinvergüenza.

 

Cinismo K, militancia y el caso López


Rolando Astarita  (17.06.2016)

Cinismo, cualidad o actitud del cínico. Cínico. Se aplica a la persona que comete actos vergonzosos sin ocultarse y sin sentir vergüenza por ellos. Cínico. Caradura. Desfachatado. Desvergonzado. Impúdico. Sinvergüenza (tomado del María Moliner).

No iba a escribir sobre el caso de José López (para los lectores del exterior: José López, ex secretario de Obras Públicas del gobierno de Cristina Kirchner, fue sorprendido y detenido en la madrugada del martes 14/06 cuando intentaba ocultar en un convento bolsos con casi 9 millones de dólares). En otras notas (aquí, aquí y aquí) me referí a la corrupción, su vinculación con el capitalismo y más específicamente con esa lumpen burguesía de la que López es un típico exponente. Sin embargo, hay algo que ahora quiero agregar a lo ya escrito, y se refiere al asco que genera escuchar a ex altos funcionarios y dirigentes K decir que están “indignados”, que dicen tener “bronca militante” y sentirse identificados con “los miles y miles de pibes, compañeros y compañeras, que nada tienen que ver con López, ni con millones de dólares, ni con bolsos”. Estamos ante un caso de cinismo en su máxima expresión. Es que los “miles de pibes” seguramente no tuvieron nada que ver con “millones de dólares ni con bolsos”, pero estos altos ex funcionarios sí tuvieron que ver, y mucho que ver. Hay que decirlo con todas las letras: los altos ex funcionarios y los allegados a los círculos de poder sabían perfectamente de qué se trataba el asunto. Algunos pueden no haber participado directamente en el saqueo de los fondos públicos, pero esto no los exime de responsabilidades. Fueron cómplices, porque si no robaron, callaron y encubrieron. Por eso no tienen derecho a invocar la militancia de los “miles de pibes”. La realidad es que esos pibes les importan un bledo a estos “dirigentes y ex altos funcionarios”. Éstos lo único que buscan ahora es salvar la ropa. Pero es imposible tapar el sol con la mano.

¿O acaso qué estaban mirando cuando los Kirchner compraban tierra pública por 50.000 dólares para revenderla en 2,4 millones al grupo chileno Cencosud? ¿Qué estaban mirando cuando la Auditoría General de la Nación mandaba informe tras informe en los que se denunciaba el entramado de corrupción y sobreprecios en la obra pública? ¿O cuando por todos lados se evidenciaba la inmensa fortuna que acumulaban los Baez, los Cristóbal López y semejantes, incluidos altos funcionarios del gobierno? ¿O cuando se silenciaba a la SIGEN, a la Oficina Anticorrupción y a las fiscalías de gestiones administrativas? ¿O cuando la UIF cajoneaba todo reporte de operaciones sospechosas que involucrara a gente K? ¿O cuando se informaba que los hoteles de los Kirchner estaban llenos de cuartos vacíos alquilados por el principal contratista de la obra pública de Santa Cruz? ¿O cuando se hizo público que la financiera SGI (la Rosadita) era la cueva para el lavado de dinero de los círculos del poder? ¿O cuando Cristina Kirchner viajó a las islas Seychelles sin que se pudiera dar razón de semejante viaje? ¿O cuando se daba libre entrada al país a la efedrina? ¿O cuando se conoció que los que la importaban, o estaban en la mafia de los medicamentos (Sanford, Multipharma, Global Pharmacy), eran grandes aportantes a la campaña electoral de Cristina Kirchner? ¿O cuando se otorgaban subvenciones sin control a los Cirgliano y se destruían los ferrocarriles? ¿O cuando se suspendía y acusaba al fiscal Campagnoli por meter las narices en la ruta del dinero K? ¿O cuando se estatizaba Ciccone sin que se pudiera informar a la opinión pública a quién pertenecía la empresa? ¿O cuando Old Fund recibía, con el acuerdo de Boudou, 7,6 millones de pesos del gobierno de Formosa por “asesorar” en la deuda provincial?
Por eso mienten cuando dicen que ahora les indigna ver lo de José López. ¿Cómo los va a indignar si convivieron alegremente con la mugre y la podedumbre? Invocan al “proyecto”, a los “ideales”, ellos mismos se proclaman “militantes del pueblo”, pero son unos miserables saltimbanquis, que hicieron del oportunismo su único principio. Parafraseando a Marx, sus protestas de hoy no son más que disfraces y caretas para ocultar lo más mezquino y miserable. Estos lúmpenes intelectuales y cínicos sin límites solo pueden llevar a la desmoralización y al desánimo al movimiento popular. De hecho, fueron funcionales para la llegada de Macri y Cambiemos al gobierno. Hablan de la militancia de los 70, pero desarrollan una militancia burguesa y acomodaticia, que nada tiene que ver con los 70, ni con la militancia de la izquierda (véase aquí). Aunque les duela a los “miles de pibes por la liberación”: no hay “liberación” ni “revolución” posible con esta calaña.  Y López es solo un emergente de la misma sustancia humana y social.

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Aranguren, el fusible de los CEOs

Extractivismo, Fracking, Maldesarrollo y extractivismo, Notas destacadas extractivismo, Notas destacadas fracking, NOTAS Fracking, Novedades

Felipe Gutiérrez 16.06.2016.
El lunes 6 varios barrios de Buenos Aires amanecieron cubiertos de afiches con la cara del ministro de Energía, Juan José Aranguren, y un mensaje que decía: “Y tú te vas, te vas, te vas”.

 

Aranguren, el fusible de los CEOs


Por Felipe Gutiérrez  (16.06.2016) | Observatorio Petrolero Sur

El lunes 6 varios barrios de Buenos Aires amanecieron cubiertos de afiches con la cara del ministro de Energía, Juan José Aranguren, y un mensaje que decía: “Y tú te vas, te vas, te vas”. Los afiches, que no llevaban firma, fueron el punto más alto de una campaña que se había iniciado algunas semanas atrás, fuertemente agitada por los medios hegemónicos. A través de estos se hablaba de un quiebre en el gabinete macrista, en donde el ex CEO de Shell habría quedado aislado -a tal punto que habría presentado su renuncia en dos ocasiones- debido a que desde el gobierno se lo culpaba de haber planificado mal las subas de gas y electricidad, volviendo a agitar el fantasma de la conflictividad social. El objetivo de ese discurso no era otro que desviar la atención sobre la mala política energética hacia su principal responsable. Así, el tarifazo podía explicarse no como una política de Estado, sino como un mal cálculo de Excel del ministro Aranguren, convertido en un fusible que en el momento más conveniente puede saltar.

La cronología del tarifazo se inicia el 25 de enero, cuando a través de la Resolución 6/2016 se retoma un definición de precios del Mercado Eléctrico Mayorista en base a criterios económicos, tomando como referencia el precio sin subsidio a $1.427 por megavatio/mes, lo que en la práctica significó un aumento del 345%. Esta medida fue acompañada de otras subas, como la de las naftas, que en mayo acumularon una alza de 31% en 5 meses. Si la implementación del aumento de los combustibles fue gradual (6% en enero, marzo y abril, más el 10% de mayo), con el gas la política fue directamente de shock. El gobernador chubutense Mario das Neves mostró boletas con un aumento de 1800% en su provincia, durante una reunión entre Aranguren, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y los gobernadores patagónicos.

El objetivo de fondo del tarifazo es mantener los programas de estímulo a las empresas operadoras, a través de una transferencia de US$4 mil millones pagados por las y los usuarios y ya no por el Estado. En materia de precios la ruptura con la política de precios del kirchnerismo es evidente. A través de subsidios estatales las boletas de luz, agua y gas estuvieron virtualmente congeladas durante una década. Sin embargo, el plan macrista sostiene dos lineamientos del kirchnerismo.

El primero es el estímulo a las operadoras, que tuvo su inicio en 2008 con el Programa Gas Plus que posteriormente sería complementado con otros planes de incentivo a la extracción. En sintonía, el 18 de mayo el Ministerio de Energía creó el Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural. En el texto de la resolución su objetivo es bastante explícito: “resulta necesario continuar con los programas impulsados con miras a incrementar en el corto plazo la producción de gas”, consigna. De este modo las empresas que no hubieran sido beneficiarias de los anteriores planes de estímulo, recibieron el compromiso del Estado de ser compensadas hasta alcanzar el valor de 7,5 dólares el millón de BTU “en el caso que el beneficiario no hubiera recibido dicho valor por la venta del gas en el mercado interno” (Resolución 74/2016). Este anuncio fue acompañado por un alza de los precios del “gas viejo” en boca de pozo [Los programas estímulo durante el kirchnerismo estaban destinados a la perforación de nuevos pozos o la reactivación de los que estaban paralizados. Si bien el macrismo le da una continuidad a esa política, también subió los precios para los pozos que ya están en producción].

Por otra parte, el sostenimiento de los valores pagados a las operadoras mediante el incremento a los y las usuarias fue la base de la política de precios de combustibles que sostuvo el Estado Nacional desde la renacionalización parcial de YPF en 2012. Entre mayo de ese año y diciembre de 2015 se aplicaron 24 aumentos de precios a los productos de YPF, lo que significó una suba de, por ejemplo, un 137% de la nafta súper en Capital Federal, mientras que en Mendoza el aumento fue de un 154%. [Si bien el desacople de los precios es una política que viene desde el fin de la convertibilidad, la baja del precio del petróleo en 2014 revirtió su sentido: si hasta entonces mantenía a nivel interno precios inferiores al internacional, esta relación se ha invertido para asegurar rentabilidad a las operadoras e ingresos a gobiernos provinciales en tiempos de Vaca Muerta].
Si bien la suba es similar a la del dólar, va totalmente en contra de los precios internacionales del barril de petróleo que, según el indicador de referencia WTI, era de US$106,1 en mayo de 2012 y de US$41,8 en diciembre de 2015, cuando asumió Macri. De este modo, el gobierno de Cristina Fernández desacopló el petróleo del valor internacional, creando el “barril criollo”, uno de los más caros del mundo. Su objetivo era sostener el efímero “boom de Vaca Muerta” que se vio fuertemente amenazado por la baja del precio del petróleo. No solo los puestos de trabajo sino que la totalidad del proyecto -principal y casi única salida a la crisis energética que esbozó el kirchnerismo- estuvo en entredicho debido a que por sus fuertes costos es “marginalmente rentable” solo con un barril a US$84, en palabras de Galuccio. Según cálculos realizados por el diario Rio Negro, esta transferencia de los consumidores a las petroleras significará unos US$ 6 mil millones durante 2016 (Rio Negro, 17/01/2016).

“Es la política, pavote”

La reacción al tarifazo comenzó en los lugares más fríos del país. El 25 de mayo cerca de 3 mil personas marcharon bajo la lluvia en Bariloche para manifestarse en contra de las subas. Días antes habían presentado un amparo con más de 32 mil firmas, buscando retrotraer las tarifas al valor de marzo. Similares acciones legales se repitieron en todo el país. También reaccionaron otros sectores como el comercio y la industria, que según la Unión Industrial Argentina (UIA) perderían unos 200 mil puestos de trabajo producto de la suba de los servicios. Y aunque Aranguren sostuvo que este era un reajuste gradual y no un shock, a los trabajadores de la recuperada cerámica Zanon no les quedó tan claro eso cuando llegaron las facturas de gas (que aumentó de $ 700 mil a casi $ 8 millones en un mes) y electricidad, (de $ 360 a $ 800 mil) teniendo que destinar cerca de 9 millones de pesos a servicios; el triple de lo que la gestión obrera reparte como sueldos.

De manera tardía, a comienzos de mes, el gobierno retrocedió en algunas de las medidas: puso un tope de 400% a la suba en el sector residencial y 500% en el comercio. En el interin una serie de declaraciones públicas tanto desde el gobierno como de la oposición, así como la filtración de un supuesto acorralamiento del gabinete al ministro, buscaban situarlo a Aranguren como único responsable del tarifazo. A esto abonaban sus antecedentes: no sólo proviene de Shell, sino que es sinónimo de Shell Argentina. Luego de trabajar 37 años ahí, recibió $16 millones en acciones de la multinacional, que casualmente tuvo amplios beneficios con el nuevo gobierno. Primero porque su filial Shell Western se adjudicó siete de las ocho licitaciones de contratos de barcos de gasoil para este invierno; y luego por el contrato de compra de gas a Chile -que a su vez se lo compra a la British Gas, empresa de Shell- a US$ 6,9 el millón de BTU, un 128% más caro que el gas boliviano. Aranguren se defendió señalando que no hay incompatibilidad pues sus acciones son de Shell Internacional y no de su filial Argentina y que todas las decisiones que involucraron a operadoras, fueron firmadas por subalternos. A estos antecedentes se suma su particular estilo de afrontar el conflicto, como cuando justificó las subas frente al Intendente de San Martín, diciendo que “tenía una planilla de Excel que cumplir”.

En efecto la planilla fue llenada de manera particular. Arrojó subas similares en hogares de ingresos muy dispares sin considerar que este aumento golpea distinto a los presupuestos familiares, aún cuando porcentualmente sea lo mismo. De igual manera con las empresas, mientras las grandes pueden recomponer su presupuesto a partir de la suba de los servicios, el impacto sobre los empleos en las medianas y pequeñas es mucho mayor. Aún más gráfico es que no se hayan tenido consideraciones geográficas para limitar las subas, tomando en cuenta las grandes diferencias de temperatura en una punta del país y la otra. Sin embargo, el problema no pasa por una mala planificación -aunque el tarifazo demuestre los límites de la política de Excel- ni solo porque el ministro sea un representante de las empresas -aunque los riesgos están a la vista y siendo denunciados penalmente– si no que tiene que ver con una abierta política de beneficio (“estímulo”) a las grandes corporaciones con el objetivo de atraer capitales.

Ese proceso puede ser rastreado en las políticas de fomento al extractivismo, pilar económico de la gerencia macrista. La trilogía aumento de los subsidios a las petroleras + quita a las retenciones al campo ($16 mil millones en 2015) y la minería ($3300 millones) + fin del cepo, evidencia una política orientada a asegurar la estabilidad financiera de los sectores concentrados que controlan las principales actividades extractivas del país, con particular énfasis en la exportación. En ese sentido hay una suma de decisiones que son ideológicas y que van más allá del problema de pesos más o pesos menos.

Esta concepción quedó en evidencia cuando el Ministerio de Energía lanzó los pliegos de lo que será la licitación de proyectos de energía renovables. El modelo elegido busca la construcción de megaproyectos y las condiciones entregadas solo pueden ser cumplidas por las grandes corporaciones internacionales de la materia. No solo el modelo extractivo del macrismo, sino el que lo sustenta, el energético, busca ser concentrado y de alto impacto socioambiental.

Volver al mundo

En esa misma línea está la importación de gas por Chile, que es un negocio caro y no demasiado relevante para el escenario energético nacional. Sin embargo sus razones se explican más allá del posible enriquecimiento indirecto que le puede generar a un ministro. El negocio no está solo en el gas sino en a quién se le está comprando, en este caso a Chile, país que es visto como modelo por la administración macrista, en particular por su apertura comercial. El ministro de Energía chileno, Máximo Pacheco destacó que la firma del acuerdo es el “inicio de una nueva etapa en la integración energética entre Chile y Argentina”. Macri viajará a ese país durante la primera semana de julio para sumarse como observador en la reunión de la Alianza del Pacífico, instancia multilateral conformada por México, Colombia y Perú, además de Chile, que se ha transformado en el principal espacio regional de interlocución con EEUU. hasta el punto de sumarse al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) a través del cual Washington pretende aumentar su influencia en la región.

Aunque por el momento el Mercosur seguirá siendo la principal referencia continental de Argentina, remplazar gas boliviano por la importación desde Chile es una señal muy clara. En última instancia Macri pretende sumarse al TPP, para abrir una nueva época de acuerdos comerciales. Además, antes de ir a Chile, participará en un foro empresarial en Colombia, y después se embarcará a Bélgica para agilizar las negociaciones de un posible Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, gestiones que hasta antes de su victoria electoral estaban congeladas. La movida chilena, entonces, no es un abandono del espacio Mercosur, sino una diversificación de mercados (antes les llamábamos países).

Es este marco político el problema que se plantea hoy en materia energética, donde la permanencia de Aranguren no es anecdótica, pero su eventual destitución sí. En definitiva, el problema no es que Aranguren tenga poco tacto político, como dice Clarin, ni solo es problemática su incompatibilidad para ejercer cargos públicos. El fondo del asunto es la reorientación extractiva de Macri que, como escribió en su Facebook, se prepara para esa “Argentina que viene”, que “vuelve al mundo

 

 

 

 

 

 

 

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La gran pro: la estafa de la compra de las acciones de la Anses

Notas, Notas destacadas deuda, Novedades

Lázaro Llorens 08.06.2016.
Las empresas privadas que contaban con acciones propiedad de la ANSES, desplegaron en el último quinquenio la política de acumular y no distribuir dividendos. Y así ahora con “Nicky” Caputo a la cabeza, pretenden comprar las acciones que detenta la ANSES, con fondos que en realidad pertenecen a la ANSES.

 

La GRAN PRO: la estafa de la compra de las acciones de la ANSES con la plata de la ANSES

 

Por Lázaro Llorens

Las empresas privadas que contaban con acciones propiedad de la ANSES, desplegaron en el último quinquenio la política de acumular y no distribuir dividendos. Y así ahora con “Nicky” Caputo a la cabeza, pretenden comprar las acciones que detenta la ANSES, con fondos que en realidad pertenecen a la ANSES.

Para revertir el mal humor social que generaron algunas de sus medidas, el miércoles pasado, el presidente Mauricio Macri presentó ante el congreso, su proyecto de ley ómnibus de “Reparación Histórica para Jubilados”. El mismo reconoce el derecho a jubilados que se encuentran en proceso judicial, y establece parámetros similares para quienes aún no lo han hecho, abarcando un total de 2,5 millones de abuelos.

Para financiarlo, el gobierno propone un controvertido blanqueo de capitales, que generó mucho ruido político, incluso dentro de las filas de Cambiemos. También el uso de utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSES. Entre estos, los acciones (4,3 millones) que el ANSES tiene en 46 empresas privadas, como Siderar, Macro, Banco Galicia, Techint, Mirgor (Caputo), Clarín, entre otras, cuya posible venta también dispararon la polémica.

«En la ley damos a la posibilidad de vender las acciones de la ANSES, pero no creemos que haya necesidad de venderlas por los próximos años. Queremos tener la flexibilidad de operar en el mercado como lo hace cualquier inversor” argumentó Emilio Basavilbaso, actual director ejecutivo del ANSES, para justificar la iniciativa de Cambiemos.

“No voy a votar el capítulo de disponibilidad de fondos del FGS. Con las dos manos voy a votar el proyecto de ley para pagarles a los jubilados, pero no estoy de acuerdo con que se vendan las acciones de la ANSES. Sí se pueden usar las utilidades. Hasta ahora nunca se las usó”, dijo por su parte el diputado Diego Bossio, ex titular del ANSES, actual vocal de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, quien señaló que si esto pasaba sería “privatizar parte del ANSES”.

Los mentores

La idea de Cambiemos, donde en acciones de empresas privadas hay un codiciado botín del orden de los 126.000 millones de pesos, no es nueva. Desde el primer día en que Macri puso un pie en la Casa Rosada, desde el gobierno amarillo vienen evaluando la posibilidad de desprenderse de las acciones y otros activos del ANSES. Por eso las empresas se relamen.

Esta tarea se les encomendó especialmente, a tres altos funcionarios macristas, estrechamente ligado a los grandes bancos: Luis Caputo, secretario de finanzas, ex presidente del Deutsche Bank y Jefe de Negocios del JP Morgan. Luis Blaquier, director del Fondo Garantía Sustentabilidad (FGS) del ANSES, ex Goldam Sachs, emparentado con la empresa Ledesma, de la cual el ANSES es accionista. Y Matías Tamburini, Director General de Operaciones del FGS, ex Deutsche Bank.

La estirpe de Gordon Gekko de los tres nombrados, se pone en evidencia en las operaciones de dólar futuro que concretaron cada uno por su lado, alzándose con una ganancia de 3,6, 1,7, y 23,1 millones de pesos cada uno, respectivamente. Por ello es de imaginar el festín que pueden hacerse administrando el FGS de la ANSES.

A ellos se le sumó nada menos que el “hermano” del presidente Mauricio Macri, Nicolas “Nicky” Caputo, propietario de la empresa Mirgor SA, cuyo 22 % del capital accionario lo detenta la ANSES. Quien pasó a ocupar el estratégico puesto de vicepresidente del Merval (Mercado de Valores) donde se cocinará no solo esa venta accionaria, sino también la cotización de esas acciones. Con el objeto según hizo trascender públicamente Ambito Financiero y El Cronista, de pilotear desde allí la recompra de las acciones en poder de la ANSES de su empresa Mirgor, que fundó junto con Mauricio Macri.

Está acompañado en esa tarea como director del Merval, por Delfín Ezequiel Carballo del Banco Macro, cuyas acciones un 31,5 % las detenta la ANSES. La estirpe Gordon Gekko de Carballo, también la pone en evidencia las operaciones de dólar futuro. En las que se alzó con una ganancia de 117,8 millones de pesos, buena parte de ellos gracias a las apuestas que hizo el 18 de noviembre, el último día en que funcionó el ROFEX (Rosario Futures Exchange) previo al balotaje, apostando claramente así al triunfo de CAMBIEMOS.

De arranque esa empresa no fue fácil. Debido a la Ley 27.181 aprobada el año pasado bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, toda la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, fue declarado de interés público por el Congreso. Por eso ahora para poder disponer de su venta, Cambiemos, que no controla el Congreso, necesita la mayoría agravada de dos tercios de los votos, en ambas cámaras.

La promulgación de un DNU -Decreto de Necesidad y Urgencia- fue la primera idea que carburaron los financistas Caputo, Blaquier y Tamburini. Con el objeto de vender los bonos de la deuda pública y cancelar plazos fijos que tiene el organismo previsional, para pagarles una porción de la deuda a unos 60 mil jubilados con sentencia firme.

A la par, funcionarios del ANSES hicieron consultas a los CEOs de las empresas Siderar, Molinos, Galicia y BBVA Francés, para avaluar la posibilidad de una recompra de las acciones del ANSES, utilizando para ello los “resultados no asignados”. Esto es, las ganancias que las empresas no repartieron con sus socios, entre estos el ANSES.

Operación que conlleva una extraordinaria estafa, dado que representa nada menos que comprar las acciones de la ANSES con plata de la ANSES, al pertenecer el 35 % de esos resultados no asignados, a las acciones en poder de la misma ANSES. Conforme las cifras de los balances del año 2015, los resultados no asignados contabilizados de diversa manera por las 45 empresas de las que es accionista, ascenderían a 120 mil millones de pesos. De los cuales casi un 20 %, 22.350 millones corresponderían a las acciones en poder de la ANSES.

Como la tenencia de las acciones de la ANSES según su valorización bursátil a agosto del 2015 ascendía a 63.718 millones, esos 22.350 millones de resultados no asignados pertenecientes a las acciones en poder de la ANSES, representan el 35 % del total de las acciones en poder de la ANSES.

O sea que los afortunados empresarios, que a lo largo de los años no distribuyeron grandes dividendos, porque tenían a la ANSES como socios importantes, ahora en nueva vuelta de tuerca PRO, podrán despojar a la ANSES de esas acciones, con dineros que más de un tercio pertenecerían a la misma ANSES. Además de los enjuagues en el precio de esas acciones, que como autoridades del Merval podrán hacer “Nicky” Caputo y “Eze” Carballo.

Como el uso de un DNU para liquidar estos millonarios activos previsionales era peligroso en términos jurídicos, la idea pergeñada por Caputo, Blaquier y Tamburini, tuvo una vuelta de rosca y, en un momento político complicado, terminó convirtiéndose en un osado proyecto de ley ómnibus, con la modificación de más de 100 leyes. Con el cual el gobierno ahora pretende regularizar la situación de 2,5 millones de jubilados, mediante un blanqueo de capitales y la disponibilidad de la carteras de inversiones del ANSES.

En donde, para garantizarse el voto dócil peronista, se incluyó a última hora, la ratificación de los acuerdos que las provincias firmaron con la Nación para recuperar el 15 por ciento de la coparticipación que cedieron al ANSES en 1992.

El botín

Conforme las actuales cotizaciones, se trata de botín de más 126.000 millones de pesos. Esto es lo que hay habría detrás de la venta de las acciones del ANSES. Estos se conforman por 93.000 millones de pesos al valor actual de las acciones. Y 33.000 millones de dividendos –resultados no asignados- actualizados a la fecha con el mismo índice de la valorización de las acciones. Que las empresas privadas decidieron no compartir con el Fondo de Garantía Social del ANSES. Y con los cuales el macrismo haciendo la GRAN PRO, audazmente planea que se puedan recomprar sus acciones.

Son 33.000 millones de pesos de ganancias liquidas, que curiosamente ni al ex titular del ANSES, Diego Bossio, ni el actual Basavilbaso, parecen importarles. A pesar que con estos dividendos, se pueden pagar holgadamente, todos los juicios a los jubilados con sentencia firme, que actualmente son 50 mil y suman unos $ 12.500 millones.

Quedando además un saldo para cancelar otros 82 mil juicios, por un total de $ 20.500 millones. Representado esta suma un importe un 65 % superior a lo que se estima que se podrá recuperar con el blanqueo de capitales dispuesto simultáneamente.

Estos datos surgen de los últimos balances de las empresas, cerrados al 31 de diciembre del 2015. Apareciendo los resultados no asignados como “Resultados No Asignados”, “Reserva Para Futuros Dividendos” “Reserva Facultativa”, “Reserva Especial” y otras figuras contables.

Su compulsa directa en los balances fue la única manera de obtenerlos, dado que desde el 2012 a la fecha, la ANSES no informa nada respecto las utilidades que generan sus acciones en las empresas privadas, ni de cuanto fue su “tasa de reparto” a favor del FGS. En su página institucional, solo tiene información desactualizada y parcial del ejercicio 2015.

Mientras que en los informes trimestrales que el FGS presenta ante el Congreso, incluso el último que acaba de presentar Blaquier, tampoco informa nada de esto. Tratando de disimular la omisión de esa información esencial, la ANSES se explaya informando cuantos impuestos y contribuciones pagan esas empresas al fisco, como si eso justificara una formidable tenencia de acciones, de la que solo obtiene simbólicos dividendos.

Ganan y no reparten

En concreto, según los balances de compañías encabezadas por Macro, Telecom, Siderar, y en total 36 empresas con resultados positivos, durante el 2015 tuvieron utilidades que le correspondían a la ANSES por 7.672 millones de pesos. Sin embargo, durante este año -último dato publicado por el ANSES- sólo recibió 536 millones de utilidades correspondientes a los balances del año 2014, equivalente solo al 8 por mil de su valuación bursátil de $ 63.718 millones.

En términos absolutos, estos 536 millones es un monto un 60% inferior a lo que percibió el ANSES en el 2011, último dato oficial consolidado y publicado. Ese año, gracias a una política agresiva de los directores estatales dentro de las empresas, el organismo a través del FGS, obtuvo dividendos por 1.280 millones de pesos. A pesar que por ese entonces la valuación bursátil de las acciones alcanzaba solo los 22.033 millones de pesos, equivalente en consecuencia al 5,8 % de esta.

Pero en el 2012 el Gobierno kirchnerista creo la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado (DNEPE). Ya partir de allí, en evidente consonancia con la política empresaria de no distribuir dividendos, los directores estatales se olvidaron enteramente de los dividendos a favor del FGS y de informar al respecto. Lo cual en términos reales reportó en el 2015, conforme los números antes apuntados, un reducción del 85 % en el rendimiento de esas acciones.

Entre las empresas que tienen retenidos dividendos del ANSES descuellan:

  • Banco Macro S.A.: Propiedad de Jorge Britos, un cortesano del poder que supo tener estrecha relación con el kirchnerismo, igual que ahora lo hace con el macrismo. En este banco, que durante el 2015 obtuvo ganancias por 5.008 millones de pesos, la ANSES tiene el 31% de las acciones. Por ellas el FGS de la ANSES deberí recibir 1.577 millones de pesos, teniendo además en total unos 4.678 millones de pesos de utilidades no distribuidas pertenecientes a la ANSES.

No obstante el Banco Macro en el 2015 no distribuyó ningún dividendo, y como dato elocuente, la última vez que distribuyó dividendos a favor del organismo previsional, fue en julio del 2014, por las utilidades obtenidas en el 2013, repartiendo apenas 187 millones de pesos.

  • Siderar-Techint S.A: la siderúrgica de la familia Rocca, en el 2011 estuvo en el ojo del huracán, justamente por su política de no reparto de ganancias con su socio el ANSES. En esta compañía, que en el 2015 obtuvo ganancias por 1.756 millones, la ANSES posee el 26% del paquete accionario. Por ellas deberí recibir dividendos por 457 millones de pesos, teniendo además acumulado en sus balances, ganancias no distribuidas pertenecientes a la ANSES, por 4.622 millones. Sin embargo en el 2015, la siderúrgica de los Rocca remitió utilidades al FGS de la ANSES correspondientes al 2014, por apenas 192 millones de pesos.
  • Telecom Argentina S.A: Empresa telefónica cuyo 20% recientemente fue adquirido por el magnate mexicano David Martínez, titular del fondo de inversiones Fintech. En esta empresa, que durante el 2015 obtuvo utilidades netas por 3.402 millones de pesos, el ANSES tiene el 25% de las acciones. Por ello debería percibir dividendos por unos 850 millones de pesos, teniendo además en sus balances, utilidades acumuladas correspondientes al organismo previsional, por otros 2.645 millones. Sin embargo en el 2015, sólo remitió como utilidades del 2014, 204 millones de pesos al FGS de la ANSES.
  • Grupo Financiero Galicia: Propiedad de las familias Escasany, Ayerza y Federico Braun (La Anónima). En este banco, que el año pasado obtuvo utilidades por 4.338 millones de pesos, el ANSES tiene el 20% de su capital accionario. Por esto el FGS debería percibir dividendos por 1.007 millones de pesos, teniendo además un saldo acumulado de dividendos no distribuídos correspondientes a la ANSES por 2.577 millones de pesos. No obstante durante el 2015, apenas remitió utilidades correspondientes al 2014 por 20 millones de pesos al FGS de la ANSES, no habiendo repartido en los últimos cuatro años casi ningún dividendo.

A ello se le añade, que otras empresas relacionadas con el Banco Galicia, de la cual también es accionista la ANSES, tampoco reparten sus ganancias. Se trata de la firma Importación y Exportación de La Patagonia (Supermercado La Anónima) de Federico Braun, tío del actual secretario de comercio Miguel Braun, donde el ANSES es propietario del 20% de las acciones. Esta firma tiene resultados no asignados del FGS por 502 millones de pesos, que sumados a los del Banco Galicia, hacen un total de 3.100 millones.

  • BBVA Banco Francés S.A. Banco extranjero, presido por Jorge Bledel, donde el ANSES tiene el 7,9% de las acciones. Este banco el año pasado obtuvo ganancias por 3.784 millones de pesos, y por ellas debería remitir a la ANSES 298 millones de pesos. Tiene además acumuladas utilidades correspondientes a este organismo por 1.002 millones de pesos. Sin embargo en el año 2015 no repartió ningún dividendo, y su última remisión de utilidades al FGS de la ANSES fue en junio del 2014, por 2,2 millones de pesos.
  • Petrobras Energía S.A.: Petrolera brasilera. En ella el ANSES tiene el 11,8% de las acciones. Su filial en Argentina fue adquirida, en medio de denuncias de corrupción, por el grupo Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, ex ejecutivo Irsa, un empresario ligado al kirchnerismo. El año pasado, Petrobras, obtuvo ganancias por 853 millones de pesos, de los cuales 100 millones deben ser remitidos al ANSES, registrando además en sus balances dividendos acumulados correspondientes a la ANSES por 985 millones. Pero en el 2015 como utilidades del 2014, apenas remitió a este organismo 16 millones de pesos.

Igual que sucede con el Banco Galicia, esta política de no reparto de dividendos se observa en otras empresas del Grupo, donde el ANSES también es accionistas. Como Pampa Energía S. A. (23%), Edenor S.A. (26%), Transportadora Gas del Sur S.A. (23%), que en total registran dividendos acumulados correspondientes a la ANSES por 1.360 millones.

  • Mirgor: Empresa fundada por el presidente Macri y su íntimo amigo Nicolás “Nicky” Caputo, hoy propiedad de este último, donde el ANSES tiene el 21% de las acciones. Con grandes beneficios impositivos se dedica, en Tierra del Fuego, al ensamblado de aires acondicionados, electrodomésticos y electrónica. En el 2015, la empresa de Nicky Caputo obtuvo ganancias por 522 millones de pesos, de los cuales 121 millones corresponden a la ANSES, registrando además en sus balances dividendos no distribuidos correspondientes a la ANSES por 781 millones de pesos. Pero en el 2015 Mirgor mezquinamente sólo remitió dividendos al FGS de la ANSES, correspondientes a las utilidades del 2014, por 1,9 millones de pesos.
  • IRSA: La empresa de bienes raíces más grande de Argentina. Su máximo referente es el influyente empresario Eduardo Elsztain, número dos del Consejo Judío Mundial. En esta empresa, el ANSES tiene acciones en tres compañías del grupo: Irsa (4,8%), Banco Hipotecario (4,9%) y Alto Palermo Shopping (1,4%). Por ellas, durante el 2015, debería percibir 90 millones de pesos de utilidades, registrando además resultados acumulados correspondientes a la ANSES por 191 millones de pesos. Sin embargo en el 2015 en concepto de utilidades del 2014, las empresas de Elsztain solo remitieron al FGS de la ANSES solo 6 millones de pesos.

Dentro de la lista de las empresas que no distribuyeron sus ganancias con el ANSES, entre otras también figuran: Consultatio S.A. de Eduardo Costantini, desarrolladora de Nortdelta, 568 millones; Grupo Clarín, 416 millones; Aluar 420 millones; Molinos Río de la Plata de Pérez Companc, 408 millones; Ledesma, de Carlos Blaquier, tío del titular del FGS, Luis Blaquier por 108 millones, etc.

Todas ellas compañías desplegaron una sinuosa política de retener dividendos, a las espera de mejores tiempos. Que no solo parece haber llegado con el gobierno de Macri, sino que además viene con la yapa de poder despojar al ANSES de sus acciones, contando para ello con una sustancial suma de dinero, que en realidad le corresponden a los trabajadores y jubilados, alguno de ellos con paupérrimos haberes.-

 

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Nueva Deuda externa y atraso cambiario

Hector Giuliano, NOTA HECTOR GIULIANO, Notas, Notas destacadas deuda, Novedades

Héctor Luis Giuliano 04.06.2016.
Existe una relación directa entre el problema del retraso cambiario y el aumento de la deuda externa argentina (…) el tipo de cambio deviene una variable de ajuste clave dentro de este esquema de endeudamiento ya que cuanto más bajo se encuentre la referencia básica del dólar ello permitirá una conversión de pesos a mayor cantidad de dólares para atender el pago de estos servicios.


NUEVA DEUDA EXTERNA Y ATRASO CAMBIARIO

Por Héctor GIULIANO (3.6.2016)



Existe una relación directa entre el problema del retraso cambiario y el aumento de la deuda externa argentina:

  1. El gobierno, por lógica, recauda la gran mayoría de sus ingresos tributarios en pesos.
  2. Los servicios por capital e intereses de la deuda externa y también de una parte creciente de la deuda colocada internamente, en cambio, tienen que pagarse en moneda extranjera. Hoy aproximadamente el 70 % de la deuda pública total en cabeza del Estado Central está en moneda extranjera.
  3. Ergo, el tipo de cambio deviene una variable de ajuste clave dentro de este esquema de endeudamiento ya que cuanto más bajo se encuentre la referencia básica del dólar ello permitirá una conversión de pesos a mayor cantidad de dólares para atender el pago de estos servicios.

El retraso cambiario relativo – después de la macro-devaluación del peso de Diciembre pasado – ha vuelto a ser una realidad en nuestro país y se está dando en forma paulatina pero sistemática: una situación que se agrava todavía más en la actualidad debido al proceso de revalorización del dólar a nivel mundial, lo que hace que a la apreciación real del peso que se está produciendo por tasa de devaluación menor a la tasa de inflación se sume esta incidencia de la mayor fortaleza del dólar frente a terceras monedas.

La administración Macri ha planteado desde el inicio de su mandato una política de gobernar con deuda y su gestión sigue consecuentemente la premisa clásica neo-liberal de no emitir moneda sino emitir deuda.

Con el agravante que se plantea y materializa incluso la toma de gran parte de deuda en moneda extranjera para obras públicas y de infraestructura que se pagan en pesos, lo que constituye un despropósito financiero.

La estabilización del tipo de cambio con el aumento extraordinario de las tasas internas de interés – lideradas por las letras del Banco Central (BCRA) – y el acortamiento de los plazos de salida en beneficio de capitales golondrina – de 365 a 120 días – han convertido hoy a la Argentina nuevamente en un paraíso para las ganancias especulativas de corto plazo de los capitales financieros internacionales, que pueden aprovechar así el enorme diferencial entre tasas locales y mundiales en un contexto de estabilidad y retraso cambiario.

Requerir inversiones extranjeras directas (IED) y/o inversiones locales productivas – dolarizadas o en pesos – mientras las propias autoridades estimulan de esta forma ganancias financieras récord constituye toda una contradicción: una sospechosa contradicción por parte de un elenco de funcionarios de gobierno que provienen en su gran mayoría precisamente del ámbito financiero, bursátil y bancario privados.

La política gubernamental Macri parte de la base de una clara jerarquización de la rentabilidad financiera por encima de la rentabilidad económica: tasas de interés positivas con respecto a la inflación y tasas de inflación superiores a la tasa de devaluación del peso.

En este sentido, se puede decir que actualmente el BCRA defiende más el precio de cotización del dólar que el valor adquisitivo del peso, castigado por un proceso de estanflación – estancamiento con inflación – producto de las acciones concretas llevadas a cabo por el nuevo gobierno:

  1. Macro-devaluación con traslado generalizado a precios (pass-through).
  2. Tarifazo por aumento extraordinario de precios y tarifas de servicios públicos.
  3. Aumento de las tasas de interés a niveles récord – que son también un factor de inflación porque se trasladan a los precios a través del costo financiero de las empresas – con sus efectos recesivos sobre la producción y el consumo.

En consecuencia, el proceso inflacionario en curso – con proyecciones actualizadas del orden del 40 % anual – junto con la estabilización y/o baja relativa de la cotización del dólar – hoy en 14 $/US$ mayorista – configura un cuadro de retraso cambiario.

Y se trata de un atraso cambiario que tiende a acentuarse cada vez más en la medida que ingresen más capitales especulativos externos – atraídos por las altísimas tasas de interés domésticas – y/o que se liquiden localmente más divisas por exportaciones (estimuladas por el empuje inicial de la macro-devaluación de Diciembre y la baja o eliminación de retenciones agrícolas).

Notablemente, el gobierno Macri se rehúsa a aplicar controles de precios – mantiene el inoperante sistema de precios cuidados heredado de la administración Kirchner con los mismos inútiles resultados – y dice encarar el problema de la inflación en el marco de la Política de Defensa de la Competencia y no en el de la Política de Defensa del Consumidor.

La administración Macri sostiene así una alianza fáctica, estratégica y estructural, con los sectores financiero-bancarios y las grandes empresas – con los supermercados a la cabeza – que preservan y aumentan sus ganancias a través de sus operaciones especulativas y sus remarcaciones diarias de precios a costa del desfase financiero de los salarios reales, que cargan con las desactualizaciones entre precios variables e ingresos fijos y quedan afectados con los aumentos periódicos retrasados e incrementos porcentuales compensatorios dados a futuro y en cuotas.

Y la cosa puede incluso ser peor aún cuando desde la administración Macri las autoridades amenazan a las Empresas con abrir el mercado interno a las importaciones con el argumento  de frenar así los aumentos de precios locales, lo que agravaría todavía más el cuadro de recesión, pobreza y desempleo.

Este proceso de estanflación – provocado desde el gobierno – configura un plan de ajuste que se sostiene con y para el endeudamiento externo, siendo el retraso del tipo de cambio una herramienta clave dentro del esquema.

Una administración de gobierno que plantea, en forma cuasi-dogmática, que fuera de la deuda externa no hay salvación de la Economía – que es la reedición de la denominada Política de Crecimiento con Deuda, ya experimentada con resultados finales desastrosos bajo la gestión Martínez de Hoz durante el Proceso Militar primero y luego bajo la convertibilidad menemista durante la década del ´90 – está condenada a cosechar, temprano o tarde, los mismos resultados.

Y ello es y seguirá siendo así en la medida que se propenda a que exista una mayor rentabilidad de las Finanzas sobre la Economía Física o Real: es la eterna controversia entre la naturaleza y magnitud de la tasa de ganancia que se logre sobre las inversiones reales o directas y la tasa de ganancia sobre las llamadas inversiones financieras autónomas o especulativas, que son las que priman en nuestro país y en el mundo.

El objetivo del gobierno Macri es gobernar con deuda, y no es un objetivo declarativo sino en perfecta ejecución, con eje en una nueva ola de macro-endeudamiento externo que está en curso.

Esta política de endeudamiento actúa como disparador de un nuevo circuito perverso en materia económico-financiera en la Argentina:

  1. Para poder pagar los servicios de intereses de la deuda exterior – sólo los intereses, porque hasta el último centavo de capital se refinancia íntegramente con nuevas deudas – y para poder garantizar además la toma de más deuda externa e interna en moneda extranjera el gobierno necesita mantener un retraso cambiario relativo.
  2. Para poder mantener este retraso cambiario la administración Macri aumenta las tasas de interés favoreciendo la entrada de dólares financieros y tomando más deuda externa para sostener el nivel de las reservas internacionales del BCRA (como ya se ha hecho con el préstamo repo de Enero pasado – por 5.000 MD-Millones de Dólares – concertado con un grupo de bancos liderados por la banca Morgan, cuyas características y cláusulas se mantienen en secreto).
  3. Al aumentar las tasas de interés se provoca recesión económica, retracción del consumo (lo que acentúa el proceso recesivo) y se retro-alimenta la inflación por vía financiera.

Se da así – otra vez en la Historia Argentina – la paradoja que enseñara hace ya muchos años el fallecido ingeniero Marcelo Diamand: que pagamos la deuda externa no con mayor esfuerzo o trabajo sino al revés, dejando de trabajar; porque la recesión económica deviene una condición necesaria del pago de la deuda debido a que favorecería una mayor balanza comercial por aumento de los saldos exportables y que los desbalances de la cuenta corriente se cubrirían con más endeudamiento externo.

El retorno a este esquema de re-endeudamiento perpetuo, empero, no puede entenderse acabadamente si no se comprende la funcionalidad de las gestiones Kirchner y Macri en materia de Deuda Pública:

  1. El gobierno Kirchner vivió pagando deuda externa para bajar el stock de la deuda con terceros – acreedores privados y organismos financieros internacionales (con el FMI  a la cabeza) – a la vez que manteniendo una elevada proporción de deuda pública en moneda extranjera.
  2. Este desagote relativo de deuda externa fue realizado a costa de la creación por traspaso de una enorme e impagable deuda interna intra-Estado – del Tesoro fundamentalmente con la ANSES, el BCRA y el BNA – lo que llevó a su empapelamiento con títulos oficiales y, con ello, a la descapitalización y desfinanciamiento del sector público.
  3. Tanto la política llevada a cabo por la administración Kirchner como la actual de la administración Macri comparten el mismo objetivo declarado: regresar al mercado internacional de capitales, esto es, volver a endeudarse (que tal era la finalidad del Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 y de la Hoja de Ruta Boudou 2008).

La idea era y es que la deuda interna en pesos – mayoritariamente en manos del propio Estado – se vaya licuando por inflación y por reducción gradual de las tasas de interés, con lo que se iría produciendo una disminución progresiva de esta deuda interna para reconstituir sus montos como nueva deuda con terceros.

Y esto ya está ocurriendo: durante el ejercicio 2015 – según cifras oficiales del Ministerio de Economía (MECON, hoy Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas) – el endeudamiento público aumentó en 95.400 MD durante el año, de los que 62.400 fueron para cubrir amortizaciones de capital (refinanciación total de los vencimientos) y la diferencia de 33.000 MD constituyó nueva deuda. Pero la licuación de deuda por devaluación (y, en menor medida, por CER o sub-indexación por inflación), fue equivalente a 32.000 MD, por lo que según el cuadro de Flujos y Variaciones de Deuda, el aumento neto fue de sólo menos de 1.000 MD (840), expresado en dólares.

  1. El desagote de gran parte de la deuda pública con terceros – bajo el mito kirchnerista del des-endeudamiento (mito compartido también por la actual administración y por todo el establishment financiero) –
  2.  el re-endeudamiento del Estado con toma de Deuda Nueva
  3. y el retraso cambiario relativo para poder garantizar el pago de intereses son las tres piezas clave de la nueva política de gobernar con deuda.

El allanamiento a un nuevo enfoque monetario de la balanza de pagos, sostenido con deuda externa en gran escala, vuelve de este modo a determinar la política económico-financiera de la Argentina y bajo el eufemismo de la reinserción en el mundo reabre así un nuevo ciclo de endeudamiento dentro del sistema de deuda perpetua que rige en nuestro país desde hace 40 años.

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Esperando el milagro de Macri

Notas Esteban Mercatante, Novedades

Esteban Mercatante 28.05.2016.
El economista de izquierda Esteban Mercatante analiza la economía de Macri  y el milagro que nunca llega.   La política de shock económico dejó archivada cualquier hipótesis de gradualismo, y enfrenta los efectos generados por las medidas implementadas  sobre los ingresos, sobre la actividad económica, y sobre los propios objetivos que persigue el gobierno.

 

ESPERANDO EL MILAGRO DE MACRI

Por esteban Mercatante 28.05.106 | Al Dorso

A seis meses de asumido Macri, el prometido shock de felicidad parece cada vez más lejano. El club de la buena onda sigue repitiendo que el segundo semestre la cosa va a cambiar, pero ese futuro “ya llegó”, y los está desmintiendo. La consultora de Miguel Bein, que realiza pronósticos con fuertes dosis de benevolencia hacia el gobierno a pesar de haber sido asesor estrella de Daniel Scioli hasta el 22 de noviembre pasado, proyecta que 2016 cerrará con caída del PBI de 1,9 %, inflación del 37,4 % y déficit fiscal del 4,8 %.No sorprende entonces que Marcos Peña deba admitir que “Estamos en el peor momento”.

Lo cierto es que la política de shock económico que inició Macri en diciembre, dejando archivada cualquier hipótesis de gradualismo, está enfrentando hoy los efectos generados por las medidas implementadas (que en algunos casos serán quizás indeseados por el gobierno pero siempre enteramente predecibles) sobre los ingresos, sobre la actividad económica, y sobre los propios objetivos que persigue el gobierno, que son en algunos casos parcial o totalmente contradictorios. La devaluación del peso en 50 %, la eliminación de retenciones (reducción para la soja de 35 % a 30 %) y los tarifazos que promedian el 400 % en electricidad, gas, agua, y más de 100 % en transporte de CABA y GBA (al mismo tiempo dio vía libre para incrementos de 35 % en combustible), son incompatibles con una meta de inflación del 25 % (que desde el vamos nunca fue una propuesta creíble). El ajuste cambiario conspiró también con el objetivo de los recortes de los subsidios por el efecto que tiene sobre la importación de combustible. Y así sucesivamente.

Obstáculos epistemológicos

El flanco más débil para el gobierno ha sido la instalación de una “agenda social” con la discusión de la ley “antidespidos”, que Macri vetó el viernes mientras rechaza que haya un problema de empleo a pesar de la acumulación de estudios privados e incluso de indicadores oficiales como la Encuesta de Indicadores Laborales (Eil) que elabora Trabajo o los registros del el Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa) que señalan lo contrario.

La discusión parlamentaria de esta ley vetada catalizó un malhumor vinculado al fuerte impacto de la política oficial que afecta a la actividad y al empleo tanto como a los ingresos. Según un artículo de El cronista, sólo por los ajustes energéticos los ingresos de los hogares perderán un 4% de poder compra en 2016, y esto contando el efecto compensatorio de algunos anuncios en materia de impuestos y asignaciones familiares y de la tarifa social.

La consultora Ecolatina estima que desde noviembre hasta marzo los salarios acumularon una pérdida de poder adquisitivo de 8 %, mientras que en el mismo período el “Informe de coyuntura n° 19” de Cifra el deterioro alcanzó el 12,1 %. Las negociaciones salariales paritarias, que en términos de aumento nominal efectivo (promediando el efecto que tienen las cuotas) están en niveles que se mueven entre 25 y 29 %, ya perdieron entre un tercio y la mitad de lo negociado antes de llegar a la mitad del año.

A pesar de la buena onda que sigue tirando el gobierno sobre el formidable cambio que vendrá con el nuevo semestre, no hay nada que indique que se revertirá el fuerte deterioro de acá a fin de año. Las medidas tomadas por el gobierno para ofrecer algún supuesto alivio, como la devolución del IVA para los sectores de menores ingresos, iniciativa de dudoso efecto ya que “devuelve” impuesto a sectores que realizan buena parte de su consumo (hasta 90 % según algunas estimaciones) en canales informales donde por lo tanto no se aplica IVA, y por las dudas le impone un tope de devolución mensual de 300 pesos que significa que la devolución apenas puede llegar a consumos de hasta 2000 pesos, exponen –en el mejor de los casos– los obstáculos epistemológicos que afronta el elenco gubernamental incluso cuando se propone tomar medidas paliativas. En el peor de los casos muestran el cinismo de una estrategia de comunicar como medidas “simpáticas” iniciativas de bajo impacto real, pero que tienen el beneficio de un bajo costo fiscal (por la “devolución de IVA el gobierno sacrificará apenas el 5 % de lo recaudado por dicho impuesto).

Hace unas semanas el jefe de Gabinete Marcos Peña celebraba que los anuncios sociales del gobierno llegaban a la suma de 120 mil millones de pesos, pero eso equivale a la transferencia de ingresos que el gobierno generó este año sólo para las patronales agrarias. La cuenta de todos los beneficios para el empresariado generados desde diciembre varios cientos miles de millones de pesos, al lado de lo cual estos 120 mil millones de pesos es un vuelto.

Los centros de gravedad de la economía de Macri

El tardokirchnerismo buscó asegurar un piso de crecimiento económico mediante algunas medidas de impulso al mercado interno combinadas con una protección al mismo gracias al freno de importaciones de que afectó casi por igual a productos terminados e insumos, y de esta forma compensó en algo el ajuste iniciado durante el segundo mandato de Cristina Fernández que significó un freno o caída de los ingresos de los trabajadores según el sector de que se tratare (ver el análisis realizado en el capítulo 8 de La economía argentina en su laberinto), y con esto pudo cerrar con el PBI creciendo 2 % en 2015. Las medidas aplicadas por Macri lo obligan a descartar que en este terreno pueda tener alguna buena noticia para mostrar en los próximos meses, ya que el golpe al bolsillo de los tarifazos y el zarpazo inflacionario alimentado por la devaluación tendrán un efecto duradero sobre el consumo, además del deterioro del empleo que el gobierno sigue rechazando. Los anuncios que viene haciendo el gobierno no cambian este panorama. Para las Pymes, sector más golpeado por el deprimido mercado interno, por el agravamiento de los costos generado por los tarifazos, y además por el impacto que tuvo la liberación de importaciones desplazando a las producciones locales, apenas si verán algún cambio con los incentivos fiscales y ampliación de créditos. En lo que hace a la posibilidad de pagar el IVA en 90 días, ya varias firmas del sector adelantaron que al mantenerse el esquema de devengado con el cual se genera la obligación de pagar, no les cambia mucho la situación (un reclamo es pasar al método del percibido, para tener que ingresar el IVA recién cuando se cobra la factura) y por eso es probable que no sean muchas las empresas que se acojan a este nuevo esquema.

El gobierno concentra sus aspiraciones en otros terrenos. La apuesta al agropower y a las commodities, a la llegada de inversiones extranjeras después de haber vuelto a ser un país “responsable” gracias al acuerdo con los buitres, (cuyas perlas desmenuzan Lucía Ortega y Martín Schapiro en Ideas de Izquierda de mayo), al blanqueo de capitales que se fugaron evadiendo al fisco, y a la inversión en obra pública, son los puntales con los que Macri imagina que podrá mostrar para finales de este año una economía nuevamente en crecimiento.

¿Qué puede esperarse de todo este combo? Empecemos por el agro. Sin duda, el gobierno lo benefició de manera privilegiada, cuenta además en los últimos meses con un cierto alivio por la política de la Reserva Federal norteamericana de no continuar hasta el momento con nuevas subas de interés, lo cual evitó una subida del dólar y permitió que los precios de las commodities volvieran a subir, cambiando una tendencia al deterioro que con oscilaciones se venía observando desde finales de 2013. Hay quienes se ilusionan con el inicio de un nuevo período donde, si no hay “viento de cola” como el de los primeros años kirchneristas, al menos haya una suave brisa favorable en el plano internacional.

Esta apuesta al agropower, ¿cómo se traduce en números de inversión? Como analizamos en Big Bang Theory: ajuste y “relato” en tiempos de ceocracia, tomando antecedentes de consultoras internacionales para el país y la región, será difícil que esto represente para este año y el próximo ingrese una suma muy superior a 4 mil millones de dólares. En términos de PBI, menos de un 0,3 % por año. Incluso estos números podrían complicarse ante la tendencia que se viene registrando, de un peso que se valoriza frente al dólar. Esta semana comenzó con un dólar en caída, que incluso perforó la cotización de 14 pesos, a pesar de la intervención del BCRA para sostener el valor de la divisa. Para el campo, que esperaba un dólar alrededor de 16 ya para este año, podría regresar a la acumulación de grano en silobolsas y frenar desembolsos de capital para el nuevo período si no hay señales de nuevo ajuste cambiario. Demanda que el gobierno podría defraudar, si nos guiamos por lo que dice un estudio de esta semana de Economía & Regiones, consultora asociada al Ministro del Interior Rogelio Frigerio, que salió a cuestionar que el peso se encuentre atrasado. Mover el tipo de cambio nuevamente podría construir el precario edificio de la política antiinflacionaria del gobierno, que hoy pasa básicamente por alimentar con las tasas de interés siderales que paga el Banco Central (BCRA) para absorber pesos (35,25 % después de la rebaja del último martes) un vuelco de capitales a la especulación, conteniendo así la demanda del dólar. Esta ancla cambiaria (que tiene como contracara un fuerte deterioro del déficit cuasifiscal de la autoridad monetaria por el costo de emitir Lebac a esa tasa elevada) es la única medida para acercarse a fines de este año a la inflación mensual por debajo de 1,5 que trazó el gobierno como objetivo, aún al precio de enfriar la economía. La consecuencia es que también podría enfriarse la entrada de inversiones al agropower, y desatarse nuevas presiones sobre el tipo de cambio a pesar de las altas tasas.

Fuera del agro, ¿qué inversiones podrían venir considerando los números poco alentadores de la coyuntura? Desde los despachos oficiales apuestan a lo que podríamos llamar inversiones “estratégicas”, que fuera del deprimido panorama actual consideren la perspectiva de buenos negocios que el gobierno imagina y quiere vender para los próximos años. De eso, ¿cuánto hay? El ministro de Producción Francisco Cabrera se atreve a ponerle una cifra: 20 mil millones desde hoy hasta finales de 2017. Mucho de ello serían proyectos demorados en los últimos 5 años que estaban aguardando mejores condiciones. Pero de esa danza de números a los anuncios que se van efectivizando, sigue habiendo una distancia. Entre lo que ya se conoce como inversiones en marcha y lo que podría concretarse en los meses que faltan, para este año el ingreso podría dar entre otros 5 o 6 mil millones de dólares. Con toda la furia, los nuevos emprendimientos de capital privado esperables este año, contando el agro, podrían llegar entonces a una suma equivalente al 1,5 % del PBI. Sin ser desdeñable para un gobierno urgido por mostrar números alentadores, es poco y nada al lado del desplome que genera el ajuste en curso.

No sorprende entonces que, después de haber iniciado la gestión imaginando una lluvia de inversiones, el gabinete de Macri esté urgido por poner en marcha la obra pública como vía para motorizar la economía de cara a 2017. Circuló la ostentosa cifra de 220 mil millones de pesos para este año. En dólares de hoy 15.500 millones, equivalente a casi 3 puntos del PBI. Pero esta expectativa también nace con el globo pinchado. En marzo-abril se habrían concretado licitaciones por 23 mil millones de pesos, después de un primer bimestre para el olvido, con contratos paralizados por la revisión de cuentas de la administración anterior y muchas obras frenadas desde antes de diciembre. Cuando en cuatro meses se puso en marcha apenas un 10 % de lo proyectado, resulta difícil esperar que se concrete siquiera la mitad del fastuoso monto proyectado.

Blanqueamos

Así como el cierre del affaire buitres fue presentado como el punto de inflexión después de la cual empezaría verdaderamente el gobierno de Macri, ahora el blanqueo empieza a ser presentado, ya con menos pretensiones, como una variable importante en la ecuación para salir del mal trago en que se encuentra la gestión. Para darse una idea de las imaginativas especulaciones que rondan estos momentos los despachos oficiales basta ver cómo lo describe el columnista de La Nación Carlos Pagni.

Los números que circulan llegan nada menos que a especular con un ingreso de capitales de 50 o 60 mil millones de dólares, lo que podría significar para el fisco 5 mil millones de dólares de recaudación. Y esto, a pesar de los pobres resultados que registran las iniciativas previas en este plano. De los mismos que en los últimos cuarenta años se fugaron alrededor de 400 mil millones de dólares al exterior (lo que equivale a un tres cuartos de la producción anual del país) el gobierno espera ahora un gesto patriótico (aunque claro, uno que igual saldría barato con otro plan de regularización fiscal a la medida de los evasores). No deberíamos sorprendernos sí, en medio de las incertidumbres, que responden (avaramente) con el bolsillo.

El gobierno shockeó, pero no puede traducir eso en el crecimiento que se había autoconvencido de que ocurriría casi mágicamente por la llegada de los CEOs al poder. La batería de medidas de estos meses sí mostró, que aún en caso de lograr en algún incierto futuro semestre la prometida recuperación, con la economía pos “sinceramiento” la felicidad seguirá siendo para unos pocos.

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Los negocios de la familia Macri

Alejandro Olmos Gaona, DEUDA, Notas, NOTAS ALEJANDRO OLMOS, Notas destacadas deuda, Novedades

Alejandro Olmos Gaona 27.05.2016.
Pareciera que los negocios de Lázaro Báez y Cristóbal López son el paradigma de la corrupción, sumada a los negocios de Julio de Vido y otros personajes mayores y menores de la década pasada (…) pero no recordamos algunas actividades que tienen que ver precisamente con los negocios de Presidente y de su familia.

 

LOS NEGOCIOS DE LA FAMILIA MACRI,  LA TRANSPARENCIA  Y LA ETICA DE ALGUNOS FUNCIONARIOS Y EL OLVIDO INTERESADO

 

Por Alejandro Olmos Gaona

 

Pareciera que los negocios de Lázaro Báez y Cristóbal López son el paradigma de la corrupción, sumada a los negocios de Julio de Vido y otros personajes mayores y menores de la década pasada. El PRO y CAMBIEMOS, vinieron a transparentar la gestión pública, y a terminar con la corrupción, pensando que todos los argentinos tenemos mala memoria, y no recordamos algunas actividades que tienen que ver precisamente con los negocios de Presidente y de su familia, que creció a costa de contratos con los gobiernos de turno, y se vio favorecida durante la dictadura cívico- militar.

Los argentinos tenemos mala memoria en general, y pronto olvidamos los estropicios que dañaron al país, votamos personajes mediocres, logreros de diverso pelaje, y una gran cantidad de sujetos que se sirven de la política para sus actividades personales (dinero, prestigio, favores diversos) y no sirven a la política para beneficio de toda la comunidad. Pero hay personas que tenemos memoria de cómo se ha perjudicado al patrimonio público y como se han violado las leyes impunemente, no siendo esto privilegio de la década pasada. Precisamente traigo aquí algunos ejemplos que involucran al Presidente y al grupo económico al que pertenece.

SOBRE EL GRUPO MACRI

Simultáneamente con la Comunicación A31 del Banco Central que comenzó el procedimiento de la estatización de la deuda privada en junio de 1981, se constituyó la offshore Kagemusha, de la cual Mauricio Macri fue Vicepresidente, que está vigente, y sobre la cual no ha dado explicación alguna.

En ese procedimiento de estatización de la deuda privada, que permitió transferir a todo el pueblo argentino las especulaciones de gran cantidad de empresarios, quienes constituyeron deudas probadamente ficticias, la familia Macri se vio favorecida con la transferencia al Estado Nacional de las siguientes sumas:

Sevel 124.142.000 dólares
Sideco Americana 60.751.000 dólares
Fiat: 51.000.000

En el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, se encuentran las pruebas de parte de la auditoría hecha entre 1983 y 1985 por auditores del Banco Central que mostraron la fraudulencia de las operaciones del endeudamiento privado. He acompañado al tribunal documentos que encontré en el archivo de mi padre, y ofrecí el testimonio de varios auditores que fueron a declarar y presentaron documentos indubitables del fraude. La justicia no solo no hizo nada, sino que ante una presentación que hiciera un grupo de trabajo designado por el Juzgado e integrado por el Embajador Miguel A. espeche Gil, el Dr. Julio González, la Dra. Graciela González y el Lic. Héctor Giuliano entre otros, lo dejó fuera de la causa.

En el año 2001, las siguientes empresas de la familia Macri y de las cuales Mauricio era directivo y accionista fugaron al exterior las siguientes sumas

Sideco 27.128.866 dólares
Socma 9.316. 000 dólares
Socma Americana 6. 415. 344
Correo Argentino 4.891.000

Todo lo cual fue debidamente documentado por la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre Fuga de Divisas en el año 2001. También cabe recordar, que siendo Mauricio Macri Presidente de Sevel en el año 1994 42.000 vehículos fueron fabricados con fallas en su caja de dirección, provocando en un caso la muerte de unas personas, lo que determinó no solo que SEVEL pagará una indemnización, sino que se viera obligada a revisar todos los automotores fabricados y repararlos en un fallo inédito, dictado por la  Justicia Nacional en lo Comercial. Seguramente se ha olvidado, el procesamiento de Franco Macri y Mauricio Macri, por el delito de contrabando producido a través de 1900 vehículos. La Corte Suprema de la mayoría automática del menemismo, los sobreseyó, no por inexistencia del delito, sino por un artilugio judicial, que fue fulminado en los dictámenes en disidencia de los Ministros de la Corte Carlos Fayt, Augusto C. Belluscio y Enrique Petracchi.

SOBRE OTRAS INVESTIGACIONES

Ha pasado al olvido una megacausa por infracción a la Ley penal cambiaria, con miles de involucrados (no precisamente asalariados) que se inició en el Juzgado en lo Penal Económico Nº 6, en la década del 90 y que fue derivada al Juzgado Criminal y Correccional federal Nº 2 por su relación con el endeudamiento externo, y sobre la cual el entonces Juez Jorge Ballestero, consideró no pronunciarse ni realizar ninguna medida probatoria.

Se perdió una investigación realizada por las pérdidas ocasionadas al Banco Central, por una suma de alrededor de 120.000 millones de dólares, entre los años 1982 y 1992, siendo beneficiados los aventureros de siempre llamados empresarios. Afortunadamente se pudo rescatar un ejemplar, que también duerme en los archivos del Juzgado federal Nº 2

SOBRE LA ETICA PÚBLICA

El Ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, autorizó la compra de Gas a Chile, pagando más del doble de lo que se paga a Bolivia, y con una particularidad. Como Chile no tiene Gas lo importa, y quien se lo manda es nada menos que British Gas, empresa controlada por la petrolera Shell, de la cual el ministro es accionista y fuera presidente de la filial argentina. El Secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, fue ex funcionario de Edesur, El Secretario de Hidrocarburos, José Luis Sureda fue Vicepresidente de Pan American Energy (controlada por la British Petroleum), empresa que violando la Ley de Hidrocarburos se quedó con Cerro Dragón, el mayor yacimiento de Hidrocarburos; Daniel Redondo, Secretario de Planeamiento ex funcionario de Exxon Mobil y otras multinacionales. Es decir que el Ministerio que debe manejar todo el sistema energético está en manos de personas, que nunca defendieron al sector público y si el interés privado.

Aclaro que junto con el Senador Pino Solanas hemos denunciado penalmente a Aranguren por los negocios con Shell, interviniendo el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2.

Habría que agregar a los actuales Mariano Federici, Presidente de la Unidad de Investigación Financiera, ex funcionario del FMI, vinculado a estudio jurídico que litigara contra la UIF y María Eugenia Talerico, Vicepresidenta de la UIF abogada del HSBC, banco investigado por acciones de lavado por la  propia UIF. Pero pareciera que a los que combaten o hablan todo el tiempo de la corrupción, estas cuestiones les parecen instrascedentes.

Son solo algunos datos para ilustrar a algunos amigos, que quizás no se acuerden, de estos descomunales actos de corrupción y de utilización espuria de los fondos públicos. Actos que muestran no solo el modo peculiar que tiene el actual gobierno de considerar la transparencia y la corrupción, sino la forma de hacer negocios y enriquecerse a costa del Estado de ciertos denominados empresarios, a los que habría que llamar de otra manera.

De todo lo consignado, los grandes medios como “La Nación” y “Clarín”, que supuestamente defienden la libertad de expresión, la transparencia, y el correcto uso de los fondos públicos, jamás dijeron una palabra.

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Barrick Gold y el silencio ante el derrame

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Juan Pablo Parrilla. 
Según el documento, nunca se va a saber la verdad sobre la dimensión y el impacto ambiental del derrame por la «falta de transparencia» de Barrick Gold y los encargados de controlar. En el aire quedaron doce preguntas que Barrick Gold todavía no respondió.

 

Las 12 preguntas que Barrick Gold todavía no respondió sobre el derrame de cianuro

Por  Juan Pablo Parrilla

El experto Roberto Moran presentó las conclusiones de su pericia: Veladero viola la ley de Glaciares y está degradando las aguas subterráneas. ¿Hubo una maniobra de ocultamiento? Barrick Gold trató de frenarlo. El abogado León Arslanián, que defiende al procesado ex CEO de la minera, Guillermo Caló, presentó un recurso para que el experto Roberto Moran no suba a Veladero, en San Juan, donde entre el 12 y 13 de septiembre pasado se derramaron millones de litros de solución cianurada al río Potrerillos. Pero la estrategia fracasó. Fue la primera vez que un perito independiente pisó la mina. Y el martes presentó sus conclusiones en el expediente que tiene a cargo el juez federal Sebastián Casanello.

Según el documento, nunca se va a saber la verdad sobre la dimensión y el impacto ambiental del derrame por la «falta de transparencia» de Barrick Gold y los encargados de controlar. El especialista también concluyó que Veladero viola la ley de Glaciares y que está contaminando las aguas subterráneas. Pero en el aire quedaron doce preguntas que Barrick Gold todavía no respondió.

¿Por qué oculta los datos sobre metales pesados en el agua?

Barrick Gold había recogido sistemáticamente desde el inicio de sus operaciones información sobre la calidad del agua, pero luego del derrame sólo puso a disposición del público los valores referidos al cianuro libre y total, y al mercurio, omitiendo cientos de sustancias tóxicas. «Tengo muchas preocupaciones acerca de la escasez de datos que se han hecho públicos», confesó Morán.

¿Qué había en la solución derramada?

La solución cianurada, conocida técnicamente como solución PLS, suele tener una mezcla extremadamente tóxica de numerosas formas de cianuro y de cientos de componentes químicos, como aluminio, arsénico, cadmio, plomo, mercurio, níquel, plata, boro y uranio. Sin embargo, Barrick Gold nunca publicó cómo estaba compuesta la solución derramada. La única información que se tiene es una medición que supuestamente realizó la consultora externa AMEC, pero que en realidad se basó en los datos aportados por la propia Barrick Gold. Según Morán, esos análisis sólo informan «el pH y la conductividad, y las concentraciones de 11 componentes químicos», dejando afuera «la mayor parte de los componentes potencialmente tóxicos».

Por otra parte, el perito sostuvo que el hecho de que el informe se basara en una medicación realizada cuatro días después del derrame podría tener como objetivo que no se sepa la composición original de la solución.

¿Dónde están los sedimentos contaminados?

Como ya había advertido una pericia de la Policía Federal, Morán recalcó que cuando llegaron los primeros observadores externos a Veladero después del derrame, los sedimentos contaminados ya habían sido excavados y llevados a algún lugar, pero que no brindó detalles sobre el proceso y se limitó a «informar que fueron eliminados en las pilas de lixiviación».

¿Por qué estaba abierta la compuerta por la que se produjo el derrame?

En teoría, la compuerta del Canal Norte que debería haber estado cerrada estaba abierta el día del derrame porque la pileta de contingencia estaba cerca de sus límites y no podía seguir recibiendo agua. Sin embargo, según Morán, «los niveles de escurrimiento deberían ser relativamente bajos durante el invierno», por lo que esa pileta no tenía porque estar próxima a llenarse. La incertidumbre alimenta la idea de que Veladero podría haber estado siendo sobreexplotada.

¿Cuánta agua consume Veladero?

La zona es extremadamente seca. En la localidad de Jáchal llueve, en promedio, 14 centímetros por año. Sin embargo, Veladero tiene permiso para usar 100 litros por segundo de las aguas superficiales del Río Las Taguas y otros 10 litros por segundo de pozos poco profundos. Durante su declaración judicial, el manager de proceso de Veladero, Emiliano Campanella, afirmó que actualmente utilizan sólo el 70% de los volúmenes de agua permitidos, pero a Morán le llamo la atención que los reguladores y los entes de control «no tienen la autoridad y/o capacidad de verificarlo de forma independiente».

En esa línea, subrayó que a más de 10 años del comienzo de operaciones de la mina, Barrick Gold todavía «no presentó ningún documento público detallado sobre el saldo real de agua». De hecho, aclaró que él lo solicitó y no se lo dieron.

¿El derrame afectó la salud de los empleados de Veladero?

Morán advirtió que una vez liberada la solución cianurada en el Canal Norte, esta «habría empezado a reaccionar químicamente con los sedimentos locales, liberando elementos volátiles en el aire». El problema es que parte del cianuro disuelto se habría convertido en un gas tóxico, cianuro de hidrógeno, que es el agente letal usado a menudo en las cámaras de ejecución de presos y que también fue utilizado en los campos de exterminio nazi. Al respecto, Morán se preguntó si los trabajadores -que en teoría no estaban al tanto del derrame al detectarlo- llevaban ropa protectora y respiradores, y si tuvieron consecuencias negativas en su salud.

¿Dónde están los datos que permitirían evaluar el impacto ambiental?

Los estudios de línea de base son los que se realizan antes del inicio de las actividades mineras para ser comparados con mediciones posteriores y evaluar su impacto ambiental. Pero en el caso de Veladero, para Morán, los datos «son inadecuados» ya que los hizo Barrick Gold y «no son estadísticamente fiables». Además, «sólo contienen mínimos y máximos de las concentraciones, pero no los detalles necesarios para interpretar los datos». Aún así, Morán aventura que Barrick Gold posee los detalles, pero no los hace públicos. Infobae los solicitó infructuosamente en varias ocasiones.

¿Por qué el protocolo que aplica Barrick Gold para manipular cianuro no frenó el derrame?

La minera suele sacar «chapa» de que el personal de Veladero se apega a los procedimientos del Instituto Internacional de Manejo del Cianuro. Lo que no suele aclarar es que el código que creó el organismo fue desarrollado y financiado por la industria minera y los proveedores de cianuro. «Es evidente que no logró impedir el derrame», redundó Morán.

¿Por qué el personal de la consultora externa no participó de las mediciones?

AMEC es una de las consultoras externas con las que trabaja Barrick Gold, que le da un aparente aire de independencia a sus evaluaciones, pero su personal no intervino en los relevamientos de agua y sedimentos posteriores al derrame. Morán fue muy duro con su trabajo. Aseguró que sus hallazgos «se basan en un gran número de supuestos simplificadores», «es incapaz de considerar los riesgos reales» y en algunos casos su tarea «es tan limitada y simplista como ridícula». Conclusión: «AMEC hace varios pronunciamientos en relación con el comportamiento ambiental del cianuro que son engañosos e incorrectos».

¿Qué hace Barrick Gold para proteger el ambiente periglacial y las aguas subterráneas y superficiales?

Morán destacó que las pilas de desmonte están construidas «directamente sobre la parte superior de los sedimentos periglaciares, sin ningún tipo de revestimiento por debajo» lo que se traduce en que «el drenaje cargado de contaminantes ácidos de estas pilas está entrando en las aguas superficiales y subterráneas». Asimismo, Morán indicó que «las pilas de desecho de roca están generando drenaje ácido» y que «estas aguas cargadas de contaminantes han descargado en las aguas superficiales y zonas aledañas desde hace años». Conclusión: «Estos drenajes de roca de desechos contaminados están degradando la calidad de las aguas subterráneas en los sedimentos periglaciares locales que tienen una conexión hidrogeológica con las aguas superficiales».

¿Por qué Barrick Gold se opuso a los controles independientes?

Morán cree que nunca se va a saber la verdad de lo que ocurrió, entre otras cosas, porque Barrick Gold controla el acceso a la mina y la información técnica. Sin embargo, el experto consideró que los informes de la minera y los de sus propios consultores «presentan una impresión errónea e incompleta del derrame y su impacto».

En ese sentido, dejó en claro que «toda la información de los primeros días después del derrame provino» de Barrick Gold.

Incluso advirtió que la metodología que usaron los organismos de la ONU que tomaron muestras apeló a «un enfoque muy extraño» y que la mayoría de los informes tienen tantos errores de forma que jamás podrían haber concluido que no hubo impacto ambiental, sino todo lo contrario, que hubo cambios significativos.

¿Dónde están las fotos?

Moran aclaró que el derrame debe haber sido documentado con fotografías aéreas e imágenes satelitales, pero que no le acercaron ninguna durante su visita a la mina.

 

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Holdouts: informe proyecto de ley (VII)

Hector Giuliano, NOTA HECTOR GIULIANO, Notas, Novedades

Héctor Luis Giuliano 10.03.2016.
Esta sección adicional del trabajo sobre el tema de referencia es un agregado que corresponde a observaciones y comentarios acerca de las modificaciones introducidas en el Dictamen de Mayoría de las Comisiones de Presupuesto/Hacienda y Finanzas de Diputados – del 8.3 – que será presentado en la sesión de la Cámara durante la próxima semana.

 

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO CON LOS HOLDOUTS  (PARTE VII)

Por Héctor GIULIANO (10.3.2016)

 El texto de estos cambios abarca 5 párrafos resaltados en amarillo, pertenecientes a 4 artículos del PL – los números 2, 4, 6 y 9 – pero los cambios al proyecto original, en realidad, son algunos más.

ANALISIS DE LA MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 2

Aquí se modifica la frecuencia en que el MECON deberá informar al Congreso, que baja de 6 a 3 meses, lo que constituye un cambio no relevante. El texto aprobado queda consecuentemente redactado así:

El MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS informará trimestralmente al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se arribe durante el proceso de negociación. 

El artículo presupone de este modo que el gobierno podrá seguir adelante con este tipo de arreglos con los holdouts, debiendo informar luego de ello al Congreso. Esto es, que se faculta al Poder Ejecutivo para avanzar por su cuenta en reestructuraciones de deuda soberana sin conocimiento, intervención ni aprobación específica parlamentaria previa, quedando el MECON sólo sujeto a informar sobre lo actuado.

 Pero a esto se agregan otros tres párrafos – de los que sólo el primero está destacado – que dicen:

Dicho informe deberá incorporar una base de datos actualizada en la que se identifiquen los acuerdos alcanzados, los procesos judiciales o arbitrales terminados, los montos de capital y los montos cancelados o a cancelar en cada acuerdo y el nivel de ejecución de la autorización del nivel de endeudamiento que se otorga a través del artículo 6° de la presente ley (este artículo 6 es el que dispone la emisión de bonos del Tesoro y/o empréstitos públicos para pagar los arreglos, sin indicar montos). Además, deberán acompañarse copias certificadas de los acuerdos alcanzados, así como su traducción al idioma castellano en caso de corresponder. Con igual periodicidad el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS deberá informar el avance de la gestión tendiente a la normalización del servicio de los títulos públicos emitidos en el marco de la reestructuración de la deuda pública dispuesta por los Decretos 1735/2004 y 1583/2010. (*)

(*) Nota: El Decreto 1735/2004 es el que fija los términos del Megacanje Kirchner-Lavagna      pero el Decreto 1583/2010 debe estar citado erróneamente porque es el que rechaza un recurso de la ex concesionaria Aguas Argentinas SA.

 Todos los requerimientos de información que han sido agregados a este artículo 2 del PL – que, por definición, devienen incompletos mientras no se cuente con un censo de los acreedores del Estado Argentino – son coherentes, en principio, con una parte de la debida información al Congreso – además del hecho que existe una Comisión Investigadora de la Deuda Externa que debiera tomar intervención al efecto – pero la modificación en su conjunto adolece de una falencia central: que se trata de rendiciones de cuenta o informaciones a posteriori, cuando lo que estamos observando en el presente trabajo  es justamente que el Poder Ejecutivo no ha suministrado las liquidaciones a realizar en forma previa, pese a que las mismas existen y ya están cuantificadas.

Por ende, se reitera que el MECON debe informar ahora – antes de la discusión del proyecto y como elemento indispensable para el debate – el detalle que corresponde al pago acordado con todos y cada uno de los acreedores con los que se han suscripto arreglos de pago, contratos que ya están definidos en valor absoluto y cuya documentación de apoyo el Ejecutivo todavía no ha hecho llegar al Congreso, que es lo que corresponde.

Caso contrario, el proyecto está avalando una aprobación al gobierno sin base en informaciones concretas que respalden los acuerdos firmados con los holdouts ni desagregado de las cifras  a pagar. Es decir, que el Ejecutivo trata de  obtener un cheque en blanco del Congreso para pagarle a los acreedores con nueva deuda pública sin mostrar a priori los documentos y detalles de las respectivas liquidaciones a efectuar como requisito de tal autorización parlamentaria.

ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 4

El artículo 4 – conforme ya fue observado – es el que autoriza al MECON a efectuar enmiendas a los acuerdos de cancelación que quedan ratificados por el artículo 3. La modificación del dictamen toca al punto ii) de la Oferta Base – relativo a su instrumentación – que agrega un párrafo final que dice:

EL PODER EJECUTIVO NACIONAL no asumirá ningún gasto ni cargo excedente respecto del resto de los tenedores de Títulos Públicos Elegibles abarcados en la Oferta Base.

Este agregado sería así para excluir de la compensación de gastos administrativos de notificación – a cargo de la Argentina – a los holdouts que no presentaron reclamos en Nueva York y para el caso de canje de títulos.

 ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 6

Este artículo es el que dispone la emisión de bonos y/o empréstitos públicos para pagar los acuerdos firmados con los holdouts (arreglos cuyos montos desagregados y detalles se desconocen). El artículo – en su segundo párrafo – decía que:

La Autoridad de Aplicación (el MECON) destinará el producido de las emisiones referidas en el párrafo precedente a las cancelaciones de deuda previstas en la presente ley.

Y ahora se agrega a continuación:

En caso de que (el) monto de emisión supere el monto de pago requerido bajo la presente ley, el excedente será imputado a la autorización existente de deuda pública prevista en el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2016, aprobado por el (Ley) 27.198.

Esta modificación puede ser ambivalente en el caso de sobrantes de endeudamiento sin aplicación directa a holdouts, que podrían ser derivados a nueva deuda general, si luego aparecen nuevos acuerdos de pago por parte del MECON, como los que por el PL queda facultado a hacer.

ANALISIS DE LA MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 9

 Este artículo es el que concede – como ya hemos visto – amplias e irrestrictas delegaciones al MECON en materia de colocación de títulos. Aquí se modifica sólo la del inciso d), que decía:

 d) la suscripción de acuerdos con entidades financieras colocadoras de los nuevos títulos públicos a emitirse, previéndose, para ello, el pago de comisiones en condiciones de mercado,

 Agregándosele ahora:

las que en ningún caso podrán superar el cero coma veinte por ciento ( 0.20%) del monto de emisión;

 Esta limitación – en el marco del PL del Ejecutivo – es prudente dado que se hablaba de eventuales comisiones superiores al 1 %; aunque se trata de una restricción puntual dentro de las extraordinarias facultades delegadas al MECON a través de todo este artículo 9.

Hasta aquí las observaciones y comentarios a las modificaciones del Dictamen de Comisiones de la Cámara de Diputados sobre la parte dispositiva del PL de acuerdo con los holdouts remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso. (*)

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