DEUDA Y RESERVAS DEL BANCO CENTRAL

Héctor Luis Giuliano 22.02.2017.
En la actualidad la Argentina vuelve a acercarse a tener los niveles históricos más altos de Reservas Internacionales (RI) en el Banco Central (BCRA): hoy estas reservas ascienden a 50.800 MD (Millones de Dólares – con redondeo – según datos de la prensa al 22.2)

 

DEUDA Y RESERVAS DEL BANCO CENTRAL


Por Héctor Luis Giuliano (22.02.2017)

En la actualidad la Argentina vuelve a acercarse a tener los niveles históricos más altos de Reservas Internacionales (RI) en el Banco Central (BCRA): hoy estas reservas ascienden a 50.800 MD (Millones de Dólares – con redondeo – según datos de la prensa al 22.2).

Cuando asume el gobierno Macri, en Diciembre de 2015, el saldo de las reservas heredado de la administración Kirchner era de unos 25.000 MD.

Ergo, el quantum de tales reservas hasta la fecha se ha duplicado.

Pero ocurre que este elevado monto de divisas que constituyen las reservas de la Argentina no es propio del BCRA sino producto de haber tomado sistemáticamente deuda – directa e indirecta – para sostenerlo.

En base a la última información oficial disponible del BCRA – al 15.2 – el cuadro de situación de la posición de reservas propias del BCRA es el siguiente:

  1. El stock total de reservas es de 48.600 MD (≡ 751.800 M$-Millones de Pesos, al tipo de cambio mayorista de 15.46 $/US$). Pero:
  2.  A este importe hay que restarle los encajes bancarios depositados como cuentas corrientes en el BCRA, que suman 23.650 MD.
  3. Y también hay que restarle las deudas por Otros Pasivos (fundamentalmente el swap de monedas con el Banco Popular de China) por 12.350 MD.
  4. Descontando este subtotal de 36.000 MD (por ambos conceptos) del total de las Reservas brutas – los 48.600 MD del punto 1) – el stock neto o stock de reservas propias del BCRA queda reducido a 12.600 MD.
  5. Más si a este saldo se le resta además la deuda cuasi-fiscal por Lebac – que son pasivos de corto plazo emitidos en gran escala por el BCRA y que suman hoy 726.600 M$ (≡ 47.000 MD) – tenemos que el saldo real de reservas propias  pasa a ser ya muy fuertemente negativo: 34.400 MD (-).

¿Por qué restamos las Lebac del stock de reservas netas?

Porque estas obligaciones – cuya finalidad teórica es regular la Oferta Monetaria – en la práctica son un subproducto obligado de la política cambiaria y no de la política monetaria directa del BCRA:

  1. Porque una parte de las reservas se compran o pueden comprarse – como en los tiempos del kirchnerismo – con emisión de pesos sin respaldo, cuyo contravalor son las divisas que ingresan; pero estos pesos emitidos se absorben inmediatamente vendiendo Lebac al grupo oligopólico (u oligopsónico) de los grandes bancos que operan con estos instrumentos de deuda en la plaza argentina.
  2. Porque igualmente se utiliza en forma masiva la operación inversa, esto es, la colocación de Lebac para absorción o esterilización de los pesos que se emiten por el ingreso de divisas – que es la variante utilizada hoy esencialmente por la administración Macri – aunque con la importantísima observación de que tal ingreso de divisas corresponde no sólo a tradicionales liquidaciones de exportaciones (en su mayoría agro-pecuarias) sino fundamentalmente a moneda extranjera que entra al país por la toma creciente de deuda externa y por el ingreso de capitales especulativos o golondrina que lo hacen para lucrar con el arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés: con dólar estable y retrasado combinado con tasas de interés locales extraordinariamente altas (del orden del 24-25 %).
  3. Porque el aumento de la Base Monetaria (BM) derivado de la pesificación de divisas de las reservas sirve para presentar una paridad teórica – o tipo de cambio aparente – más baja que la real: 17.20 $/US$ (BM 835.300 M$ / IR 48.600 MD). (*)

Y esta última relación – sostenida artificialmente con la toma de deuda externa y la entrada de capitales financieros de corto plazo – se mantiene para aguantar la política de atraso cambiario del BCRA.

¿Y por qué la autoridad monetaria – a cargo de Federico Sturzenegger – se empeña en sostener tal retraso del tipo de campo o política de dólar barato?

Porque la administración Macri se encuentra total y absolutamente condicionada por su política institucional de gobernar con deuda – primordialmente nueva deuda externa – y para ello necesita un tipo de cambio bajo ya que el Estado Argentino recauda en pesos y tiene que convertir esos pesos a moneda extranjera para pagar los servicios de las deudas con el extranjero.

De allí que el gobierno dependa de mantener el retraso del tipo de cambio porque, caso contrario, no podría garantizar el pago de esos servicios de la deuda externa – servicios de los que sólo se abonan los intereses porque el capital o principal se refinancia totalmente (hasta el último centavo) y además se coloca deuda adicional –  de modo que la actual política de dólar barato queda atada al cordón umbilical del capital especulativo internacional, cuyo flujo determina así el sentido de toda la política financiera local del BCRA en materia monetaria, cambiaria y bancaria.

Por eso decimos que el gobierno Macri no defiende hoy el valor del peso argentino – gravemente carcomido por un proceso inflacionario que su administración no sabe frenar y que, como agravante, retroalimenta con la falta de controles de precios, con el aumento extra-ordinario de las tarifas de servicios públicos y con el nivel elevado de las tasas de interés – sino que, en lugar de preocuparse por el valor del peso su objetivo central es defender el valor del dólar a través de la apreciación del peso.

Debido a que si el gobierno incurre en una nueva macro-devaluación – después del fracaso de la devaluación de Diciembre de 2015, que se licuó con el traslado masivo a precios de dicha devaluación – nuestro país no sólo corre el riesgo de quedar desubicado dentro del circuito perverso de refinanciación permanente de su deuda en moneda extranjera sino que arriesga además la posibilidad cierta de caer en un nuevo default o cesación de pagos.

Éste es el principal problema de fondo financiero-fiscal de la administración Macri, un problema que las autoridades tratan de ocultar a la opinión pública en complicidad con todos los grandes medios de prensa del establishment y también – salvo honrosas pero minoritarias excepciones – con la complicidad de la partidocracia política con representación parlamentaria; asociados todos en el enmascaramiento de la nueva crisis de Deuda que vive nuestro país.

Esta dependencia estructural o institucional del Sistema de Deuda perpetua – como lo venimos observando hace tiempo – compromete no sólo la estabilidad financiera sino también la estabilidad política del gobierno Macri; con el agravante que esta vulnerabilidad se acentúa en el presente año electoral.

«Argentina 2017 bajo la ilusión del crecimiento con deuda», programa especial conducido por Héctor Luis Giuliano en TLV1

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MEGA-ENDEUDAMIENTO DE MACRI EN ENERO 2017

Héctor Luis Giuliano 10.02.2017.
En el contexto de su política de gobernar con deuda – planteada  desde el inicio de su gestión en Diciembre de 2015 – la administración Macri sigue batiendo récords históricos de emisión de Deuda Pública, Externa e Interna.

 

MEGA-ENDEUDAMIENTO DE MACRI EN ENERO 2017

Por Héctor GIULIANO (10.2.2017)

En el contexto de su política de gobernar con deuda – planteada  desde el inicio de su gestión en Diciembre de 2015 – la administración Macri sigue batiendo récords históricos de emisión de Deuda Pública, Externa e Interna.

Estas colocaciones se vienen realizando por montos elevadísimos, bajo condiciones discrecionales que son manejadas directamente y en forma secreta por el actual Ministerio de la Deuda – oficialmente denominado Ministerio de Finanzas – siguiendo un programa de endeudamiento en gran escala – eufemísticamente llamado Programa Financiero – y sin que exista la más mínima demostración de capacidad de repago sobre las obligaciones financieras que se están asumiendo con total irresponsabilidad fiscal porque se trata de deudas que el Estado Argentino no puede pagar.

A los efectos de ocultar la situación real y concreta de iliquidez e insolvencia de nuestro país, el gobierno Macri – en complicidad con sus acreedores – procede a seguir refinanciando sistemáticamente la totalidad de los vencimientos de capital (a medida que se producen y hasta el último centavo), con nuevas deudas y además a contraer deudas adicionales, que están destinadas en su gran mayoría a cubrir el déficit fiscal creciente de su administración.

Con el agravante que la mayor parte de estas colocaciones de deuda se aplican así a sostener la financiación de gasto público corriente, lo que está prohibido por la Ley 24.156 de Administración Financiera y sus normas conexas, dado que el artículo 56 de la ley dice taxativamente que se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos.

En este marco, las emisiones de deuda realizadas por el gobierno nacional en Enero de este año – sin contar aquí las colocaciones que paralelamente vienen realizando el Banco Central (BCRA), las provincias (con Buenos Aires a la cabeza), las empresas del Estado y las obligaciones contraídas para pagar juicios contra el fisco con sentencia en firme (como el caso de los holdouts y los reclamos previsionales) – han llegado ya a niveles récord tanto en valor absoluto como relativo.

Durante el primer mes de 2017 el gobierno Macri ha colocado deuda pública directa – es decir, sólo deuda de la Administración Central – por más de 17.000 MD (Millones de Dólares):

  1. Un préstamo de 6.000 MD a 18 meses de plazo y tasa de interés nominal del 3.8 % anual (2.9 % más Libor 0.9), con garantía de títulos Bonar 24; otorgado por los bancos BBVA (Bilbao Vizcaya Argentaria), Citibank, Deutsche Bank (DB), HSBC (Hong Chan), JP Morgan y Santander. Son los mismos bancos que actúan como colocadores de bonos en el exterior y se entiende que este crédito consorciado y a corto plazo (un año y medio) actúa en la práctica como préstamo-puente dentro del escalonamiento de la colocación de bonos según el Programa Financiero 2017.
  2. Dos nuevos títulos por 7.000 MD, bajo ley extranjera de Nueva York: uno, a 5 años de plazo (vencimiento 2022) por 3.250 MD con tasa de interés de 5.625 %; y otro a 10 años (2027), por 3.750 MD con tasa del 7.0 %.

 

Todos estos bonos y préstamos que emite el Estado son de tipo bullet, es decir, que amortizan el capital o principal íntegramente a su vencimiento, pero pagan intereses en forma semestral; si bien las autoridades no suministran detalles sobre las condiciones contractuales de tales obligaciones ni mucho menos sobre los compradores de títulos.

El gobierno Macri se ha jactado del supuesto éxito de esta doble colocación de bonos – las ofertas fueron por 22.000 MD contra un requerimiento original de 5.000 MD – pero la realidad es bastante diferente porque en este momento existe excedente de capitales especulativos en el mundo y ello deriva, como siempre, en una muy fuerte presión por parte de los grandes grupos financieros internacionales   para colocarse en países como la Argentina, que en la actualidad emite deuda a las tasas de rendimiento más altas del planeta.

Este proceso se presenta ante la opinión pública como supuestas  oportunidades dadas por el apetito del mercado – un eufemismo que se usa para traducir las presiones de endeudamiento  fiscal – como adelanto ante el peligro de tasas más altas con el advenimiento del gobierno Trump en Estados Unidos y, consecuentemente, como conveniencia así de adelantar la colocación de nuevas deudas del Programa Financiero 2017.

  • Nuevos desembolsos provenientes de organismos financieros internacionales, particularmente la CAF-Corporación Andina de Fomento, que acordó un nuevo préstamo a la Argentina por 400 MD para el Paseo del Bajo, en la CABA (plazo a 15 años con 4 de gracia).

Por Decreto 29/2017, del 11.1, el presidente Macri facultó al Ministerio de Finanzas para contraer un total de nueva deuda externa por 20.000 MD durante el corriente año incluyendo cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros (Nueva York y Londres) y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana (con restricciones varias que son de rigor en estos casos), como así también la inclusión de Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) y Pari Passu.

Por el mismo decreto, aparte de reiterarse algunas autorizaciones generales ya consignadas en la Ley 27.341 de Presupuesto 2017, se incorpora además toda una serie de facultades amplias a través de las cuales el Ministerio de Finanzas puede decidir lo que quiera en materia de colocaciones de Deuda Pública. (*)

El texto de estas autorizaciones cuasi-irrestrictas está prácticamente copiado de la Ley 27.249, que el año pasado autorizó al entonces Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas – como Autoridad de Aplicación – a colocar las nuevas obligaciones de deuda para pagar los juicios contra los holdouts bajo las mismas condiciones absolutamente discrecionales.

  1. Nueva Deuda intra-Estado (una modalidad inaugurada y utilizada abusivamente por la administración Kirchner), proveniente de Adelantos Transitorios en curso del BCRA (dentro de un margen anual autorizado por 150.000 M$-Millones de Pesos) y otras obligaciones colocadas en distintos entes oficiales, como el FGS-Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (una letra por 17.000 M$ a un año de plazo)  y el BNA-Banco Nación (un Bono del Tesoro – conocido o refrendado por Resolución E 16/2017, del 9.2 – por 25.000 M$ y vencimiento en Agosto de 2019).
  2. Letras de Tesorería (Letes) por unos 2.000 MD, emitidas en dólares durante el mes, como obligaciones financieras de muy corto plazo (90 y 180 días, a tasas del 3.0 y 3.3 % respectivamente).

En total, se estima que el gobierno Macri ha colocado – solamente durante el mes de Enero – deuda pública, externa e interna, por más de 18.000 MD (18.600), incluyendo letras.

Y la serie de colocaciones continúa: en la fecha se ha editado por la página web del Ministerio de Finanzas un nuevo llamado a licitación de Letras del Tesoro en dólares (a 95 y 186 días) y Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija con vencimientos 2021, 2023 y 2026.

Estos últimos – los bonos – tienen tasa de interés invertida de 18.20, 16.00 y 15.50 % anual respectivamente, que se pagan semestralmente, y se colocan bajo la par para garantizar mayor rendimiento a los inversores financieros.

Con este conjunto de nuevas colocaciones de deuda el gobierno Macri encara un peligroso sobre-endeudamiento durante el año electoral 2017 y lo hace al amparo de la Ley de Presupuesto 27.341, que autoriza un aumento de la deuda durante el ejercicio de 38.200 MD: vencimientos de capital por 58.200 MD contra emisión de nueva deuda para cubrir las cancelaciones y tomar deuda adicional por 96.400 MD.

Este monto a emitir – que ya está aceleradamente en curso – expresado en pesos es de 1.727.500 M$ (96.400 MD x 17.92 $/US$), una suma que consolidando toda la deuda en valor absoluto equivale al 73 % del Gasto Público Total del Ejercicio 2017, que es de 2.393.600 M$ (≡ 131.900 MD).

Según el Programa Financiero 2017 – dado a conocer a principios de Enero – el gobierno prevé emitir deuda por algo más que el total presupuestado: unos 40.350 MD (consolidando siempre las colocaciones en diversas monedas), de los que la mitad (20.000 MD) serían Deuda Externa.

La administración Macri aumenta fuertemente y acelera así en forma muy peligrosa el cuadro de endeudamiento público heredado de la gestión Kirchner, con el agravante que lo hace usando una preponderante nueva deuda con el exterior.

Y este panorama se agrava adicionalmente con el cambio de estructura, composición y características del endeudamiento porque:

  1. Aumenta el monto de la Deuda Pública, Externa e Interna.
  2. Aumenta consecuentemente la suma de intereses a pagar – porque se toma deuda más cara – y lo hace en mayor proporción que el aumento del principal. Y
  3. Disminuye cada vez más la vida promedio de la deuda en su conjunto porque aumenta la proporción de colocaciones de letras y bonos a corto plazo.

Aunque el partido de la deuda y los portavoces del establishment financiero que lo acompañan tratan de enmascarar la gravedad de esta situación que afronta el gobierno Macri, el mismo se encaminaría precipitadamente a la necesidad de un nuevo megacanje o alternativa de seguir subdividiendo cada vez más el complejo sistema de canjes vigente por tipo de acreedor y/o instrumentos de deuda, a los fines de seguir pateando para adelante el problema insoluble de iliquidez e insolvencia del Estado Argentino frente a una deuda pública impagable.

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Macri y la deuda como objetivo de Gobierno

Héctor Luis Giuliano 08.01.2017.
Una pseudo-racionalidad financiera de base neoliberal dice que la Deuda Pública es consecuencia del Déficit Fiscal y que, por lo tanto, reduciendo dicho déficit se eliminaría y/o atenuaría la necesidad de endeudamiento para financiarlo.

 

Macri y la deuda como objetivo de Gobierno

Héctor Luis Giuliano (08.01.2017)

Una pseudo-racionalidad financiera de base neoliberal dice que la Deuda Pública es consecuencia del Déficit Fiscal y que, por lo tanto, reduciendo dicho déficit se eliminaría y/o atenuaría la necesidad de endeudamiento para financiarlo.

Decimos pseudo-racionalidad – o simplemente irrealidad – por tres motivos:

  1. Porque este razonamiento soslaya que la Deuda es también un factor determinante del déficit del Estado, que se produce vía aumento del Gasto Público (devolución del Capital más Intereses y Honorarios/Gastos), con el consecuente círculo vicioso que genera: más endeudamiento = más pago de servicios de la deuda (por capital e intereses) = mayor peso de ambos rubros en el Presupuesto anual (por desequilibrio del Resultado Financiero debido a las refinanciaciones íntegras del Capital y la toma de deudas adicionales, y por aumento del Gasto Corriente por los Intereses a pagar) = más cobertura del incremento del déficit así producido con nueva deuda pública.
  2. Porque la experiencia histórica argentina de los últimos 40 años (1976-2016) demuestra que – bajo administraciones de gobierno de distinto tipo y signo – la regla del endeudamiento sistemático y creciente, sin demostración alguna de capacidad de repago, se ha cumplido a rajatabla; y siempre con el mismo argumento: la aspiración de volver a colocar más deuda, preferentemente en el mercado internacional de capitales.[1]
  3. Porque este círculo vicioso no es un subproducto o efecto no deseado del endeudamiento del Estado sino, por el contrario, un objetivo dogmático e institucional de política financiera fiscal, bajo la fórmula de que no hay problema en tomar deuda sin capacidad de repago mientras haya recursos suficientes para poder abonar sólo los intereses anuales y refinanciar así íntegramente los vencimientos de capital, lo que significa convalidar un régimen de Deuda Pública perpetua.

Bajo este esquema, conceptual y fáctico, la deuda – originariamente un recurso extraordinario de financiamiento público (motivado la mayoría de las veces por gastos de guerra o sufragio[2] de catástrofes) – deviene así una fuente de financiamiento regular e institucional del Estado.

A esto denominamos Sistema de Deuda Perpetua ya que tomar obligaciones sin demostración alguna de capacidad de repago y, por el contrario, dando por sobrentendido que tales compromisos no tendrán amortización efectiva a su vencimiento sino que serán renovados totalmente – pagando siempre deuda con nueva deuda – supone aceptar la regla básica de que el Estado se financie con Deuda impagable

Los gobiernos de turno y los portavoces del establishment soslayan este tema porque es insostenible desde el punto de vista teórico y tanto o más cuestionable aún desde el ángulo fáctico dado que la operatoria de endeudamiento perpetuo, además de nociva, es secreta y trasunta todo tipo de irregularidades que afectan su legitimidad.

Desde el punto de vista de la teoría financiera la idea de deuda perpetua es un absurdo:

  1. Va contra la lógica más elemental de toda economía individual/familiar, empresaria y/o estatal (en cualquiera de sus niveles de gobierno) que se viva sosteniendo permanentemente la actividad económica con deuda: lo que corresponde al viejo y sabio dicho de que no se puede vivir de prestado.
  2. La formulación académica o científica sólo podría aceptarse si la toma de deuda es realmente necesaria – podríamos decir indispensable (sobre todo en el caso de deuda externa) – y si la tasa de rentabilidad del proyecto a financiar con endeudamiento es mayor que la tasa de interés de los fondos prestados, si los costos totales de la operación son convenientes (incluyendo comisiones/honorarios, gastos administrativos, etc.) y si las operaciones no están atadas a condicionamientos de otro orden (caso de contraprestaciones no financieras sino de carácter político, como si se tratara de un pago adicional en especie); pero éste no es ni ha sido el caso argentino.
  3. Más aún, aunque hipotéticamente se cumplieran los requisitos del punto anterior, las operaciones de endeudamiento individuales, es decir, por tipo de instrumento de deuda que se contraigan, no podrían ser debidamente evaluadas sin considerar el gravísimo problema estructural de la deuda impagable existente dado que aunque los nuevos préstamos cumpliesen la condición de ser necesarios y convenientes – según los términos del punto b) – las ecuaciones de liquidez/solvencia no se darían como solución de conjunto, tal como ocurre en el caso argentino, al tener que coexistir nuevas deudas con obligaciones de arrastre; esto es, la suma de dos tipos de endeudamiento fiscal.

Este esquema financiero irracional se agrava más todavía si – como también hoy se está dando en nuestro país – el gobierno toma deuda en moneda extranjera (la mayoría, proveniente de organismos financieros internacionales: Banco Mundial, BID-Banco Interamericano de Desarrollo y CAF-Corporación Andina de Fomento) para financiar obras públicas y/o de infraestructura que se pagan en pesos (como rutas, saneamiento/desagües cloacales, viviendas, etc.); e incluso préstamos que se usan para sostener programas sociales que no sólo se pagan en pesos sino que, por definición, no  tienen capacidad de repago.

Hasta aquí las objeciones fundadas a la teoría financiera neo-liberal acerca de la institucionalización de un Sistema de Deuda Perpetua.

Pero esta inconsistencia de tipo académico o dogmático se agrava aún más con la matriz de corrupción que este mecanismo de endeudamiento perpetuo genera, tanto por su naturaleza como por las mayúsculas irregularidades que se enmascaran a través de su falta de transparencia:

  1. Todos las administraciones de gobierno restringen el suministro de informaciones claras y concretas sobre las colocaciones de deuda que realizan, no se informa quiénes son los compradores de títulos públicos (la deuda, por definición, tiene carácter anónimo o secreto dado que no se conocen los acreedores del país), no se informan tampoco los gastos que acompañan las operaciones de endeudamiento y, como agravante, se practica un desfase en las comunicaciones oficiales que mantiene siempre actualizadas con retraso las cifras y los datos de la Deuda Pública.
  2. Gran parte de las colocaciones de deuda se hacen por contratación directa y, las que se licitan – con o sin intermediación de bancos agente/colocadores – no consta que sean debidamente auditadas, por lo que la discrecionalidad de las autoridades (ex Ministerio de Economía y hoy Ministerio de Deuda Pública) es prácticamente total y/o no controlada.
  3. Esta discrecionalidad gubernamental – que no es nueva sino una regla en la cuestión de la deuda argentina – conlleva el manejo unilateral del Ejecutivo en materia de endeudamiento y tiende a agravarse actualmente más aún con la jerarquización de la Secretaría de Finanzas a nivel Ministerio y con las facultades legales delegadas por el Congreso a través de las leyes de Presupuesto y de leyes especiales conexas (como el caso de las facultades irrestrictas de la Ley 27.249, que autoriza la toma de deuda para pago a los holdouts).

Ergo, el sistema de Deuda Perpetua de la Argentina no sólo estaría hoy más fuerte que nunca sino que los asuntos de gobierno están ahora bajo una administración que gobierna con deuda y que piensa seguir haciéndolo pese a la absoluta falta de demostración de capacidad de repago de la misma por parte del Estado.

La inoperancia en cumplir el supuesto objetivo de reducir el déficit fiscal – un hecho reconocido incluso por las propias autoridades – hace que, notablemente, un gobierno que plantea la meta de bajar este déficit en la práctica lo está aumentando[3]; y ese aumento se cubre con más deuda.

No es casual que sea un funcionariado superior integrado mayoritariamente por ejecutivos provenientes de empresas y bancos privados, nacionales e internacionales, el que esté al frente de este tipo de decisiones de endeudamiento en gran escala del Estado Argentino, pese a que tales funcionarios tienen conflicto de intereses porque varias de esas instituciones en las que han revistado son ahora nuevos acreedores privados del país.

Cabe entonces el interrogante de si la toma sistemática de deuda en gran escala que se está produciendo bajo la administración Macri – que no presenta la menor muestra de capacidad de pago (como no sea contrayendo nuevas deudas) – constituye sólo un instrumento para sostener desesperadamente las cuentas fiscales o si, además, esta nueva ola de endeudamiento en curso es un fin en sí mismo: una política destinada a continuar y reforzar aún más el sistema de la Deuda Perpetua bajo coordinación y dependencia de la banca internacional y local.

Desde un punto de vista conceptual es notable la constante histórica de contradicción del establishment neoliberal en la Argentina que implica criticar la intervención del Estado en la vida económico-financiera mientras, al mismo tiempo, se propone y consolida el rol del Estado como principal tomador de deuda en el mercado: un endeudamiento que no sólo resta fondos prestables al sector privado productivo de la Economía sino que, por el contrario, sostiene y subsidia los excedentes bancarios internos e internacionales que, de otro modo, amenazarían quedar ociosos o faltos de rentabilidad.

En este contexto, no es por casualidad que el sector financiero sea el que ha tenido y siga teniendo récords de ganancias en medio de un país sumido ahora en la estanflación (estancamiento con inflación), la caída del consumo por menores ingresos fijos reales de asalariados y jubilados, la menor actividad industrial por la recesión económica y el retraso cambiario con altas tasas de interés locales: algo así como el producto de gobernar para los bancos a través del sistema de la Deuda Pública Perpetua.

[1] Pese a su discurso confrontativo, la administración Kirchner también fue parte de este comportamiento, como lo demuestran las declaraciones del ministro Lavagna y su secretario de finanzas Nielsen en relación al Megacanje 2005-2010 y el planteo de la Hoja de Ruta por el nuevo ministro Boudou de 2008; e incluso por los intentos finales de la administración de Cristina Kirchner, bajo el ministro Kicillof, de llegar a un acuerdo con los holdouts (2014).

En todos los casos se asumía que los problemas existentes de impagos debían ser corregidos abonando las deudas atrasadas con nuevo endeudamiento (o financiación equivalente)* – a tenedores de bonos en default, Fondo Monetario Internacional, Club de París, reclamantes en el CIADI y holdouts – para poder volver así a colocar nueva deuda en los mercados de capital.

Con la aclaración importante de que cuando decimos financiación equivalente* nos  estamos refiriendo fundamentalmente a la deuda intra-Estado que, como en el caso del Banco Central (BCRA), implica una transferencia interna de fondos oficiales para el pago de obligaciones del Tesoro  pero que el Banco repone luego tomando más deuda propia (LEBAC y Otros Pasivos).

[2] Sufragio en el sentido de ayuda, favor o socorro.

[3] El Presupuesto 2016 – Ley 27.198 – preveía ya un aumento de la deuda pública de 23.400 MD (nueva deuda en pesos y/o en dólares), producto de refinanciar la totalidad de los vencimientos de Capital (68.000 MD) contra toma total de nuevo endeudamiento por 91.400 MD.

A esto hay que sumarle los 12.500 MD de la Ley 27.249, que autoriza la emisión de nueva deuda para pagar los arreglos de la deuda con los holdouts, que no estaba computada como deuda en firme.

Y a esto hay que agregarle la deuda adicional para cubrir el déficit fiscal del ejercicio, que excedería en unos 10-15.000 MD las previsiones originales.

Las transferencias  de la ANSES y del BCRA, y parte del blanqueo de capitales registrado durante el año que acaba de finalizar pudieran atenuar en parte esta última cifra.

Para  el presupuesto de este año 2017 – Ley 27.341 – se proyecta un endeudamiento adicional de 38.200 MD – producto de endeudamiento público por 96.400 MD contra amortizaciones por vencimientos durante el ejercicio  de 58.200 MD – sin que pueda asegurarse si el déficit previsto (de unos 480.800  M$, equivalentes a 27.000 MD) puede sufrir modificaciones dado los mayores gastos por el año electoral, la llamada reparación histórica a los jubilados, los menores ingresos tributarios por Impuesto a las Ganancias y los  crecientes compromisos con las provincias (empezando con el sostenimiento de la provincia de Buenos Aires).

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¡Es el petróleo, estúpido!

Félix Herrero 02.01.2017.
El petróleo conserva su actualidad, una de las causas de que la política exterior de Trump se haya dispuesta a asociar a Estados Unidos con Rusia y no con China. Cuando más fuertes sean los lazos con Rusia (dirigida por blancos y cristianos) será más fácil desligarla del no hace mucho conocida por los occidentales como el peligro amarillo.

 

¡Es el petróleo, estúpido!

Por Félix Herrero (02.01.2016)

Me tomo la libertad de titular este artículo parafraseando la frase electoral de Bill Clinton, y que hace poco fuera glosada por un notable especialista en geopolítica petrolera[1], dada la importancia que tiene el petróleo en la política internacional actual.

El petróleo conserva su actualidad, una de las causas de que la política exterior de Trump se haya dispuesta a asociar a Estados Unidos con Rusia y no con China. Cuando más fuertes sean los lazos con Rusia (dirigida por blancos y cristianos) será más fácil desligarla del no hace mucho conocida por los occidentales como el peligro amarillo.

Con la guerra fría, los occidentales se denominaban sí mismos “occidentales y cristianos”, aunque Japón no era ni lo uno ni lo otro. Hoy la unión de EEUU con Rusia podría ser de denominación menos errónea, ya que Putin es un miembro practicante de la religión ortodoxa. Y para colmo, su sector europeo es el aventajado que se impone sobre el asiático: los rusos son blancos y no amarillos. En el año 2016 se desplegaron varias políticas que signarán los años próximos. En el año recientemente pasado el mundo del norte vivió dos hechos fundamentales: la separación del Reino Unido de la Comunidad Europea, y la elección de Estados Unidos consagrando a D. Trump. En ambos casos hay autores que entienden que son algunos de los recientes actos logrados por corrientes populistas, ya sean de  izquierda como la de Jeremy Corbyn el nuevo líder laborista  inglés o de derecha como Trump.

El nuevo presidente de Estados Unidos promete cambios de muchas de las políticas que se presentaban como inquebrantables por ciertos sectores del poder económico. Pero vino alguien que no quiere intermedios entre el poder económico y el gobierno. No son necesarios los intermediarios. Los empresarios pueden de manipular a los gobiernos pero consideran que deben dar el siguiente paso con el gobierno de las empresas; con algún parecido con lo que pasa en nuestro país: que con la ceocracia los empresarios necesitan menos mediadores.

  1. El petróleo en la geopolítica de las grandes potencias. Algunos se preguntan por qué hay tanta influencia creciente del petróleo en la política mundial cuando el mundo está transformando su matriz energética. Pero esto ¿es así? ¿Es real esta transformación verde de la matriz mundial?

El poder petrolero tiene cada vez más influencia en los gobiernos y en la política universal. Como antes, pero con mucho más profundidad ahora, el que no tiene petróleo no puede existir ni influir. Estados Unidos pierde el primer lugar como potencia económica[2] por la creciente China (no se discute  que militarmente conserva la primacía). La amenaza de Trump de poner aranceles del 45% a los productos chinos aún  se discute fuertemente en los propios sectores empresarios de Estados Unidos. El populismo trumpeano planteó como eslogan electoral que EUA debe volver a ser la más grande potencia mundial. Pero mientras sea el gran deudor de China vive una inestabilidad en el sector económico como segundón.

Entonces, la estrategia para recobrar el primer lugar perdido consiste en debilitar a China en sus asociaciones internacionales y en sus proveedores de petróleo, como es Rusia. China agotó el petróleo de su mar, pero hoy se supone que posee el no-convencional que necesita el uso del fracking.  Rusia está en el primer lugar como exportador de crudo en el mundo, y quien dependa del petróleo ruso, y también del de Medio Oriente, quedaría desamparado si se separa de Rusia, porque la provisión de origen árabe entra en una faz cada vez más inestable  por los conflictos armados de la región (“dónde hay petróleo hay guerra” siempre se dijo). “En Siria, en Yemen, en Egipto, en Camboya, la gente y los niños son bombardeados por tres  barriles de petróleo”, afirma Beatriz Aguirre-Urreta, del CONICET argentino[3].

Según analistas occidentales en reciente trabajos llegan a la conclusión que la Energy Statistics Administration del government of United States ( EIA[4]) no repetiría el error que cometió cuando atribuyó erróneamente gigantescos recursos a una nueva región no-convencional en Monterrey.

No en vano el presidente y accionista importante de ExxonMobil (la primera empresa petrolera norteamericana) es designado canciller de relaciones exteriores (Departamento del Estado) mientras se asegura que un petrolero tejano sea el ministro de Energía (Departament of Energy).

  1. Volver al “príncipado rojo”. Estados Unidos no tuvo diferencias con Rusia y China en las dos guerras mundiales: estuvieran asociados entre ellas. Pero el canciller que asumió el 20 de enero es además amigo del líder ruso. Putín, desde el  primer cargo de gobierno fue generoso en otorgar concesiones a ExxonMobil, la antigua Standard Oil, símbolo con la británica Shell del imperialismo petrolero del siglo veinte.

Mientras ExxonMobil obtiene concesiones, las otras firmas adquieren acciones del fondo de Rosneft (Glencore de origen estadounidense, la italiana ENI, la noruega Statoil). BP se asoció con otra petrolera rusa y terminó siendo  intervenida por el gobierno.  El 30 de agosto de 2011 ExxonMobil y Rosneft firmaron una importante asociación  con exclusividad sobre el mar Ártíco. Los rusos consiguieron la promesa de abordar territorio de EEUU, y en el golfo de México.

Pero la asociación petrolera tiene sus espacios secretos: en los Panama Papers aparece la empresa Exxonefts inscripta en el paraíso fiscal británico de las Bermudas.

Pero esta no es la primera vez donde un sector petrolero norteamericano mantiene una relación estrecha con los intereses rusos. Vladislao Lenín fue amigo de Armand Hammer. Todo el mundo conoce a Lenín, pero no siempre al petrolero estadounidense.

Hammer era descendiente de rusos  cuyos padres emigraron  a Estados Unidos. Hay historiadores que afirman que su padre conoció a quien fuera el líder de la revolución comunista. Armand Hammer fue un médico enriquecido en el comercio del arte de las pinturas, y de ese modo hizo una fortuna. Compró una pequeña petrolera que comenzó a tener grandes éxitos en el descubrimiento de petróleo (primero en Libia,  luego en América Latina, Medio Oriente y en los propios Estados  Unidos). Así Hammer se convirtió en multimillonario y su empresa  Occidental, conocida como Oxy (en Argentina logró uno de los contratos de  Arturo Frondizi en Mendoza), pasó a ser una de las más grandes petroleras norteamericanas.  Según varios historiadores Armand fue amigo de Lenín, y según algunos incluso le pagó su exilio en Suiza, y le habría financiado el viaje triunfal a Moscú cuando la corriente bolchevique hace cien años se hizo del gobierno ruso. Incluso, Oxi habría favorecido a la Unión Soviética a través de la comercialización de crudo. A Armand lo bautizaron el “príncipe rojo” por esta amistad.

O sea que la amistad petrolera ruso-norteamericana tiene una tradición de más de un siglo, ayer entre A. Hammer y Lenín, y hoy entre R. Tillerson y Putín.

  1. Resumen: aislar a China. Separar Rusia de China, para que esta última se quede sola y sin petróleo es parte de la estrategia de importantes sectores empresarios norteamericanos. ¿Podrán hacerlo? Los últimos esfuerzos de Obama de conflictuar la relación con Rusia no van en esta dirección. En esto se juega el destino de Trump y de la geopolítica mundial. Nosotros lo veremos sin tener participación alguna: el gobierno de Macri y Malcorra eligieron a Clinton contra Trump. Para remediarlo, Macri designa como nuevo ministro en el área de economía a N. Dujovne, hijo de un socio de Trump en el negocio inmobiliario y de la construcción de edificios, mientras Malcorra que tambae por sus continuos errores (apoyo a H. Clinton, fracaso como secretaria de Naciones Unidad, nuevos acuerdos sobre Malvinas), llora por haber apoyado a la señora Clinton.

[1] F. Willliam Engdahl, “¿Darfur? Es el petróleo, estúpido…”, en referencia a la guerra de Darfur entre firmas petroleras de Estados Unidos y de China.

[2] Bloomberg, “China derrotará a EEUU en una guerra comercial”, 29 de diciembre de 2016.

[3] En “Retrato del Cretácico en unas cuantas caracolas”, Ñ, 31 de diciembre de 2016.

[4] “Shale gas: China se esfuerza por explotar sus recursos”, por Alain Ruello, corresponsal en Beijing, de Ecos, París, 29 de agosto de 2016: “El país tiene las mayores reservas del mundo. Pero mucha complicación geológica e hídrica en sus proyectos. ¿China, gigante en la fabricación de gas de esquisto? Con 31,500 billones de metros cúbicos de reservas técnicamente recuperables, según la administración, el país tiene el mayor potencial del mundo. Pero un potencial que podría permanecer mucho más tiempo como una promesa, porque Beijing cuenta con una situación menos favorable que el que prevalece en Oklahoma o en Texas.”

 

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Los avatares de las metodologías

Darío Balvidares (07.12.2016.
Psicogénesis o Conciencia fonológica. De acuerdo con la nota, el Ministerio de Educación decidió optar por la perspectiva de la conciencia fonológica y abandonar la metodología usada hasta ahora para la que se observan ciertas premisas (…)

 

Los avatares de las metodologías

Psicogénesis o Conciencia fonológica.

Por Darío Balvidares

Hace unos días el diario La Nación[1] publicaba una nota titulada: Cambiarán el modo de enseñar a leer y a escribir. De acuerdo con la nota, el Ministerio de Educación decidió optar por la perspectiva de la conciencia fonológica y abandonar la metodología usada hasta ahora para la que se observan ciertas premisas: Que la perspectiva psicogenética tiene más de 30 años; que le falta efectividad para alfabetizar a los chicos de sectores más vulnerables y que confía demasiado en el poder de los estímulos escritos del entorno.

Mientras que la conciencia fonológica parte de la oralidad para el reconocimiento de los fonemas y su posterior representación escrita; el grafema, la letra; también lo hace la Psicogénesis, pero en otro contexto.¿Psicogénesis o conciencia fonológica? ¿Constructivismo o conductismo?

Sin entrar en cuestiones epistemológicas, que no tendrían lugar en este artículo, sí es necesario plantearse algunas cuestiones a la hora de las decisiones metodológicas asumidas en la cartera educativa. Primero, es necesario plantear que es una falacia declarar obsoleta una metodología porque lleva más de 30 años. Desde los ’90 del siglo pasado, se ha puesto como argumento, sobre todo en Educación, la “obsolescencia”.

¿Acaso es una evidencia para desmantelar o deslegitimar criterios, miradas, prácticas y de esta forma legalizar cambios? Dicho esto, y para no abundar, como lo que está en juego es el conocimiento y la lengua es uno de los aspectos más importantes para ese conocimiento y, más aún, para el comportamiento, se hace relevante revisar esta perspectiva, llamada conciencia fonológica que, como dice la nota, viene a reemplazar a la perspectiva psicogenética.

Veamos, la lengua no está separada del contexto social, es decir que no hay más posibilidades de desarrollo de la lengua que en el medio social. Y en los primeros años de edad esos contextos son el familiar, el del barrio y el de la escuela. Claro que en todas estas interactuaciones aparecen especificidades. Pues bien, la idea principal es que la lengua no es un hecho aislado sino un aspecto esencial para la vida y para la formación.

Hablé de desarrollo de la lengua y no de “adquisición”, puesto que, siguiendo a Halliday[2], no considero la lengua como una mercancía a adquirir, incluso esta teoría de la “adquisición de la lengua” ha llevado a otra falsa teoría, la “teoría del déficit” y del “fracaso escolar”, que por lo visto aparece como otro argumento contra la perspectiva psicogenética: “Los chicos que tienen menos oportunidades extraescolares necesitan que la escuela haga un trabajo sistemático para ayudarlos a acceder al fonema”, dice una de la expertas en conciencia fonológica en la nota del diario. Pero sería muy largo discutirlo en este artículo, aunque es otro de los enfoques a tener en cuenta a la hora de la representación de la realidad y los procesos de significación que producen las políticas educativas.

“Ayudarlos a acceder al fonema”

Los que establecen la perspectiva de la conciencia fonológica como método para el aprendizaje de la lectoescritura dicen que “…el gran objetivo de la alfabetización es el acceso al fonema. El desafío es que el maestro intervenga para que sean capaces de desarmar cada sílaba y aislar cada fonema”. Es decir que a partir de la oralidad se establezca un proceso de identificación entre el fonema y el grafema: el sonido y su correspondiente letra.

En épocas de reformas y de estandarización, encuentro un problema fundacional a la hora de las correspondencias que pretenden los defensores de la metodología fonológica: la pérdida de los regionalismos, de algunas de las variedades lectales, de las particularidades culturales que se manifiestan en los conocimientos y comportamientos de la lengua.

Veamos, en el siguiente enunciado: “vamos a casa”, la cuestión está cuando aparecen las diferencias fonéticas respecto de las distintas regiones; las variables lectales. Hasta acá, el ejemplo es válido para explicar las correspondencias fonéticas en la variable rioplatense.

Ahora bien, un maestro o maestra de Entre Ríos diciendo el mismo enunciado, la /s/ de /vamos/ va a estar aspirada. Entonces, cómo establecer la correspondencia, puesto que esta perspectiva se fundamenta en la oralidad, sus correspondencias y el aislamiento fonético. Aún más, qué ocurre en la propia Ciudad de Buenos Aires con, por ejemplo, “mosquito” donde también el fonema /s/ se aspira.

Veamos otro ejemplo, qué sucedería en Córdoba con el siguiente enunciado: “corran”, donde aparece la doble vibrante /rr/, pero oralmente en Córdoba la fonética es /y/;  el fonema /y/ no tiene correspondencia con el grafema, esto es, con la representación escrita.

Entonces, si la lengua es social, si la metodología psicogenética trabaja desde esa perspectiva, esto es, poner la lengua en contexto, si el desarrollo de la lengua se realiza a partir de la contextualización y el enfrentarse con la experiencia directa, así como para aprender a nadar hay que meterse en el agua sin pensar en las moléculas que la componen; pues entonces desarrollar la lengua en los niveles de lectoescritura, también supone la interacción con experiencias culturales directas.

El desarrollo del lenguaje es indisociable de la interacción con el medio, por lo tanto está más cerca el apoyo que puede ofrecer la sociolingüística como marco teórico para una metodología de la lectoescritura. Porque su marco de referencia es lo social.

Mientras que los procesos cognitivos del cerebro, abordados por las neurociencias y de donde deriva la perspectiva de la conciencia fonológica, infieren un aprendizaje demasiado específico, dirigidos hacia la identificación de componentes lingüísticos que en el contexto de una metodología de aprendizaje puede tener consecuencias colaterales.

Y sin proponérselo (o sí) diseñar un camino hacia la disolución de las variables dialectales. Para los que pensamos que toda forma dialectal es portadora de significación cultural, ese proceso de disolución imprimiría que una variable se destacara como la deseada, imponiéndose jerárquicamente sobre las otras. Una especie de laboratorio de ingeniería lingüística con la suficiente potencia de estandarización que borraría las variables dialectales.

El desarrollo del lenguaje y el medio social se retroalimentan uno al otro, las metodologías de enseñanza de la lectoescritura no pueden obviar esa dialéctica y si la perspectiva fonológica tiene algo para aportar en este sentido debe ser bienvenida, como aporte, como herramienta que complemente, no como metodología que sustituya.

[1] Vázquez Luciana “Cambiarán el modo de enseñar a leer y a escribir” diario La Nación. 15-11-2016

[2] Halliday MAK El lenguaje como semiótica social. Fondo de Cultura Económica. México. 1985

 

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Los dramáticos números de Macri

Esteban Mercatante 03.12.2016.
Está por cumplirse un año desde que Mauricio Macri asumiera la presidencia, y lo hace muy distinto a cómo lo imaginaba. Al menos, si creemos que creían lo que decían. La tormenta de inversiones que auguraban no se ha concretado. El aniversario llegará con una economía en recesión y sin atisbos de los “brotes verdes” que vienen prometiendo sin éxito desde hace varios meses.

 

Los dramáticos números de la economía de Macri

Entrevista AL DORSO (03.12.2016)

Está por cumplirse un año desde que Mauricio Macri asumiera la presidencia, y lo hace muy distinto a cómo lo imaginaba. Al menos, si creemos que creían lo que decían. La tormenta de inversiones que auguraban no se ha concretado. El aniversario llegará con una economía en recesión y sin atisbos de los “brotes verdes” que vienen prometiendo sin éxito desde hace varios meses.

  • La actividad industrial retrocedió 8 % en octubre en relación a igual mes de 2015, y cayó 4,9 % entre enero y octubre en comparación con igual período del año pasado,
  • mientras que la construcción en octubre exhibió una baja de 19,2% respecto al mismo mes de 2015, y una acumulada desde enero de 13,5 % en relación al mismo periodo el año anterior.
  • La economía mostró en septiembre una caída interanual de 3,7 %; el acumulado del año exhibe un deterioro de 2,4 % respecto de 2015.

Después de la baja de tasas de interés fijada esta semana por el jefe del Banco Central (BCRA) Federico Sturzenegger y en el marco de una gran incertidumbre internacional, el dólar volvió a escalar fuerte, llegó el miércoles a 16,10 pesos, máxima cotización histórica que se mantuvo ayer. Aunque los ministros de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y del Interior, Rogelio Frigerio, hayan afirmado ayer que la suba en la cotización del dólar “no es preocupación” para el Gobierno, lo cierto es que podría colaborar al recrudecimiento de la inflación, que está lejos de ser controlada, y sólo amainó un poco gracias al hundimiento de la economía.

Brotes… de especulación

La argentina tuvo “lluvia de dólares”, pero no de inversiones sino de los especuladores que aprovecharon la bicicleta financiera creada por el BCRA con las altas tasas ofrecidas en las Letras (LEBAC) que emite para absorber pesos. También ingresaron dólares gracias al festival de endeudamiento, que superó los 40 mil millones de dólares de deuda tomada afuera (a lo que se agrega el endeudamiento en pesos para hacer una montaña formidable). Al mismo tiempo que llueven dólares también se van; la fuga de capitales acumula 11 mil millones de dólares en lo que va del año. El blanqueo ya superó los 20 mil millones de dólares. Esto podría significar una recaudación de 2 mil millones de dólares o más para el fisco (que sería el triple si que concretan los mejores pronósticos para todo el blanqueo), y está llenando de verdes el sistema financiero.

Expectativas incumplidas de la “lluvia de inversiones”

Pero el panorama es muy distinto cuando se trata de poner plata en instalaciones productivas. Los anuncios de nuevas inversiones privadas que exhibe la web del ministerio de Hacienda, llegan a 38,9 mil millones de dólares. Y esto dividido en cuatro años, cuando según la consultora Abeceb se necesitaría sumar nada menos de 50 mil millones de dólares por año al promedio de inversiones anuales de 2010-2015. Lo que es peor, casi de la mitad de estos anuncios son reciclaje de los que ya se habían realizado en 2015. Y muchos, son todavía anuncios y nada más, a concretarse en algún momento entre hoy y 2019. El número total de anuncios de nuevas inversiones sólo crece hasta 57,9 mil millones de dólares si se le suma la inversión “privada-pública”, es decir aquellos proyectos donde el privado “invierte” pero el Estado paga con creces el retorno de dichos desembolsos.

No resulta sorprendente que la inversión no haya resultado como se ilusionaba el gobierno. Es consecuencia de su política: devaluó y hundió el mercado interno, y además están quienes reclaman que aún así no ajustó el valor del dólar lo suficiente en relación con las aspiraciones de los sectores que buscan “competitividad cambiaria”

A la par de estos pobres anuncios de nuevas inversiones, el Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres estima que la inversión agregada acumula entre enero octubre una caída de 3,7 % respecto de igual período de 2015. Para el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala el panorama es aún peor: la inversión se habría hundido 8,6 % en octubre.

No resulta sorprendente que la inversión no haya resultado como se ilusionaba el gobierno. Es consecuencia de su política: devaluó y hundió el mercado interno, y además están quienes reclaman que aun así no ajustó el valor del dólar lo suficiente en relación con las aspiraciones de los sectores que buscan “competitividad cambiaria”, lo que es un eufemismo para reclamar caída de los salarios en dólares (lo que significa también menos poder adquisitivo); en un año, la inflación revirtió los efectos, y los Ratazzi (Fiat) y compañía ya hablan nuevamente de atraso cambiario. Los tarifazos (aunque moderados respecto del esquema inicial) dieron un zarpazo al poder adquisitivo y al mismo tiempo aumentaron los costos empresarios. Al mercado interno en caída se suma el fuerte deterioro que registra la economía de Brasil. Si esto no bastara para explicar por qué la inversión viene en baja, se agrega política monetaria. Las tasas de interés que paga el Banco Central (BCRA) por las LEBAC que emite (que operan como un piso para las tasas que cobran los bancos por prestar), fueron fijadas el último martes en 24,75 %. La posibilidad de hacer buenos márgenes volcando pesos a la bicicleta financiera, supera ampliamente a las perspectivas ofrecidas por cualquier inversión productiva. Sólo prosperan inversiones en el agro, beneficiado por la caída de retenciones; también en energía, comunicaciones o construcción, en los que los cambios regulatorios y tarifarios y el aumento de la obra pública están creando grandes oportunidades.

Un “plan B” que no termina de arrancar

Las expectativas incumplidas con la inversión motivaron un intento de giro hacia un “plan B”: que la economía se moviera al ritmo del gasto público en infraestructura, y una nueva apuesta al consumo. Esta última incluía la expectativa de que aumentara el gasto de los asalariados después de las paritarias. Después de que desde diciembre de 2015 la combinación entre devaluación (que empujó un alza de la inflación que en 2015 rondó el 26 %), eliminación de retenciones (que encarece los alimentos porque menos retención significa que las patronales del agro reciben un precio en dólares más alto por la exportación, y eso se traslada a los precios internos) y tarifazos, diera un golpe al bolsillo pulverizando algo más del 10 % del poder adquisitivo de los salarios (y que golpeó con mucha más fuerza sobre los sectores de menores ingresos, porque los alimentos y otros rubros que golpean más sobre ellos aumentaron más que la media), el gobierno se entusiasmó con la idea de que después de las paritarias y gracias a una cierta moderación de la inflación conseguida a fuerza de enfriamiento económico, los salarios empezaran a “ganarle” a la inflación.

Pero esta “ganancia” significa que el poder adquisitivo apenas recuperará una parte de la formidable pérdida que tuvo durante el año. Se espera que el año concluya con una pérdida de poder adquisitivo de 6 % en promedio(nuevamente, con las peores pérdidas soportadas por los estratos de menores ingresos). Si a esto sumamos el encarecimiento que tuvo el financiamiento al consumo (pensemos en el mayor costo de financiar el saldo de en las tarjetas de crédito o en la tasa prohibitiva que tienen los créditos personales, desreguladas gracias a Cambiemos), y considerando que la dinámica del empleo es nueva fuente de incertidumbre e invita a posponer los gastos que no sean imprescindibles, no sorprende que el consumo siga en caída, contrariando las expectativas del gobierno sobre el efecto que tendrían los sueldos “nuevos” pos paritarias (que llegaron bastante envejecidos).

Según el Indec, en septiembre las ventas en supermercados tuvieron una caída en términos reales de 8,7 %, mientras que en los grandes centros de compras cayeron 15 %, y en los shoppings 11 %. En octubre los datos disponibles arrojan otra fuerte caída: según CAME la venta minorista tuvo una baja de 8,2 %; la venta de carne vacuna entre enero y octubre también muestra una caída de 8,3 %. El gobierno también apostó a la “reparación histórica” a los jubilados, pero esto por ahora tampoco se transformó en una palanca para reanimar las compras.

Se espera que el año concluya con una pérdida de poder adquisitivo de 6 % en promedio (nuevamente, con las peores pérdidas soportadas por los estratos de menores ingresos).

Respecto de la obra pública, el panorama también muestra una situación a media máquina. En octubre crecieron fuerte las erogaciones de capital, aumentando un 80 % respecto de octubre de 2015 (pensemos de todos modos que en ese entonces el gobierno de Cristina estaba en piloto automático, y eso ayuda a mejorar la comparación). Pero la ejecución del presupuesto nacional del rubro está en 65 %. AySA lleva licitadas en el año 131 obras. Pero son 17 las que están en marcha. Para fin de año, la expectativa es llegar con la ejecución de un 70 % del presupuesto de $ 22.800 millones para obras, y recién en abril o mayo de 2017 se llegará al 100 % de lo previsto para 2016.

Aunque todavía no hay nada que lo confirme, la previsión de un mayor ritmo en el gasto de obras, sumado al “paquete” pro consumo que incluye los bonos y bonitos de fin de año, la Emergencia Social que se trata en el Congreso, el no pago de Ganancias para el medio aguinaldo (y el cambio de escalas para el año que viene), y el Ahora 18, podría permitir que la economía frene la caída en los próximos meses. Con más prudencia que hace algunos meses, diversos analistas esperan síntomas de reactivación para marzo o abril. Mientras tanto, cada vez son más los que dicen que este año la caída será mayor a 2 %, y el año próximo el crecimiento inferior a 3 %, poco más de un rebote de lo perdido, y todo bombeado por el gasto público y la moderación –momentánea– del “sinceramiento” (que igual tendrá sus cuotas de tarifazo fechadas ya para abril). Podría ser demasiado poco, y demasiado tarde, para las aspiraciones de Macri.

Advertencias por el “populismo M”, o el riesgo de no convencer a nadie

Condicionado por la incertidumbre sobre lo que significará la llegada de Donald Trump a la presidencia de los EE. UU., el proyecto de Macri transita un sendero riesgoso desde el punto de vista de sus objetivos más estratégicos. El nuevo paquete de Emergencia Social para desactivar el proyecto que había votado la oposición en el Senado a instancias de la CTEP, tendrá un costo fiscal estimado de 30 mil millones de pesos. Otro motivo de escándalo para los que critican el supuesto “gradualismo” del ajuste de Macri. Cada vez son más –dentro de este núcleo recalcitrante de los exponentes de un ultraortodoxo liberalismo económico– los que lo acusan de “populismo”, el fenómeno maldito que Cambiemos había prometido erradicar de la política argentina, al menos por lo que durara el mandato de Macri.

  • Los que esperaban un sendero de rápida reducción del déficit fiscal, observan que en lo que va del año el gasto creció 32,2 % y los ingresos 25,9 %, con lo cual el déficit primario lo hizo 69 %. En octubre el gasto primario creció nada menos de que 51 %, y el déficit se disparó 183 %.

Reputados economistas que sintonizan con las inquietudes de diversos sectores de las finanzas o del empresariado han verbalizado estas inquietudes. Guillermo Calvo afirmó que le preocupa “ver que algunos personajes importantes de la oposición parecen querer aprovechar esta coyuntura proponiendo planes populistas que empeoran el déficit fiscal o lo financian con impuestos retroactivos. Esto último vuelve más difícil la llegada de nuevas inversiones”. Jose María Fanelli sostuvo: “si el desequilibrio de las cuentas públicas es de siete puntos del producto, ¿qué piensan los inversores que hará el Gobierno en los próximos 3 o 4 años? Como la Argentina no se puede endeudar hasta siempre, el país tendrá que subir la presión tributaria de alguna manera. No sé cómo, pero de una u otra forma cobrará más porque alguien tendrá que pagar este mayor déficit. Eso retiene las expectativas y demora la inversión”. Fanelli también opina que “no se ajustaron los precios relativos porque no se corrigió las tarifas todo lo que había que corregir y no se ajustó el tipo de cambio todo lo que había que hacerlo”. La devaluación y los tarifazos se quedaron a mitad de camino. Una lectura en ciertos aspectos similar a la sugerida por el asesor estrella de Massa, Roberto Lavagna.

Quien también reclamó en primera persona por los impuestos fue Eduardo Eurnekián: “lo único de lo que se habla es cómo aumentar impuestos, cómo cambiarlos. Decime en que sociedad del mundo ante esas circunstancias vos vas a invertir. Es una sociedad en donde no sabés ni el impuesto que te ponen, ni el que sacan, ni que hacen. Acá los impuestos se ponen por única vez y siguen durando”. Cosa curiosa: Eurnekián reclama por los impuestos “excesivos” cuando los más ricos de la argentina –entre los que está fuera de duda que se encuentra este exitoso empresario– pagan por Ganancias un monto que equivale a apenas el 17 % de sus réditos anuales. La mitad de la presunta tasa máxima.

Muchas de las críticas pasan por alto, de todos modos, que el gobierno con esto compra paz social a precio de “limosna”, como varios dirigentes sociales señalaron cuestionando a quienes negociaron el paquete con el gobierno a cambio de abandonar cualquier medida de lucha. Lo mismo cabe al módico bono de fin de año y el –ya incumplido– compromiso empresario de no despedir, a cambio de los cual las CGT renunciaron a cualquier medida de fuerza. Mientras tanto, Macri avanza con el plan de modificación del régimen de ART, sigue pregonando la necesidad de convenios laborales “del siglo XXI” –ultraflexibles y atados a la productividad– y busca destrabar la prueba piloto en ese camino, que es elacuerdo petrolero. Convenio que se va a renegociar con los despidos de YPF en Neuquén como ariete para arrancar más concesiones al gremio.

Después de haber iniciado un shock, el gobierno pegó un giro ante la resistencia que generaban algunas de sus medidas, y también como respuesta al impacto económico que estas generaron, que no fue compensando con la prometida llegada de las inversiones. El riesgo, en la mirada de Nicolás Dujovne, otro de los impulsores de una línea menos gradualista –que pide ritmo más rápido de recorte fiscal y menos deuda–, “es quedarse a mitad de camino entre ofrecer una macroeconomía ordenada que baje la inflación y atraiga inversiones y otra que curaba todo con estímulos artificiales al consumo”. Y no convencer ni al inversor –que Macri como ha dicho Carlos Pagni aspiraba a poner en el centro de la escena–, ni al resto. El massismo y las distintas vertientes del peronismo golpean sobre estas debilidades del gobierno y hacer circular proyectos más drásticos para recortar el impuesto a las Ganancias a los asalariados y otras medidas similares, pero siguen prestando gobernabilidad y comparten con matices la hoja de ruta de Cambiemos, que apenas suspende el “sinceramiento” iniciado en diciembre de 2015 hasta octubre próximo, para retomarlo con furia si el resultado electoral se los permite.

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Irregularidades en el pago a los buitres

Federico Delgado 26.11.2016.
El fiscal federal Delgado presentó el dictamen penal sobre la irregularidades y los delitos cometidos en el pago a los buitres por 12.500 millones de dólares.  

 

Irregularidades en el pago a los buitres

Entrevista AL DORSO (26.11.2016)

«Heráclito decía que nadie se puede bañar dos veces en el mismo río, porque el cambio es constante y el ser mutable. Sin embargo, como venimos sosteniendo desde que se inició esta causa, los hechos en que se objetiva la deuda externa no son compartimentos estancos (…) no sólo porque los actores se repiten, sino porque los efectos siguen su curso».

Así comienza el revelador dictamen del fiscal federal Federico Delgado sobre las irregularidades en el pago a los fondos buitre que ordenó el gobierno de Mauricio Macri.

El documento de 28 carillas al que accedió en exclusiva ámbito.com detalla las faltas legales, las omisiones procedimentales y los antecedentes económicos que llevaron al fiscal a recomendar la unificación de la denuncia presentada por el abogado Eduardo Barcesat contra el millonario desembolso a los holdouts (N° 2.752/16) con la megacausa Olmos I y II (N° 9.147/98), que investiga el origen fraudulento del endeudamiento externo de la Argentina desde 1976 hasta los canjes de 2005 y 2010.

Según Delgado, el endeudamiento por u$s 16.500 millones que encaró la administración de Cambiemos para luego cancelar en efectivo u$s 12.500 millones a los bonistas en default fue el broche de oro de una gigantesca estafa al Estado nacional, que le da la razón a Parménides, el filósofo griego que refutó a Heráclito y planteó que «Todo Es Uno». 

Para el fiscal, la defraudación contra la administración pública con los ciclos de endeudamientos comenzó con la dictadura cívico militar y continuó en democracia hasta el 31 de marzo de 2016, cuando el Congreso sancionó la ley 27.249, conocida como de «Normalización de la Deuda Pública y de Recuperación del Crédito».

El dictamen se divide en tres tramos: el análisis legal del pago a los buitres; su dimensión económica y las consecuencias del Megacanje II.

En la primera parte describió cronológicamente la reestructuración de la deuda, desmenuzó las sentencias del juez Thomas Griesa y llegó hasta la aprobación de la 27.249, que junto a la ley 24.156de Administración Financiera, crearon el marco legal para abonar cash a los litigantes.

Tras remarcar la opinión no vinculante a favor del pago emitida por la Procuración del Tesoro, Delgado incorporó un informe de los peritos del Banco Central Omar Miliano y Alicia Galófaro que deja al descubierto algunas falencias jurídicas.

• Los peritos no pudieron asegurar si con el pago a los fondos buitre se había mejorado o no el perfil del endeudamiento público (tal como lo dispone el artículo 65 de la ley de administración financiera).

• No se cumplió con el artículo 61 de la misma ley, ya que el informe que hizo el Director de Cuentas Internacionales de INDEC (Pedro Ignacio Lines) no estimó el cálculo de la balanza de pagos general.

En rigor, el artículo 61 establece que sea el Banco Central quien emita opinión sobre impacto en la balanza, pero en la entidad de Federico Sturzenegger se lavaron la manos. La subgerente de Normas de Exterior y Cambios del BCRA, Eva Cattáneo Tibis, dijo que antes de contraer deuda pública externa la opinión del Central solo «cubre aspectos formales» y que los números finales quedan en manos de la dirección de la oficina que ocupa Lines, en el INDEC.

Lines fue citado a declaración testimonial y también se justificó. Luego, presentó un informe donde expuso una «estimación provisoria del stock de deuda a junio de 2016 ya que, no han concluido las tareas de revisión de la deuda que no había ingresado en los canjes de 2005 y 2010» y estimó que la deuda pública externa alcanzó u$s 188.266 millones, aunque remarca que esa «cifra es provisoria ya que aún se encuentra en proceso el registro de las bajas derivadas de la reestructuración y renegociación de la misma». 

Con esa información, los peritos Miliano y Galófaro determinaron que no se cumplió con los artículos 61 y 65 de la ley 24.156 y que «no existe parámetro válido de comparación del pago al contado de u$s 12.500 millones» porque «continúan en etapa de adhesiones», ni se conoce un «detalle completo» de las emisiones de bonos originales, ni el «cálculo de ajuste» previsto a pagar a cada holdout. Es más, alertaron que «en algunos casos ni siquiera existieron resoluciones judiciales que pusieran fin al pleito». 
Objeciones

  1. Acuerdo con Stock

Delgado identificó otras dos fallas legales en el pago. La primera tiene que ver con la firma del Acuerdo 1 entre el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y Nicola Stock, de la Task Force Argentina (TFA), que sepultó un avanzado litigio con bonistas italianos en el CIADI a cambio de un pago que los peritos del Central también pusieron bajo sospecha. «La identidad y titularidad de los demandantes es desconocida, lo cual impide conocer si son quienes en realidad impulsan el arbitraje» en el CIADI.

  1. Incumplimiento del fallo de la CSJN “Claren Corporation”

La otra irregularidad jurídica involucra a un fallo de la Corte Suprema de la Nación. Ante del pago a los buitres, el máximo tribunal sentó jurisprudencia con un rotundo rechazo a una sentencia de Griesa en Nueva York, que ordenó pagar bonos en default de 1997 a la empresa Claren Corporation. Según Delgado, este sería un precedente que Macri y Prat Gay omitieron a la hora de definir los acuerdos. «Convalidar una acción individual promovida en un tribunal extranjero elude el proceso de reestructuración de la deuda dispuesto por el Estado argentino mediante las normas de emergencia dictadas por las autoridades competentes de acuerdo a lo establecido por la Constitución», sentenció la Corte al rechazar un exequátur. El exequátur es un procedimiento jurídico internacional por el cual un Estado solicita a otro Estado la ejecución de un fallo.

• Dimensión económica

En la dimensión económica el fiscal confronta un documento del Ministerio de Hacienda sobre los«beneficios» que se obtuvieron para el país tras los 257 acuerdos sellados con los buitres con las evaluaciones de los dos peritos contadores.

Para Prat Gay se produjo un «beneficio financiero extraordinario» por el pago en efectivo; además de financiar a la cancelación del default, se cubrieron otras «necesidades financieras» para el resto del año; se «redujeron las tasas de interés»; se «recompusieron» las reservas; se «interrumpió el devengamiento de intereses punitorios», y se logró «transparencia del proceso», con la firma de entendimientos públicos y no confidenciales.

Sin embargo, para Miliano y Galófaro el «acuerdo no fue tan beneficioso» como estima el ministro:

• No se elaboraron informes por parte de áreas técnicas de organismos estatales que sustenten los montos demandos.

• Hubo acuerdo firmados a mano alzada.

• No se individualizaron los títulos incorporados (no se puede determinar «rango» del importe a pagar).

• En la mayoría se acuerda pagar más de lo acordado en las sentencias.

Una mención aparte de los especialistas mereció el Acuerdo 15, que se firmó con el fondo NML Capital, de Paul Singer. «Preocupa a estos peritos la falta de detalle de los bonos incorporados», escribieron Miliano y Galófaro. «La Oficina Nacional de Crédito Público no acompaña ningún otro elemento de juicio que permita tener conocimiento de la composición y control de los reclamos de estos acreedores. Los diputados y senadores no contaban con la suficiente información que les otorga sustentabilidad de los pagos a efectuar», agregaron.

La ley 27.249 que autorizó el pago se aprobó con 165 votos afirmativos y 86 negativos en Diputados y con 54 afirmativos y 16 negativos en el Senado. NML Capital y los buitres Aurelius Capital Master Ltd. y Parteners LLC, Blue Angel Capital LLC y Olifant Fund Ltd, entre otros, recibieron u$s 4.672 millones.

Al analizar esos desembolsos, los peritos también aseguraron que «no hay documental que avale qué títulos se abonaron»; en el Congreso se planteó un «monto previamente determinado en cada convenio cuyo origen y determinación técnica no ha sido aportada»; la Dirección Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales admitió que «no prestó asesoramiento jurídico», y la Oficina Nacional de Crédito Público aportó «únicamente un detalle global» de los montos de los reclamos. 

Asimismo, sostuvieron que «no se cuenta en todos los casos con el detalle de los bonos que conforman la negociación y en ningún caso cuál ha sido el instrumento que dio origen a la presentación ante cada juzgado»; que «no hay precisión a cuanto alcanzó la quita en los intereses», y que se desconoce a «cuánto ascienden los honorarios de los abogados».

• Megacanje II

Pero tras el intercambio de Letras del Tesoro Nacional Intransferibles por una nueva emisión de BONAR, los expertos se preguntan: «¿Cómo se explica el canje de letras de enero de 2016 vía nuevo endeudamiento a un costo mayor? Hay que observar el destino de los bonos emitidos en el canje, que fueron cedidos a bancos extranjeros como garantías para la obtención de fondos externos (con el fin de otorgar la liquidez necesaria y dar estabilidad para poder afrontar las modificaciones realizadas en materia cambiaria y fiscal, entre ellas el levantamiento de las medidas de restricción de compra de divisas -cepo cambiario-)».

Las supuestas fallas legales y las irregularidades detectadas por los peritos en el proceso de endeudamiento impulsaron a Delgado a solicitar que la denuncia de Barcesat se acumule en la causa iniciada por Alejandro Olmos Gaona, que sigue arrumbada en el juzgado federal N° 2, y a pedir la declaración indagatoria de Pedro Lines y Eva Cattáneo Tibis por incumplimiento de deberes de funcionario público y defraudación por administración fraudulenta.

«En la causa 9.147/98 se investiga la deuda externa del sector privado contraída en la última dictadura militar y refinanciada en el período democrático, incorporando la ‘segunda oleada de endeudamiento’ acaecida durante el gobierno de Carlos Menem», explicó el fiscal.

Y continuó: «Esa causa también engloba el diseño, instrumentación y ejecución del denominado Plan Brady, y las renegociaciones posteriores, llegando incluso hasta los procesos de canje de deuda de 2005 y 2010. Entonces, dado que aquí estamos investigando el proceso de negociación con los ‘fondos buitre’ -que son los acreedores que no ingresaron a esos canjes de deuda de 2005 y 2010- es clara la íntima vinculación entre ambas causas».

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La ética en la tecnociencia ¿avance o retroceso?

Alicia Massarini 26.11.2016.
El paradigma tecnocientífico arribó a las universidades y al mercado, y con él, los cuestionamientos a su estructura de conocimiento, donde la ética y lo social parecen quedar por fuera de la formación científica (…)

 

La ética en la tecnociencia ¿avance o retroceso?

Entrevista AL DORSO (26.11.2016)

El paradigma tecnocientífico arribó a las universidades y al mercado, y con él, los cuestionamientos a su estructura de conocimiento, donde la ética y lo social parecen quedar por fuera de la formación científica.  Entrevistamos a  Alicia Massarini, Dra. en Ciencias Biológicas (UBA) e investigadora del CONICET  sobre el «para qué» y el «para quién» de la ciencia.

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