Chacra 51: Antropoceno, fracking y la vuelta al páramo

Maristella Svampa 19.04.2019. A partir del avance del neo-extractivismo al que se ven sometidos diferentes territorios de nuestro país, Maristella Svampa analiza las modificaciones y consecuencias socioecológicas de este modelo de mal desarrollo desde la experiencia vivida en su pueblo natal, Allen, en el Alto Valle de Río Negro y que cuenta en su último libro “Chacra 51” (…)

 

Chacra 51: Antropoceno, fracking y la vuelta al páramo

Entrevista AL DORSO | Maristella Svampa (19.04.2019) 

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A partir del avance del neo-extractivismo al que se ven sometidos diferentes territorios de nuestro país, Maristella Svampa analiza las modificaciones y consecuencias socioecológicas de este modelo de mal desarrollo desde la experiencia vivida en su pueblo natal, Allen, en el Alto Valle de Río Negro y que cuenta en su último libro “Chacra 51”.

Partiendo de la situación de crisis en términos socioecológicos -como consecuencia directa de la extracción de energías no convencionales a partir de la técnica del fracking-, la socióloga, escritora e investigadora Maristella Svampa utiliza el concepto de “antropoceno” para describir y caracterizar la época actual. Este término refiere principalmente al vínculo del ser humano con el planeta tierr. Durante el holoceno implicó una estabilidad, pero en la actualidad del antropoceno los impactos humanos al planeta se sienten y traspasa un umbral que resulta irreversible para la ecología y que tienen su principal repercusión en términos climáticos.

La propuesta del capitalismo ante este contexto es tecnocrática y gira alrededor de cuatro ejes: la expansión de las energías extremas, la mercantilización de las energías renovables, una falsa salida a partir del uso de los bio-combustibles y la geo-ingeniería a través de la intervención del clima. A partir del análisis que realiza Maristella Svampa, esto significa poner a la ciencia como remedio a los desastres del capitalismo, sabiendo que tendrían además efectos colaterales.   

Ante este panorama, Maristella Svampa hace hincapié en que hace tiempo no hay discusión sobre las alternativas a este modelo que posiciona a distintos países como economías alternativas dentro de la división internacional del trabajo. Agrega además que se genera una geopolítica del antropoceno en la que los países más poderosos cumplen un rol principal, pero también entran en vinculación aquellos que se encuentran en vías de desarrollo.

Resulta de este análisis la necesidad de generar cambios en los modelos de consumo a partir de una mirada más integral en la que se tenga en cuenta la matriz de extracción y de producción que tiene consecuencias devastadoras para el planeta, pero también el modelo de consumo y de distribución. Ante esta perspectiva, la responsabilidad recae en la totalidad de los países, más allá del rol primario o secundario que ocupen.

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Venezuela: extractivismo y dialéctica de la dependencia

Horacio Machado Aráoz. «La construcción del socialismo es para nosotros razón de vida (…) No se trata sólo hoy ya de un impulso político, moral, ético, ideológico. Se trata, mucho más que eso, de salvar la vida en este planeta. Porque el modelo capitalista, el modelo desarrollista, el modelo consumista que desde el Norte han impuesto al mundo, está acabando con el planeta Tierra”.

 

Debatir Venezuela… Debatir el “ciclo progresista”

Extractivismo y dialéctica de la dependencia

Por Horacio Machado Aráoz

Rebelión

“La construcción del socialismo es para nosotros razón de vida (…) No se trata sólo hoy ya de un impulso político, moral, ético, ideológico. Se trata, mucho más que eso, de salvar la vida en este planeta. Porque el modelo capitalista, el modelo desarrollista, el modelo consumista que desde el Norte han impuesto al mundo, está acabando con el planeta Tierra”. (Comandante Hugo Chávez, cumbre contra el ALCA, Mar del Plata, Noviembre de 2005)

Para nosotros es claro que el proceso bolivariano constituye la enunciación más radical y potente del ciclo de movilizaciones y luchas populares que irrumpieronen nuestra región para fracturar lo que hasta entonces era la monolítica geografía política del neoliberalismo. Si en algunos países esas luchas fueron dinamizadas y sostenidas por movimientos sociales fuertes y arraigados, en Venezuela ese proceso hubiera sido inimaginable sin la descomunal fuerza carismática y el liderazgo disruptivo del comandante Chávez. No perdamos de vista que ese histórico proceso insurgente en Nuestra América/Abya Yala se levantó no sólo para impugnar el ‘orden’ neoliberal, sino para cuestionar y poner en crisis el propio capitalismo, como proyecto civilizatorio colonial-occidentalocéntrico, impuesto como modelo presuntamente único, universal, a seguir y alcanzar. Y -a diferencia de la suerte que estos procesos corrieron en otros países, a diferencia del resto de los gobiernos progresistas y el oficialismo de ‘izquierda’ circundante-, el movimiento bolivariano nunca olvidó ni dejó de tener como horizonte la construcción del “socialismo del siglo XXI”.

A nuestro entender, la gran osadía de Chávez (la del chavismo) fue la de haber encarnado la convicción política de la necesidad histórica de construir un horizonte social radicalmente post-capitalista, como única salida para nuestros pueblos. Volver a hablar de la revolución, en serio, en términos realistas y sin ambages, como proyecto histórico y como programa de gobierno; encima, en pleno apogeo de la era de la resignación posmoderna/neoliberal… Y, decisivamente, haber hecho de la revolución -así concebida radicalmente como un movimiento histórico de superación del capitalismo-, no una entelequia, sino un proyecto político popular, masivo, abrazado y asumido por millones de cuerpos humanos vivientes, dentro y fuera de Venezuela, y más allá de nuestro continente, una fuerza históricamente actuante en pleno siglo XXI, en eso consiste la grandeza de su figura y el carácter perenne y vigente de su legado.

Por eso mismo, el chavismo en particular, el movimiento bolivariano más abarcativamente, no pueden ser reducidos ni asimilados a lo que hoy es y representa el actual gobierno venezolano. Si bien sería inconcebible sin el liderazgo de Chávez y si bien también fue predominantemente gestado desde el Estado (lo cual forma parte de los problemas), nos parece fundamental ver y reconocerlo como un proceso histórico colectivo que ha trascendido a sus gestores y que hoy va más allá de quienes se atribuyen la responsabilidad de “dirigirlo” desde el gobierno estatal. Hablamos de un proceso y un movimiento mucho más denso y complejo que ha hecho de la construcción del socialismo del siglo XXI su horizonte de sentido histórico, su proyecto político y núcleo identitario.

Por eso mismo también, lo que está en debate en torno al “caso venezolano” excede largamente la escala espaciotemporal de los próximos años en ese país, e incluso de las próximas décadas en la región y en el mundo. En función de la increíble condensación y nucleamiento de energías revolucionarias que el proyecto bolivariano ha concitado, lo que resulte de él afectará, para bien o para mal, las posibilidades transformativas de los pueblos a nivel del sistema-mundo.Por eso será vital lo que seamos capaces de rescatar y de sostener de ese proceso.

Ahora bien, ese desafío no tiene nada que ver con “sostener a como dé lugar, el gobierno de Maduro”, sino con la necesidad de re-pensar profundamente esta experiencia yaprender de ella, para recuperar y fortalecer a futuro las capacidades colectivas de transformación radical. Inspirándonos en las potencialidades emancipatorias que ha abierto, hoy más que nunca, necesitamos hacer los aprendizajes históricos de este proceso; ser capaces de ver sus equívocos y sus puntos ciegos, para -a partir de allí- re-encauzar el rumbo de nuestras luchas y redefinir el horizonte de nuestros sueños. Porque lo que está en juego no es apenas una cuestión de “cambios de gobierno”, sino de transformación civilizatoria.

En ese sentido, como venimos insistiendo desde diversos movimientos y colectivos para quienes la aspiración de un cambio revolucionario, de un horizonte civilizatorio postcapitalista, es más que un deseo político, una necesidad histórica de supervivencia de la especie, el punto ciego determinante del proceso bolivariano -la falla insalvable del “ciclo progresista”- ha sido la cuestión del (mal llamado y peor entendido) “extractivismo” [1] .

Siembra de petróleo… Cosecha de tempestades.

“Somos una casa invadida por las termitas. Por fuera, todo se mira bien. Ahora se construye mucho, se hacen grandes carreteras con el dinero del petróleo, se hará mañana una gran ciudad, hasta cambiarán por otra a nuestra Caracas, pero la procesión va por dentro, hijo. El suelo se sostiene sobre el aire. El corazón de la tierra ha sido perforado, y a medida que sacan el petróleo, queda vacío. Se va la soberanía y con el dinero vienen los vicios…”. (Mario Briceño Iragorry, “Los Riberas”, 1957) [2]

A esta altura de los acontecimientos, ante el panorama desolador del descalabro socioeconómico y político que está viviendo la sociedad venezolana, pocas dudas caben que el error histórico del Chavismo (acá enunciado como conjunto de políticas aplicadas desde la gestión gubernamental del Estado) ha sido la continuación y profundización de esa forma extrema de los regímenes extractivistas que constituye el rentismo petrolero.

Pese al carácter históricamente extraordinario de su liderazgo, la siembra de Chávez, fue en gran medida, mal que nos pese, siembra de petróleo [3] . La revolución bolivariana ha sido inicialmente detonada como una gran siembra de petróleo y, a pesar de todas las advertencias en contra, el proceso bolivariano -en su curso fundamental- no ha logrado salirse de la inercia histórica de una sociedad una economía y una estructura de poder asentada sobre esa letal trampa. En el ejercicio del gobierno, el chavismo no ha sido capaz de modificar un ápice la matriz petro-dependiente de la economía venezolana; al contrario, a lo largo de casi dos décadas que lleva en el control del Estado, ha intensificado y profundizado a niveles insólitos la dependencia del funcionamiento general de la sociedad de las exportaciones petroleras [4] .

Por cierto, el proceso bolivariano no puede ser reducido a sólo una apropiación y redistribución estatalista de la renta petrolera. Para bien y para mal, ha sido y ha implicado mucho más que eso. Pero ha sido justamente el nervio principal del proceso, y se trata, por tanto, del problema de fondo. De un lado, la redistribución de la renta petrolera ha sido el mecanismo que en lo inmediato permitió en su momento, una tan necesaria como urgente reparación histórica de una larga cadena de privaciones, humillaciones y ultrajes acumulados en los cuerpos de los sectores populares. Ese acto de reparación dinamizó un vigoroso proceso de movilización y concientización política que, en definitiva, fue la base del poder popular y la energía revolucionaria insurgente que caracterizó al chavismo, sobre todo en su primera etapa.

Del otro lado, sin embargo, lo que debiera haber sido un punto de partida transitorio, se fue constituyendo en un factor cada vez más importante y condicionante, que terminó obnubilando el rumbo del proceso. Si bien permitió “salir de la pobreza a millones de pobres”, la fenomenal redistribución de la renta petrolera realizada por el chavismo -hasta antes de la crisis de la cotización internacional del crudo-, lejos de ir abriendo paso a las transformaciones radicales (económicas, políticas y culturales) que implicaba ir progresivamente dejando atrás una formación social capitalista-dependiente (por caso, la reapropiación colectiva de los procesos y medios de producción, cambios a nivel de las fuerzas productivas y mediaciones tecnológicas, de la orientación, el sentido y los valores sociales que regulan los procesos económicos, en fin, de cambios a nivel de las subjetividades que -como productores y consumidores- agencian la (re)producción material de la sociedad en su conjunto), fue, por el contrario, abriendo las puertas del infierno.

La pretendida “dignificación popular a través de la renta petrolera” derivó, en el seno de la revolución bolivariana, en el “renacimiento del Petro-Estado Desarrollista” (Terán Maontovani, 2014). Se terminó alentando la fantasía de la socialización del consumismo importador como presunta vía de salida de la opresión histórico-estructural. Y esa fantasía duró poco; duró lo que duraron las altas cotizaciones internacionales del crudo. Sus efectos perversos, en cambio, serían profundos y duraderos; cada vez más gravosos, hasta llegar a la actual situación de debacle y crisis terminal generalizada.

La mentada “guerra económica” a la que alude el oficialismo para explicar la actual situación de caos social y económico que se vive, no es producto de planes desestabilizadores de la derecha, ni tampoco de las impericias políticas del actual gobierno. Aunque estos factores están operando y contribuyen a agravar aún más la crisis, no son por sí mismos suficientes para dar cuenta de ella. Más allá de las maniobras conspirativas de la oligarquía interna, de la hartera injerencia norteamericana, y más allá de la corrupción, la ineficiencia que atraviesan al gobierno de Maduro, el desabastecimiento de bienes básicos, la falta de alimentos, de medicamentos y de otros productos elementales para la vida cotidiana, la generalización de la especulación, el contrabando, los mercados paralelos y la proliferación de la economía delictual, etc., son síntomas extremos de cómo en las dos últimas décadas el rentismo petrolero ha erosionado el tejido productivo interno y hasta el suelo mismo de la sociabilidad.

A esta altura de los acontecimientos, es claro que el problema no es (sólo) quién siembre, sino también cómo siembra y, fundamentalmente qué siembra. La “indigestión de divisas” como advirtiera emblemáticamente el “Padre de la OPEP”, terminó una vez más, hundiendo a la sociedad venezolana en “el excremento del diablo” (Pérez Alfonzo, 1976). Y no es sólo que, como ya fuera advertido por una gran cantidad de lúcidos economistas de la región, que la “inundación de divisas” está asociada inexorablemente a una serie de graves alteraciones monetarias y macroeconómicas (depreciación de la moneda nacional, presiones inflacionarias internas, incremento del consumo de bienes finales importados y sustitución de la producción interna vía importaciones, fuga de divisas, endeudamiento externo, incentivos a mecanismos de corrupción en el sector público y privado); lo que Alberto Acosta (2009) caracterizó como “la maldición de la abundancia”. Es, además, que esos problemas no son sólo “económicos”, sino que tienen graves y peores connotaciones o dimensiones políticas y culturales.

En el curso de la “revolución bolivariana” se fue dando una desproporción manifiesta y creciente entre el “desarrollo” (expansión del consumo interno y de la infraestructura pública bajo los patrones de consumo y usos sociales preexistentes) vía políticas redistributivas estadocéntricas y petrodependientes, respecto de las políticas de impulso de economías populares alternativas, medios de producción y emprendimientos productivos bajo el control y al servicio de la ampliación de las capacidades autonómicas de producción y satisfacción de necesidades vitales. La “economía de las grandes Misiones” no sólo le ganó por lejos a la “economía de las Comunas”, sino que terminó asfixiando y aplastando estructuralmente todo lo que de allí podría haber germinado en términos de poder económico y político popular, autogestión solidaria, concientización ecológico-política, consumo responsable, comercio justo, expansión y valorización de la economía del cuidado, igualdad de género en las condiciones de producción, en fin, soberanía alimentaria, hídrica y energética, justicia ambiental. La economía de las Comunas fue resultando un pequeño conjunto de islotes con diferentes grados de vulnerabilidad, sin capacidad real para el abastecimiento interno autonómico, en un mar de consumismo importador moldeado bajo los patrones hegemónicos de “estándares de vida” del mercado mundial.

 

Si económicamente esto gatilló un dispositivo en el que cada nueva cuota de “redistribución del ingreso” paradójicamente iba a la hoguera de las importaciones, quemando así posibilidades y capacidades productivas endógenas y, por tanto, atentando contra una sustentabilidad básica del proceso, políticamente la siembra de petróleo vía las Misiones fue erosionando desde su propia base material, el crecimiento del poder autogestionario, la soberanía económica popular, la democratización y descentralización de los procesos de toma de decisiones (económicas y políticas en general), los mecanismos de autogobierno, democracia directa y participativa. La redistribución de la renta petrolera, lejos de fortalecer el poder popular, fue un poderoso dispositivo de acentuación de la (vieja) matriz burocrática, verticalista y centralizada del Estado. En lugar de avanzar en la socialización/comunalización, la gestión/ producción de la Vida en Común fue concentrándose cada vez más en una élite (vale decir, en una minoría privilegiada; aunque se diga “revolucionaria”). Están ahí puestas las bases para la arbitrariedad, los abusos del poder y la corrupción generalizada.

Esto que fuera tempranamente advertido por diversos estudiosos del “problema venezolano” (Juan Pablo Pérez Alfonzo, Rodolfo Quinteros, Orlando Araujo, Fernando Coronil, Edgardo Lander, entre otros) volvió a resurgir como maleza en el suelo mismo de la revolución bolivariana. Como señala Terán Mantovani: “El tipo de esquema de poder asimétrico y monopolizado que conforma la estructura del Petro-Estado y la economía rentista en general, determina que los procesos políticos de distribución de la renta produzcan y reproduzcan la polarización y estratificación social, en la cual el pueblo aparece como altamente dependiente respecto de las élites políticas y económicas. Por un lado, los nuevos gestores de la ‘siembra del petróleo’ son envueltos por esta marejada de petrodólares. Se produce un ensanchamiento del Estado y de la ilusión de “desarrollo”, motorizada por la renta, lo que a su vez nos ha llevado a la formación de una nueva burguesía corporativa en el seno de la Revolución bolivariana, que mantiene una relación contradictoria con su pueblo aliado” (2014: 15).

Por fin, culturalmente, los efectos perversos de la “siembra de petróleo” sobre las subjetividades y las sociabilidades son tanto o más ruines que los ya mencionados. Como ha sido largamente señalado y a estas alturas es o debiera ser algo obvio, el consumo (bajo las pautas hegemónicas vigentes) funciona como el gran útero de gestación y reproducción de subjetividades capitalistas. Si algo define al capitalismo neoliberal es su mutación como régimen de consumo, más que de producción: estamos ante un sistema cuya dinámica funciona menos como un “modo de producción de objetos-mercancías” que como un “modo de producción de sujetos-mercantilizados/mercantilizables”. La expansión del consumismo de mercado es algo absolutamente contraindicado para impulsar, siquiera sostener, el más mínimo esfuerzo o voluntad social transformadora; es el máximo depredador de las energías revolucionarias. En el caso del proceso bolivariano, esto no fue una excepción. La siembra de petróleo infectó esferas cada vez más amplias de la vida social con la letal toxina de la mercantilización.


Extractivismo progresista, ¿post-neoliberal y anti-imperialista?

 

Para luchar contra el imperialismo es indispensable entender que no se trata de un factor externo a la sociedad nacional latinoamericana, sino por el contrario, forma el terreno en el cual esta sociedad hunde sus raíces y constituye un elemento que la permea en todos sus aspectos”. (Ruy Mauro Marini, Prefacio a la 5° edición de “Subdesarrollo y revolución”, 1974).

Lo que señalamos para el caso bolivariano -la expresión de la voluntad política más audaz y ambiciosa del último ciclo de rebeliones populares en Nuestramérica Abyayalense-, es perfectamente aplicable a todos y a cualquiera de las experiencias de los gobiernos progresistas del reciente ciclo. Las razones de la profunda crisis que hoy se cierne sobre Venezuela son en gran medida las razones del ocaso y del “fin de ciclo progresista”. Por cierto, con matices, pero sin diferencias en lo fundamental, lo dicho y analizado sobre el rentismo petrolero es válido para la soja, la pasta de celulosa, el cobre, el litio, el hierro, la palma aceitera, en fin, para cualquier commodity. El capitalismo, desde sus orígenes hasta la fecha, se ha caracterizado por sembrar en sus periferias países-commodities, economías coloniales que le abastecen los imprescindibles subsidios ecológicos que precisa para alimentar la voracidad insaciable del “molino satánico” (Polanyi, 1949) de la acumulación sin fin/como fin en sí mismo.

Estamos hablando en todos los casos de la configuración de regímenes extractivistas, de los cuales, (tratándose del excremento del diablo), el extractivismo petrolero es el peor y más extremo de los modelos. Así, el gran yerro no sólo de los conductores estatales del proceso bolivariano, sino de las experiencias de los gobiernos progresistas en general, fue haber pretendido pensar y/o construir una sociedad más justa, más igualitaria y más democrática sobre la base de la profundización del extractivismo.

Pretender “salir del neoliberalismo”, luchar contra el “imperialismo”, peor incluso, proyectar “la revolución” o impulsar un “proceso revolucionario” mediante la intensificación del extractivismo es el más absurdo oxímoron político que nos ha legado el fallido ciclo progresista en América Latina. Sencillamente, porque el extractivismo no es una característica pasajera de una economía nacional, sino que da cuenta de una función geometabólica del capital, fundamental e imprescindible para el sostenimiento continuo y sistemático de la acumulación a escala global.

“Extractivismo” no se circunscribe a las economías primario-exportadoras, sino que refiere a esa matriz de relacionamiento histórico estructural que el capitalismo como sistema-mundo ha urdido desde sus orígenes entre las economías imperiales y “sus” colonias; se trata de ese vínculo ecológico-geográfico, orgánico, que “une” asimétricamente las geografías de la pura y mera extracción/expolio, con las geografías donde se concentra la disposición y el destino final de las riquezas naturales. La apropiación desigual del mundo, la concentración del poder de control y disposición de las energías vitales, primarias (Tierra/materia) y sociales (Cuerpos/trabajo), en manos de una minoría, a costa del despojo de vastas mayorías de pueblos, culturas y clases sociales, eso es lo que el extractivismo asegura y hace posible.

En definitiva, este fenómeno da cuenta de la dimensión ecológica del imperialismo, como factor fundamental y condición de posibilidad material del sostenimiento del sistema capitalista global. La economía imperial del capital ha precisado -como condición histórico-material de posibilidad- la constitución de regímenes extractivistas para poder afianzarse y expandirse hegemónicamente como sistema-mundo. Nuestro continente “nació” (fue, en realidad, violentamente incrustado al naciente sistema-mundo) como producto de un zarpazo colonial que nos constituyó, desde fines del siglo XV hasta la fecha, como una economía minera, zona de sacrificio. Desde entonces, nuestras sociedades se con-formaron bajo el formato de regímenes extractivistas, más aún incluso, a partir de las “guerras de independencia” y la constitución de nuestros países como “estados nacionales”.

Así, el extractivismo en América Latina no significa apenas un tipo de “explotación de los recursos naturales”, sino que da cuenta de todo un patrón de poder que estructura, organiza y regula la vida social en su conjunto en torno a la apropiación y explotación oligárquica (por tanto, estructuralmente violenta) de la Naturaleza toda, (incluida, esa forma especialmente compleja y frágil de la Naturaleza que son los cuerpos humanos vivientes). El extractivismo en nuestra región es la perenne marca de origen de nuestra condición colonial, que no se ha borrado sino que se ha afianzado, durante nuestra etapa ‘post-colonial’. El extractivismo ha permeado nuestra cultura, ha moldeado nuestra institucionalidad, nuestra territorialidad e ‘idiosincrasia nacional’; ha dejado su huella indeleble en la estructura de clases, en las desigualdades racistas y sexistas; en fin, en la naturaleza de los regímenes políticos, el tipo de estructura de relaciones de poder y sus modalidades de ejercicio y reproducción. En una palabra, los regímenes extractivistas son, ni más ni menos, que la base estructural de las formaciones geo-sociales (Santos, 1996) propias del capitalismo colonial-periférico-dependiente; expresan la modalidad específica que el capitalismo adquiere en la periferia.

Por eso, en todo caso, la profundización, ampliación o intensificación del extractivismo, es la profundización, ampliación e intensificación de nuestra condición periférico-dependiente, colonial, dentro del capitalismo mundial. El extractivismo funciona como dispositivo clave de reproducción de nuestra integración subordinada al sistema-mundo; está en el meollo mismo de la dialéctica de la dependencia. Esto significa que, en nuestras sociedades, la expansión del crecimiento económico va insoslayablemente aparejado a la profundización de la dependencia y a la intensificación de los mecanismos estructurales de expropiación. La razón progresista ha sido ciega a este elemental (y viejo) problema constitutivo de nuestras formaciones sociales.

Aparentemente, a juzgar por sus políticas y por su retórica, el progresismo creyó posible “salir del neoliberalismo” y “luchar contra el imperialismo” profundizando la matriz extractivista y acelerando al extremo la exportación de materia y energía. Entendiendo el “post-neoliberalismo” como políticas de “inclusión social” (vía programas masivos de asistencia social, incremento de los presupuestos de la infraestructura y prestaciones estatales de servicios básicos, incentivos al mercado interno para dinamizar el crecimiento del consumo interno, del empleo, los salarios y la demanda agregada en general) los gobiernos progresistas materializaron el pasaje del Consenso de Washington al Consenso de Beijing o “consenso de las commodities”(Svampa, 2013). Sus políticas “revolucionarias” fueron -en el fondo- no otra cosa que un momentáneo retorno a políticas neokeynesianas. La renta extractivista que financió las “políticas de inclusión” (al consumo de mercado) operaron en realidad una nueva oleada de apropiación y despojo de tierras, agua y energía, extranjerización y re-primarización del aparato productivo, mayor penetración y concentración del poder (económico, político e institucional) en manos de grandes empresas transnacionales; en suma, expansión de las fronteras materiales y simbólicas del capital hacia cada vez más amplias y profundas esferas de la vida social. La “inclusión social” fue, de hecho, inclusión como consumidores; “tener derechos” pasó a significar -para amplias mayorías- ser beneficiario de ciertos programas sociales y tener acceso a cierta cuota de consumo en el mercado. La “redistribución del ingreso” no afectó las desigualdades sociales básicas ni alteró la estructura de clases; los gobiernos progresistas, en verdad, ni hablaron de “lucha de clases” o superación de una sociedad de clases: su objetivo manifiesto fue la “ampliación de las clases medias”. A la par del consumo social compensatorio para las anchas bases de la pirámide social, se expandió el consumo exclusivo de las élites y el consumismo mimético de las clases medias.

Por supuesto, esto no significó desmercantilizar nada, en ningún sentido, sino, al contrario, abrir paso a una inédita intensificación y ampliación de horizonte de la mercantilización, tanto a nivel de las prácticas sociales objetivadas, como a nivel de las subjetividades y sensibilidades, incluso en el imaginario social de los sectores populares. En definitiva, en este sentido fundamental, los gobiernos progresistas no marcaron una “etapa post-neoliberal”, sino que fueron la prolongación y profundización del neoliberalismo por otros medios. Todo eso, financiado por la exportación creciente de materias primas; por la profundización del extractivismo.

Así, nuestro crecimiento “a tasas chinas” fue funcional a la revitalización de la dinámica de acumulación global. Cada carga de nuestras exportaciones alimentó la locomotora capitalista mundial con gravosos subsidios ecológicos extraídos de nuestros territorios/cuerpos. Cada punto de incremento en la demanda mundial (china) de nuestras materias primas dio mayor impulso a la ola de despojo, devastación de ecosistemas y mercantilización de bienes comunes y cuerpos humanos. Cada nueva obra pública, cada incremento en la “inversión” en carreteras, hidroeléctricas, puertos, hidrovías y cuanta infraestructura pública se hizo para “mejorar la conectividad regional” y la “integración latinoamericana” significó, sí, más empleo, más consumo popular, pero también, mayor apropiación de plusvalía por parte de grandes transnacionales, aumento del poder económico y político de la clase capitalista mundial y de los segmentos de las burguesías internas; en fin, intensificación y profundización de las economías de enclave: fragmentación territorial de los ecosistemas, debilitamiento de los entramados productivos endógenos, pérdida de sustentabilidad y autonomía económica, tecnológica, financiera y, al contrario, profundización de nuestra inserción estructuralmente subordinada y dependiente.

Mientras las pudieron sostener, las políticas expansivas del ciclo progresista mejoraron, sí, a corto plazo, las condiciones inmediatas de vida de los sectores populares; eso está fuera de discusión. El punto es que esas mismas políticas intensificaron nuestra posición y condición de subalternidad en el marco de la geopolítica imperial del capital. Ese crecimiento profundizó la subsunción geometabólica de nuestros territorios/cuerpos a la trituradora del “molino satánico” global. De eso hablamos cuando hablamos del extractivismo como dispositivo clave de la dialéctica de la dependencia. Por eso mismo, el imperialismo es, principal y fundamentalmente, imperialismo ecológico: no se trata de un poder de dominación externo, sino que es intrínseco y constitutivo a nuestras formaciones sociales; está en las bases mismas de la matriz socioterritoral, la estructura de clases y de poder de las sociedades capitalistas periféricas. Los regímenes extractivistas son así, la cara interna del imperialismo (ecológico) del capital.

 

Ecologismo popular y radicalización de la praxis revolucionaria

“El cambio supone una subversión gradual de las necesidades existentes, es decir, un cambio en los mismos individuos, de manera que, en los propios individuos, su interés por la satisfacción compensatoria ceda ante las necesidades emancipatorias. (…) Evidentemente, la satisfacción de estas necesidades emancipatorias es incompatible con las sociedades establecidas de estados capitalistas y estados socialistas”. (Herbert Marcuse,1979).

Desde el punto de vista de una formación económico-social superior, la propiedad privada del planeta en manos de individuos aislados parecerá tan absurda como la propiedad privada de un hombre en manos de otro hombre. Ni siquiera toda una sociedad, una nación o, es más, todas las sociedades contemporáneas reunidas, son propietarias de la tierra. Sólo son sus poseedoras, sus usufructuarias, y deben legarla mejorada, como bonipatres familias, a las generaciones venideras”. (Karl Marx, 1867).

 

Las gravosas e insoslayables consecuencias económicas, políticas y culturales del extractivismo sobre nuestras sociedades, es lo que desde un amplio y diverso conjunto de actores (no sólo intelectuales, investigadores, sino movimientos sociales, pueblos originarios, comunidades campesinas, organizaciones sociales de base comunitaria, colectivos asamblearios nucleados en torno al ecologismo popular) hemos venido tan insistente como infructuosamente planteando al interior de estos procesos políticos en nuestra región. Nuestras luchas contra el extractivismono procuraban “hacerle el juego a la derecha”, ni erosionar la base de sustentabilidad económica y política de los gobiernos progresistas, sino al contrario. En todo caso, buscaron siempre mantener claridad en el sentido y el rumbo de la práctica revolucionaria.

El oficialismo de izquierda, en particular los “intelectuales orgánicos” que se abroquelaron acríticamente detrás de una defensa impermeable de esos gobiernos, hoy en su ocaso, desconsideraron absolutamente esas advertencias. Por negligencia o conveniencia, con soberbia y/o necedad, ignoraron sistemáticamente los planteos provenientes de los movimientos del ecologismo popular; muchas veces con mala fe, los asimilaron a los planteos del ambientalismo nórdico. Desde la oficialidad del poder, se apropiaron del nuevo lenguaje emancipatorio arduamente construido desde las luchas: el Buen Vivir o SumajKawsay, Plurinacionalidad, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes, Socialismo del Siglo XXI. Lo usaron, sin embargo, como una nueva retórica para solapar el viejo imaginario (colonial y políticamente perimido) del desarrollismo “nacional y popular”, centrado en un “Estado fuerte” que “controla al mercado” y comanda el proceso de “crecimiento con inclusión social y redistribución de la riqueza”. Lo que nació como expresión de un nuevo paradigma civilizatorio radicalmente post-capitalista, descolonial, despatriarcal y ecologista, fue sencillamente banalizado y vaciado de contenido.

Hasta hoy en día, esa izquierda oficialista sigue mostrándose completamente ciega ante el extractivismo y su dialéctica de la dependencia. No sólo no entienden la relevancia, gravedad y urgencia de la problemática ecológica, sino que tampoco entienden, al parecer, que el extractivismo no es sólo un problema regional, sino global; no es sólo “ambiental”, sino civilizatorio. Como muestra dolorosamente la coyuntura crítica de la sociedad venezolana (la de América Latina toda, pero también la dramática situación del planeta en general), el problema del extractivismo no es “sólo” la cuestión de la devastación ecológica de ciertos territorios, sino, en el fondo, la cuestión de raíz de la depredación capitalista del mundo de la vida como tal.

La lección histórica que nos deja este amargo fin de ciclo, es que, de una vez por todas, deberíamos ya definitivamente desafiliarnos de la religión colonial del “progreso”, despejar de nuestro imaginario la ilusión fetichista de que sería posible desacoplar el engranaje de la producción (capitalista de riqueza) del de la devastación (de las fuentes y formas de Vida). Pues, en plena Era del Capitaloceno, en la que nos hallamos, está a la vista que ambos mecanismos forman parte inseparable del mismo “molino satánico”. El aprendizaje histórico que deberíamos ser capaces de hacer de la frustrada experiencia del “ciclo progresista” es que el (neo)desarrollismo de ninguna manera es una alternativa válida para nuestros pueblos; lejos de ser una vía siquiera ‘transitoria’ hacia el “socialismos del Siglo XXI”, fue un atajo que nos hundió aún más en las condiciones estructurales de subalternidad y súper-explotación propias de nuestra posición colonial-periférico-dependiente dentro del capitalismo global.

No se trata de una cuestión de “reforma” o “revolución”. No es que los cambios “iban bien”, pero que faltó “seguir avanzando” en la misma dirección. Se trata de tomar nota de que la política de “crecimiento con inclusión social” no sólo no alcanza como horizonte político de cambio social revolucionario, sino que en realidad es una política completamente errada e históricamente perimida, si a lo que aspiramos es a un verdadero proceso de emancipación social. Un programa político basado en la pretensión de la satisfacción (así sea “para todos y todas”) de las necesidades existentes, es como tal un programa reaccionario, que inhibe de raíz la posibilidad de imaginar y avanzar en la dirección de los cambios que precisamos realizar. El sistema justamente nos constituye como sujetos-sujetados a su reproducción a partir de la estructuración misma de las necesidades (y la colonización de los deseos): las necesidades existentes son, en realidad, las que el sistema necesita para su reproducción; son, por tanto, un aspecto clave de lo que precisamos cambiar.

Los movimientos del ecologismo popular hemos venido señalando ese punto ciego de los gobiernos progresistas. Las políticas de “crecimiento con inclusión social” no sólo son funcionales a la reproducción del sistema, sino que además se basan en la quimérica creencia de que, dentro del capitalismo, sería posible “incluir a todos los excluidos”, o peor, de que “incluyendo a los excluidos” se va transformando el sistema… El programa de la “inclusión social” no sólo es inviable socialmente (pues el capitalismo es por definición un régimen oligárquico de apropiación y usufructo diferencial de las energías vitales, donde “la pobreza de la mayoría, a pesar de lo mucho que trabajan” sólo va a engordar “la riqueza de una minoría, riqueza que no cesa de crecer aunque haga ya muchísimo tiempo que hayan dejado de trabajar”), sino también ecológicamente: hay taxativos límites biológicos y físicos dentro del Sistema Tierra que hacen inviable un horizonte de “crecimiento infinito”.

Si a mediados del siglo XIX podría haber sido todavía comprensible, la ceguera ante la crucial cuestión ecológica de fuerzas sociales que se dicen revolucionarias, anti-capitalistas, resulta, en el siglo XXI, lisa y llanamente inadmisible. La crisis ecológica, las desigualdades e injusticias socioambientales, los impactos tóxicos y destructivos del industrialismo, el urbanocentrismo, el patrón energético moderno, la producción a gran escala y el consumismo (no sólo sobre los ecosistemas, sino sobre la condición humana), no pueden no estar en la agenda de un programa que se proponga seriamente la construcción del socialismo del siglo XXI. Como lo dijera el comandante Chávez, la construcción del socialismo es, en este siglo, “razón de vida”.

El ecologismo, así, (el ecologismo popular, que nada tiene que ver con el conservacionismo, el maltusianismo, la economía verde ni cualesquiera de las distintas expresiones del eco-capitalismo tecnocrático) lejos de constituir un programa social ‘reaccionario’ o ‘funcional a la derecha’, expresa en realidad un nuevo umbral del pensamiento crítico y las energías utópicas. La irrupción de los movimientos del ecologismo popular en la escena política del siglo XXI está dando cuenta de la necesidad de una profunda renovación y radicalización del contenido y el sentido de la práctica revolucionaria; acorde a las necesidades de nuestro tiempo. Porque en nuestro tiempo, está claro que no se trata de “incluir” sino de “transformar”.

Hay que tomar seriamente -en términos políticos y epistémicos- que estamos viviendo los momentos extremos de la Era del Capitaloceno (Altvater, 2014; Moore, 2003), una era signada por las huellas prácticamente irreversibles que la destructividad intrínseca del capitalismo ha impreso sobre la Biósfera, la Madre Tierra. Justamente por ello, el sentido de la acción política y el cambio social que como especie, como comunidad biológica, asumamos, signará decisivamente nuestras posibilidades de sobrevivencia, o no. Ese es el escenario en el que nos hallamos. No se trata de ‘catastrofismo’, sino del más crudo realismo. Como lo advierte Donna Haraway (2016), el Capitaloceno no es una “nueva” era geológica, otro horizonte espacio-temporal de larga duración; al contrario, el Capitaloceno designa un “evento límite”, es decir, un momento de la historia de la Tierra cuyos presupuestos y condiciones ecológicas y políticas lo hacen inviable: o se transforman esos presupuestos, o se extingue.

La cuestión ecológica, tal como es planteada por el ecologismo popular, es así crucial para la sobrevivencia de la especie. Por eso mismo, nos empuja a atrevernos a pensar el fin del capitalismo, a recuperar y renovar formas y modos de vida no-capitalistas. Nos incita a pensar la revolución no apenas como ‘cambio de políticas/políticas redistributivas’, ‘cambio de gobierno’ o ‘toma del Estado’, sino como un radical y profundo cambio civilizatorio. Es decir, el escenario del Capitaloceno, la posibilidad cierta de un colapso terminal de las condiciones ambientales que hacen posible la vida humana en el planeta como consecuencia de la huella ecológica provocada por el capitalismo, nos desafía a pensar el cambio revolucionario completamente en otra escala; una escala espacio-temporal mucho más amplia que la que hasta ahora se ha considerado. Necesitamos pensar la revolución como un cambio de Era Geológica. Si el Capitaloceno es un momento crítico, donde la vida (al menos en su forma humana) está expuesta a la extinción, si designa el tiempo geológico en el que el capitalismo ha trastornado hasta tal punto los flujos elementales del sistema Tierra casi al extremo de volverla in-habitable, hacer la revolución en el presente, significa realizar todas las transformaciones que sean necesarias a fin de restituir las condiciones de habitabilidad del planeta; volver a hacer de la Tierra, nuestro Oikos/Hogar, el lugar apto para la (re)producción de nuestra vida como comunidad biológica.

Si la idea de un socialismo del Siglo XXI es algo más que un mero eslogan político, y lo consideramos, en términos realistas y concretos como un nuevo horizonte político, un nuevo modo histórico de (re)producción social de la vida, y un nuevo régimen de relaciones sociales, esa noción de “socialismo del siglo XXI” nos lleva a pensar la revolución como una profunda migración civilizatoria que nos saque de la era insostenible del Capitaloceno. El ecologismo popular -los sujetos y movimientos sociales que lo encarnan- se toma seriamente este desafío; piensan/pensamos la revolución como cambio sociometabólico, como una radical transición socioecológica hacia un absolutamente nuevo modo de producción social (de la vida), que supone y requiere no apenas “oponernos al neoliberalismo” sino deconstruir de raíz las formas elementales del capital.

En este punto, hallamos la convergencia fundamental entre el chavismo y el ecologismo popular. Si algo precisamos rescatar y recuperar del movimiento bolivariano, si en algo reside su originalidad, su pertinencia histórica y su potencia revolucionaria, es en la centralidad que se le ha querido dar a las comunas como nuevas bases ecobiopolíticas y unidades de producción de la vida social. Eso que ha sido su gran aporte histórico, ha sido también -hoy lo podemos ver con claridad- su límite y su contradicción: construir el socialismo comunal ha quedado sólo como una expresión de deseos. El chavismo en el gobierno siguió el camino de la “siembra del petróleo”, en lugar del sendero alter-civilizatorio de la comunalización. Lejos de favorecer la germinación del poder popular, esa siembra de petróleo lo intoxicó y lo fue asfixiando cada vez más.

En las horas aciagas que corren, sería de gran utilidad volver y juntar fuerzas en torno a ese proyecto político que fue truncado. “Comuna o nada” es un lema que resume el legado perenne del comandante Chávez y es también un principio elemental clave para orientar el cambio revolucionario, la transición socioecológica hacia una nueva era Civilizatoria y Geológica.

Comunalizar es el verbo donde convergen el chavismo y el ecologismo popular como fuerzas sociales revolucionarias; es lo que tenemos en común, como horizonte guía y aspiración transformadora. Comunalizar es, por supuesto, des-mercantilizar, pero también des-estatalizar: el Estado no es lo opuesto del Mercado, sino la contracara jurídico-política del capital. Avanzar hacia un socialismo comunal no implica un “Estado comunal”, sino la deconstrucción radical de la lógica racional-burocrática, centralizada y vertical de ejercicio del poder y gestión de la vida colectiva. Comunalizar es democratizar y descentralizar los procesos de producción de la vida; implica sembrar poder y capacidades autogestionarias, construir autonomía social desde las bases, tanto en las esferas de la vida doméstica, como de la vida pública. Comunalizar es des-privatizar y desmercantilizar las relaciones sociales, los imaginarios, los cuerpos y los territorios. No basta con suprimir la propiedad privada de “los medios de producción”; tenemos que suprimirla de la faz de la tierra; hacer que llegue el día en el que “la propiedad privada del planeta en manos de individuos aislados” sea un absurdo inaceptable.

Así, radicalizar la revolución es comunalizar la Madre Tierra;es diseñar, construir y asumir como forma de vida, un nuevo metabolismo social que la reconozca, la considere y la trate como lo que en realidad es: base imprescindible y fuente de Vida en Común.

Producir un radical giro sociometabólico que parta del respeto y el cuidado radical de la Madre Tierra, supone salirnos de los engranajes del productivismo y el consumismo que hacen girar “el molino satánico” de la acumulación como fin-en-sí-mismo; supone también corrernos del industrialismo, del urbanocentrismo y el fetichismo tecnológico que nos hace creer que el “desarrollo de las fuerzas productivas” es una línea evolutiva universal y que para cualquier problema social y/o ecológico siempre bastará y será posible hallar una solución tecnológica. Ese cambio sociometabólico no implica “aumentar los salarios” sino des-salarizar el trabajo; no “redistribuir el ingreso”, sino redefinir radicalmente el sentido social de la riqueza, esta vez, en función de los valores de uso y de la sustentabilidad de la vida y no de la valorización abstracta y la super-producción de mercancías.

En fin, procurar ese giro sociometabólico involucra, en última instancia, des-mercantilizar las emociones, vale decir, buscar, sentir y vivir la felicidad en las relaciones, y no en las cosas. En lugar de la expansión (incluso ‘igualitaria’) de los ‘bienes de consumo’, el nuevo horizonte utópico que se vislumbra desde esta perspectiva pasa más bien por un escenario donde “el hombre socializado, los productores libremente asociados, regulen racionalmente su intercambio de materias con la naturaleza, lo pongan bajo su control común en vez de dejarse dominar por él como por un poder ciego, y lo lleven a cabo con el menor gasto posible de energías y en las condiciones más adecuadas y más dignas de su naturaleza humana” (Marx, 1981: 1045).

Claro, somos conscientes de que el giro sociometabólico del que hablamos como medio y proceso revolucionario, constituye un desafío ideológico, existencial y emocional no apenas para la derecha, sino también para amplios sectores que se consideran de “izquierda”; claramente es así para la izquierda oficialista. Todavía estos sectores siguen anclados en el socialismo (realmente in-existente) del siglo pasado: concibiendo la revolución como “desarrollo de las fuerzas productivas”, creyendo que el imperativo de la liberación pasa por “industrializarnos”, “crear puestos de trabajo”, “aumentar salarios”, construir más carreteras” y “ampliar las políticas sociales”.

Esos sectores, esa izquierda no percibe aún “los límites de la civilización industrial” (Lander, 1996); no puede ver más allá del muro mental de la colonialidad progresista. Justamente, no pueden ver que más allá de esos muros, hay mucha comunalidad viviente; personas, organizaciones, comunidades enteras que no demandan más asfalto ni quieren “progresar”, que no sueñan con “salir de shopping” ni luchan por el aumento de su “poder adquisitivo”… Sujetos colectivos que, por el contrario, se hallan movilizados por la defensa de sus territorios, congregados por los desafíos de la gestión autonómica de la vida en común, por la producción de la soberanía alimentaria, por la justicia hídrica, la democratización y sostenibilidad energética.

Esos sujetos -tenemos la esperanza y la convicción- son quienes que están conjugando en sus luchas, el verbo de la revolución, del socialismo del siglo XXI… Al comunalizar los bienes, los nutrientes y las energías, los saberes, los sabores y las semillas, estos sujetos están emprendiendo el camino de la gran migración civilizatoria que nos saque del Capitaloceno y nos lleve a la Tierra de un nuevo y auténtico Antropoceno: la Era Geológica del Hombre Nuevo.

 

Bibliografía:

Acosta, Alberto (2009). “La maldición de la abundancia”, CEP, Ed. Abya Yala, Quito.

Altvater, Elmar (2014). “El Capital y el Capitaloceno”. En “Mundo Siglo XXI”, revista del CIECAS-IPN, N° 33, Vol. IX.

Haraway, Donna (2016). “Antropoceno, Capitaloceno, Plantacionoceno, Chthuluceno: generando relaciones de parentesco”. Revista Latinoamericana de Estudios Criticos Animales, Año III, Vol. I.

Lander, Edgardo (1996). “El límite de la civilización industrial. Perspectivas latinoamericanas en torno al posdesarrollo”. FACES, Universidad Central de Venezuela, Caracas.

Marcuse, Herbert [1979] (1993). “La ecología y la crítica de la sociedad moderna”. Revista Ecología Política N° 5. Icaria, Barcelona.

Marini, Ruy Mauro (1974). “Subdesarrollo y revolución”. Ediciones Era, México.

Marx, Karl [1867] (1981). “El Capital”. Siglo XXI, México.

Moore, Jason (2003). “Capitalism as World-Ecology: Braudel and Marx onEnvironmentalHistory”. Organization&Environment 16/4 (December).

Pérez Alfonzo, Juan Pablo [1979] (2009). “Hundiéndonos en el excremento del diablo”. Fund. Editorial El perro y la rana, Caracas.

Polany, Karl [1949] (2003). “La Gran Transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo”. Fondo de Cultura Económica, México.

Santos, Milton (1996). “De la totalidad al lugar”. Tau, Barcelona.

Svmpa, Maristella (2013). “Consenso de los commodities y lenguajes de valoración en América Latina”. Revista Nueva Sociedad N° 244.

Terán Mantovani, Emiliano (2014). “La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante”. Documento de Trabajo N° 5, CELARG, Carac

 

Notas:

[1] Decimos “mal llamado y peor entendido” porque generalmente se ha empleado el concepto de extractivismo para referir a un sector, un tipo de actividades y/o una fase de los procesos económicos; a lo sumo, se lo ha usado para caracterizar a economías específicas (locales, nacionales o regionales) basadas en la sobre-explotación exportadora de materias primas. Eso es ver apenas una parte del fenómeno, lo que es lo mismo que no entender el problema como tal, que, a nuestro juicio, tiene que ver con la dinámica geometabólica del capitalismo como economía-mundo.

[2] Cita extraída de Emiliano Terán Mantovani, “La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante”. Documento de Trabajo N° 5, CELARG, Caracas: 2014.

[3] Esa expresión remite a una nota publicada por Arturo Uslar Pietri en el periódico “Ahora” en 1936 y que, desde entonces, se ha convertido en una pieza emblemática de una visión nacional-desarrollista basada en la idea de invertir la efímera renta petrolera en la gestación de otros sectores productivos más sostenibles. Un fragmento de dicha nota dice: “Urge aprovechar la riqueza transitoria de la actual economía destructiva para crear las bases sanas y amplias y coordinadas de esa futura economía progresiva que será nuestra verdadera acta de independencia. Es menester sacar la mayor renta de las minas para invertirla totalmente en ayudas, facilidades y estímulos a la agricultura, la cría y las industrias nacionales. Que en lugar de ser el petróleo una maldición que haya de convertirnos en un pueblo parásito e inútil, sea la afortunada coyuntura que permita con su súbita riqueza acelerar y fortificar la evolución productora del pueblo venezolano en condiciones excepcionales.” (Arturo Uslar Pietri, “Sembrar el petróleo”, 14 de julio de 1936). Al día de hoy, el lema de PDVSA y el título del Boletín oficial es “Siembra petrolera…. Cosechando Patria”.

[4] Las exportaciones petroleras venezolanas pasaron del 65 % en 1998 al 96 % en el año 2014.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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No a la ley de Semillas Bayer-Monsanto

Carla Poth 15.03.2019. A fines de 2018, en una sesión plenaria de la Cámara de Diputados de la Nación, se aprobó el dictamen que busca avanzar en el tratamiento de una nueva Ley de Semillas. En el primer programa de Al Dorso de este 2019 entrevistamos a la licenciada Carla Poth quien nos explicó las principales modificaciones de la ley, los beneficios para las multinacionales y los peligros de la profundización del modelo de agrotóxicos en la región (…)

 

No a la ley de Semillas Bayer-Monsanto

Entrevista a Carla Poth* (15.03.2019)

Descargar AUDIO entrevista AQUÍ  

* Licenciada en Ciencias Políticas (UBA), profesora e investigadora de la Universidad General San Martín, especializada en estudios rurales y el impacto de los agronegocios en la región.

A fines de 2018, en una sesión plenaria de la Cámara de Diputados de la Nación, se aprobó el dictamen que busca avanzar en el tratamiento de una nueva Ley de Semillas. El Ministro de Agroindustria ya manifestó que buscará aprobar la ley cuando se inicien las sesiones de este año. Los intentos por modificar esta ley no son recientes. Desde 2003 se han generado múltiples propuestas para reformarla y, desde 2012, han crecido las presiones de empresas y gobiernos para que se apruebe una nueva ley de semillas. En el primer programa de Al Dorso de este 2019 entrevistamos a la licenciada Carla Poth quien nos explicó las principales modificaciones de la ley, los beneficios para las multinacionales y los peligros de la profundización del modelo de agrotóxicos en la región.

El principal cambio es la posibilidad que se le otorgaría a semilleras como Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva, Basf -entre otras- de eliminar el llamado “derecho de uso propio”. Este derecho permite a los productores intercambiar, reproducir y reutilizar las semillas con las que ellos realizan su producción. Si la ley se aprueba, pasarán a otorgarse excepciones para algunos productores y los demás deberán pagar regalías cada vez que los agricultores quieran utilizar semillas registradas.

“Al eliminar el derecho al uso propio da un paso en la doble protección, patentar las semillas y en ese patentamiento poder cobrar regalías” afirmó Carla Poth en el aire de Al Dorso. Planteó además que otorgaría la calidad de dueño de una semilla a una empresa que la tomó y modificó genéticamente por sobre quienes trabajan con ella en la agricultura y que gracias a ese trabajo, la modificaron y mejoraron.

“Este intento de privatizar la semilla tiene una consecuencia directa que el productor la ve inmediatamente porque no va a poder acceder a la semilla que él desee si no a la que las empresas estén dispuestas a vender y al precio que las empresas estén dispuestas a venderla” aseguró Carla Poth. Por otro lado, señaló que el costo de producción para los agricultores se elevaría en gran medida a partir de ese patentamiento y que de esta forma se atentará gravemente contra la diversidad alimentaria de las poblaciones.

***
¿Qué dice el dictamen que modifica la ley de semillas y que el ejecutivo quiere imponer?

  1. Permite que se reconozca como “CREACIÓN FITOGENÉTICA u OBTENCIÓN VEGETAL” al material vegetal obtenido por descubrimiento; lo que convalida la posibilidad de apropiación de las semillas criollas y nativas. Las semillas agrícolas no puede ser “descubiertas” pues TODAS son creación colectiva de los pueblos. Cualquier semilla presentada como descubrimiento ha sido robada a alguna comunidad campesina o indígena que la desarrolló. De esta manera la Ley intenta legalizar la biopiratería, es decir, el robo de la naturaleza
  2. Refuerza el poder de policía que el Instituto Nacional de Semillas (INASE) tiene para velar por los intereses de las empresas. Ante cualquier pedido de las empresas de que se están vulnerando sus derechos de propiedad intelectual, el instituto podrá acceder a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar en que se encuentre, y disponer de la toma de muestras en cualquier etapa de la cadena de producción. Además propone una composición del INASE en la que la mayoría de sus integrantes son del sector privado. Incluso UATRE (el sindicato de los trabajadores rurales) que siempre ha defendido los intereses patronales, es un apoyo central de la política privatista de este Instituto. De esta manera, el Estado y el sector privado son socios en detrimento del derecho de uso propio de los agricultores.
  3. Para los controles, establece que el INASE será el organismo encargado de establecer los criterios sobre los que se aplicarán los derechos de propiedad intelectual. De esta manera, si el INASE, con lógica privatista, estableciera criterios amplios para la apropiación, posibilitaría que se le reclame, por ejemplo, Derechos de Propiedad Intelectual a un productor cuyo campo fue contaminado con transgénicos por el polen de otro productor. Esto ocurre en Canadá y de aprobarse esta ley, ocurrirá aquí.
  4. Cambian el Derecho de Uso Propio de los Agricultores por el Derecho de Obtentor como eje de la agricultura argentina. El proyecto explicita que el titular del derecho de una variedad protegida podrá requerir el pago correspondiente a quien reserve y utilice semilla para su uso propio en cada posterior propagación o multiplicación. Salvo, para el caso de los considerados “agricultores exceptuados”: productores de agricultura familiar inscriptos en la RENAF (Registro Nacional de la Agricultura Familiar), pueblos originarios y quienes se encuentren en los parámetros de facturación que la normativa fija para la categoría de micropyme. El proyecto NO exceptúa del pago de Derechos de Propiedad Intelectual a ningún productor que produzca materias primas o alimentos a partir del cultivo de creaciones fitogenéticas.

Por esta razón, el “uso propio” deja de ser libre y gratuito, concepción entendida como un “derecho de los agricultores” que se enmarca en tratados internacionales a los que Argentina es signataria, como la “Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales” (UPOV) en su versión de 1978 (Ley 24.376) y el “Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la alimentación y la agricultura” (TRFAA), conocido como Tratado de Semillas. Por esta razón, advertimos que la aprobación del proyecto generará una grave contradicción normativa, violando los tratados antes mencionados, con jerarquía superior en nuestra legislación.

Junto con esto, ignora abiertamente el régimen de protección, uso propio, acopio y libre circulación de las semillas nativas y criollas creado por la ley 27.118 de “Reparación histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una nueva ruralidad”, dado que promueve la apropiación de semillas por parte de las grandes corporaciones sin haber realizado un inventario previo de semillas nativas y criollas.

De esta manera, un derecho que reconoce el rol histórico que los y las productores/as han tenido en el mejoramiento de las semillas y la agricultura es vulnerado a través del establecimiento de “excepciones” que sólo se harían vigentes en caso de acreditar “pobreza”.

  1. Sólo determina que son de “orden público” algunos artículos, entre los que no se encuentra incluido el artículo 27 que determina alguna restricción a los Derechos de Obtentor. Por lo tanto, esto habilita la posibilidad de la existencia de disposiciones que avancen sobre las excepciones.
  2. El artículo 10 establece que se incorpora como parte de las “Deducciones Especiales de la Tercera Categoría” de la Ley de Impuesto a las Ganancias la posibilidad de los productores de deducir “Una vez y media (1.5) los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada”. Esto implica que el pago de la semilla fiscalizada será financiado por el Estado Argentino sumando así un eslabón más a los muchos subsidios que el Estado otorga al agronegocio.

De esta manera, esta Ley de Semillas nos hace pagar a todos por las regalías a las empresas, ya que permite a los productores descontar “una vez y media” lo que paguen por ellas, del Impuesto a las Ganancias. Esto es un subsidio estatal del orden de los 900 millones de dólares, en un contexto en que se impone el “déficit cero” y el ajuste del gobierno, y en el que una parte importante de la clase trabajadora no puede evitar el pago injusto de este impuesto.

Lo que está en juego es absolutamente vital. En los países donde las corporaciones lograron imponer sus leyes de semillas ocurre la destrucción de los suelos con la expansión de los monocultivos y las fumigaciones, la desaparición de semillas nativas y criollas, la contaminación y pérdida de la biodiversidad, el aumento de enfermedades y muertes, la persecución de agricultores/as, la criminalización de los intercambios de semillas, la destrucción de cosechas y el mayor control corporativo sobre los alimentos y sus precios, en detrimento de la inmensa mayoría de las y los agricultoras/es, y de la soberanía alimentaria de nuestro pueblo.

Los “consensos” de los poderosos del agronegocio no nos incluyen a la enorme mayoría de los/as agricultores/as y ciudadanos/as. Avanzar con el proyecto de Ley de Semillas a espaldas de todos y todas, significa una entrega de nuestros bienes naturales y una amenaza a la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo. Exigimos a legisladores y legisladoras que impidan este avance a favor de las corporaciones y a espaldas del pueblo.

 

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Narrativas de la crisis socioecológica en el Antropoceno

Maristella Svampa. Diciembre 2018. En medio de la crisis ecológica y el calentamiento global, se ha expandido el uso del concepto «Antropoceno» para caracterizar nuestra época. Al mismo tiempo, las imágenes del fin pueblan diversas advertencias, análisis y pronósticos referidos al devenir de la humanidad en un futuro más o menos próximo. En ese contexto, han emergido tres respuestas: la que pone el acento en el colapso civilizatorio, la que busca salidas capitalistas-tecnocráticas y la que impulsa diferentes formas de resistencia antisistémica (…)

Imágenes del fin
Narrativas de la crisis socioecológica en el Antropoceno

Por Maristella Svampa | Nueva Sociedad

En medio de la crisis ecológica y el calentamiento global, se ha expandido el uso del concepto «Antropoceno» para caracterizar nuestra época. Al mismo tiempo, las imágenes del fin pueblan diversas advertencias, análisis y pronósticos referidos al devenir de la humanidad en un futuro más o menos próximo. En ese contexto, han emergido tres respuestas: la que pone el acento en el colapso civilizatorio, la que busca salidas capitalistas-tecnocráticas y la que impulsa diferentes formas de resistencia antisistémica.

Al designar un nuevo tiempo en el cual el ser humano se ha convertido en una fuerza de transformación global con alcance geológico, la categoría «Antropoceno» se ha revelado central para hacer referencia a la actual crisis socioecológica. En términos de diagnóstico, el Antropoceno instala la idea de «umbral» frente a problemáticas ya evidentes como el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad1. El concepto, acuñado por el químico Paul Crutzen en 2000, pronto fue expandiéndose no solo en el campo de las ciencias de la tierra sino también en las ciencias sociales y humanas, e incluso en el campo artístico, razón por la cual devino una suerte de «categoría síntesis», esto es, un punto de convergencia de geólogos, ecólogos, climatólogos, historiadores, filósofos, artistas y críticos de arte, entre otros. Para las visiones más críticas, la evidencia de que estamos asistiendo a grandes cambios de origen antrópico o antropogénico, a escala planetaria, que ponen en peligro la vida en el planeta, se halla directamente ligada a la dinámica de acumulación del capital y a los modelos de desarrollo dominantes, cuyo carácter insustentable ya no puede ser ocultado.

Para no pocos especialistas y científicos, entre ellos el citado Crutzen, habríamos ingresado en el Antropoceno hacia 1780, esto es, en la era industrial, con la invención de la máquina de vapor y el comienzo de la era de los combustibles fósiles. Para otros, como el Anthropocene Working Group del Servicio Geológico Británicointegrado por un grupo de científicos de la Universidad de Leicester bajo la dirección de Jan Zalaslewicz, el planeta habría atravesado el umbral de una nueva era geológica hacia 1950, pues las marcas estratigráficas que determina ese cambio son los residuos radiactivos del plutonio, tras los numerosos ensayos con bombas atómicas realizados a mediados del siglo xx. Finalmente, para el historiador ecomarxista Jason Moore, habría que indagar en los orígenes del capitalismo y la expansión de las fronteras de la mercancía, en la larga Edad Media, para dar cuenta de la fase actual, que él denomina «Capitaloceno»2.

El concepto mismo de Antropoceno se instala pues en un campo de disputa, no tanto ligado al alcance de la crisis socioecológica –cuya gravedad es subrayada de manera amplia– como a la cuestión de dilucidar cuáles son las vías de la transición o los mecanismos de intervención propuestos para superar esa crisis. En razón de ello, en este artículo quisiera explorar algunas de las narrativas3 contemporáneas en torno de la crisis socioecológica: la «colapsista», la tecnocrática y la de las resistencias antisistémicas, con el objetivo de explorar sus alcances, a la vez políticos y civilizatorios. En un segundo momento, me detendré a dar cuenta de cómo, al calor de la crisis socioecológica, se ha afianzado la crítica a los paradigmas dualistas asociados a la Modernidad occidental, cuya contracara es la revalorización de los enfoques relacionales en el vínculo sociedad/naturaleza, humano/no humano.

La narrativa del colapso

Existe una profusa bibliografía acerca del colapso civilizatorio, un campo que desafortunadamente en la actualidad revela una gran potencialidad explicativa. No son pocos los especialistas que postulan que el ecocidio es la mayor amenaza que pesa sobre la sociedad mundial, incluso mayor que la hipótesis de una guerra nuclear o de una pandemia. Las narrativas del colapso constituyen un relato del fin del mundo, pero a diferencia del pasado, no se nutren de creencias religiosas sino de datos duros y finas argumentaciones que proveen las diferentes ciencias de la tierra (geofísica, paleontología, climatología, hidrografía, oceanografía, meteorología, geomorfología, biología, entre otras), a las que hay que sumar las ciencias ambientales (ecología política, economía ecológica, historia ambiental, entre otras). Son nuestras nuevas y modernas teorías sobre el fin del mundo, ahora con sustrato científico.

Para ilustrar esta visión quisiera tomar tres textos diferentes. El primero es el conocido libro de Jared Diamond, geógrafo y ambientalista de renombre internacional, quien en 2004 publicó Colapso. Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen4¿Qué es lo que hace que una determinada cultura, otrora una sociedad pujante, llegue a desaparecer? ¿Cuáles son los factores que hacen especialmente vulnerable a una sociedad?, se pregunta Diamond. Por colapso, este autor no entiende la desaparición de un día para el otro de una cultura o una determinada civilización, a la manera de las películas apocalípticas del cine hollywoodense. El colapso presupone un «drástico descenso del tamaño de la población humana y/o la complejidad política, económica y social a lo largo de un territorio considerable y durante un periodo de tiempo prolongado»5. Entre los factores que llevaron al colapso a sociedades del pasado están la deforestación, la erosión del suelo, la mala gestión del agua, la sobrepesca, la caza excesiva, la introducción de especies alógenas, el aumento de la población y el impacto humano sobre su entorno. Todos estos factores de riesgo están presentes en nuestra civilización y a ellos se suman otros agravantes, como el cambio climático y la quema de combustibles fósiles. Pero a esto hay que añadir la mayor amplitud de los impactos, esto es, la gran escala, el nivel planetario que tendría un desastre en nuestros días.

El segundo texto sobre el colapso es del notable ecologista español, ingeniero de profesión, Ramón Fernández Durán, fallecido hace unos años, quien dejó una obra inconclusa en dos tomos en la que analiza el declive y hundimiento del capitalismo global. En un texto más breve, publicado en 20116, Fernández Durán sostiene que el colapso no sería repentino, sino «un lento proceso con altibajos, pero con importantes rupturas», un largo declive de la civilización industrial que podría durar 200 o 300 años. Sus causas: los límites ecológicos del planeta y el agotamiento de recursos, muy especialmente debido a la (in)capacidad de aprovisionamiento de combustibles fósiles. El gran problema del capitalismo global es que no cuenta con un plan b energético para sustentar la actual civilización industrial. Ninguna fuente energética podrá sustituir el «tremendo vacío que dejarían las energías fósiles en su declive, debido a su intensidad energética». Nadie quedaría al margen de este declive, ni siquiera las elites, lo cual no quita que habría –inevitablemente– ganadores y perdedores. Durán tampoco descartaba que la ambición por conservar a cualquier costo la glamorosa sociedad hipertecnologizada actual pudiera llevarnos a un colapso más brusco, a una crisis sistémica sin transición posible.

El tercer texto nos sumerge en una ciencia ficción de carácter posapocalíptico, cargada de datos duros. Escrito por dos historiadores de la ciencia, Naomi Oreskes y Erik Conway, se trata de un libro publicado en 2015 bajo el título The Collapse of Western Civilization [El colapso de la civilización occidental]7. La historia nos sitúa en un tiempo lejano, en 2393, bajo la Segunda República Popular China, época en la cual un historiador de esa nacionalidad se pregunta acerca de las razones del hundimiento de la civilización occidental, conocida como la «Edad de la Penumbra», ocurrido a mediados del siglo xxi.Los tres relatos aquí evocados están recorridos por consensos básicos: el primero es que el derrumbe es leído como una reducción importante de la complejidad en diferentes planos (económico, social, político, cultural). Cuanto más compleja es una sociedad, más expuesta y vulnerable deviene; es decir, es más dependiente de esa complejidad y de los recursos (energéticos) que la mantienen en funcionamiento. Segundo tópico en común: pese a que Diamond habla de «la sociedad mundial» y Durán del «capitalismo global», ambos coinciden en que el derrumbe civilizatorio implicaría también la desaparición de valores políticos democráticos que creíamos fundamentales. Se habla así de «nuevos capitalismos regionales», fuertemente autoritarios y conflictivos entre sí, lo cual conllevaría una «refeudalización de las relaciones sociales». Oreskes y Conway llegan a una conclusión similar, agregando que la posibilidad de sobrevivir a un gran desastre aumentaría si contáramos con un régimen centralizado y un fuerte aparato estatal (al estilo de China), aun si esto implicara una pérdida inevitable de valores democráticos. Por encima de la diferencia ideológica de los autores citados, hay otros puntos en común. Por un lado, a diferencia de las anteriores culturas que colapsaron y terminaron desapareciendo, no hay dudas de que el nuestro no es un problema de carencia de información; más bien, nuestra civilización sabeconoce, está al tanto de los efectos devastadores de su acción. La consecuencia de sus actos no solo es previsible, sino que ha sido prevista8. Por otro lado, como nos dice el paciente historiador chino imaginado por Oreskes y Conway, existen también obstáculos de orden epistemológico que explicarían la caída de la sociedad del siglo xxi, entre ellos, la «convención occidental arcaica» que imponía la división y el estudio separado del mundo físico y del mundo social; en otros términos, la persistencia de una ontología dualista respecto de la relación entre sociedad y naturaleza, expresada también en el ámbito del conocimiento. La posibilidad de repensar nuestra crisis y abrirnos camino exige, por ende, un enfoque posdualista y relacional.

La narrativa capitalista-tecnocrática

No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que los resultados de las últimas cumbres climáticas son muy desalentadores y parecen formar parte de la crónica de una muerte anunciada. Así, pese a que en 2017 el Acuerdo de París fue ratificado por 171 países entre los 195 participantes, implicó un retroceso, dado que se decidió que el cumplimiento de lo pactado y la forma de implementación –reducción de emisiones de co2 a fin de no sobrepasar el aumento de la temperatura media de 2 ºC– son voluntarios y dependen de cada país. A esto hay que sumar la salida de Estados Unidos, concretada por Donald Trump, reconocido por su negacionismo climático y por su fuerte apoyo a las industrias de combustibles fósiles, lo cual tuvo también un impacto negativo en la Unión Europea.

En este escenario, de cara a la cada vez más escasa credibilidad que despiertan los acuerdos globales para controlar las emisiones de co2, el capitalismo prepara su plan b para reciclar el proyecto de modernidad capitalista sin tener que salir del capitalismo. Ese plan b se llama «geoingeniería» y está basado en el principio de que es posible superar los riesgos del calentamiento global mediante una intervención deliberada sobre el clima a escala planetaria.

La geoingeniería provoca expectativa entre quienes buscan mantener los actuales patrones de desarrollo –el sistema de producción, circulación y consumo de mercancías– y evitar tener que reducir las emisiones de co2, es decir, es un camino que avala la visión dominante del progreso y el conocimiento científico apoyada, entre otros, por sectores ligados a la industria de los combustibles fósiles. El caso es que la hipótesis de la geoingeniería comenzó a dejar el ámbito de la ciencia ficción para formar parte de una agenda pro-establishment, un proyecto de continuidad del capitalismo y sus estándares de vida para las elites de poder mundial.

Los métodos de la geoingeniería pueden clasificarse en dos grupos generales: manejo de la radiación solar y secuestro de co2. Como nos dice Jordi Brotons, biólogo ambiental y miembro de la Plataforma por la Soberanía Alimentaria de Alicante,

la geoingeniería incluye tecnologías descabelladas tales como la cobertura de grandes extensiones de desiertos con plásticos reflectantes; megaplantaciones de cultivos transgénicos con hojas reflectantes; almacenamiento de co2 comprimido en minas abandonadas y pozos petroleros; inyección de aerosoles de sulfatos (u otros materiales, como el óxido de aluminio) en la estratosfera para bloquear la luz del sol y blanqueamiento de las nubes para reflejarla; desvío de corrientes oceánicas; fertilización de los océanos con nanopartículas de hierro para incrementar el fitoplancton y, así, capturar co2; enterrar enormes cantidades de carbón vegetal para eliminar co2; etc.9

Desde 1996, las discusiones sobre estas alternativas atraviesan las diferentes cumbres climáticas y vienen suscitando críticas y resistencias sociales. No se trata solo de un cuestionamiento a la tecnocracia o a la «razón arrogante». La geoingeniería supone una manipulación que entraña grandes riesgos y no pocos efectos colaterales, que han sido expuestos en diversos informes científicos que concluyen que las nuevas tecnologías de la geoingeniería son falsas soluciones. Ya en 2007, el Grupo etc(Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración) divulgó un informe titulado «Jugando con Gaia»10, en el que denunciaba el lobby del gobierno estadounidense en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático para imponer una salida técnica, reestructurando el planeta Tierra a través de la geoingeniería. El etc sostiene que cualquier experimentación que alterase la estructura de los océanos o la estratósfera no podía realizarse sin un debate público profundo e informado sobre sus posibles consecuencias y sin autorización de la Organización de las Naciones Unidas (onu).

Entre 1993 y 2009, 11 gobiernos realizaron una docena de experimentos de geoingeniería en aguas internacionales, vertiendo partículas de hierro sobre el océano para ver si podían capturar y precipitar co2 en el suelo marino. Se vertió hierro en más de 50 km del océano y, como no hubo resultados, se aumentó la superficie experimental seis veces; hacia fines de 2009 el área «fertilizada» con hierro se extendía a 300 km2. Pero esto siguió sin dar resultados. La oposición de sectores de la sociedad civil terminó por forzar la cancelación de otros proyectos de fertilización oceánica y en 2010 condujo al establecimiento de una moratoria internacional en la Convención sobre la Diversidad Biológica de la onu y en el Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, también llamado Convenio de Londres. Esa moratoria, que rige hasta la actualidad, no fue firmada por eeuu, entre otros países11.

Sin embargo, dados los endebles acuerdos de París, la geoingeniería va ganando cada vez más terreno entre las elites políticas y científicas de los países centrales. Esta es presentada cada vez más como un medio «esencial» para lograr la meta de que la temperatura no suba más de 1,5 o 2 ºC respecto de los niveles preindustriales. Un artículo firmado por Bjørn Lomborg, promotor del llamado Consenso de Copenhague, proyecto iniciado en 2004, afirma que gastando tan solo 9.000 millones de dólares en 1.900 barcos de pulverización de agua de mar, se podría impedir el calentamiento global que se prevé para este siglo. En contraste, afirma que las promesas del Acuerdo de París costarían un billón de dólares por año y se obtendría además una reducción de emisiones de carbono mucho menor. Desde su perspectiva, los acuerdos de París son tan débiles como costosos, lo cual abre la puerta a otras oportunidades, como la geoingeniería, que son vistas como «una póliza de seguro prudente y asequible» (frase atribuida a Bill Gates)12. Pero apelar a la geoingeniería no solo no ataca las causas de fondo, sino que implicaría además ceder el control del termostato del planeta a las grandes potencias globales, que son por otra parte las más contaminantes. Quienes apuestan por esta estrategia minimizan los impactos directos reales, que pueden incluir, según la tecnología desarrollada, desde sequías intensas y prolongadas en ciertas regiones del planeta (manejo de la radiación solar), hasta la generación de zonas muertas en los océanos (fertilización marítima) o devastación de millones de hectáreas (técnica de captura y almacenamiento de las llamadas «emisiones negativas»). Asimismo, pueden producir alteraciones metereológicas: por ejemplo, una de las intervenciones sobre el clima consiste en inyectar sulfato en la estratosfera, lo cual no disminuye las concentraciones de gases de efecto invernadero sino que las pospone. Esta técnica imita las erupciones volcánicas, que reducen la temperatura mediante la liberación de sulfato, tal como fue demostrado en 1991 tras la erupción del volcán Pinatubo en Filipinas, que disparó unos 20 millones de toneladas de dióxido de azufre y produjo una disminución de la temperatura global de 0,4 ºC; sin embargo, al año siguiente decayeron las lluvias y hubo una baja afluencia de aguas. De modo que el remedio podría resultar peor que la enfermedad. Y a esto hay que agregar que, una vez iniciado el experimento de geoingeniería a gran escala, toda cancelación de este –por ejemplo, a raíz de los impactos directos que podría causar en ciertas regiones del planeta y la ola de protestas que podría desencadenar– provocaría un recalentamiento fuerte y acelerado, debido a la concentración de emisiones nuevas en la atmósfera.

En términos antropológicos, el plan b está lejos de ser un llamado a la autolimitación. Más bien, a la manera de las corrientes ligadas a la «modernización ecológica», como lo es hoy la denominada «economía verde», la geoingeniería privilegia las soluciones tecnológicas que consideran la naturaleza como un ente completamente manipulable, lo que marca una continuidad agravada respecto del paradigma moderno antropocéntrico, aun si su promesa es la supervivencia de la especie. En realidad, su aspiración es a «rehacer» la naturaleza13, adaptándola al patrón de desarrollo vigente, con un horizonte poshumano14, sea en el lenguaje de las elites o en el de los minoritarios desvaríos aceleracionistas15.

En suma, como sostiene Clive Hamilton16, la geoingeniería es uno de los grandes dilemas éticos, geopolíticos y civilizacionales a los cuales la humanidad será confrontada en la década próxima. Pero queda claro que no hinca el diente en el modelo de desarrollo vigente; supone más bien su preservación. Implica intervenciones a gran escala, experimentos altamente riesgosos cuyas consecuencias son impredecibles y que, de hacerse, requerirían de un acuerdo global; sin embargo, en la práctica también pueden ser llevados a cabo unilateralmente, lo cual está lejos de ser una fantasía si tenemos en cuenta que, además de eeuu y la ue, existen otros países que manejan ya las técnicas de geoingeniería, entre ellos Rusia y China.

Las narrativas anticapitalistas y de transición socioecológica

Narrativas en clave ambientalista existen desde hace mucho tiempo y sus tópicos son variados, pero sin duda, al calor de la crisis socioecológica y el surgimiento de resistencias locales y nuevos movimientos ecoterritoriales, estas se han ido multiplicando para adquirir un mayor espesor discursivo y simbólico en nuestras sociedades. Desde el Sur, las consecuencias de la crisis socioecológica se conectan directamente con la crítica al neoextractivismo y la visión hegemónica del desarrollo, ya que es en la periferia globalizada donde se expresa a cabalidad la mercantilización de todos los factores de producción, a través de la imposición a gran escala de modelos de desarrollo insustentables: desde el agronegocio y sus modelos alimentarios, la megaminería y la expansión de las energías extremas hasta las megarrepresas, la sobrepesca y el acaparamiento de tierras17. Asimismo, plantean el desafío de pensar alternativas al desarrollo, como ya planteara Arturo Escobar, al introducir la categoría de «posdesarrollo»18.

En coincidencia con los planteamientos de Alberto Acosta y Ulrich Brand, la transición puede ser pensada mediante dos conceptos cada vez más arraigados en el campo contestatario a escala global: posextractivismo y decrecimiento19. Desde mi perspectiva, se trata de dos conceptos-horizonte de carácter multidimensional, que comparten diferentes rasgos: por ejemplo, aportan un diagnóstico crítico sobre el capitalismo actual, no solo en términos de crisis económica y cultural, sino también desde un enfoque más global, si se entiende esta como una crisis socioecológica de alcance civilizatorio. Al mismo tiempo, ambos conceptos conectan la crítica al paradigma productivista y el perfil metabólico de nuestras sociedades (basado en la demanda cada vez mayor de materias primas y energías) con la crítica al capitalismo. Ambos ponen el acento en los límites ecológicos del planeta y enfatizan el carácter insustentable de los modelos de consumo y alimentarios, difundidos a escala global, tanto en el Norte como en el Sur. Por último, se constituyen en el punto de partida para pensar horizontes de cambio y alternativas civilizatorias, basadas en otra racionalidad ambiental, diferente de la puramente economicista, que impulsa el proceso de mercantilización de la vida en sus diferentes aspectos.

Para revertir la lógica del crecimiento infinito, es necesario explorar y avanzar hacia otras formas de organización social, basadas en la reciprocidad y la redistribución, que coloquen importantes limitaciones a la lógica de mercado. En América Latina existen numerosos aportes desde la economía social y solidaria, cuyos sujetos sociales de referencia son los sectores más excluidos (mujeres, indígenas, jóvenes, obreros, campesinos), cuyo sentido del trabajo humano es producir valores de uso o medios de vida. Existe, así, una pluralidad de experiencias de autoorganización y autogestión de los sectores populares ligadas a la agroecología y la economía social y el autocontrol del proceso de producción, de formas de trabajo no alienado, otras ligadas a la reproducción de la vida social y la creación de nuevas formas de comunidad. Incluso en un país tan «sojizado» como Argentina se han creado redes de municipios y comunidades que fomentan la agroecología, proponiendo alimentos sanos, sin agrotóxicos, con menores costos y menor rentabilidad, que emplean a más trabajadores. Va surgiendo así un nuevo entramado agroecológico, un archipiélago de experiencias que crece al margen del gran continente sojero que hoy aparece como el modelo dominante, basado en el cultivo transgénico para la exportación. En suma, desde América Latina la transición tiende a pensarse desde nuevas formas de habitar el territorio, al calor de las luchas y las resistencias sociales al neoextractivismo. Estos procesos de reterritorialización van acompañados de una narrativa político-ambiental asociada al «buen vivir» y los derechos de la naturaleza, los bienes comunes y la ética del cuidado, cuya clave es tanto la defensa de lo común como la recreación de otro vínculo con la naturaleza.

Por otro lado, en Europa, hacia 2008, reapareció la idea de «decrecimiento», que fuera lanzada hacia los años 70 por André Gorz. Lejos de la literalidad con la que algunos asocian el concepto (leído simplemente como la negación del crecimiento económico), el léxico experiencial desarrollado en Europa en las últimas décadas profundiza el diagnóstico de la crisis sistémica (los límites sociales, económicos y ambientales del crecimiento, ligados al modelo capitalista actual) y abre el imaginario de la descolonización a una nueva gramática social y política en la que se destacan diferentes propuestas y alternativas: auditoría de la deuda, desobediencia civil, renta universal ciudadana, ecocomunidades, horticultura urbana, reparto del trabajo, monedas sociales20. Por ejemplo, en el marco de la transición energética, se vienen impulsando las transition towns, un movimiento pragmático en favor de la agroecología, la permacultura, el consumo de bienes de producción local y/o colectiva, el decrecimiento y la recuperación de las habilidades para la vida y la armonía con la naturaleza. Nacido en Irlanda en 2006, este movimiento apunta a crear sociedades más austeras, sostenidas en energías limpias y renovables, y con un fuerte aumento de la eficiencia energética21.

Resulta claro que el Antropoceno como diagnóstico hipercrítico conlleva el desafío de pensar alternativas a los modelos de desarrollo dominantes, de elaborar estrategias de transición que impliquen una descolonización del imaginario social y marquen el camino hacia una sociedad poscapitalista, en una época en la cual no existen modelos macrosociales ni tampoco socialismos realmente existentes. En los diferentes foros globales que reúnen a la militancia anticapitalista, suele resaltarse la capacidad de irradiación de las experiencias locales y se subraya su carácter ejemplar en términos de otra racionalidad social y ambiental.

Desafíos del Antropoceno y enfoques relacionales

Las tres narrativas reseñadas coexisten en la actualidad. Algunos podrán decir que el «realismo capitalista»22 hará que la humanidad opte por la hipótesis tecnocrática. Es probable que así suceda, aunque habrá que adjudicar tal decisión a las elites de los países del Norte, no tanto a los países del Sur, y mucho menos a los movimientos sociales antisistémicos, hoy decididamente opuestos a lo que consideran como una «falsa solución»23. Es probable incluso que, ante el agravamiento del calentamiento global y sus consecuencias, negacionistas como Trump terminen por apoyar la geoingeniería. Sin embargo, para los proyectos altercivilizatorios, no se trata de buscar engañosos atajos a través de la solución tecnocrática, como plantean los defensores del capitalismo verde, que conciben al ser humano como un demiurgo capaz de manipular y rehacer la naturaleza. Tampoco se trata de caer rendido a los pies de las narrativas «colapsistas», pues el riesgo más evidente es quedar atrapado en una lógica paralizante que anule la capacidad de acción colectiva, tan necesaria a esta altura de la crisis civilizatoria. Sin embargo, un detalle no menor que nos advierte esa visión es la certeza de que ya hemos cruzado un umbral de riesgo y como tal, la transición, cualquiera sea, ya ha comenzado. El giro antropocénico tiene hondas repercusiones filosóficas, éticas y políticas; obliga a repensarnos como anthropos, pero también, de modo central, nos lleva a replantear el vínculo entre sociedad y naturaleza, entre humano y no humano. El Antropoceno exige pensar las consecuencias de la gran separación –le grand partage– entre orden cosmológico y orden humano, como dice el antropólogo Philippe Descola24, y nos desafía a reelaborar desde otras coordenadas la relación entre sociedad y naturaleza, entre las ciencias de la tierra y las ciencias humanas y sociales.

Hace siglos que hemos abandonado la visión organicista de la naturaleza, Gaia, Gea o Pachamama, aquella que profesaban nuestros ancestros. Somos hijos de la Modernidad o vástagos colonizados por ella; nos hemos vinculado a la naturaleza a partir de una episteme antropocéntrica y androcéntrica, cuya persistencia y repetición, lejos de conducirnos a dar una respuesta a la crisis, se ha convertido finalmente en una parte importante del problema. En esta línea, la antropología crítica de las últimas décadas ha hecho avances interesantes al recordar la existencia de otras modalidades de construcción del vínculo con la naturaleza, entre lo humano y lo no humano. Dicho de otro modo: no todas las culturas ni todos los tiempos históricos, incluso en Occidente, desarrollaron un enfoque dualista de la naturaleza, que la considera un ámbito apartado, exterior, al servicio del ser humano y su afán predatorio. La crisis civilizatoria nos obliga a abdicar del pensamiento único, para asumir la diversidad en términos no solo epistemológicos sino también ontológicos. Existen otras matrices de tipo generativo, basadas en una visión más dinámica y relacional, tal como sucede en algunas culturas orientales, donde el concepto de movimiento, de devenir, es el principio que rige el mundo y se plasma en la naturaleza, o aquellas visiones inmanentistas de los pueblos indígenas americanos que conciben al ser humano en la naturaleza, inmerso y no separado o frente a ella.

Estos enfoques relacionales, que subrayan la interdependencia de lo vivo y dan cuenta de otras formas de relacionamiento entre los seres vivos, entre humanos y no humanos, toma diversos nombres: «animismo», para el ya citado Descola; «perspectivismo amerindio», para Eduardo Viveiros de Castro, quien en su ensayo La mirada del jaguar conceptualiza el modelo local amazónico de relación con la naturaleza.

Se trata de la noción, en primer lugar, de que el mundo está poblado por muchas especies de seres (además de los humanos propiamente dichos) dotados de conciencia y de cultura y, en segundo lugar, de que cada una de esas especies se ve a sí misma y a las demás especies de un modo bastante singular: cada una se ve a sí misma como humana, viendo a las demás como no humanas, esto es, como especies de animales o de espíritus.25

En contraste con la visión moderna, el fondo común entre humanos y no humanos «no es la animalidad, sino la humanidad»26.

Por ende, la humanidad no deviene la excepción, sino la regla; cada especie se ve a sí misma como humana, por ende, como sujeto, bajo la especie de la cultura. Estas formas de relacionamiento y apropiación de la naturaleza cuestionan los dualismos constitutivos de la Modernidad. Estas «ontologías relacionales», como las denomina Escobar27 siguiendo al antropólogo Mario Blaser, tienen el territorio y sus lógicas comunales como condición de posibilidad. En diversas latitudes, dieron origen a una profusa literatura antropológica sobre el «giro ontológico»28.

Por otro lado, a la hora de repensar nuestro vínculo con la naturaleza desde una perspectiva relacional, sin duda la ética del cuidado y el ecofeminismo abren otras vías posibles. Sus aportes pueden contribuir a cuestionar la visión reduccionista basada en la idea de autonomía e individualismo. Ciertamente, la ética del cuidado coloca en el centro la noción de interdependencia, que en clave de crisis civilizatoria es leída como ecodependencia. La revalorización y universalización de la ética del cuidado, vista como una facultad relacional que el patriarcado ha esencializado (en relación con la mujer) o desconectado (en relación con el hombre), como afirma Carol Gilligan, abre a un proceso de liberación mayor, no solamente feminista, sino de toda la humanidad29.

En la actualidad, esto aparece reflejado en la acción e involucramiento cada vez mayores de las mujeres en las luchas socioambientales, en sus diferentes modalidades. Los llamados feminismos populares se abren a una dinámica que cuestiona la visión dualista; proyectan una comprensión de la realidad humana a través del reconocimiento con los otros y con la naturaleza; van tejiendo una relación diferente entre sociedad y naturaleza a través de la afirmación de la interdependencia. Asimismo, la dinámica procesual de las luchas conlleva también un cuestionamiento del patriarcado, basado en una matriz binaria y jerárquica que separa y privilegia lo masculino por sobre lo femenino. No pocas veces, detrás de la desacralización del mito del desarrollo y la construcción de una relación diferente con la naturaleza, va asomando la reivindicación de una voz libre, honesta, «una voz propia», que cuestiona el patriarcado en todas sus dimensiones y busca recolocar el cuidado en un lugar central y liberador, asociado de modo indiscutible a nuestra condición humana30.

Así, al calor de las luchas se van afirmando otros lenguajes de valoración del territorio, otros modos de construcción del vínculo con la naturaleza, otras narrativas de la Madre Tierra, que recrean un paradigma relacional basado en la reciprocidad, la complementariedad y el cuidado, que apuntan a otros modos de apropiación y diálogo de saberes; a otras formas de organización de la vida social. Estos lenguajes se nutren de diferentes matrices político-ideológicas, de perspectivas anticapitalistas, ecologistas e indianistas, feministas y antipatriarcales, que provienen del heterogéneo mundo de las clases subalternas.

En suma, el Antropoceno como paradigma hipercrítico exige repensar la crisis desde un punto de vista sistémico. Lo ambiental no puede ser reducido a una columna más en los gastos de contabilidad de una empresa en nombre de la responsabilidad social corporativa, ni tampoco a una política de modernización ecológica o la economía verde, que grosso modo apunta a la continuidad del capitalismo a través de la convergencia entre lógica de mercado y defensa de nuevas tecnologías proclamadas como «limpias». Finalmente, la actual crisis socioecológica no puede ser vista como «un aspecto» o «una dimensión más» de la agenda pública o inclusive como una dimensión más de las luchas sociales. Esta debe ser pensada desde una perspectiva inter- y transdisciplinaria, desde un discurso holístico e integral que comprenda la crisis socioecológica en términos de crisis civilizatoria y de apertura a un horizonte poscapitalista.

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DEUDA PÚBLICA, METAS DE INFLACIÓN Y SALARIOS REALES

Héctor Luis Giuliano 13.01.2018.
En el marco de su política institucional de gobernar con Deuda el gobierno Macri – desde el comienzo de su mandato presidencial – viene utilizando en la práctica la Inflación como principal variable de ajuste de los Salarios Reales de la población laboral argentina.

 

DEUDA PÚBLICA, METAS DE INFLACIÓN Y SALARIOS REALES

Por Héctor GIULIANO (13.1.2018)

En el marco de su política institucional de gobernar con Deuda el gobierno Macri – desde el comienzo de su mandato presidencial – viene utilizando en la práctica la Inflación como principal variable de ajuste de los Salarios Reales de la población laboral argentina.

Tal ajuste – que se da tanto en materia fiscal como económico-financiera y social – se instrumenta a través de una política combinada:

a) aumentos de precios superiores a los aumentos de salarios y otros ingresos fijos de la gente,

b) retraso cambiario como producto del hecho que la devaluación del Peso es menor que la Inflación, lo que provoca una valorización aparente de las remuneraciones – medidas en dólares – frente a su desvalorización real en pesos, dada la inflación existente (lo que explica la inquietud de las autoridades por reducir también los Salarios Nominales), y

c) efecto financiero del desfasaje entre las correcciones parciales de sueldos – que se realizan siempre a posteriori e implican una pérdida sistemática del poder adquisitivo en los sueldos, jubilaciones y otras pasividades – y las variaciones de la Inflación general.

Paradójicamente, es una administración de línea neoliberal como la de Macri la que usa así el denostado y regresivo Impuesto Inflacionario como forma de sostén de la recaudación fiscal, como mecanismo distorsivo en la formación de los precios relativos que motorizan la Inflación y como modo de ajuste a la baja de los sectores con ingresos fijos por fuera de las llamadas leyes de Mercado.


FRACASO DE LAS METAS DE INFLACION

La conferencia de prensa cuatripartita del 28.12 pasado – Peña, Sturzenegger, Dujovne y Caputo – ha sido, de hecho, un reconocimiento del fracaso de las Metas de Inflación de la actual administración macrista:

  1. La Inflación de 2015 habría sido del 26 %, cuando la administración kirchnerista decía que era del 12 %.
  2. La proyección presupuestaria ajustada para el 2016 – Prat Gay dixit – era del 25 % y resultó ser del 41 %.
  3. La Inflación prevista para el 2017 era del 12-17 % y resultó ser del 25 % (24.8). Y
  4. Las metas para el corriente año 2018 eran originalmente del 8-12 % (un 10 %) y ahora pasan a ser del 15 %.

Burlescamente, esta modificación sustancial a los fines de cálculo en lo tocante a Gastos, Ingresos y Resultado Fiscal del Ejercicio fue informada a la opinión pública al día siguiente de la aprobación y conversión en Ley 27.431 del Presupuesto 2018, lo que implica que – en los hechos – el Congreso le votó entonces un cheque en blanco al Ejecutivo dado que se aprobaron cifras ya inmediatamente irreales y que los verdaderos importes no se conocen en valores absolutos (irregularidad ésta que pudiera significar incluso la nulidad de  la Ley).

Estas condiciones anómalas de aprobación parlamentaria dilatan no sólo la toma de conocimiento público de la principal información sobre las Finanzas del Estado sino que además dejan abierta la puerta – que el presidente ya está utilizando en modo asiduo – de manejar provisoriamente la Hacienda Pública a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).


CAIDA DE LOS SALARIOS REALES

La administración Macri – siguiendo con ello una tradición neoliberal ya aplicada otras veces en la Argentina – es contraria a las regulaciones de precios de bienes y servicios pero simultáneamente es intervencionista (en el sentido de sus decisiones proactivas) en materia financiera (por la positiva, es decir, a favor de los negocios especulativos) y en materia laboral (por la negativa, esto es en sentido restrictivo de los aumentos salariales y previsionales).

Esto deriva en que la misma administración que permite las remarcaciones sistemáticas y discrecionales de los precios de Mercado es la que fija techos (que son precios máximos) a las negociaciones salariales y que paralelamente garantiza pisos de gran rentabilidad a los capitales financieros por medio de la fijación de altas Tasas de Interés.

Se cumple así una suerte de regla neoliberal de Mercado: liberación de precios, con apertura económica y libre movimiento de capitales financieros versus control de salarios, retraso cambiario (para garantizar los pagos de servicios de la deuda externa) y subsidio estructural al Sistema especulativo-financiero, que va en detrimento de la Inversión Directa.

La técnica de baja de los salarios reales se da por tres vías concurrentes:

  1. Por el citado punto básico de aumento de los Precios superior a los aumentos de los Ingresos Fijos.
  2. Por la falta de recupero de la Inflación pasada – que, dicho en buen romance, significa que la gente se tiene que tragar la Inflación producida – frente a compensaciones porcentuales futuras y administradas en cuotas.

Téngase presente que la fijación de una Meta Inflacionaria del 15 % para el corriente año implica que este porcentaje se usará como tope de referencia en las próximas negociaciones paritarias (entre Gobierno, Empresas y Sindicatos), en las que el gobierno aspira negociar pautas de aumentos salariales según el criterio de Inflación Futura – es decir, sin recupero alguno de la Inflación Pasada – y también sin cláusulas gatillo frente a las variaciones de precios.

  • Por el hecho que la Inflación carcome el poder adquisitivo de los Salarios día a día mientras que los aumentos de precios corren con la ventaja sustancial de sus actualizaciones cotidianas (el citado efecto financiero por desfase entre Inflación y ajustes salariales).

Peor aún, gracias a este desfasaje financiero existente entre los momentos de incidencia de la Inflación y los de las posteriores y parciales actualizaciones salariales muchas empresas quedan en condiciones de amortiguar preventivamente, con esta variante, parte de tales ajustes vía colocaciones financieras de corto plazo durante el período.

Así, el factor inflacionario que determina la pérdida del poder adquisitivo de los salarios reales es el mismo que favorece la mayor ganancia financiera de los especuladores por la vía de tasas de interés positivas, que les reditúan cada día que pasa.


ÉXITO
EN LA POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO

La contracara de la política macrista de mantener alta Inflación como forma de bajar el nivel de los salarios reales de los trabajadores y de los sectores sociales pasivos, de sobrellevar niveles indexados de recaudación fiscal (medidos en moneda constante) y de favorecer los negocios especulativo-financieros es la Política de Endeudamiento Público en que se sostiene el gobierno Macri.

En función de sus objetivos sectoriales propios y específicos – que no son coincidentes con los intereses financieros nacionales – esta política macrista sí estaría teniendo “éxito”. Nuestro país se sigue endeudando en gran escala, a ritmo acelerado y con total irresponsabilidad financiera fiscal debido a la falta de capacidad demostrada de repago de las obligaciones que se toman.

La Deuda y sus Intereses constituyen hoy el mayor rubro de aumento del Gasto Público y, como tal, el principal factor determinante del Déficit Fiscal. Y ese déficit se cubre con más Deuda. Dicha Deuda – Interna y Externa – es, a la vez, el determinante de la vuelta de la Argentina al problema de los Déficits Gemelos: Fiscal y Externo.

El problema de la Deuda Pública es un problema financiero insoluble por la falta de liquidez y solvencia fiscal para poder atender sus servicios crecientes, como no sea contrayendo permanentemente más deuda que se usa para refinanciar los vencimientos, pagar intereses (que parcialmente se capitalizan por anatocismo) y asumir Deuda Nueva adicional.

La actual administración no tiene capacidad de pago demostrada frente a los compromisos crecientes de la Deuda Pública y su programa de endeudamiento está totalmente condicionado por los grupos financieros prestamistas y tomadores de títulos, que son los que fijan en la realidad el cronograma y los montos de re-endeudamiento  del Tesoro, del Banco Central (BCRA), de las Provincias/Municipios y de los Organismos Nacionales.

Frente al problema de este costo financiero, rápidamente creciente, el gobierno Macri se encuentra cada vez más bajo mayor presión de los Acreedores directos en particular y del llamado Club de la Deuda en general (Bancos/Entidades Financieras, Consultoras, Calificadoras de Riesgo, etc.; locales y externas), entidades éstas con los que sus principales funcionarios interactúan bajo conflicto de intereses.

Esta situación se agrava con prisa y sin pausa porque hasta el último centavo de capital o principal se refinancia a su vencimiento por novaciones sistemáticas de Deuda, la cuenta de intereses a pagar aumenta más que proporcionalmente en relación al stock de la Deuda y ya un tercio de esos intereses no se abona sino que se capitaliza por anatocismo.

La presión de los acreedores y fondos de capitales especulativos aumenta y consecuentemente se le exigen a la administración Macri mayores garantías de pago y medidas adicionales de servidumbre financiera frente a un panorama objetivamente muy preocupante; y el presidente responde a través de un mayor endurecimiento de su política financiera fiscal:

  1. Aumento de las colocaciones de Deuda – en montos y frecuencias – tanto en el Mercado Local como Internacional.
  2. Mantenimiento de la Política de retraso cambiario con altas tasas de interés locales y libre movimiento de entrada y salida de capitales especulativos, para garantizar el pago de los servicios de intereses de la Deuda Externa y los niveles extra-ordinarios de ganancia en los negocios financieros por arbitraje entre Tasas de Interés y Tipos de Cambio.
  3. Baja de los Gastos Fiscales Primarios – fundamentalmente Sueldos, Jubilaciones y Asignaciones Sociales – para compensar el fuerte aumento de los Intereses a Pagar.

El uso de la Inflación en estas condiciones configura, como siempre, una forma de redistribución de los ingresos sociales; y como tal es un clásico en materia Económico-Financiera, en la Argentina y en el Mundo. Y su operatoria es bastante directa como arma de doble propósito a favor de las Empresas y del propio Estado:

  • Por el lado de las Empresas, porque les abarata el Costo Laboral compensándoles parcialmente los altos Costos Financieros, Tributarios y Logísticos.
  • Por el lado del Estado, porque la Inflación no sólo le representa más ingresos monetarios sino que simultáneamente le disminuye por licuación el monto real de los gastos por Remuneraciones a pagar. Y además, combinada con la política de ajustes de Precios y Tarifas de Servicios Públicos en curso – que se transmiten en forma violenta a la Inflación ya existente – cumple el doble propósito de aumentar los recursos fiscales por el elevado componente impositivo de las Tarifas y de disminuir los costos de Personal y Pasividades por Gasto Público Social.

Es muy probable que en este último punto resida una de las claves no declaradas de la gestión Macri, ya que el aumento de los precios que permite y provoca el propio gobierno a través de la falta de controles de precios, los fuertes incrementos tarifarios y el alto costo financiero generalizado son los principales factores que retro-alimentan el proceso inflacionario.

Y esa misma Inflación es la que sirve de excusa al BCRA para mantener altas las tasas de interés – con el argumento de la lucha anti-inflacionaria – pese a que tal aumento de las tasas se ha demostrado inoperante, después de dos largos años de persistente gestión, para reducir el aumento de los precios; y que esas elevadas tasas han resultado dañinas para el crecimiento de la actividad económica productiva mientras, en cambio, han favorecido y siguen favoreciendo los negocios récord de la especulación financiera.

En este sentido, dada la falta de coherencia en su política anti-inflacionaria y el agravamiento de la situación económico-financiera por falta de resultados prácticos, la administración Macri pareciera embarcada sólo en ganar tiempo frente al problema de la Inflación y el Crecimiento de la Economía Física o Real. De hecho, varias de las proyecciones más optimistas se han venido difiriendo (incluso a fechas posteriores a su mandato) – como el caso de la Inflación o el Crecimiento – y el gobierno sigue vendiendo expectativas a la opinión pública a falta de poder mostrar realidades.

Mientras tanto, el valor de los Salarios Reales sigue cayendo, lo mismo que las Jubilaciones y las asignaciones sociales. Este mal cuadro de situación económico-financiera del gobierno Macri, derivado de la nueva Crisis de Deuda que vive la Argentina, se viene enmascarando con la complicidad del gobierno, la oposición política y los medios de comunicación mientras la gravedad del problema crece día a día.

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Caso Maldonado: «Resulta sospechoso e incongruente el informe de la autopsia»

Al Dorso 25.11.2017. Así lo afirmó el licenciado Enrique Prueger en Al Dorso con motivo de la presentación del informe pericial sobre la autopsia practicada al cuerpo de Santiago Maldonado.   El especialista en criminalística participó en casos resonantes, entre ellos la investigación del asesinato del soldado Omar Carrasco, la masacre de Rincón Bomba y el caso Nisman (…)

 

Caso Maldonado: «Resulta sospechoso e incongruente el informe de la autopsia. No cierra por ningún lado»

Entrevista AL DORSO | Sábado 25 de Noviembre de 2017

Así lo afirmó el licenciado Enrique Prueger en Al Dorso con motivo de la presentación del informe pericial sobre la autopsia practicada al cuerpo de Santiago Maldonado. El especialista en criminalística participó en casos resonantes, entre ellos la investigación del asesinato del soldado Omar Carrasco, la masacre de Rincón Bomba y el caso Nisman. «Resulta sospechoso e incongruente que  cincuenta expertos se hayan puesto de acuerdo en una ciencia fáctica que siempre tiene distintos tipos de visiones», sostuvo Prueger.  A su vez, de manera polémica afirmó  que – en atención a los  trascendidos periodísticos del informe-  «la autopsia  es deficiente ya que no tuvo en cuenta la biodiversidad del Río Chubut en el deterioro del cuerpo.  No sé si es categórico que se murió ahogado. La data de la muerte no cierra, el cálculo matemático utilizado fue mal aplicado». 

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AL DORSO:- ¿Te sorprendió el informe final presentado por los peritos en la autopsia del cuerpo de Santiago Maldonado?

Enrique Prueger:– Sí, me sorprendió. Lo primero sospechoso e incongruente del informe es que cincuenta personas se hayan puesto de acuerdo. Estamos hablando de ciencias fácticas, y como tales, siempre se tiene distinto tipos de visiones.  Es muy sospechoso que haya un ciento por ciento de coincidencia de lo que se está diciendo, porque en esta ciencia siempre existen variables.

La otra cosa que me sorprende es que hayan ajustado la data de la muerte a fórmulas matemáticas,  porque la naturaleza y la biología no responde mecánicamente a fórmulas  matemáticas. La tablas que utilizaron con distintas fórmulas que dieron que el cuerpo estuvo como mínimo 50 días en el agua, otra 60 días,  y una última 73 días,  con solo considerar la temperatura. Aquí se olvidaron de la biodiversidad que tiene un río patagónico donde son famosos por la pesca de salmónidos, y la incidencia de ello en la degradación que genera la fauna en el río, y en consecuencia, en el cuerpo de Maldonado.

Aplicaron mal las fórmulas sin siquiera promediar. Debieran haber realizado experimentaciones en el Río Chubut para medir el nivel de degradación que posee la fauna. Pero – y siempre de acuerdo al trascendido periodístico del informe- no realizaron ninguna de las experimentaciones para darle rigor al peritaje realizado. Máxime, cuando la muerte se produjo en el marco de una represión de Gendarmería.

Por otra parte, es sospechoso que las prendas de algodón no se hayan desintegrado. Debido a su composición, un porcentaje mayoritario de algodón y uno minoritario de polyester,  debiera haber quedado las hilachas de polyester, ya que el algodón se desintegra y desaparece. Tampoco se explica cómo la piel no se desintegró pasados tantos días en el agua, cuando el informe habla de maceración, un proceso de desintegración de las grasas corporales, que se produce una vez desintegrada la piel. ¿Cómo le tomaron las huella dactilares al cadáver, si por el tiempo sumergido en el agua debiera haberse desintegrado?

El conocimiento científico no tiene prepotencia pero sí tiene la fortaleza de los argumentos. ¿Cómo explican ellos que las partes más expuestas, que por naturalidad son las que se degradan primero -cabeza y manos- sean las más conservadas cuando el torso está en una etapa de descomposición mayor?

Hay muchos interrogantes en cuanto al informe final.

AL DORSO:- Si fuera cierto que Santiago Maldonado estuvo 78 días ahogado en el lugar donde lo encontraron, el informe  pareciera no encajar con el encubrimiento del Ministerio de Seguridad, el actuar de la gendarmería, un camión con lonas mojadas, una camioneta que recorrió kilómetros de más y fueron prontamente lavadas, los audios de los gendarmes,  actas modificadas, un teléfono celular de Maldonado que se activó a varios kilómetros días después de la muerte, etc. ¿Qué ocurre con todo lo qué pasó por fuera de la autopsia?

Enrique Prueger:- Lo que mencionás se llama metaanálisis. Análisis integral de toda la información necesaria que rodea al crimen que se investiga para comprender qué ocurrió. En criminalista yo soy el creador del metaanálisis. Recién la criminalística comienza a aplicar el metaanálisis en el esclarecimiento del caso Carrasco, y no sólo en la Argentina, sino también en el mundo se utiliza esta herramienta.

No se puede esclarecer un homicidio si no se realiza un estudio integral de toda la información que está en juego. Espero que el juez no cierre la causa en estas condiciones, por el contrario, cuando se publique el informe veremos cómo profundizar en el cómo y cuándo de la muerte de Maldonado.

Hay aspectos que trascienden del informe que, por lo menos, trasuntan cierta ignorancia técnica. Insisto, no se puede aplicar la matemática para fijar la data de muerte. Si no tuvieron en cuenta la biodiversidad del río, se olvidaron de algo fundamental del análisis científico.

AL DORSO:-¿Hay posibilidad de que Santiago Maldonado no se haya ahogado?

Enrique Prueger:- También existe posibilidad de que no se haya ahogado como hipótesis de muerte. De acuerdo a lo que trascendió del informe, dice que las diatomeas están en el corazón. Se menciona la hipotermia junto con  el ahogo. Si fuera así, el agua dulce se mezcla inmediatamente con la sangre humana, y esas diatomeas llegan a través de los pulmones al corazón, y luego a la médula. Si hubieran encontrado diatomeas en la médula, entonces no queda duda, se murió ahogado. Pero – según lo trascendido- las diatomeas las encontraron el corazón. Reitero, si solo se encontraron diatomeas en el corazón,  no es categórico que se haya ahogado.

Hay muchas cosas que no cierran. La data de la muerte no cierra. Hicieron un cálculo matemático de los días en el agua, pero ni siquiera promediaron esos datos. No cierra la maceración del cuerpo con los días que supuestamente estuvo en el agua. Tampoco la incidencia de la fauna del Río Chubut para ver cómo se altera esas fórmulas matemáticas utilizadas de tablas fijas.

Tampoco me cierra cómo hicieron para que todos los especialistas intervinientes en la autopsia se pongan de acuerdo. Es muy raro.

AL DORSO:- Si estuvieras designado como perito de la querella, ¿Ahora qué? ¿Hacia dónde encaminarías la investigación?

Enrique Prueger:- Como criminalista desarrollaría la experimentación en el Río Chubut, para demostrar fácticamente ante la justicia el grado de incidencia que tiene la biodiversidad en la descomposición del cuerpo. Esa sería una. La otra es el estudio de las corrientes, porque se está hablando que estuvo 78 días en ese lugar, cuando los ríos patagónicos van variando. Ese río en particular, nace en precordillera a 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en una montaña que está hacia el este del Bolsón. Ahí nace y viene bajando intensamente por ser un río de deshielo y lluvias. Hay que estudiar todas las corrientes del río para ver donde depositan al cuerpo y analizar desde dónde lo tiraron. Todo depende del estudio hídrico, los metros cúbicos que en ese momento desplazaba el río.

AL DORSO:- Por lo que mencionás, estás convencido que Maldonado no estuvo 78 días en el lugar donde lo encontraron ¿Dónde crees que pudo estar?

Enrique Prueger:- Hay que analizar desde dónde lo podrían haber tirado. Habría que ver y analizar todo lo que te dije, y ver si lo tiraron de la costa este o en la costa oeste. Hay un montón de cosas que analizar que tiene que ver con la hidrodinámica.  Y después de eso ver de qué costa lo largaron. Las dos costas, este y oeste, están protegidas por Benetton. Y hay elementos que te indican que eso lo tenés que hacer, porque apareció una comunicación del celular de Santiago, luego de su desaparición, a 170 km de distancia; y además, videos donde se observa una camioneta de gendarmería que salió y volvió con un bulto en su caja. El famoso puente que cruza la estancia de Benetton está a 5 km del lugar.

Hay muchas cuestiones que no se resuelven de esta manera, simplemente con una persona  que se ahogó.

Nuevamente digo, que es sospechoso que tantos expertos se hayan puesto de acuerdo en la forma y en la data de muerte. El informe pericial de la autopsia no cierra. Y si fuera así, sencillamente habría que quemar los libros de criminalística.

 

2.9 K

GNL: CHORROS SIN SOCIOS, O EL GRAN SISTEMA CORRUPTIVO

Félix Herrero 04.11.2017.
El juez Claudio Bonadío ordenó la detención de Roberto Barata y solicitó el pedido de desafuero de Julio De Vido, ambos señalados por el juez como “ideólogos de la importación de gas licuado con sobreprecios”, al señalar que la estafa al Estado argentino alcanzó una cifra cercana a los 7.000 millones de dólares como suma de 8 años de importaciones (…)

 

CHORROS SIN SOCIOS, O EL GRAN SISTEMA CORRUPTIVO

Por Félix Herrero (04.11.2017)

¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un
cajón o debajo de la cama? ¿No es más bien para
colocarla sobre el candelero? Porque no hay nada
oculto que no debe ser revelado y nada secreto que no
deba manifestarse. Marcos 4,21-25

                                                                                      Cuando los empresarios asumen directamente la
conducción del Estado, la figura de la coima a veces se
vuelve simplemente irrelevante. Nadie necesitar
coimearse a sí mismo como incentivo para hacer lo
que más le conviene. Ezequiel Adamovsky (De
batir la corrupción en serio)

PRIMERA PARTE: Chorros sin socios I

Introducción

  1. Corrupción individual y corrupción sistémica
  2. La corrupción individual e institucional necesita activo y pasivo
  3. El Caso De Vido

SEGUNDA PARTE: Chorros sin socios II

  1. Los precios de la importación
  2. Quiénes venden GNL a Argentina
  3. La tasa de corrupción
  4. Las tres posiciones
  5. Resumen: la corrupción combate a todos los responsables o no combate

 

Introducción

El juez Claudio Bonadío ordenó la detención de Roberto Barata y solicitó el pedido de desafuero de Julio De Vido, ambos señalados por el juez como “ideólogos de la importación de gas licuado con sobreprecios”, al señalar que la estafa al Estado argentino alcanzó una cifra cercana a los 7.000 millones de dólares como suma de 8 años de importaciones[1]. La operatoria institucional del desvío del dinero público fue diseñado desde el sector privado, según Nicolás Gandini[2], por Roberto Dromi que fuera el perito de las privatizaciones menemistas y de sus legítimos continuadores. El juez se centró en los delincuentes pasivos y no de los activos que se beneficiaron vendiendo más caro.

En la citada edición del diario Perfil se afirma que “En la nómina de procesados (23 personas)… no figura ningún ejecutivo de las empresas privadas que vendieron el GNL a Enarsa. Es decir, a Bonadío no le pareció pertinente indagar a  ningún ejecutivo de los privados que cobraron los sobreprecios que pagó el Estado”.

Uno de los argumentos de un ex presidente de Enarsa respecto a la inocencia propia y del ex ministro De Vido consiste en afirmar que no se habría cometido delito porque el juez Claudio Bonadío no investigó ni implicó a ningún empresario petrolero responsable de las importaciones de GNL que realizara y realiza el país. Walter Fagyas, dicho ex presidente, también procesado por el juez de la servilleta, no considera la posibilidad que haya habido delito pasivo de los funcionarios estatales y delito activo de los funcionarios empresariales, más allá que los últimos sean o no perseguidos por la justicia.

  1. Corrupción individual y corrupción sistémica

Todos sabemos distinguir al carterista o al moto chorro de los delincuentes institucionales, o de un sistema económico que funciona como nido de corrupción. Parodiando al Contrato Social del ginebrino que recuerda Felipe Pigna en su reciente biografía de Mariano Moreno, refiriéndose a la tiranía, podemos decir que “será tal vez nuestra suerte mudar de corruptos, sin destruir la corrupción.”

Como todos sabemos diferenciar el consumo individual de droga o el gran negocio internacional del narcotráfico, o sea la drogadicción del narcotráfico con sus carteles mafiosos. El Código penal argentino incrementa las penas cuando se trata de bandas organizadas, pero como consecuencia de su inspiración individualista tiene más penas el funcionario público corrompido que el empresario corruptor. Así, vale como ejemplo de agravante la acción colectiva cuando en el artículo 210 del Código Penal se establece que “Será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 10 años, el que tomare parte de una asociación o banda de 3 o más personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación.”

El artículo 259 castiga más al funcionario estatal que al funcionario privado cuando dice que “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año.”

En el artículo 303 y 304 sobre los delitos contra el orden económico y financiero la pena se aumenta en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial.

En nuestro léxico común el delincuente individual o de pequeña pandilla es el chorro, pero cuando son grandes instituciones privadas como cuando se trata de las multinacionales del petróleo, según nuestro Código Penal, conformarían bandas o asociaciones delictuales. Cuando se ve solamente el  delito del funcionario, sea ministros o agente menor de la administración pública no se quiere ver el delito en forma integral.

  1. La corrupción individual e institucional necesita activo y pasivo

Se ha repetido hasta el infinito el dicho de que la corrupción es como un tango: necesita de dos bailarines. Pero cuando se pasa a los casos concretos el refrán es ignorado. Si se ve a uno solo robando puede ser una danza, clásica incluso, pero no es tango ni danza de a dos.

En la corrupción hay un delincuente activo (el que paga coima) y un delincuente pasivo (el que la recibe). No se trata de un delito de una sola parte; es muy común que por razones políticas y no necesariamente económicas la culpabilidad se centre en el delincuente pasivo, o sea el corrompido. Por razones de poder económico es también común dejar al activo de lado o en la sombra, no de la cárcel, sino de la investigación. El choreo repetido y sin que se lo termine hace que muchas personas vivan la zozobra del peligro, incluso de vida, sea callejero o casero, pero en general no pone en peligro a la Nación, ni a su forma Republicana de gobierno y de convivencia.

El delito institucional de la corrupción si las pone en riesgo de subsistencia. Por eso no entendemos que se pene más al funcionario público que al privado, ya que ambos son coparticipes en poner en peligro las instituciones sociales, ya se trate de un agente intermedio de la administración estatal o de un presidente de una petrolera, como pueden ser Shell, ExxonMobil, o Total. Ambas formas de delito económico, la estafa o choreo individual y el robo a los bienes y recursos comunes que se administra por sí o por intemediarios tienen dos responsables;  el corruptor y el corrompido.

Otras veces se considera que el dueño de la idea define ser activo o pasivo; en la referencia de esta introducción Roberto Dromi sería el activo por crear el modelo de corrupción, aunque ha sido activo por participar de una empresa que habría coimeado a funcionarios (del ministerio de la empresa Ebisa). El modo de corrupción, por ejemplo pagar más caro la obra pública, o pagarla incluso cuando no se la hace, configura la actividad o pasividad del delito porque se hace para recibir coimas de las empresas: el activo es el que paga, y pasivo el que recibe los dineros de origen común.

Hasta etimológicamente el uso de corrupción (y de corruptela) conlleva el sentido de la coparticipación. Co o cor acompaña a rupción , que es ruptura, quebranto, fractura de una norma legal o moral, o de una costumbre u orden. Que esa ruptura sea grande y abundante o pequeña y de menor importancia hace que también se clasifique en Gran Corrupción y Pequeña Corrupción. Dice el mataburro moderno que es wikipedia: La gran corrupción que genera la desconfianza en las autoridades centrales, pervierte el funcionamiento del aparato estatal y desvía recursos. Por su parte la pequeña corrupción tiene a movilizar pequeños montos de recursos eco- nómicos u otros bienes, y se ubica e el escenario procesal de atención al ciudadano.  Hay fuerte tendencia de relacionar corrupción con funcionario público, pero hay autores de la definición de la corrupción que no se quedan en el campo político solamente que dicen que la corrupción es un sustantivo femenino, que se refiere a la acción y resultado de corromper o corromperse, en enviciar, depravar, viciar, degenerar, pervertir, sobornar o cohechar. En una definición de las tantas consultables se dice que como circunstancia o eventualidad en la que los funcionarios públicos u otras autoridades con el fin de sobornar o del mal uso del poder sea público o privado.

  1. El Caso De Vido

Las implicancias de las importaciones de GNL llegan a De Vido no en el año que fuera desaforado. Ya en 2014 comenzaron las acusaciones a los funcionarios públicos sin alcanzar a los ejecutivos privados. Fueron denuncias de la ex diputada Laura Alonso, muy permisiva con las responsabilidades de Chevron en la firma y el ocultamiento del contrato secreteado que firmara con la empresa mixta YPF. También fueron denunciantes el actual senador Federico Pinedo y la actual ministra Patricia Bullrich. Todos denunciaron a los funcionarios públicos pero no a los ejecutivos privados de las compañías petroleras.

Los antecedentes económicos y políticos de las importaciones con sobre precios son de materia sistemática institucional, que no se investigan integralmente. Por ejemplo, nadie podría decir que es incoherente afirmar que la privatización produjo la falta de inversiones, y ella la necesidad de importar más que extraer o producir. El Estado productor al pasar a ser Estado concedente y regulador debe realizar estas funciones con las capacidades que tuvo cuando extraía, industrializaba y lograba superávits (de grandes utilidades sociales) que le permitía disminuir la importación de petróleo que hacía sangrar al fisco argentino hasta los ochenta. Con Gas del Estado, una de la más eficiente empresa de gas del mundo, ocurría lo mismo en la comercialización de ese hidrocarburo.

El Estado concedente debe fijar la obligación de invertir a las empresas concesionarias: esto no se hizo, y así pasamos de ser país autoabastecido a importador neto de petróleo crudo y gas natural. Pero la adicción a las ganancias mayores con menores producciones y pocas inversiones se hizo crisis, mientras se impuso un rentismo petrolero con la creación local de subsidiaje a  las grandes petroleras del mundo: el “globo criollo” para elevar el precio que reciben las petroleras por el gas natural, y el “barril criollo” que les permitió un sistema de extracción de rentas sin aumento de extracción de hidrocarburos. Este acuerdo de políticos y petroleros instituyó estos artificios criollos.  Para justificar el barril criollo primero se lo aplicó a la extracción por fracking, afirmándose que por ser más cara debía tener mejor precio: fue una gran excusa. Enseguida se extendió a todo el sector. Los beneficios, o precio del gas a las petroleras,  también se justificaron para el aumento de extracción que venía en descenso. El criterio de la simple declaración jurada de lo extraído por parte interesada quedó como otro hito criollo único en el mundo.

Inquietante combinación de políticas que terminó con resultados inimaginables en Argentina: con combustibles entre los más caros del mundo, con juicios por precios de importación de gas, con subsidios inmantenibles donde los Estados nacional y provinciales, deficitario el nacional y también la mayoría de las Provincias con petróleo que mantenían un subsidios a compañías petroleras extranjeras y superavitarias. Nada más patético: los estados deficitarios son subsidiadoras de las compañías petroleras superavitarias del mundo.

Ahora se comienza rastrear para atrás y buscar a quién culpar, pero tratando de mantener la responsabilidad en los políticos sin tocar a las empresas cómplices: ¿Por qué tan caras las importaciones de gas? ¿Por qué tan bajos los impuestos a la renta petrolera? No se trata de terminar con malhechores que aprovechan las oportunidades de delinquir, sino de eliminar los sistemas que crean una forma corrupta de producir y comercializar.

Es claro que el barril criollo y el “globo criollo” para el gas, al aumentar el precio establecido dentro del país facilitan la importación de gas, ya sea de Bolivia como se venía haciendo desde la década de los setenta, hasta la importación de GNL desde varios países del mundo pero comercializados por un conjunto no mayor de quince (petroleras y comercializadoras de hidrocarburos) que durante trece años conformaron una práctica monosópnica que favoreció los sobreprecios.

  1. Los sobreprecios de la importación

En pleno proceso electoral y de juzgamiento de algunos ex ministros, el juez Claudio Bonadío se dio a la tarea de encontrar sobreprecios en la importación de gas natural licuado. Hacia el mes de abril inició la investigación. Antes de seguir reflexionando hay que repetir que la corrupción es un delito muy difícil de comprobar, porque a diferencia de otros crímenes aquí hay asociación. En el asesinato o desaparición de personas hay un activo asesino y un pasivo asesinado o desaparecido. En la corrupción la víctima es el pueblo, que se supone es el propietario de los recursos naturales del país a través del Estado. El pacto de omestá de los ladrones es manifiesto, pero la víctima tiene pocos defensores. En el delito de corrupción hay socios que con sus silencios se resguardan entre sí.

El juez Bonadío, ante las denuncias de Pinedo, Alonso y Bullrich constituyó un grupo de peritos, dos judiciales de oficios que son sorteados, y otros cinco de parte (incluso Enarsa se hizo parte del peritaje).

Uno de los peritos, presidente del Consejo Nacional de Ingeniería Industrial hizo su dictamen, que los demás peritos no aplaudieron precisamente, pero que tiempo después conformaron un segundo peritaje donde se juzga de inocente a las prácticas importadoras, pero que tampoco son liberadas expresamente las empresas petroleras y comercializadoras que trajeron y vendieron el GNL.

Para obtener una respuesta a la razonabilidad de un precio, o de sus excesos de sobre y subvaloraciones hay dos maneras de hacerlo. El perito Ing. David Cohen, ex funcionario de YPF, utilizó la metodología de comparar los precios de las importaciones pagadas por Argentina con el precio teórico que deviene del cálculo del valor promedio del gas extraído comerciado en gasoducto en Estados Unidos (el Hub Henry), más los gastos de licuación, de puerto, fletes de transporte. La diferencia le resultaba notable: entre 2008 y 2015 sobre un total de operación de 15.316.193.280  dólares con un desvío por sobreprecios de 6.995.926.798[1] lleva a la conclusión que hubo mayúsculo desvío superior al 45%. Este es el monto que acepta no solamente Bonadío, sino también el que difunden los diarios Clarín y La Nación, y algunos periodistas televisivos como Rolando Graña. El otro método más directo consiste en un análisis de precios comprados: se cotejan los de importación que realmente pagó Argentina (dato) con algún país que tenga alguna similitud (distancias, tasas portuarias, costos de extracción, etc.) y ver el desvío comparado. El Ing. Martín Scalabrini Ortiz[2], nieto del afamado ensayista, afirma que se debió comparar con el precio de importación de GNL que hace el Japón, u otro país asiático: afirma que se debe comparar el precio que pagó Argentina con los precios que pagaron otros países. Este segundo procedimiento se basa en precios reales negociados en el mercado mundial; rechaza el análisis que se construye un precio teórico en base al gas natural en gasoducto de Estados Unidos por  no tratarse de un precio internacional y porque el gas natural de gasoducto HH de Estados Unidos no es un precio del mercado internacional[3].

Con argumentos parecidos el ex presidente de Enarsa, Walter Fagyas denunció penalmente por falso testimonio agravado contra David Cohen por la presentación de su peritaje judicial[4]. Por otra parte, Nicolás Gandini informa que al menos tres de los 25 procesados por Bonadío pidieron que se citara a declarar a los ejecutivos de las empresas[5]

 

  1. Quienes vendieron GNL a Argentina, o Siga el Baile…

Entre 2008 y 2015 se encuentran las compraventas que habrían sobreestimado el precio del GNL importado por Argentina. La investigación de Bonadío alcanza hasta el año 2015, pero no analiza el año 2016 con el cambio de gobierno y las continuidades o discontinuidades en la política energética.

En los años 2016 y 2017 era presidente y Ceo de una de las empresas vendedoras de GNL a Argentina el ahora ministro de Energía y Minería. Manifiesta incompatibilidad por intereses cruzados. Como ejecutivo de Shell estaba de un lado del mostrador vendiendo GNL, y después está del otro lado del mostrador comprando GNL. No era muy neutral la relación: casi cuarenta años como ejecutivo de la empresa vendedora y apenas dos años de ministro comprador, pero siempre accionista de la británica Shell central, ahora con única sede en La Haya.

En 2016 Enarsa contrató 79 embarques, 50 por Escobar y 29 por Bahía Blanca. Shell vendió 8 cargamentos de gas natural licuado, 4 por Escobar y 4 por Bahía, o sea que en 2016 tuvo una participación del 12,7% de los embarques.

El precio más alto de Shell alcanzó a 6,95 dólares el millón de BTU[6] (d/MMBTU) introducido por Escobar (sus precios osciló entre 5,36 y 6,95 d/MMBTU), mientras que el promedio de compra de los 79 embarques fue de 5,641 d/MMBTU.

Las empresas vendedoras en 2016, entre petroleras y comercializadoras de recursos primarios alcanzó un número total de 15 (10 por Escobar y 11 por Bahía) y son las siguientes:

Empresas Escobar Bahía Blanca Total
1. GNA 21 0 21
2. Trafigura 12 3 15
3. Shell 4 4 8
3. Gazprom 5 3 8
5. Vitol 1 6 7
6. BP 0 6 6
7. Petrobrás 5 0 5
8. Statoil 0 3 3
9. Iberdrola 1 0 1
9. Engie 1 0 1
9. Vitol 1 0 1
12. Cheniére 0 1 1
13. ENI 0 1 1
13. Koch Industries 0 1 1
13. Gunvor 0 1 1
Total 2016 50 29 79

Por su parte, en Bahía Blanca el precio más alto de Shell fue de 5,88 d/MMBTU (osciló entre 4,66 y 5,88), el más alto lo obtuvo Vitol (6,78) y el promedio de los 29 embarques fue de 5,272.

Es curioso como Shell, el año de cambio de gobierno cuando asumieron muchos Ceos de las empresas, esta petrolera baja su provisión de embarques a solo el 12,7%, que fueron contratados por el gobierno anterior. Ya se discutía la situación de los sobreprecios. Pero en este año 2017 con el ministro de Shell se acuerdan 8 embarques lo que la coloca en el en tercer lugar junto con la estatal rusa. Pero en 2017 salta a convertirse en el mayor vendedor con 22 embarques.

 

En 2017 el precio máximo de Shell fue de 6,18 d/MMBTU por Bahía Blanca (oscilando entre 5,21 y 6,18) 6,95 por Escobar. Durante este año la participación de Shell ha sido el 31,9% de los embarques superando ampliamente los embarques del año anterior.

Las operaciones, que antes Enarsa no hacía público, en 2017 fueron con mayor concentración que el año anterior, las 10 empresas siguientes:

Empresas Escobar Bahía Blanca Total
1. Shell 13 9 22
2. Trafigura 12 6 18
3. Glencore 6 3 9
4. GNA 7 0 7
5. BP 0 5 5
6. Chéniere 0 3 3
7. Petrobrás 2 0 2
8. Engie 1 0 1
8. Vitol 1 0 1
8. Gunvor 0 1 1
TOTAL 2017 42 27 69

La nacionalidad jurídica de las empresas está dispersa en 7 países, donde priman las europeas (9 empresas) y una empresa de Estados Unidos (Cheniere). Hay dos empresas de Reino Unido, Suiza y Holanda. Por ejemplo, en este año la primera empresa es la británica Shell, y le siguen las suizas Trafigura y Glencore, en cuarto lugar la española GNA seguida por la hoy BP (antes British Petroleum).

En el año 2016 Argentina se proveyó de GNL en un 29% desde Trinidad y Tabago, y por Catar (21%), Nigeria (15%), Estados Unidos (11%), Noruega (9%), El total de GNL importado en ese años fue de 182.033.382 millones de BTU.

 

  1. La tasa de corrupción

De Vido judicialmente tiene una persecución por la causa Río Turbio. En ese caso se lo investiga porque empresas de la construcción no realizaron los trabajos comprometidos pero habrían cobrado por ellos.

Sobre la tasa de corrupción, dijimos uno de los peritajes que está en la causa del juzgado, es del orden del 45%. Debemos pensar que esta tasa de robo o corrupción oscila entre 0 y 100; 0% cuando hay funcionarios honestos y ausencia de empresarios deshonestos: no hay corrupción. La tasa del 100% es irreal, el cien por ciento del contrato se cobró, lógicamente en forma adelantada, y nunca no se hizo ninguna inversión. Sucede cuando alguien cobra por hacer una obra y no la hace: el monto total del contrato es igual al del chorreo. Algo de esto hubo en algún caso en el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, pero por los datos periodísticos, la tasa de corrupción total en este caso sería del 21%,

  1. Las tres posiciones

El debate sobre el desafuero de De Vido fue instructivo, porque marcó acentuadamente las tres posiciones.

  1. a) Quiénes consideran que De Vido es inocente ya sea en Río Turbio y los sobreprecios del GNL. Es cierto que mientras no sea sentenciado no es delincuente.
  2. b) Los que no dudan que De Vido sea inocente, por lo que antes de octubre votaron sin lograrlo su desafuero, Razones electorales habrán tenido pero no se puede tomar esta medida tan importante sin seguir rigurosamente los pasos legales.
  3. c) Quienes creen que hay fuertes presunciones delictuales en cabeza de De Vido y de 21 funcionarios de Enarsa[1] y del ministerio de Planeamiento, pero que la responsabilidad en la importación de Gas licuado y de YCRT no se agota en los funcionarios, sino que debe completar con los responsables de las firmas exportadoras.

Cuando en la segunda oportunidad, días después de las elecciones, se desaforó al ex ministro de Planeamiento, diputadas como Alcira Argumedo, Araceli Ferreyra y Nathalia González preguntaron sin respuesta porqué las acusaciones se paralizaban en la figura de De Vido. La diputada González afirmo que “no alcanza con juzgar solo a De Vido si se quiere combatir la corrupción” y se preguntaba por qué el nuevo ministro estaba eximido de indagación.

 

  1. Y la importación sigue hasta… Dale que va.

Nadie ignora que el déficit comercial de la balanza de pagos se debe en gran parte al verse convertido el país de autoabastecido en importar. El tema resulta patético: los gobiernos privatistas aceptaron la construcción de gasoductos para exportar, hoy son cañerías que traen el gas, incluso el GLP que importa Chile. La caída de la extracción petrolera produce que el país importe crudo. Hasta electricidad de Paraguay o Brasil hemos traído en algunos veranos.

El estudio de Bonadío alcanza a 8 años (2008-2015) pero en el año 2016 y en el presente se continuó importando GNL.

A la corrupción se la combate de verdad y en plenitud o se es socio de la corrupción.  Usar la corrupción como arma política partidaria o electoral va en menoscabo de la construcción de una política moderna y honesta. La lucha contra la corrupción nunca debe ser instrumento partidario o ideológico.

La corrupción no es un simple acto asociado entre el corruptor y el corrompido: es parte de un sistema pre-parado para permitir dichos actos, donde corrompidos y corruptos. Para extraer coima en el petróleo se creó un gran sistema de subsidios al crudo: el barril criollo. Este es el modelo de la gran corrupción. Este nuevo partido político se introduce en los países para explotarlos y para debilitarlos. Con razón Xi JinPing en su reciente discurso al PC Chino afirmó que el gran enemigo de China es la corrupción.

En resumen, De Vido es un corrupto pasivo que no hace historia; Aranguren es un Ceo devenido en ministro que mantiene la práctica corruptiva en el país, y Macri es un cómplice del delito que su gobierno denuncia pero silencia gran parte de la realidad.

 

[1] ENARSA fue una empresa que se pretendió reemplazar a YPF cuando fue privatizada. Operó fundamentalmente como negociados de contratos energéticos, y en pleno situación de denuncia sobre la compra del GNL extranjero, fue disuelta por el Dec. 882/2017 del 1 de noviembre de 2017, fusionándola con Ebisa (administradora de los beneficios de las centrales hidroeléctricas binacionales. La nueva empresa no productora se denomina Integración Energética Argentina S.A. (IEASA) y hereda los conflictos provocados por las importaciones de GNL con facultades para vender activos energéticos nacionales.

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No a las represas de Santa Cruz

Sabrina Picone 15.07.2017.
Vecinos autoconvocados y organizaciones ambientalistas rechazan la construcción de las mega represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz. Entrevistamos a la Licenciada en Ciencias del Ambiente Sabrina Picone,  vecina de Santa Cruz, sobre la conflictividad y problemática de la represas. 

 

No a las represas de Santa Cruz

Sabrina Picone (Entrevista Al Dorso 29.07.2017)

Vecinos autoconvocados y organizaciones ambientalistas rechazan la construcción de las mega represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz. Entrevistamos a la Licenciada en Ciencias del Ambiente Sabrina Picone,  vecina de Santa Cruz, sobre la conflictividad y problemática de la represas. Detrás de un negocio de corrupción megamillonaria que atraviesa a las gestiones de Macri y Kirchner, se esconde un daño ambiental sideral que preocupa a los vecinos autoconvocados de Santa Cruz.

  • El peligro de dañar ríos y lagos, además del glaciar Perito Moreno, para producir energía cara con turbinas obsoletas para el negociado de algunos funcionarios.
  • Un territorio equivalente a dos ciudades de Buenos Aires serán inundados para establecer los embalses necesarios para las megarepresas.
  • Una promesa de puestos de trabajo que se desvanecerán una vez concluida la obra.
  • Un funcionario que aprueba un estudio de impacto ambiental realizado por la misma empresa de la que forma parte como director.

Fueron algunos de los temas analizados por la licenciada Sabrina Picone en AL DORSO.

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