Deuda externa y democracia

Alejandro Olmos Gaona.
Antecedentes históricos de la deuda externa argentina.
Parte IV: La deuda externa y democracia. Investigaciones, Alfonsín y la convalidación del fraude. Denuncia penal de Alejandro Olmos en 1982 y comienzo del juicio a la deuda pública argentina 

 

LA DEUDA EXTERNA ARGENTINA. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

PARTE IV: DEUDA Y DEMOCRACIA 

1) LA PRESIDENCIA DE ALFONSÍN

La difícil situación económica que heredó Raúl Alfonsín, acentuada por las consecuencias de la Guerra de Malvinas, llevó a su primer ministro de Economía, Bernardo Grinspun, a plantear una política distinta respecto del Fondo Monetario Internacional, decidiendo además que se hiciera una auditoría de la deuda privada en el Banco Central.

Al asumir el gobierno Raúl Alfonsín, el presidente del Banco Central, Enrique García Vázquez, dictó la circular 340/84 por medio de la cual se establecieron una serie de pautas para conocer si la deuda privada asumida por el Estado a través del mecanismo de los seguros de cambio era real o se trataba de operaciones ficticias. Después de un ingente trabajo por parte de los auditores contratados –que solo se limitó al 50% de la deuda financiera, pues la deuda comercial se dejó de lado–, los auditores determinaron:

1.- Infracciones a la ley penal cambiaria.

2.- Autopréstamos.

3.- Confusión entre deudor y acreedor.

4.- Sumas no ingresadas al país y anomalías en la concertación de seguros de cambio.

5.- Aportes de capital, encubiertos bajo la forma de préstamos financieros.

6.- Subfacturaciones.

La lista de las empresas involucrada, cuyas operaciones fueron objetadas por los auditores para que se las diera de baja de los registros de la deuda, es muy extensa y por demás significativa. Doy algunos ejemplos: Renault Argentina S.A., Sideco Americana, Bridas S.A., Cogasco S.A., Ford Motor Argentina, Cargill S.A., Textil Castelar, Sudamtex, Suchard, Fiat Concord, Petrolera Pérez Companc, Selva Oil, Techint, Alpargatas, Papel de Tucumán, IBM, Banco de Londres, Mercedes Benz, Alto Paraná, Bank of America, etc. Los mecanismos eran similares; el objetivo, también: defraudar al Estado.

Esa importante –aunque limitada– investigación, fue archivada y el cuerpo de inspectores desarticulado por orden de las autoridades del Banco Central encabezadas por José Luis Machinea y Daniel Marx, sin dar oportunidad a la intervención de la justicia. Los resultados de la investigación fueron tan comprometedores para esas “grandes empresas” que se decidió no seguir adelante; a pesar de ello, una parte importante de dicha investigación fue agregada por mí a la causa, y los Dres. Alicia Galófaro, Omar Miliano y Alfredo Ghigliaza acompañaron papeles que conservaban en su poder lo que sirvió para poner en evidencia, ante la justicia federal, otro de los aspectos del fraude.

Esta mención a la deuda privada no es ociosa, ya que, a través de sucesivas transformaciones, es parte de la deuda que se paga puntualmente y de la que ahora se piensa reestructurar, teniendo una indudable relación causal con la deuda contraída durante la dictadura.

2) LA DÉCADA DEL 90

 Después de los fallidos intentos económicos llevados a cabo por el grupo Bunge y Born, y la accidentada gestión del ministro Erman González, el Presidente Menem designó en 1992 a quien era su canciller, Domingo Cavallo, como nuevo Ministro de Economía. La deuda entonces llegaba a los 63.000 millones de dólares.

El Dr. Domingo Cavallo, además de obtener del Congreso de la Nación la ley de convertibilidad, por la cual se establecía el valor de un peso equivalente a un dólar, con un nivel de reservas que garantizaba una emisión monetaria equivalente, consiguió la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, mediante la cual transfirió todo lo relacionado con el sector externo a la cartera a su cargo. Y para culminar el proceso que determinaría un manejo absoluto de las operaciones financieras, logró la sanción de la la ley 24.156, de administración financiera, mediante la cual se creaba la Oficina del Crédito Público Nacional. Esta repartición tenía plenos poderes para negociar la deuda con los organismos multilaterales y, para el caso de emitir nueva deuda a colocar entre inversores privados, solo debía contar con que la misma estuviera autorizada en la respectiva ley de presupuesto. Con estos tres instrumentos, Cavallo manejó a su arbitrio todo lo que estuviera relacionado con el endeudamiento.

Siguiendo las indicaciones de Nicholas Brady, quien había sugerido un plan de rescate para la deuda con las instituciones financieras privadas, Cavallo a espaldas del Congreso realizó una serie de conversaciones con un comité de bancos extranjeros integrado por el Bank of America, The Bank of Tokyo, The Chase Manhattan Bank, Chemical Banking Corporation, Crédit Lyonnais, Crédit Suisse, Dresdner Bank, Lloyds Bank, Marine Midlank Bank, Morgan Guaranty Trust, The Royal Bank of Canada, The Sanwa Bank, liderados por el Citibank, llegándose a un acuerdo para efectuar una conversión de la deuda por un importe de 31.000 millones de dólares. El acogerse al Plan Brady significaba obtener una sustancial reducción de la deuda.

A los efectos de estructurar el Plan, Cavallo contrató a J.P. Morgan y al Citibank a los efectos de que prepararan el Plan Financiero mediante el cual se efectuaría el arreglo de esa porción de la deuda. Para los trabajos de Consultoría se contrató a Price Waterhouse.

El contrato con el Citibank se firmó el 1º de enero de 1992, y casi en forma simultánea el contrato con Morgan, quien entregó el Plan Financiero en el mes de junio de ese año. En aquel mes de junio, las autoridades económicas firmaron la carta de cierre enviada por el Citibank el 2 de junio por el cual se convenían las comisiones y los gastos operativos de instrumentación del referido Plan.

El 4 de diciembre de ese año el Presidente Menem firmó el decreto 2.321 por medio del cual autorizó al Ministro de Economía a acordar con los bancos acreedores los términos del canje de parte de la deuda, que era de 23.000 millones de dólares en concepto de capital, y de 8.000 millones de dólares en concepto de intereses atrasados.

El 6 de diciembre el Ministro firmó junto con el Presidente del Banco Central los acuerdos para proceder al arreglo con los acreedores.

Suscriptos los documentos respectivos, Menem firmó el 11 de marzo de 1993 el decreto 407, aprobando el texto de los contratos, con todas sus documentaciones conexas.

Por medio de los documentos mencionados se efectuó la conversión de las siguientes obligaciones:

  1. Pagarés emitidos por el Banco Central a través de varias circulares.
  2. Contratos de deuda de 1983 a 1987.
  3. Contratos de refinanciación de deuda de la provincia de Buenos Aires, de Salto Grande, Alianza, naviera y Autopistas Urbanas.
  4. Todos los otros bonos u obligaciones contractuales que vencieran antes del canje de los bonos.

El Estado Nacional fue puesto en total indefensión en los contratos que se celebraron, y un resumen de sus cláusulas lo demuestra acabadamente.

1.- Se pactó la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, Londres y Frankfurt.

2.- Se renunció a oponer la defensa de inmunidad soberana, aún en los procesos de ejecución.

3.- Se pactaron intereses sobre intereses, consagrándose el anatocismo y violando abiertamente las disposiciones de nuestro derecho interno (que lo prohíbe a través de las disposiciones del Código Civil). También es necesario recordar que mediante los intereses pactados –verdaderamente usurarios–, se violaron normas convencionales y consuetudinarias del Derecho Internacional Público y los principios generales del derecho.

4.- Además de los domicilios legales en las sedes del Banco de la Nación en Londres y Nueva York, se constituyeron domicilios alternativos en instituciones financieras a las cuales la Argentina era ajena, dejándose bien en claro que el acreedor tenía facultades para notificar en el domicilio alternativo.

5.- El Estado se hizo cargo de la totalidad de los gastos de la operatoria, aún de aquellos que correspondían a los bancos intervinientes en el canje. Tales gastos incluyeron los honorarios y gastos de asesores legales, operadores, comisionistas y aún de aquellas erogaciones sin determinar.

6.- Se estableció que si una o más disposiciones contenidas en los contratos fueran nulas, ilegales o no ejecutables, dicha nulidad, ilegalidad o no ejecutabilidad no invalidarían ni harían ilegal los términos de estos. El Estado renunció a utilizar cualquier disposición legal que tornara nulo o ilegal cualquier cláusula del contrato.

7.- Se pactó que ante cualquier controversia que pudiera suscitarse, la Argentina aceptaba ser notificada por correo; y en caso de que el Agente de cierre (Citibank) no notificara a la Argentina o ésta no recibiera la notificación, igualmente quedaba notificada.

8.- Se estableció que los actos materia de los contratos eran de derecho privado y no de derecho público, y en consecuencia la Argentina trataba con los banqueros como un simple particular, renunciando a todos sus derechos soberanos.

9.- Se estableció que ni el Citibank ni el Morgan, sus directivos, funcionarios, operadores, agentes o empleados, serían responsables por cualquier medida adoptada u omitida, ni serían responsables por incumplimiento, negligencia o mala conducta.

Además de estas cláusulas lesivas al interés nacional, y que no reconocen antecedentes en contratos celebrados con anterioridad, el Citibank preparó los dictámenes legales de todos los abogados de la Argentina en EE.UU., Inglaterra, Francia, Japón y Alemania, llegándose al extremo de haber redactado el dictamen del Procurador del Tesoro y del Asesor legal del Banco Central.

Esta configuración de una operatoria fraudulenta sirvió para reconocer el valor nominal de títulos que valían apenas 5.868 millones de dólares, pasando el Estado a suscribir obligaciones por valor de 23.000 millones de la misma moneda.

Como no podía ser de otra manera el plan de conversión tuvo el pleno apoyo del FMI y del Banco Mundial, que enviaron sendas comunicaciones a la comunidad financiera internacional, para informar sobre los compromisos asumidos por el gobierno argentino, especialmente en todo aquello que tuviera que ver con la privatización de las empresas públicas, especialmente YPF, la flexibilización de las leyes laborales, disminución de los impuestos, y entregar al sector privado el manejo de la economía en su totalidad. Pero además, tanto el FMI como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, prestaron en conjunto con el Eximbank de Japón 3.600 millones de dólares para comprar las garantías de la operatoria Brady, que eran los Bonos cupón cero del Tesoro de los Estados Unidos, lo que consistió en contraer nueva deuda. Los resultados de la operatoria consistieron en una reducción del 8,1% del capital negociado de 32.670 millones de dólares, pero esa quita quedó sin efecto si se toma en cuenta el nuevo endeudamiento contraídos con los organismos multilaterales de crédito.

En el año 1992, y continuando con una práctica de décadas, no había documentación que avalara cuál era en realidad el monto global de la deuda, en razón de lo cual se pagaban las obligaciones externas ante la simple presentación de avisos de vencimiento, y sin requerir a los acreedores que exhibieran los instrumentos que hacían a la legitimidad de las deudas reclamadas. Para solucionar este problema, Cavallo recurrió al comité de bancos que mencionáramos anteriormente y los contrató para que administraran la deuda privada y pública de la Nación, estableciendo ellos los montos de la deuda, los intereses que debían pagarse y la forma de realizar los acuerdos de conciliación. Así se ordenó finalmente el sector externo a través de contratos que costaron enormes sumas de dinero, no declaradas por la autoridad económica. Pero ello en modo alguno solucionó el problema de la deuda que siguió creciendo debido al elevado monto en concepto de servicios que se debían seguir pagando. Respecto al costo de los contratos con el comité de bancos y con la consultora internacional, en un informe del ministro Cavallo de 1994 se consigna que tal operatoria fue muy onerosa pero en modo alguno se consignaron los montos pagados y la discriminación de los mismos. Tenemos en nuestro poder una cierta cantidad de copias de órdenes de pago efectuadas, donde no existe imputación alguna de qué era lo que se pagaba, y un funcionario del Ministerio de Economía, ante mi requerimiento, me informó que se pagaba a los bancos por disposición del ministro sin que existiera imputación alguna. En el caso de la consultora Price Waterhouse, como los costos de la contratación parece que excedieron las previsiones, se obtuvo una donación del gobierno japonés para hacer frente a los mismos, tal como surge de documentación en nuestro poder.

Desde el año 1994, hasta el año 2000 se pagaron en concepto de intereses de la deuda y amortizaciones 116.648 millones de dólares, y se emitieron bonos por 77.400 millones, cubriéndose el resto con fondos provenientes de préstamos otorgados por el FMI y el Banco Mundial. Es decir que se emitió nueva deuda para pagar la vieja deuda, la que siguió incrementándose hasta llegar a la suma de 145.000 millones de dólares al final de la Presidencia de Menem.

3) PRESIDENCIA DE FERNANDO DE LA RÚA

 Durante el año 2000, el Ministro de Economía, José Luis Machinea, celebró un “blindaje financiero” mediante préstamos otorgados por el FMI (USD 13.700 millones), el BID y el BM (USD 4.000 millones), el gobierno de España (USD 1.000 millones), más lo que se comprometieron a aportar los bancos privados (USD. 10.000 millones), a los que había que sumar otros ingresos, totalizando una suma aproximada de 38.000 millones de dólares.

Mediante ese procedimiento ya utilizado en otros países se pensaba afrontar vencimientos por 23.000 millones de dólares y cubrir el déficit fiscal de ese año, que llegaba los 7.000 millones.

En medio de los graves conflictos surgidos por la denuncia de las coimas en el Senado, la renuncia del Vicepresidente Carlos Álvarez, y una situación económica que se hacía poco sostenible, se produjo la renuncia de Machinea, y luego de la brevísima gestión de López Murphy, asumió nuevamente el Ministerio de Economía Domingo Cavallo, a quien el Congreso de la Nación le otorgó plenos poderes, contando con el voto de los dos partidos mayoritarios.

A los efectos de prorrogar el pago de los bonos externos, cuyos vencimientos no se podían afrontar en el corto plazo, Cavallo –a instancias de David Mulford, Presidente del Crédit Suisse First Boston– realizó un megacanje de títulos, que de conformidad con los peritos que intervienen en la causa penal tramitada ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2, aumentó la deuda en 55.000 millones de dólares.

Mediante esa operación se cambiaron títulos que vencían entre los años 2001 y 2005, por títulos con vencimientos hasta el año 2031, con una tasa de interés que llegó al 16% anual, habiéndose pagado 257 millones de dólares de comisión al conjunto de bancos que intervinieron: Galicia, Río-Santander, BBVA Francés, Crédit Suisse First Boston Corporation, HSBC Bank Argentina, JP Morgan Securities y Salomon Smith Barney.

4) PRESIDENCIA DE NÉSTOR KIRCHNER

 Después de la huida de Fernando de la Rúa, y la suspensión de los pagos de la deuda dispuesto por el efímero Presidente Adolfo Rodríguez Saá, su sucesor Eduardo Duhalde se limitó a pagar los vencimientos con los organismos multilaterales, quedando casi la mitad de la deuda externa total en default.

El Ministro de Economía Roberto Lavagna tuvo que enfrentar una situación extremadamente crítica que manejó con cierta prudencia, y al ser confirmado en el cargo por el Presidente Néstor Kirchner preparó un plan para reestructurar la deuda, cuyos pagos habían quedado suspendidos.

En marzo del año 2004 se emitió el Decreto 319, por el cual se establecieron algunos lineamientos generales de la futura reestructuración, donde se autorizaba la renuncia a la inmunidad soberana del Estado en los documentos a emitir, se determinaba que las operaciones de canje eran comerciales (de derecho privado) y se volvía a contratar al estudio de abogados de Nueva York que había asesorado a Carlos Menem en la década del 90.

En el año 2005, se efectuó el canje de los bonos en default por tres nuevos tipos de bonos, lo que redujo la deuda en porcentaje, tal como surge del siguiente cuadro.

DEUDA EXTERNA TOTAL            191.263 MD

DEUDA A REESTRUCTURAR    82.000 MD

DEUDA REESTRUCTURADA (Bonos Rescatados) 62.000 MD

BONOS EMITIDOS 37.000 MD

AHORRO OBTENIDO        25.000 MD

Aunque la deuda disminuyó en las cifras apuntadas, se emitieron un bono con un cupón atado al crecimiento, y un bono en pesos con una tasa de interés fija del 3% ajustable por el Coeficiente de Estabilizacion de Referencia (CER), lo que suponía que la deuda emitida en esa moneda crecería de acuerdo a los índices de inflación que se registraran.

Con posterioridad, el Congreso de la Nación convirtió en Ley un proyecto del Poder Ejecutivo para no reabrir más el canje de los bonos en default, pero en el año 2009, la ley quedó suspendida en su efectos por el mismo Congreso ante un nuevo pedido de la Presidencia, reabriéndose el canje donde, según estimaciones fidedignas efectuadas por Claudio Lozano, el descuento efectuado en los bonos fue compensado por el reconocimiento de los cupones atados al PBI desde el año 2005 hasta el 2010.

La deuda que al final de la Presidencia de Menem era de 146.575 millones de dólares, alcanza actualmente de acuerdo a las cifras oficiales a 176.927 millones, habiéndose pagado desde 1981 hasta el 2001, 218.000 millones de dólares, y en los últimos años alrededor de 50.000 millones de dólares más.

PAGOS DE LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA

Años  Capital Int. y comisiones  Cifra real pagada

1981  1.873 3.434

1982  1.475 4.924

1983  93       177

1984  450     5.537

1985  3.912 5.131

1986  1.871 4.291

1987  2.078 4.145

1988  2.054 4.678

1989  3.342 6.023

TOTAL           17.148 38.340         55.488 50.800         (atrasos por 5.408)

1990  6.158

1991  1.128 4.068

1992  3.005 2.835

1993  6.151 2.454

1994  4.363 3.123

1995  1.136 4.104

1996  6.630 4.053

1997  14.780           5.795

1998  14.113           6.741

1999  14.749           8.295

2000  16.458           9.796

2001  16.469           10.970

TOTAL           98.982           68.392           167.374

 

Pagos de 1981 a 1989     50.800

Pagos de 1991 a 2001     167.374

TOTAL S. E. U. O.

 

Alejandro Olmos Gaona

Alejandro Olmos Gaona

 

Historiador. Especializado en deuda externa nacional e internacional. Impulsor de las causas judiciales en la investigación del endeudamiento externo argentino. Impulsor de las causas 17.718 ante la justicia federal, y amparos judiciales contra el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía para la suspensión de los canjes y renegociaciones de la deuda pública. Asesor parlamentario en materia de endeudamiento público. Integrante de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público de la República del Ecuador (2012).

Autor de libros como Antecedentes históricos de la deuda pública argentina (2001) y La Deuda Odiosa. El valor de una doctrina jurídica como herramienta de solución política, Ediciones Continente (2005)

 

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Macri, Corte Suprema y deuda 

En el último programa del año 2015, Alejandro Olmos Gaona realiza una breve reflexión sobre las designaciones de Macri de nuevos jueces para integrar la Corte Suprema, y la repercusiones en materia de deuda pública.

Entrevista radial 19.12.2015

El pago a los buitres y las especulaciones 

«El pago a los llamados fondos buitres, se ha constituido en una prioridad del gobierno para acceder nuevamente al mercado de capitales, lo que en buen romance significa contraer nuevas deudas», afirmó Alejandro Olmos Gaona en AL DORSO.

Entrevista radial 12.03.2016

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Félix Herrero

FELIX HERRERO

 

Abogado. Licenciado en Economía Política. Especialista en petróleo y energía. En los ’70, estuvo al frente de las represas de Yacyretá, Salto Grande y Corpus Christi. Fue miembro fundador de Proyecto Sur y actualmente es asesor del senador Pino Solanas.

 

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«No hace falta tarifazos para invertir en energía»

Así lo afirmó el Licenciado en Economía Política y abogado Félix Herrero en Al Dorso.  Quien fuera director de Yacyretá en 1973, manifestó que el subsidio que se le otorga a las petroleras (al permitirles cobrar un barril interno de 67 dólares, cuando afuera está en 40) de 9.000 millones de dólares anuales, equivale a dos veces y media lo que el Gobierno recaudaría por el «tarifazo».  «Si dejaran de subsidiar la extracción y venta del petróleo y gas, el Estado contaría con el capital suficiente para realizar las inversiones necesarias en energía, sin necesidad de aumentar ni un centavo las tarifas», manifestó Félix Herrero.

Entrevista radial 16.07.2016

ESTEBAN MERCATANTE

Esteban Mercatante

Economista del Instituto del Pensamiento Socialista -IPS Karl Marx e integrantes de los staff de La Verdad Obrera e Ideas de Izquierda. Analista en economía política nacional e internacional. Docente de grado y posgrados en distintas universidad del país. Militante del Partido de los Trabajadores Socialista (PTS) en el Frente de Izquierda (FIT).

 

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Esperando el milagro de Macri 

El economista de izquierda Esteban Mercatante analiza la economía de Macri  y el milagro que nunca llega.   La política de shock económico dejó archivada cualquier hipótesis de gradualismo, y enfrenta los efectos generados por las medidas implementadas  sobre los ingresos, sobre la actividad económica, y sobre los propios objetivos que persigue el gobierno.

Entrevista radial (28.05.2015)


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Darío Balvidares

Dario Balvidares

 

Profesor y Licenciado en Letras (egresado de UBA). Ex rector de la escuela de Comercio N° 3 Hipólito Vieytes (CABA). Autor del ensayo La novela educativa o el relato de la alienación (2005) con prólogo de Osvaldo Bayer y decenas de artículos sobre educación, entre ellos: “Universidad pública o alimento transgénico de la corporación” (2008); “La colonialidad educativa entre Cumbres y Corporaciones: el final del carácter público del conocimiento…el crimen (casi) perfecto” (2010); “De la obsolescencia programada a la obsolescencia educativa” (2011) publicados originalmente por Argenpress y últimamente “Otro más allá del bien y del mal” (especial para Contrahegemonía – enero 2016); “La educación en la era corporativa” (especial para Rebelión – 2 de abril 2016) y Contrahegemonía y Otras Voces en Educación).  Productor  y conductor del programa de radio “La deuda Eterna” que se emite los jueves de 19 a 21 hs. por FM Flores 90.7

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¿Revolución educativa o invasión educativa?

«La creciente de la injerencia privada en la educación es uno de los objetivos primordiales de la llamada `reforma educativa´, la que llamamos reforma economicista de la educación, » sostuvo el licenciado Darío Balvidares en AL DORSO. 

Entrevista radial (10.06.2017)

Alicia Massarini

Alicia Massarini Ciencia entre Todxs Doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET). Profesora de la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesora de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Maldesarrollo La Argentina del extractivismo y el despojo

Libro Maldesarrollo La Argentina del extractivismo y el despojo

Maristella Svampa y Enrique Viale

marsellas

Prefacio Libro 

Vivimos en una sociedad en la que los riesgos y las incertidumbres causados por la dinámica industrial y la opción por un crecimiento económico exponencial e ilimitado producen daños sistemáticos e irreversibles en el ecosistema, que afectan y amenazan las funciones vitales de la naturaleza y la reproducción de la vida. La conciencia cada vez mayor de los riesgos y la incertidumbre explica por qué aquellos debates y decisiones que antes estaban reservados exclusivamente a los técnicos y las burocracias especializadas, hoy adquieren un sentido social y político más amplio. Estos se convierten en debates y decisiones colectivas, que involucran no solo a especialistas, sino también a la población en general y, sobre todo, a las comunidades afectadas, que buscan abrir el espacio de participación ciudadana y hacer sentir su voz acerca de los impactos de técnicas y modelos de desarrollo. En esta línea se insertan los debates sobre las consecuencias económicas, ambientales, sociosanitarias, culturales y políticas ligadas a la implementación masiva de los gigantescos emprendimientos de carácter extractivo, los grandes planes de infraestructura y los nuevos sistemas agrarios tendientes al monocultivo, que, entre otros megaproyectos, avanzan en nuestro país. Lejos de ser naturalizados, aceptados acríticamente o sin discusión por parte de la población, estos megaproyectos comienzan a convertirse en motivos de problematización y de intensos debates sociales.

Así ha sucedido con la megaminería en nuestro país, alrededor de la cual, desde 2003, se han venido desarrollando fuertes resistencias y cuestionamientos. La misma respuesta comienza a avizorarse con respecto al modelo sojero, visto sus impactos sociosanitarios, el desplazamiento y la criminalización de poblaciones campesinas e indígenas, el avance del desmonte y la utilización masiva de agrotóxicos. También ocurre con el modelo urbano, marcado por la especulación inmobiliaria, la emergencia habitacional, la multiplicación de construcciones “premium” y los megaemprendimientos residenciales y turísticos. Por último, la extracción de los hidrocarburos no convencionales, a través de la metodología de la fracturación hidráulica o fracking se inserta asimismo en este registro controversial, debido a los daños ambientales y sociosanitarios que involucra. Estos modelos presentan en común una matriz extractiva que es necesario analizar en detalle, a la vez que alimentan una dinámica de despojo o desposesión de bienes naturales, de territorios y, por ende, de derechos individuales y colectivos. Todo ello nos impulsa a pensar que la Argentina que hoy tenemos lejos está de ser el producto de una “década ganada”, aunque tampoco se trata de una “década perdida”.

Más sencillamente, lo que hay frente a nosotros es un país hipotecado social, económica y ambientalmente por modelos de desarrollo insustentables o, como hemos decidido llamarlo aquí, por modelos de maldesarrollo. Este libro propone explorar, analizar y desarmar los diferentes modelos de maldesarrollo que hoy se expanden en nuestro país, así como dar cuenta de las formas de resistencia colectiva que los mismos han venido generando. Nuestro enfoque no pretende reducirse a la denuncia, ni al análisis empírico, ni a la sucesión de estudios de casos, sino que busca ser un aporte a la comprensión global de los modelos de maldesarrollo y sus dinámicas –sociales, políticas y económicas–. Para ello nos valemos de conceptos críticos y conceptos-horizontes que abren la posibilidad de pensar otro tipo de sociedad. Si bien este libro no aspira a tener un carácter exhaustivo, son numerosos los caminos que emprenderemos para dar cuenta de la Argentina del extractivismo y el despojo. Así, en el capítulo 1 planteamos un recorrido por algunos de los temas y conceptos fundamentales desde los cuales proponemos leer las problemáticas territoriales y socioambientales que caracterizan a la Argentina contemporánea. Se trata de conceptos generales que, más allá de las especificidades nacionales y los diferentes contextos, pueden aplicarse al análisis del actual escenario latinoamericano: Consenso de los commodities, extractivismo, maldesarrollo, justicia ambiental, territorios y lenguajes de valoración.

En el capítulo 2 abordaremos el surgimiento de la cuestión ambiental en nuestro país. Para ello, en una primera parte daremos cuenta de cuáles han sido los avatares modernos del Derecho y su visión acerca de la naturaleza, para adentrarnos luego en los principales conflictos de los últimos doce años (2002-2014) que han contribuido a pensar y visibilizar la cuestión ambiental en nuestro país. El capítulo 3 toma el espinoso tema de los pasivos ambientales y las zonas de sacrificio, pues el maldesarrollo se advierte también si miramos hacia atrás. Constatamos, entonces, que la Argentina arrastra pasivos ambientales de talla y una manifiesta situación de injusticia ambiental que afecta a las poblaciones con menor poder económico y político. Nos referimos a procesos de contaminación industrial que comprometen la salud y el ambiente de millones de argentinos, como sucede en las cuencas del Riachuelo y el Reconquista. Asimismo, la minería tradicional (como en el caso emblemático de la provincia de Jujuy, con los yacimientos de Abra Pampa y Pan de Azúcar) y los enclaves petroleros (como el de Loma de la Lata, en Neuquén, y la zona de Comodoro Rivadavia, en Chubut, por mencionar solo algunos casos testigo) ilustran situaciones extremas de maldesarrollo e injusticia ambiental que van configurando zonas de sacrificio.

En el capítulo 4 nos abocamos a analizar el proceso de la expansión de la soja, que ha reconfigurado por completo el sector agrario argentino. Este modelo multiactoral, que tiene un carácter complejo, trajo prosperidad a determinados actores sociales (grandes y medianos) y conllevó la exclusión de una profusa capa de pequeños y medianos productores que no lograron o no pudieron adaptarse a los nuevos tiempos. Trajo también una mayor concentración económica y, de modo acelerado, la tendencia al monocultivo de la soja y la expansión de las fronteras de explotación. Con los años, ello se ha venido traduciendo en un mayor acaparamiento de tierras, el avance del desmonte y la consolidación de una lógica criminalizadora que se expresa cada vez más a través de desalojos rurales y asesinatos de campesinos e indígenas. Pero si en la frontera el modelo se expresa de modo más salvaje y brutal, en su corazón ya puede palparse el impacto socio-sanitario. Así, proponemos también reconstruir los hilos cada vez más visibles de esa trama que ha convertido a la Argentina en un enorme experimento masivo, vinculado a la utilización del glifosato y otros agroquímicos.

Seguimos con el capítulo 5, consagrado a la megaminería, en el que nos proponemos explorar el modelo minero, dedicándonos muy especialmente a dar cuenta del proceso de conflictividad desatado en2003, en Esquel y que alcanzó uno sus momentos más álgidos en 2012, cuando se produjo la pueblada de Famatina. Es interesante observar que, más allá de la vertiginosa expansión de la megaminería, en la actualidad existen siete provincias en nuestro país que prohíben la actividad minera con algún tipo de sustancia química. Asimismo, por diferentes razones, dos de los grandes emprendimientos mineros emblemáticos de este período, como son el de Potasio Río Colorado (primero en manos de Río Tinto y luego, de Vale) y el binacional de Pascua Lama (de Barrick Gold), han sido suspendidos. Por otro lado, nos interesa indagar la realidad de las provincias mineras muy especialmente para sopesar la falsedad de ciertos mitos impulsados por los defensores del modelo minero acerca de los beneficios que brindaría el sector como generador de empleo, como “motor de desarrollo”, como contribuyente al Estado, entre otros.

En el capítulo 6 abordaremos las formas del urbanismo neoliberal, cuya lógica se acopla perfectamente a las formas del extractivismo vigente: nos referimos así a tres tipos de fenómenos; en primer lugar, al modelo de ciudad que hoy se impone en nuestro país, expresado en el vertiginoso proceso de especulación inmobiliaria que mercantilizó hasta el paroxismo las condiciones de acceso a la vivienda, cuestionando además la tradición de los espacios públicos. Así, lejos de salir del modelo de ciudad neoliberal, en los últimos diez años los diferentes gobiernos, sobre todo en la escala local, profundizaron la acción del mercado de la mano de los grandes agentes económicos –algo ilustrado por las reformas de los distintos códigos de Ordenamiento Urbano y por los negociados inmobiliarios–, lo cual choca a todas luces con un modelo de ciudad socialmente inclusiva y ambientalmente sustentable. En segundo lugar, nos referimos a la expansión de los megamprendimientos residenciales –al estilo de los countries–, comerciales y turísticos, que se reactivaron de la mano de desarrolladores y grandes grupos inmobiliarios a partir de 2004. Un ejemplo de ello son las urbanizaciones cerradas acuáticas, que construyen su oferta en torno a paisajes asociados al agua y que hoy amenazan ecosistemas estratégicos y frágiles, como los humedales y las cuencas de los ríos, imprescindibles para la sustentabilidad de los aglomerados metropolitanos. Por último, abordamos también el creciente fenómeno de privatización de los espacios públicos y cercamiento de bienes comunes (costas de lagos y ríos, entre otros) que, de modo emblemático, se registra en la región patagónica. El capítulo 7 trata el tema de la explotación de los hidrocarburos no convencionales con la metodología de la fractura hidráulica, técnica que consiste en el bombeo de fluido (grandes cantidades de agua y sustancias químicas) y arena, a elevada presión, a fin de producir microfracturas en la roca madre que almacena los hidrocarburos. Los riesgos ambientales de este método de explotación son numerosos y de corto plazo: contaminación de aguas subterráneas y superficiales, lubricación de fallas geológicas que origina movimientos sísmicos, utilización intensiva del territorio, entre otros. Durante los años 2012 y 2013 seguimos con detenimiento la problemática en aquellos territorios en los que avanza la explotación de los hidrocarburos no convencionales, particularmente en las provincias de Neuquén y Río Negro. En este tema nos interesa ir más allá de las narrativas “eldoradistas” que recorren el discurso del poder (político y econó- mico), para indagar en los puntos ciegos de los aspectos técnicos y ambientales, pero también en los entramados económicos y políticos.

Por último, en las conclusiones, sin abandonar los conceptos críticos que jalonaron nuestro análisis, proponemos una reflexión más general con la ayuda de conceptos-horizontes, por medio de los cuales creemos que resulta posible pensar otro vínculo con el ambiente, otra racionalidad, otro modelo de sociedad. Conceptos como los de bienes comunes, derechos de la naturaleza, ética del cuidado, estarán en el centro de nuestra reflexión, que se nutre tanto de la tradición del pensamiento crítico latinoamericano como del lenguaje de las luchas y resistencias colectivas. Asimismo, también traeremos al debate la necesidad de pensar una agenda de transición y de alternativas al extractivismo, una discusión cada vez más necesaria en la Argentina de hoy. * * *

Este libro no podría haber sido escrito sin los numerosos viajes y recorridos que hemos emprendido desde hace varios años, tanto por las diferentes provincias argentinas como por otros países latinoamericanos. Quisié- ramos, entonces, agradecer al conjunto de vecinos y vecinas de asambleas, organizaciones de pueblos originarios, multisectoriales, colectivos culturales y políticos, referentes de la política provinciales y nacionales, comprometidos en la defensa de nuestros bienes comunes; en fin, a todas y todos aquellos que nos acompañaron en este largo y muchas veces doloroso proceso de inmersión por la Argentina del maldesarrollo, pero también por la Argentina de las resistencias, las solidaridades y las alegrías, en las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, Córdoba, Buenos Aires, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Salta, Santa Fe y Entre Ríos. Agradecemos a nuestros colegas del Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo, impulsado por la Fundación Rosa Luxemburgo, pues este libro se ha nutrido de los intercambios y debates que hemos tenido en los sucesivos encuentros llevados a cabo entre 2010 y 2014, fundamentalmente en Ecuador y Bolivia, así como en varios países europeos. Aunque no podemos nombrar a todos, vaya un reconocimiento hacia Alberto Acosta, Margarita Aguinaga, Pablo Bertinat, Ulrich Brandt, Karin Gabbert, Javier Gómez, Eduardo Gudynas, Edgardo Lander, Miriam Lang, Alexandra Martínez, Esperanza Martínez, Dunia Mokrani, Raúl Prada, Jenny Robayo, Mario Rodríguez, William Sacher, Alejandra Santillana y Elisa Vega.

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