Alejandro Olmos Gaona.
Antecedentes históricos de la deuda externa argentina.
Parte IV: La deuda externa y democracia. Investigaciones, Alfonsín y la convalidación del fraude. Denuncia penal de Alejandro Olmos en 1982 y comienzo del juicio a la deuda pública argentina 

 

LA DEUDA EXTERNA ARGENTINA. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

PARTE IV: DEUDA Y DEMOCRACIA 

1) LA PRESIDENCIA DE ALFONSÍN

La difícil situación económica que heredó Raúl Alfonsín, acentuada por las consecuencias de la Guerra de Malvinas, llevó a su primer ministro de Economía, Bernardo Grinspun, a plantear una política distinta respecto del Fondo Monetario Internacional, decidiendo además que se hiciera una auditoría de la deuda privada en el Banco Central.

Al asumir el gobierno Raúl Alfonsín, el presidente del Banco Central, Enrique García Vázquez, dictó la circular 340/84 por medio de la cual se establecieron una serie de pautas para conocer si la deuda privada asumida por el Estado a través del mecanismo de los seguros de cambio era real o se trataba de operaciones ficticias. Después de un ingente trabajo por parte de los auditores contratados –que solo se limitó al 50% de la deuda financiera, pues la deuda comercial se dejó de lado–, los auditores determinaron:

1.- Infracciones a la ley penal cambiaria.

2.- Autopréstamos.

3.- Confusión entre deudor y acreedor.

4.- Sumas no ingresadas al país y anomalías en la concertación de seguros de cambio.

5.- Aportes de capital, encubiertos bajo la forma de préstamos financieros.

6.- Subfacturaciones.

La lista de las empresas involucrada, cuyas operaciones fueron objetadas por los auditores para que se las diera de baja de los registros de la deuda, es muy extensa y por demás significativa. Doy algunos ejemplos: Renault Argentina S.A., Sideco Americana, Bridas S.A., Cogasco S.A., Ford Motor Argentina, Cargill S.A., Textil Castelar, Sudamtex, Suchard, Fiat Concord, Petrolera Pérez Companc, Selva Oil, Techint, Alpargatas, Papel de Tucumán, IBM, Banco de Londres, Mercedes Benz, Alto Paraná, Bank of America, etc. Los mecanismos eran similares; el objetivo, también: defraudar al Estado.

Esa importante –aunque limitada– investigación, fue archivada y el cuerpo de inspectores desarticulado por orden de las autoridades del Banco Central encabezadas por José Luis Machinea y Daniel Marx, sin dar oportunidad a la intervención de la justicia. Los resultados de la investigación fueron tan comprometedores para esas “grandes empresas” que se decidió no seguir adelante; a pesar de ello, una parte importante de dicha investigación fue agregada por mí a la causa, y los Dres. Alicia Galófaro, Omar Miliano y Alfredo Ghigliaza acompañaron papeles que conservaban en su poder lo que sirvió para poner en evidencia, ante la justicia federal, otro de los aspectos del fraude.

Esta mención a la deuda privada no es ociosa, ya que, a través de sucesivas transformaciones, es parte de la deuda que se paga puntualmente y de la que ahora se piensa reestructurar, teniendo una indudable relación causal con la deuda contraída durante la dictadura.

2) LA DÉCADA DEL 90

 Después de los fallidos intentos económicos llevados a cabo por el grupo Bunge y Born, y la accidentada gestión del ministro Erman González, el Presidente Menem designó en 1992 a quien era su canciller, Domingo Cavallo, como nuevo Ministro de Economía. La deuda entonces llegaba a los 63.000 millones de dólares.

El Dr. Domingo Cavallo, además de obtener del Congreso de la Nación la ley de convertibilidad, por la cual se establecía el valor de un peso equivalente a un dólar, con un nivel de reservas que garantizaba una emisión monetaria equivalente, consiguió la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, mediante la cual transfirió todo lo relacionado con el sector externo a la cartera a su cargo. Y para culminar el proceso que determinaría un manejo absoluto de las operaciones financieras, logró la sanción de la la ley 24.156, de administración financiera, mediante la cual se creaba la Oficina del Crédito Público Nacional. Esta repartición tenía plenos poderes para negociar la deuda con los organismos multilaterales y, para el caso de emitir nueva deuda a colocar entre inversores privados, solo debía contar con que la misma estuviera autorizada en la respectiva ley de presupuesto. Con estos tres instrumentos, Cavallo manejó a su arbitrio todo lo que estuviera relacionado con el endeudamiento.

Siguiendo las indicaciones de Nicholas Brady, quien había sugerido un plan de rescate para la deuda con las instituciones financieras privadas, Cavallo a espaldas del Congreso realizó una serie de conversaciones con un comité de bancos extranjeros integrado por el Bank of America, The Bank of Tokyo, The Chase Manhattan Bank, Chemical Banking Corporation, Crédit Lyonnais, Crédit Suisse, Dresdner Bank, Lloyds Bank, Marine Midlank Bank, Morgan Guaranty Trust, The Royal Bank of Canada, The Sanwa Bank, liderados por el Citibank, llegándose a un acuerdo para efectuar una conversión de la deuda por un importe de 31.000 millones de dólares. El acogerse al Plan Brady significaba obtener una sustancial reducción de la deuda.

A los efectos de estructurar el Plan, Cavallo contrató a J.P. Morgan y al Citibank a los efectos de que prepararan el Plan Financiero mediante el cual se efectuaría el arreglo de esa porción de la deuda. Para los trabajos de Consultoría se contrató a Price Waterhouse.

El contrato con el Citibank se firmó el 1º de enero de 1992, y casi en forma simultánea el contrato con Morgan, quien entregó el Plan Financiero en el mes de junio de ese año. En aquel mes de junio, las autoridades económicas firmaron la carta de cierre enviada por el Citibank el 2 de junio por el cual se convenían las comisiones y los gastos operativos de instrumentación del referido Plan.

El 4 de diciembre de ese año el Presidente Menem firmó el decreto 2.321 por medio del cual autorizó al Ministro de Economía a acordar con los bancos acreedores los términos del canje de parte de la deuda, que era de 23.000 millones de dólares en concepto de capital, y de 8.000 millones de dólares en concepto de intereses atrasados.

El 6 de diciembre el Ministro firmó junto con el Presidente del Banco Central los acuerdos para proceder al arreglo con los acreedores.

Suscriptos los documentos respectivos, Menem firmó el 11 de marzo de 1993 el decreto 407, aprobando el texto de los contratos, con todas sus documentaciones conexas.

Por medio de los documentos mencionados se efectuó la conversión de las siguientes obligaciones:

  1. Pagarés emitidos por el Banco Central a través de varias circulares.
  2. Contratos de deuda de 1983 a 1987.
  3. Contratos de refinanciación de deuda de la provincia de Buenos Aires, de Salto Grande, Alianza, naviera y Autopistas Urbanas.
  4. Todos los otros bonos u obligaciones contractuales que vencieran antes del canje de los bonos.

El Estado Nacional fue puesto en total indefensión en los contratos que se celebraron, y un resumen de sus cláusulas lo demuestra acabadamente.

1.- Se pactó la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, Londres y Frankfurt.

2.- Se renunció a oponer la defensa de inmunidad soberana, aún en los procesos de ejecución.

3.- Se pactaron intereses sobre intereses, consagrándose el anatocismo y violando abiertamente las disposiciones de nuestro derecho interno (que lo prohíbe a través de las disposiciones del Código Civil). También es necesario recordar que mediante los intereses pactados –verdaderamente usurarios–, se violaron normas convencionales y consuetudinarias del Derecho Internacional Público y los principios generales del derecho.

4.- Además de los domicilios legales en las sedes del Banco de la Nación en Londres y Nueva York, se constituyeron domicilios alternativos en instituciones financieras a las cuales la Argentina era ajena, dejándose bien en claro que el acreedor tenía facultades para notificar en el domicilio alternativo.

5.- El Estado se hizo cargo de la totalidad de los gastos de la operatoria, aún de aquellos que correspondían a los bancos intervinientes en el canje. Tales gastos incluyeron los honorarios y gastos de asesores legales, operadores, comisionistas y aún de aquellas erogaciones sin determinar.

6.- Se estableció que si una o más disposiciones contenidas en los contratos fueran nulas, ilegales o no ejecutables, dicha nulidad, ilegalidad o no ejecutabilidad no invalidarían ni harían ilegal los términos de estos. El Estado renunció a utilizar cualquier disposición legal que tornara nulo o ilegal cualquier cláusula del contrato.

7.- Se pactó que ante cualquier controversia que pudiera suscitarse, la Argentina aceptaba ser notificada por correo; y en caso de que el Agente de cierre (Citibank) no notificara a la Argentina o ésta no recibiera la notificación, igualmente quedaba notificada.

8.- Se estableció que los actos materia de los contratos eran de derecho privado y no de derecho público, y en consecuencia la Argentina trataba con los banqueros como un simple particular, renunciando a todos sus derechos soberanos.

9.- Se estableció que ni el Citibank ni el Morgan, sus directivos, funcionarios, operadores, agentes o empleados, serían responsables por cualquier medida adoptada u omitida, ni serían responsables por incumplimiento, negligencia o mala conducta.

Además de estas cláusulas lesivas al interés nacional, y que no reconocen antecedentes en contratos celebrados con anterioridad, el Citibank preparó los dictámenes legales de todos los abogados de la Argentina en EE.UU., Inglaterra, Francia, Japón y Alemania, llegándose al extremo de haber redactado el dictamen del Procurador del Tesoro y del Asesor legal del Banco Central.

Esta configuración de una operatoria fraudulenta sirvió para reconocer el valor nominal de títulos que valían apenas 5.868 millones de dólares, pasando el Estado a suscribir obligaciones por valor de 23.000 millones de la misma moneda.

Como no podía ser de otra manera el plan de conversión tuvo el pleno apoyo del FMI y del Banco Mundial, que enviaron sendas comunicaciones a la comunidad financiera internacional, para informar sobre los compromisos asumidos por el gobierno argentino, especialmente en todo aquello que tuviera que ver con la privatización de las empresas públicas, especialmente YPF, la flexibilización de las leyes laborales, disminución de los impuestos, y entregar al sector privado el manejo de la economía en su totalidad. Pero además, tanto el FMI como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, prestaron en conjunto con el Eximbank de Japón 3.600 millones de dólares para comprar las garantías de la operatoria Brady, que eran los Bonos cupón cero del Tesoro de los Estados Unidos, lo que consistió en contraer nueva deuda. Los resultados de la operatoria consistieron en una reducción del 8,1% del capital negociado de 32.670 millones de dólares, pero esa quita quedó sin efecto si se toma en cuenta el nuevo endeudamiento contraídos con los organismos multilaterales de crédito.

En el año 1992, y continuando con una práctica de décadas, no había documentación que avalara cuál era en realidad el monto global de la deuda, en razón de lo cual se pagaban las obligaciones externas ante la simple presentación de avisos de vencimiento, y sin requerir a los acreedores que exhibieran los instrumentos que hacían a la legitimidad de las deudas reclamadas. Para solucionar este problema, Cavallo recurrió al comité de bancos que mencionáramos anteriormente y los contrató para que administraran la deuda privada y pública de la Nación, estableciendo ellos los montos de la deuda, los intereses que debían pagarse y la forma de realizar los acuerdos de conciliación. Así se ordenó finalmente el sector externo a través de contratos que costaron enormes sumas de dinero, no declaradas por la autoridad económica. Pero ello en modo alguno solucionó el problema de la deuda que siguió creciendo debido al elevado monto en concepto de servicios que se debían seguir pagando. Respecto al costo de los contratos con el comité de bancos y con la consultora internacional, en un informe del ministro Cavallo de 1994 se consigna que tal operatoria fue muy onerosa pero en modo alguno se consignaron los montos pagados y la discriminación de los mismos. Tenemos en nuestro poder una cierta cantidad de copias de órdenes de pago efectuadas, donde no existe imputación alguna de qué era lo que se pagaba, y un funcionario del Ministerio de Economía, ante mi requerimiento, me informó que se pagaba a los bancos por disposición del ministro sin que existiera imputación alguna. En el caso de la consultora Price Waterhouse, como los costos de la contratación parece que excedieron las previsiones, se obtuvo una donación del gobierno japonés para hacer frente a los mismos, tal como surge de documentación en nuestro poder.

Desde el año 1994, hasta el año 2000 se pagaron en concepto de intereses de la deuda y amortizaciones 116.648 millones de dólares, y se emitieron bonos por 77.400 millones, cubriéndose el resto con fondos provenientes de préstamos otorgados por el FMI y el Banco Mundial. Es decir que se emitió nueva deuda para pagar la vieja deuda, la que siguió incrementándose hasta llegar a la suma de 145.000 millones de dólares al final de la Presidencia de Menem.

3) PRESIDENCIA DE FERNANDO DE LA RÚA

 Durante el año 2000, el Ministro de Economía, José Luis Machinea, celebró un “blindaje financiero” mediante préstamos otorgados por el FMI (USD 13.700 millones), el BID y el BM (USD 4.000 millones), el gobierno de España (USD 1.000 millones), más lo que se comprometieron a aportar los bancos privados (USD. 10.000 millones), a los que había que sumar otros ingresos, totalizando una suma aproximada de 38.000 millones de dólares.

Mediante ese procedimiento ya utilizado en otros países se pensaba afrontar vencimientos por 23.000 millones de dólares y cubrir el déficit fiscal de ese año, que llegaba los 7.000 millones.

En medio de los graves conflictos surgidos por la denuncia de las coimas en el Senado, la renuncia del Vicepresidente Carlos Álvarez, y una situación económica que se hacía poco sostenible, se produjo la renuncia de Machinea, y luego de la brevísima gestión de López Murphy, asumió nuevamente el Ministerio de Economía Domingo Cavallo, a quien el Congreso de la Nación le otorgó plenos poderes, contando con el voto de los dos partidos mayoritarios.

A los efectos de prorrogar el pago de los bonos externos, cuyos vencimientos no se podían afrontar en el corto plazo, Cavallo –a instancias de David Mulford, Presidente del Crédit Suisse First Boston– realizó un megacanje de títulos, que de conformidad con los peritos que intervienen en la causa penal tramitada ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2, aumentó la deuda en 55.000 millones de dólares.

Mediante esa operación se cambiaron títulos que vencían entre los años 2001 y 2005, por títulos con vencimientos hasta el año 2031, con una tasa de interés que llegó al 16% anual, habiéndose pagado 257 millones de dólares de comisión al conjunto de bancos que intervinieron: Galicia, Río-Santander, BBVA Francés, Crédit Suisse First Boston Corporation, HSBC Bank Argentina, JP Morgan Securities y Salomon Smith Barney.

4) PRESIDENCIA DE NÉSTOR KIRCHNER

 Después de la huida de Fernando de la Rúa, y la suspensión de los pagos de la deuda dispuesto por el efímero Presidente Adolfo Rodríguez Saá, su sucesor Eduardo Duhalde se limitó a pagar los vencimientos con los organismos multilaterales, quedando casi la mitad de la deuda externa total en default.

El Ministro de Economía Roberto Lavagna tuvo que enfrentar una situación extremadamente crítica que manejó con cierta prudencia, y al ser confirmado en el cargo por el Presidente Néstor Kirchner preparó un plan para reestructurar la deuda, cuyos pagos habían quedado suspendidos.

En marzo del año 2004 se emitió el Decreto 319, por el cual se establecieron algunos lineamientos generales de la futura reestructuración, donde se autorizaba la renuncia a la inmunidad soberana del Estado en los documentos a emitir, se determinaba que las operaciones de canje eran comerciales (de derecho privado) y se volvía a contratar al estudio de abogados de Nueva York que había asesorado a Carlos Menem en la década del 90.

En el año 2005, se efectuó el canje de los bonos en default por tres nuevos tipos de bonos, lo que redujo la deuda en porcentaje, tal como surge del siguiente cuadro.

DEUDA EXTERNA TOTAL            191.263 MD

DEUDA A REESTRUCTURAR    82.000 MD

DEUDA REESTRUCTURADA (Bonos Rescatados) 62.000 MD

BONOS EMITIDOS 37.000 MD

AHORRO OBTENIDO        25.000 MD

Aunque la deuda disminuyó en las cifras apuntadas, se emitieron un bono con un cupón atado al crecimiento, y un bono en pesos con una tasa de interés fija del 3% ajustable por el Coeficiente de Estabilizacion de Referencia (CER), lo que suponía que la deuda emitida en esa moneda crecería de acuerdo a los índices de inflación que se registraran.

Con posterioridad, el Congreso de la Nación convirtió en Ley un proyecto del Poder Ejecutivo para no reabrir más el canje de los bonos en default, pero en el año 2009, la ley quedó suspendida en su efectos por el mismo Congreso ante un nuevo pedido de la Presidencia, reabriéndose el canje donde, según estimaciones fidedignas efectuadas por Claudio Lozano, el descuento efectuado en los bonos fue compensado por el reconocimiento de los cupones atados al PBI desde el año 2005 hasta el 2010.

La deuda que al final de la Presidencia de Menem era de 146.575 millones de dólares, alcanza actualmente de acuerdo a las cifras oficiales a 176.927 millones, habiéndose pagado desde 1981 hasta el 2001, 218.000 millones de dólares, y en los últimos años alrededor de 50.000 millones de dólares más.

PAGOS DE LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA

Años  Capital Int. y comisiones  Cifra real pagada

1981  1.873 3.434

1982  1.475 4.924

1983  93       177

1984  450     5.537

1985  3.912 5.131

1986  1.871 4.291

1987  2.078 4.145

1988  2.054 4.678

1989  3.342 6.023

TOTAL           17.148 38.340         55.488 50.800         (atrasos por 5.408)

1990  6.158

1991  1.128 4.068

1992  3.005 2.835

1993  6.151 2.454

1994  4.363 3.123

1995  1.136 4.104

1996  6.630 4.053

1997  14.780           5.795

1998  14.113           6.741

1999  14.749           8.295

2000  16.458           9.796

2001  16.469           10.970

TOTAL           98.982           68.392           167.374

 

Pagos de 1981 a 1989     50.800

Pagos de 1991 a 2001     167.374

TOTAL S. E. U. O.

 

0 55