Entrevista AL DORSO | Héctor Luis Giuliano 27.11.2019. En los últimos meses de la gestión actual de gobierno, la situación financiera y de deuda pública de nuestro país alcanzó nuevas características que deberán ser afrontadas a muy corto plazo cuando el gobierno de Alberto Fernández asuma el próximo diciembre (…)
La deuda y los nuevos buitres detrás del canje
Entrevista AL DORSO | Héctor Luis Giuliano 27.11.2019.
En los últimos meses de la gestión actual de gobierno, la situación financiera y de deuda pública de nuestro país alcanzó nuevas características que deberán ser afrontadas a muy corto plazo cuando el gobierno de Alberto Fernández asuma el próximo diciembre. Los datos oficiales sobre la deuda pública al 30 de septiembre indican que el monto de la deuda bajó. “Debe menos expresado en dólares porque el gobierno está licuando la deuda en pesos, cuando la denomina en dólares da menos” explica Héctor Luis Giuliano.
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«El valor traducido a dólares a descendido relativamente. Esto es doblemente engañoso. No es producto de un descenso de deuda, es por licuarla. Es consecuencia de una licuación» agrega Héctor Luis Giuliano. Como consecuencia de esta licuación de deuda en pesos, explica: “¿Quién gana y quién pierde? Gana la Tesorería pero se perjudican los acreedores en pesos del Estado. ¿Quiénes son esos organismos? Son los organismos inter-estado como la ANSES por ejemplo. La plata de los jubilados se empezó a licuar”. En la actualidad el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados tiene el 72% del dinero prestado al Estado, y es el propio Estado el que licúa ese dinero.
El Fondo Monetario Internacional puede realizar un acuerdo de facilidades extendidas que puede llegar a siete o diez años, pero con reformas estructurales muy severas como pueden ser la reforma laboral, una nueva modificación en la reforma previsional, realizar un ajuste fiscal, etc. A esta situación de reperfilamiento de la deuda, a la situación crítica que atraviesa el Banco Central de la República Argentina con vencimientos de letras, se abre un nuevo -aunque conocido- escenario con la aparición de los fondos buitres.
«No tenía plata Macri y no va a tener plata el próximo gobierno. La Argentina puede sentarse a hacer otra renegociación con los acreedores privados, por eso se presentan estos nuevos fondos buitre». Desde el año pasado hasta la actualidad, los bonos argentinos han bajado su valor, llegando hasta un 30 por ciento del total. Ante esta baja, los fondos buitre compran estos bonos para luego sentarse a negociar al 100 por ciento de su valor.
“Un fondo de inversión monstruo compró a un promedio de un 40% de su valor. Aunque se sienten a negociar y den la gracia de la quita del 10% o 20%, los tipos compraron a 40%, lo reenvían al 100% así que ganan el doble. Y si no aceptan este tipo de negociaciones le hacen a la Argentina un agujero enorme» explica Héctor Luis Giuliano.
«Estamos así por habernos metido con el Fondo después de la crisis que generó Macri el año pasado”. La situación ante las posibles negociaciones es de clara desventaja, además de la poca estructura financiera en la que se encuentra el país. Aún así, Héctor Luis Giuliano concluye: “La declaratoria de Alberto Fernández es más dura que la de sus asesores» quienes plantean un panorama más compensador, tanto para acreedores privados como para los entes internacionales de financiación.
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CRISIS DE DEUDA Y NUEVOS FONDOS BUITRE
Por Héctor GIULIANO (16.11.2019)
Como consecuencia de su política de Gobernar con Deuda (obligaciones sin capacidad de repago) la administración Macri llevó al país a una nueva Crisis de Deuda en 2018 – que se prolonga hasta hoy por iliquidez e insolvencia del Estado – una crisis de la que sobrevive sólo merced al sostenimiento del tándem gobierno Trump-FMI y con el altísimo costo financiero de los servicios de la Deuda del Tesoro y del Banco Central (BCRA) que son los más altos del Mundo.
Pero esta ya de por sí gravísima situación fue acompañada por un hecho tanto o más riesgoso y menos conocido, que es el importante cambio en la estructura de los acreedores de la Deuda Pública. Desde el año pasado – a instancias de las recomendaciones de grandes consultoras, bancos internacionales y fondos de inversión – la caída generalizada de bonos argentinos vino siendo aprovechada para la compra masiva de títulos públicos que cotizaban a 40-45 % de su Valor Nominal (VN) o Facial y que ahora llegan incluso al 30 %, según los casos.
Con el correlato de una suba de la sobretasa por riesgo país superior a los 2.500 PB (Puntos Básicos, equivalentes a un 25%) dentro de un Mercado de Capitales Externos bloqueado para la Argentina. En este contexto, el próximo 10.12 tiene que asumir y empezar a tomar decisiones el nuevo presidente electo, Alberto Fernández.
CUADRO DE SITUACIÓN
Hasta hace pocos días, se suponía que el saliente gobierno Macri podía llegar a dejar acordado un convenio modificado con el FMI antes del traspaso del poder, y hasta eventualmente un pre-acuerdo con los acreedores sobre la base del proyecto de reperfilamiento de la deuda de corto plazo – local e internacional – con el objeto de comprometer a la administración entrante y, a la vez, desligarla de la responsabilidad de ser actor de tales arreglos (cosa que pudiera servirle a Alberto Fernández para declararse víctima de una situación heredada del Macrismo y a la vez evitar ser sindicado como responsable del fracaso de una negociación de último momento supuestamente exitosa).
Pero las cosas parece que no se están dando así ahora:
a) La posición de Fernández tomó un carácter más duro en los últimos días (al menos, en cuanto a sus declaraciones públicas): el presidente electo volvió a decir que la Argentina está en virtual default, que en las condiciones en que deja Macri al país no se puede pagar la Deuda y que el FMI es co-responsable de esta nueva Crisis de Deuda.
En este aspecto, las manifestaciones del presidente electo son mucho más duras que las de sus principales colaboradores que están en contacto con los Acreedores (Matías Kulfas, Emmanuel Álvarez Agis, Guillermo Nielsen o Martín Redrado).
b) El agravamiento del estado de quiebra al que ha sido llevado el BCRA se acelera en forma más peligrosa: de la Bomba de las Lebac – el año pasado – que estaban en promedio a 30 días de plazo y con tasas del 38-40 % anual, se pasó a la Bomba de las Leliq, que son a 7 días y pagan hoy el 63 % anual (habiendo llegado hasta el 75 %) y ahora se está pasando a la Bomba de los Pases Pasivos, que son obligaciones a sólo un día de plazo y pagan el 57 % anual de interés.
Según datos del BCRA al 31.10 pasado el stock de Leliq había descendido relativamente a menos de 1.0 B$ (984.000 M$ ≡ 16.500 MD)[1], como producto de retiros de bancos de las Letras de Liquidez (relacionados a su vez con la no renovación de plazos fijos de sus grandes depositantes)[2] y del fuerte traslado de la mayoría de estos fondos a Pases Pasivos, que en la actualidad suman más de 1.5 B$ (1.516.400 M$ ≡ 25.400 MD). En total, 2.5 B$ (2.500.400 M$ ≡ 42.000 MD).[3]
c) La concentración de vencimientos de la Deuda del Tesoro – paralela al endeudamiento de corto y cortísimo plazo del BCRA – también se ha venido agravando en los últimos tiempos: en un intento de cuadro de situación (con los pocos datos concretos disponibles), la administración Macri le habría traspasado por DNU al nuevo gobierno vencimientos por unos 12.500-14.000 MD en función del reperfilamiento unilateral de deudas que caen ahora entre Diciembre de este año y Febrero del 2020, parte de otros 13.500 MD que estarían venciendo en lo que queda del segundo semestre del 2019 (según estimaciones a Setiembre) y la des-cobertura total de los vencimientos que caen el año que viene, dado que no se contaría ya con los desembolsos del FMI (giros que han servido para sostener al presidente Macri pasándole la cuenta de pago a la próxima administración electa).
Según el Proyecto de Ley de Presupuesto 2020 la Administración Central tiene que hacer frente a vencimientos de Capital o Principal de la Deuda Pública por 52.000 MD – que se piensa, como siempre, en renovar hasta el último centavo dado que no se cuenta con fondos para el pago – y tomar Deuda Nueva por otros 43.000 MD (de los cuales 20.000 MD corresponden a renovación de Letras del Tesoro): un total previsto de Endeudamiento Público por 95.000 MD (!) para un país que se encuentra en estado de cesación de pagos.
Una situación de Default – por iliquidez e insolvencia fiscal (del Tesoro) y cuasi-fiscal (del BCRA) – que las autoridades se niegan a reconocer y la enmascaran en forma burda con el roll-over (renovación o refinanciación) permanente de todos los vencimientos y con el pago y/o capitalización de cada vez mayores sumas de intereses.[4] Tal la patética situación financiera del Estado que deja como herencia el gobierno Macri a la nueva administración Fernández y los términos en que, en principio, tiene que arrancar la misma.
NEGOCIACIONES SECRETAS EN CURSO
Mientras la triada Gobierno-Clase Política-Medios mantiene silencio de radio sobre el estado actual de las negociaciones en curso, tanto autoridades actuales como futuras mantienen febriles conversaciones acerca de la situación de default argentino derivada de la nueva Crisis de Deuda Macri.
Mientras representantes del Gobierno – como el Ministro de Hacienda Lacunza y el titular del BCRA Sandleris – y de la futura administración – como Matías Kulfas y Álvarez Agis – afirman en falso que la Argentina es solvente para afrontar sus compromisos y que el país no está en default (mientras Fernández habla de un virtual default) en Nueva York se ha constituido ya un Comité de Acreedores sobre el caso Argentino.
El presidente electo ya habría recibido – según sus propias declaraciones – unas 13 propuestas de reestructuración de Deuda por parte de Bancos, Fondos de Inversión, Consultoras y otros gestores individuales de lo que acertadamente se identifica desde hace muchos años como los muchachos del Club de la Deuda, es decir, del conjunto de actores del submundo financiero institucional que pelean por espacios de influencia y los jugosos negocios de canje de pasivos, comisiones, honorarios, gastos, etc.: todo un conjunto de actividades secretas – porque al amparo de la complicidad de los gobiernos de turno nunca se hacen públicas – que terminan configurando siempre un grande e impreciso agujero de gastos para el Estado.
Se dice, según los pocos trascendidos periodísticos, que el Comité de Acreedores (Steering Committee) de Nueva York (un comité creado cuando la Argentina no ha declarado todavía default!) estaría compuesto – entre sus protagonistas principales conocidos – por los fondos de inversión Greylock Capital (de capitales originarios holandeses y cuyo CEO es hoy Hans Humes), Fidelity (fondo norteamericano de origen familiar cuyo titular es Edward Johnson III), T. Rowe Price (fondo también norteamericano y de origen familiar), Amundi (fusión de Credit Agricole y Societé Generale, de Francia), Blackrock (fondo de capitales judío norteamericano creado y dirigido por Larry Fink y Robert S Kapito, que es el fondo que manejaría más activos financieros en el mundo), Marathon, Templeton (fondo norteamericano de origen familiar presbiteriano, cuyo representante en la Argentina era Gustavo Cañonero, actual vicepresidente primero del BCRA) y otros.
Estas instituciones financieras internacionales son parte y/o se suman a la serie de contactos que están teniendo – en Buenos Aires y en Nueva York – Merrill Lynch, JP Morgan, Banco Itaú, Bank of América, Monarch, MFN Partners, Investec, VR Capital (fundado y dirigido por Richard Deitz), Farallon Capital, Lazard Freres (de Francia, considerado una colateral de la Banca Rothschild) y otros tanto con funcionarios del gobierno Macri como con los representantes del presidente electo Alberto Fernández.
Un capítulo especial corresponde a los bancos españoles con intereses financieros en la Argentina – comenzando por el principal, que es el Banco Santander, presidido por Ana Botín, y seguido por el BBVA – que sumarían en conjunto acreencias por unos 23.000 MD y que ya han tomado contacto directo, aquí y en Madrid, con Alberto Fernández y Mauricio Macri. La lista de pesos pesados financieros podría extenderse y ampliarse mucho en cuanto a sus antecedentes y datos de detalle pero esencialmente las negociaciones que se llevan a cabo por definición se mantienen en secreto.
Se trata de nuevos Fondos Buitre (FB) que están otra vez revoloteando sobre la Argentina, al acecho de la nueva reestructuración de Deuda que se avecina y que se dice podría involucrar la refinanciación de pasivos por el total de unos 150.000 MD: otro nuevo récord histórico para nuestro país y para el Mundo. En este contexto macro de Crisis de Deuda – y en línea con la acción de los nuevos FB – se entienden las amenazas diplomáticas que está recibiendo el presidente electo Alberto Fernández: advertencia del Secretario del Tesoro Norteamericano Steven Mnuchin de que Estados Unidos “espera que la Argentina cumpla sus compromisos con el FMI”, llamada del presidente Trump para saludarlo y ofrecerle su apoyo para las renegociaciones con el Fondo y paralelo aviso de la nueva Directora Gerente, Kristalina Georgieva y su vocero de prensa Gerry Rice en el sentido que el Fondo “está listo” para encarar nuevas conversaciones con su gobierno.
Una suerte de ofrecimientos imperativos que son muy difíciles de resistir. Es un método de comportamiento del capital financiero y su mundo político en términos parecidos a la frase de Don Corleone en la famosa película “El Padrino” cuando decía: “voy a hacerle una oferta que usted no podrá rechazar”.
FONDOS BUITRE Y CENSO DE ACREEDORES
Desde el estallido de la Crisis de Deuda Macri en Abril de 2018 – como dijimos al inicio de este trabajo – la caída de los títulos públicos argentinos dio lugar a un fuerte cambio de manos por compra-venta de bonos, con el ingreso consiguiente de nuevos fondos especulativos en la Deuda de nuestro país: los nuevos Fondos Buitre que entraron para lucrar con el diferencial de precios de cotización. Entre los pocos datos conocidos se cuenta especialmente la irrupción de los grandes fondos Black Rock y Templeton, entre otros, que se los entiende ligados a la administración Trump y su alineamiento político internacional.
El gobierno Macri, ante su abierto fracaso en materia económico-financiera, solicitó en Mayo de 2018 el salvataje del FMI para no tener que declarar el default, para no interrumpir así el pago de intereses a los acreedores y para poder llegar a completar su mandato en Diciembre de 2019. Pero al fracaso de su política económica y financiera le siguió este año el fracaso del Acuerdo Stand-By suscripto por el FMI, lo que llevó a la suspensión del desembolso de 5.400 MD que debía hacerse en Setiembre pasado, después de haberle girado a la Argentina 44.100 de los 56.300 MD pactados. Esto ha colocado al FMI como el principal acreedor individual del país y éste además, por su condición de Organismo Internacional, tiene prioridad de cobro en caso de default y a valor nominal del préstamo concedido.
Por este motivo, en caso de reestructuración de Deuda no habría renegociación posible con los acreedores sin un acuerdo previo con el Fondo. El gobierno Macri reperfiló unilateralmente gran parte de los vencimientos del segundo semestre de 2019 (los 12.500-14.000 MD citados) – es decir, los pateó para adelante – traspasándolos así al nuevo gobierno Fernández, con lo que se suman a los vencimientos del 2020. Como nuestro país no tiene liquidez ni solvencia para afrontar esta combinación de vencimientos – sumada a la grave situación del BCRA por su deuda de corto y cortísimo plazo – deviene inevitable que se proceda a negociar una nueva reestructuración o canje de Deuda con los acreedores del Estado, empezando por el FMI.
Alberto Fernández – en línea con sus colaboradores y hasta con funcionarios del propio gobierno Macri – habló de una “salida a la uruguaya” (por su analogía con el Acuerdo de 2003 entre FMI y Acreedores Privados bajo el gobierno de Jorge Batlle), lo que supone refinanciar deuda extendiendo plazos de vencimiento (reperfilamiento) sin quita de Capital ni rebaja de Intereses. Dado que la Deuda Argentina es la más cara del mundo y la mayoría de los tenedores son nuevos Fondos Buitre (FB) que compraron bonos a precios cuasi-basura (desde 40-45 hasta 30 % de su valor) una propuesta de este tipo pareciera música a los oídos de estos grupos especulativos.
Empero, según las estimaciones hechas en base a Valor Presente de los títulos, a cálculos realizados por economistas y consultores privados, y también a supuestos requerimientos del FMI, se piensa que los márgenes de ganancia de los FB serían lo suficientemente grandes como para que los tenedores de bonos puedan aceptar una quita de hasta un 20 % del Capital y una rebaja relativa en las tasas de interés contra un nuevo Megacanje bajo la garantía de un Acuerdo de Facilidades Extendidas del FMI, que mantendría así su rol de acreedor oficial y auditor de los Acreedores Financieros del Estado.
Y en función de este acuerdo combinado la Argentina recibiría como premio el retorno al Mercado Internacional de Capitales, esto es, la vía para volver a endeudarse en el Exterior. Siendo que tales ventajas relativas – como ha ocurrido siempre en los Megacanjes de Deuda – serían presentadas ante la opinión pública como supuestos éxitos de negociación. Todo esto corresponde por ahora al plano de las conjeturas y no de los hechos, pero cabe recordar que el Kirchnerismo tiene malos antecedentes al respecto:
a) En Enero de 2006 el presidente Néstor Kirchner pagó al FMI por anticipado la totalidad de su deuda con el Organismo: 9.530 MD (abonados con reservas internacionales del BCRA, que luego fueran repuestas con Deuda). El pago – lo mismo que había ocurrido días antes con Brasil y otros países menores – era producto de una exigencia del FMI pero fue presentado como una forma de liberación del Fondo.
b) Algo parecido sucedió años después, en 2014, cuando el gobierno de Cristina Fernández (CFK) refinanció la Deuda acumulada con el Club de París por 9.800 MD – gran parte de la cual estaba investigada por la justicia por la cuestión de la estatización de Deuda Externa Privada – y lo hizo reconociendo dentro de este total (que era originalmente de unos 6.000 MD) más de 3.700 MD de Intereses Punitorios.
c) Pese al discurso público del Des-endeudamiento CFK (que en realidad se refería sólo a la reducción parcial de la Deuda Externa por conversión a Deuda Intra-Estado) la Deuda Pública Total durante el Kirchnerismo aumentó unos 100.000 MD entre 2003 y 2015 (de 151 a 254.000 MD).
Y lo más importante: el Megacanje Kirchner-Lavagna-Nielsen de 2005, que fue vendido a la opinión pública como un gran éxito de negociación pero terminó en un fracaso (como todas las grandes reestructuraciones de Deuda, desde los Acuerdos de Nueva York de Alfonsín 1985-1987, el Plan Brady de Menem-Cavallo de 1992-1993 y el Megacanje De la Rúa-Cavallo del 2001), con el agravante que dejó el agujero negro jurídico y financiero de los Holdouts, que culminó rematado con los acuerdos de rendición secretos del gobierno Macri en 2016.
El Megacanje K del 2005 se hizo reconociendo la legitimidad de títulos públicos que estaban siendo investigados por la Justicia Argentina (Causas Olmos I-II y Megacanje 2001), aceptando la paridad a Valor Nominal (VN) de bonos que entonces valían un 25-20 % o menos aún en el Mercado, y compensando íntegramente a los acreedores una quita de un 44 % con la entrega de Cupones PBI por 48 %. Una claudicación real que fue presentada como exitosa gestión de Deuda hasta la fecha, que amenaza repetirse hoy – aunque en otros términos y circunstancias – y que notablemente vuelve a tener en juego a varios de sus protagonistas, como el entonces Secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen y el propio Alberto Fernández, que en ese momento era Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.
En síntesis:
El gobierno Macri, por culpa de su política de Gobernar con Deuda, llevó a la Argentina a un nuevo Default, sobrevivió financiera y políticamente merced a la ayuda del gobierno Trump con divisas prestadas por el FMI para no interrumpir el pago de intereses a los Acreedores y en complicidad con los nuevos Fondos Buitre le deja una doble bomba de tiempo financiera al nuevo gobierno Fernández.
En este contexto, la primera medida que debiera tomar la administración entrante es blanquear la insolvencia del Estado Argentino, auditar la Deuda Pública y determinar las responsabilidades del caso; pero para ello – antes de sentarse a negociar – se impone un requisito de base, de lógica y de transparencia, que es realizar un Censo de Acreedores financieros del Estado donde quede perfectamente identificado quiénes son hoy los tenedores de los títulos de Deuda, cuándo los adquirieron, a qué vendedores, a qué precios y a través de qué entidades realizaron tales operaciones.
Algo que nunca se hizo a lo largo de toda la Historia Financiera de la Deuda Pública Argentina por la existencia de complicidad entre los gobiernos de turno y los acreedores reclamantes contra el Estado.[5]
Y hasta que este punto clave no se aclare como corresponde todo nuevo Megacanje de Deuda tiene final abierto.
Porque, en materia de Deuda Pública, el rey está desnudo pero está prohibido decirlo.
[1] Las abreviaturas B$, M$/MD significan Billones de Pesos y Millones de Pesos/Dólares respectivamente y se expresan siempre con redondeo, razón por la que pueden darse mínimas diferencias entres totales y sumatoria de términos.
Los importes se expresan la mayoría de las veces en Pesos y su equivalente (≡) en Dólares.
[2] Cabe recordar que la gran masa de depósitos a plazo fijo – que son la principal fuente de fondos con la que los bancos compran Leliq – no están constituidas por pequeños y medianos ahorristas (que son muchos en número pero no los más relevantes en cuanto a importes) sino por grandes fondos internacionales de inversión, que han ingresado al país para lucrar por arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés local oficial del BCRA a través de operaciones de carry trade o bicicleta financiera, que se paga en función del sobre-endeudamiento del Banco producido por la administración macrista.
[3] Aquí no están incluidos los Pasivos del BCRA por Cuentas Corrientes en Moneda Extranjera, que son los encajes por los Depósitos Bancarios en Dólares (475.000 M$ ≡ 8.000 MD) – que han registrado también una fuerte caída por retiros de fondos – y Otros Pasivos, que son esencialmente el Swap con China por 1.2 B$ (1.168.700 M$ ≡ 19.600 MD).
Un subtotal de 1.6 B$ (1.643.700 M$ ≡ 27.600 MD) que sumado a las Leliq y Pases Pasivos da un total de 4.1 B$ (4.144.100 M$ ≡ 70.000 MD).
[4] Hoy el Tesoro tiene Intereses a Pagar por más de 3.000 M$ por día y paralelamente el BCRA tiene que afrontar otros 4.000 M$ diarios. Un total conjunto de 7.000 M$/Día.
Tomando como referencia los intereses a pagar de la Deuda del Estado Central (20.000 MD) y los del BCRA (25.000 MD equivalentes por Leliq y Pases Pasivos) la proyección de servicios anuales por Intereses de la Deuda Pública conjuntos da una proyección de unos 45.000 M$ anuales.
Los intereses de las Leliq están calculados a la tasa actual del 63 % anual y los Pases Pasivos a la del 55-57 %, en tanto que las de la Deuda del Tesoro fue tomada del Presupuesto en curso 2019 *que ya ha quedado desactualizado por un aumento relevante de más de 350.000 M$ adicionales según DNU del Ejecutivo.
[5] En 2004, mientras se negociaba la Oferta de Dubai, EAU – presentada en Setiembre del año anterior – el gobierno Kirchner intentó obtener una suerte de Censo de Acreedores. Para ello contrató los servicios de la banca Lazard Freres, de París, y abrió registros al efecto en cinco consulados argentinos en el mundo: Nueva York, Londres, Frankfurt, Roma y Tokio. El procedimiento, sin embargo, fue boicoteado por los acreedores, que se negaron a identificarse, liderados particularmente por el ex funcionario de la Banca de Italia Nicola Stock, que se atribuía la representación de los bonistas italianos (en su mayoría jubilados que habían sido estafados por los bancos colocadores y luego vendieron masivamente sus títulos a Fondos Buitres que los compraron hasta 17 y 15 % de su valor nominal).
El gobierno de Néstor Kirchner, bajo la gestión Lavagna-Nielsen, terminó desistiendo del intento y los acreedores del Megacanje 2005 quedaron así en el anonimato, resucitando después como Fondos Buitre.
