Deuda externa y dictaduras militares
Alejandro Olmos Gaona.
Antecedentes históricos de la deuda externa argentina.
Parte III: La deuda en el Golpe de 1955 y la dictadura cívico-militar de 1976/83. Comienzo de la nueva deuda.
LA DEUDA EXTERNA ARGENTINA. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
PARTE III: DEUDAS Y DICTADURAS CÍVICO MILITARES
Cuando se produjo el golpe de 1955, las nuevas autoridades le encargaron al Dr. Raúl Prebisch, celebrado economista que fuera funcionario del Banco Central durante la presidencia de Justo, que redactara un informe sobre la situación argentina. Las conclusiones de éste fueron dramáticas, pero producto no solo del desconocimiento de lo que realmente ocurría sino de una imposición de las autoridades dictatoriales para justificar buena parte del proceso en el que se habían involucrado. Al poco tiempo de conocerse dicho informe, Arturo Jauretche, en páginas luminosas, desnudó una a una las falencias del informe y puso en descubierto su inconsistencia. Pero ya la situación era irreversible y las influencias extranjeras volvían a hacerse presente en la Argentina. Así se decidió la incorporación del país al Fondo Monetario Internacional. En ese momento, y a través de convenios bilaterales de carácter comercial firmados con distintos países, existían créditos a pagar con materias primas, tal como se había acordado oportunamente. Esas obligaciones fueron convertidas en deuda financiera y los acreedores constituyeron ese grupo informal que pasaría a denominarse Club de Paris, que a partir de ese momento sería un acreedor permanente de la Argentina, estableciendo pautas uniformes en todas las tratativas para que se negociara con el grupo, no pudiendo el país hacerlo individualmente con cada uno de sus integrantes.
Además de la implacable persecución de todo aquello relacionado con el peronismo, hubo un claro retroceso, al volverse a la vieja Constitución de 1853, anulando la importante reforma efectuada en 1949. Con la presidencia de Frondizi comenzó la explotación intensiva de los recursos petroleros, a través de contratos que en su momento fueron impugnados y declarados nulos por los graves vicios de procedimiento. En ese momento, el endeudamiento externo no era demasiado significativo y su crecimiento obedecía en general a las reales necesidades de financiamiento.
En 1961 la deuda era de 11.606.139.000 de pesos moneda nacional y al finalizar la década había crecido ocho veces, llegando a los 80.000.000.000. En este período, el capital extranjero de origen estadounidense pudo empezar a instalarse en la Argentina, ante las facilidades otorgadas por el nuevo gobierno. Durante la administración del Dr. Illia, se efectuó una política con cierto orden y se anularon los contratos petroleros de la gestión anterior. Aunque puede decirse que la libertad política es plena, la marginación de las masas populares sigue siendo una evidencia. Sin embargo, la clara vocación democrática del
Presidente Illia fue mostrando la posibilidad de empezar a construir un país distinto. Al orden económico logrado se sumó una importante reducción del endeudamiento externo, y no se cayó en nuevas y onerosas renegociaciones. Se intentó aplicar una ley de medicamentos que limitara los negocios de las multinacionales mostrando cierta transparencia en el ejercicio del poder. No puede decirse que haya habido modificaciones sustanciales, y el poder militar al acecho limitó muchas posibilidades del presidente que tuvo que negociar para evitar mayores confrontaciones. Ello que no fue obstáculo para la injustificable intervención militar del General Juan Carlos Onganía, que comenzó un proceso económico diseñado por Adalbert Krieguer Vasena siguiendo un derrotero que condicionaría las decisiones soberanas del país, que no atinaba a salir de los círculos manejados invariablemente por los mercados financieros. Durante ese proceso militar, se produjo el negociado de Aluar, mediante el cual se entregó la producción de aluminio a un conjunto de aventureros que hicieron un gran negocio a expensas de los recursos del
Estado; y como sucede siempre en la Argentina, encontraron la posibilidad de tener representantes que siguieron ocupando cargos en los sucesivos gobiernos, y tuvieron en consecuencia una impunidad total para los cargos que desarrollaban. José Gelbard, que intervino abiertamente en este tema, fue ministro de economía del primer gobierno peronista en 1973.
Después de la breve presidencia del Gral. Levingston, y durante la gestión del Gral. Alejandro Lanusse, el poder militar entendió que no podía seguir manejado la administración del Estado y era necesario volver a entregar el poder a los civiles. Después de las fallidas negociaciones con Perón, se llamó a elecciones, siendo elegido el Dr. Héctor Campora, quien gobernó unos pocos meses, hasta que fue consagrado nuevamente Perón en septiembre de 1973, con un llamado a la unidad para comenzar una etapa alejada de los enfrentamientos pasados. Su clara debilidad física y las luchas de poder dentro del peronismo entre los sectores de derecha, las formaciones armadas y grupos de la juventud, llevó a que se produjeran nuevos enfrentamientos, asesinatos como el de Rucci por montoneros y de gran cantidad de militantes de izquierda por parte de las AAA. Los intentos de Perón para poner freno al desborde fueron en vano y muchos proyectos que tenía no se pudieron ejecutar. Una de sus ideas fue el dictado de una nueva reforma constitucional que tomara muchas de las ideas de la vieja norma del 49, y poder encarar un proyecto de país más ordenado que se plasmó en el Plan Trienal 1973-76. Su muerte en 1974 provocó que los enfrentamientos se acentuaran, hasta producirse el golpe militar que daría lugar a una dictadura como la Argentina no había conocido.
La debilidad de Perón fue tan clara que los ministros que integraron su gabinete, en muchos casos le hicieron firmar decretos y promulgar leyes que no tenían que ver con ideas que había sustentado desde siempre. Un ejemplo de ello lo constituye la sanción de la ley 20.548, en cuyo artículo 7º se determinó que “El Poder Ejecutivo queda asimismo facultado para prestar la garantía de la Nación, con carácter accesorio o principal, a obligaciones que con las finalidades y bajo los requisitos mencionados asuman entidades públicas o privadas, así como para someter eventuales controversias con personas extranjeras a jueces de otras jurisdicciones, tribunales arbitrales con dirimente imparcialmente designado o a la Corte Internacional de Justicia de La Haya”, siendo esta norma el primer antecedente de sometimiento a otras jurisdicciones que sancionara el Congreso de la Nación.
Con María Estela Martínez de Perón comienza una gestión presidencial signada por conflictos entre los sindicatos y el poder que ejercía el superministro José López Rega, que después de imponer a Celestino Rodrigo –subordinado suyo– como Ministro de Economía, debió irse ante el fracaso de la política económica y las presiones cada vez mayores de las fuerzas armadas.
Al caos político y las crecientes dificultades económicas se sumó el enfrentamiento con las organizaciones guerrilleras a las que se había decidido exterminar, con lo que el gobierno perdió el rumbo, dejando de ejercer el poder real, lo que permitió el golpe del 24 de marzo que se iba anunciando desde el mes de enero.
LA DICTADURA CÍVICO-MILITAR
Al producirse el golpe militar el 24 de marzo de 1976, el Dr. José Alfredo Martínez de Hoz, integrante del Consejo Asesor del Chase Manhattan Bank, prominente directivo de Acindar y de la Italo, elaboró un proyecto económico sometido a la Junta Militar. Ese plan contaba entre las primeras medidas de gobierno, la modificación del art. I del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, estableciendo la improrrogabilidad de la competencia jurisdiccional de la Argentina a favor de jueces extranjeros, es decir que en cualquier convenio o contrato que firmara el país, se declinaba la competencia de nuestros tribunales. Martínez de Hoz, según sus expresiones, y las obras que publicara con posterioridad a su paso por la función pública, pretendía hacer un país moderno, con una economía productiva y altamente competitiva, con empresas sanas, proyectos realizables, a través del marco de orden y tranquilidad que iban a asegurar las fuerzas armadas, con lo que se llevaría a la Argentina a ocupar el lugar que tuvo –según él– a principios de siglo. La realidad de lo que ocurriera daría un mentís a ese discurso falaz con el que se intentó convencer a una ciudadanía que prefirió mirar para un costado y unaclase media que se dedicó a la especulación producida por la plata dulce, mientras las clases populares se empobrecían cada vez más.
En todo ese proceso histórico, donde está la génesis de nuestro endeudamiento actual, se cae en el error de ir solamente a los efectos cuantitativos, a los esquemas numéricos, a los déficits del presupuesto, y a las alternativas de la cuenta de regulación monetaria, y no se va al origen de cómo se construyó esa deuda. Las reservas del Banco Central eran exiguas cuando cayó Isabel Perón, y la deuda ascendía alrededor de los 8000 millones de dólares, pero después tales reservas empezaron a crecer, como una forma de demostrar la solidez del sistema y la posibilidad de afrontar cualquier contingencia. Ese crecimiento se operó a través de los malabarismos financieros y de los falaces asientos contables, donde se endeudaban las empresas públicas con créditos en dólares que no recibían, pues el dinero iba a engrosar las arcas del Banco Central para sostener una política monetaria que giraba en torno a una tabla de actualización del dólar. En muchos casos, se consiguieron préstamos a una tasa del 8% anual, y ese mismo dinero recibido de un banco extranjero era represtado a ese mismo banco a una tasa inferior. Contablemente había algunos esquemas que aparentemente funcionaban, pero el endeudamiento crecía cada vez más.
En lo que hace a las empresas públicas, también se utilizaron procedimientos de ficción para endeudarlas, y así poder liquidarlas en el futuro, justificando su ineficiencia. Para lograr tal propósito, el Secretario de Programación Económica durante la gestión de Martínez de Hoz, Dr. Guillermo Walter Klein, fijaba cada tres meses los cupos de endeudamiento que debían afrontar las empresas, con prescindencia de sus reales necesidades financieras. Así se endeudaron la Comisión Nacional de Energía Atómica, Agua y Energía, YPF, Aerolíneas Argentinas, y una larga lista de empresas públicas, con matices verdaderamente escandalosos. Pero debemos consignar que era un endeudamiento nominal, porque los dólares iban a parar al Banco Central en todos los casos. Las empresas eran prestatarias del crédito externo, pero no eran usuarias ni usufructuarias de dicho crédito. Hubo casos como el de Agua y Energía que fue obligada a cancelar un préstamo que tenía con el Banco de la Nación, con dinero proveniente de un préstamo sindicado que le otorgara el Lloyds Bank, por 120 millones de dólares. Es decir que en vez de estar obligada la empresa con un banco nacional, se la endeudaba con un banco extranjero.
Un caso paradigmático es el de YPF, que siempre fue una empresa simbólica construida sin un centavo de capital extranjero. EI general Mosconi hizo con la extracción del petróleo una de las empresas más importantes del mundo, que tuvo que pelear en la década del 20 y principios de la del 30 con la Standard Oil, lo que llevó a Mosconi a escribir su libro “YPF contra la Standart Oil”, publicación casi inhallable y que pocos conocen. Apelando a esas ficciones tan caras a cierta dirigencia política, Mosconi tiene un monumento, es homenajeado de vez en cuando, pero se ha desconocido su proyecto de política petrolera, su concepto de que los hidrocarburos son un recurso estratégico de la Nación, y en consecuencia deben ser manejados por el Estado.
Todavía hay mucho que analizar de la sangrienta dictadura, y en la gran mayoría de las publicaciones que abundan, solo se ha enfatizado la sistemática metodología criminal que se implementó para evitar cualquier cuestionamiento al gobierno de facto y poder así estructurar una política que fuera funcional a los capitales extranjeros cuyos negocios crecieron exponencialmente. Distinta es la manera en que fue tratada la economía del régimen, que solo se la analizó respecto a sus variaciones estadísticas, sin tomar en cuenta aspectos fundamentales que están relacionados con el estado de derecho, al haberse quebrantado el orden jurídico y convertido al Poder Ejecutivo en un agente de negocios privados para beneficiar al capital trasnacional, en desmedro de la industria de nuestro país.
En lo que hace al endeudamiento externo, la casi totalidad de los autores (Basualdo, Frenkel, Damill, Rapoport, Kulfas, Cortes Conde, etc.) estudiaron los costos económicos del mismo, la incidencia en el deterioro de la economía, la significativa transferencia de divisas que significó, pero en ningún caso tocaron los aspectos jurídicos de las contrataciones, los actos ilegales y los ilícitos en que incurrieran los más altos funcionarios del Estado encargados de la gestión. Pareciera que a los economistas en general los aspectos que hacen a la juridicidad no les resultan significativos y de tal manera los ignoran como si fuera algo carente de alguna importancia.
LA DEUDA DE LA DICTADURA Y LA CAUSA OLMOS
Para no entrar en disquisiciones teóricas sobre la deuda, y dada la naturaleza de estos trabajos de divulgación, corresponde ir a las evidencias que surgen de la única investigación que hicieran nuestro tribunales con motivo de la denuncia que efectuara Alejandro Olmos contra José Alfredo Martínez de Hoz, ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2, por los delitos previstos y penados por los arts. 173, inc. 7 y 248 del Código Penal. Fundó esta denuncia en el hecho de que el plan económico concebido y ejecutado por el ministro de Economía de la Nación, en el período 1976-1981, se realizó con miras a producir un desmesurado e irregular endeudamiento externo; que el ingreso de divisas se produjo con el objeto de negociar con las tasas de interés, produciendo quiebras y cierres de empresas, y enormes dificultades en la capacidad exportadora, de producción y crecimiento del país.
A las actuaciones obrantes en la causa se agregó un informe pericial suscripto por los peritos Sabatino Forino y Alberto Tandurella, en el que se había determinado:
a) Que con fondos del Tesoro Nacional, se cancelaron obligaciones externas de varias empresas privadas en distintas monedas.
b) Que ni el Banco de la Nación Argentina ni el Banco Nacional de Desarrollo, como entidades financieras que tomaron a su cargo los aspectos operativos, iniciaron actuaciones para el recupero de las sumas pagadas por el Estado ni se acogieron al beneficio de la excusión.
c) Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos no inició las acciones judiciales correspondientes para obtener el recupero de las sumas que afrontara el Estado, respecto a empresas como Acindar S.A., Autopistas Urbanas S.A., Covimet S.A., Parques Interama S.A., Aluar S.A., Papel Prensa S.A., Induclor S.A., entre otras.
d) Que existieron avales otorgados en contratos en los que se debían establecer garantías reales sin haberse efectuado los correspondientes estudios técnicos y financieros, y sin haberse extremado los debidos recaudos antes del otorgamiento del aval.
En esta causa –además de una importante cantidad de testimonios prestados por funcionarios públicos de la dictadura y la declaración indagatoria tomada a Martínez de Hoz, único procesado en ella–, se realizaron varias pericias donde se analizaron exhaustivamente las particularidades del endeudamiento.
En el informe final suscripto por los Dres. Fernando M. Curat y Alfredo A. Peralta, del cuerpo de peritos contadores de la Justicia Nacional, y Dres. William Leslie Chapman, Alberto Tandurella y José A. Gomáriz, quedó definitivamente establecido que:
1.- El acrecentamiento de la deuda externa del país pública y privada, entre los años 1976 y 1982, fue excesivo y perjudicial. Carece de justificación económica, financiera y administrativa, y se desconoce el destino de los fondos ingresados.
2.- Existe responsabilidad del ministro Martínez de Hoz y de sus sucesores hasta el 31 de diciembre de 1982, por las operaciones que determinaron el endeudamiento público y por haber promovido el endeudamiento del sector privado. Fueron partícipes de esa responsabilidad, el ex presidente del Banco Central Dr. Adolfo Diz y sus sucesores.
3.- Las consecuencias actuales y futuras del crecimiento de la deuda externa del país son extremadamente perniciosas, los servicios de la deuda no podrán pagarse y las responsabilidades, aunque puedan hacerse ahora efectivas, han dañado el prestigio del país, su vida política, institucional, el orden jurídico, el sistema y la estructura económica, la paz social y la tradición histórica de la República. La trasgresión al artículo 67 incisos 3 y 6 de la Constitución Nacional importa suma gravedad.
Pueden considerarse probadas, en cuanto dependen de los resultados del examen pericial, las denuncias que obran en la causa, en relación con lo que ha sido objeto de estudio.
Finalmente, y después de dieciocho años de morosos trámites y la incorporación de miles de documentos, el Juez Jorge Ballestero dictó un fallo el 13 de julio de 2000, en el que expresó que en la caso de la deuda externa «ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con la que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la Nación en aquellos períodos analizados. Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados; no se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina; se facilitó y promulgó la modificación de instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales; inexistentes resultaban los registros contables de la deuda externa; las empresas públicas, con el objeto de sostener una política económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambios; se ha advertido también la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado.
“Todo ello se advirtió en no menos de cuatrocientas setenta y siete oportunidades, número mínimo de hechos que surge de sumar cuatrocientos veintitrés préstamos externos concertados por YPF, treinta y cuatro operaciones concertadas en forma irregular al inicio de la gestión y veinte operaciones avaladas por el Tesoro Nacional que no fueron satisfechas a su vencimiento.
“A ellos deben agregarse los préstamos tomados a través del resto de las empresas del Estado y sus organismos, así como el endeudamiento del sector privado que se hizo público a través del régimen de seguro de cambio.
“Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguro de cambio.
“La existencia de un vínculo explícito entre la deuda externa, la entrada de capital externo de corto plazo y altas tasas de interés en el mercado interno y el sacrificio correspondiente al presupuesto nacional desde el año 1976 no podían pasar desapercibidos a las autoridades del Fondo
Monetario Internacional que supervisaban las negociaciones económicas. “Así pues, deseo recalcar la importancia que pudieran llegar a tener cada una de las actuaciones que se sustanciaron en el desarrollo de este sumario, las que sin lugar a dudas, resultarán piedra fundamental del análisis que se efectúe para verificar la legitimidad de cada uno de los créditos que originaron la deuda externa argentina.
“Es por estas razones que remitiré copia de la presente resolución al Honorable Congreso de la Nación, para que a través de las comisiones respectivas, adopte las medidas que estime conducentes para la mejor
solución en la negociación de la deuda externa de la Nación que, reitero, ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados –nacionales y extranjeros– en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse la privatización de las mismas.
“En efecto, debe recordarse que el país fue puesto desde el año 1976 bajo la voluntad de acreedores externos y en aquellas negociaciones participaron activamente funcionarios del Fondo Monetario Internacional.” Aunque los términos transcriptos son más que elocuentes, creo oportuno hacer algunas referencias a cómo se llevó adelante el proceso y las razones de su terminación.
En primer lugar, es necesario decir que, de acuerdo con las constancias de la causa, la sentencia debió haber tenido una conclusión más severa dada la magnitud de las pruebas acumuladas. Sin embargo, las indudables presiones a que están sometidos los magistrados federales y cierto culto reverencial por el poder político obraron como factor limitante en el desarrollo de sus consideraciones y, sobre todo, en su resultado, que no es, en definitiva, más que un pronunciamiento superficial y de compromiso, no obstante la clara definición explícita en éste de algunos aspectos que tuvo la economía implementada por la dictadura militar. Era obvio que, ante el cúmulo de ilícitos demostrados, algo “debía” decirse, ya que no se podían negar las evidencias.
El juez Ballestero optó por no arriesgarse más allá de lo que era prudente y propuso una suerte de híbrido que indica cómo fue la instrumentación de la deuda, generalizando conductas de personas que no nombra, sin señalar responsables concretos y manifestando una serie de vaguedades impropias de una decisión judicial. Así y todo, con las limitaciones apuntadas, es un antecedente importante más por lo que sugiere que por lo que resuelve.
Una sentencia es la resolución final de un litigio, la expresión de razonabilidad derivada de un análisis de hechos controvertidos, el reconocimiento del derecho de un litigante, o la conclusión de la investigación de una denuncia. En este caso, la llamada “sentencia” dictada por el juez Ballestero es una simple recopilación de antecedentes, documentos, pericias, testimonios de funcionarios y la declaración indagatoria de Martínez de Hoz, que si bien fue procesado, luego fue sobreseído por prescripción de la acción penal. Un exhaustivo examen de esta sentencia muestra que no existe un análisis, ni siquiera superficial sobre los hechos denunciados, las pruebas aportadas y las minuciosas puntualizaciones efectuadas por los peritos. Los ilícitos denunciados por los contadores oficiales no fueron investigados nunca y, en realidad, tampoco se tomó en cuenta la gravedad de la denuncia presentada en el Tribunal.
También resulta evidente que aún teniendo una gran cantidad de falencias, la resolución del juez, constituye un verdadero hito dentro de la jurisprudencia, porque es la primera vez en el mundo entero que la deuda externa se somete a una investigación judicial, mediante la cual se muestran los mecanismos fraudulentos que se emplearon para constituirla, y constituye una herramienta de significativa trascendencia para enfrentar la cuestión no con planteos teóricos, sino con acciones contundentes, que sirvan para impedir la continuación de ese fraude. Como claramente señalaba Patricia Adams, una especialista en deudas odiosas, “el Fallo de la Corte Federal de la Argentina sobre la ilegitimidad de las deudas contraídas durante el periodo dictatorial es
importante. Las implicaciones de ese fallo se extienden más allá de las fronteras argentinas y envía un mensaje claro a los ciudadanos de todos los países altamente endeudados que los acreedores internacionales fueron responsables de asegurar que ese dinero prestado fuera usado para los intereses y necesidades del Estado. Si los acreedores no ejercitan este cometido, sus reclamos a la ciudadanía carecen de legitimidad. En este aspecto, el fallo judicial argentino ha servido de precedente importante para la resolución de la crisis global de la deuda”.
En homenaje a la verdad, es justo hacer mención a las enormes dificultades que tuvieron los magistrados intervinientes en la causa, Dres. Anzoátegui, Dibur, del Castillo, Weschler y ahora Ballestero, para obtener información fidedigna a través de los 18 años del proceso. Se les negaron las actas secretas del Banco Central, y fue necesario un expreso pronunciamiento judicial y una intimación para acceder a algunas de ellas; los oficios no se respondían, o se pedían plazos que luego debían prorrogarse, y se debía recurrir a nuevas intimaciones al Banco Central y al Ministerio de Economía para que remitieran los documentos que se les solicitaban. Además, nunca existió personal aparte, del que normalmente se desempeña en el Juzgado, para llevar adelante un trámite tan complejo.
¿Cuál es la importancia de un procedimiento judicial, y la enorme diferencia que existe con las acciones que se realizaran en otras partes a través de coloquios, reuniones, foros, tribunales populares y otras expresiones legítimas para considerar el tema? Es una pregunta que debe hacerse, para establecer la real valoración de este fallo.
Una sentencia judicial sienta un valioso precedente para enfrentar a los acreedores, que no pueden exigir aquello que –se ha comprobado– carece de legitimidad, y obliga a un gobierno a proceder de acuerdo con lo dictaminado por la magistratura judicial. Por supuesto, puede no hacerlo ante las presiones que ejerzan los bancos y los organismos multilaterales de crédito, y en rigor el fallo fue desconocido tácitamente, porque el mismo se refiere al periodo de la dictadura militar, aunque es en esa época donde se constituye la deuda que se ha seguido refinanciando, sin embargo no puede dejar de reconocerse que esa deuda es la misma que se siguió refinanciando a través de las distintas épocas. Cuando se dio intervención a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, ésta tampoco hizo nada, con excepción del trabajo efectuado por el fiscal Dr. Ricardo Molinas, que fue interrumpido cuando se lo removió del cargo.
La importante cantidad de denuncias acumuladas en la causa terminaron en la nada. Aún cuando las conductas investigadas tipificaban la comisión de diversos delitos de acción pública, el juez Ballestero se limitó a enunciarlos, sin abrir juicio en ningún momento sobre la naturaleza de éstos, hasta su decisión final donde concluyó que el país fue puesto de rodillas ante los acreedores. No debe extrañar la conducta del juez Ballestero, coincidente con la de muchos otros magistrados, muy preocupados en investigar delitos menores y olvidarse de los grandes fraudes que afectan al país entero. Sus propias palabras, en un reciente film documental sobre la deuda, son reveladoras de su particular criterio para juzgar las conductas lesivas al Estado. En ese film manifestó que nunca le pareció importante la causa y que sólo en el último tiempo se había dedicado a examinarla.
¿Cuáles fueron los resultados económicos de la gestión dictatorial? Una deuda que había trepado de 7.800 millones de dólares a casi 45.000 que solo fueron utilizados en la especulación y operaciones de destino incierto. El Banco Mundial indicaría que el 44% se fugó del país, el 33% fue utilizado en pagar intereses, y el resto sirvió para comprar armamentos y realizar importaciones no registradas.
También es importante consignar la descomunal fuga de capitales producto de la evasión que permitió transferir una enorme riqueza al exterior. Se calcula que la Argentina, junto a 14 países del Tercer Mundo, fugó al exterior más de 300.000 millones de dólares, equivalente a la mitad de la deuda externa en 1987. Esa fuga continuó durante todos los gobiernos de la democracia, y a pesar de algunas investigaciones parlamentarias que se hicieron –como la llevada a cabo en el año 2002 por la Comisión Investigadora de fuga de capitales de la Cámara de Diputados–, no se realizó ninguna acción legal contra los responsables, a pesar de haberse acreditado que gran parte de los capitales transferidos provenía de rentas no declaradas y, en consecuencia, no imponibles fiscalmente.
