Alejandro Olmos Gaona.
Antecedentes históricos de la deuda externa argentina.
Parte II: La deuda del Siglo XX. Roca, Saénz Peña, Yrigoyen, la década infame y Perón. La deuda desde 1904 hasta 1955. 

 

LA DEUDA EXTERNA ARGENTINA. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

PARTE II: LA DEUDA DEL SIGLO XX

Los comienzos del siglo no muestran demasiadas variaciones en el endeudamiento externo que se mantiene en valores con cierto equilibrio, porque las deudas se siguen pagando puntualmente y se remesan al exterior las amortizaciones comprometidas. EI gobierno del Dr. Quintana y el posterior de Figueroa Alcorta, si bien no presentan alteraciones significativas, disminuyeron los montos de la deuda debido a las amortizaciones del capital. Quintana la redujo a 737.111.872 y Figueroa Alcorta a 697.397.833.

Durante la gestión de Roque Sáenz Peña (1910-1914) la deuda subió a 710.053.538 y su sucesor Victorino de la Plaza (1914-1916) la redujo a 684.495.263.

Cuando asumió Yrigoyen en 1916, comenzó a acentuarse de manera significativa la baja de los montos de la deuda hasta llegar al fin de su presidencia a la suma de 535.734.657. Durante su mandato se cortaron abruptamente los fines a los que se destinaban los créditos, y si bien no puede hablarse de un cambio económico realmente significativo en este tema, la idea del endeudamiento pasó a ser otra, y el Presidente se propuso pedir dinero para destinarlo a la explotación de las reservas de petróleo de Comodoro Rivadavia, la creación de una marina mercante y la constitución de un Banco Agrícola; es decir, la creación de riqueza mediante inversiones productivas, y no dedicar el dinero a nuevas refinanciaciones destinadas a enriquecer a los capitalistas extranjeros que operaban en el país.

El Senado de la Nación, en manos de los opositores, bloqueó sistemáticamente los proyectos presidenciales y nada se pudo hacer. Aunque los obstáculos con los que debió enfrentarse fueron muchos, se llevó adelante una política distinta, poniendo el acento en fortalecer el capital nacional. El gobierno de Hipólito Yrigoyen fue una excepción a esa vieja forma política del sometimiento, y de esa nueva concepción surgió un verdadero emblema del poder de decisión de la República: Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que solo tuvo como aporte del gobierno la suma de 8.000.000 de pesos, financiándose exclusivamente con el petróleo que extraía de sus explotaciones.

La prudente política de endeudamiento externo de Yrigoyen fue alterada por Alvear que en su gobierno aumentó la deuda externa hasta la suma de Pesos 1.111.675.585; aunque existen algunas discrepancias sobre los montos, pues algunos autores señalan que la deuda externa se cuadruplicó con relación a la presidencia anterior.

Vuelto Yrigoyen al poder, y condicionado no sólo por la situación económica sino por las fuerzas políticas que pugnaban a su alrededor, controlando a través de un senado opositor los propósitos del gobierno, no es mucho lo que pudo hacer, pero respecto a la política petrolera, además de continuar con el fortalecimiento de YPF, impulsó un proyecto de ley para nacionalizar la totalidad de las reservas de petróleo, el que –aprobado por la Cámara de Diputados– nunca fue resuelto por el Senado, controlado por la oposición conservadora. Ese gran pecado del presidente de defender la política petrolera autónoma del país sería uno de los factores fundamentales de su derrocamiento. Al irse, la deuda había vuelto a disminuir a 1.034.950.956.

Cayó Yrigoyen en circunstancias que son conocidas y el tema del petróleo volvió a tornar una relevancia inusitada, porque para el capital extranjero resultaba un verdadero despropósito que existiera una empresa que, a comienzos del año 1930, era el décimo productor mundial de ese combustible. Además, y según cálculos efectuados por irreprochables técnicos desde 1926 hasta 1934, YPF le ahorró al país la suma de 1.052.000.000 de pesos que hubiera debido girar al exterior si el petróleo hubiera sido explotado por compañías extranjeras, enfrentándose en una lucha con la Royal Dutch-Shell y la Standart Oil para obtener la preeminencia en la explotación de los hidrocarburos, debiendo esta última abandonar el país.

Resulta importante destacar que las reservas de oro de la Caja de Conversión, que era la encargada de la emisión monetaria, eran de 260.320.952 al asumir el presidente Yrigoyen en 1916, y al dejar el gobierno en 1922 habían subido a 466.476.974, lo que mostraba una política económica que caminaba por distintos rumbos a los trazados hasta ese momento. Durante la gestión de Alvear, las reservas aumentaron hasta 489.657.138, aunque el endeudamiento –como dijéramos– creció.

 

LA DÉCADA INFAME

En 1932 asumió la presidencia de la República el Gral. Agustín P. Justo, con un nuevo proyecto económico distinto al de Yrigoyen, y retornando a la gran tradición conservadora respecto al capital extranjero. En 1933, y debido a las presiones ejercidas por Gran Bretaña, se firmó el Tratado Roca-Runciman, por medio del cual accedimos a todas las pretensiones que se nos impusieron a cambio de que cuando ellos lo considerasen necesario, nos comprarían determinados cupos de las carnes destinadas a la exportación. Como no podía ser de otra manera, por el art. 20 del Tratado, se estableció que la suma de las exportaciones se destinaría “al pago del servicio de la deuda pública externa argentina”, pero además, y según señalara Scalabrini Ortiz, había algunas cláusulas secretas, que nunca se dieron a conocer. Pulverizando las razones de los defensores del Tratado, Lisandro de la Torre diría en el Senado: “En estas condiciones no podría decirse que la Argentina se haya convertido en un dominio británico, porque Inglaterra no se torna la libertad de imponer a sus dominios semejante humillación… Inglaterra tiene por esas comunidades de su imperio más respeto que por el gobierno argentino”.

Nunca pudieron encontrarse las pruebas de las cláusulas secretas señaladas por Scalabrini, pero algunos papeles que aún se conservan inéditos y que pertenecieron al archivo personal del Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Saavedra Lamas, confirmarían que tales acuerdos secretos realmente existieron. Uno de los documentos es una carta confidencial reservada que envió Sir Eugene Millington Drake, Encargado de Negocios de Gran Bretaña en nuestro país, a Carlos Saavedra Lamas, en la que le pedía que apurara de inmediato en el Congreso la Ley de Coordinación de los Transportes, debiendo determinarse que los intereses británicos quedaran bien consolidados en la norma. En otra nota también le pedía –o podría decirse que le exigía– que en las próximas licitaciones se prefieran a las empresas de capital británico.

Desde el comienzo de nuestra vida independiente, cuando se creó la Caja Nacional de Fondos de Sudamérica (que tomaría depósitos y recibiría fondos destinados a la fundación de un Banco Nacional), una serie de instituciones bancarias fueron creadas con el objetivo de emitir moneda, manejar el crédito y encargarse del crédito público.

Todas esas instituciones recibieron en la mayoría de los casos la influencia del capital financiero externo, que impuso a la Argentina una considerable cantidad de empréstitos, que a su vez significaron una gravosa afectación de los bienes públicos a través de una permanente transferencia de recursos, como vimos en las páginas anteriores.

Esos recursos que hubieran sido de vital importancia para nuestro desarrollo, fueron destinados invariablemente a pagar las acreencias a los bancos extranjeros, que invariablemente suministraban préstamos al Estado Nacional para supuestos proyectos de inversión que no se realizaban. En el caso concreto de la aplicación correcta de los fondos, los préstamos fueron concedidos en condiciones extremadamente onerosas y, además de ello, la banca extranjera siempre trató de obtener la mayor cantidad de recursos, teniendo en muchos casos una influencia importante en las decisiones de política económica.

El poder del sistema financiero siempre resultó un factor fundamental de predominio económico y, como consecuencia de ello, se elaboraron políticas y se ejerció una influencia decisiva en distintos gobiernos, que lo beneficiaron en forma directa o indirectamente.

Con la creación del Banco de la Nación, que se constituyó en el agente financiero del Estado Nacional, se trató de ordenar el sistema estatal, pero ello no significó en modo alguno modificar la posibilidad de que los bancos extranjeros que operaban en el país, tuvieran algún tipo de restricción a su manejo financiero. En una enorme cantidad de casos, y a través de las operaciones de redescuento que hacían con el Banco de la Nación, utilizaban el dinero de esta institución para sus préstamos operativos, obteniendo una considerable diferencia o spread, sin afectar sus propios capitales. Además de ello, la masa de créditos más importantes fue dirigida a los grandes terratenientes y a prominentes miembros de la dirigencia política conservadora, que no los pagaban y los refinanciaban constantemente, sin que hubiera control alguno por parte del Estado sobre la modalidad de esas operaciones.

La política bancaria es otro tema que se encuentra pendiente de una exhaustiva investigación, especialmente las operaciones del Banco de la Nación, que según la información oficial siempre contribuyó al desarrollo de todas las regiones del país donde se instaló otorgando préstamos a arrendatarios y pequeños propietarios. Por algunas referencias que hemos podido reunir para una investigación que realizamos, nos parece que la cartera de ese banco estuvo destinada mayormente a privilegiar a un sector minoritario vinculado con los poderes de turno y con una clase privilegiada que usufructuó del ahorro nacional para su propio beneficio.

Buscando documentos para un trabajo relacionado con la neutralidad argentina durante la Guerra del Chaco, dimos con los libros de actas del Directorio del Banco de la Nación y llamó la atención que en los años revisados (1932 a 1935), el 80% de los préstamos que se daban no iban a los pequeños productores, a los agricultores, al desarrollo de los pueblos de las provincias, donde el Banco tenía una enorme red de sucursales, sino a un amplio espectro de otras operaciones que iban desde la construcción de viviendas suntuarias como la de Matías Errazuriz (hoy Museo Nacional de Arte Decorativo), hasta las especulaciones económicas de Alfredo Fortabat, que en 1934 le debía al Banco la suma de Pesos 12.500.000, siendo el mayor deudor de la entidad, pasando por una larga lista de personajes que financiaban sus actividades improductivas con la plata del ahorro argentino. Fortabat nunca devolvió lo que le prestaron, y el Banco debió ejecutarlo, a través de un juicio manejado muy morosamente, donde se liquidaron algunos campos, pero la mayor parte de la deuda quedó impaga. También es posible citar que con fondos del Banco se construyó el ingenio San Martín de Tabacal de Robustiano Patrón Costas, prominente hombre del régimen, y se financiaron las actividades agropecuarios de los Santamarina, Pereyra Iraola, Lynch, Herrera Vegas y otros del mismo grupo social, que hacían de la refinanciación permanente de sus obligaciones una costumbre tolerada por las autoridades bancarias que estaban relacionadas familiarmente con los deudores.

Pero la historia oficial del Banco falseando deliberadamente la verdad, nos muestra otra cosa, y si se consultan sus publicaciones conmemorativas dedicadas a la celebración de sus 50 y 75 años, podrá verse que se expone la política crediticia de la institución como destinada mayormente a favorecer a los sectores productivos de menores recursos, cuando la realidad ha sido distinta. Un historiador muy serio como el Dr. Ricardo Ortiz, en su “Historia de la Economía Argentina”, indica que la mayor parte de los préstamos fueron a la gran industria ganadera, ignorando que ése era sólo un aspecto de las operaciones que se hacían.

Después de analizar esos tres años nos quedamos con dudas razonables, porque costaba aceptar tal discrecionalidad, nos parecía demasiado. Fue entonces cuando indagamos sobre otras fuentes vinculadas a ese tema, que encontramos una obra muy rara, impresa por el Congreso Nacional, titulada “Investigación sobre el Banco de la Nación”. Ese trabajo era el resultado de una investigación efectuada por el Dr. Juan B. Justo en el Senado en 1926, donde hizo una radiografía del Banco desde 1901 hasta 1926, documentando cómo había sido la política crediticia. Aquella investigación –como la actual de la deuda externa– no prosperó y fue archivada. Nadie le llevó el apunte en ese año, ni después. Presentó pruebas, pero en esos documentos estaban involucrados ministros, senadores, diputados. Era investigar al régimen, y por supuesto, las posibilidades de llegar a alguna conclusión eran inexistentes. Hoy nadie se acuerda de esas conclusiones.

En 1935 se dictó la Ley de Bancos y Moneda, y se creó el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, que fue la primera iniciativa del establecimiento de normativas reguladoras en el sistema bancario. A su vez, y de conformidad con los acuerdos pactados con la firma del Tratado de Londres, se creó el Banco Central sobre la base de un proyecto elaborado por Sir Otto Niemayer, Director del Banco de Inglaterra, el que fue diseñado para que las entidades financieras del exterior tuvieron un control adecuado de las finanzas públicas, manejando la política monetaria aún cuando formalmente no dependía de ellas.

Organizado jurídicamente como una entidad mixta con capitales privados nacionales y extranjeros, y también capitales estatales, podía asegurar el valor de la moneda, controlar los movimientos de capital y fiscalizar a todo el sistema bancario. Tenía la facultad de emitir billetes, que debían estar respaldados con reservas de oro, divisas y cambio no menor al 25% de la emisión efectuada.

El objetivo era regular por primera vez el sistema bancario, concentrar reservas suficientes, mantener el valor de la moneda, regular la cantidad de crédito y de los medios de pago, promover la liquidez y, fundamentalmente, actuar como agente financiero del Estado Nacional, aconsejándolo en todo lo que fuera relativo al sistema financiero.

Con anterioridad, tanto el Banco de la Nación Argentina, como la Caja de Conversión, habían prestado servicios a los diferentes gobiernos, sin enajenar la capacidad de decisión a capitales que no fueran los del país; pero ante la decisiva posición accionaria que tenían los capitales extranjeros y algunos privados en el nuevo Banco Central, esto iba a significar la clara injerencia de otros países en las decisiones financieras, lo que llevó a Arturo Jauretche a indicar que toda esa legislación financiera impuesta durante la presidencia de Agustín P. Justo era “el Estatuto legal del Coloniaje”.

El Banco Central no se organizó como un ente independiente, ni actuó en forma neutral, sino que ante la influencia de los accionistas extranjeros manejó el crédito de acuerdo a los intereses que ellos representaban y en desmedro del real interés de la Nación. Debe recordarse que hasta los cargos importantes que tendría la institución fueron impuestos desde Londres. Se creó en 1935 como un organismo mixto controlado en un 50% nominalmente por el Estado Nacional, y el otro 50% por bancos extranjeros. La idea teórica era que, al no estar el Banco sometido a la órbita del gobierno, sus decisiones no iban a estar sujetas a los vaivenes políticos que pudieran ocurrir, pero esto era solo un pretexto para que los accionistas extranjeros –mayoritariamente ingleses– manejaran la política financiera del Estado. Que las decisiones en ese Banco se tomaban en Gran Bretaña, lo da el hecho que un político argentino, el Dr. Manuel Fresco, que fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires, se enteró en Londres a través de Mister Follet Holt, directivo de los ferrocarriles ingleses, quién iba a ser el gerente y quiénes ocuparían los cargos directivos, cuando nada de eso se conocía en Buenos Aires. Es sabido que la nueva institución fue estructurada por Sir Otto Niemayer, director del Banco de Inglaterra, quien viajó a Buenos Aires para entregar el proyecto y discutir su instrumentación. Con excepción de Raúl Prebisch y Edmundo Gagneux, las principales jefaturas del Banco fueron confiadas a personal extranjero. Era tan evidente la asimetría existente entre el poder de decisión del Estado y los bancos del exterior, que el Banco de la Nación –poseedor de 2000 acciones– tenía 1000 votos en el directorio, y aquellos con 1821 acciones poseían 1821 votos.

El Instituto Movilizador de Inversiones bancarias absorbió el quebranto de los bancos privados. Ello impuso, además, que el Estado se hiciera cargo de los bienes inmovilizados de esas entidades, a quienes se les realizó un sustancial adelanto de fondos, perjudicando a los ciudadanos que tuvieron que contribuir a esa especie de salvataje financiero. De esa manera, el Estado debió recuperar los créditos de los bancos y absorber las pérdidas. En 1948, trece años después, el Banco Central seguía cargando con el peso de los bienes transferidos por los bancos privados, que resultaron de realización muy dificultosa.

En 1935, todos los activos del Estado y la deuda que manejaba el Banco de la Nación pasaron al nuevo Banco, que aunque en manos extranjeras, comenzó a operar como nuevo agente financiero de la República. Cuando se efectuó la transferencia, se hizo constar –entre otras operaciones– que en ese año se había pagado al gobierno de Gran Bretaña la suma de Pesos 66.682.902 en concepto de intereses de la deuda con ese país, y la suma de Pesos 28.636.363.63 en concepto de cancelación de un préstamo de la Casa Baring. En esa fecha también habían disminuido las reservas de oro hasta los 246.842.655.

 

La conversión de la deuda de la Provincia de Buenos Aires

Otro hecho relacionado específicamente con nuestro endeudamiento, demuestra la habilidad de los acreedores y el sometimiento de nuestros gobernantes. Tiene que ver con la conversión de la deuda pública externa de la Provincia de Buenos Aires, en la que intervinieron el Dr. Pedro Groppo, como Ministro de Hacienda del Gobernador Díaz, y los banqueros Bemberg. La conversión se hizo sobre cinco empréstitos con vencimiento el último de ellos en el año 1955, donde, a través de un procedimiento de refinanciación de la deuda, el estado provincial tuvo un perjuicio de 503.000.000 de pesos, además de haberse pagado a Bemberg la suma de 12.500.000 dólares en concepto de gastos, sellados y comisiones. Si bien el Banco de la Provincia de Buenos Aires era el natural agente financiero del Estado provincial, se prefirió a una banca extranjera para realizar las operaciones. El hecho fue denunciado por José Luis Torres en su obra “Algunas Maneras de Vender la Patria”, recurriendo a legisladores amigos para que se hiciera una investigación. Nadie se quiso hacer cargo y todo quedó en el olvido. Años después, el Instituto de Finanzas Argentinas de la facultad de Ciencias Económicas de la universidad de Buenos Aires hizo un análisis de la conversión y llegó a las mismas cifras que había denunciado Torres. Curiosamente, esa conversión y el negociado consiguiente no figura en ninguno de los libros de historia económica en los que se trata el periodo, y lo más significativo es que los detalles de la conversión no figuran en los tres tomos de la Memoria del Ministerio de Hacienda de la Provincia.

A través de estos ejemplos, se puede ir articulando hasta qué punto el tema de la Deuda externa y el sometimiento a las decisiones de los centros financieros del poder transnacional no es cosa nueva, sino que viene desde el fondo de nuestra historia. Hay una multiplicidad de antecedentes, donde no sólo intervinieron los banqueros, sino fundamentalmente nuestra dirigencia política que participó en esas operaciones, las usufructuó y colaboró en lo que lisa y llanamente era una estafa habitual a la Nación. Porque cuanto venimos diciendo está ligado inexorablemente a la deuda, ya que el control extranjero del sistema bancario argentino, las constantes refinanciaciones que se hicieron, el manejo del comercio exterior, los convenios internacionales realizados como el Tratado Roca-Runciman, siempre estuvieron destinados a privilegiar el pago de las obligaciones externas antes que a contribuir al desarrollo de la economía argentina.

La deuda externa en la época de Justo siguió creciendo, pasando de la suma de Pesos 942.251.900 en 1932, hasta 1.224.027.685 en 1936, aunque se hicieron pagos rigurosos de intereses y amortizaciones. La deuda interna excedía los 2.853.160.368 a fines de 1937.

Durante este gobierno que señala el comienzo de la llamada “década infame”, empezaron a movilizarse las cuantiosas inversiones de los Estados Unidos y la presión constante de sus diplomáticos, que quieren sumar a la Argentina a su esfera de influencia. Cuando se realiza la Conferencia Panamericana de Montevideo en 1933, la delegación de los Estados Unidos presidida por el Secretario de Estado Cordell Hull, llevó un proyecto para pan-americanizar la legislación y tratar de crear un órgano consultivo liderado por su país, para mediar en los conflictos que puedan plantearse. Como primera medida, se pretendía que la Argentina ratificara cinco pactos internacionales sobre solución de conflictos. Se hicieron algunas negociaciones con el canciller Saavedra Lamas y se llegó a un acuerdo, mediante el cual la Argentina apoyó las pretensiones de Estados Unidos, más allá de cierta retórica verbal, donde se enjuiciaron algunas de sus posiciones.

Precisamente en esa conferencia, y debido al estado de insolvencia financiera de los países americanos, el Delegado de México, Dr. Puig Casauranc, presentó un proyecto de moratoria general de las deudas, que Estados Unidos no quiso aceptar. Fue así que en un acuerdo secreto entre el Secretario de Estado Hull y  el canciller Saavedra Lamas, nuestro país se opuso a la moratoria, sosteniendo la inviabilidad de tal propuesta y la necesidad de honrar las deudas. Aunque el proyecto fracasó, los países americanos dejaron de pagar sus obligaciones, pudiendo crecer durante esos años de mora, con excepción de la Argentina, el único que siguió pagando.

La deuda externa no cedió, y a pesar de los pagos efectuados al exterior, se mantuvo casi a niveles constantes, pasando de Pesos 1.003.696.072 en 1938 a 1.012.735.966 en 1942, siempre de acuerdo con las cifras oficiales que, como hemos visto anteriormente, a veces no reflejan estrictamente la realidad.

Mientras la clase obrera registraban enormes niveles de exclusión social, y la pobreza tenía caracteres cada vez más dramáticos, llevando a un deterioro físico de la población que se encontraba subalimentada, la corrupción política y administrativa, las especulaciones fraudulentas de la clase política, la falta de rumbo definido en cuanto a tener un verdadero proyecto nacional, llevó al Ejército a terminar con ese estado de cosas. Además de querer enfrentar las prácticas corruptas de los dirigentes, tiene en su propio seno la comprobación del estado miserable del pueblo, al ver los problemas físicos que presentan las clases que se incorporan año tras año.

 

PRESIDENCIA DEL GENERAL JUAN D. PERÓN

Producida la revolución del 4 de junio de 1943, con el derrocamiento del Presidente Ramón Castillo –quien pretendía entronizar como su sucesor al Senador Robustiano Patrón Costas, terrateniente salteño fundador del ingenio San Martín de Tabacal con fondos provenientes del Banco de la Nación–, comenzó a emerger la figura del coronel Perón. Oficial destacado del GOU (Grupo de Oficiales Unidos), Perón sobresalió a través de su actuación en la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde se ocupó de atender los reclamos de los más carenciados. El gobierno revolucionario enunció una nueva política no atada a las decisiones del exterior y, en 1946, al asumir Perón la Presidencia de la República, trazó un nuevo proyecto económico mediante el cual se impulsaron grandes transformaciones: la nacionalización del Banco Central, los ferrocarriles, las empresas de gas y teléfonos. Son instrumentos de una nueva política que va a poner en manos del país el manejo de los resortes fundamentales de su economía, produciendo preocupación en los Estados Unidos, país que, a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, había sustituido a Inglaterra en la influencia continental.

La Argentina no se adhirió al Fondo Monetario Internacional, creado en Bretton Woods en 1944, y se apartó de cualquier organismo multilateral de crédito para observar una política independiente. La desclasificación de importantes documentos de los archivos norteamericanos ha demostrado, sin lugar a dudas, cómo se bloqueó económicamente a la Argentina desde 1945 hasta por lo menos 1952, utilizándose todos los recursos disponibles para tal propósito. Los autores que se ocuparon de analizar las relaciones del país con Estados Unidos, mostraron la existencia de dos sectores contrapuestos: uno de ellos liderado por Braden, quien había sido embajador en Buenos Aires y que encabezara el movimiento opositor a Perón cuando las elecciones de 1946, y otro más proclive a establecer vínculos de cooperación económica.

En 1946 la deuda de Estado Unidos e Inglaterra con la Argentina era de 2.000 y 3.500 millones de dólares respectivamente. Ambos países se negaron a pagar no sólo los créditos sino los intereses respectivos. A través de trabajosas negociaciones, se consiguió que nuestro país pudiera comprar en Estados Unidos insumos y maquinarias que necesitaba, haciendo uso de las libras bloqueadas en Gran Bretaña. Aprovechando tal situación, se produjeron importantes importaciones en esa nueva política de reactivación. Cuando se pretendió hacer uso de las libras, Gran Bretaña decretó la inconvertibilidad de su moneda, y entonces la Argentina se convirtió en deudor de Estado Unidos, al no poder hacer uso del dinero bloqueado. Perón celebró nuevos arreglos, poniendo a disposición del gobierno norteamericano parte de las divisas existentes, y se pudieron cancelar las obligaciones. Pero hay que considerar que los prestamistas eran singularmente hábiles, como en la década del treinta. Eso determinó que los pagos por las importaciones fueran depositados en una cuenta que nuestro país tenía en el Banco de Inglaterra, para cuando nuestro país necesitara hacer uso de las libras que quedaban en Gran Bretaña que eran nominalmente nuestras. Ello dio lugar a la emisión de unos bonos de congelación para evitar la emisión de moneda. Dichos bonos que emitía el gobierno devengaban un interés que la Argentina debía pagar. Debido a ello, Miguel Miranda, Ministro de Hacienda durante la primera presidencia de Perón, dijo en una reunión del Consejo Económico y Social: “Sobre el dinero bloqueado el país no cobraba un solo centavo de interés, pero para disimular su emisión se emitían bonos de congelación y se pagaba interés. Yo he sacado como consecuencia que los ingleses, con gran habilidad, nos cobraban interés por el dinero que nos debían”.

Durante el gobierno peronista, por primera vez en la historia, la deuda externa desapareció de los registros porque fue cancelada en su totalidad. En 1945 las obligaciones con el exterior importaban la suma de 519.910.262 de pesos, en 1946 baja a 114.196.498, en 1950 es de apenas 41.086.681, y en 1952 es totalmente pagada, no existiendo ninguna obligación hasta la caída del régimen en 1955.

Sin lugar a dudas, la investigación sobre la época de Perón todavía está en los umbrales, y lo que se conoce son enfoques muy parcializados, que van desde encendidos ditirambos y apologías carentes de todo rigor crítico, hasta versiones que sólo enfatizan los aspectos negativos del peronismo y no han penetrado en el fenómeno histórico que representó en la segunda mitad del siglo XX. Hubo muchas dificultades, presiones de todo tipo para entorpecer la marcha del gobierno. Importaciones esenciales para el desarrollo industrial fueron cortadas de raíz, no hubo la menor posibilidad de contar con algunos insumos básicos que se necesitaban. Se hicieron algunas concesiones como la de la Chade que todavía no han sido investigadas en profundidad y merecerían un detenido análisis.

La Chade era un consorcio internacional que manejaba la electricidad. Tenía un contrato con fecha determinada de vencimiento, superada la cual todos los bienes de la compañía pasaban a poder del Estado. El Contrato fue prorrogado por 50 años más por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, después de haber coimeado a los concejales radicales y conservadores, quienes sin ningún escrúpulo se complicaron en la maniobra. Cuando se produjo la revolución del 43, se creó una comisión investigadora que presidió el Coronel Matías Rodríguez Conde. A través de esa pesquisa se individualizaron todos los personajes que intervinieron en el negociado, no sólo los representantes políticos, sino los abogados, economistas, contadores y consultores, además de otros funcionarios que se complicaron en el fraude. Se encontraron desde las cuentas corrientes hasta las cajas de seguridad en los bancos, y los bienes que compraron con el dinero espurio. Esa investigación, que se convirtió en una radiografía del régimen, fue archivada por Perón, sin que se tuviera noticias públicas de ella hasta que fue reimpresa por la Editorial Universitaria de Buenos Aires en 1972.

A pesar de esas concesiones coyunturales, el esquema extranjerizante de manejo del sector bancario y financiero cambiaría radicalmente cuando, en 1946, Perón nacionalizó el Banco Central, ordenándose la compra de las acciones existentes en manos privadas. También se procedió a la nacionalización de los depósitos, con lo cual la política financiera cambiaría de rumbo, produciendo considerables ingresos al Estado como consecuencia de la renta proveniente de las operaciones que ahora estaban destinadas a beneficiar a toda la comunidad.

El crecimiento de las utilidades puede verse en el siguiente cuadro

1946  23.975.487

1947  119.763.494

1948  220.735.067

1949  355.090.161

1950  438.500.925

1951  511.648.438

1952  576.466.544

1953  705.118.402

1954  817.057.977

1955  1.024.125.638

Habiéndose obtenido una utilidad neta de Pesos 4.792.482.433.

En las disposiciones que se pusieron en vigencia, se determinó que las medidas adoptadas eran de carácter trascendental y tendrían como inmediatas consecuencias la regulación del sistema bancario, el control monetario, cambiario, y de la economía nacional en su conjunto, debiendo servir a la capacidad productiva de la Nación. Se especificaba que, existiendo grandes masas de dinero en disponibilidad, había que orientarlas al sistema productivo, ya que hasta ese momento solo se dirigían a la especulación financiera.

Sintetizando la forma en que se produjo ese sustancial cambio de rumbo, corresponde destacar:

1.- Se reintegró el capital aportado por los accionistas privados, pasando el Banco Central a ser enteramente estatal.

2.- Se estableció la garantía de la Nación a los depósitos y su transferencia al Banco Central, lo que implicaba en rigor una regulación del crédito.

3.- Hubo una operatoria de coordinación del sistema financiero nacional con un Banco de la Nación que otorgaba créditos a las actividades agrícolo-ganaderas y al comercio; también se encargaba de promover la colonización de tierras para aquellos que querían trabajarla. La Caja Nacional de Ahorro Postal fomentaba el ahorro, posibilitando la protección de aquellos depositantes que con montos no demasiado significativos trataban de obtener un cierto beneficio de esa operatoria. El Banco Hipotecario facilitaba créditos para la vivienda.

4.- Se centralizó el control de cambios.

Era un sistema integralmente estructurado, que funcionaba coordinadamente, siendo la primera vez que el Estado Nacional tenía un banco propio sin injerencia alguna de capitales privados, fueran estos nacionales o extranjeros.

Para que se tenga una idea de los volúmenes que alcanzó la expansión del crédito originado por tales medidas, baste señalar que en 1945 se prestaban 69 pesos por cada 100 depositados, en 1949, 115 por cada 100, y en 1952, 138 por cada 100, produciéndose un notable desarrollo industrial que facilitó aceleradamente la sustitución de importaciones.

La precaria industrialización generada en la década del 30 tuvo un decisivo avance durante la presidencia de Perón, quien se propuso modernizar la economía a través de una serie de planes que profundizaran esa industrialización, dieran una participación sustancial al sector asalariado en la redistribución de la riqueza, estableciendo un nuevo modelo que vendría a cambiar la estructura económica del país. El primer Plan Quinquenal había planteado iniciativas que se tradujeron en 27 proyectos de ley, algunos de los cuales no llegaron a materializarse, pero fueron sustituidos por decretos que las suplieron eficazmente.

A pesar de los distintos conflictos que tuvo Perón con los Estados Unidos al comienzo de su gestión, estaba convencido de la necesidad de la radicación de capitales que, sujetos a normas específicas, pudieran contribuir al desarrollo de la economía.

Hasta la llegada del peronismo, los ingresos de capital tenían un control más aparente que real por parte del Banco Central de la República Argentina. Para terminar con una situación que no resultaba beneficiosa a los intereses nacionales, se dictó el Decreto 3347/48, estableciéndose la fiscalización de las inversiones extranjeras, aunque no se regulaba el ingreso de divisas líquidas, ni la forma de transferir utilidades, ni la eventual repatriación de los mismos por parte de los inversores. A través de ese decreto se creó una “Comisión Nacional de Radicación de Industrias” para proceder a la realización de estudios que permitieran proponer al Consejo Económico y Social la radicación de las industrias que fueran necesarias; realizar gestiones que fueran idóneas para facilitar la obtención de licencias de importación en los países de origen e intervenir como única autoridad en la radicación de industrias de capital extranjero que contribuyeran al desarrollo industrial de la Nación.

Aunque toda una serie de medidas adoptadas por el gobierno de Perón, como la fundamental reforma de la Constitución Nacional de 1949, que preservaba la totalidad de los recursos naturales, estuvo destinada a cambiar la estructura fabril, y siendo que la industria tuvo un desarrollo acorde con la potencialidad que se tenía, la carencia de insumos y de una tecnología que resultaba vital para los planes de expansión que se habían proyectado, impidió su total desarrollo.

Un comienzo importante fue la constitución de la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA), con el aporte de capitales y tecnología de una conocida empresa norteamericana.

Mediando los primeros años de la década del cincuenta, se tuvo clara conciencia de que era importante contar con el aporte de capitales extranjeros, que contribuyeran a ser útiles para los planes que el gobierno tenía proyectado poner en ejecución, debido a que no había posibilidades de contar con financiación nacional de envergadura; y, si bien el decreto citado era un comienzo, se necesitaba el dictado de una serie de disposiciones de otra naturaleza que mostraran no solo la decisión del gobierno, sino el marco normativo que garantizara a los inversores la seguridad jurídica indispensable para radicar capitales.

Fue así que el 21 de agosto de 1953 se sancionó la Ley 14.222, en cuyo artículo 1º se estableció: “Los capitales procedentes del extranjero que se incorporen al país para invertirse en la industria y en la minería, instalando plantas nuevas o asociándose con las ya existentes, para su expansión y perfeccionamiento técnico, gozarán de los beneficios de la presente Ley”. En los distintos artículos se determinaba la necesidad de aprobación del Poder Ejecutivo para los proyectos de inversión, que los capitales solo podían ingresar bajo la forma de divisas o bienes productivos, el sometimiento a la legislación argentina, la equiparación de los capitales extranjeros a los nacionales, la forma de repatriar utilidades, los plazos y porcentajes, etc. Fue una Ley pionera para promover el ingreso de capitales pero sometidos al control del Estado, y fue tal su significación que más de quince años después una parte importante de sus disposiciones fueron adoptadas en la decisión Nº 24 sobre Régimen Común de Tratamiento de los Capitales Extranjeros en los países del Pacto Andino. La Ley fue debidamente reglamentada por el Decreto 19.111 del 14 de octubre de 1953. Tiempo después, el 17 de enero de 1955, se dictó el Decreto 637 que permitió la incorporación al régimen de la Ley de todos los capitales extranjeros ingresados con anterioridad al mes de agosto de 1953, cuando la misma había sido promulgada.

Aunque los logros de la política social eran incuestionables y se recuperaron sectores vitales para la economía nacional, la actitud del gobierno norteamericano bloqueando la provisión de insumos importantes para la industria tuvo consecuencias muy serias para nuestra economía. A pesar de ello, la voluntad política de los que estaban al frente del gobierno pudo más que las presiones recibidas y, afrontando los obstáculos, se empezó un proceso de industrialización creciente, mientras el Estado tuvo por primera vez en décadas un poder de decisión autónomo y no dependiente de los centros financieros, ni de las decisiones que se elaboraban en los gabinetes de Londres y Washington.

En el año 1952, el bajo crecimiento de la economía, sumado a problemas en el sector agrícola y a cuestiones estructurales que todavía no se habían podido superar, llevó a Perón a tomar una serie de medidas y a vislumbrar la posibilidad de recurrir a los Estados Unidos para que colaborara en la reactivación del país. En esa época, llegó al país Milton Eisenhower, hermano del presidente norteamericano, con el que se realizaron conversaciones para analizar diversos proyectos de inversión.

En esos años se acentuaron las importaciones de petróleo, porque el que extraía YPF no resultaba suficiente para abastecer las necesidades del mercado interno. Además, las compras crecientes de hidrocarburos significaban un constante egreso de divisas que gravitaban negativamente en la economía.

Para buscar un solución, a partir de 1954 se realizaron conversaciones con representantes de la Standart Oil de California para efectuar inversiones en Comodoro Rivadavia. El Ministro de Industrias, Dr. Orlando Santos, firmó una carta de intención con la compañía petrolífera, estableciéndose un área de explotación de poco más de 45.000 kilómetros cuadrados, donde se construirían aeropuertos, caminos, verdaderas ciudades, y toda la infraestructura necesaria para llevar adelante una obra de tal magnitud. El contrato fue arduamente discutido en su momento, porque se sostenía que era volver a la vieja política de sometimiento, y resultó célebre la conferencia que pronunció el Dr. Adolfo Silenzi de Stagni, Profesor titular de Derecho Agrario y Minero en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde impugnó las cláusulas del contrato, sosteniendo que era un verdadero escándalo que llevaba a la enajenación de nuestro petróleo. Su clase fue mimeografiada y distribuida clandestinamente, y se formaron ciertos movimientos de opinión respecto al tema, mientras la Argentina vivía momentos extremadamente difíciles por los enfrentamientos políticos entre el gobierno y una oposición que crecía cada día más.

Sería una ingenuidad suponer que Perón iba a tirar por la borda toda una política sostenida hasta ese momento. Efectivamente, el proyecto era algo muy serio, pero lo que no se dice es que fue enviado al Congreso para que se realizara una discusión amplia, y tal debate le diera un arma para modificar algunos términos del contrato. Se precisaba de una inversión importante, y ésta era una gran oportunidad que Perón no quiso desaprovechar, aunque diputados como John W. Cooke se opusieron. No puede desconocerse que el Congreso de la Nación era incondicional a las decisiones y a los proyectos del presidente, y si la decisión era aprobarlo tal cual había sido redactado, hubiera ordenado que se votara sin discusión, y no se hizo así.

Debemos destacar la reforma constitucional de 1949 –uno de cuyos principales impulsores fue el Dr. Arturo Sampay–, mediante la cual se establecía una serie de nuevos derechos para proteger al sector asalariado y, además, preservar las riquezas naturales del país.

 

DEUDA EN MILLONES DE PESOS

1900…………………….900       1927…………………. 1.132

1901…………………….898       1928……………………1.110

1902…………………….901        1929……………………1.071

1903…………………… 855       1930……………………1037

1904…………………… 843       1931……………………. 996

1905…………………… 748       1932……………………. 946

1906…………………….737       1933……………………1.218

1908…………………….716       1934……………………1.237

1909…………………….709      1935…………………….1.162

1910…………………….697       1936…………………….1.224

1911……………………690         1937…………………….. 994

1912……………………676         1938…………………….1.003

1913……………………701         1939……………………..1.141

1914……………………714         1940……………………..1.114

1915……………………714        1941………………………1.063

1916……………………683         1942………………………1.013

1917……………………649         1943……………………… 929

1818……………………611         1944………………………. 567

1919……………………611         1945………………………. 520

1920……………………647         1946………………………. 114

1921……………………761         1947………………………. 102

1922……………………630         1948………………………. 67

1923……………………664         1949………………………. 54

1924……………………849         1950………………………. 41

1925……………………927         1951………………………. 27

1926……………………976         1952………………………. 13

1953/54         0

 

 

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