Bruno Fornillo

Bruno Fornillo

Historiador (UBA) y Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y en Geopolítica (París VIII).  Actualmente se encuentra realizando su proyecto como investigador del CONICET titulado “Recursos naturales estratégicos y perspectivas de desarrollo en Argentina, Bolivia y Brasil”, en el que presta especial atención al vínculo que la región establece con China, a las matrices energéticas sudamericanas fundamentalmente al lugar que ocupan las energías renovables en ellas-, y al tipo de tratamiento que reciben los Recursos Naturales Estratégicos.

Se desempeña como docente en la Maestría de Estudios Latinoamericanos (FSOC-UBA) y en la materia de Historia Contemporánea de América Latina de la Carrera de Historia (FFyL-UBA). Es coordinador del Grupo de Trabajo en “Energía y desarrollo” (CLACSO), así como investigador responsable del PICT 2012-2628 “La explotación del Litio en Argentina”.


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Geopolítica del Litio 

Bruno Fornillo presentó su libro Geopolítica del Litio. Industria, Ciencia y Energìa en Argentina en Al Dorso.  Analiza la importancia mundial del litio, las radicación de multinacionales en América Latina, la posibilidad nacional de desarrollo estratégico, y las conflictividades extractivistas con pueblos originarios en los salares del noroeste.

Entrevista radial 26.03.2016


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Cinismo K, militancia y el caso López

Rolando Astarita 17.06.2016.
Cinismo, cualidad o actitud del cínico. Cínico. Se aplica a la persona que comete actos vergonzosos sin ocultarse y sin sentir vergüenza por ellos. Cínico. Caradura. Desfachatado. Desvergonzado. Impúdico. Sinvergüenza.

 

Cinismo K, militancia y el caso López


Rolando Astarita  (17.06.2016)

Cinismo, cualidad o actitud del cínico. Cínico. Se aplica a la persona que comete actos vergonzosos sin ocultarse y sin sentir vergüenza por ellos. Cínico. Caradura. Desfachatado. Desvergonzado. Impúdico. Sinvergüenza (tomado del María Moliner).

No iba a escribir sobre el caso de José López (para los lectores del exterior: José López, ex secretario de Obras Públicas del gobierno de Cristina Kirchner, fue sorprendido y detenido en la madrugada del martes 14/06 cuando intentaba ocultar en un convento bolsos con casi 9 millones de dólares). En otras notas (aquí, aquí y aquí) me referí a la corrupción, su vinculación con el capitalismo y más específicamente con esa lumpen burguesía de la que López es un típico exponente. Sin embargo, hay algo que ahora quiero agregar a lo ya escrito, y se refiere al asco que genera escuchar a ex altos funcionarios y dirigentes K decir que están “indignados”, que dicen tener “bronca militante” y sentirse identificados con “los miles y miles de pibes, compañeros y compañeras, que nada tienen que ver con López, ni con millones de dólares, ni con bolsos”. Estamos ante un caso de cinismo en su máxima expresión. Es que los “miles de pibes” seguramente no tuvieron nada que ver con “millones de dólares ni con bolsos”, pero estos altos ex funcionarios sí tuvieron que ver, y mucho que ver. Hay que decirlo con todas las letras: los altos ex funcionarios y los allegados a los círculos de poder sabían perfectamente de qué se trataba el asunto. Algunos pueden no haber participado directamente en el saqueo de los fondos públicos, pero esto no los exime de responsabilidades. Fueron cómplices, porque si no robaron, callaron y encubrieron. Por eso no tienen derecho a invocar la militancia de los “miles de pibes”. La realidad es que esos pibes les importan un bledo a estos “dirigentes y ex altos funcionarios”. Éstos lo único que buscan ahora es salvar la ropa. Pero es imposible tapar el sol con la mano.

¿O acaso qué estaban mirando cuando los Kirchner compraban tierra pública por 50.000 dólares para revenderla en 2,4 millones al grupo chileno Cencosud? ¿Qué estaban mirando cuando la Auditoría General de la Nación mandaba informe tras informe en los que se denunciaba el entramado de corrupción y sobreprecios en la obra pública? ¿O cuando por todos lados se evidenciaba la inmensa fortuna que acumulaban los Baez, los Cristóbal López y semejantes, incluidos altos funcionarios del gobierno? ¿O cuando se silenciaba a la SIGEN, a la Oficina Anticorrupción y a las fiscalías de gestiones administrativas? ¿O cuando la UIF cajoneaba todo reporte de operaciones sospechosas que involucrara a gente K? ¿O cuando se informaba que los hoteles de los Kirchner estaban llenos de cuartos vacíos alquilados por el principal contratista de la obra pública de Santa Cruz? ¿O cuando se hizo público que la financiera SGI (la Rosadita) era la cueva para el lavado de dinero de los círculos del poder? ¿O cuando Cristina Kirchner viajó a las islas Seychelles sin que se pudiera dar razón de semejante viaje? ¿O cuando se daba libre entrada al país a la efedrina? ¿O cuando se conoció que los que la importaban, o estaban en la mafia de los medicamentos (Sanford, Multipharma, Global Pharmacy), eran grandes aportantes a la campaña electoral de Cristina Kirchner? ¿O cuando se otorgaban subvenciones sin control a los Cirgliano y se destruían los ferrocarriles? ¿O cuando se suspendía y acusaba al fiscal Campagnoli por meter las narices en la ruta del dinero K? ¿O cuando se estatizaba Ciccone sin que se pudiera informar a la opinión pública a quién pertenecía la empresa? ¿O cuando Old Fund recibía, con el acuerdo de Boudou, 7,6 millones de pesos del gobierno de Formosa por “asesorar” en la deuda provincial?
Por eso mienten cuando dicen que ahora les indigna ver lo de José López. ¿Cómo los va a indignar si convivieron alegremente con la mugre y la podedumbre? Invocan al “proyecto”, a los “ideales”, ellos mismos se proclaman “militantes del pueblo”, pero son unos miserables saltimbanquis, que hicieron del oportunismo su único principio. Parafraseando a Marx, sus protestas de hoy no son más que disfraces y caretas para ocultar lo más mezquino y miserable. Estos lúmpenes intelectuales y cínicos sin límites solo pueden llevar a la desmoralización y al desánimo al movimiento popular. De hecho, fueron funcionales para la llegada de Macri y Cambiemos al gobierno. Hablan de la militancia de los 70, pero desarrollan una militancia burguesa y acomodaticia, que nada tiene que ver con los 70, ni con la militancia de la izquierda (véase aquí). Aunque les duela a los “miles de pibes por la liberación”: no hay “liberación” ni “revolución” posible con esta calaña.  Y López es solo un emergente de la misma sustancia humana y social.

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De nuevo, sobre petróleo y ley del valor

Rolando Astarita 06.02.2016.
En una nota anterior (aquí) critiqué la afirmación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de que el precio del petróleo es determinado a voluntad por EEUU. Sostuve que esta tesis es teóricamente insostenible e incapaz de explicar las evoluciones del precio del petróleo (y otras mercancías).

 

De nuevo, sobre petróleo y ley del valor

Rolando Astarita (06.02.2016)

En una nota anterior (aquí) critiqué la afirmación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de que el precio del petróleo es determinado a voluntad por EEUU. Sostuve que esta tesis es teóricamente insostenible e incapaz de explicar las evoluciones del precio del petróleo (y otras mercancías). Como era de esperar, la nota provocó críticas de defensores de la tesis “los precios son decididos por los monopolios”. Es que no se trata solo de las concepciones estatistas burguesas del estilo Chávez o Kicillof, sino también de un amplio espectro de economistas de izquierda, que van desde el populismo moderado al trotskismo, pasando por castristas, stalinismos diversos y el tercermundismo. En otras notas del blog, y en mis libros, traté de explicar la importancia que tiene esta cuestión para la comprensión del sistema capitalista y su crítica.

Si bien no veo que se haya respondido a estos argumentos, los defensores de la tesis “los precios son decididos a voluntad” siguen imperturbables. Un ejemplo es el texto que me han enviado por estos días, “¿Por qué baja el precio del petróleo?” de José Castillo, economista y dirigente de Izquierda Socialista, de Argentina (http://www.uit-ci.org/index.php/noticias-y-documentos/3-crisis-capitalista-mundial/1008-ipor-que-baja-el-precio-del-petroleo). Publicado en Junio de 2015, en su presentación se afirma que conserva toda su actualidad para explicar por qué bajan los precios. El escrito es revelador de las formas en que se sostiene una idea contra viento y marea.

Teoría del valor

La idea central de Castillo es que en el caso del petróleo, por tratarse de un insumo estratégico, la oferta y la demanda no cuentan: “….seríamos ingenuos si aceptáramos que el precio de un insumo tan estratégico como el petróleo se define por “el juego de la oferta y la demanda”, escribe. O sea, Castillo afirma que la ley del valor trabajo no tiene vigencia para el “producto estratégico” llamado petróleo. Para entender por qué, es necesario tener presente que esa ley solo se impone a través de la competencia, esto es, por la guerra de precios y las variaciones de la oferta y la demanda. ¿Por qué ocurre de esta manera? Pues porque los productores son propietarios privados de los medios de producción, y su conexión se da a través de “cosas”, de mercancías, que se comparan en el mercado. Por eso, en la sociedad productora de mercancías los productores “pierden el dominio de sus propias relaciones sociales”, como explica Engels en el Anti-Dühring(la parte económica del libro fue revisada por Marx). Y agrega:

En esta sociedad “[c]ada cual produce para sí con los medios de producción que casualmente  tiene y para su individual necesidad de intercambiar. Ninguno de ellos sabe cuánta necesidad de su artículo está llegando al mercado, cuánta de ella se necesita y usa realmente; nadie sabe si su propio producto va a encontrar una necesidad real, si va a poder cubrir costes, y ni siquiera si va a poder vender. Reina la anarquía de la producción social. Mas la producción de mercancías, como cualquier otra forma de producción, tiene sus leyes características, inherentes, inseparables de ella, y sus leyes se imponen a pesar de la anarquía, en la anarquía y a través de la anarquía. Estas leyes se manifiestan en la única forma de conexión social que subsiste, a través del intercambio y se imponen al productor individual en forma de leyes constrictivas de la competencia. (…) Se imponen pues, las leyes sin el concurso de los productores, contra los productores, como ciegas leyes naturales de su propia forma de producción. El producto domina a los productores” (pp. 268-9, énfasis agregados).

El pasaje resume el nudo de la crítica de El Capital al mercado. La objetividad de la ley del valor trabajo consiste precisamente en esto, en que los productores no dominan al mercado, sino este los domina; por eso las leyes se imponen “como leyes ciegas naturales”. Y esta imposición, esta constricción, solo puede abrirse paso a través de la competencia. Por eso, cuando Castillo afirma que una mercancía básica como el petróleo no está sometida a la competencia, está diciendo que aquí esa “ley ciega del mercado” dejó de actuar. Obsérvese además que, dado que el petróleo entra directa o indirectamente en la producción de todas las demás mercancías, la ley del valor trabajo deja de funcionar en general. Con el agregado de que hay que preguntarse por qué el capitalismo solo maneja el precio del petróleo. ¿Por qué no los precios del mineral de hierro, el cobre, el gas, los semiconductores, el aluminio, el maíz, la soja, el acero? ¿Cuál es el límite? Lo importante ahora es subrayar la consecuencia teórica que se desprende de la afirmación de Castillo. Esta es la cuestión central que debería poner entonces a discutir, dado que, formalmente, dice referenciarse en la teoría de Marx. Pero nunca logramos que se vaya al fondo del tema.

Evidencia empírica

Recurrimos a textos clásicos porque pensamos que tienen actualidad para interpretar el presente. Y el anterior pasaje de Engels (o de Marx) encaja justamente en lo que ha sucedido con el petróleo y con otras muchas mercancías, tales como minerales y productos agrícolas. Embarcadas en la competencia, las empresas ampliaron la capacidad productiva respondiendo a un intenso proceso de acumulación centrado en China. En la misma China también hubo sobreacumulación y sobreinversión (ver aquí y aquí). “La naturaleza de la producción capitalista consiste en producir sin tener en cuenta las limitaciones del mercado”, dice Marx enTeorías de la plusvalía (t. II, p. 446). Es lo que ocurrió en muchas de las principales ramas de la economía mundial. Hasta que sobrevino el freno de China, y otros países, los mercados se vieron saturados, se desató la guerra de precios y la caída de las ganancias. Los datos empíricos apoyan esta explicación sobre el petróleo. Hubo una suba fuerte de la producción de crudo en EEUU (desde 2006 a 2014 aumentó de 6,6 millones de barriles diarios a 11,6 mb/d). En consecuencia, las importaciones de EEUU bajaron sustancialmente. Otros países también aumentaron la producción, aunque en menor medida. De conjunto, la oferta global mundial pasó de 90,5 mb/d en el primer trimestre de 2013 a 95,5 mb/d en el cuarto trimestre de 2014, y a 96,9 mb/d en el cuarto trimestre 2015 (OECD IEA). ¿Qué dice Castillo de esto? Pues que “la producción de petróleo no se ha modificado sustancialmente en los últimos tres años”, y cita BP World Statistical Review, de junio de 2014. Sin embargo los precios del petróleo empiezan a caer precisamente en junio de 2014. Entre junio y diciembre de 2014 experimentaron la tercera mayor depreciación semestral de los 24 años anteriores. ¿Por qué no dice esto al momento de presentar un dato de junio de 2014 para explicar la fuerte caída desde junio de 2014?

Lo mismo con respecto a la demanda. La economía de China se desaceleró; también la de Rusia y Brasil. A lo que se suma la crisis europea y de Japón. De manera que la evolución de la demanda global fue 90,7 mb/d en el primer trimestre de 2013; 94 mb/d en el cuarto de 2014 (o sea, una oferta por encima de la demanda entonces de 1 mb/d) y 95 mb/d en el cuarto de 2015 (o sea, una oferta por encima de la demanda de 1,9 mb/d). ¿Qué dice Castillo de esto? “No se modificó la demanda”, afirma, y de nuevo cita el artículo de junio 2014. Es su manera de sacar del radar la sobreproducción y la consiguiente guerra de precios. En una palabra, desaparece la anarquía del mercado por el simple recurso de borrar los datos.

Por supuesto, el  petróleo no fue una excepción. Hubo fuerte inversión en muchas ramas y ahora hay sobreproducción y sobreacumulación. Y como lo señalaba Engels, los movimientos de precios dominaron a los productores. Así, por ejemplo, en abril de 2014 José Martins, el director ejecutivo de Vale, aseguraba que el mineral de hierro no iba a caer por debajo de los 100 dólares la tonelada. Hoy cotiza a 40 dólares, y no se sabe si seguirá para abajo. Los mercados de materias primas se saturan y caen ventas y precios. Lo mismo sucede hoy con los teléfonos inteligentes, computadoras, tabletas, semiconductores, equipos de energía alternativa y tantos otros. Y muchos de estos productos son tan esenciales como el petróleo.

No hay ley del valor porque EEUU y Arabia Saudita lo deciden

Según Castillo, dado que la ley del valor trabajo no determina el precio del petróleo, ¿qué es lo que lo determina? Pues la simple voluntad de EEUU y Arabia Saudita. “Para nosotros, lo determinante es el acuerdo entre el imperialismo norteamericano y Arabia Saudita. Tiene como objetivo favorecer a los países imperialistas o a sus grandes socios ante una crisis mundial que no cede”. Después de haber borrado los datos de producción y demanda, tiene el camino allanado para enunciar una explicación que no demuestra. Estamos en el mundo del “ultra imperialismo” estadounidense, que se ha confabulado con Arabia Saudita (¿o le ha dado la orden a “la colonia”?) para establecer un precio del petróleo acorde con sus necesidades, y la de sus socios. Así, lo determinante es la política, al mejor estilo del conocido señor Dühring, que creía decir algo muy importante y “de izquierda” cuando explicaba los fenómenos económicos por causas políticas. Que es lo que hacen Maduro, y tantos otros. Por eso, al texto de Castillo se le aplican las mismas preguntas que he formulado en la nota sobre la teoría del valor “a lo Maduro”, y que siguen sin respuesta.

Precisemos también que el hecho de que Castillo coincida con el enfoque del nacionalismo burgués en un tema central, la explicación del valor, tiene como efecto ubicar el conflicto en términos nacionalistas: EEUU y Arabia Saudita perjudican a “los no socios del imperialismo”. Las cuestiones de clase están desaparecidas. Es tercermundismo burgués, o pequeño burgués, en estado puro. Por eso el ataque a la teoría del valor no es inocente. Ni es simple ignorancia. La teoría del valor trabajo es el fundamento último de la independencia del trabajo frente al capital. No es casual que el “marxismo nacional” necesite sustituir, a cualquier precio, a Marx por Maduro.

Interludio: el argumento de la “geopolítica”

Aprovecho esta nota para responder brevemente un argumento que he visto circular en las redes, en oposición a mi nota sobre la teoría Maduro del valor. Alguien dijo que sostener que la ley del valor rige para los precios del petróleo es desconocer la relevancia de la geopolítica en la economía mundial.

Sinceramente, no encuentro pie ni cabeza a este argumento. Para dar un ejemplo: la construcción del canal de Suez obedeció, en buena medida, a razones geopolíticas, y además alteró relaciones geopolíticas. El canal se inauguró en 1867, cuando Marx publicaba El Capital. ¿Debería haber revisado en las siguientes ediciones la teoría del valor aplicada al transporte marítimo, so pena de no darle importancia “a la geopolítica”? El planteo es absurdo. Después de construido el canal, los precios del transporte seguían determinados, en lo fundamental, por los costos de producción. Lo mismo podemos decir del canal de Panamá. Y en general, de cualquier otro emprendimiento en el que participe el Estado, o sea fomentado por este, por razones geopolíticas, o de cualquier otro tipo. En el caso del fracking, el Gobierno de EEUU lo apoyó con recursos y subvenciones porque le interesaba emanciparse de las importaciones. Pero esto no anula que los precios del petróleo están determinados por las mismas leyes que rigen los precios para toda otra mercancía que se produce para el mercado. Precisamente ahora que los precios caen por debajo de 50 dólares el barril, gran parte de la producción por medio del fracking enfrenta graves dificultades.

Leyes objetivas y sociales

Hemos visto que la cuestión del valor y los precios está en la base de la crítica del marxismo. Partiendo de esa ley se trata de demostrar que las contradicciones del capitalismo y sus estallidos –las crisis- o los efectos de sus leyes –polarización social, desocupación estructural, etcétera- son inherentes a su naturaleza. En otros términos, las crisis no son creadas por simple decisión de una fuerza todopoderosa–ahora Washington decidió que los precios bajen, que China disminuya su demanda; antes determinó que Lehman quiebre, y así de seguido- sino el resultado de las leyes del sistema. La ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia intenta explicar esta cuestión. Por eso, las crisis (la industria del petróleo, la minería, y otras, atraviesan una profunda crisis) no son contingentes. La idea de que son contingentes se asocia, inevitablemente, a la imagen de un dios que decide teleológicamente la marcha de la economía mundial. Pero si esto es así, el capitalismo podría dominar sus contradicciones. La creencia en un “ultra-imperialismo” todo poderoso y omnisciente (conoce las necesidades de la demanda, las condiciones de la oferta, determina precios según su voluntad, etcétera) tiene esta raíz. Aceptar esta visión significa rendirse a lo arbitrario. Es engañar a la gente acerca de la raíz social de los problemas fundamentales que padece (desocupación, inseguridad, salarios que no alcanzan, etcétera). Por eso, los planes de salvación del capitalismo basados en acciones providenciales del Estado, o en la exaltación del voluntarismo, que constituyen la sustancia del tercermundismo, tienen como base el rechazo de la idea de que existen leyes objetivamente sociales. Como dije antes, las defensas de tesis “a lo Maduro” no son políticamente inocentes. Aunque se enuncien desde posiciones supuestamente radicales.

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Las monjitas de López

Al Dorso 18.06.2016.
Dos monjitas tapadas con arrugas, se sentaban en la puerta del monasterio. Una miraba perdida hacia el oeste los cientos de metros hasta el final del parque. La otra, seguía a los pájaros que acariciaban el césped segundos antes de tomar vuelo.

 

Las monjitas de López

Al Dorso (18.06.2016)

Dos monjitas tapadas con arrugas, se sentaban en la puerta del monasterio. Una miraba perdida hacia el oeste los cientos de metros hasta el final del parque. La otra, seguía a los pájaros que acariciaban el césped segundos antes de tomar vuelo. Metros cuadrados a la gracia de dios envolvían a las dos ancianas. Convivían con ellas en la inmensidad de la propiedad. Decenas de edificios distribuidos en ese tablero de ajedrez perfectamente diseñado para la contemplación. Cada uno de ellos habitados solo por telarañas, polvo, insectos y un silencio mortuorio. Pisos y techos que serían una delicia para muchos. Una obra de dios al alcance de muchos regenteado por Satanás. Un campo que tenía a las abuelas las únicas amas y señoras de la creación de Jesús sobre la tierra. El paraíso terrenal.

No pasaron un par de minutos, que las dos cruzaron sus miradas. El portón principal anunciaba la llegada de un visitante. Las dos permanecieron sentadas. La situación estaba controlada. Desde aquella noche los sentidos estaban alertas. Nada, ni nadie les quitaría la calma de los cielos. Después de atravesar el inmenso follaje, el hombre llegó al casco principal. Un inmenso edificio construido no hacía más de 40 años.

Después de mirar en silencio un tiempo más prolongado de lo que se acostumbraba, el visitante se relajo. Ni los montículos de tierra en todo el terreno desnudo, ni el montaje de seguridad, ni las cámaras de vigilancia, ni la estructura de alambre de púa en todo el perímetro, ni las armas prolijamente acomodadas sobre el sillón, lo conmovió. Es más, le parecía justo después de lo que había pasado esa noche.

La conversación se interrumpió e ingresaron a  la casona. El sujeto abrió el inmenso bolso que lo acompañaba y dejó ver los fajos de billetes. Las señoras de gris los miraban sin pestañar. Una de ellas se adelantó y propuso la apertura de una cuenta en el exterior con garantía de gerentes del ex banco Ambrosiano. El hombre se negó al ofrecimiento y prefirió mantener el dinero en el monasterio. ”Claro, prefiere la seguridad divina”, bromeó una de las monjitas. El inversionista, se justificó diciendo que la causa estaba cerrada y sería imposible que se solicite un allanamiento. Las damas asintieron. Es más, comentaron que esa lógica fue utilizada por muchos de los visitantes que concurrieron luego de esa noche.

El servicio ofrecido era el de  “un paraíso down shore”. Infinidad de cilindros  blindados habitaban entre lombrices, bichos bolita y desechos de un pasado remoto. Cada uno de los recipientes sellados se encontraban a dos metros de la superficie. Además, cada hueco que alojaba cual vientre a los cofres, estaba recubierto en sus paredes por una fina capa de perlita y vermiculita. Ni el fuego, ni el agua, ni la humedad alteraban los secretos enterrados. Para la vista de forasteros o canes vigilantes, el mecanismo estaba cubierto por un hermoso césped verde.

Todo este engranaje se le había ocurrido a la monjita más vieja. Muchas veces, entre charlas y wiskys, entre obispos y empresarios, entre asesinos y mafiosos; surgen buenas ideas.

Caminado por ese imperfecto campo cual si fuera un cementerio con sus tumbas; bordeando cada uno de los tesoros escondidos; a una de las viejas le agarró un irresistible ataque de curiosidad. Fue tal la necesidad que vomitó una pregunta indebida, mal vista, pecaminosa para la actividad. El origen del dinero. El hombre sacó un arma y sin dudarlo la colocó en la sien de la hereje.
¡Tirá, tira! una, dos, mil ¡Tirá nomás!– dijo, mientras se acomodaba la dentadura postiza – Odio cuando pasa esto. A pesar de mi edad, soy coqueta. Y aunque todos saben que la uso, me niego a mostrarla.

Un llamado, no atiende, se corta. Dos llamados, atiende seca, fría. Se enfurece. El cargamento no llega.

-¡No, mierda! No puede ser, la gendarmería estaba comprada ¿Funcionario para que cobraste? –  Traga saliva.

La otra, agrede a dios, a Jesús, a la iglesia y las insatisfechas de los conventos. Maldicen a destiempo, descoordinadas.

El traficante con su bolso a cuestas, presiente lo peor. Les soltaron las manos, piensa. Ni el obispo, ni el gobernador, ni la dirigencia de la asociación de empresarios las sostuvieron.

Quizás los ojos al vacio, las cejas al cielo, o el silencio a la distancia, hace reaccionar a una de las endiosadas trasvestidas. “Lo mandamos afuera”. Cómo se iban a perder el negocio. “El boludo nos dejo 2 millones, te lo sacamos con eso”. Sí, pero a las cuentas del vaticano o del presidente de la nación”. Y un “No hay problema”, cerró la conversación. “Dios es argentino”, festejo la devota de las finanzas.

Y fue lo último que dijo. Un disparo clausuró su sagrada vida. Otro disparo cruzado impacto en la cruz de la otra conventera. Ni dios la pudo salvar. Cayó con los brazos estirados tal crucificada. El visitante ilustre murió en el acto.

Pasaron segundos, la boca de una monja se abrió, y de ella mostró sus dientes la dentadura. La coquetería fue violada en ese instante.

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Programa 18/06/2016

El mayor endeudamiento externo de la historia

Sábado 18 de Junio de 2016

En los últimos seis meses la Argentina se endeudó en más de 30.000 millones de dólares. La mayor emisión de deuda de toda la historia nacional.  El historiador e investigador de la deuda pública argentina y latinoamericana, Alejandro Olmos Gaona analiza el fuerte endeudamiento externo de la gestión administrativa de Mauricio Macri.  Cinismo, militantes y la corrupción en el capitalismo. Además, deudas, ilicitudes y otras yerbas.

Bloque I

Bloque II

Bloque III

Bloque IV

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¿MINERA SAN JORGE METE LA CUCHARA?

Federico Soria 15.06.2016.
¿Por qué Minera San Jorge estaría interesada en que la zona donde proyecta su explotación megaminera sea considerada como parte de la cuenca del Río San Juan?

 

¿MINERA SAN JORGE METE LA CUCHARA EN LOS RELEVAMIENTOS DEL INVENTARIO NACIONAL DE LA LEY DE GLACIARES?

 Federico Soria

La Ley Nacional 26.639 (Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial) fue un logro de varios años de lucha popular, derrotero que incluyó levantar el nefasto veto presidencial a la ley anterior (Nº 26.418 que era similar) firmado y defendido por la ex-presidente Cristina Fernández, a instancias de la corporación Barrick Gold, puesto que la ley expresamente prohíbe la minería dentro de su ámbito de aplicación, o sea, los ambientes glaciares y periglaciares (Art. 6º, inc. c). De ahí que esta maniobra haya sido denominada “veto Barrick Gold” y que uno de los abogados detrás de su diseño haya sido Francisco Pérez, ex asesor letrado de Barrick Gold y luego Gobernador de Mendoza, puesto a dedo por la ex-presidenta, llevándose por delante a todo el peronismo mendocino.
Una vez sancionada la Ley de Glaciares, hubo que comenzar una nueva lucha: hacerla aplicar y que se lo haga correctamente. Evidentemente su implementación golpea directamente a la megaminería, uno de los intereses corporativos más grandes que opera en Argentina, de la mando del Estado, que en las últimas décadas se asoció y defendió esos intereses incluso con el uso de la fuerza pública, mediante la represión y la criminalización de la protesta social.

La aplicación en todos sus términos de la Ley de Glaciares implica lisa y llanamente que dentro de su ámbito de aplicación, explotaciones megamineras activas deben dejar de funcionar o aquellas proyectadas deben ser canceladas definitivamente, como por ejemplo Veladero, Pascua Lama, El Pachón, Agua Rica, etc. Esto está así dispuesto incluso por la propia ley (Art. 15º, párrafo 3º). Desde ya, esto no ha sucedido.
La Ley de Glaciares crea el “Inventario Nacional de Glaciares” (Art. 3º), disponiendo que el mismo debe contener la información registrada “de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial” (Art. 4º), y que el inventario “será realizado y de responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley” (Art. 5º), recordando además que tal autoridad es “el organismo nacional de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental” (Art. 9º), actualmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

La ley dispone además que el Inventario Nacional de Glaciares y ambiente periglacial “deberá comenzar de manera inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6º, se consideren prioritarias. En estas zonas se deberá realizar el inventario definido en el artículo 3° en un plazo no mayor de CIENTO OCHENTA (180) días” (Art. 15º párrafo 1º). Esto desde ya tampoco fue así, ya que no se cumplió el plazo y tampoco el IANIGLA comenzó por esas zonas, sin dar el IANIGLA las explicaciones correspondientes de este incumplimiento del cual son “responsables” tal como lo determina la ley (Art. 5º) .

Así las cosas, el IANIGLA comenzó con Inventario Nacional de Glaciares, realizando de a poco los relevamientos, con trabajo de gabinete en base a imágenes satelitales de alta resolución, validada luego con relevamientos de campo, en un trabajo que debe desatacarse como muy bueno desde lo técnico. Este trabajo luego pasa por una validación técnica internacional y se publica en la webhttp://www.glaciaresargentinos.gob.ar/

Tal como lo dispone la ley, el inventario se dividió por regiones, cuencas y subcuencas y así están siendo publicadas las diferentes zonas que se van relevando, las que se presentan con un informe y un mapa donde figuran todas las formas glaciares. Sin embargo, hasta ahora, en las zonas trabajadas no han sido relevados los ambientes periglaciares, sin dar el IANIGLA una explicación concreta tampoco respecto de los motivos de esta exclusión.

Las publicaciones del relevamiento comenzaron por el norte de la Provincia de Mendoza y el sur de la Provincia de San Juan, donde a primera vista salta un error grosero que no sabemos a ciencia cierta si es o no intencional. Nosotros tenemos indicios que sí lo es: en el Inventario Nacional de Glaciares, la subcuenca de Yalguaraz, en la Provincia de Mendoza, figura como parte de la Cuenca del Río San Juan, subcuenca de Ansilta, cuando es claro que (a pesar de poseer un escurrimiento superficial endorreico) forma parte de la Cuenca del Río Mendoza. De hecho, la demarcación del Límite Interprovincial entre Mendoza y San Juan (que históricamente estuvo enmarcada en conflictos por las diferencias entre las pretensiones territoriales de cada una), terminó de ser acordado por la divisoria de agua entre ambas cuencas, conforme lo establecido en la Ley Nacional 22.200.

Este error tal vez pasaría desapercibido, de no ser por el detalle no menor de que en esa zona está proyectada la explotación megaminera de San Jorge, que fuera rechazado por la histórica Audiencia Pública realizada en Uspallata el 25 de octubre de 2010 y por votación unánime en la Legislatura Provincial, el 24 de agosto de 2011.
Tampoco podemos dejar de pasar por alto que algunos investigadores del IANIGLA tienen intereses concretos en el negocio de la megaminería, ya sea haciendo trabajos de consultoría para estas corporaciones o siendo incluso dueños de concesiones mineras. Esto es sin lugar a dudas una incompatibilidad concreta para el ejercicio de la función pública, ya que en algunos casos los mismos profesionales que deben determinar hasta donde llega la aplicación de la Ley de Glaciares, que prohíbe la minería, al mismo tiempo tienen intereses económicos millonarios en dichas áreas.
De todos los casos detectados con este tipo de irregularidades, destacamos los casos de Lydia Espizua, quien firma como coordinadora en algunos de los relevamientos de la Ley de Glaciares y al mismo tiempo es dueña (junto con su marido, Jorge Bengochea) del proyecto megaminero Cerro Amarillo, ubicado en zona glaciar y periglaciar (cuyo relevamiento aún no fue publicado por el IANIGLA, pero curiosamente sí por el CEDHA); y el de Viviana Rubinstein, que fue vicedirectora del IANIGLA durante los primeros años en que se realizó el inventario de Glaciares, siendo al mismo tiempo dueña (junto con su esposo, Martín Carotti) de varias concesiones mineras, entre las que destacan decenas de ellas que conforman el proyecto megaminero Santa Clara, que fuera explorado a comienzo de los años ‘90, impactándose directamente sobre ambiente actualmente protegido por la ley. El dato no menor, es que las concesiones mineras de estas investigadoras del IANIGLA figuran entre los proyectos megamineros considerados «prioritarios» por la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, entidad corporativa de la cual sus esposos y socios comerciales conforman el directorio.

Consideramos vital dar a conocer esta información en este momento, en que a pesar de que la explotación megaminera fue rechazada por la Legislatura y el Pueblo de Mendoza, las corporaciones y el gobierno aún pretenden llevarla adelante imponiéndola sin licencia social y burlando el espíritu de la Ley Provincial 7722.
Desde que el presidente de la franquicia local de Minera San Jorge, Fabián Gregorio, fue designado hace unos meses en el gabinete de la Secretaría de Minería de la Nación, el lobby corporativo por la explotación de San Jorge se trasladó a Buenos Aires, contagió a los referentes nacionales del empresariado del rubro y aportó una presión extra al Gobierno de Mendoza, que durante la Gestión de Alfredo Cornejo, no mostró una postura concreta al respecto, ni por sí ni por no, a pesar de que tiene sobrados argumentos legales para mandar definitivamente a archivo el proyecto, tal como oportunamente ordenara la Legislatura de Mendoza, con lo cual su indefinición al respecto es a todas luces tan injustificable como la aprobación de dicha mega-explotación.
Las acciones llevadas adelante en las últimas semanas, conjuntamente por el lobby de la megaminería y la Municipalidad de Las Heras en la localidad de Uspallata dan cuenta de ello; como por ejemplo, el fraude perpetrado por el intendente Daniel Orozco, su secretario de gobierno, Raúl Villafañe, y los concejales, a la ordenanza ambiental-minera presentada por los Vecinos Autoconvocados; así como las recientes donaciones realizadas por Minera San Jorge a la municipalidad de Las Heras, mediante el pago de compras al municipio con cheques de la minera en comercios locales, acción que fuera defendida por el propio intendente Daniel Orozco, en declaraciones públicas realizadas en medios locales, y que provocara el repudio de la población.

¿Por qué Minera San Jorge estaría interesada en que la zona donde proyecta su explotación megaminera sea considerada como parte de la cuenca del Río San Juan?

Conviene recordar que la subcuenca de Yalguaraz forma parte de la cuenca del Río Mendoza, ya que si bien el escurrimiento superficial es endorreico, se desconoce la dinámica hidrológica subterránea. Más allá de eso, el sitio puntual donde ha de localizarse la Mina San Jorge no está en esta zona de escurrimiento superficial endorreico, sino en un área que escurre directamente al Río Mendoza, a través del Arroyo Uspallata. Minera San Jorge ha negado en todo momento esta condición, negación también avalada por el propio Gobierno de Mendoza que aprobó el Informe de Impacto ambiental, sin embargo profesionales y conocedores del lugar han dado cuenta que no es así y que esta condición puede apreciarse a simple vista a través de la interpretación de imágenes satelitales de la zona.

Esto también tiene que ver con el renovado interés del Gobierno de San Juan en desarrollar la explotación con una modalidad biprovincial, dada la cercanía del mismo al límite, extrayendo la roca en Mendoza, trasladándola y procesándola en San Juan. Asociado a ello, está la pavimentación de la Ruta Nacional 149 (que une Uspallata con Barreal) que permitiría traer insumos de Chile para la megaminería y exportar el mineral extraído; obra que, oh casualidad, fue interrumpida coincidentemente en el mismo tiempo en que fue rechazado en la Legislatura el Informe de Impacto Ambiental de Minera San Jorge; y ahora el Gobierno de San Juan vuelve a manifestar tal interés, al punto de presionar a su par de Mendoza para que termine la obra, que no tiene ningún interés en llevarla adelante.

Luego del rechazo social y legislativo, Minera San Jorge decidió como política empresarial adoptar un perfil bajo y realizar sus nuevos acuerdos en las sombras: no tiene página web, no realiza comunicados y las notas a la prensa son muy escasas y dadas exclusivamente por los nuevos dueños rusos de la firma. Consideramos que este «error» de situar la subcuenca de Yalguaraz como parte de la Cuenca del Río San Juan se inscribe en ese contexto.

Para terminar definitivamente con la amenaza de Minera San Jorge y todas sus maniobras, los Vecinos de Uspallata hace ya varios años que exigen que la zona sea declarada Área Natural Protegida en el marco de la Ley Provincial 6045, para lo cual han presentado un proyecto de ley en la Legislatura de Mendoza, el cual exigen sea sancionado con el texto original presentado por los vecinos.

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Aranguren, el fusible de los CEOs

Felipe Gutiérrez 16.06.2016.
El lunes 6 varios barrios de Buenos Aires amanecieron cubiertos de afiches con la cara del ministro de Energía, Juan José Aranguren, y un mensaje que decía: “Y tú te vas, te vas, te vas”.

 

Aranguren, el fusible de los CEOs


Por Felipe Gutiérrez  (16.06.2016
) | Observatorio Petrolero Sur

El lunes 6 varios barrios de Buenos Aires amanecieron cubiertos de afiches con la cara del ministro de Energía, Juan José Aranguren, y un mensaje que decía: “Y tú te vas, te vas, te vas”. Los afiches, que no llevaban firma, fueron el punto más alto de una campaña que se había iniciado algunas semanas atrás, fuertemente agitada por los medios hegemónicos. A través de estos se hablaba de un quiebre en el gabinete macrista, en donde el ex CEO de Shell habría quedado aislado -a tal punto que habría presentado su renuncia en dos ocasiones- debido a que desde el gobierno se lo culpaba de haber planificado mal las subas de gas y electricidad, volviendo a agitar el fantasma de la conflictividad social. El objetivo de ese discurso no era otro que desviar la atención sobre la mala política energética hacia su principal responsable. Así, el tarifazo podía explicarse no como una política de Estado, sino como un mal cálculo de Excel del ministro Aranguren, convertido en un fusible que en el momento más conveniente puede saltar.

La cronología del tarifazo se inicia el 25 de enero, cuando a través de la Resolución 6/2016 se retoma un definición de precios del Mercado Eléctrico Mayorista en base a criterios económicos, tomando como referencia el precio sin subsidio a $1.427 por megavatio/mes, lo que en la práctica significó un aumento del 345%. Esta medida fue acompañada de otras subas, como la de las naftas, que en mayo acumularon una alza de 31% en 5 meses. Si la implementación del aumento de los combustibles fue gradual (6% en enero, marzo y abril, más el 10% de mayo), con el gas la política fue directamente de shock. El gobernador chubutense Mario das Neves mostró boletas con un aumento de 1800% en su provincia, durante una reunión entre Aranguren, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y los gobernadores patagónicos.

El objetivo de fondo del tarifazo es mantener los programas de estímulo a las empresas operadoras, a través de una transferencia de US$4 mil millones pagados por las y los usuarios y ya no por el Estado. En materia de precios la ruptura con la política de precios del kirchnerismo es evidente. A través de subsidios estatales las boletas de luz, agua y gas estuvieron virtualmente congeladas durante una década. Sin embargo, el plan macrista sostiene dos lineamientos del kirchnerismo.

El primero es el estímulo a las operadoras, que tuvo su inicio en 2008 con el Programa Gas Plus que posteriormente sería complementado con otros planes de incentivo a la extracción. En sintonía, el 18 de mayo el Ministerio de Energía creó el Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural. En el texto de la resolución su objetivo es bastante explícito: “resulta necesario continuar con los programas impulsados con miras a incrementar en el corto plazo la producción de gas”, consigna. De este modo las empresas que no hubieran sido beneficiarias de los anteriores planes de estímulo, recibieron el compromiso del Estado de ser compensadas hasta alcanzar el valor de 7,5 dólares el millón de BTU “en el caso que el beneficiario no hubiera recibido dicho valor por la venta del gas en el mercado interno” (Resolución 74/2016). Este anuncio fue acompañado por un alza de los precios del “gas viejo” en boca de pozo [Los programas estímulo durante el kirchnerismo estaban destinados a la perforación de nuevos pozos o la reactivación de los que estaban paralizados. Si bien el macrismo le da una continuidad a esa política, también subió los precios para los pozos que ya están en producción].

Por otra parte, el sostenimiento de los valores pagados a las operadoras mediante el incremento a los y las usuarias fue la base de la política de precios de combustibles que sostuvo el Estado Nacional desde la renacionalización parcial de YPF en 2012. Entre mayo de ese año y diciembre de 2015 se aplicaron 24 aumentos de precios a los productos de YPF, lo que significó una suba de, por ejemplo, un 137% de la nafta súper en Capital Federal, mientras que en Mendoza el aumento fue de un 154%. [Si bien el desacople de los precios es una política que viene desde el fin de la convertibilidad, la baja del precio del petróleo en 2014 revirtió su sentido: si hasta entonces mantenía a nivel interno precios inferiores al internacional, esta relación se ha invertido para asegurar rentabilidad a las operadoras e ingresos a gobiernos provinciales en tiempos de Vaca Muerta].
Si bien la suba es similar a la del dólar, va totalmente en contra de los precios internacionales del barril de petróleo que, según el indicador de referencia WTI, era de US$106,1 en mayo de 2012 y de US$41,8 en diciembre de 2015, cuando asumió Macri. De este modo, el gobierno de Cristina Fernández desacopló el petróleo del valor internacional, creando el “barril criollo”, uno de los más caros del mundo. Su objetivo era sostener el efímero “boom de Vaca Muerta” que se vio fuertemente amenazado por la baja del precio del petróleo. No solo los puestos de trabajo sino que la totalidad del proyecto -principal y casi única salida a la crisis energética que esbozó el kirchnerismo- estuvo en entredicho debido a que por sus fuertes costos es “marginalmente rentable” solo con un barril a US$84, en palabras de Galuccio. Según cálculos realizados por el diario Rio Negro, esta transferencia de los consumidores a las petroleras significará unos US$ 6 mil millones durante 2016 (Rio Negro, 17/01/2016).

“Es la política, pavote”

La reacción al tarifazo comenzó en los lugares más fríos del país. El 25 de mayo cerca de 3 mil personas marcharon bajo la lluvia en Bariloche para manifestarse en contra de las subas. Días antes habían presentado un amparo con más de 32 mil firmas, buscando retrotraer las tarifas al valor de marzo. Similares acciones legales se repitieron en todo el país. También reaccionaron otros sectores como el comercio y la industria, que según la Unión Industrial Argentina (UIA) perderían unos 200 mil puestos de trabajo producto de la suba de los servicios. Y aunque Aranguren sostuvo que este era un reajuste gradual y no un shock, a los trabajadores de la recuperada cerámica Zanon no les quedó tan claro eso cuando llegaron las facturas de gas (que aumentó de $ 700 mil a casi $ 8 millones en un mes) y electricidad, (de $ 360 a $ 800 mil) teniendo que destinar cerca de 9 millones de pesos a servicios; el triple de lo que la gestión obrera reparte como sueldos.

De manera tardía, a comienzos de mes, el gobierno retrocedió en algunas de las medidas: puso un tope de 400% a la suba en el sector residencial y 500% en el comercio. En el interin una serie de declaraciones públicas tanto desde el gobierno como de la oposición, así como la filtración de un supuesto acorralamiento del gabinete al ministro, buscaban situarlo a Aranguren como único responsable del tarifazo. A esto abonaban sus antecedentes: no sólo proviene de Shell, sino que es sinónimo de Shell Argentina. Luego de trabajar 37 años ahí, recibió $16 millones en acciones de la multinacional, que casualmente tuvo amplios beneficios con el nuevo gobierno. Primero porque su filial Shell Western se adjudicó siete de las ocho licitaciones de contratos de barcos de gasoil para este invierno; y luego por el contrato de compra de gas a Chile -que a su vez se lo compra a la British Gas, empresa de Shell- a US$ 6,9 el millón de BTU, un 128% más caro que el gas boliviano. Aranguren se defendió señalando que no hay incompatibilidad pues sus acciones son de Shell Internacional y no de su filial Argentina y que todas las decisiones que involucraron a operadoras, fueron firmadas por subalternos. A estos antecedentes se suma su particular estilo de afrontar el conflicto, como cuando justificó las subas frente al Intendente de San Martín, diciendo que “tenía una planilla de Excel que cumplir”.

En efecto la planilla fue llenada de manera particular. Arrojó subas similares en hogares de ingresos muy dispares sin considerar que este aumento golpea distinto a los presupuestos familiares, aún cuando porcentualmente sea lo mismo. De igual manera con las empresas, mientras las grandes pueden recomponer su presupuesto a partir de la suba de los servicios, el impacto sobre los empleos en las medianas y pequeñas es mucho mayor. Aún más gráfico es que no se hayan tenido consideraciones geográficas para limitar las subas, tomando en cuenta las grandes diferencias de temperatura en una punta del país y la otra. Sin embargo, el problema no pasa por una mala planificación -aunque el tarifazo demuestre los límites de la política de Excel- ni solo porque el ministro sea un representante de las empresas -aunque los riesgos están a la vista y siendo denunciados penalmente– si no que tiene que ver con una abierta política de beneficio (“estímulo”) a las grandes corporaciones con el objetivo de atraer capitales.

Ese proceso puede ser rastreado en las políticas de fomento al extractivismo, pilar económico de la gerencia macrista. La trilogía aumento de los subsidios a las petroleras + quita a las retenciones al campo ($16 mil millones en 2015) y la minería ($3300 millones) + fin del cepo, evidencia una política orientada a asegurar la estabilidad financiera de los sectores concentrados que controlan las principales actividades extractivas del país, con particular énfasis en la exportación. En ese sentido hay una suma de decisiones que son ideológicas y que van más allá del problema de pesos más o pesos menos.

Esta concepción quedó en evidencia cuando el Ministerio de Energía lanzó los pliegos de lo que será la licitación de proyectos de energía renovables. El modelo elegido busca la construcción de megaproyectos y las condiciones entregadas solo pueden ser cumplidas por las grandes corporaciones internacionales de la materia. No solo el modelo extractivo del macrismo, sino el que lo sustenta, el energético, busca ser concentrado y de alto impacto socioambiental.

Volver al mundo

En esa misma línea está la importación de gas por Chile, que es un negocio caro y no demasiado relevante para el escenario energético nacional. Sin embargo sus razones se explican más allá del posible enriquecimiento indirecto que le puede generar a un ministro. El negocio no está solo en el gas sino en a quién se le está comprando, en este caso a Chile, país que es visto como modelo por la administración macrista, en particular por su apertura comercial. El ministro de Energía chileno, Máximo Pacheco destacó que la firma del acuerdo es el “inicio de una nueva etapa en la integración energética entre Chile y Argentina”. Macri viajará a ese país durante la primera semana de julio para sumarse como observador en la reunión de la Alianza del Pacífico, instancia multilateral conformada por México, Colombia y Perú, además de Chile, que se ha transformado en el principal espacio regional de interlocución con EEUU. hasta el punto de sumarse al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) a través del cual Washington pretende aumentar su influencia en la región.

Aunque por el momento el Mercosur seguirá siendo la principal referencia continental de Argentina, remplazar gas boliviano por la importación desde Chile es una señal muy clara. En última instancia Macri pretende sumarse al TPP, para abrir una nueva época de acuerdos comerciales. Además, antes de ir a Chile, participará en un foro empresarial en Colombia, y después se embarcará a Bélgica para agilizar las negociaciones de un posible Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, gestiones que hasta antes de su victoria electoral estaban congeladas. La movida chilena, entonces, no es un abandono del espacio Mercosur, sino una diversificación de mercados (antes les llamábamos países).

Es este marco político el problema que se plantea hoy en materia energética, donde la permanencia de Aranguren no es anecdótica, pero su eventual destitución sí. En definitiva, el problema no es que Aranguren tenga poco tacto político, como dice Clarin, ni solo es problemática su incompatibilidad para ejercer cargos públicos. El fondo del asunto es la reorientación extractiva de Macri que, como escribió en su Facebook, se prepara para esa “Argentina que viene”, que “vuelve al mundo

 

 

 

 

 

 

 

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Socialismo siglo XXI, crisis y poder militar

Rolando Astarita 15.05.2016.
La crisis del modelo chavista “socialismo siglo XXI” parece irreversible. La situación del país es desesperante. El propio gobierno de Maduro admitió que en los 12 meses a septiembre de 2015 la economía cayó 7,1%.

 

Socialismo siglo XXI, crisis y poder militar

Rolando Astarita 15.05.2016.

La crisis del modelo chavista “socialismo siglo XXI” parece irreversible. La situación del país es desesperante. El propio gobierno de Maduro admitió que en los 12 meses a septiembre de 2015 la economía cayó 7,1%. Oficialmente la inflación en 2015 fue del 180%, y los salarios aumentaron un 97% (BCV). En lo que va de 2016 se establecieron aumentos salariales del 56%, y la inflación enero-abril es de 275%. El FMI pronostica que la inflación podría llegar al 700% en 2016 y el PBI caer un 8%. Según CEPAL, la caída sería del 6,9%. La Encuesta Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada por tres universidades nacionales, dice que el 73% de los hogares cayeron por debajo de la línea de la pobreza (en 2013 era el 31%). Fuentes privadas y de las universidades sostienen que el venezolano medio ha disminuido considerablemente el consumo de calorías y proteínas. El Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística han dejado de publicar datos sobre pobreza.

En algunos rubros el panorama es dramático. La carencia de medicinas alcanza al 85% y el Ministerio de Salud no publica estadísticas de mortalidad desde hace tres años. El presidente de la Federación Médica de Venezuela dice que los hospitales cuentan con solo el 4 o 5% de los medicamentos que necesitan los pacientes. Las colas para conseguir alimentos, medicinas, pañales u otros productos de primera necesidad, insumen muchas horas por día a los venezolanos, y en varios casos han terminado en violencia, saqueos o intentos de saqueo. En el mercado negro el dólar se paga más de 100 veces más caro que en el mercado oficial. La corrupción vinculada al mercado externo (importaciones fraudulentas con tipo de cambio oficial para fugar divisas) es una fuente de grandes negociados para funcionarios y allegados al chavismo. A su vez, los “bachaqueros” (personas que compran los productos a precios regulados para revenderlos en el mercado negro o destinarlos al contrabando) conforman la capa de “trabajadores de la economía informal” de mayor expansión.

Lógicamente, el clima que se vive en Venezuela es de extrema tensión. Una preocupación central de la oposición burguesa, agrupada en torno a la MUD, es que la bronca social acumulada estalle y se transforme en un movimiento incontrolado. El Gobierno, por su parte, responde a la crisis acentuando el control represivo. Durante años el chavismo se ocupó de debilitar, dividir y controlar al movimiento obrero, y reprimir a toda vanguardia o movimiento de activistas y dirigentes que llevara adelante alguna política independiente con respecto al Estado. Listas negras, asesinato de dirigentes sindicales, despido de trabajadores estatales no afectos al chavismo, manipulación de elecciones gremiales, fueron algunos de los medios empleados. Pero ahora también limita y ataca la autonomía de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición. A lo que se suma el reciente decreto que establece el estado de excepción y emergencia “para derrotar al golpe de Estado”. Así, el Ejecutivo, apoyado fundamentalmente en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la burocracia estatal, se coloca por encima no solo del Legislativo, sino también, y más importante, por encima de cualquier expresión de poder popular independiente que pueda incubarse al calor de la crisis.

Se trata de un avance hacia una forma de Estado más represiva, que se desarrolla a la par del ahondamiento de la crisis del capitalismo estatista y rentístico promovido por el chavismo.

Socialismo siglo XXI basado en la FANB

Durante años los apologistas de izquierda del chavismo han batido el parche con el cuento de que el proceso revolucionario venezolano tenía su pilar en las consejos comunales, una supuesta democracia directa, que sería la expresión avanzada del socialismo siglo XXI. Esos consejos creaban en los barrios bibliotecas o centros sociales, o ambulatorios u otros proyectos, canalizando la iniciativa popular. Se los consideraba entonces bastiones del poder “de los de abajo”. Por supuesto, los apologistas de izquierda disimulaban el hecho de que eran controlados desde el Ministerio de Poder Popular para las Comunas y Protección Social y por medio del financiamiento estatal.

Ahora, con la crisis, aquel discurso sobre el “poder popular” se revela como lo que es: parloteo y cartón pintado. Los consejos y el poder popular no tienen ningún poder efectivo. Más aún, a medida que la crisis se ahonda y afecta más y más el nivel de vida del pueblo, aparece con mayor claridad el resorte último del poder estatal venezolano: es la clásica “banda de hombres armados”, que están separados y por fuera de cualquier control de “los de abajo”, de los explotados y humillados. La realidad es que el chavismo se conforma como un frente de hecho entre la lumpen burguesía aliada, la alta burocracia estatal y, muy en primer lugar, la FANB y los mandos militares. Como sucede siempre que las tensiones sociales se intensifican y se agotan las maniobras de distracción y conciliación, la elevación del poder de las fuerzas armadas y represivas es la alternativa a mano de los que dominan. Los datos sobre la extensión y el poder de los militares constituyen la refutación más directa y contundente del relato “progre” sobre el “poder de las bases” en el chavismo.

Efectivamente, los militares encabezan aproximadamente un tercio de los 28 ministerios de Venezuela y gobiernan casi la mitad de sus 23 estados. Hay nada menos que 4000 generales, entre activos y retirados. Los militares pueden comprar en mercados exclusivos (por caso, en bases militares), tienen acceso privilegiado a créditos y compras de automóviles y departamentos, y han recibido sustanciales aumentos de salarios. También han ganado lucrativos contratos, explotando los controles cambiarios y los subsidios. Por ejemplo, vendiendo en los países vecinos la gasolina comprada barata en Venezuela, con enormes beneficios.

Pero también tienen un fuerte poder económico, ya que la FANB dirige y controla toda una serie de empresas: el banco BANFANB; AGROFANB, de agricultura; EMILTRA de transporte; EMCOFANB, empresa sistemas de comunicaciones de la FANB,; TVFANB un canal de TV digital abierta; TECNOMAR, empresa mixta militar de proyectos de tecnología; FIMNP, un fondo de inversión; CONSTRUFANB, constructora; CANCORFANB empresa Mixta Bolivariana; Agua Tiuna, embotelladora de agua; y CAMINPEG, Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, la última creada, el 10 de febrero de 2016, y que algunos han llamado la PDVSA paralela. El decreto presidencial que dispuso su creación dice que la duración de la sociedad será de 50 años; que será “autónoma”, no estará sujeta al Ministerio de Petróleo ni a PDVSA, y no estará sujeta al control del Parlamento.

Represión al pueblo

En forma paralela al fortalecimiento del aparato militar se ha producido un avance represivo sobre la población, principalmente los sectores más pobres y marginados (lo que sigue se basa en denuncias de Provea y Human Rights Watch, división Americas). Con el argumento de combatir a la delincuencia (en 2015 la tasa de homicidios oficial fue de 58 cada 100.000 personas, una de las más altas del mundo, y estimaciones privadas la consideran más elevada), el Gobierno ha lanzado la “Operación de Liberación y Protección del Pueblo”. Consiste básicamente en redadas y represión indiscriminada, con blanco muchas veces en las comunidades populares más empobrecidas. En estas operaciones han participado la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y las policías estatales. Según la fiscal general Luisa Ortega Díaz, en 2015 murieron 245 personas en operativos en los que “intervinieron funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad”. Los funcionarios dicen que las muertes ocurrieron durante “enfrentamientos”, pero las organizaciones de derechos humanos encontraron que al menos en 20 casos no hubo tales enfrentamientos. Además, la marcada disparidad entre el número de personas cuya muerte fue provocada por miembros de las fuerzas de seguridad y la cantidad de personal de seguridad que resultó herido o que murió en redadas de la OLP sugiere que el uso ilegítimo de la fuerza letal podría ser muy superior a la cantidad de casos analizados por PROVEA y Human Rights Watch. Por otro lado, varias víctimas fueron vistas con vida por última vez cuando estaban bajo custodia policial. Distintos informes de prensa asimismo se refirieron a agentes de seguridad que mataron a personas que no habían opuesto resistencia.

También según testigos, las fuerzas de seguridad arrestan indiscriminadamente: unas 14.000 personas fueron detenidos en esos operativos, pero menos de 100 fueron finalmente imputadas. En algunos casos examinados por PROVEA y Human Rights Watch, los agentes sometieron a los detenidos a abusos físicos, incluidas golpizas, según señalaron testigos. Algunos agentes también habrían robado dinero, computadoras portátiles, teléfonos celulares y artículos de primera necesidad, como alimentos y pañales, de las viviendas, mientras realizaban los allanamientos o detenían a sus residentes. Los testigos y otras fuentes también hablan de desalojos forzosos, la destrucción de viviendas y la deportación arbitraria de ciudadanos colombianos, a menudo acusados, sin ninguna prueba, de tener nexos con “paramilitares”. Unos 1700 colombianos de zonas fronterizas fueron deportados y al menos otras 22.000 personas habrían abandonado Venezuela por temor. En muchos casos, mientras las personas eran expulsadas, los militares se apropiaban de sus pertenencias y derribaban sus viviendas. Los organismos de derechos humanos dicen que con frecuencia las víctimas y sus familiares se han visto impedidos de cuestionar los abusos de poder y han sentido que no tienen dónde acudir para que se protejan sus derechos fundamentales.

En conclusión, hay que acabar con ese relato fantástico del “poder popular en el socialismo siglo XXI venezolano”. El poder militar venezolano en ascenso no es el producto de un “error” de “honestos compañeros revolucionarios confundidos”. Por el contrario, es el producto inevitable de la lógica rentística del capitalismo burocrático estatal, ahora en descomposición cuando se acabó la bonanza de los altos precios del petróleo. La conclusión central para los socialistas es que el “poder popular” no se construye en base a subvenciones del Estado burgués, manejado por milicos advenedizos y burócratas arribistas, en alianza con la lumpen burguesía enriquecida de la noche a la mañana. Y no hay “táctica entrista” ni “apoyo crítico táctico” que cambie la naturaleza social de semejante entramado, y menos que desarme la fuerza de ese poder burocrático militar. Solo por la vía de la lucha de clases los explotados podrán cambiar esta situación. Para eso, el primer paso es caracterizar a los burócratas y milicos como lo que son, y no como lo que quisieran que fueran los “marxistas nacionales” y similares.

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