La Argentina “del cambio”: inflación y baja de salarios

Rolando Astarita 07.05.2016.
Devaluación, aceleración inflacionaria –aumento de tarifas en primer lugar- y salarios que se quedan: es el proceso clásico por la que se está operando una gigantesca transferencia de riqueza desde los trabajadores a la clase dominante.

 

La Argentina “del cambio”: inflación y baja de salarios

Rolando Astarita 07.05.2016.

Devaluación, aceleración inflacionaria –aumento de tarifas en primer lugar- y salarios que se quedan: es el proceso clásico por la que se está operando una gigantesca transferencia de riqueza desde los trabajadores a la clase dominante. Recuerdo lo que planteé en una nota anterior, apenas subió Macri:

“Ahora el peso de la clase dominante está puesto en las paritarias. Lo dijo Macri en su tan elogiado discurso ante la Unión Industrial Argentina: ‘hay que bajar la conflictividad gremial, que es permanente’. O sea, los sindicatos tienen que ‘tragarse’ la suba de precios. Tengamos presente que este año la inflación estaría entre el 28 o 30%, y todo indica que se aceleraría con la devaluación y la suba de las tarifas. En el mismo sentido, referentes de las cámaras empresarias (por caso, Mendiguren, del partido de Massa) dicen que las paritarias no deben tomar en cuenta la inflación  pasada, sino la esperada. El ministro de Trabajo agregó que los aumentos deben otorgarse ‘según productividad’ (otro argumento clásico de los empresarios en tiempos de crisis y ajuste). En consecuencia, por todos lados se presiona para que se imponga, pacto social mediante, un techo a los incrementos salariales. Para esto se recurre a la amenaza de toda la vida: si no aceptan, habrá desocupación. ‘Tienen que cuidar el empleo’, les dijo Macri a los trabajadores. Es el mismo argumento-amenaza que esgrimía, hasta hace poco, Cristina Kirchner. Así, todo discurre según el necesario orden causal del orden capitalista. Por supuesto, nadie habla del trabajo precarizado, ni de los millones de subocupados, o de los que ni siquiera buscan trabajo porque están desanimados. La otra arma con que cuenta la clase dominante es, como siempre, la siempre presente burocracia sindical” (aquí).

Los números de inflación y pobreza

Pasados cuatro meses desde que escribí esa nota, podemos poner algunos números. Según el IPC San Luis, la suba de precios en los tres primeros meses de 2016 fue del 10,2%. Según el IPC Ciudad de Buenos Aires, en el primer trimestre el aumento fue del 11,4%. No están todavía los datos de abril, pero las consultoras privadas lo ubican entre el 7% y 7,5%, por lo menos. De manera que solo en los primero cuatro meses de 2016 los precios subieron aproximadamente un 18% o 19%. La inflación de marzo 2015 a marzo 2016 fue del 37,3% para el IPC San Luis y 35% según el IPC CABA. La CGT Moyano calcula una inflación desde abril 2015 a abril 2016 del 40%. A esto hay que sumar, por lo menos, el aumento del 10% de nafta y gasoil, y 190% de telefonía fija de mayo; y el aumento dispuesto para junio del 66% de subtes, y 15% de prepagas. Cada uno de estas subas tendrá efectos sobre otros precios.

Anotemos también que la Canasta Básica Total (para estar por encima del nivel de pobreza) según la CGT Moyano es hoy de $11.832 para la familia tipo; según FIEL es $10.580. El Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, con una CBT mucho menor  ($7033 en diciembre 2015) proyecta que la tasa de pobreza fue del 34,5% (13,8 millones de personas) en el primer trimestre de 2016; y la tasa de indigencia llegaría a 6,2% en abril (esto es, 2,3 millones de personas que pasan hambre). La pobreza a finales de 2015 afectaba al 29% de la población y la indigencia al 5,3%.

Los aumentos salariales en curso

Pues bien, prácticamente todos los convenios que se están firmando establecen aumentos de salarios muy por debajo de lo que ha sido la inflación en los últimos 12 meses. La excusa es que los acuerdos salariales se hacen teniendo en cuenta la inflación esperada; lo cual significa “tragarse” la inflación pasada. Por caso, supongamos un gremio que acordó un aumento en 2015 de 25%. Dada la aceleración de la inflación, a marzo de 2016 tiene un pérdida del salario real de entre 10 y 13 puntos porcentuales (según se considere la inflación anual a marzo del 35% o 38%). Si ahora establece un aumento salarial del 20% por seis meses desde marzo  -siendo la inflación solo de abril del 7% o 7,5%- habrá perdido en septiembre el equivalente a la inflación desde mayo, o junio, hasta septiembre. Si en septiembre se establece una nueva suba salarial “según inflación esperada”, se sanciona definitivamente la caída salarial. Algo similar ocurre si, por ejemplo, se firma un aumento salarial a enero o febrero de 2017 por el 30%, y se ha firmado en 2015 por el 25%. Si la inflación de 2016 es del 30% (una previsión conservadora por lo explicado más arriba), no se recupera lo perdido en los 12 meses pasados. Si la inflación en 2016 supera el 30%, y los salarios vuelven a fijarse en 2017 según inflación esperada, la pérdida será mayor. Veamos ahora algunos de los convenios firmados:

Tabaco: 32% retroactivo al 1º de febrero de 2016 y hasta enero de 2017.
Papel y Cartón: 20% hasta septiembre.
Sanidad: 20% en mayo; 9% en agosto; 6% en octubre.
UOCRA (construcción): 22% en un solo pago hasta septiembre.
Gráficos bonaerenses: 25% desde el 1º abril a septiembre.
Empleados de comercio: 20% hasta septiembre
Carne: 20% en dos tramos por 6 meses.
UTA (choferes de colectivos): 29% por 12 meses.
SMATA (mecánicos): 7,5% para enero-marzo y 11% para abril-junio.
Seguros: 20% desde enero y 12% de julio a diciembre.

En muchos casos se han dispuesto algunas cifras fijas, que no alteran este panorama de base. Por supuesto, la situación de los trabajadores informales es mucho peor.

Precisemos también que los salarios en términos reales ya no aumentaban desde 2012, y en 2014 sufrieron una caída, también impulsada por la devaluación y la inflación. En la primera ronda de convenios laborales en 2014 los sindicatos firmaron aumentos salariales de menos del 30%, (26,5% los metalúrgicos, 29% empleados de comercio, 30% bancarios) y en dos o tres cuotas. En la segunda ronda de paritarias hubo aumentos promedio del 33%, dado el nivel de suba de precios; con algunas adecuaciones, los salarios aumentaron en promedio 34 o 35%. Sin embargo, la inflación en 2014 fue del 39% (IPC San Luis); a lo que hubo que agregar la no actualización de ganancias. De manera que el Observatorio Social de la CTA Autónoma (Pablo Micheli) registró una caída del salario real de casi el 4%; diversas consultoras registraron una caída del salario del mismo orden.

Por otra parte, no es cierto que los salarios reales hayan aumentado significativamente en la última década. Lo hicieron con respecto al punto más bajo de la depresión de 2001-2, pero no en relación al nivel pre estallido de la crisis. El salario real deflactado con el IPC de Ecolatina en 2006 llegó al nivel de octubre de 2001. Luego, en 2007 aumentó 3,4%; en 2008 bajó 4,9%; en 2009 subió 0,9%; en 2010 bajó 0,1%; en 2011 subió 3,1%; en 2012 subió 2,7%; en 2013 bajó 0,2%; en 2014 bajó 4,7%. El resultado es que desde 2007 a 2014 aumentó solo el 0,2%. Según la CTA (Micheli) en ese período aumentó un 1,6%. Son cifras prácticamente de estancamiento.

En una perspectiva más general, según el profesor Javier Lindenboim, del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo de la UBA, aunque en la década 2002-2012 hubo una mejora del salario, no se mejoró con respecto a los 1990; y los niveles de precariedad laboral en 2012 eran similares a los de 1992. Es desde esta situación global –salarios a nivel de los 1990, pobreza a mayores niveles, precarización laboral de largo plazo- que se está desarrollando el ataque contra la clase trabajadora.

Cuestionar de raíz esta ofensiva contra el trabajo

Como sucede siempre con las devaluaciones y los procesos inflacionarios que le siguen, lo que se está produciendo es una redistribución de los ingresos en favor del capital. En este punto, el Estado y las patronales están de acuerdo en lo fundamental: los salarios deben aumentar menos de lo que aumentan los precios. La presión sobre los asalariados no pasa ahora solo por los despidos en curso, sino también por el chantaje de no invertir. Pero también se amenaza con un horizonte de intensificación inflacionaria –responder a los aumentos salariales con más y más aumentos de precios- y devaluaciones si los trabajadores persisten en querer recuperar lo que ya comió la inflación. Frente a esta amenaza, la lucha sindical debería trascender a la lucha política. Es que está planteado un conflicto que afecta a los intereses de las dos clases sociales fundamentales, capitalistas y obreros. Las direcciones sindicales burocráticas, y la conducción peronista, por supuesto, jamás van a dar ese paso. Harán cualquier cosa menos cuestionar las relaciones de propiedad capitalista. Pero las crisis –y las políticas de la clase dominante para salir de la crisis-son precisamente las coyunturas en las que, más que nunca, es necesario comenzar a cuestionar el orden social existente.

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Ciencia y tecnología en el Gobierno de Macri

Alicia Massarini 19.12.2015.
La Doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET), analiza la Ciencia y Tecnología en el Gobierno de Macri.

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL GOBIERNO DE MACRI 

Alicia Massarini, Doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET), analiza la Ciencia y Tecnología en el Gobierno de Macri. la continuidad del ministro Lino Barañao y la política de transgénico y una ciencia para multinacionales.

 

Al Dorso 19.12.2016

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Andrés es semilla de Ciencia libre

Alicia Massarini 15.08.2015.
Nos visitó la Dra. en Biología e investigadora del CONICET, Alicia Massarini, quién nos cuenta como Andrés Carrasco fomentó la creación de la Unión de Científico Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza que celebró su primer encuentro latinoamericano en Rosario

 

ANDRÉS ES SEMILLA DE CIENCIA LIBRE 


Al Dorso 15.08.2015



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De disfraces y blanqueos

Al Dorso 11.06.2016.
Su atención por favor, el departamento de blanqueo solicita que los interesados tengan a mano la documentación pertinente.  El interesado puede estar tranquilo, contamos con las mejores fachadas para que ingrese al mercado sin ningún inconveniente.

 

DE DISFRACES Y BLANQUEOS

Al Dorso (11.06.2016)

 

Locutor: Su atención por favor, el departamento de blanqueo solicita que los interesados tengan a mano la documentación pertinente.

Locutor1: ¡Buen día! Certificados por favor. Nombre… Luis Pagani; empresario, dueño de Arcor y La Serenísima, aja… bien. ¿Altura?

Locutor2: 1,66

Locutor1: ¿cadera?

Locutor2: 147

Locutor1: ¿Infantil o adulto?

Locutor2: infantil

Locutor1: Este le va a ir perfecto.

(Se escucha el audio del Pato Donald)

Locutor1: ¡Siguiente!!; documentos por favor. Bien, Al Capone; empresario… Le recomiendo este, creo que le va a ir bien.

Audio de Tinelli

Locutor1: Welcome to Argentina!!!

Locutor1: ¡Próximo! ¡Buen día! ¿Nombre y apellido?

Audio de Pablo Escobar

Locutor1: le recomiendo uno que no llame mucho la atención

Audio Piñon Fijo

Locutor1: Para mi da…

Locutor: Su atención por favor; el interesado puede estar tranquilo, contamos con las mejores fachadas para que ingrese al mercado sin ningún inconveniente. Gracias.

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Programa 11/06/2016

Libre comercio, huelga y ecología

Sábado 11 de Junio de 2016

La Cortes Suprema restringe el derecho del huelga. Entrevistamos al Dr. Juan Ignacio Orsini,  juez integrante del Tribunal del Trabajo Nº 2  de la Ciudad de la Plata sobre el fallo «Orellano c/ Correo Argentino». ¿Quiénes pueden hacer huelga? Una mirada política de la Corte sobre la actual conflictividad laboral.  Dialogamos con el Dr. Gonzalo Moyano, miembro de la agrupación «Andrés Carrasco», sobre el Acuerdo de Cooperación Económica Transpacífico (TPP) y los peligros que acechan a la salud del continente.  Pablo Gavirati analiza el modelo extractivista y las políticas ecológicas en Argentina.  Además, deudas, ilicitudes y otras yerbas.

Bloque I

Bloque II

Bloque III

Bloque IV

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Soja y papa transgénica del Conicet y privados

Carla Poth 14.11.2015.
Dialogamos con la Licenciada en Ciencias Política Carla Poth, especialista en transgénicos sobre los riesgos de la nueva papa y soja transgénica patentada por el Conicet y las empresa privada Tecnoplant y Bioceres (…)

 

Soja y papa transgénica del Conicet y privados

Al Dorso (14.11.2015) 


NOTA ADJUNTA

ARGENTINA TRANSGÉNCIA

Por Darío Aranda | Mu Octubre 2015

El gobierno nacional aprobó una nueva soja transgénica. En este caso, bajo un discurso épico y nacionalista por haber sido desarrollada por científicos del Conicet (el mayor ámbito de ciencia del país) y empresarios argentinos. Según la publicidad, la nueva semilla es más productiva y resistente a la sequía. “No se trata sólo de eventos tecnológicos, sino también económicos y sociales que van a producir más alimento para la humanidad”, prometió la Presidenta por cadena nacional.

También se aprobó la primera papa transgénica. Entre los científicos-empresarios del proyecto figuran el jefe de Gabinete del Ministerio de Ciencia, Alejandro Mentaberry, con incidencia en los ámbitos que dieron luz verde a su propio desarrollo transgénicos (Conabia y Senasa). También sobresale como responsable Fernando Bravo Almonacid, especialista en biotecnología vegetal, docente de la Universidad de Quilmes e integrante de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), organismo clave en la aprobación de transgénicos. En ambos casos, Mentaberry y Bravo Almonacid presentan claros conflictos de intereses. Desarrollan transgénicos y, a la vez, forman parte de espacios de aprobación de esas mismas semillas.

En los últimos doce años el gobierno aprobó 26 transgénicos de soja, maíz, algodón y papa. Nunca antes se habían aprobado tantos. Los expedientes son secretos y no se conocen estudios de impacto en el ambiente ni en la salud de la población. Sí son públicas las consecuencias directas del avance transgénico: corrimiento de la frontera agropecuaria, desmontes, agrotóxicos, más desalojos de campesinos y pueblos originarios.

Transgénico “nacional”
Es un enorme paso para la biotecnología argentina, que logra el primer evento de tolerancia a sequía aprobado a nivel global e ingresa así al selecto grupo de países que consiguieron eventos biotecnológicos”. El artículo periodístico, repleto de elogios para el anuncio de la Presidenta, provino del diario Clarín, el 6 de octubre, luego de que se dieran a conocer los nuevos transgénicos.

Se trata de un desarrollo del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, dependiente del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), y la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Según la publicidad oficial, trabajaron sobre un gen de girasol y su inserción en el gen de la soja. El objetivo fue “aumentar las capacidades de la planta para tolerar condiciones de sequía”. Señalaron que “se puede dar un aumento de los rindes de entre el 10 y el 100 por ciento”.

Detrás de la semilla
Para desarrollar este transgénico el Estado estrechó alianza con la empresa Bioceres, un grupo privado compuesto por el “rey de la soja” Gustavo Grobocopatel (Grupo Los Grobo, el mayor pool de siembra del país), Víctor Trucco (presiente honorario de Aapresid, que reúne a empresarios referentes del agronegocio e impulsores de los transgénicos en Argentina), y el científico Moisés Burachik (férreo impulsor de los transgénicos y secretario ejecutivo de la Conabia entre 2004 y 2010).
Otro socio de Bioceres es Hugo Sigman (Grupo Insud), multifacético empresario que posee desde laboratorios farmacéuticos hasta la editorial Capital Intelectual, el mensuarLe Monde Diplomatique y fue productor de la película Relatos Salvajes. Sigman suele hacer eje en la responsabilidad social empresaria. En su propio sitio destaca: “Nos interesa el cuidado de las personas, las políticas sustentables con el medio ambiente y devolver a la sociedad parte de lo que recibimos”.

Al mismo tiempo, Sigman es director de la Cámara de Biotecnología, que reúne a todos los empresarios del sector, e impulsa monocultivos forestales y transgénicos. Del aspecto científico de la nueva soja está a cargo la bióloga Raquel Chan, del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral y el Conicet. “Este desarrollo significaría mayor producción de alimentos, con una población mundial que crece cada vez más”, afirmó, en sintonía con el argumento central del agronegocio y la falsa necesidad de más alimentos para la humanidad: está comprobado que el hambre se debe a la injusta distribución, y no a la falta de alimentos.

Otro de sus tópicos en diversas entrevistas va en línea con lo dicho por el ministro de Ciencia, Lino Barañao, sobre este asunto: “También implicaría un crecimiento del PBI, un aumento de la riqueza del país”. Bioceres ya conformó su alianza con la compañía Arcadia Biosciences, de Estados Unidos, que se materializó en una empresa conjunta (Verdeca) que trabaja en sociedad con la multinacional Dow Agrosciences para utilizar el gen tolerante a sequía.

Presidenta

El lunes 5 de octubre, desde Tecnópolis y por cadena nacional, la Presidenta celebró la nueva soja. “Es un gran día porque, ustedes saben que yo soy una enamorada de la ciencia y la tecnología, tal como se lo había dicho el otro día a la doctora Raquel Chan, esa brillante bióloga, que hoy nos permite el primer evento biotecnológica de soja resistente a la sequía, la primera en el mundo”. Cristina Fernández de Kirchner afirmó que los nuevos transgénicos (soja y papa) “serán fundamentales para la economía de los productores y permitirá un fuerte desembarco en mercados internacionales”. Remarcó que es la primera vez que la patente no estaba en manos de una transnacional, sino de un consorcio estatal- privado.

Doce años
El espacio clave para la aprobación de transgénicos en Argentina es la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), creada en 1991 y cuyos integrantes fueron secretos hasta fines de 2014. De 47 especialistas, más de la mitad (27) pertenecen a empresas (Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow, Ledesma, Don Mario) o son científicos que realizan trabajos para las mismas compañías. El más claro conflicto de intereses se observa en el máximo responsable de la Conabia y director de Biotecnología del Ministerio de Agricultura, Martín Lema, quién escribió el “paper científico” Desarrollo de construcción basada en criterios de evaluación de riesgo para cultivos junto a Monsanto, Syngenta, Bayer, Basf y Dow Agroscience: todas empresas a las que debe controlar.

Desde 1996, la Conabia aprobó 33 eventos transgénicos de maíz, soja y algodón y, ahora, papa. El 78 por ciento de ellos (26) tuvieron luz verde durante el kirchnerismo. Las empresas favorecidas fueron Monsanto (12 semillas transgénicas), Syngenta (siete), Pioneer-Dupont (cuatro), Dow Agrosciences (tres), Bayer (dos) y Nidera y Basf (una cada empresa). En algunos casos, las semillas aprobadas son
compartidas por dos compañías. En sólo dos casos (soja RR, de 1996 y soja Intacta RR2, de Monsanto, en 2012) los expedientes fueron públicos. El primero por una filtración durante el conflicto por la resolución N° 125. El segundo, por una demanda judicial. En ambos casos se denunció que los procedimientos de aprobación estuvieron plagados de irregularidades y se confirmó que el Estado no realiza estudios propios. El gobierno de Argentina aprueba los transgénicos en base a los estudios de las empresas interesadas, las mismas compañías que integran la Conabia y que son juez y parte al momento de liberar soja, maíz y algodón transgénico, todos con uso masivo de agroquímicos. Martín Lema no habla con la prensa. Sí habló Federico Trucco, director de Bioceres: “Conabia determinó que estos genes de tolerancia a sequía no son un riesgo para el ambiente”. Luego el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad agroalimentaria) determinó que también son inocuos para la salud humana. Ni Conabia ni Senasa respondieron los llamados de MU ni hicieron públicos los dictámenes de aprobación.

Papa

Por primera vez en la historia Argentina podrá comercializar cultivos biotecnológicos nacionales”, tituló la gacetilla del Ministerio de agricultura el 5 de octubre. Se refería en particular a la primera papa transgénica. En el mismo tono triunfalista, el diario La Nación celebró: “Hito de la bioeconomía”. El beneficio, según la publicidad oficial, consiste en que la papa se hace resistente al Virus PVY, muy común en el cultivo y que la vuelve menos productiva.

La empresa a cargo de la papa transgénica es Tecnoplant, del Grupo Sidus, y el Conicet interviene mediante el Instituto de Ingeniería Genética y Biología Experimental (Ingebi). El periodista Patricio Eleisegui reveló que uno de los responsables del proyecto es Alejandro Mentaberry, que también es jefe de gabinete del Ministerio de Ciencia. La cartera tiene incidencia en el Conicet y en la Conabia. Se suele
llamar a esta ubicación “conflicto de intereses” o, también, estar de ambos lados del mostrador.

El Grupo Sidus es un viejo conocido del ministro Lino Barañao, quien trabajó allí formalmente en la clonación de animales. El otro referente en el desarrollo de la papa transgénica es Fernando Bravo Almonacid. Y también presenta conflicto de intereses: integra la Conabia, espacio que aprobó el organismo genéticamente modificado que él mismo presentó. Ninguna de estas relaciones cruzadas
aparece en las gacetillas oficiales que celebraron el nuevo “evento biotecnológico”.

Informes negados

El Centro Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) presentó en junio de 2014 un pedido de informes al Ministerio de Agricultura sobre la papa de la empresa Tecnoplant-Sidus. La única investigación científica pública que avala ese transgénico se remite a 2012: Prueba de campo. Evaluación de flujo de genes y estudios precomerciales de papa transgénica seleccionada por su resistencia al Virus Y (PVY, por su sigla en inglés), en la revista Investigación transgénica.

El abogado Fernando Cabaleiro, del Celma, solicitó información sobre el tipo de monitoreo que se realizó en los campos luego de la liberación de dicho evento, cuáles fueron las medidas de control adoptadas para prevenir el escape de las semillas genéticamente modificadas y de los tubérculos, y el detalle de las evaluaciones completas que debían presentar las empresas peticionantes sobre la seguridad de las manipulaciones genéticas en la papa (tanto en el ambiente como en la salud humana).
También solicitó información respecto a “si está comprobado que las papas transgénicas son inmunológicamente activas y, en caso afirmativo, se señale si ha estudiado el impacto tanto en seres humanos como en animales”. El abogado requirió que se prevea una instancia de participación ciudadana, a fin de que la población en general y la comunidad científica independiente puedan acceder a los estudios ambientales y sobre inocuidad alimentaria, y así formular las observaciones pertinentes.

La oenegé advirtió a las autoridades nacionales sobre “el riesgo grave e irreparable de contaminación genética a la papa andina que implica la liberación de la papa transgénica”. Explicó que se trata de un cultivo de alto riesgo de contaminación debido a que los tubérculos que quedan en el suelo tras la cosecha pueden crecer la temporada siguiente. “Se exige acceder a los estudios sobre los efectos en la salud humana y el ambiente presentados por la empresa Tecnoplant y que sean puestos a disposición de la ciudadanía en general”,detalla el pedido de informes.
El Ministerio de Agricultura nunca respondió. El abogado Fernando Cabaleiro advierte: “Nunca hicieron pública la evaluación sobre la inocuidad alimentaria, ya que la papa es de consumo directo. Suelen hacer estudios en ratas de sólo tres meses meses, cuando deben ser de dos años. Y, muy grave, la papa transgénica se aprobó sin haber descartado sus posibles efectos cancerígenos”.

Acá no

El Parlamento Andino (órgano deliberativo de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile) prohibió la papa transgénica en 2006 para sus países miembros. papa transgénica en 2006 para sus países miembros. Destacó la posibilidad de contaminación de la papa convencional y la inestabilidad del cultivo transgénico. “Se solicita a los gobiernos de los países andinos la suspensión de los ensayos en terreno, manipulación y experimentación de papa genéticamente modificada para eliminar el riesgo de variabilidad genética de esta especie”, señala el artículo 1º de la resolución resolución del Parlamento Andino.

El artículo 2º va más allá: “Solicitar a los gobiernos de la región suspender cualquier acción relacionada con la propagación en el medio ambiente, uso comercial, transporte, utilización, comercialización y producción de papa genéticamente modificada”. También promovió la elaboración de leyes nacionales que establezcan el principio de precaución: “Cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza”.

Elizabeth Bravo, doctora en ecología de microorganismos e integrante de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (RALLT), explicó que el Instituto Internacional de la Papa de Perú había comenzado ensayos con cultivos transgénicos. “Fue tan fuerte el rechazo de los países que el Parlamento Andino debió prohibirlos”, recordó. Sobre la posibilidad de que, mediante transgénicos, se combatan los virus de la papa (como se publicita en Argentina), la investigadora ecuatoriana no dudó: “Los transgénicos con resistencia a virus no han resultado porque han generado nuevos virus” (de manera similar que los antibióticos).

Bravo lamentó que en Argentina se dejen de lado los argumentos de otros países del continente y se dé vía libre a un cultivo muy cuestionado en toda la zona andina. El Parlamento Andino destacó que la papa tiene una importancia cultural y social muy grande entre las poblaciones y que desde su domesticación, hace diez mil años, el cultivo se expandió en una franja extensa, que abarca desde los andes venezolanos hasta Chile. “Una vez que se libera una variedad transgénica en un país es imposible frenar la contaminación genética”, alerta el documento oficial. Entre las fundamentaciones de la prohibición en los cinco países, el Parlamento Andino advirtió que “la presencia de papa transgénica puede constituir una fuente de contaminación de los transgenes, los mismos que pueden entrar en la cadena productiva de la papa nativa, a través de polinización abierta o de las prácticas culturales, que se basan fundamentalmente en el intercambio de diversidad genética”.

También recordó que los cultivos transgénicos “son esencialmente inestables, y tienen la capacidad de interferir en los procesos ecológicos, evolutivos y biológicos de las variedades no transgénicas”. La Red por una América Latina Libre de Transgénicos recordó otros dos hechos:
1. Monsanto ocultó durante ocho años un estudio sobre papa transgénica que determinaba que no es apta para consumo humano. La investigación del Instituto de Nutrición de la Academia de Ciencias Médicas de Rusia, informó en 1998 que el transgénico causaba “daños significativos sobre los órganos de las ratas en el estudio”.
2. En 2009, el gobierno de Sudáfrica rechazó la autorización de papa transgénica, decisión sorprendente ya que sí había autorizado soja, maíz y algodón modificados genéticamente. Pero en el caso de la papa enumeró once motivos para la negativa, entre ellos: “Riesgos a
la salud humana, el ambiente y la comunidad campesina”, que podrían suscitarse al introducir las papas modificadas genéticamente.

Acá tampoco

La organización ambiental internacional Amigos de la Tierra emitió un comunicado del 2 de octubre pasado: “Gran paso contra los cultivos transgénicos en la Unión Europea. Once países reclaman su prohibición”. Alemania, Austria, Chipre, Croacia, Francia, Grecia,
Hungría, Letonia, Lituania, Países Bajos y Polonia solicitaron a la Comisión Europea (CE) la prohibición de varios cultivos modificados genéticamente que ya había sido aprobados. También se sumaron regiones como Valonia (Bélgica) e Irlanda del Norte, Gales y Escocia (Reino Unido). Y otros tres países (Italia, Bélgica y Dinamarca) evalúan seguir el mismo camino.
Todos rechazan el cultivo de nuevos transgénicos en sus territorios. “Estamos viendo una avalancha de peticiones de prohibición de cultivos transgénicos a lo largo y ancho de toda Europa. Nunca ha habido una señal tan evidente de que los cultivos y alimentos transgénicos y las empresas que los comercializan no son bienvenidos”, explicó Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra, y destacó cuál es el siguiente paso: “Se debe avanzar hacia otro modelo agrario”.

 

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La educación en la era corporativa

Darío Balvidares 16.04.2016.
Si bien la ola de reformas educativas comienza en 1980, la entrada del mundo corporativo en la educación global tiene un inicio marcado por la cumbre de Jomtien, Tailandia en 1990 con el precepto “Educación para todos”; reafirmado en la cumbre de Dakar (2000).

 

La educación en la era corporativa

Darío Balvidares

Entrevista Al Dorso (16.04.2016)

Si bien la ola de reformas educativas comienza en 1980, la entrada del mundo corporativo en la educación global tiene un inicio marcado por la cumbre de Jomtien, Tailandia en 1990 con el precepto “Educación para todos”; reafirmado en la cumbre de Dakar (2000). La ruta a seguir queda señalada por los llamados Objetivos del Milenio (ODM); los Objetivos 2015; Estrategias post-2015; Estrategia de Educación 2020 del Banco Mundial y Metas Educativas 2021.

Un asombroso avance de centros, fundaciones y ong,s, que de pronto aparecen con la gran “preocupación” por la educación a nivel mundial y prescriben líneas políticas a los países para la continuidad de la “reforma educativa”, que en apariencia tiene por finalidad la educación de todos.

Pero no nos confundamos, no es un amplio debate pedagógico, puesto que la línea marcada por los reformadores responde de manera unívoca a la pedagogía instrumental, que transforma el conocimiento en instrumento de mercado, anulando la subjetividad en función de la estandarización. De esto hablaremos más adelante.

Lo que nos ocupa es testear, lamentablemente no en toda su magnitud, por razones de economía de lo que un artículo permite, el avance de la reforma privatizadora y su impacto en la educación pública.

El programa de Promoción de la Reforma Educativa para América Latina y el Caribe (PREAL) es llevado a cabo por la Comisión Internacional sobre Educación, Equidad y Competitividad Económica en América Latina y el Caribe creada en 1996 como producto de la articulación entre el centro de análisis políticos Diálogo Interamericano (IAD), con sede en Washington y la Corporación para el Desarrollo (CINDE) con sede en Santiago de Chile.

Según su propia página web, en sus inicios, decía que el IAD estaba integrado por “100 ciudadanos distinguidos del continente americano, entre ellos, dirigentes empresariales, académicos, de los medios de comunicación y otros líderes no gubernamentales (…) otros miembros fueron presidentes y otros tantos ministros en sus respectivos países”.

Hoy la misma página del IAD dice: “La pertenencia del Diálogo Interamericano incluye más de 100 líderes públicos y privados de Estados Unidos, Canadá y 21 países de América Latina y el Caribe…”.

Los miembros argentinos del IAD (según la propia página web) son José Octavio Bordón, José María Dagnino Pastore, Gustavo Grobocopatel; Juan Manuel Urtubey, María Eugenia Vidal y Alfonso Prat Gay.

Por otra parte, en CINDE se presenta como “una institución de derecho privado (…) entre sus miembros incluyen líderes de diversas áreas, como la industria y el comercio, el gobierno, la educación superior, la política, la religión y los medios de comunicación”.

Estas asociaciones se reproducen en fundaciones y ong´s y casi todas tienen cercanías con el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como con otros organismos internacionales.

Al mismo tiempo entre las fundaciones y ong`s se construyen cadenas corporativas, como ya veremos.

Repasemos, entidades privadas aparecen como faros de la reforma educativa, en todos los casos el slogan es la “modernización” del estado y la idea de mayor “competitividad económica” mejorando los “estándares” de educación.

La estrategia de educación 2020 del BM se enmarca en “la expansión y la mejora de la educación son clave para adaptarse al cambio y enfrentar esos desafíos. En términos sencillos, las inversiones en educación de calidad conducen a un crecimiento económico y un desarrollo de manera más rápida y sostenible. (…) Los tres pilares de nuestra estrategia son: Invertir temprano. Invertir con inteligencia. Invertir para todos”.

Veamos por un instante la siguiente cadena semántica: “cambio”; “inversiones”; “calidad”; “desarrollo sostenible”.

Las preguntas que surgen, puesto que hablamos de educación, son: ¿a qué cambio se refieren?; ¿de qué inversiones hablan?; ¿qué es la calidad?; ¿quiénes se desarrollan de manera sostenible?

Brevemente, desde los comienzos de las reformas educativas venimos escuchando los mismos enunciados; de Jomtien hasta hoy pasaron 26 años de marchas y seudo contra marchas de las reformas educativas llevadas a cabo por los países firmantes.

Hace 26 años que soportamos un desenfrenado ataque a la educación pública, en pos del “cambio” y sobretodo la “calidad”. Cuando a lo que estamos asistiendo es a un extenso proceso por la privatización de los sistemas educativos, a una sustitución de lo público y de un derecho humano invocando la “mala calidad” de los servicios educativos, como tanto les gusta llamar en los documentos de la reforma y en algunos medios.

Siempre hablamos de la macro-economía; hablemos de la macro-educación; puesto que el plan de reforma es subsumir la educación pública a mayores rentabilidades corporativas; es por eso que cuando hablan de “calidad” no lo hacen en términos pedagógicos, sino que hablan de calidad de los resultados: el modelo instrumental del conocimiento.

Para muestra…

En marzo de 2014 se realizó en San Pablo, Brasil, el Seminario Internacional “Privatización de la educación en América Latina y el Caribe”, organizado en el marco de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).

La campaña CLADE propuso para el seminario estudiar y debatir las tendencias de privatización que se despliegan en los países de la región: escuelas chárter; vouchers; liberalización del sistema educativo con perspectivas pro-mercado; alianzas con el sector privado (religiosas, corporativas) y escuelas de bajo coste.

Es importante, también, repasar el anexo que se produjo en el seminario respecto de las corporaciones y los espacios estratégicos para observar el plan de privatización de la educación.

El informe presenta una secuencia de corporaciones dedicadas a la “consultoría”, “prestación de servicios educativos” e “industria de evaluaciones estandarizadas”:

Pearson PLC es una multinacional británica con sede en Londres, es la mayor compañía de servicios educativos y editora de libros del mundo, dueña del Financial Times Group y de Penguin Books. Tiene tres líneas de servicios educativos: educación básica, superior y profesional. Actualmente se inclina hacia los mercados digitales y los mercados educativos en países emergentes. En lo que se refiere a la incidencia por un modelo global de educación favorable a la privatización, desde 2012 Pearson co-presidió junto a UNICEF la Learning Metrics Task Force, que reúne bajo iniciativa de Brookings a 30 organizaciones interesadas en garantizar el enfoque de resultados mensurables de aprendizaje en la agenda Post-2015. Su objetivo es generar consenso favorable a la introducción de sistemas estandarizados de evaluación de los aprendizajes.

Pearson está involucrada en el mercado de escuelas de bajo coste y mantiene el Fondo de Aprendizaje Pagable (Pearson Affordable Learning Fund). Es un fondo con ánimo de lucro, que congrega personas y grupos interesados en invertir en escuelas de bajo coste.

Breve paréntesis ciudadano

En la página web de la corporación Brookings (brookings.edu) podemos leer lo siguiente:

“La ciudad de Buenos Aires ha llevado a cabo importantes reformas de la educación en los últimos cinco años inspirados por el Grupo de Trabajo de las métricas de aprendizaje, la comunidad excepcional de la Champions aprendizaje LMTF, y varios profesionales y especialistas de toda América Latina y el mundo. Estas conexiones son fundamentales para los logros de esos objetivos; su apoyo y experiencias proporcionan un conocimiento invaluable para nuestras propias políticas. Por esa razón, una red de aprendizaje se propuso en agosto pasado para asegurar que todos los niños aprendan lo que necesitan para convertirse en el arquitecto de su propio futuro en un mundo cambiante. La esperanza ahora es que todos seguimos trabajando juntos para mejorar los resultados del aprendizaje para estos niños”. 

Es decir, la Learning Metrics Task Force es la estrategia proveedora en la Ciudad de Buenos Aires para garantizar la estandarización educativa en la disputa desigual de la educación pública y el negocio corporativo, en este caso de Pearson PLC y de la Bookings como corporación colectora y, por supuesto, con la participación de UNICEF.

La Brooking Institution es una organización privada con más de 100 años, de origen estadounidense. A través de su Centro para la Educación Universal, está empeñada en incidir en la política educativa en el ámbito mundial. Se involucró fuertemente en los debates respecto de la agenda Post-2015. Creó, Learning Metrics Task Force, con el propósito de desarrollar un modelo de evaluación de aprendizajes e incidir por la inclusión de una meta en defensa de los resultados mensurables de aprendizaje en la nueva agenda.

Como ya vimos Brooking presta servicios de consultoría a gobiernos y otro de los objetivos más defendidos por la organización es la privatización del campo educativo.

Una reflexión; el texto citado dice: “asegurar que todos los niños aprendan lo que necesitan para convertirse en el arquitecto de su propio futuro”. ¿Qué es lo que los niños necesitan? ¿Los conocimientos que se proponen en LMTF? Descontextualizados, deshistorizados ¿cómo los que evalúan en las pruebas PISA?

La corporación ataca de nuevo

Otra de las fundaciones que aparecen en el anexo del informe del seminario CLADE es la Varkey Gems Foundation, de Sunny Varkey (el mismo que estuvo reunido con el presidente Mauricio Macri en su visita a Davos).

Gems Education Ltd. Es el mayor proveedor global privado de educación escolar; ofrece un abanico de cupos escolares a precios que van desde los 750 a los 40.000 dólares por persona al año, atendiendo diferentes segmentos de renta. Tiene rendimientos anuales de cerca de 500 millones de dólares. Sus inversiones se centralizan en escuelas de bajo coste.

Sunny Varkey es propietario de más de 100 escuelas internacionales en todo el mundo, el 4 de abril de 2011 firmó un acuerdo con la UNESCO para desarrollar programas de formación docente. Dijo Sunny Varkey: “Este acuerdo es un ejemplo en el que GEMS ofrece su experiencia y sus conocimientos a educadores de todo el mundo para influir en la educación docente a nivel mundial”.

¿Qué ocurre en el rancho propio?

Las fundaciones educando a los docentes, de hecho viene ocurriendo en los niveles locales con el eslogan de la “responsabilidad social empresaria”, otorgan charlas o capacitaciones a docentes de todos los niveles, a directivos y supervisores.

Veamos. “…la Fundación Bunge y Born lleva adelante el Programa Sembrador, de ayuda a escuelas rurales, que entrega actualmente a 750 escuelas de todo el país, al comienzo del ciclo lectivo y en forma gratuita, útiles escolares, videos, textos de capacitación docente, banderas de ceremonia, juegos de mesa, elementos deportivos, instrumentos musicales y botiquines de primeros auxilios, entre otros elementos. (…) Este valioso programa, que se desarrolla en alianza con la Fundación Pérez Companc, beneficia directamente a unos 45.000 alumnos e incluye a alrededor de 5000 docentes”. (Editorial diario La Nación 06/12/14).

Lo que parece que se está creando es un para-estado del gobierno de la educación, una transferencia a manos privadas cada vez con mayores competencias, como venimos desarrollando en esta “educación para todos”, de fundaciones empresariales que forman incluso a directivos y supervisores para llevar a cabo la gestión escolar, el estado está en pleno proceso de tercerización de la educación pública.

En el video de promoción de los cursos de la fundación Bunge y su socio Perez Companc (subido a You Tube el 6/01/16) podemos escuchar mensajes como este: “…para nosotros, la mejora continua de la educación es clave. Así acompañamos a las escuelas secundarias y agropecuarias en la implementación de un sistema de gestión de la calidad educativa para que puedan alcanzar la certificación de sus prácticas bajo normas ISO 9001…” Más adelante vemos en el video que debe mediar un convenio con la Universidad de San Andrés (UdeSA), puesto que la capacitación en gestión de los cursos de verano así lo identifica.

La UdeSA se transformó en los últimos años en uno de los faros de la capacitación de directivos, en su promoción para este año: “Grupo de Estudio para Directivos” por tres jornadas de capacitación tiene un arancel de $ 2.100.

No será hora de comenzar a discutir uno de los enunciados que circulaba desde los comienzos de la “reforma”; aquello de que la “educación es pública y lo que diferencia es la gestión” que se diversifica en: estatal o privada (por supuesto que luego aparecieron otras clasificaciones); pero lo que en este trabajo interesa es ver cómo se borra la indistinción de público/privado, bajo el maquillaje de “todo es público” y es justamente la palabra estado la que provoca la interferencia. Dejemos, por el momento, este cambio de estado de la educación, porque, probablemente, en la medida que avancemos se irá respondiendo el porqué del cambio.

Otro poco de historia

Cabe recordar el documento fundante Educación y Conocimiento: Eje para la transformación productiva con equidad producido por la UNESCO y la CEPAL a comienzos de los ’90, dónde se explicitan los núcleos centrales de la reforma economicista de la educación, especialmente para para Latinoamérica y el Caribe en función de las transformaciones de los países de la OCDE.

Este documento es el aparece como marco para la generación de leyes de la reforma, y por supuesto que continúa vigente; en él se prescribe, entre otras cosas, sobre los incentivos docentes (que son sumas no remunerativas, ni bonificables), sobre la mayor “autonomía” de las escuelas (lo que permite desligarse a los estados de su responsabilidad pedagógica, la que se transfiere directa y únicamente a la escuela, siendo que los diseños curriculares y las estructuras son definidos desde el ministerio de educación bajo “recomendaciones” supranacionales).

Para el financiamiento del sistema – y por lo que nos ocupa en este trabajo – propone diversas formas de contribución privadas: programas financiados por empresas; aportes  a la capacitación; aranceles para los niveles superiores del sistema; excepciones y estímulos tributarios para las personas privadas que hacen donaciones (léase fundaciones, ong’s); monitoreo y evaluación de resultados; fondos específicos para el mejoramiento de la calidad (a cargo de los llamados organismos de cooperación, léase BID, entre otros)

En 2005, cuando asumió Luis Alberto Moreno como presidente del BID dijo que tenía dos preocupaciones fundamentales: la economía y la educación regional.

En 2008  Argentina toma para educación, un nuevo crédito de 2.700 millones de dólares. Esto es lo que el BID desembolsó para el “Programa de Apoyo a la política de Mejoramiento de la Equidad Educativa”. Este préstamo tuvo un complemento de dineros públicos de 300 millones de dólares.

Con esos dineros se financiaron la compra de libros, el plan mejora de las escuelas secundarias que se articulaba por proyectos y los docentes involucrados cobraban, otra vez, dinero no registrado, más que por la firma de una planilla, pero, que por supuesto tenía una tarifa plana no remunerativa y no bonificable.

Aún continúa, solo que ahora con dineros de fondos propios, pero con la misma metodología. Es más, para monitorear y evaluar la marcha del programa, en la primera fase, se destinaron 18 millones de dólares.

Los procesos de la “reforma” educativa traen aparejados endeudamiento externo, fijación de líneas políticas estandarizadas, insistentes “recomendaciones” sobre la “adecuación” de los estatutos que regulan la actividad docente y la creación del mercado global de la educación en el que compiten (o se cartelizan) las grandes corporaciones, vía fundaciones y ong’s con la meta de terminar de subsumir el sistema público de educación en los proyectos de dependencia económico-corporativo.

Más colonialidad

Para ir cerrando este trabajo comentemos un apartado más que interesante respecto del tan puesto en escena Programa Fulbright de becas de intercambio educativo internacional.

Según la página web de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos: “La fuente principal de los fondos para el programa fulbright es una asignación anual realizada por el congreso al departamento de estado” que es el patrocinador del programa junto a corporaciones y fundaciones en el extranjero y en el propio país que también prestan apoyo directo o indirecto, así como a través de los convenios realizados en más de 50 países.

En Argentina establecieron un acuerdo, la Comisión Fulbright, la fundación Bunge y Born y el Ministerio de Educación y de Ciencia y Tecnología de Córdoba para los intercambios 2001/2010. Es importante ver como existe un centralismo absoluto de los Estados Unidos sobre como aglutina desde convenios bilaterales, es decir toda relación es Estados Unidos y… algún otro país, toda relación es hegemónica.

Acaso demasiado suspicaz, pero que el Departamento de Estado del país del norte patrocine el Programa Fulbright ¿es sólo una cuestión filantrópica?

Para cerrar esta primera entrega es preciso citar al lingüista, investigador y pensador, Noam Chomsky, que escribía en Política y cultura a finales del siglo XX:

“En primer lugar, la democracia. Hemos de decir qué queremos significar con esa palabra. Como la mayor parte de los términos de la historia política, democracia tiene dos significados. Uno es su acepción real y el otro, el opuesto. El opuesto es el que se utiliza con propósitos de control ideológico. En el sentido ordinario (…)un sistema es democrático cuando ofrece posibilidades de que la generalidad de la población juegue un papel significativo en la administración de los asuntos públicos. En el sentido de democracia que se utiliza para control doctrinal, el contraste, la sociedad es democrática cuando imperan los procesos empresariales sin interferencias de la chusma inoportuna”.

Darío Balvidareses profesor y Licenciado en Letras (egresado de UBA)y ex rector de la escuela de Comercio N° 3 Hipólito Vieytes (CABA). Es también autor del ensayo La novela educativa o el relato de la alienación (2005) con prólogo de Osvaldo Bayer y decenas de artículos sobre educación, entre ellos: “Universidad pública o alimento transgénico de la corporación” (2008); “La colonialidad educativa entre Cumbres y Corporaciones: el final del carácter público del conocimiento…el crimen (casi) perfecto” (2010); “De la obsolescencia programada a la obsolescencia educativa” (2011) publicados originalmente por Argenpress y últimamente un breve artículo: “Otro más allá del bien y del mal” (especial para Contrahegemonía – enero 2016). Además es productor periodístico de los programas radiales La Deuda Eterna y La Cultura en Pedazos.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

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