VENEZUELA: CARTA ABIERTA DE MARISTELLA SVAMPA

Extractivismo, Maldesarrollo y extractivismo, Notas destacadas extractivismo, Notas Svampa, Novedades

Maristella Svampa 05.06.2017.
Va mi Carta Abierta al campo militante prochavista de la Argentina. En respuesta a las diatribas e insultos que generó la declaración que llama a detener la escalada de violencia en Venezuela.

 

CARTA ABIERTA AL CAMPO MILITANTE PROCHAVISTA DE LA ARGENTINA

Por Maristella Svampa (05.06.2017)

En los últimos días recibí numerosos ataques y agresiones por la vía de las redes sociales debido a la declaración que difundimos sobre Venezuela con varios amigo/as y colegas, declaración de la cual me reconozco como una de las promotoras.

Aunque lo haya explicado en varios lugares, hace ya tiempo que considero que el proceso bolivariano ha caído en una deriva autoritaria, por lo menos desde 2015. Creo que el régimen que lidera Maduro –y ello en el marco de una crisis social y económica sin precedentes-, reforzó los peores elementos ya presentes en el chavismo (más concentración de poder, enorme corrupción, radicalización del extractivismo y estado rentista, entre otros), al tiempo que licuó lo mejor que éste tenía en términos de populismo plebeyo (dispositivos de democracia participativa, empoderamiento de los sectores populares, cierta redistribución de la riqueza). También, como aparece en la declaración citada, del otro lado (aunque esto no incluye toda la oposición y movilización callejera) existe una derecha violenta y antidemocrática que busca borrar de la faz de la tierra todo lo que ha significado el chavismo en términos simbólicos y políticos para el mundo subalterno.

En razón de ello, la declaración que impulsamos apuntaba a salir de la polarización, a restablecer un cierto equilibrio, si ello era posible, ilustrando la complejidad de la crisis venezolana. Buscábamos ser objetivos, de ningún modo imparcial o neutros, colocando matices, ahí donde muchos solo veían la realidad en blanco o negro. En consecuencia con ello, apoyamos la propuesta de Plataforma Cuidadana, una iniciativa de autoconvocados surgida en Venezuela, en la cual se destaca Edgardo Lander, un intelectual cuyas credenciales de izquierda democrática y su apoyo a las luchas sociales en este continente son incuestionables. Nadie con dos dedos de frente podría decir que Lander es un “reaccionario” o que es “funcional a la derecha”.

El documento contó con firmas muy significativas; desde Anibal Quijano, Alberto Acosta, Arturo Escobar, Boaventura de Sousa Santos, Luis Tapia, Pierre Salama, Raquel Gutierrez, Carlos Porto Gonçalvez, Enrique Viale, Horacio Machado Araoz, Roberto Gargarella, Attac Francia, así como varios exministros y ex compañeros de ruta del proceso boliviariano; en fin, más de dos centenares de firmas de todas partes del mundo, muchas de las cuales provienen de intelectuales de izquierda ligados a procesos de lucha en sus respectivos países, no pocos de ellos/as  contra el extractivismo y los procesos de despojo y acaparamiento de tierras en el marco del actual modelo de acumulación del capital. Otras firmas provienen de la izquierda académica, con todas las variaciones, en términos de mayor o menor radicalidad política y de vínculo con organizaciones sociales, que esto involucra. (véase http://llamadointernacionalvenezuela.blogspot.com.ar/2017/05/llamado-internacional-urgente-detener_30.html)

La declaración de llamado a detener la escalada de violencia en Venezuela obtuvo una gran repercusión internacional en diferentes medios (Francia, Alemania, Bolivia, Argentina, entre los lugares que he podido seguir), pero sobre todo abrió la  posibilidad de pensar el proceso de caos y violencia que hoy atraviesa Venezuela sin caer en una lectura simplista y conspirativa (todo es “culpa de la derecha y el imperialismo”), y sin desconocer tampoco lo que intenta hacer la derecha violenta (apoyada por Estados Unidos). Por último, para nosotros también era importante mostrar a nivel internacional que no existe una sola izquierda, alineada con los progresismos realmente existentes, la cual suele potenciar las hipótesis conspirativas, despreciar todo aquello que llame a defender el pluralismo y las libertades civiles como si se tratara de “libertades burguesas”, e, incluso, en algunos casos puntuales, llegando a hacer un llamado bochornoso e indefendible a “aplastar” la movilización callejera. Buscábamos mostrar que Otra izquierda es posible, una que mire y pueda acompañar el proceso venezolano críticamente, sin dejar por ello de renunciar a nuestras convicciones y principios político-ideológicos.

De la política de insultos a los puntos ciegos

No habíamos terminado de actualizar las firmas de la declaración en el blog creado a tal efecto, que ya andaban circulando respuestas airadas e insultos multiplicados por las redes sociales,  que lejos de significar un llamado a un debate amplio sobre estos temas, clausuraban cualquier posibilidad de diálogo fraterno y  anunciaban una pretensión de verdad asentada en un doble monopolio: una, respecto de la “verdadera” lectura del proceso venezolano; otra, sobre el “el verdadero compromiso de la izquierda” o más precisamente, de los/as intelectuales de izquierda firmantes.

Una parte importante de estas respuestas descalificatorias a la declaración provenía de la Argentina. En razón de ello es que escribo estas líneas, en las cuales quisiera destacar dos cuestiones diferentes.

Lo primero a destacar es la lógica de linchamiento desatada. No hay que dejarlo pasar. Lamento decirlo, pero estoy cada vez mas convencida de que las redes sociales no constituyen un ámbito interesante, mucho menos democrático, de debate. En Argentina, espacios como facebook alientan respuestas compulsivas y virulentas (antes siquiera de leer los textos completos), al tiempo que promueven una lógica salvaje  de linchamiento, donde cada comentario pretende superar en tono e insulto al anterior, o bien, busca asentarse y potenciar el insulto anterior (en el estilo que de modo ejemplar marcó el programa televisivo kirchnerista 6,7,8, ¿se acuerdan?).

Sucedió entonces que, mientras en Venezuela seguía muriendo gente en las calles, mientras Edgardo Lander era tratado de “reaccionario” y hasta Boaventura de Sousa Santos salía a defenderlo y a explicar porque firmó la declaración; en Argentina los muros de facebook de varios de los firmantes de la declaración comenzaron a llenarse de insultos. Muy probablemente por ser una de las promotoras visibles de la declaración, eso sucedió conmigo en las redes sociales.  Ahí se desató una lógica de linchamiento, motivada además por la ausencia de respuesta de mi parte (estaba en viaje), lo cual impulsó a  los “más valientes” a competir entre sí –en diálogo incluso entre ellos- en grado de insulto y descalificación hacia mi persona, y el resto de los firmantes. Como dijera atinadamente Pablo Alabarces, otro de los firmantes argentinos, “La mayoría proponía un nivel de condena que me hace temer que, el día que triunfe la “revolución” que estos compañeros proponen en nuestro país, nos van a fusilar (si no zafamos en un campo de reeducación)”.

La segunda cuestión, más de fondo, tiene que ver con los sujetos involucrados en las respuestas en las redes sociales y las contracartas que se sucedieron desde Argentina. En realidad, quienes reaccionaron de modo tan violento a la declaración, redoblando la apuesta en defensa de la Venezuela de Maduro, adjudicándonos a los firmantes de la declaración las peores responsabilidades e intencionalidades políticas, no fueron sectores ligados a las organizaciones kirchneristas. Repito: más allá de los casos puntuales, no fue el “oficialismo de izquierda” (la expresión se la debo a Horacio Machado Araoz) ligado directa o indirectamente al kirchnerismo el que se manifestó,  el cual es bastante indiferente a lo que sucede en América Latina; muchos de ellos desconocen incluso el ABC de los progresismos a nivel latinoamericano o bien contribuyen a reproducir a una visión romantizada de los mismos (pensemos en el proceso boliviano, visto desde la Argentina). En verdad, quienes reaccionaron de modo condenatorio fueron más bien colegas y referentes intelectuales y militantes vinculados a organizaciones sociales territoriales, filopopulistas/autonomistas.

Quisiera aclarar que no sólo conozco muy bien este sector del campo militante; más aun, he sido parte activa de él antes de involucrarme más directa y a fondo con las luchas socioambientales de la región e incorporar otras narrativas de cambio. Con no pocos/as de los/as que han venido desgranando insultos y descalificaciones varias en estos días, hemos compartido espacios de lucha y debates, a partir de Diciembre de 2001. Hay otros/as que no conozco (aunque me interpelan como si me conocieran y supieran todo de mi), tal vez porque son jóvenes, vaya a saber, pero sin duda parecen ser muy poco abiertos al debate respetuoso de ideas, quizá porque algunos han sido socializados políticamente en las redes sociales (¡lo cual es lamentable!) y no en los espacios políticos de los barrios y las calles.

Son varios los defensores del proceso venezolano que buscan trazar paralelos con otras dinámicas históricas (Chile, bajo Allende; la revolución cubana). No voy a entrar en esa discusión, pues creo -como muchos otros- que el chavismo–al menos hasta hace poco tiempo y desde abajo- podía ser homologado con el primer peronismo, en tanto experiencia transformadora a nivel de la subjetividad política de las clases populares. Sin embargo, las maldiciones que desató en Argentina nuestra declaración crítica respecto del gobierno de Venezuela, no tiene que ver con leer el chavismo en el espejo del primer peronismo, con interpretarlo como una repetición de la “Batalla de Chile”, o proponerlo como un reto similar al de “Bahia de los Cochinos”…

Desde mi punto de vista, considero que el problema consiste en que una parte importante de organizaciones y colegas de la izquierda nacional-popular y autonomista argentina encontró en el chavismo un anclaje latinoamericanista y antiimperialista imprescindible desde el cual definirse; la forma de escapar al dilema político identitario al que los/nos sometió durante más de una década el kirchnerismo. Dichos sectores populistas-autonomistas encontraron en el chavismo la solución, a saber, la forma de seguir integrados en los avatares del progresismo regional, sin adherir por ello necesariamente a la política nacional del kirchnerismo.  Su adhesión incondicional al chavismo pasó entonces a sintetizar una manera de seguir –legítimamente- con “los pies adentro” a escala regional, durante el ciclo de cambio progresista, aun estando “afuera” a nivel nacional -cuando el kirchnerismo era gobierno-… En consecuencia, el apoyo al proceso venezolano estuvo asociado a la construcción de una determinada identidad política, capaz de dar coherencia y estabilidad a los posicionamientos de dichas organizaciones a nivel regional, en medio de la hegemonía kirchnerista. En esa línea, el chavismo devino la clave de bóveda de una identidad política, asumiendo por ende un carácter inamovible e innegociable.

En los últimos años, hacia el fin del kirchnerismo, muchas de estas organizaciones territoriales populistas/autonomistas, a las cuales yo misma había apostado en términos políticos personales, eclosionaron dividiéndose; algunas intentaron una alianza (asimétrica) con la izquierda clasista más tradicional;  otros  continuaron haciendo de furgón de cola del kirchnerismo en los actos prochavistas e incluso algunos terminaron absorbidos por éste. Otros sectores buscaron reinventarse positivamente en la actual coyuntura, potenciando la militancia cultural y la lucha antipatriarcal. Pocos intentaron incorporar otras dimensiones estructurales de la lucha –como la crítica al extractivismo, por ejemplo-; pocos lograron disputar el monopolio que el trotskismo ostenta o al menos busca establecer desde la narrativa clasista en los medios trabajadores urbanos… Mientras tanto el chavismo continúa siendo el anclaje identitario mínimo, el eje inamovible, el último bastión –todavía en pie- de un conjunto de organizaciones y colegas de izquierda, cuyos esfuerzos políticos y militantes no han sido –infelizmente en los últimos tiempos- coronados por un avance importante en las luchas anticapitalistas. No es casual entonces, mucho menos en un contexto de fin de ciclo progresista, que la defensa dogmática e incondicional al chavismo tienda a combinar la diatriba desmesurada con la apelación mitológica, acelerando los dispositivos de clausura ideológica, pues lo que está detrás de ello es nada menos que la defensa de una determinada identidad política…

En Argentina, el final del progresismo como lingua franca nos enfrenta a una cruda realidad. Al interior de las izquierdas, el panorama es desolador, pues efectivamente no hemos sabido –no hemos podido- articular las diferentes narrativas emancipatorias en un lenguaje común. Sabemos que el progresismo selectivo del gobierno kirchnerista  terminó por abrir heridas profundas al interior de este espacio, difíciles de sanar. Es por ello que necesitamos tender puentes entre las diferentes izquierdas realmente existentes, así como necesitamos también incorporar aquellas otras matrices político-ideológicas que hoy recorren el campo contestatario e interpelan el actual patrón de acumulación del capital. Tal vez me equivoque, pero sin ello, no hay posibilidad de recomposición alguna de ese espacio político e intelectual que pretendemos llamar izquierda. En otras palabras, tanto en Argentina como en América Latina, la izquierda posprogresista a (re)construir, si ello es posible, tendrá que ser no sólo regional y popular, clasista y antipatriarcal sino también profundamente plural y ecologista.

Sería lamentable que la discrepancia en relación con lo que sucede en la actual Venezuela –la cual no puede resolverse a través de la escalada de la violencia ni a través de la injerencia externa- instale nuevas barreras político-ideológicas o ahonde las diferencias en este espacio ya de por si fragmentado y en crisis. No sólo porque hay muchas cuestiones que en el régimen venezolano no han funcionado y nos interrogan o deben interrogarnos acerca de qué entendemos por socialismo y horizonte de cambio; sino porque además como izquierdas nos debemos un debate fraternal y respetuoso, que recupere y recree los puntos de convergencia y las gramáticas emancipatorias de los movimientos sociales en lucha, sobre todo en los tiempos que se avecinan.

Buenos Aires,  5 de junio de 2017.

 

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Disrupción y continuidad en el Gobierno de Macri

Extractivismo, Maldesarrollo y extractivismo, Notas Svampa, Novedades

Maristella Svampa (18.03.2017) 
La socióloga Maristella Svampa analiza el fin de ciclo del populismo de alta intensidad y el surgimiento global del “conservadurismo neoliberal”. Un recorrido por el ascenso derechista y xenófobo europeo,  y el fin del progresismo en América Latina.  Las continuidades y disrupciones en el Gobierno de Macri. (…)

 

Disrupción y continuidad en el Gobierno de Macri

Entrevista Al Dorso (18.03.2017)

La socióloga Maristella Svampa analiza el fin de ciclo del populismo de alta intensidad y el surgimiento global del “conservadurismo neoliberal”. Un recorrido por el ascenso derechista y xenófobo europeo,  y el fin del progresismo en América Latina.  Las continuidades y disrupciones en el Gobierno de Macri. La necesidad de una nueva batalla cultural. «Quizá podría analizarse cómo estamos pasando del populismo de alta intensidad a un gobierno neoempresarial y es difícil responder ese interrogante con cuestiones muy simples”, sostuvo Maristella en AL DORSO.

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Pueblo Argentino vs. Corporaciones transgénicas y agrotóxicas

Agronegocios, Entrevistas Agronegocios, Maldesarrollo y extractivismo, Notas destacadas agronegocios, Novedades

Daniel Sallaberry (04.03.2017)
Avanza la demanda colectiva presentada por un grupo de abogados en representación del pueblo argentino contra 14 corporaciones y el Estado por daño ambiental. Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow, Dupont, Nidera, Bioceres y otras siete corporaciones fabricantes semillas trangénicas y agrotóxicos, junto al Estado nacional y tres provincias, tienen 15 días para demostrar que no produjeron perjuicios (…)

 

Pueblo Argentino vs. Corporaciones transgénicas y agrotóxicas

Entrevista Al Dorso al Dr. Daniel Sallaberry  (04.03.2017)

 

NOTA ADJUNTA: lavaca.org

Avanza la demanda colectiva contra 14 corporaciones y el Estado por daño ambiental

Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow, Dupont, Nidera, Bioceres y otras siete corporaciones fabricantes semillas trangénicas y agrotóxicos, junto al Estado nacional y tres provincias, tienen 15 días para demostrar que no produjeron perjuicios por la liberación incontrolada de organismos genéticamente modificados. Esa fue la notificación que recibieron según una inédita demanda colectiva que les sigue desde junio de 2015 por daños ambientales. 

Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow, Dupont, Nidera, Bioceres y otras siete corporaciones productoras de semillas trangénicas y fabricantes de agrotóxicos ya han sido notificadas de la inédita demanda colectiva que se les sigue desde junio de 2015 por daños ambientales y morales –entre otros- producidos por lo que la presentación llama “liberación incontrolada a campo abierto de OGM (organismos genéticamente modificados, o transgénicos)”. Entre los demandados también se encuentran el Estado Nacional y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santiago del Estero. Así se logró invertir la carga de prueba: ““Ahora los notificados deben contestar y presentar pruebas de que lo que hacen es inocuo” explicó a lavaca Daniel Sallaberry, uno de los abogados que impulsa la causa.

A partir de haberse notificado, las corporaciones y el Estado tienen 15 días hábiles para responder a esta demanda que solicita, por ejemplo:

  • que se ordene al Poder Ejecutivo suspender la comercialización de soja transgénica y la “liberación incontrolada” de estos productos a camp abierto,
  • que se suspenda provisionalmente la autorización de todos los eventos transgénicos hasta que exista una determinación científica sobre la inocuidad de los mismos,
  • en defensa de los consumidores, que se disponga el etiquetado obligatorio “perfectamente visible y destacado al ojo humano” de los productos alimenticios de venta masiva que contengan derivados de OGM.
  • que se suspenda en todo el país la aplicación de agrotóxicos utilizados para el cultivo de transgénicos hasta que científicamente se demuestre la inocuidad de los mismos para el ambiente, los ecosistemas y la salud de los seres vivos.

DICTAMEN FISCAL FEDERAL PARA DESCARGAR: Fiscal-federal-Fabian-Canda-recurso-de-apelacion

Sallaberry, junto a los abogados Santiago Kaplun, Jorge Mosset Iturraspe, Graciela Vizcay Gómez, Horacio Belosi y Miguel Araya representan a un grupo de víctimas de los efectos de las fumigaciones. Pero esas víctimas están representando a su vez a toda la ciudadanía argentina a través de la demanda colectiva o “acción de clase”  que habilita a juicios masivos, según suele ser práctica en países como Estados Unidos.

“La ‘clase’ afectada, en este caso, es toda la comunidad” explica Sallaberry: “La jueza Claudia Rodríguez Vidal reconoció a los demandantes idoneidad y representación para actuar en nombre de la totalidad de la población argentina como afectados por las fumigaciones, pero también en su carácter de consumidores de alimentos transgénicos de los que no se conocen sus efectos, por ejemplo, entre otros derechos humanos básicos que resultan afectados por esta matriz productiva”.

Suspensión de fumigaciones

La demanda se inició ante la Corte Suprema de Justicia, que la derivó al Jugado Nacional Nº 3 en lo Contencioso Administrativo Federal, encabezado por la jueza Rodríguez Vidal. Los abogados solicitaron una medida cautelar para que se suspendan las fumigaciones en todo el país, lo cual fue rechazado por la jueza.

Pero en diciembre de 2016 el fiscal federal Fabián Canda apeló ese rechazo y ratificó el pedido de la demanda: suspensión total de las fumigaciones. Y aclara que si no se hiciera lugar a la cautelar, se solicita que se suspendan provisoriamente todas las fumigaciones aéreas mientras se resuelve el juicio, y que las fumigaciones terrestres de todo producto con glifosato se realicen a más de 5.000 metros de las zonas urbanas, municipios, asentamientos, poblaciones, escuelas rurales, huertas, centros apícolas, ríos, arroyos, lagunas, cursos y espejos de agua, así como de pozos de extracción de agua para consumo humano. L apelación deberá ser resuelta por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 3.

La demanda busca además condenar al Ejecutivo Nacional, en particular a la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, CONABIA, y al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, por incumplimiento del deber de control. “Tanto el Estado como las empresas demandadas, conocedoras de la realidad y del imperio de la relación costo-beneficio, idearon un sistema perverso que posibilitó externalizar el costo de la degradación y contaminación ambiental”, dice la presentación. El rol estatal en estas materias no ha cambiado desde que se inició el caso, gestión Cristina Kirchner, hasta ahora.

La demanda colectiva completa contra 14 corporaciones y el Estado por daño ambiental: DEMANDA-COLECTIVA-GIMENEZ-A-Y-OTROS-v1.6f

Cómo reparar el daño

Los demandantes exigen que se condene a las multinacionales biotecnológicas, semilleras y químicas, productoras y comercializadora de OGM.

  • A la recomposición “de la totalidad de hectáreas sembradas con OGM” (…) mediante la contratación de personas o instituciones especializadas para que diseñen y pongan en marcha un plan de recuperación y regeneración”.
  • En los casos en que no sea posible la recomposición de bienes dañados (suelo, agua, fauna, flora), se las obliga a contribuir monetariamente a un fondo de compensación ambiental o fideicomiso, que se podrá calcular de acuerdo a los sistemas de monetarización internacionales del daño ambiental para compensar las pérdidas por un período mínimo de 50 años. La demanda propone destinar el fideicomiso a poner en marcha Planes Agrarios Integrales del INTA, como el de 2001/2003, que no se llevaron a cabo y que contemplan la “sostenibilidad ecológica y social”.
  • Frente al daño moral colectivo se propone un resarcimiento mediante una obra directamente relacionada con el patrimonio social-cultural colectivo, para lo que se propone un Plan Maestro Ferroviario que reconstruya toda la red ferroviaria nacional, renovar sus edificios, estaciones, vías y trenes. Beneficios: miles de empleos; incorporación y creación de nuevas áreas productivas alejadas de los centros de consumo; mejora con respecto al sistema de transporte terrestre anacrónico, riesgoso y altamente contaminante; integración efectiva del territorio nacional; generación de una elevada rentabilidad social al reducir los accidentes mortales, disminuir los costos de fletes un 20% y acortar un 30% los tiempos de viaje.
  • Se propone también una condena en concepto de “daño punitivo” equivalente en monto al daño moral, una especie de multa o indemnización. Explica Sallaberry: “El daño punitivo ocurre cuando se daña a otro a sabiendas y sin importarle el prójimo, y la idea es que se transmita un mensaje de reprobación a las violaciones de derechos humanos y a evitar que estos hechos se repitan”.

El valor económico de esa sanción podría basarse en las ganancias de las multinacionales en estos años (hay estimaciones que ponen esa cifra en unos 80.000 millones de dólares) o en ideas como la de reinstalar toda la red ferroviaria argentina, que se calcula en unos 4.000 millones de dólares. Sallaberry: “No hacemos el cálculo, ya nos pasó en la Causa Riachuelo (en la que intervinieron los cinco abogados varones que promueven ésta) en la que ante un pedido de equivalencia, propusimos crear un corredor verde desde el Riachuelo a Ezeiza”.

Otro argumento del abogado: “Las empresas demandadas y el propio Estado, vía el Ministerio de Agroindustria, quieren descalifican nuestra demanda diciendo que nos oponemos a la biotecnología y su desarrollo y a los avances científicos para paliar el hambre en el mundo o bien combatir enfermedades. Nada más alejado de la realidad. La demanda no es contra la investigación científica desarrollada en laboratorio para tales fines; nuestra demanda va contra la siembra a campo abierto y sin control de 30 millones de hectáreas fuera de laboratorio o campos de experimentación, y las fumigaciones que en cada campaña derraman más de 300.000.000 de litros de agrotóxicos, o sea veneno, sobre 12.000.000 de personas de población rural.

¿Y el progreso?

Sobre el tema del progreso supuesto, Sallaberry cita directamente a la Corte Suprema: “La tutela o preservación del ambiente no significa detener el progreso, sino por el contrario, hacerlo más perdurable de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras”.

Otra idea: “Acá se está afectando a un todo, a una comunidad. Eso no es progreso. Ni es progreso que ni siquiera podamos leer en un envase si el producto contiene transgénicos, como para al menos optar libremente si quiero o no consumir. Y si no me quedo corto, estamos hablando del 90 % de lo que comemos en el país”.

A mediados de marzo se cumplirán los días previstos para que las empresas y el Estado respondan a la notificación. “No hay estudios de impacto ambiental, son ellos los que deberían contar con pruebas sobre la inocuidad de lo que hacen. Nosotros mientras tanto hemos mostrado todos los trabajos y estudios, incluyendo los del propio Estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente en 2008, en los que se plantea que el monocultivo de soja es perjudicial para el ambiente, produce desforestación, desertificación, despoblamiento”.

Entre las curiosidades del caso puede contarse que una causa de semejante envergadura, no ha tenido casi repercusión mediática. “Es que los medios convencionales promueven el modelo que estamos cuestionando en esta demanda”. En un signo de coherencia, el silencio abarcó a los medios convencionales tanto oficialistas como opositores, de antes y de ahora.

A mediados de marzo tanto el Estado como las empresas demandadas deberían haber contestado y presentado pruebas que demuestren que no existe daño ambiental. Sallaberry: “Veremos qué hacen. Ahí va a comenzar la gran batalla”.

 

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¡Es el petróleo, estúpido!

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Félix Herrero 02.01.2017.
El petróleo conserva su actualidad, una de las causas de que la política exterior de Trump se haya dispuesta a asociar a Estados Unidos con Rusia y no con China. Cuando más fuertes sean los lazos con Rusia (dirigida por blancos y cristianos) será más fácil desligarla del no hace mucho conocida por los occidentales como el peligro amarillo.

 

¡Es el petróleo, estúpido!

Por Félix Herrero (02.01.2016)

Me tomo la libertad de titular este artículo parafraseando la frase electoral de Bill Clinton, y que hace poco fuera glosada por un notable especialista en geopolítica petrolera[1], dada la importancia que tiene el petróleo en la política internacional actual.

El petróleo conserva su actualidad, una de las causas de que la política exterior de Trump se haya dispuesta a asociar a Estados Unidos con Rusia y no con China. Cuando más fuertes sean los lazos con Rusia (dirigida por blancos y cristianos) será más fácil desligarla del no hace mucho conocida por los occidentales como el peligro amarillo.

Con la guerra fría, los occidentales se denominaban sí mismos “occidentales y cristianos”, aunque Japón no era ni lo uno ni lo otro. Hoy la unión de EEUU con Rusia podría ser de denominación menos errónea, ya que Putin es un miembro practicante de la religión ortodoxa. Y para colmo, su sector europeo es el aventajado que se impone sobre el asiático: los rusos son blancos y no amarillos. En el año 2016 se desplegaron varias políticas que signarán los años próximos. En el año recientemente pasado el mundo del norte vivió dos hechos fundamentales: la separación del Reino Unido de la Comunidad Europea, y la elección de Estados Unidos consagrando a D. Trump. En ambos casos hay autores que entienden que son algunos de los recientes actos logrados por corrientes populistas, ya sean de  izquierda como la de Jeremy Corbyn el nuevo líder laborista  inglés o de derecha como Trump.

El nuevo presidente de Estados Unidos promete cambios de muchas de las políticas que se presentaban como inquebrantables por ciertos sectores del poder económico. Pero vino alguien que no quiere intermedios entre el poder económico y el gobierno. No son necesarios los intermediarios. Los empresarios pueden de manipular a los gobiernos pero consideran que deben dar el siguiente paso con el gobierno de las empresas; con algún parecido con lo que pasa en nuestro país: que con la ceocracia los empresarios necesitan menos mediadores.

  1. El petróleo en la geopolítica de las grandes potencias. Algunos se preguntan por qué hay tanta influencia creciente del petróleo en la política mundial cuando el mundo está transformando su matriz energética. Pero esto ¿es así? ¿Es real esta transformación verde de la matriz mundial?

El poder petrolero tiene cada vez más influencia en los gobiernos y en la política universal. Como antes, pero con mucho más profundidad ahora, el que no tiene petróleo no puede existir ni influir. Estados Unidos pierde el primer lugar como potencia económica[2] por la creciente China (no se discute  que militarmente conserva la primacía). La amenaza de Trump de poner aranceles del 45% a los productos chinos aún  se discute fuertemente en los propios sectores empresarios de Estados Unidos. El populismo trumpeano planteó como eslogan electoral que EUA debe volver a ser la más grande potencia mundial. Pero mientras sea el gran deudor de China vive una inestabilidad en el sector económico como segundón.

Entonces, la estrategia para recobrar el primer lugar perdido consiste en debilitar a China en sus asociaciones internacionales y en sus proveedores de petróleo, como es Rusia. China agotó el petróleo de su mar, pero hoy se supone que posee el no-convencional que necesita el uso del fracking.  Rusia está en el primer lugar como exportador de crudo en el mundo, y quien dependa del petróleo ruso, y también del de Medio Oriente, quedaría desamparado si se separa de Rusia, porque la provisión de origen árabe entra en una faz cada vez más inestable  por los conflictos armados de la región (“dónde hay petróleo hay guerra” siempre se dijo). “En Siria, en Yemen, en Egipto, en Camboya, la gente y los niños son bombardeados por tres  barriles de petróleo”, afirma Beatriz Aguirre-Urreta, del CONICET argentino[3].

Según analistas occidentales en reciente trabajos llegan a la conclusión que la Energy Statistics Administration del government of United States ( EIA[4]) no repetiría el error que cometió cuando atribuyó erróneamente gigantescos recursos a una nueva región no-convencional en Monterrey.

No en vano el presidente y accionista importante de ExxonMobil (la primera empresa petrolera norteamericana) es designado canciller de relaciones exteriores (Departamento del Estado) mientras se asegura que un petrolero tejano sea el ministro de Energía (Departament of Energy).

  1. Volver al “príncipado rojo”. Estados Unidos no tuvo diferencias con Rusia y China en las dos guerras mundiales: estuvieran asociados entre ellas. Pero el canciller que asumió el 20 de enero es además amigo del líder ruso. Putín, desde el  primer cargo de gobierno fue generoso en otorgar concesiones a ExxonMobil, la antigua Standard Oil, símbolo con la británica Shell del imperialismo petrolero del siglo veinte.

Mientras ExxonMobil obtiene concesiones, las otras firmas adquieren acciones del fondo de Rosneft (Glencore de origen estadounidense, la italiana ENI, la noruega Statoil). BP se asoció con otra petrolera rusa y terminó siendo  intervenida por el gobierno.  El 30 de agosto de 2011 ExxonMobil y Rosneft firmaron una importante asociación  con exclusividad sobre el mar Ártíco. Los rusos consiguieron la promesa de abordar territorio de EEUU, y en el golfo de México.

Pero la asociación petrolera tiene sus espacios secretos: en los Panama Papers aparece la empresa Exxonefts inscripta en el paraíso fiscal británico de las Bermudas.

Pero esta no es la primera vez donde un sector petrolero norteamericano mantiene una relación estrecha con los intereses rusos. Vladislao Lenín fue amigo de Armand Hammer. Todo el mundo conoce a Lenín, pero no siempre al petrolero estadounidense.

Hammer era descendiente de rusos  cuyos padres emigraron  a Estados Unidos. Hay historiadores que afirman que su padre conoció a quien fuera el líder de la revolución comunista. Armand Hammer fue un médico enriquecido en el comercio del arte de las pinturas, y de ese modo hizo una fortuna. Compró una pequeña petrolera que comenzó a tener grandes éxitos en el descubrimiento de petróleo (primero en Libia,  luego en América Latina, Medio Oriente y en los propios Estados  Unidos). Así Hammer se convirtió en multimillonario y su empresa  Occidental, conocida como Oxy (en Argentina logró uno de los contratos de  Arturo Frondizi en Mendoza), pasó a ser una de las más grandes petroleras norteamericanas.  Según varios historiadores Armand fue amigo de Lenín, y según algunos incluso le pagó su exilio en Suiza, y le habría financiado el viaje triunfal a Moscú cuando la corriente bolchevique hace cien años se hizo del gobierno ruso. Incluso, Oxi habría favorecido a la Unión Soviética a través de la comercialización de crudo. A Armand lo bautizaron el “príncipe rojo” por esta amistad.

O sea que la amistad petrolera ruso-norteamericana tiene una tradición de más de un siglo, ayer entre A. Hammer y Lenín, y hoy entre R. Tillerson y Putín.

  1. Resumen: aislar a China. Separar Rusia de China, para que esta última se quede sola y sin petróleo es parte de la estrategia de importantes sectores empresarios norteamericanos. ¿Podrán hacerlo? Los últimos esfuerzos de Obama de conflictuar la relación con Rusia no van en esta dirección. En esto se juega el destino de Trump y de la geopolítica mundial. Nosotros lo veremos sin tener participación alguna: el gobierno de Macri y Malcorra eligieron a Clinton contra Trump. Para remediarlo, Macri designa como nuevo ministro en el área de economía a N. Dujovne, hijo de un socio de Trump en el negocio inmobiliario y de la construcción de edificios, mientras Malcorra que tambae por sus continuos errores (apoyo a H. Clinton, fracaso como secretaria de Naciones Unidad, nuevos acuerdos sobre Malvinas), llora por haber apoyado a la señora Clinton.

[1] F. Willliam Engdahl, “¿Darfur? Es el petróleo, estúpido…”, en referencia a la guerra de Darfur entre firmas petroleras de Estados Unidos y de China.

[2] Bloomberg, “China derrotará a EEUU en una guerra comercial”, 29 de diciembre de 2016.

[3] En “Retrato del Cretácico en unas cuantas caracolas”, Ñ, 31 de diciembre de 2016.

[4] “Shale gas: China se esfuerza por explotar sus recursos”, por Alain Ruello, corresponsal en Beijing, de Ecos, París, 29 de agosto de 2016: “El país tiene las mayores reservas del mundo. Pero mucha complicación geológica e hídrica en sus proyectos. ¿China, gigante en la fabricación de gas de esquisto? Con 31,500 billones de metros cúbicos de reservas técnicamente recuperables, según la administración, el país tiene el mayor potencial del mundo. Pero un potencial que podría permanecer mucho más tiempo como una promesa, porque Beijing cuenta con una situación menos favorable que el que prevalece en Oklahoma o en Texas.”

 

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La Amenaza del fracking en América Latina

Entrevistas Fracking, Extractivismo, Fracking, Maldesarrollo y extractivismo, Notas destacadas extractivismo, Notas destacadas fracking, Novedades

Felipe Gutiérrez Ríos 12.11.2016.
Entrevistamos al investigador Felipe Gutiérrez Ríos del Observatorio Petrolero Sur con motivo del informe elaborado por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking. 

La Amenaza del fracking en América Latina

Entrevista AL DORSO (12.11.2016)

Latinoamérica ha sido señalada por EEUU como una de las regiones más promisorias para el desarrollo de yacimientos no convencionales con aplicación del fracking, lo que ha provocado la reacción de comunidades locales que se informan y movilizan en contra del avance de la frontera petrolera. Un informe de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking releva datos de cómo se han ido fraguando estas resistencias ante el decidido impulso dado por gobiernos y empresas a la promoción de la técnica.

Felipe Gutiérrez Ríos*.- El fracking avanza a ciegas en América Latina. Sin que los gobiernos nacionales hayan hecho estudios de cuantificación de reservas o de los impactos a la salud y el ambiente que esta técnica puede generar, la promesa de los hidrocarburos no convencionales se abre paso por distintos países de la región, como México, Colombia, Chile y Argentina. Ante esto, distintas organizaciones y comunidades locales han comenzado una férrea oposición al desarrollo de esta técnica. De la articulación de algunos de esos espacios surge la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, que recientemente publicó el informe “Última Frontera”, que busca generar una línea de base sobre el avance del fracking en la región.

A través del informe buscamos comparar elementos que nos parecen fundamentales del desarrollo del fracking en cada país. Para eso, en cada caso analizamos por una parte las políticas públicas que se han realizado en cada país para abrirle paso a esta técnica; y por la otra, describimos cómo se han configurado las resistencias al fracking y cuáles han sido los impactos de su aplicación.

A nivel de políticas públicas es donde puede encontrarse mayor uniformidad entre los distintos países de la región. En todos los casos que analizamos -México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Bolivia- han existido decretos, normas y leyes que buscan rentabilizar la explotación de formaciones no convencionales. En el caso argentino, el Estado no solo ha sido el garante de su desarrollo a través de una serie de políticas profracking, sino que también lo ha motorizado por medio de YPF. Otro caso ejemplar es el de la Reforma Energética de 2013 en México, que rompió con siete décadas de monopolio estatal para abrir el mercado petrolero a las trasnacionales, con los no convencionales como uno de sus ejes.

Sin embargo también desde instancias estatales han surgido posibles frenos al fracking. Por ejemplo en Bolivia, si bien el gobierno inicialmente buscó asociarse con YPF para el desarrollo de no convencionales, luego criticó duramente a esta técnica. El ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, mano derecha del Presidente Evo Morales, señaló en 2015 que el fracking constituía “un verdadero atentado al medio ambiente”. En Brasil, en tanto, en 2013 se creó un Grupo de Trabajo formado por técnicos de instituciones públicas que emitió un informe contrario a la inclusión de la exploración de gas no convencional en las rondas de licitaciones, recomendando no autorizar su aplicación en el país.

Cabe destacar que  fracking ha tenido un desarrollo dispar en el continente. Argentina es el país donde más se ha aplicado y el único donde se ha implementado de manera masiva en la formación de lutitas Vaca Muerta. Con cerca de 700 pozos fracturados en shale y más de 600 en arenas compactas, la experiencia argentina busca ser replicada en otros países del continente. Las otras formaciones que se han desarrollado son las de arenas compactas. En el Golfo de México la estatal Pemex ha fracturado cerca de 2600 pozos, mientras que en Chile, también la compañía del Estado, Enap, ha fracturado 179 en la Isla de Tierra del Fuego.

Otra similitud encontrada en el informe es la fuerte oposición que ha generado el fracking en las comunidades locales, situación que se replica en otras partes del mundo. A lo largo del continente son cientos de asambleas, comunidades indígenas y campesinas, sindicatos, ONG´s, partidos políticos, entre otros, que se movilizan en contra de esta técnica, en busca de alternativas energéticas. Existen importantes articulaciones, como la Alianza Mexicana contra el Fracking, colectivo que nuclea a 44 organizaciones de distintos puntos del país que exigen su prohibición; o como la que ha permitido la realización de las Jornadas Nacionales Contra el Fracking de Colombia, que tras congregar a más de 5 mil personas en su segunda versión, en octubre, se impulsó también la creación de una Alianza Contra el Fracking.

Estas organizaciones han seguido una estrategia similar de buscar ponerle freno al fracking en instancias locales. A través de ordenanzas municipales o departamentales, se han conseguido prohibiciones en más de un centenar de municipios de Brasil, Argentina, Uruguay y México. También las acciones judiciales han tenido efecto, como es el caso de Brasil donde el Ministerio Público Federal logró suspender la ejecución de contratos petroleros de no convencionales en los estados de Piauí, Bahía y Paraná Mientras que en Argentina se han frenado proyectos de YPF en Chubut a partir de recursos de amparo fundados en los derechos de los pueblos originarios, También existen iniciativas legislativas para su prohibición en varios países, estados y provincias.

A pesar de estas acciones, el fracking avanza sobre comunidades indígenas, campesinas, zonas urbanas e incluso Áreas Naturales Protegidas. Esto ha ocasionado el desplazamiento de personas y de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta técnica es imposible. En paralelo, se multiplican las denuncias y daños ocasionados por incendios, derrames, explosiones, acaparamiento y contaminación de agua, aire y tierra por desechos tóxicos, pérdidas de sustancias radioactivas en los pozos y mal manejo de los residuos. Estas consecuencias se ven principalmente en la Argentina, debido al mayor nivel de avance de la industria no convencional. Los impactos pueden multiplicarse debido al desarrollo de nuevos pozos, así como por la degradación que van generando los pozos en operación, como indica la evidencia científica que ha podido recabarse principalmente en Estados Unidos, el país con mayor desarrollo del fracking.

Es por esto que desde la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking finalizamos el informe con una serie de recomendaciones a los gobiernos de la región, instándolos a promover formas alternativas de generación de la energía y a aplicar el principio precautorio para prohibir esta técnica. Esta exigencia, señalamos en el texto, no es un fin en sí mismo sino que tiene como horizonte la modificación del modelo energético; “consideramos que en las formas de producción, distribución y consumo de la energía se refleja el sistema de relaciones sociales injusto y profundamente desigual en nuestra región. Es ese el arreglo social, político y económico que la persistencia del fracking reproduc”. Es lo que finalmente buscamos a través de esta articulación regional, lograr a través de la prohibición del fracking una modificación en el sistema social que la energía reproduce.

*Investigador del Observatorio Petrolero Sur, integrante de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking

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Privatización de la obra pública

Maldesarrollo y extractivismo, Notas destacadas extractivismo, Novedades

Al Dorso 29.10.2013.
El Congreso Nacional dio media sanción al Proyecto de Ley sobre Contrataciones y Asociaciones Público Privadas (PPP) que pretende regular la participación del sector privado en el desarrollo de la obra pública y en las distintas contrataciones que realice el Estado. El polémico proyecto es resistido por amplios sectores políticos porque privilegia en demasía el interés privado en detrimento del bien público.

 

Privatización de la obra pública

Al Dorso (29.10.2016)

El Congreso Nacional dio media sanción al Proyecto de Ley sobre Contrataciones y Asociaciones Público Privadas (PPP) que pretende regular la participación del sector privado en el desarrollo de la obra pública y en las distintas contrataciones que realice el Estado. El polémico proyecto es resistido por amplios sectores políticos porque privilegia en demasía el interés privado en detrimento del bien público.

El 21 de septiembre de 2016, el Senado Nacional aprobó el proyecto de ley que regula los contratos de Participación Público Privado (PPP), remitiéndolo para su revisión a la Cámara  Diputados de la Nación. La iniciativa oficial trae consigo una fuerte polémica ante la desregulación en materia de contratación pública. El Proyecto dispone que las sociedades público- privadas que se constituyan al amparo de esta ley quedarán fuera de todas las regulaciones y normas que hoy rigen las contrataciones del Estado.

La propuesta exceptúa a las sociedades de cumplir con la Ley de Obras Públicas (13.064) y con la ley que regula la construcción de rutas por peajes (17.520). Al mismo tiempo se las exime de cumplir con el régimen de contrataciones del Estado, y se las exceptúa de cumplir con el Código Civil y Comercial (Art. 765), posibilitando contratos en dólares y pagaderos exclusivamente en moneda extranjera. La normativa deroga los artículos de la ley de convertibilidad que prohíben la indexación, además de permitir la prórroga de jurisdicción ante tribunales arbitrales nacionales y extranjeros.

“Este proyecto fue largamente esperado y hay ciertamente gran expectativa en que sea prontamente aprobado, en tanto instrumento que facilite la concreción de políticas públicas que el actual gobierno ha definido como determinantes en su gestión”, señala el Dr. Diego Alonso del estudio Bulló Abogados. Y afirma que “brinda las garantías que otorgan cobertura suficiente al sector privado frente a los habituales riesgos ajenos al mismo que trastocan la ecuación económico-financiera del contrato y que tornan el financiamiento más costoso o directamente imposible”.

Por el contrario, otras voces se alzaron contra el Proyecto. Es el caso del economista y ex diputado nacional Claudio Lozano, quien afirma que “el gobierno propone eliminar regulaciones para ampliar los grados de libertad de los principales contratistas, olvidando el interés del conjunto de la sociedad. Los diputados debieran frenar este dislate”.  El economista denuncia que el proyecto “permite que pueda modificarse la estructura de propiedad de la empresa asociada o incluso que la empresa asociada le ceda a un tercero el contrato ya sea parcial o completamente”.

En la exposición de motivos se define a la Participación Público y Privado (PPP) como aquel contrato a largo plazo entre una entidad privada y un gobierno para proporcionar un bien o servicio público (infraestructura, viviendas, educación, salud, defensa, etc) en el que la parte privada asume un riesgo significativo y una responsabilidad de gestión en asociación con sujetos públicos. El concepto y definición fue tomada del Banco Mundial, según lo informa el Jefe de Gabinete en los dichos fundamentos. El contrato viene así a cumplir con las exigencias internacionales en materia de obras públicas, de acuerdo a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA),  un plan neoliberal ideado en el año 2000 para optimizar los recursos del continente en materia de infraestructura.

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Un tribunal internacional juzgó a Monsanto en La Haya

Agronegocios, Entrevistas Agronegocios, Extractivismo, Maldesarrollo y extractivismo, Notas Agronegocios, Notas destacadas agronegocios, Notas destacadas extractivismo, Novedades

Damián Verzeñassi 22.10.2016.
El único médico latinoamericano comentó su participación como testigo del Tribunal Internacional Monsanto . Recogiendo el guante del fallecido investigador Andrés Carrasco, se enfocó en las conclusiones del estudio de la salud de 96 mil personas de 27 localidades de cuatro provincias agropecuarias argentinas (Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos).

 

Un tribunal internacional juzgó a Monsanto en La Haya

Entrevista AL DORSO (22.10.2016)

Notas.org.ar

Un tribunal internacional juzgó a Monsanto en La Haya

Víctimas de agrotóxicos, médicos, agricultores, abogados y jueces de todo el mundo se reunieron del 14 al 16 de octubre en La Haya, Países Bajos, en el Tribunal Internacional Monsanto para enjuiciar simbólicamente a la compañía estadounidense por crímenes contra la humanidad. ¿El objetivo? incorporar la figura de “ecocidio” al Estatuto de Roma, que dicta las normas del Código Penal Internacional, sobre la base de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos adoptados por la ONU en 2011.

“La única forma para que Monsanto siga con su negocio es legalizando el genocidio”, dijo en La Haya Juan Ignacio Pereyra, argentino, abogado e integrante de RENAMA, una red que nuclea a municipios y comunidades que fomentan la agroecología. Pereyra explicó a Notas que “si la gente no exige, la Justicia no camina en ninguna parte del mundo. Por eso nos juntamos en este tribunal, para dar a conocer las pruebas de que Monsanto no solo daña masivamente bienes esenciales, sino que causa consecuencias graves, tanto en el ambiente como en la salud, que perduran por generaciones”.

Si bien este tribunal no es un foro judicial que pueda condenar efectivamente, encuentra legitimidad en sus orígenes desde la sociedad civil. Es convocado, entre otros, por la documentalista Marie-Monique Robin y la ecofeminista Vandana Shiva para visibilizar la evidencia científica acerca de cómo Monsanto, ahora aliada con Bayer, impuso una lógica de destrucción del ambiente y de familias enteras, como el alumno más aplicado del sistema neoliberal. François Tulkens, presidenta del jurado integrado por otras dos juezas y dos jueces, reveló que esperaban emitir una “recomendación” hacia fines de este año para que aporte al avance de la legislación internacional en términos de derechos humanos y ambientales.

De los 30 testigos que pasaron por el tribunal, cuatro fueron argentinos: María Liz Robledo, mamá de Martina, que nació con una malformación congénita a causa del contacto con agrotóxicos; Diego Fernández, un productor que centró su alegato en la rentabilidad y sustentabilidad de la agroecología; el ya mencionado Juan Ignacio Pereyra y el único médico latinoamericano del tribunal, Damián Verzeñassi quien, recogiendo el guante del fallecido investigador Andrés Carrasco, se enfocó en las conclusiones del estudio de la salud de 96 mil personas de 27 localidades de cuatro provincias agropecuarias argentinas (Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos).

“Es una muestra realmente significativa. Con toda esa información hoy sabemos que en esas localidades hay una misma forma de enfermar y de morir prácticamente sin diferencias entre unas y otras, que no es la misma que a nivel nacional, ni es la misma que hace 20 años”, explicó Verzeñassi desde La Haya. Y agregó: “Cuando buscamos un factor común entre las localidades encontramos que esas localidades son, desde hace 20 años, territorios de producción de eventos transgénicos dependientes de veneno y que todas las poblaciones coinciden en el tiempo con la instalación de este modelo, por lo que empiezan a aparecer abortos espontáneos, malformaciones congénitas, problemas endócrinos, respiratorios, dermatológicos, y cáncer”.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la OMS, declaró al glifosato como “potencialmente cancerígeno” al ubicarlo en el grado “2A” de la escala de agentes que generan cáncer, pero en el Tribunal se dieron pruebas suficientes como para situarlo en la primera categoría. Es decir, definitivamente “cancerígeno”. “Esto ya no puede pasar desapercibido para la autoridad sanitaria”, se queja -sin exagerar- Verzeñassi para quien sin embargo “lo que define la política en el mundo entero no es la salud pública sino la necesidad del mercado. No tenemos siquiera soberanía para definir como queremos vivir”.

La Asamblea de los Pueblos: problemas y reclamos semejantes en todo el mundo

Mientras se desarrollaba el juicio se escuchaban los debates y las proclamaciones de la Asamblea de los Pueblos, un espacio organizado también en la ciudad holandesa para el intercambio entre activistas ambientales, organizaciones de la sociedad civil, guardianes de la semilla, agricultores, comunicadores y periodistas de India, Brasil, Argentina, Canadá, Italia, Burkina Faso y Australia, por enumerar algunos países. El objetivo fue gestar “las acciones necesarias para un futuro basado en el derecho de los agricultores de conservar e intercambiar las propias semillas, sobre la autodeterminación de la alimentación, sobre la agro-ecología, sobre nuestros bienes comunes y sobre la economía de la solidaridad”, además de los derechos de la naturaleza y la democracia de la tierra, según se publicó en el sitio web oficial.

Ana Bróccoli, ingeniera agrónoma y docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA y asambleísta en La Haya, aseguró que “desde la revolución verde de los 60, y con el auge de los agronegocios que explotó en la década del 90, vemos que la lucha contra las corporaciones nos hermana con los demás países. Tenemos la necesidad de trabajar en conjunto con los campesinos, mantener nuestras identidades, rescatar y compartir conocimientos ancestrales en contrapartida”.

Al calor del debate en contra del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), los asambleístas de este continente asentaron en la llamada “Declaración Latinoamericana” su repudio al agronegocio y a los “actos de biopiratería” que permite el “poder político en su mayoría”. En varios puntos se exhorta a los gobiernos a apoyar el reconocimiento de la figura de “ecocidio” y a cumplir el principio de “no regresión” de las normas de protección ambiental.

Gabriela Franchini – @gabyfranchini

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¿Se viene la nueva Ley de Semillas?

Entrevistas Agronegocios, Extractivismo, Maldesarrollo y extractivismo, Notas Agronegocios, Notas destacadas agronegocios, Notas destacadas extractivismo, Notas Poth, Novedades

Carla Poth 15.10.2016.
Esta semana el Gobierno Nacional presentó el proyecto de ley que intentará regular el mercado de semillas.  La licenciada Carla Poth analiza la problemática económica,  social, política y ambiental que trae consigo un proyecto de ley a la medida de las corporaciones agrarias. 

 

¿Se viene la nueva Ley de Semillas?

Entrevista Al Dorso (15.10.2016)

 

Nota ADJUNTA: 


Por qué hay que rechazar la nueva ley Monsanto de semillas del macrismo

La reforma de la Ley de Semillas que promueve el gobierno de Macri busca reconfigurar los mecanismos de producción y propiedad de las semillas. Una discusión a espaldas de los reales afectados.

Carla Poth (Espacio de Lucha Territorial Río Bravo 22/07/2016)

Hace unas semanas el Ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile comunicó que en breve se haría público el anteproyecto elaborado desde esta cartera para la modificación de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, vigente desde 1973.

Este es uno de los muchos intentos de modificación que, desde 2012, buscan reconfigurar los mecanismos de producción, comercialización y propiedad de las semillas en nuestro país. Una vez más, y como en todos los intentos anteriores, la discusión de este proyecto ha sido generada a espaldas de quienes seremos directamente afectados.

Se podría pensar que la reforma de esta ley de semillas es un cambio más entre las múltiples leyes y programas lanzados para el agro, primero por el kirchnerismo y ahora por las políticas macristas. Sin embargo, observaremos que en este debate hay cosas más grandes en juego. Porque la semilla es uno de los bastiones de un modelo de agronegocio que ha reconfigurado las formas de acumulación del capital en el agro en los últimos 40 años, desplegando nuevas estrategias de explotación y dominación hacia las clases trabajadoras.

¿De qué hablamos cuando hablamos de agronegocio?

El agronegocio es un modelo de producción a escala global que supone la implementación de renovados mecanismos de apropiación de la naturaleza, las semillas y las vidas humanas.

Con una estructura concentrada en pocas empresas que realizan la siembra, recolección, almacenamiento y comercialización, el modelo del agronegocio se constituye en una cadena agroalimentaria que se encuentra controlada por grandes empresas transnacionales productoras de los insumos centrales del modelo agrario: las semillas genéticamente modificadas asociadas a los agroquímicos.

Hoy Monsanto, Dupont, Bayer, Syngenta, Basf y Dow Agrosciences controlan el 60 % del mercado global de semillas y el 76 % del mercado mundial de agroquímicos, definiendo las dinámicas de producción de las regiones agrarias en todo el globo.

En Argentina este modelo se consolidó en 1996 cuando, luego de la generación de una serie de regulaciones para la liberación de semillas transgénicas, Felipe Solá aprobó la soja Roundup Ready, resistente al herbicida glifosato de la empresa Monsanto que se esparció entre los productores.

A partir de allí, en un abrir y cerrar de ojos, este cultivo pasó de sólo 4 millones de hectáreas sembradas, a cerca de 9 millones en la campaña 1997/98, superando las 20 millones de hectáreas en 2015, transformando a la Argentina en el tercer productor mundial de transgénicos, luego de Estados Unidos y Brasil, con más de 30 nuevas semillas genéticamente modificadas para el uso agrario (de soja, algodón, maíz y papa). Todas ellas tolerantes a agroquímicos.

El resultado de esta expansión ha sido la eliminación de más de dos millones de hectáreas de bosques nativos, la sustitución de cultivos centrales para nuestra alimentación como el girasol, y el desplazamiento de la ganadería, y el consecuente encarecimiento de los alimentos. Ha consolidado un proceso migratorio de los pequeños productores agrarios expulsados de sus tierras hacia los cordones más pobres de las grandes urbes y ha eliminado sistemáticamente el empleo rural (requiere de dos trabajadores por cada 500 has de producción) contribuyendo a su precarización.

Finalmente ha construido un genocidio silencioso que afecta a un tercio de la población argentina (13 millones de habitantes de áreas rurales) con enfermedades como alergias, cáncer, abortos espontáneos y deformaciones.

El agronegocio como política de Estado

Este modelo se ha expandido, consolidado y profundizado a través de una serie de políticas de Estado que, desde la década del 90, muestran la connivencia sistemática de los diversos gobiernos con el agronegocio.

Ayer fueron Néstor Kirchner y Cristina Fernandez los presidentes que, con el Programa Estratégico Agroalimentario 2010-2020 buscaban incrementar las hectáreas y toneladas producidas. Fueron quienes perpetraron la represión constante a las comunidades indígenas Qom que reclamaban sus territorios expropiados para la producción sojera.

Ellos promovieron la constitución de un sistema científico (con Lino Barañao como Ministro de Ciencia y Tecnología) que promovió la producción de semillas transgénicas según las necesidades de las grandes empresas biotecnológicas, consolidó la privatización del conocimiento a través de convenios y patentes y persiguió a los investigadores que denunciaron las enfermedades provocadas por este modelo. Fueron la cabeza de un gobierno que permitió los sicarios que asesinaron a Cristian Ferreyra, luchador campesino.

Hoy Mauricio Macri es el presidente que ha incentivado la expansión del modelo a través de la reducción de las retenciones agrarias que han garantizado la multiplicación de las ganancias concentradas. Es el presidente que apuesta, a través de la ratificación del ministro kirchnerista, a la continuidad de una ciencia que siga callando una verdad a voces: la ganancia se las llevan unos pocos, la enfermedad, el hambre y la muerte nos las quedamos nosotros. Es el presidente que se ufana de insertarnos al mundo, obligando a profundizar los mecanismos de expropiación de nuestros recursos, consolidando más derechos de propiedad intelectual. Es el presidente que busca acabar la tarea iniciada hace cuatro años: reformar definitivamente la ley de semillas al dedillo de las grandes corporaciones.

Por qué es una necesidad decirle NO a la nueva ley de semillas

Si el proyecto presentado por el Ministerio de Agricultura se aprobara, este modelo de producción encontraría las bases para continuar expandiéndose. Y con ello, la posibilidad de generar alimentos de una manera económica, política y ecológicamente sustentable habría desaparecido.

Esta ley erosionaría el derecho de los productores de guardar sus propias semillas, volviendo ilegales prácticas campesinas milenarias, ejerciendo el poder de policía sobre la diversidad alimentaria. Así, esta red que ha sido la fuente de más del 70% de la comida que consume la humanidad, el sustento básico de las clases trabajadoras y los más pobres de este mundo, sería desarticulada.

Y con esto, nuestra soberanía alimentaria, entendida como el derecho a una alimentación sana, equilibrada, suficiente y culturalmente apropiada, sería una reivindicación sin futuro. La posibilidad de pensar en un mundo de igualdad y sin cadenas, se vería en el tacho. Porque mientras las clases explotadoras tienen dinero para comprarse alimentos sumamente costosos sin agrotóxicos; nosotros, que a duras penas llegamos a fin de mes, tenemos que comer los alimentos fumigados con más de 300 millones de litros de agrotóxicos al año. Mientras ellos pueden elegir vivir sanamente, las clases trabajadoras enfermaremos y moriremos con glifosato en sangre (entre otros agrotóxicos como glufosinato, 2-4D, etc) y seguiremos comiendo esos millones de litros de venenos, que encontramos en las verdulerías, en los kioscos, en los comedores de escuelas.

La lucha contra la privatización de las semillas es mucho más que la lucha contra el agronegocio. Es mucho más que la lucha por un ambiente sano, o por el resguardo de la semilla. Es la lucha contra un sistema capitalista que busca oprimirnos, controlarnos y dominarnos, imponiendonos formas de enfermar, y de morir, haciendonos descartables. Es la lucha por nuestra propia vida, la de nuestros compañeros y nuestros hijos.

Por esto, decirle no a la reforma de la ley de semillas requiere del trabajo y el esfuerzo mancomunado de todas nuestras fuerzas políticas. Las luchas de las Madres del Barrio de Ituzaingó Anexo, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, de la Asamblea Malvinas lucha por la vida, las organizaciones campesinas y los cientos de asambleas y organizaciones, en nuestro país y en todo el continente, nos vienen marcando el camino para avanzar en la construcción de formas productivas y políticas emancipatorias. Las experiencias de Colombia, Chile y Perú, que ya rechazaron las reformas a sus leyes de semillas, nos muestran que la unidad de la fuerza lleva a buenos puertos.

Es nuestro desafío y responsabilidad trabajar en las escuelas, en las universidades, en los barrios, en las fábricas, en las calles en pos de comprender que alimentarse debe ser un sinónimo de alimentarse sanamente, que decidir qué comer es también un acto político en el que se ponen en juego formas de explotación… o formas de emancipación. La lucha de clases debe contener, problematizar y enriquecer estas cuestiones que se vuelven centrales para la subsistencia de las clases trabajadoras. Porque de este principio depende, incluso, nuestra propia capacidad de seguir luchando por un mundo sin cadenas.

* El Espacio de Lucha Territorial Río Bravo forma parte de la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas (noalanuevaleymonsantodesemillas@gmail.com)

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