Reordenamiento territorial y ley de bosques

Entrevistas Agronegocios, Extractivismo, Maldesarrollo y extractivismo, Notas, Notas Bonasso, Notas destacadas agronegocios, Notas destacadas extractivismo, Novedades

Miguel Bonasso 02.07.2016.
«El Gobierno de Macri viola sistemáticamente la Ley de Bosques», afirmó Miguel Bonasso en Al Dorso. Ante las recientes sanciones de leyes provinciales tendientes a realizar un nuevo reaodenamiento territorial con vistas a extender la frontera sojera, Miguel Bonasso recuerda el constante incumplimiento de la Ley de Bosques en beneficio del extractivismo agrario que padece la Argentina.  


Reordenamiento territorial y ley de bosques

Al Dorso (02.07.2016) 

 

 

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¿MINERA SAN JORGE METE LA CUCHARA?

Extractivismo, Maldesarrollo y extractivismo, Megaminería, Notas destacadas megamineria, Notas Megamineria

Federico Soria 15.06.2016.
¿Por qué Minera San Jorge estaría interesada en que la zona donde proyecta su explotación megaminera sea considerada como parte de la cuenca del Río San Juan?

 

¿MINERA SAN JORGE METE LA CUCHARA EN LOS RELEVAMIENTOS DEL INVENTARIO NACIONAL DE LA LEY DE GLACIARES?

 Federico Soria

La Ley Nacional 26.639 (Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial) fue un logro de varios años de lucha popular, derrotero que incluyó levantar el nefasto veto presidencial a la ley anterior (Nº 26.418 que era similar) firmado y defendido por la ex-presidente Cristina Fernández, a instancias de la corporación Barrick Gold, puesto que la ley expresamente prohíbe la minería dentro de su ámbito de aplicación, o sea, los ambientes glaciares y periglaciares (Art. 6º, inc. c). De ahí que esta maniobra haya sido denominada “veto Barrick Gold” y que uno de los abogados detrás de su diseño haya sido Francisco Pérez, ex asesor letrado de Barrick Gold y luego Gobernador de Mendoza, puesto a dedo por la ex-presidenta, llevándose por delante a todo el peronismo mendocino.
Una vez sancionada la Ley de Glaciares, hubo que comenzar una nueva lucha: hacerla aplicar y que se lo haga correctamente. Evidentemente su implementación golpea directamente a la megaminería, uno de los intereses corporativos más grandes que opera en Argentina, de la mando del Estado, que en las últimas décadas se asoció y defendió esos intereses incluso con el uso de la fuerza pública, mediante la represión y la criminalización de la protesta social.

La aplicación en todos sus términos de la Ley de Glaciares implica lisa y llanamente que dentro de su ámbito de aplicación, explotaciones megamineras activas deben dejar de funcionar o aquellas proyectadas deben ser canceladas definitivamente, como por ejemplo Veladero, Pascua Lama, El Pachón, Agua Rica, etc. Esto está así dispuesto incluso por la propia ley (Art. 15º, párrafo 3º). Desde ya, esto no ha sucedido.
La Ley de Glaciares crea el “Inventario Nacional de Glaciares” (Art. 3º), disponiendo que el mismo debe contener la información registrada “de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial” (Art. 4º), y que el inventario “será realizado y de responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley” (Art. 5º), recordando además que tal autoridad es “el organismo nacional de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental” (Art. 9º), actualmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

La ley dispone además que el Inventario Nacional de Glaciares y ambiente periglacial “deberá comenzar de manera inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6º, se consideren prioritarias. En estas zonas se deberá realizar el inventario definido en el artículo 3° en un plazo no mayor de CIENTO OCHENTA (180) días” (Art. 15º párrafo 1º). Esto desde ya tampoco fue así, ya que no se cumplió el plazo y tampoco el IANIGLA comenzó por esas zonas, sin dar el IANIGLA las explicaciones correspondientes de este incumplimiento del cual son “responsables” tal como lo determina la ley (Art. 5º) .

Así las cosas, el IANIGLA comenzó con Inventario Nacional de Glaciares, realizando de a poco los relevamientos, con trabajo de gabinete en base a imágenes satelitales de alta resolución, validada luego con relevamientos de campo, en un trabajo que debe desatacarse como muy bueno desde lo técnico. Este trabajo luego pasa por una validación técnica internacional y se publica en la webhttp://www.glaciaresargentinos.gob.ar/

Tal como lo dispone la ley, el inventario se dividió por regiones, cuencas y subcuencas y así están siendo publicadas las diferentes zonas que se van relevando, las que se presentan con un informe y un mapa donde figuran todas las formas glaciares. Sin embargo, hasta ahora, en las zonas trabajadas no han sido relevados los ambientes periglaciares, sin dar el IANIGLA una explicación concreta tampoco respecto de los motivos de esta exclusión.

Las publicaciones del relevamiento comenzaron por el norte de la Provincia de Mendoza y el sur de la Provincia de San Juan, donde a primera vista salta un error grosero que no sabemos a ciencia cierta si es o no intencional. Nosotros tenemos indicios que sí lo es: en el Inventario Nacional de Glaciares, la subcuenca de Yalguaraz, en la Provincia de Mendoza, figura como parte de la Cuenca del Río San Juan, subcuenca de Ansilta, cuando es claro que (a pesar de poseer un escurrimiento superficial endorreico) forma parte de la Cuenca del Río Mendoza. De hecho, la demarcación del Límite Interprovincial entre Mendoza y San Juan (que históricamente estuvo enmarcada en conflictos por las diferencias entre las pretensiones territoriales de cada una), terminó de ser acordado por la divisoria de agua entre ambas cuencas, conforme lo establecido en la Ley Nacional 22.200.

Este error tal vez pasaría desapercibido, de no ser por el detalle no menor de que en esa zona está proyectada la explotación megaminera de San Jorge, que fuera rechazado por la histórica Audiencia Pública realizada en Uspallata el 25 de octubre de 2010 y por votación unánime en la Legislatura Provincial, el 24 de agosto de 2011.
Tampoco podemos dejar de pasar por alto que algunos investigadores del IANIGLA tienen intereses concretos en el negocio de la megaminería, ya sea haciendo trabajos de consultoría para estas corporaciones o siendo incluso dueños de concesiones mineras. Esto es sin lugar a dudas una incompatibilidad concreta para el ejercicio de la función pública, ya que en algunos casos los mismos profesionales que deben determinar hasta donde llega la aplicación de la Ley de Glaciares, que prohíbe la minería, al mismo tiempo tienen intereses económicos millonarios en dichas áreas.
De todos los casos detectados con este tipo de irregularidades, destacamos los casos de Lydia Espizua, quien firma como coordinadora en algunos de los relevamientos de la Ley de Glaciares y al mismo tiempo es dueña (junto con su marido, Jorge Bengochea) del proyecto megaminero Cerro Amarillo, ubicado en zona glaciar y periglaciar (cuyo relevamiento aún no fue publicado por el IANIGLA, pero curiosamente sí por el CEDHA); y el de Viviana Rubinstein, que fue vicedirectora del IANIGLA durante los primeros años en que se realizó el inventario de Glaciares, siendo al mismo tiempo dueña (junto con su esposo, Martín Carotti) de varias concesiones mineras, entre las que destacan decenas de ellas que conforman el proyecto megaminero Santa Clara, que fuera explorado a comienzo de los años ‘90, impactándose directamente sobre ambiente actualmente protegido por la ley. El dato no menor, es que las concesiones mineras de estas investigadoras del IANIGLA figuran entre los proyectos megamineros considerados «prioritarios» por la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, entidad corporativa de la cual sus esposos y socios comerciales conforman el directorio.

Consideramos vital dar a conocer esta información en este momento, en que a pesar de que la explotación megaminera fue rechazada por la Legislatura y el Pueblo de Mendoza, las corporaciones y el gobierno aún pretenden llevarla adelante imponiéndola sin licencia social y burlando el espíritu de la Ley Provincial 7722.
Desde que el presidente de la franquicia local de Minera San Jorge, Fabián Gregorio, fue designado hace unos meses en el gabinete de la Secretaría de Minería de la Nación, el lobby corporativo por la explotación de San Jorge se trasladó a Buenos Aires, contagió a los referentes nacionales del empresariado del rubro y aportó una presión extra al Gobierno de Mendoza, que durante la Gestión de Alfredo Cornejo, no mostró una postura concreta al respecto, ni por sí ni por no, a pesar de que tiene sobrados argumentos legales para mandar definitivamente a archivo el proyecto, tal como oportunamente ordenara la Legislatura de Mendoza, con lo cual su indefinición al respecto es a todas luces tan injustificable como la aprobación de dicha mega-explotación.
Las acciones llevadas adelante en las últimas semanas, conjuntamente por el lobby de la megaminería y la Municipalidad de Las Heras en la localidad de Uspallata dan cuenta de ello; como por ejemplo, el fraude perpetrado por el intendente Daniel Orozco, su secretario de gobierno, Raúl Villafañe, y los concejales, a la ordenanza ambiental-minera presentada por los Vecinos Autoconvocados; así como las recientes donaciones realizadas por Minera San Jorge a la municipalidad de Las Heras, mediante el pago de compras al municipio con cheques de la minera en comercios locales, acción que fuera defendida por el propio intendente Daniel Orozco, en declaraciones públicas realizadas en medios locales, y que provocara el repudio de la población.

¿Por qué Minera San Jorge estaría interesada en que la zona donde proyecta su explotación megaminera sea considerada como parte de la cuenca del Río San Juan?

Conviene recordar que la subcuenca de Yalguaraz forma parte de la cuenca del Río Mendoza, ya que si bien el escurrimiento superficial es endorreico, se desconoce la dinámica hidrológica subterránea. Más allá de eso, el sitio puntual donde ha de localizarse la Mina San Jorge no está en esta zona de escurrimiento superficial endorreico, sino en un área que escurre directamente al Río Mendoza, a través del Arroyo Uspallata. Minera San Jorge ha negado en todo momento esta condición, negación también avalada por el propio Gobierno de Mendoza que aprobó el Informe de Impacto ambiental, sin embargo profesionales y conocedores del lugar han dado cuenta que no es así y que esta condición puede apreciarse a simple vista a través de la interpretación de imágenes satelitales de la zona.

Esto también tiene que ver con el renovado interés del Gobierno de San Juan en desarrollar la explotación con una modalidad biprovincial, dada la cercanía del mismo al límite, extrayendo la roca en Mendoza, trasladándola y procesándola en San Juan. Asociado a ello, está la pavimentación de la Ruta Nacional 149 (que une Uspallata con Barreal) que permitiría traer insumos de Chile para la megaminería y exportar el mineral extraído; obra que, oh casualidad, fue interrumpida coincidentemente en el mismo tiempo en que fue rechazado en la Legislatura el Informe de Impacto Ambiental de Minera San Jorge; y ahora el Gobierno de San Juan vuelve a manifestar tal interés, al punto de presionar a su par de Mendoza para que termine la obra, que no tiene ningún interés en llevarla adelante.

Luego del rechazo social y legislativo, Minera San Jorge decidió como política empresarial adoptar un perfil bajo y realizar sus nuevos acuerdos en las sombras: no tiene página web, no realiza comunicados y las notas a la prensa son muy escasas y dadas exclusivamente por los nuevos dueños rusos de la firma. Consideramos que este «error» de situar la subcuenca de Yalguaraz como parte de la Cuenca del Río San Juan se inscribe en ese contexto.

Para terminar definitivamente con la amenaza de Minera San Jorge y todas sus maniobras, los Vecinos de Uspallata hace ya varios años que exigen que la zona sea declarada Área Natural Protegida en el marco de la Ley Provincial 6045, para lo cual han presentado un proyecto de ley en la Legislatura de Mendoza, el cual exigen sea sancionado con el texto original presentado por los vecinos.

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Aranguren, el fusible de los CEOs

Extractivismo, Fracking, Maldesarrollo y extractivismo, Notas destacadas extractivismo, Notas destacadas fracking, NOTAS Fracking, Novedades

Felipe Gutiérrez 16.06.2016.
El lunes 6 varios barrios de Buenos Aires amanecieron cubiertos de afiches con la cara del ministro de Energía, Juan José Aranguren, y un mensaje que decía: “Y tú te vas, te vas, te vas”.

 

Aranguren, el fusible de los CEOs


Por Felipe Gutiérrez  (16.06.2016) | Observatorio Petrolero Sur

El lunes 6 varios barrios de Buenos Aires amanecieron cubiertos de afiches con la cara del ministro de Energía, Juan José Aranguren, y un mensaje que decía: “Y tú te vas, te vas, te vas”. Los afiches, que no llevaban firma, fueron el punto más alto de una campaña que se había iniciado algunas semanas atrás, fuertemente agitada por los medios hegemónicos. A través de estos se hablaba de un quiebre en el gabinete macrista, en donde el ex CEO de Shell habría quedado aislado -a tal punto que habría presentado su renuncia en dos ocasiones- debido a que desde el gobierno se lo culpaba de haber planificado mal las subas de gas y electricidad, volviendo a agitar el fantasma de la conflictividad social. El objetivo de ese discurso no era otro que desviar la atención sobre la mala política energética hacia su principal responsable. Así, el tarifazo podía explicarse no como una política de Estado, sino como un mal cálculo de Excel del ministro Aranguren, convertido en un fusible que en el momento más conveniente puede saltar.

La cronología del tarifazo se inicia el 25 de enero, cuando a través de la Resolución 6/2016 se retoma un definición de precios del Mercado Eléctrico Mayorista en base a criterios económicos, tomando como referencia el precio sin subsidio a $1.427 por megavatio/mes, lo que en la práctica significó un aumento del 345%. Esta medida fue acompañada de otras subas, como la de las naftas, que en mayo acumularon una alza de 31% en 5 meses. Si la implementación del aumento de los combustibles fue gradual (6% en enero, marzo y abril, más el 10% de mayo), con el gas la política fue directamente de shock. El gobernador chubutense Mario das Neves mostró boletas con un aumento de 1800% en su provincia, durante una reunión entre Aranguren, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y los gobernadores patagónicos.

El objetivo de fondo del tarifazo es mantener los programas de estímulo a las empresas operadoras, a través de una transferencia de US$4 mil millones pagados por las y los usuarios y ya no por el Estado. En materia de precios la ruptura con la política de precios del kirchnerismo es evidente. A través de subsidios estatales las boletas de luz, agua y gas estuvieron virtualmente congeladas durante una década. Sin embargo, el plan macrista sostiene dos lineamientos del kirchnerismo.

El primero es el estímulo a las operadoras, que tuvo su inicio en 2008 con el Programa Gas Plus que posteriormente sería complementado con otros planes de incentivo a la extracción. En sintonía, el 18 de mayo el Ministerio de Energía creó el Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural. En el texto de la resolución su objetivo es bastante explícito: “resulta necesario continuar con los programas impulsados con miras a incrementar en el corto plazo la producción de gas”, consigna. De este modo las empresas que no hubieran sido beneficiarias de los anteriores planes de estímulo, recibieron el compromiso del Estado de ser compensadas hasta alcanzar el valor de 7,5 dólares el millón de BTU “en el caso que el beneficiario no hubiera recibido dicho valor por la venta del gas en el mercado interno” (Resolución 74/2016). Este anuncio fue acompañado por un alza de los precios del “gas viejo” en boca de pozo [Los programas estímulo durante el kirchnerismo estaban destinados a la perforación de nuevos pozos o la reactivación de los que estaban paralizados. Si bien el macrismo le da una continuidad a esa política, también subió los precios para los pozos que ya están en producción].

Por otra parte, el sostenimiento de los valores pagados a las operadoras mediante el incremento a los y las usuarias fue la base de la política de precios de combustibles que sostuvo el Estado Nacional desde la renacionalización parcial de YPF en 2012. Entre mayo de ese año y diciembre de 2015 se aplicaron 24 aumentos de precios a los productos de YPF, lo que significó una suba de, por ejemplo, un 137% de la nafta súper en Capital Federal, mientras que en Mendoza el aumento fue de un 154%. [Si bien el desacople de los precios es una política que viene desde el fin de la convertibilidad, la baja del precio del petróleo en 2014 revirtió su sentido: si hasta entonces mantenía a nivel interno precios inferiores al internacional, esta relación se ha invertido para asegurar rentabilidad a las operadoras e ingresos a gobiernos provinciales en tiempos de Vaca Muerta].
Si bien la suba es similar a la del dólar, va totalmente en contra de los precios internacionales del barril de petróleo que, según el indicador de referencia WTI, era de US$106,1 en mayo de 2012 y de US$41,8 en diciembre de 2015, cuando asumió Macri. De este modo, el gobierno de Cristina Fernández desacopló el petróleo del valor internacional, creando el “barril criollo”, uno de los más caros del mundo. Su objetivo era sostener el efímero “boom de Vaca Muerta” que se vio fuertemente amenazado por la baja del precio del petróleo. No solo los puestos de trabajo sino que la totalidad del proyecto -principal y casi única salida a la crisis energética que esbozó el kirchnerismo- estuvo en entredicho debido a que por sus fuertes costos es “marginalmente rentable” solo con un barril a US$84, en palabras de Galuccio. Según cálculos realizados por el diario Rio Negro, esta transferencia de los consumidores a las petroleras significará unos US$ 6 mil millones durante 2016 (Rio Negro, 17/01/2016).

“Es la política, pavote”

La reacción al tarifazo comenzó en los lugares más fríos del país. El 25 de mayo cerca de 3 mil personas marcharon bajo la lluvia en Bariloche para manifestarse en contra de las subas. Días antes habían presentado un amparo con más de 32 mil firmas, buscando retrotraer las tarifas al valor de marzo. Similares acciones legales se repitieron en todo el país. También reaccionaron otros sectores como el comercio y la industria, que según la Unión Industrial Argentina (UIA) perderían unos 200 mil puestos de trabajo producto de la suba de los servicios. Y aunque Aranguren sostuvo que este era un reajuste gradual y no un shock, a los trabajadores de la recuperada cerámica Zanon no les quedó tan claro eso cuando llegaron las facturas de gas (que aumentó de $ 700 mil a casi $ 8 millones en un mes) y electricidad, (de $ 360 a $ 800 mil) teniendo que destinar cerca de 9 millones de pesos a servicios; el triple de lo que la gestión obrera reparte como sueldos.

De manera tardía, a comienzos de mes, el gobierno retrocedió en algunas de las medidas: puso un tope de 400% a la suba en el sector residencial y 500% en el comercio. En el interin una serie de declaraciones públicas tanto desde el gobierno como de la oposición, así como la filtración de un supuesto acorralamiento del gabinete al ministro, buscaban situarlo a Aranguren como único responsable del tarifazo. A esto abonaban sus antecedentes: no sólo proviene de Shell, sino que es sinónimo de Shell Argentina. Luego de trabajar 37 años ahí, recibió $16 millones en acciones de la multinacional, que casualmente tuvo amplios beneficios con el nuevo gobierno. Primero porque su filial Shell Western se adjudicó siete de las ocho licitaciones de contratos de barcos de gasoil para este invierno; y luego por el contrato de compra de gas a Chile -que a su vez se lo compra a la British Gas, empresa de Shell- a US$ 6,9 el millón de BTU, un 128% más caro que el gas boliviano. Aranguren se defendió señalando que no hay incompatibilidad pues sus acciones son de Shell Internacional y no de su filial Argentina y que todas las decisiones que involucraron a operadoras, fueron firmadas por subalternos. A estos antecedentes se suma su particular estilo de afrontar el conflicto, como cuando justificó las subas frente al Intendente de San Martín, diciendo que “tenía una planilla de Excel que cumplir”.

En efecto la planilla fue llenada de manera particular. Arrojó subas similares en hogares de ingresos muy dispares sin considerar que este aumento golpea distinto a los presupuestos familiares, aún cuando porcentualmente sea lo mismo. De igual manera con las empresas, mientras las grandes pueden recomponer su presupuesto a partir de la suba de los servicios, el impacto sobre los empleos en las medianas y pequeñas es mucho mayor. Aún más gráfico es que no se hayan tenido consideraciones geográficas para limitar las subas, tomando en cuenta las grandes diferencias de temperatura en una punta del país y la otra. Sin embargo, el problema no pasa por una mala planificación -aunque el tarifazo demuestre los límites de la política de Excel- ni solo porque el ministro sea un representante de las empresas -aunque los riesgos están a la vista y siendo denunciados penalmente– si no que tiene que ver con una abierta política de beneficio (“estímulo”) a las grandes corporaciones con el objetivo de atraer capitales.

Ese proceso puede ser rastreado en las políticas de fomento al extractivismo, pilar económico de la gerencia macrista. La trilogía aumento de los subsidios a las petroleras + quita a las retenciones al campo ($16 mil millones en 2015) y la minería ($3300 millones) + fin del cepo, evidencia una política orientada a asegurar la estabilidad financiera de los sectores concentrados que controlan las principales actividades extractivas del país, con particular énfasis en la exportación. En ese sentido hay una suma de decisiones que son ideológicas y que van más allá del problema de pesos más o pesos menos.

Esta concepción quedó en evidencia cuando el Ministerio de Energía lanzó los pliegos de lo que será la licitación de proyectos de energía renovables. El modelo elegido busca la construcción de megaproyectos y las condiciones entregadas solo pueden ser cumplidas por las grandes corporaciones internacionales de la materia. No solo el modelo extractivo del macrismo, sino el que lo sustenta, el energético, busca ser concentrado y de alto impacto socioambiental.

Volver al mundo

En esa misma línea está la importación de gas por Chile, que es un negocio caro y no demasiado relevante para el escenario energético nacional. Sin embargo sus razones se explican más allá del posible enriquecimiento indirecto que le puede generar a un ministro. El negocio no está solo en el gas sino en a quién se le está comprando, en este caso a Chile, país que es visto como modelo por la administración macrista, en particular por su apertura comercial. El ministro de Energía chileno, Máximo Pacheco destacó que la firma del acuerdo es el “inicio de una nueva etapa en la integración energética entre Chile y Argentina”. Macri viajará a ese país durante la primera semana de julio para sumarse como observador en la reunión de la Alianza del Pacífico, instancia multilateral conformada por México, Colombia y Perú, además de Chile, que se ha transformado en el principal espacio regional de interlocución con EEUU. hasta el punto de sumarse al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) a través del cual Washington pretende aumentar su influencia en la región.

Aunque por el momento el Mercosur seguirá siendo la principal referencia continental de Argentina, remplazar gas boliviano por la importación desde Chile es una señal muy clara. En última instancia Macri pretende sumarse al TPP, para abrir una nueva época de acuerdos comerciales. Además, antes de ir a Chile, participará en un foro empresarial en Colombia, y después se embarcará a Bélgica para agilizar las negociaciones de un posible Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, gestiones que hasta antes de su victoria electoral estaban congeladas. La movida chilena, entonces, no es un abandono del espacio Mercosur, sino una diversificación de mercados (antes les llamábamos países).

Es este marco político el problema que se plantea hoy en materia energética, donde la permanencia de Aranguren no es anecdótica, pero su eventual destitución sí. En definitiva, el problema no es que Aranguren tenga poco tacto político, como dice Clarin, ni solo es problemática su incompatibilidad para ejercer cargos públicos. El fondo del asunto es la reorientación extractiva de Macri que, como escribió en su Facebook, se prepara para esa “Argentina que viene”, que “vuelve al mundo

 

 

 

 

 

 

 

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Barrick Gold y el silencio ante el derrame

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Juan Pablo Parrilla. 
Según el documento, nunca se va a saber la verdad sobre la dimensión y el impacto ambiental del derrame por la «falta de transparencia» de Barrick Gold y los encargados de controlar. En el aire quedaron doce preguntas que Barrick Gold todavía no respondió.

 

Las 12 preguntas que Barrick Gold todavía no respondió sobre el derrame de cianuro

Por  Juan Pablo Parrilla

El experto Roberto Moran presentó las conclusiones de su pericia: Veladero viola la ley de Glaciares y está degradando las aguas subterráneas. ¿Hubo una maniobra de ocultamiento? Barrick Gold trató de frenarlo. El abogado León Arslanián, que defiende al procesado ex CEO de la minera, Guillermo Caló, presentó un recurso para que el experto Roberto Moran no suba a Veladero, en San Juan, donde entre el 12 y 13 de septiembre pasado se derramaron millones de litros de solución cianurada al río Potrerillos. Pero la estrategia fracasó. Fue la primera vez que un perito independiente pisó la mina. Y el martes presentó sus conclusiones en el expediente que tiene a cargo el juez federal Sebastián Casanello.

Según el documento, nunca se va a saber la verdad sobre la dimensión y el impacto ambiental del derrame por la «falta de transparencia» de Barrick Gold y los encargados de controlar. El especialista también concluyó que Veladero viola la ley de Glaciares y que está contaminando las aguas subterráneas. Pero en el aire quedaron doce preguntas que Barrick Gold todavía no respondió.

¿Por qué oculta los datos sobre metales pesados en el agua?

Barrick Gold había recogido sistemáticamente desde el inicio de sus operaciones información sobre la calidad del agua, pero luego del derrame sólo puso a disposición del público los valores referidos al cianuro libre y total, y al mercurio, omitiendo cientos de sustancias tóxicas. «Tengo muchas preocupaciones acerca de la escasez de datos que se han hecho públicos», confesó Morán.

¿Qué había en la solución derramada?

La solución cianurada, conocida técnicamente como solución PLS, suele tener una mezcla extremadamente tóxica de numerosas formas de cianuro y de cientos de componentes químicos, como aluminio, arsénico, cadmio, plomo, mercurio, níquel, plata, boro y uranio. Sin embargo, Barrick Gold nunca publicó cómo estaba compuesta la solución derramada. La única información que se tiene es una medición que supuestamente realizó la consultora externa AMEC, pero que en realidad se basó en los datos aportados por la propia Barrick Gold. Según Morán, esos análisis sólo informan «el pH y la conductividad, y las concentraciones de 11 componentes químicos», dejando afuera «la mayor parte de los componentes potencialmente tóxicos».

Por otra parte, el perito sostuvo que el hecho de que el informe se basara en una medicación realizada cuatro días después del derrame podría tener como objetivo que no se sepa la composición original de la solución.

¿Dónde están los sedimentos contaminados?

Como ya había advertido una pericia de la Policía Federal, Morán recalcó que cuando llegaron los primeros observadores externos a Veladero después del derrame, los sedimentos contaminados ya habían sido excavados y llevados a algún lugar, pero que no brindó detalles sobre el proceso y se limitó a «informar que fueron eliminados en las pilas de lixiviación».

¿Por qué estaba abierta la compuerta por la que se produjo el derrame?

En teoría, la compuerta del Canal Norte que debería haber estado cerrada estaba abierta el día del derrame porque la pileta de contingencia estaba cerca de sus límites y no podía seguir recibiendo agua. Sin embargo, según Morán, «los niveles de escurrimiento deberían ser relativamente bajos durante el invierno», por lo que esa pileta no tenía porque estar próxima a llenarse. La incertidumbre alimenta la idea de que Veladero podría haber estado siendo sobreexplotada.

¿Cuánta agua consume Veladero?

La zona es extremadamente seca. En la localidad de Jáchal llueve, en promedio, 14 centímetros por año. Sin embargo, Veladero tiene permiso para usar 100 litros por segundo de las aguas superficiales del Río Las Taguas y otros 10 litros por segundo de pozos poco profundos. Durante su declaración judicial, el manager de proceso de Veladero, Emiliano Campanella, afirmó que actualmente utilizan sólo el 70% de los volúmenes de agua permitidos, pero a Morán le llamo la atención que los reguladores y los entes de control «no tienen la autoridad y/o capacidad de verificarlo de forma independiente».

En esa línea, subrayó que a más de 10 años del comienzo de operaciones de la mina, Barrick Gold todavía «no presentó ningún documento público detallado sobre el saldo real de agua». De hecho, aclaró que él lo solicitó y no se lo dieron.

¿El derrame afectó la salud de los empleados de Veladero?

Morán advirtió que una vez liberada la solución cianurada en el Canal Norte, esta «habría empezado a reaccionar químicamente con los sedimentos locales, liberando elementos volátiles en el aire». El problema es que parte del cianuro disuelto se habría convertido en un gas tóxico, cianuro de hidrógeno, que es el agente letal usado a menudo en las cámaras de ejecución de presos y que también fue utilizado en los campos de exterminio nazi. Al respecto, Morán se preguntó si los trabajadores -que en teoría no estaban al tanto del derrame al detectarlo- llevaban ropa protectora y respiradores, y si tuvieron consecuencias negativas en su salud.

¿Dónde están los datos que permitirían evaluar el impacto ambiental?

Los estudios de línea de base son los que se realizan antes del inicio de las actividades mineras para ser comparados con mediciones posteriores y evaluar su impacto ambiental. Pero en el caso de Veladero, para Morán, los datos «son inadecuados» ya que los hizo Barrick Gold y «no son estadísticamente fiables». Además, «sólo contienen mínimos y máximos de las concentraciones, pero no los detalles necesarios para interpretar los datos». Aún así, Morán aventura que Barrick Gold posee los detalles, pero no los hace públicos. Infobae los solicitó infructuosamente en varias ocasiones.

¿Por qué el protocolo que aplica Barrick Gold para manipular cianuro no frenó el derrame?

La minera suele sacar «chapa» de que el personal de Veladero se apega a los procedimientos del Instituto Internacional de Manejo del Cianuro. Lo que no suele aclarar es que el código que creó el organismo fue desarrollado y financiado por la industria minera y los proveedores de cianuro. «Es evidente que no logró impedir el derrame», redundó Morán.

¿Por qué el personal de la consultora externa no participó de las mediciones?

AMEC es una de las consultoras externas con las que trabaja Barrick Gold, que le da un aparente aire de independencia a sus evaluaciones, pero su personal no intervino en los relevamientos de agua y sedimentos posteriores al derrame. Morán fue muy duro con su trabajo. Aseguró que sus hallazgos «se basan en un gran número de supuestos simplificadores», «es incapaz de considerar los riesgos reales» y en algunos casos su tarea «es tan limitada y simplista como ridícula». Conclusión: «AMEC hace varios pronunciamientos en relación con el comportamiento ambiental del cianuro que son engañosos e incorrectos».

¿Qué hace Barrick Gold para proteger el ambiente periglacial y las aguas subterráneas y superficiales?

Morán destacó que las pilas de desmonte están construidas «directamente sobre la parte superior de los sedimentos periglaciares, sin ningún tipo de revestimiento por debajo» lo que se traduce en que «el drenaje cargado de contaminantes ácidos de estas pilas está entrando en las aguas superficiales y subterráneas». Asimismo, Morán indicó que «las pilas de desecho de roca están generando drenaje ácido» y que «estas aguas cargadas de contaminantes han descargado en las aguas superficiales y zonas aledañas desde hace años». Conclusión: «Estos drenajes de roca de desechos contaminados están degradando la calidad de las aguas subterráneas en los sedimentos periglaciares locales que tienen una conexión hidrogeológica con las aguas superficiales».

¿Por qué Barrick Gold se opuso a los controles independientes?

Morán cree que nunca se va a saber la verdad de lo que ocurrió, entre otras cosas, porque Barrick Gold controla el acceso a la mina y la información técnica. Sin embargo, el experto consideró que los informes de la minera y los de sus propios consultores «presentan una impresión errónea e incompleta del derrame y su impacto».

En ese sentido, dejó en claro que «toda la información de los primeros días después del derrame provino» de Barrick Gold.

Incluso advirtió que la metodología que usaron los organismos de la ONU que tomaron muestras apeló a «un enfoque muy extraño» y que la mayoría de los informes tienen tantos errores de forma que jamás podrían haber concluido que no hubo impacto ambiental, sino todo lo contrario, que hubo cambios significativos.

¿Dónde están las fotos?

Moran aclaró que el derrame debe haber sido documentado con fotografías aéreas e imágenes satelitales, pero que no le acercaron ninguna durante su visita a la mina.

 

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