Al Dorso 29.10.2013.
El Congreso Nacional dio media sanción al Proyecto de Ley sobre Contrataciones y Asociaciones Público Privadas (PPP) que pretende regular la participación del sector privado en el desarrollo de la obra pública y en las distintas contrataciones que realice el Estado. El polémico proyecto es resistido por amplios sectores políticos porque privilegia en demasía el interés privado en detrimento del bien público.
Privatización de la obra pública
Al Dorso (29.10.2016)
El Congreso Nacional dio media sanción al Proyecto de Ley sobre Contrataciones y Asociaciones Público Privadas (PPP) que pretende regular la participación del sector privado en el desarrollo de la obra pública y en las distintas contrataciones que realice el Estado. El polémico proyecto es resistido por amplios sectores políticos porque privilegia en demasía el interés privado en detrimento del bien público.
El 21 de septiembre de 2016, el Senado Nacional aprobó el proyecto de ley que regula los contratos de Participación Público Privado (PPP), remitiéndolo para su revisión a la Cámara Diputados de la Nación. La iniciativa oficial trae consigo una fuerte polémica ante la desregulación en materia de contratación pública. El Proyecto dispone que las sociedades público- privadas que se constituyan al amparo de esta ley quedarán fuera de todas las regulaciones y normas que hoy rigen las contrataciones del Estado.
La propuesta exceptúa a las sociedades de cumplir con la Ley de Obras Públicas (13.064) y con la ley que regula la construcción de rutas por peajes (17.520). Al mismo tiempo se las exime de cumplir con el régimen de contrataciones del Estado, y se las exceptúa de cumplir con el Código Civil y Comercial (Art. 765), posibilitando contratos en dólares y pagaderos exclusivamente en moneda extranjera. La normativa deroga los artículos de la ley de convertibilidad que prohíben la indexación, además de permitir la prórroga de jurisdicción ante tribunales arbitrales nacionales y extranjeros.
“Este proyecto fue largamente esperado y hay ciertamente gran expectativa en que sea prontamente aprobado, en tanto instrumento que facilite la concreción de políticas públicas que el actual gobierno ha definido como determinantes en su gestión”, señala el Dr. Diego Alonso del estudio Bulló Abogados. Y afirma que “brinda las garantías que otorgan cobertura suficiente al sector privado frente a los habituales riesgos ajenos al mismo que trastocan la ecuación económico-financiera del contrato y que tornan el financiamiento más costoso o directamente imposible”.
Por el contrario, otras voces se alzaron contra el Proyecto. Es el caso del economista y ex diputado nacional Claudio Lozano, quien afirma que “el gobierno propone eliminar regulaciones para ampliar los grados de libertad de los principales contratistas, olvidando el interés del conjunto de la sociedad. Los diputados debieran frenar este dislate”. El economista denuncia que el proyecto “permite que pueda modificarse la estructura de propiedad de la empresa asociada o incluso que la empresa asociada le ceda a un tercero el contrato ya sea parcial o completamente”.
En la exposición de motivos se define a la Participación Público y Privado (PPP) como aquel contrato a largo plazo entre una entidad privada y un gobierno para proporcionar un bien o servicio público (infraestructura, viviendas, educación, salud, defensa, etc) en el que la parte privada asume un riesgo significativo y una responsabilidad de gestión en asociación con sujetos públicos. El concepto y definición fue tomada del Banco Mundial, según lo informa el Jefe de Gabinete en los dichos fundamentos. El contrato viene así a cumplir con las exigencias internacionales en materia de obras públicas, de acuerdo a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), un plan neoliberal ideado en el año 2000 para optimizar los recursos del continente en materia de infraestructura.
