Notas destacadas deuda

DEUDA, DÓLAR Y COMERCIO EXTERIOR

Héctor Luis Giuliano (03.03.2017)
El gobierno Macri mantiene el atraso cambiario como uno de los requisitos de su política de gobernar con deuda – deuda pública externa e interna – que en su mayoría está tomada en moneda extranjera (…)

 

DEUDA, DÓLAR Y COMERCIO EXTERIOR

Por Héctor GIULIANO (3.3.2017)

El gobierno Macri mantiene el atraso cambiario como uno de los requisitos de su política de gobernar con deuda – deuda pública externa e interna – que en su mayoría está tomada en moneda extranjera.

Esto le permite comprar más dólares con la recaudación fiscal en pesos, lo que sirve como garantía de pago a los acreedores del Estado ante las sumas crecientes de intereses por el nuevo macro-endeudamiento público en curso y la contracción de nuevas obligaciones.

Esta política de retraso cambiario tiene tres efectos primarios:

1. Favorece abiertamente el negocio de los capitales especulativos, que lucran con el arbitraje entre tipo de cambio estable y atrasado combinado con altas tasas de interés locales.
2. Frena el estímulo de las Inversiones Extranjeras Directas – y de las inversiones productivas en general – debido a la menor rentabilidad de las mismas frente a las alternativas de inversiones financieras autónomas.
3. Afecta en forma directa la competitividad de nuestras exportaciones y favorece el aumento de las importaciones por acción de un tipo de cambio que actúa en la práctica como subsidio de las compras provenientes del extranjero así como del turismo internacional emisivo.

Tal política vigente de retraso del tipo de cambio tiene una especial implicancia – desde el punto de vista práctico y conceptual – en la distorsión del verdadero rol del comercio internacional.

¿Para qué existe el Comercio Exterior de un país y cuál es su papel en el desarrollo de la Economía Nacional?

Sigamos una secuencia lógica de razonamiento para responder a esta pregunta central:

1. Salvo rarísimas excepciones, ningún estado posee autarquía completa en materia de recursos como para no tener necesidades de importar materias primas, insumos y/o bienes de capital. O bien puede disponer de los mismos pero a un costo tan elevado y poco rentable que le conviene más importarlos.
2. Para poder efectuar estas compras el país necesita divisas. Y
3. Para poder conseguir tales divisas el país necesita exportar.

Ergo, el Comercio Exterior – desde el punto de vista de la Economía Nacional – no existe para que los gobiernos subsidien negocios privados de ventas al extranjero sino que existe para que los países obtengan de sus exportaciones las divisas necesarias para poder pagar sus importaciones.

De allí la necesidad de que el comercio exterior esté equilibrado, dado que si las exportaciones exceden el nivel compensatorio necesario de las importaciones habrá una tendencia a la apreciación cambiaria local (peso más fuerte por mayor entrada de divisas) y si, en cambio, las importaciones superan a las exportaciones, se verificará la tendencia inversa: devaluación o depreciación de la moneda local.

Ésta es la forma en que el comercio exterior influye en el mercado cambiario y monetario de los países; aunque ciertamente no es el único factor de influencia en los complejos ámbitos de la Economía y las Finanzas modernas.

En el caso argentino actual, empero, se da un proceso inverso o anti-natural porque el tipo de cambio retrasado no es producto del desequilibrio de la Balanza Comercial (Exportaciones versus Importaciones) sino, por el contrario, consecuencia de la Política Financiera – Monetaria, Cambiaria y Bancaria – del gobierno.

Porque el tipo de cambio es aquí la resultante de pautas fijadas por el Banco Central (BCRA) en función de las necesidades financieras de pago de los servicios de la deuda externa y no de las necesidades económicas de crecimiento de la Economía Nacional.

Ya que el BCRA mantiene un alto nivel de tasas de interés que atrae capitales especulativos o golondrina, que entran para lucrar con el diferencial entre tasas locales e internacionales.

Al darse la irrupción combinada de estos capitales financieros y de nueva deuda externa, fuertemente creciente, suben en forma artificial las reservas internacionales del BCRA – que no son propias del Banco sino que se sostienen fundamentalmente con deuda – y con ello se produce una apreciación del peso argentino.

Siendo que este proceso, de típica naturaleza financiero-cambiaria, se contrapone a la lógica natural y perjudica el funcionamiento normal del comercio externo y de la economía doméstica.

Puesto que, como derivado de esta sobre-valuación inducida de la moneda local, se genera y potencia el desequilibrio negativo de la Balanza Comercial – al que hicimos referencia – con la consiguiente afectación de la Economía Física o Real en materia de actividad y empleo.

Dicho con otras palabras: que el desequilibrio y las distorsiones en el comercio exterior argentino no son producto de un funcionamiento anormal del mercado comercial sino consecuencia de la política cambiaria del gobierno – llevada a cabo a través del BCRA –  y que el actual esquema de retraso cambiario que provoca ese desequilibrio externo es consustancial a las necesidades de la política de endeudamiento deliberada e institucional del Estado.

Es la forma clásica en que el Sistema de la Deuda se transforma en obstáculo del Desarrollo de la Economía Nacional.-

MEGA-ENDEUDAMIENTO DE MACRI EN ENERO 2017

Héctor Luis Giuliano 10.02.2017.
En el contexto de su política de gobernar con deuda – planteada  desde el inicio de su gestión en Diciembre de 2015 – la administración Macri sigue batiendo récords históricos de emisión de Deuda Pública, Externa e Interna.

 

MEGA-ENDEUDAMIENTO DE MACRI EN ENERO 2017

Por Héctor GIULIANO (10.2.2017)

En el contexto de su política de gobernar con deuda – planteada  desde el inicio de su gestión en Diciembre de 2015 – la administración Macri sigue batiendo récords históricos de emisión de Deuda Pública, Externa e Interna.

Estas colocaciones se vienen realizando por montos elevadísimos, bajo condiciones discrecionales que son manejadas directamente y en forma secreta por el actual Ministerio de la Deuda – oficialmente denominado Ministerio de Finanzas – siguiendo un programa de endeudamiento en gran escala – eufemísticamente llamado Programa Financiero – y sin que exista la más mínima demostración de capacidad de repago sobre las obligaciones financieras que se están asumiendo con total irresponsabilidad fiscal porque se trata de deudas que el Estado Argentino no puede pagar.

A los efectos de ocultar la situación real y concreta de iliquidez e insolvencia de nuestro país, el gobierno Macri – en complicidad con sus acreedores – procede a seguir refinanciando sistemáticamente la totalidad de los vencimientos de capital (a medida que se producen y hasta el último centavo), con nuevas deudas y además a contraer deudas adicionales, que están destinadas en su gran mayoría a cubrir el déficit fiscal creciente de su administración.

Con el agravante que la mayor parte de estas colocaciones de deuda se aplican así a sostener la financiación de gasto público corriente, lo que está prohibido por la Ley 24.156 de Administración Financiera y sus normas conexas, dado que el artículo 56 de la ley dice taxativamente que se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos.

En este marco, las emisiones de deuda realizadas por el gobierno nacional en Enero de este año – sin contar aquí las colocaciones que paralelamente vienen realizando el Banco Central (BCRA), las provincias (con Buenos Aires a la cabeza), las empresas del Estado y las obligaciones contraídas para pagar juicios contra el fisco con sentencia en firme (como el caso de los holdouts y los reclamos previsionales) – han llegado ya a niveles récord tanto en valor absoluto como relativo.

Durante el primer mes de 2017 el gobierno Macri ha colocado deuda pública directa – es decir, sólo deuda de la Administración Central – por más de 17.000 MD (Millones de Dólares):

1. Un préstamo de 6.000 MD a 18 meses de plazo y tasa de interés nominal del 3.8 % anual (2.9 % más Libor 0.9), con garantía de títulos Bonar 24; otorgado por los bancos BBVA (Bilbao Vizcaya Argentaria), Citibank, Deutsche Bank (DB), HSBC (Hong Chan), JP Morgan y Santander. Son los mismos bancos que actúan como colocadores de bonos en el exterior y se entiende que este crédito consorciado y a corto plazo (un año y medio) actúa en la práctica como préstamo-puente dentro del escalonamiento de la colocación de bonos según el Programa Financiero 2017.
2. Dos nuevos títulos por 7.000 MD, bajo ley extranjera de Nueva York: uno, a 5 años de plazo (vencimiento 2022) por 3.250 MD con tasa de interés de 5.625 %; y otro a 10 años (2027), por 3.750 MD con tasa del 7.0 %.

 

Todos estos bonos y préstamos que emite el Estado son de tipo bullet, es decir, que amortizan el capital o principal íntegramente a su vencimiento, pero pagan intereses en forma semestral; si bien las autoridades no suministran detalles sobre las condiciones contractuales de tales obligaciones ni mucho menos sobre los compradores de títulos.

El gobierno Macri se ha jactado del supuesto éxito de esta doble colocación de bonos – las ofertas fueron por 22.000 MD contra un requerimiento original de 5.000 MD – pero la realidad es bastante diferente porque en este momento existe excedente de capitales especulativos en el mundo y ello deriva, como siempre, en una muy fuerte presión por parte de los grandes grupos financieros internacionales   para colocarse en países como la Argentina, que en la actualidad emite deuda a las tasas de rendimiento más altas del planeta.

Este proceso se presenta ante la opinión pública como supuestas  oportunidades dadas por el apetito del mercado – un eufemismo que se usa para traducir las presiones de endeudamiento  fiscal – como adelanto ante el peligro de tasas más altas con el advenimiento del gobierno Trump en Estados Unidos y, consecuentemente, como conveniencia así de adelantar la colocación de nuevas deudas del Programa Financiero 2017.

• Nuevos desembolsos provenientes de organismos financieros internacionales, particularmente la CAF-Corporación Andina de Fomento, que acordó un nuevo préstamo a la Argentina por 400 MD para el Paseo del Bajo, en la CABA (plazo a 15 años con 4 de gracia).

Por Decreto 29/2017, del 11.1, el presidente Macri facultó al Ministerio de Finanzas para contraer un total de nueva deuda externa por 20.000 MD durante el corriente año incluyendo cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros (Nueva York y Londres) y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana (con restricciones varias que son de rigor en estos casos), como así también la inclusión de Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) y Pari Passu.

Por el mismo decreto, aparte de reiterarse algunas autorizaciones generales ya consignadas en la Ley 27.341 de Presupuesto 2017, se incorpora además toda una serie de facultades amplias a través de las cuales el Ministerio de Finanzas puede decidir lo que quiera en materia de colocaciones de Deuda Pública. (*)

El texto de estas autorizaciones cuasi-irrestrictas está prácticamente copiado de la Ley 27.249, que el año pasado autorizó al entonces Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas – como Autoridad de Aplicación – a colocar las nuevas obligaciones de deuda para pagar los juicios contra los holdouts bajo las mismas condiciones absolutamente discrecionales.

1. Nueva Deuda intra-Estado (una modalidad inaugurada y utilizada abusivamente por la administración Kirchner), proveniente de Adelantos Transitorios en curso del BCRA (dentro de un margen anual autorizado por 150.000 M$-Millones de Pesos) y otras obligaciones colocadas en distintos entes oficiales, como el FGS-Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (una letra por 17.000 M$ a un año de plazo)  y el BNA-Banco Nación (un Bono del Tesoro – conocido o refrendado por Resolución E 16/2017, del 9.2 – por 25.000 M$ y vencimiento en Agosto de 2019).
2. Letras de Tesorería (Letes) por unos 2.000 MD, emitidas en dólares durante el mes, como obligaciones financieras de muy corto plazo (90 y 180 días, a tasas del 3.0 y 3.3 % respectivamente).

En total, se estima que el gobierno Macri ha colocado – solamente durante el mes de Enero – deuda pública, externa e interna, por más de 18.000 MD (18.600), incluyendo letras.

Y la serie de colocaciones continúa: en la fecha se ha editado por la página web del Ministerio de Finanzas un nuevo llamado a licitación de Letras del Tesoro en dólares (a 95 y 186 días) y Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija con vencimientos 2021, 2023 y 2026.

Estos últimos – los bonos – tienen tasa de interés invertida de 18.20, 16.00 y 15.50 % anual respectivamente, que se pagan semestralmente, y se colocan bajo la par para garantizar mayor rendimiento a los inversores financieros.

Con este conjunto de nuevas colocaciones de deuda el gobierno Macri encara un peligroso sobre-endeudamiento durante el año electoral 2017 y lo hace al amparo de la Ley de Presupuesto 27.341, que autoriza un aumento de la deuda durante el ejercicio de 38.200 MD: vencimientos de capital por 58.200 MD contra emisión de nueva deuda para cubrir las cancelaciones y tomar deuda adicional por 96.400 MD.

Este monto a emitir – que ya está aceleradamente en curso – expresado en pesos es de 1.727.500 M$ (96.400 MD x 17.92 $/US$), una suma que consolidando toda la deuda en valor absoluto equivale al 73 % del Gasto Público Total del Ejercicio 2017, que es de 2.393.600 M$ (≡ 131.900 MD).

Según el Programa Financiero 2017 – dado a conocer a principios de Enero – el gobierno prevé emitir deuda por algo más que el total presupuestado: unos 40.350 MD (consolidando siempre las colocaciones en diversas monedas), de los que la mitad (20.000 MD) serían Deuda Externa.

La administración Macri aumenta fuertemente y acelera así en forma muy peligrosa el cuadro de endeudamiento público heredado de la gestión Kirchner, con el agravante que lo hace usando una preponderante nueva deuda con el exterior.

Y este panorama se agrava adicionalmente con el cambio de estructura, composición y características del endeudamiento porque:

1. Aumenta el monto de la Deuda Pública, Externa e Interna.
2. Aumenta consecuentemente la suma de intereses a pagar – porque se toma deuda más cara – y lo hace en mayor proporción que el aumento del principal. Y
3. Disminuye cada vez más la vida promedio de la deuda en su conjunto porque aumenta la proporción de colocaciones de letras y bonos a corto plazo.

Aunque el partido de la deuda y los portavoces del establishment financiero que lo acompañan tratan de enmascarar la gravedad de esta situación que afronta el gobierno Macri, el mismo se encaminaría precipitadamente a la necesidad de un nuevo megacanje o alternativa de seguir subdividiendo cada vez más el complejo sistema de canjes vigente por tipo de acreedor y/o instrumentos de deuda, a los fines de seguir pateando para adelante el problema insoluble de iliquidez e insolvencia del Estado Argentino frente a una deuda pública impagable.

Macri y la deuda como objetivo de Gobierno

Héctor Luis Giuliano 08.01.2017.
Una pseudo-racionalidad financiera de base neoliberal dice que la Deuda Pública es consecuencia del Déficit Fiscal y que, por lo tanto, reduciendo dicho déficit se eliminaría y/o atenuaría la necesidad de endeudamiento para financiarlo.

 

Macri y la deuda como objetivo de Gobierno

Héctor Luis Giuliano (08.01.2017)

Una pseudo-racionalidad financiera de base neoliberal dice que la Deuda Pública es consecuencia del Déficit Fiscal y que, por lo tanto, reduciendo dicho déficit se eliminaría y/o atenuaría la necesidad de endeudamiento para financiarlo.

Decimos pseudo-racionalidad – o simplemente irrealidad – por tres motivos:

1. Porque este razonamiento soslaya que la Deuda es también un factor determinante del déficit del Estado, que se produce vía aumento del Gasto Público (devolución del Capital más Intereses y Honorarios/Gastos), con el consecuente círculo vicioso que genera: más endeudamiento = más pago de servicios de la deuda (por capital e intereses) = mayor peso de ambos rubros en el Presupuesto anual (por desequilibrio del Resultado Financiero debido a las refinanciaciones íntegras del Capital y la toma de deudas adicionales, y por aumento del Gasto Corriente por los Intereses a pagar) = más cobertura del incremento del déficit así producido con nueva deuda pública.
2. Porque la experiencia histórica argentina de los últimos 40 años (1976-2016) demuestra que – bajo administraciones de gobierno de distinto tipo y signo – la regla del endeudamiento sistemático y creciente, sin demostración alguna de capacidad de repago, se ha cumplido a rajatabla; y siempre con el mismo argumento: la aspiración de volver a colocar más deuda, preferentemente en el mercado internacional de capitales.[1]
3. Porque este círculo vicioso no es un subproducto o efecto no deseado del endeudamiento del Estado sino, por el contrario, un objetivo dogmático e institucional de política financiera fiscal, bajo la fórmula de que no hay problema en tomar deuda sin capacidad de repago mientras haya recursos suficientes para poder abonar sólo los intereses anuales y refinanciar así íntegramente los vencimientos de capital, lo que significa convalidar un régimen de Deuda Pública perpetua.

Bajo este esquema, conceptual y fáctico, la deuda – originariamente un recurso extraordinario de financiamiento público (motivado la mayoría de las veces por gastos de guerra o sufragio[2] de catástrofes) – deviene así una fuente de financiamiento regular e institucional del Estado.

A esto denominamos Sistema de Deuda Perpetua ya que tomar obligaciones sin demostración alguna de capacidad de repago y, por el contrario, dando por sobrentendido que tales compromisos no tendrán amortización efectiva a su vencimiento sino que serán renovados totalmente – pagando siempre deuda con nueva deuda – supone aceptar la regla básica de que el Estado se financie con Deuda impagable

Los gobiernos de turno y los portavoces del establishment soslayan este tema porque es insostenible desde el punto de vista teórico y tanto o más cuestionable aún desde el ángulo fáctico dado que la operatoria de endeudamiento perpetuo, además de nociva, es secreta y trasunta todo tipo de irregularidades que afectan su legitimidad.

Desde el punto de vista de la teoría financiera la idea de deuda perpetua es un absurdo:

1. Va contra la lógica más elemental de toda economía individual/familiar, empresaria y/o estatal (en cualquiera de sus niveles de gobierno) que se viva sosteniendo permanentemente la actividad económica con deuda: lo que corresponde al viejo y sabio dicho de que no se puede vivir de prestado.
2. La formulación académica o científica sólo podría aceptarse si la toma de deuda es realmente necesaria – podríamos decir indispensable (sobre todo en el caso de deuda externa) – y si la tasa de rentabilidad del proyecto a financiar con endeudamiento es mayor que la tasa de interés de los fondos prestados, si los costos totales de la operación son convenientes (incluyendo comisiones/honorarios, gastos administrativos, etc.) y si las operaciones no están atadas a condicionamientos de otro orden (caso de contraprestaciones no financieras sino de carácter político, como si se tratara de un pago adicional en especie); pero éste no es ni ha sido el caso argentino.
3. Más aún, aunque hipotéticamente se cumplieran los requisitos del punto anterior, las operaciones de endeudamiento individuales, es decir, por tipo de instrumento de deuda que se contraigan, no podrían ser debidamente evaluadas sin considerar el gravísimo problema estructural de la deuda impagable existente dado que aunque los nuevos préstamos cumpliesen la condición de ser necesarios y convenientes – según los términos del punto b) – las ecuaciones de liquidez/solvencia no se darían como solución de conjunto, tal como ocurre en el caso argentino, al tener que coexistir nuevas deudas con obligaciones de arrastre; esto es, la suma de dos tipos de endeudamiento fiscal.

Este esquema financiero irracional se agrava más todavía si – como también hoy se está dando en nuestro país – el gobierno toma deuda en moneda extranjera (la mayoría, proveniente de organismos financieros internacionales: Banco Mundial, BID-Banco Interamericano de Desarrollo y CAF-Corporación Andina de Fomento) para financiar obras públicas y/o de infraestructura que se pagan en pesos (como rutas, saneamiento/desagües cloacales, viviendas, etc.); e incluso préstamos que se usan para sostener programas sociales que no sólo se pagan en pesos sino que, por definición, no  tienen capacidad de repago.

Hasta aquí las objeciones fundadas a la teoría financiera neo-liberal acerca de la institucionalización de un Sistema de Deuda Perpetua.

Pero esta inconsistencia de tipo académico o dogmático se agrava aún más con la matriz de corrupción que este mecanismo de endeudamiento perpetuo genera, tanto por su naturaleza como por las mayúsculas irregularidades que se enmascaran a través de su falta de transparencia:

1. Todos las administraciones de gobierno restringen el suministro de informaciones claras y concretas sobre las colocaciones de deuda que realizan, no se informa quiénes son los compradores de títulos públicos (la deuda, por definición, tiene carácter anónimo o secreto dado que no se conocen los acreedores del país), no se informan tampoco los gastos que acompañan las operaciones de endeudamiento y, como agravante, se practica un desfase en las comunicaciones oficiales que mantiene siempre actualizadas con retraso las cifras y los datos de la Deuda Pública.
2. Gran parte de las colocaciones de deuda se hacen por contratación directa y, las que se licitan – con o sin intermediación de bancos agente/colocadores – no consta que sean debidamente auditadas, por lo que la discrecionalidad de las autoridades (ex Ministerio de Economía y hoy Ministerio de Deuda Pública) es prácticamente total y/o no controlada.
3. Esta discrecionalidad gubernamental – que no es nueva sino una regla en la cuestión de la deuda argentina – conlleva el manejo unilateral del Ejecutivo en materia de endeudamiento y tiende a agravarse actualmente más aún con la jerarquización de la Secretaría de Finanzas a nivel Ministerio y con las facultades legales delegadas por el Congreso a través de las leyes de Presupuesto y de leyes especiales conexas (como el caso de las facultades irrestrictas de la Ley 27.249, que autoriza la toma de deuda para pago a los holdouts).

Ergo, el sistema de Deuda Perpetua de la Argentina no sólo estaría hoy más fuerte que nunca sino que los asuntos de gobierno están ahora bajo una administración que gobierna con deuda y que piensa seguir haciéndolo pese a la absoluta falta de demostración de capacidad de repago de la misma por parte del Estado.

La inoperancia en cumplir el supuesto objetivo de reducir el déficit fiscal – un hecho reconocido incluso por las propias autoridades – hace que, notablemente, un gobierno que plantea la meta de bajar este déficit en la práctica lo está aumentando[3]; y ese aumento se cubre con más deuda.

No es casual que sea un funcionariado superior integrado mayoritariamente por ejecutivos provenientes de empresas y bancos privados, nacionales e internacionales, el que esté al frente de este tipo de decisiones de endeudamiento en gran escala del Estado Argentino, pese a que tales funcionarios tienen conflicto de intereses porque varias de esas instituciones en las que han revistado son ahora nuevos acreedores privados del país.

Cabe entonces el interrogante de si la toma sistemática de deuda en gran escala que se está produciendo bajo la administración Macri – que no presenta la menor muestra de capacidad de pago (como no sea contrayendo nuevas deudas) – constituye sólo un instrumento para sostener desesperadamente las cuentas fiscales o si, además, esta nueva ola de endeudamiento en curso es un fin en sí mismo: una política destinada a continuar y reforzar aún más el sistema de la Deuda Perpetua bajo coordinación y dependencia de la banca internacional y local.

Desde un punto de vista conceptual es notable la constante histórica de contradicción del establishment neoliberal en la Argentina que implica criticar la intervención del Estado en la vida económico-financiera mientras, al mismo tiempo, se propone y consolida el rol del Estado como principal tomador de deuda en el mercado: un endeudamiento que no sólo resta fondos prestables al sector privado productivo de la Economía sino que, por el contrario, sostiene y subsidia los excedentes bancarios internos e internacionales que, de otro modo, amenazarían quedar ociosos o faltos de rentabilidad.

En este contexto, no es por casualidad que el sector financiero sea el que ha tenido y siga teniendo récords de ganancias en medio de un país sumido ahora en la estanflación (estancamiento con inflación), la caída del consumo por menores ingresos fijos reales de asalariados y jubilados, la menor actividad industrial por la recesión económica y el retraso cambiario con altas tasas de interés locales: algo así como el producto de gobernar para los bancos a través del sistema de la Deuda Pública Perpetua.

[1] Pese a su discurso confrontativo, la administración Kirchner también fue parte de este comportamiento, como lo demuestran las declaraciones del ministro Lavagna y su secretario de finanzas Nielsen en relación al Megacanje 2005-2010 y el planteo de la Hoja de Ruta por el nuevo ministro Boudou de 2008; e incluso por los intentos finales de la administración de Cristina Kirchner, bajo el ministro Kicillof, de llegar a un acuerdo con los holdouts (2014).

En todos los casos se asumía que los problemas existentes de impagos debían ser corregidos abonando las deudas atrasadas con nuevo endeudamiento (o financiación equivalente)* – a tenedores de bonos en default, Fondo Monetario Internacional, Club de París, reclamantes en el CIADI y holdouts – para poder volver así a colocar nueva deuda en los mercados de capital.

Con la aclaración importante de que cuando decimos financiación equivalente* nos  estamos refiriendo fundamentalmente a la deuda intra-Estado que, como en el caso del Banco Central (BCRA), implica una transferencia interna de fondos oficiales para el pago de obligaciones del Tesoro  pero que el Banco repone luego tomando más deuda propia (LEBAC y Otros Pasivos).

[2] Sufragio en el sentido de ayuda, favor o socorro.

[3] El Presupuesto 2016 – Ley 27.198 – preveía ya un aumento de la deuda pública de 23.400 MD (nueva deuda en pesos y/o en dólares), producto de refinanciar la totalidad de los vencimientos de Capital (68.000 MD) contra toma total de nuevo endeudamiento por 91.400 MD.

A esto hay que sumarle los 12.500 MD de la Ley 27.249, que autoriza la emisión de nueva deuda para pagar los arreglos de la deuda con los holdouts, que no estaba computada como deuda en firme.

Y a esto hay que agregarle la deuda adicional para cubrir el déficit fiscal del ejercicio, que excedería en unos 10-15.000 MD las previsiones originales.

Las transferencias  de la ANSES y del BCRA, y parte del blanqueo de capitales registrado durante el año que acaba de finalizar pudieran atenuar en parte esta última cifra.

Para  el presupuesto de este año 2017 – Ley 27.341 – se proyecta un endeudamiento adicional de 38.200 MD – producto de endeudamiento público por 96.400 MD contra amortizaciones por vencimientos durante el ejercicio  de 58.200 MD – sin que pueda asegurarse si el déficit previsto (de unos 480.800  M$, equivalentes a 27.000 MD) puede sufrir modificaciones dado los mayores gastos por el año electoral, la llamada reparación histórica a los jubilados, los menores ingresos tributarios por Impuesto a las Ganancias y los  crecientes compromisos con las provincias (empezando con el sostenimiento de la provincia de Buenos Aires).

La Deuda pública de Macri en 2016

Héctor Luis Giuliano 21.10.2016.
Hace pocas semanas el Ministerio de Economía (MECON) – hoy Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (MHFP) – editó el primer Informe trimestral de la Deuda Pública de este año (con datos al 31.3) y una hoja resumen de avance del segundo.

 

La Deuda pública de Macri en 2016

Por Héctor GIULIANO (21.10.2016)

Hace pocas semanas el Ministerio de Economía (MECON) – hoy Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (MHFP) – editó el primer Informe trimestral de la Deuda Pública de este año (con datos al 31.3) y una hoja resumen de avance del segundo.

LAS CIFRAS DE LA DEUDA

Esta última hoja dice que el stock de la deuda al 30.6 era de 258.900 MD (Millones de Dólares) – prácticamente 260.000 MD – equivalentes a (≡) 3.862.700 M$ (Millones de Pesos).

El dato corresponde sólo a la deuda en cabeza de la Administración Central, es decir, sin provincias/municipios, empresas del Estado, organismos públicos, fondos fiduciarios, Banco Central (BCRA), deuda flotante ni deudas contingentes (juicios contra el Estado con sentencia en firme).

El total de todos estos pasivos constituye la Deuda Pública Nacional, que es un monto que se desconoce porque nunca es informado por las autoridades.

Los únicos datos parciales que se pueden obtener (por separado y a título informativo) son los del BCRA y el consolidado de las provincias, que ambos – como decimos – no están dentro del Informe del MHFP:

30. Según el último balancete del BCRA – Estado resumido de Activos y Pasivos – a la fecha de corte mensual del 30.9.2016 sus principales deudas estaban conformadas por 9.900 MD de Cuentas Corrientes en Moneda Extranjera (encajes bancarios sobre depósitos en dólares), 11.600 MD de Otros Pasivos (fundamentalmente el swap con el Banco Central de China) y unos 683.000 M$ (≡ 44.700 MD) de Lebac, cuyo monto es igual a la Base Monetaria (!).
31. Para el total de las provincias – incluida la CABA – el último stock de deuda informado es al 31.12.2015: unos 270.000 M$ (≡ 18.000 MD), sin Deuda Flotante; de los que aproximadamente la mitad corresponden a la Provincia de Buenos Aires.

La Deuda Pública comunicada por el MHFP –  los 260.000 MD antes citados – está constituida mayoritariamente por títulos públicos (167.900 MD, un 65 % del total), préstamos de organismos internacionales 19.800 MD, un 7.6 %) – Banco Mundial 5.700 MD, BID 11.400 MD y CAF 2.500 MD – organismos oficiales (fundamentalmente Club de París) 8.100 MD, Banca Comercial 2.700 MD, Adelantos Transitorios del BCRA 9.800 MD, deudas a corto plazo por otros adelantos del BCRA 14.600 MD, Letras del Tesoro 5.600 MD, deuda remanente con holdouts 9.400 MD y resto con otros acreedores menores.

En todos los casos las cifras se expresan aquí en millones (MD/M$) con redondeo, por lo que puede haber mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.

LA CUESTIÓN DE LOS HOLDOUTS

La deuda con los tenedores de bonos no presentados al Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 (los holdouts) se estimaba oficialmente al momento de dictarse la Ley 27.249 (el 1.4 de este año) en unos 19.000 MD y el arreglo con la mayor parte de los mismos fue aprobado por dicha ley, que autorizó pagos por 12.500 MD en el marco de los juicios contra el Estado Argentino ante los tribunales de Nueva York y en base a liquidaciones que no se han dado a publicidad ni puestas en conocimiento del propio Congreso.

Según la hoja resumen del informe de deuda al 30.6 (sólo las cifras al 31.3 traen desagregado de planillas) el total de la deuda restante con los holdouts es ahora de unos 9.400 MD y se integra con tres rubros: 4.100 MD por atrasos de capital, 3.000 MD por mora de intereses y 2.400 MD por intereses compensatorios o punitorios.

Como el arreglo con los holdouts fue formalizado mediante la colocación de bonos con fecha 22.4, o sea dentro del segundo trimestre, estas cifras permiten suponer que lo realmente acordado pagar sería mucho mayor que lo declarado por la administración Macri – que dice haber tenido una quita muy importante por parte de los acreedores – dado que los 12.500 MD de bonos emitidos (dentro de la colocación de 16.500 MD en el mercado internacional) más los 9.400 restantes consignados por el MHFP daría ahora unos 22.000 MD en total (21.900); contra los 19.000 MD consignados antes del acuerdo (por capital, intereses y punitorios).

El artículo 18 de la Ley 27.249 crea la denominada Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación – compuesta por 10 senadores y 10 Diputados – cuyo objeto principal es el seguimiento de la evolución, gestión y pagos de la deuda exterior de la Nación, referida particularmente al monitoreo de este arreglo con los holdouts.

La Comisión está facultada – según dice la norma – para solicitar información, documentación o datos a organismos nacionales, provinciales o municipales, centralizados, descentralizados o autárquicos como así también a entidades financieras nacionales e internacionales, privadas o públicas; y a cualquier otro organismo que fuere necesario para el cumplimiento de sus cometidos.

Empero no consta que el Congreso haya hecho requerimientos al gobierno en esta materia ni que la comisión haya sido creada, ya que figura nominalmente en la lista de comisiones del Senado – no en la de Diputados – sin que en su página web se registren integrantes ni actividades.

ALGUNOS DATOS BÁSICOS DE LA DEUDA

El Informe de Deuda Pública del Primer Trimestre – que es el último editado en forma completa (el del segundo, como hemos dicho, es hasta el momento sólo una hoja resumen) – mostraba un stock de deuda de 249.100 MD; o sea, que la deuda, habría aumentado así unos 10.000 MD durante el segundo trimestre, llegando a los 260.000 MD al 30.6.

De aquí surgen algunos datos básicos de referencia sobre la actual estructura de la deuda pública argentina:

1. Aproximadamente un 70 % de la deuda está en moneda extranjera y el 30 % restante en pesos.
2. Se sabe que una muy alta proporción está constituida por Deuda intra-Estado (fundamentalmente BCRA, ANSES y BNA-Banco Nación) pero aquí no está cuantificada. A fines de la administración Kirchner era un 60 % de la deuda total.
3. La tasa de interés promedio es 5.67 %, lo que daría unos 14.700 MD de intereses a pagar por año (260.000 x 0.0567); una cifra bastante mayor que los 10.000 MD previstos originalmente para este año (Ley 27.198) y los 13.800 MD previstos en el Proyecto de Ley (PL) de Presupuesto para el 2017.
4. La vida promedio de la deuda es de 7.8 años pero el perfil de los vencimientos es muy serio y se agrava con la creciente colocación de más deuda a corto plazo.
5. Según los datos oficiales el 54.25 % de la Deuda está colocado a tasas de interés fijas, el 35.48 % a tasas variables y un remanente del 10.27 % a tasa cero. Dentro de las deudas a tasa fija está la deuda en pesos ajustada por inflación (según CER-Coeficiente de Estabilización de Referencia), por el equivalente a unos 15.700 MD y que está casi totalmente en manos acreedoras de la ANSES.

El cuadro general de la Deuda del Estado Central no presentaría diferencias sustanciales con respecto a los últimos informes de la administración Kirchner, salvo en lo que toca a la incorporación de dos rubros relevantes que hasta ahora no se tomaban en cuenta como deuda en firme: los cupones PBI y la deuda con los Holdouts.

CUPONES PBI

Los cupones PBI (VLPBI) – que se dieron a los acreedores para compensar íntegramente la quita efectuada sobre el valor nominal de los bonos del Megacanje Kirchner – suman hoy unos 13.500 MD y ahora han sido incluidos dentro de la deuda en firme, a diferencia de la administración K que los excluía del cálculo considerándolos deuda contingente cuando, en realidad, no lo eran porque son deuda cierta que se cumple en un plazo no predeterminado pero en forma reconocida y con cotización en Bolsa.

La inclusión o blanqueo de esta deuda por los cupones PBI no estaba registrada así en el Informe original de la Deuda Pública al 31.12.2015 que editó la administración Macri en la página web del MHFP recién en Setiembre de este año pero días pasados – y sin previo aviso – la planilla resumen de la deuda a fin del 2015 y varias conexas fueron modificadas (con carácter retroactivo) sumándole los 13.500 MD al saldo oficial a esa fecha, que era de 240.700 MD (con holdouts incluidos), llevando por lo tanto el total de cierre del ejercicio pasado a 254.000 MD.

EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO

Las cifras de saldos y la planilla de flujos y variaciones de la deuda durante el primer trimestre de este año muestran algunas modificaciones:

31. Se parte aquí de un saldo inicial al 31.12.2015 de 240.700 MD, producto de 222.700 MD de deuda performing – pasivos regularizados, con cumplimiento del pago de intereses – más 18.000 MD de holdouts a esa fecha. Es decir, que se incorpora el stock de la deuda con los holdouts como deuda reconocida y por mayor importe que antes (que era 11.500 MD).
32. El aumento de la deuda durante el período (Enero-Marzo) fue de 5.600 MD y las amortizaciones/cancelaciones en el mismo lapso sumaron 6.500 MD, lo que da una disminución neta del stock de deuda de unos 800 MD.
33. Pero los Ajustes de valuación – sin incluir holdouts – permitieron bajar mucho más aún el monto de la deuda, en 4.700 MD, esencialmente por efecto de la devaluación de la deuda en pesos expresada en dólares; que es el mismo procedimiento que se venía dando bajo la administración Kirchner, como producto de la licuación gradual de la deuda en pesos ajustada por inflación (CER), que está en su mayoría dentro de la deuda intra-Estado (específicamente la ANSES).

De esta forma, el resultado del endeudamiento de los tres primeros meses del año dio una baja del stock de deuda de 5.100 MD (incluyendo más/menos otros rubros menores), que sumados a los 18.400 MD de deuda pendiente con los holdouts a esa fecha de corte (31.3) daba al MHFP un total de deuda de 235.500 MD (contra el saldo inicial de los 240.700 MD a fin del 2015).

Se trata de una reducción del stock de la deuda registrada debido a que todavía no se habían producido grandes colocaciones de nueva deuda – el arreglo con los holdouts fue en Abril – que todas las emisiones corresponden a deuda existente que se hacen para refinanciar íntegramente los vencimientos de capital a medida que van cayendo y que el principal componente de esta reducción lo constituye la citada licuación de la deuda pública en pesos, que es la que está mayoritariamente dentro de la Deuda intra-Estado.

Este proceso de licuación de la deuda interna en pesos, comenzada y agravada con la gran sub-indexación proveniente del falseamiento de los datos oficiales del INDEC por la administración Kirchner, se continúa hoy – aunque con blanqueo de índices – bajo el gobierno Macri a raíz de la macro-devaluación de Diciembre pasado.

Todo lo cual lleva a materializar la fuerte pérdida de valor de la deuda interna heredada en pesos, expresada en dólares, descongestionando así una parte del stock de la deuda local pero a costa del desfinanciamiento parcial de la ANSES, que es la principal tenedora de este tipo de deuda indexada.

CAMBIO DE DATOS DEL 2015

La modificación del saldo final de la deuda del 2015 – según hemos visto – genera algunas inconsistencias, faltas y/o desprolijidades en la presentación de los datos durante el corriente año que dificultan el análisis de los mismos.

Según el Informe de Deuda Pública original editado por el MHFP al 31.12.2015 (dado a publicidad en Setiembre pasado) se decía allí que el stock de la deuda a fin del año 2015 era de 222.700 MD, que era sólo el monto de la deuda performing o regularizada (esto es, con cumplimiento del pago de intereses).

Si a esto le sumábamos el saldo por capital e intereses de los holdouts a esa fecha – 11.500 MD – el total real de la deuda era de 240.700 MD.

Y si a ello le agregábamos los 13.500 MD de los cupones PBI ese monto se elevaba a los 254.200 MD.

Esto es lo que reiteradamente planteábamos y denunciábamos en varios de nuestros trabajos anteriores acerca del falseamiento de la Deuda K, que nos daba fundamento para sostener que la deuda pública real del Estado Central estaba – a fin del 2015 – en el orden de los 250-260.000 MD y no los 222.700 MD declarados por el MECON hasta fin del gobierno Kirchner.

Esto fue blanqueado ahora por el MHFP – con la nueva administración Macri – incorporando ambos rubros de deuda que estaban omitidos: los 11.500 MD de los holdouts y los 13.500 MD de cupones PBI.

Pero esto se ha hecho sin las debidas aclaraciones ni publicidad correspondientes a estos cambios de presentación.

Días pasados, en efecto, ocurre que el Informe final MHFO del 2015 aparece – en lo que constituye una nueva versión no advertida como tal – con varios datos cambiados, que involucran modificaciones en 11 de las 31 planillas que hay en total.

La nueva versión, que modifica en forma retroactiva el Informe de Deuda al 31.12.2015, muestra ahora un saldo a esa fecha de 254.000 MD, que son producto de sumarle al saldo original de 222.700 MD los dos importes antes citados: 13.500 MD por cupones PBI y la deuda con los holdouts, que no sólo se incorporó al stock oficial sino que además pasó de 11.500 MD a 18.000 MD.

Tal modificación no sería tan objetable como blanqueo de una realidad pero sí lo es por no haber sido debidamente informada y por haberla hecho en forma retroactiva; dejando además desprolijo e inconsistente el saldo de la Deuda Pública al 31.3.2016 frente al cuadro de Flujos y Variaciones del mismo Informe del Primer Trimestre ya que el primero (la hoja resumen) edita un saldo de 249.100 MD al 31.3 de este año mientras que el segundo (Flujos/Variaciones) llega a un stock de 235.500 MD: siendo la diferencia los 13.500 MD que corresponderían a la incorporación de los cupones PBI.

Dicho con otras palabras: que en lugar de haber incluido oportunamente la deuda ajustada de los holdouts (por mayor importe: 18.000 contra 11.500 MD) y de los cupones PBI (13.500 MD) como incremento de la deuda en el ejercicio 2015, se los agregó ahora – en forma retroactiva – aumentando el saldo final del año pasado llevándolo a 254.000 MD, en lugar de los 222.700 MD de la versión original 2015 – que incluía separadamente los entonces 11.500 MD de los holdouts y omitía los 13.500 MD de los cupones PBI, que en la nueva versión 2015 aparecen agregados sólo en la planilla resumen de la primera página (A.1.1), como parte del saldo de los 254.000 MD citado.

Esta modificación – cuya finalidad es obviamente blanquear un aumento de la deuda heredada y reconocer valores mayores a la misma – no ha sido todavía ajustada o puesta en línea entre la planilla inicial de saldos al 31.3.2016 (la hoja resumen)  y el resultado del cuadro de Flujos y Variaciones (A.2.2).

AUMENTO DE LA DEUDA EN 2016

El Presupuesto para el año en curso – Ley 27.198 – prevé un incremento de la deuda pública durante este ejercicio de 23.400 MD (obligaciones en moneda extranjera y en pesos): hay vencimientos de capital por 68.000 MD que se cancelan íntegramente con deudas nuevas y simultáneamente se colocan en total 91.400 MD de nuevas deudas para posibilitar tales refinanciaciones y tomar la deuda adicional citada.

Este endeudamiento fue elevado en 12.500 MD este año a través de la Ley 27.249, que autoriza el pago de los arreglos con los holdouts, llevando así el total de la deuda a contraer en el año a unos 36.000 MD.

Pero el Presupuesto 2016 estaba originariamente concebido con un déficit – calculado en forma muy optimista – de 97.700 M$ (≡ 9.200 MD, al tipo de cambio de 10.60 $/US$) mientras que ahora se estima que el ejercicio fiscal terminaría con un déficit de 209.700 M$ (≡ 14.000 MD, al tipo de cambio de 15 $/US$).

Por lo que habría que aumentar el endeudamiento público para cubrir la diferencia del déficit fiscal en unos 8.000 MD adicionales.

Pero como las proyecciones realistas del aumento del déficit que se está registrando son todavía muy superiores se estima que la verdadera diferencia a cubrir pudiera estar entre 14-16.000 MD – por lo que el total de endeudamiento del ejercicio 2016 terminaría siendo del orden de los 50.000 MD.

De hecho, el Programa Financiero para el año en curso – editado por el MHFP el 27.4 pasado – contempla la necesidad de financiamiento para cubrir el déficit fiscal de este ejercicio por 24.300 MD.

El aumento previsto de la Deuda en el 2017 – según el PL de Presupuesto que se está discutiendo en el Congreso – se proyecta en 38.200 MD: cancelaciones por 58.200 MD contra nuevo endeudamiento por 96.400 MD).

Pero éste no es el único rubro de incremento de la deuda: otros artículos del proyecto dejan abierta la contratación de más obligaciones para cubrir además el monto de deudas previsionales, obras públicas y de infraestructura (para el actual y ejercicios futuros), letras de  Tesorería y avales del Tesoro.

Por último, y como una constante en todas las presentaciones presupuestarias, se da la tradicional inconsistencia entre los vencimientos de servicios de capital e intereses que figuran en el PL de Presupuesto frente a los que constan en los Informes de Deuda (que ambos son producidos por el MHFP):

41. El Informe de Deuda del Primer Trimestre contempla vencimientos este año por un total de 41.100 MD: 31.500 MD por Capital y 9.600 MD por Intereses; para el período Abril-Diciembre.
42. El Informe anterior – final del 2015 – preveía en el año completo 51.700 MD: 40.700 MD por Capital y 11.000 MD por Intereses.
43. El Presupuesto aprobado 2016 (Ley 27.198) consigna vencimientos totales por 77.800 MD: 68.000 MD por Capital y 9.800 MD por Intereses.

Invariablemente las cifras de los Informes de Deuda son inferiores a las que se remiten con los PL de Presupuesto anuales, de modo que lo que realmente aprueba el Congreso es siempre mucho mayor que lo que se informa a la opinión pública a través de los informes del MHFP, pese a que estas cifras tienen una fuente común y – en los casos b/c (para el Tercer Trimestre los importes eran de 55.100 MD = 45.600 + 9.500 MD respectivamente) – tienen el agravante de haber sido producidos en la misma época.

PROYECCIONES DEL ENDEUDAMIENTO 2016

Es muy poco lo que cabe agregar aquí en materia de observaciones y comentarios sobre lo que se conoce oficialmente en relación a la deuda pública en lo que va del año.

De hecho – como es público y notorio – el proceso de endeudamiento fiscal en gran escala se viene acelerando en forma extraordinaria con la nueva administración Macri y probablemente supere – en valores absolutos y relativos – los números que se dieron en las otras dos grandes olas históricas de aumento de deuda: la del Proceso Militar 1976-1983 y la de la década de la convertibilidad menemista del ´90.

La trampa de Deuda Pública perpetua siempre sigue – en círculo vicioso – la misma lógica: macro-endeudamiento sin capacidad de repago, creciente pago de intereses, refinanciaciones totales de los vencimientos de capital y toma permanente de más deuda para sostener la Política de Endeudamiento y el doble déficit – Fiscal y de Balanza de Pagos – que esa política conlleva.

En síntesis:

1. Aumento extraordinario del endeudamiento público, externo e interno.
2. Aumento consecuente del gasto corriente por pago de intereses. Y
3. Empeoramiento del perfil de vencimientos por gran incremento de la deuda a corto y/o muy mediano plazo.

En el marco de la política institucional de sobre-endeudamiento sin capacidad de pago que rige en la Argentina no existe ninguna información oficial ni presupuestaria que demuestre cómo se va a poder pagar todo este cúmulo de pasivos, que sigue aumentando vertiginosamente a través de la nueva ola de endeudamiento en gran escala que se está produciendo bajo la administración Macri, como no sea sosteniendo indefinidamente esta grave crisis de deuda impagable precisamente con más endeudamiento del Estado.

 

Macri y la deuda perpetua

Héctor Luis Giuliano 18.10.2016.
El axioma fundamental del establishment financiero para respaldar su teoría del sistema de deuda pública perpetua es sostener que en el mundo las deudas por capital nunca se pagan sino que se refinancian (…)

 

Macri y la deuda perpetua

Por Héctor GIULIANO (18.10.2016)

El axioma fundamental del establishment financiero para respaldar su teoría del sistema de deuda pública perpetua es sostener que en el mundo las deudas por capital nunca se pagan sino que se refinancian y que ello está bien así mientras se disponga de los fondos suficientes para vivir soportando el pago de los servicios de intereses de dicha deuda.

Esta fórmula, que desde un punto de vista lógico y racional no aceptaría ningún individuo, familia o empresa, sin embargo, es permanentemente aplicada por los gobiernos de países ya sobre-endeudados como el nuestro – una política seguida por todas las  administraciones de turno hasta la fecha – con el agravante que tales prácticas, que son las que generan un desequilibrio estructural en las finanzas del Estado, se ponderan como positivas y hasta laudatorias, como producto de una palabra que encierra un concepto mágico: la confianza.

En virtud de este razonamiento es que la Argentina sigue tomando dinero prestado en gran escala que no puede reintegrar, es decir, asumiendo deudas sin demostración alguna de capacidad de repago – como no sea cancelando total y sistemáticamente los vencimientos de principal con nuevas deudas – y que los acreedores del país, que son los grandes grupos  financieros internacionales y nacionales especializados en la materia, le siguen prestando dinero que saben que la Argentina no puede devolver, reiteramos: que no puede devolver sin contraer nuevas deudas que esos mismos grupos le vuelven a prestar.

En esto reside la trampa de deuda perpetua en que está metido el Estado Argentino: en gran medida, una constante histórica pero acentuada e institucionalizada en los últimos 40 años (1976-2016). Siendo este proceso no reversible ni solucionable porque no hay alternativa al problema de la Deuda dentro del Sistema de la Deuda.

En las recientes Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central (BCRA) – 19/20.9.2016 – el presidente del BC de Brasil, Ilan Goldfajn, señaló en forma muy realista que el principal problema del sistema financiero internacional hoy es la abundancia de liquidez mundial – léase sobra dinero en el mundo – y que ello representaría una oportunidad para los países como el nuestro y el brasileño, que son importadores de ahorro externo y necesitan seguir siéndolos, a cambio de reformas estructurales en el Sector Público.

En línea con esta postura y en función de la idea-eje que las deudas que se contraen en el mercado no se pagan sino que se viven refinanciando, el Ministro de Hacienda Prat Gay declaró el 29.9 – en un discurso ante la Convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF),  en Córdoba – que había sido algo así como un error de la administración K haber cancelado gran parte de las deudas en efectivo en lugar de refinanciarlas.

El ministro – en un fragmento de su exposición – dijo lo siguiente:

“Sólo en el país de los Kirchner se hacían pagos en efectivo. La deuda se paga con deuda (el destacado es nuestro) y se renueva a tasas más bajas.”

Siendo además esto último doblemente engañoso porque la rebaja de los intereses es muy relativa cuando la Argentina paga una sobre-tasa por Riesgo-País poco menor de 500 PB (Puntos Básicos porcentuales) – actualmente 465 – pero que es récord en el mundo y cuando esa ligera reducción de la tasa es más que compensada, en valor absoluto, por el crecimiento de los intereses a pagar sobre un monto fuertemente creciente de nueva deuda que se suma a la heredada de la gestión K.

Los intereses previstos originalmente para el corriente año eran unos 104.000 M$ (Millones de Pesos) – equivalentes entonces a unos 10.000 MD – y ahora los intereses para el ejercicio 2017 se elevan, según el proyecto de Presupuesto, a 248.000 M$ (equivalentes a unos 13.800 MD): esto es, un aumento de 140 %.

Con el advenimiento de la nueva administración Macri la política de gobernar con Deuda continuó, se amplificó y se institucionalizó en el marco del proceso permanente de endeudamiento público siempre creciente, lo que ya venía manteniéndose bajo la administración Kirchner y que, precisamente por ello, es el único punto de su política de gobierno – el de pago sistemático de deuda externa – que es unánimemente elogiado por el establishment financiero, por el gobierno macrista y por la clase política en general.

Notablemente, en efecto, lo único que se le valora o reconoce así a la pasada gestión Kirchner es haber transcurrido sus 12 años de gobierno manteniendo la condición de la Argentina como pagadora serial – según expresión de la propia ex presidenta Cristina Fernández – batiendo récords históricos de pagos de la deuda externa (transformándola en deuda intra-Estado igualmente impagable), con lo que se reducía el stock de la misma – dentro de un total de deuda pública siempre en aumento – con el objeto expreso de poder retornar al mercado internacional de capitales, es decir, para volver a endeudarse.

Así, la administración K logró el mérito de descongestionar el endeudamiento del país con el exterior: un logro aparente porque obtenido a costa de la descapitalización total del BCRA, el desfinanciamiento de la ANSES, el desvío de fondos de los bancos oficiales (con el Banco Nación a la cabeza) y la puesta de los sistemas de Caja de la mayoría de los organismos del Estado al servicio de sostener su política de pagos de la Deuda.

Fue así que la Deuda creció bajo la administración Kirchner a un promedio de unos 10.000 MD (Millones de Dólares) por año: de 150.000 a más de 250.000 MD en el período 2003-2015.

Y que no pudiera lograr su meta de volver al mercado internacional de capitales por el fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 y de la  Hoja de Ruta Boudou de 2008, que contemplaban este regreso a la deuda externa como objetivo de la política del gobierno.

Con la paradoja que este resultado se obtuvo bajo el engañoso mito del des-endeudamiento del Estado.

Ahora, en cambio, viene la nueva administración Macri para completar el tándem que la anterior le dejó preparada – un porcentaje proporcionalmente menor de Deuda Externa medida sobre la Deuda Total (aproximadamente un 30 %) – para poder desarrollar la nueva ola de macro-endeudamiento del Estado en el marco de su política de gobernar con Deuda.

Según las últimas cifras oficiales, la deuda pública en cabeza de la Administración Central era de unos 260.000 MD al 30.6 pasado – un total no desgregado todavía ni muy claro en cuanto al verdadero flujo y variaciones del primer semestre del año – estimándose que el aumento del endeudamiento acumulado en el ejercicio estaría hoy en el orden de los 40.000 MD (incluyendo la nueva deuda de las provincias) y que pudiera llegar a sobrepasar los 50.000 MD a fin de año.

La administración macrista se desliza así – sistemática e inexorablemente – a gobernar con deuda, que es lo mismo que decir a depender de la deuda ya que sin esa inyección permanente de fondos nuevos y refinanciación de todos los pasivos existentes el gobierno Macri perdería su estabilidad financiera y política.