Doctrina Calvo y Alberdi

Alejandro Olmos Gaona, Historia

Alejandro Olmos Gaona
Libro La Deuda Odiosa. El Valor de una doctrina jurídica como herramienta de solución política. Ediciones Continente, 2007.  Capítulo II, Doctrina Calvo. Sus antecedentes.

 

LA DOCTRINA CALVO. SUS ANTECEDENTES

La increíble posición británica de Juan Bautista Alberdi. 
Por Alejandro Olmos Gaona

En el año 1859, un sujeto de nacionalidad uruguaya pero que se mo­vía con pasaporte británico, de apellido Cansttat, fue imputado de es­tar vinculado a una conspiración para asesinar al presidente del Pa­raguay, Francisco Solano López. Al ser conocida su detención, el cónsul de Gran Bretaña exigió que fuera liberado inmediatamente por su sola condición de súbdito de Su Majestad británica, a lo quenaturalmente el gobierno paraguayo se negó, con el propósito de so­meterlo al correspondiente juicio penal. Viendo que sus reclamacio­nes no tenían ningún resultado, el diplomático inglés abandonó Asunción, interrumpiéndose las relaciones entre los dos países.

Meses después, cuando el mariscal López regresaba a Asunción luego de haber mediado entre el Estado de Buenos Aires y la Confe­deración Argentina, a resultas de lo cual se firmó el Pacto de San Jo­sé de Flores, el buque de guerra Tacuarí, que lo trasportaba, fue in­terceptado por navíos ingleses y lo obligaron a regresar al Puerto de Buenos Aires. Ante la reclamación del Paraguay, el jefe de la escua­dra, sir Stephen Lushington, expresó que los fundamentos de la agre­sión tenían que ver con la detención de Cansttat y el rechazo a la re­clamación del gobierno de Su Majestad.

A los efectos de solucionar el conflicto planteado, el gobierno pa­raguayo contrató al Dr. Carlos Calvo, que era en ese entonces un im­portante jurista, con una concepción latinoamericana diferente de la que tenían muchos hombres públicos de la Argentina. Calvo presen­tó, en Londres, importantes alegatos en los cuales afirmó el concepto de inmunidad soberana de los Estados y el trato igualitario que de­bía regir entre todos ellos, no siendo posible admitir la supremacía de unos sobre otros, ola aplicación de leyes distintas según la naciona­lidad que se tuviera.Calvo deambuló por los despachos oficiales y apenas consiguió ser recibido por funcionarios de menor rango. Por supuesto que, convencido de la justicia de su causa y que el derecho asistía a la posición del gobierno paraguayo, siguió insistiendo con sus notas, además de haber consultado a juristas y distintas perso­nalidades, como R. Phülimore y Drouyn de Lhuys, quienes estuvie­ron de acuerdo con su planteo. Inclusive llegó hasta pedir la opinión de Juan Bautista Alberdi,para encontrar mayores fundamentos que pudiera incorporar en .sus alegatos.

El intercambio epistolar con Alberdi convenció a Calvo de algo que le resultaba difícil de creer, y era el de admitir que lo manifesta­do por el primer ministro Lord Russell, en el sentido de que varios go­biernos sudamericanos se habían sometido a exigencias parecidas a las del cónsul Henderson era cierto, y que había toda una concepción política sobre la inevitabilidad de aceptar tales situaciones impues­tas por la fuerza de las armas. Ese intercambio es revelador de dos formas distintas de examinar la realidad. Demuestran la vocación la­tinoamericana de Calvo y la rigurosidad jurídica de su doctrina, y por otra parte, ponen en evidencia las lamentables ideas que Alberdi te­nía en aquel entonces y que años después se materializaron en el pensamiento de muchos hombres públicos de la Argentina.

Después de haber solicitado la opinión de importantes personali­dades, y como parte de su gestión en Gran Bretaña, Calvo le escribió a Alberdi, que en ese momento era ministro plenipotenciario de la República Argentina en Francia e Inglaterra, pidiéndole una opinión sobre el conflicto planteado entre Inglaterra y el Paraguay. La con­testación de Alberdi fechada en Londres el 13 de agosto de 1861, cu­yas partes fundamentales extracto, decía así:

«[…] Bien pueden estar llenos de razón el Dr. Phillimore y el Sr. Druyn de Lhuys y tener mu­cha justicia el Paraguay en la causa que sostiene contra la Inglate­rra. Quiero colocarme en la hipótesis que todo esto es cierto. Pues bien, yo creo que el Paraguay se hace más daño a sí mismo en el sim­ple hecho de estar en enemistad con Inglaterra, que el que se haría con todas las concesiones que esta nación le exige. He aquí el punto bajo el cual no han visto la cuestión las personas eminentes a quie­nes V. ha consultado. Ellas han juzgado el caso en abstracto o el uno como si perteneciese a Inglaterra, y el otro al gran Imperio Francés […]. Para una República pequeña que acaba de nacer, que harto feliz es ser tratada como nación soberana e independiente por las prime­ras potencias de Europa, es una calamidad interrumpir por un solo día el honor de su contacto con un gran país como la Gran Bretaña[…]. ¿Qué busca el Paraguay en esta cuestión? ¿Honor, decoro nacio­nal, prestigio? No encontrará sino todo lo contrario enemistándose y luchando contra el pueblo que más títulos tiene al respeto del mun­do por sus servicios a la causa de la civilización y del derecho. Para mí es un completo error el de la política de nuestras Repúblicas, de tratar todas las cuestiones internacionales bajo el punto de vista del derecho teórico y abstracto, sin darse cuenta de la peculiaridad de su condición, y de las infinitas circunstancias de la vida pública que ha­cen variar en los hechos la aplicación de los principios. La política no es más que el arte de apreciar y conocer el poder de esas variaciones, de aceptarlas y respetarlas sin perder de vista los principios hacia los cuales debe marchar, por regla general transigiendo con las irregula­ridades […]. Yo creo que el Paraguay debe acceder a lo que le pide In­glaterra y renovar a todo precio su amistad con esta nación, que le dará más provecho que la brillante resistencia […] antes de aconse­jarlo al Paraguay lo he aconsejado a mi propio país […]. Yo creo que el mayor servicio que pudiera V. hacer al Paraguay, es decirle que lo autorice a V. para arreglar a cualquier precio la cuestión actual».

Se puede notar, aun con la distancia de los años, que la opinión de Alberdi es la que está presente hoy en el manejo de las relaciones internacionales, y es el fundamento de aquellos que suponen que la humillación, el sometimiento y el control de nuestra economía son condiciones básicas para «insertarnos en el mundo». La idea de Alberdi es exactamente igual a la de ciertos autores que tratan de demos­trar de cualquier forma las bondades del realismo periférico y la inevitabilidad de aceptar las decisiones de los Estados Unidos, para po­der insertarnos adecuadamente en la comunidad internacional y obtener alguna prosperidad residual.

Calvo se sorprendió de la respuesta de Álberdi, que no tenía na­da que ver con los principios que él sostenía, y en una nota, por mo­mentos muy dura, fechada en París el 16 de agosto de 1861, le expu­so un pensamiento donde reafirma el concepto de la dignidad soberana de los Estados y la necesidad de ponerlo nuevamente en vi­gencia, para enfrentar ese discurso convencional, que aún continúa ejerciendo su magisterio inapelable. Decía Calvo:

«La franqueza y el espíritu amistoso con que V. expresa sus opiniones relativamente a la política que a su modo de ver conviene adoptar a los pueblos hispa­noamericanos en sus relaciones con las naciones poderosas del viejo mundo, merece mi mayor respeto, por más que disienta de un modo absoluto con sus doctrinas y mucho más con la oportunidad de su aplicación […]. La aplicación de su doctrina —que los pueblos suda­mericanos tienen más que ganar, sometiéndose a las exigencias de las grandes naciones de Europa, que perder por las concesiones que puedan hacer— tiene tan serios e invencibles inconvenientes que no alcanzo a comprender cómo podría llevarse a debida ejecución […]. Si bien creo con V. que en ciertos casos y en ciertas ocasiones de menos importancia debemos hacer concesiones para evitar mayores males, hay otras de un carácter vital, como por ejemplo, el que da mérito a esta carta, que valdría más que esos pueblos desapareciesen del ma­pa de las naciones antes de acceder a semejante humillación. ¿Para qué derramaron tanta sangre nuestros antepasados por darnos inde­pendencia, si hoy que estamos en su pleno ejercicio, abdicamos todos los derechos y prerrogativas que ella nos confiere, conquistadas con las armas en la mano? Si nos despojamos voluntariamente de los de­rechos que constituye esa independencia, ¿cuál es la entidad política que nos reservamos en la comunidad de las naciones, y cuál la ven­taja de haber dejado de ser colonias españolas? ¿Por alcanzar el ho­nor de alimentar una vana relación internacional, debemos reducir nuestro ser político a un estado de dependencia vergonzosa, que un simple agente consular extranjero tenga el derecho de dictarnos so­beranamente los mandatos de su gobierno como si se tratase de un pueblo bárbaro o conquistado? […]. Yo no seré jamás el hombre públi­co que alimente ideas tan contrarias al porvenir de esos pueblos lle­nos de vigor y de grande existencia política; muy lejos de eso le ase­guro a V. que en presencia de actos tan arbitrarios aconsejaré resueltamente, como lo he hecho, que repelan la fuerza con la fuerza.

Pero aun admitiendo hipotéticamente que el gobierno del Paraguay cediese a las exigencias actuales de la Inglaterra, ¿cree V. que un sa­crificio de ese tamaño detendría a esos arrogantes señores en el ca­mino de sus exigencias? Si V. asegura que sí, me autorizará a creer que los veinte años que ha pasado fuera de su país, por mucha que sea su experiencia, le han desviado de la verdadera historia contem­poránea de aquellos pueblos. Por otra parte, comparando la situación que puede crearle al Paraguay una lucha desigual con la Inglaterra, y las consecuencias desastrosas que le expone una política débil y hu­millante, me decido por la primera […]. No puedo presentar a V. una prueba práctica también más elocuente y palpitante de la necesidad que tienen los pueblos nuevos de robustecer ese principio de resisten­cia contra los avances de los gobiernos poderosos que la que resulta de la cuestión tan injustamente promovida por los Estados Unidos contra el Paraguay.

«Una escuadra poderosa fue enviada para imponer el pago de un millón de dollars, fundándose únicamente en el dicho de un aventu­rero; la mediación argentina contribuyó, como V. sabe, a que se nego­ciase la convención que con ese motivo se firmó en la Asunción, esti­pulando el nombramiento por ambas partes de comisarios arbitros. ¿Sabe V. cuál fue el dictamen del comisario de los Estados Unidos en esta cuestión internacional? Puede reducirse a estas significativas palabras: ¡Es una insigne estafa! Entre tanto, si el gobierno del Pa­raguay se hubiese intimidado por la superioridad de los cañones yan-kees, no sólo habría sido víctima de una escandalosa escroquerie, si­no, lo que es peor, su debilidad habría inspirado el más profundo desprecio a los mismos beneficiados.

«Por último, mi estimado Señor, si las Repúblicas sud-americanas deben someterse tan humildemente a las exigencias de la Inglaterra y de las naciones poderosas, ¿cuál es nuestra misión en Europa? ¿Por qué se preocupa V. de la organización de un pueblo que no sabe o nopuede repeler la humillación que impone un extranjero altanero?Cuando se trata de la existencia y de la seguridad de un pueblo, por débil que sea, desde que ha sabido conquistar su independencia, no puede dejar de encontrar elementos suficientes en su propio seno pa­ra repeler la fuerza con la fuerza, y no veo por qué deba resignarse humildemente a esperar que sus fuerzas hayan crecido al nivel de las de su adversario. Los Americanos somos siempre mucho más fuertes en nuestro territorio que los extranjeros con sus cánones rayados, etc. y la historia Argentina lo demuestra de un modo incontestable. Este modo de apreciar la existencia política de nuestros pueblos le persuadirá a V. do la íntima convicción que alimento de que la defensa de sus más caros derechos no puede retardar o dificultar el desa­rrollo de su riqueza y de su comercio. No es la defensa digna y enérgica de su independencia y soberanía la que retarda el progreso de esos pueblos» (la letra en negrita es mía).

Finalmente el gobierno británico debió reconocer, por medio de un tratado, que nunca tuvo intenciones de intervenir en la jurisdic­ción del Paraguay; que no había tenido jamás, ni tendría, la inten­ción de impedir que el Paraguay hiciera cumplir sus leyes, «deplo­rando que la actitud hostil tomada por sus fuerzas navales al detener al mariscal López hubiese ofendido la dignidad de la Repú­blica del Paraguay, asegurando de la manera más solemne que ja­más había tenido ni tendría en adelante la intención de atentar de modo alguno contra el honor de la República del Paraguay y la dig­nidad de su gobierno»

De esa manera, terminó la singular controversia: con el triunfo completo de la causa paraguaya, debido al esfuerzo, la tenacidad y el profundo sentido latinoamericano de ese eminente jurista y diplomá­tico, que no trepidó en enfrentar a Inglaterra en defensa de un peque­ño país americano.

Ese pensamiento de Calvo lo llevó a definir muy claramente el principio de inmunidad soberana de los Estados, que desarrolló en su obra Derecho Internacional Teórico y Práctico en Europa y en Améri­ca,publicado en 1868, en París, en la cual establece que un Estado soberano no puede estar sometido a la potestad jurisdiccional de otro Estado. Su doctrina fue posteriormente recogida y ampliada por ju­ristas como Pasquale Fiore, quien expuso: «Es claro que un Estado no puede estar sometido respecto de sus actos de gobierno a las jurisdic­ciones de otro, puesto que equivaldría esto a someterse al juicio y las órdenes de otro Estado […]. Establecemos, pues, como máxima indis­cutible de Derecho Internacional que ningún Estado puede ser compelido a cumplir las obligaciones públicas por él contraídas en ejerci­cio del poder político, mediante una acción judicial promovida contra él ante los tribunales de otro Estado si menoscaban la independencia de su soberanía […]. Una soberanía no puede estar sometida a otra soberanía»/56^ El profesor Fiore citó, entre otros, un fallo del Tribu­nal del Sena (Francia) en la causa Fernaux Gandolfo vs. República de Haití, del 2 de mayo de 1828, por el cual el Tribunal se declaró in­competente y dijo que «someter los compromisos de una nación a la jurisdicción de otra, equivale en absoluto a quitar a la primera su in­dependencia, sometiéndola a otra, a cuya decisión estaría obligada a obedecer».

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Las finanzas al rescate del capital

Notas Bil

Damián Bil 25.04.2015.
El crecimiento de la tasa de ganancia bancaria por encima de la industrial se explica porque los bancos actuaron como intermediarios entre la política de emisión estatal para sostener a la industria en crisis y no como resultado de una timba financiera desvinculada de la producción.

 

Las finanzas al rescate del capital

Al Dorso (25.04.2015)



 

Nota Adjunta 

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LAS  FINANZAS AL RESCATE

El crecimiento de la tasa de ganancia bancaria por encima de la industrial se explica porque los bancos actuaron como intermediarios entre la política de emisión estatal para sostener a la industria en crisis y no como resultado de una timba financiera desvinculada de la producción.

Jonathan Bastida Bellot
OME – CEICS
Emiliano Mussi
OME – CEICS

Desde el 2008, el sector bancario no paró de aumentar su rentabilidad. Pasó de manera escalonada del 12% al 28% en 2013. Un crecimiento del 128%. Este incremento de las ganancias en los últimos cinco años, dio lugar a que se hable de una “década financiera”, en la cual los bancos controlaron la economía. Esto habilitó una supuesta crítica por izquierda al kirchnerismo, que sostiene que no se habría revertido el carácter neoliberal de la acumulación de capital, y que faltaría la tan mentada política productiva [1].No obstante, al observar el conjunto de la década, esta mirada tiene falencias.

El indicador que utilizamos para medir la rentabilidad, ROE (ganancia del ejercicio sobre patrimonio neto del anterior), muestra que hasta el 2008-09 la del sector industrial era mayor que la del sector financiero [2]. A partir de allí, se invierten, y la de este último pasa a ser más alta. Si tomamos el período 2003-2008, la industria tiene una rentabilidad mayor: 25,5% vs. 3,4%. En cambio, si tomamos el período 2009-2013, la tendencia se invierte: la rentabilidad de la industria cayó al 11,4% mientras que la del sector financiero dio un salto de casi el 600%, alcanzando 21,2%; aunque no llega a superar la rentabilidad de la primera etapa de la industria. Esto se debe a que durante el 2003 y 2006 la industria obtuvo ganancias extraordinarias (promedio del 28% anual), mientras que el sector financiero resultó “perdedor” de la salida devaluatoria, obteniendo pérdidas de alrededor del 5% anual durante el 2003 y 2005. Con todo, en el balance de la década, los bancos siguen por detrás de la industria: 11,5% contra 19,1%. Esto muestra que no existió tal “década financiera”. Pero incluso en el último periodo, el crecimiento de la tasa de ganancia bancaria por encima de la industrial, como veremos, se explica porque los bancos actuaron como intermediarios entre la política de emisión estatal para sostener a la industria en crisis y no como resultado de una timba financiera desvinculada de la producción.

Rentabilidad financiera y endeudamiento industrial 

Ahora bien, ¿cuáles son las bases de la mayor rentabilidad de los bancos? El sector financiero en la Argentina está compuesto por bancos estatales, privados nacionales y extranjeros. Cada uno tiene una participación del 30%. Tomando al conjunto del sector, el informe sobre bancos del BCRA muestra que, a partir de 2009, se disparó el margen financiero. Existe un crecimiento del 50% entre el 2010 y el 2013. Este último año alcanzó un 80% más que en el período 2005-2009. Este incremento de la ganancia es lo que está detrás de los altos índices de rentabilidad en estos últimos años.
Cuando analizamos los componentes de esta ganancia, encontramos que dominan los resultados por intereses, que crecen casi un 100% entre el 2009 y 2013. Estos resultados explican el 50% del margen financiero. Es decir, que una proporción importante viene de los préstamos que hacen los bancos. No de la valorización de títulos como se suele pensar. Es decir, los bancos se valorizan sobre todo a partir de préstamos, y no de la tenencia de bonos y títulos [3].

Por los préstamos, los bancos cobran una tasa de interés. En cambio, pagan una tasa de interés por el dinero en forma de depósitos. La diferencia entre lo que cobran por los préstamos (tasa de interés activa) y la que pagan por los depósitos (tasa de interés pasiva) arroja el spread bancario. Desde el 2009, el spread crece. Ello, sumado a la expansión de los préstamos a partir de la crisis del 2009, explica el salto de la rentabilidad del sector, que coincide con la crisis industrial. La expansión de los préstamos que los bancos ofrecen, base de la mayor ganancia financiera, surge como paliativo frente a la caída de la rentabilidad de la industria.

Concretamente, los préstamos crecen un 44% entre el 2008 y el 2013. Esos préstamos están destinados en casi un 90% al sector privado, de los cuales casi la mitad desde el 2009 se destinan al consumo. Queda claro que en un contexto recesivo “mantener el consumo” era primordial. Parte del consumo personal se realiza mediante créditos. Por eso, es también la principal fuente de financiamiento de los bancos, ya que por los créditos personales y el sistema de créditos se cobran tasas de alrededor del 30%, muy alejado del resto de las tasas.

Los préstamos al sector servicios y a la industria también crecieron a partir del 2009. La contrapartida de la expansión de créditos bancarios es el mayor endeudamiento de las empresas. La deuda funciona como un mecanismo para evitar la crisis. Al caer sus ventas y ganancias, surge para las empresas la necesidad de una fuente de recursos para pagar salarios y comprar las materias primas necesarias para producir. Al tomar créditos por debajo de la inflación gracias a la tasa de interés real negativa, pueden posponer el momento de la crisis. Así es que de un conjunto de 30 empresas latinoamericanas (incluidas argentinas) la relación entre la deuda y el patrimonio neto era para el período 2002-2008 casi el 20%. En cambio, para el período de la crisis (2009-2013) esa relación pasó casi al 90% [4]. Las empresas se endeudan desde la crisis mundial para no tener que cerrar las persianas. Ello explica que el conjunto de la burguesía esté presionando para volver a los mercados internacionales a endeudarse, con el objeto de seguir con esta dinámica de patear la crisis para adelante.

El Estado y la unidad de las finanzas y lo industrial

¿Qué motivó estos mayores préstamos que hacen los bancos desde el 2009, que explican su mayor ganancia y el financiamiento de las empresas? La respuesta es la emisión de deuda pública interna por parte del Estado, con organismos del propio Estado. Desde el 2008, el Gobierno se encontró con dificultades crecientes para afrontar mayores gastos. Sin la posibilidad de recurrir a deuda externa ni aumentar la apropiación de la renta de la tierra, fue necesaria la emisión de deuda pública interna a través de la ANSES y sobre todo del Banco Central.

El Central emitió pesos a través de la Casa de la Moneda para comprar los dólares que se liquidaban por exportaciones. Así se engrosaban las reservas. Luego, para el pago de los servicios de deuda externa, el Gobierno entregaba esos dólares al Tesoro a cambio de deuda que emitía (Letras intransferibles) a un plazo de 10 años y una tasa de interés muy baja.

Hasta el 2005, la deuda externa tenía un peso mayor que la deuda interna en el total de la deuda pública. A partir de ese año, la relación cambió y los bonos entre oficinas del Estado pasan a representar un 70% del total del endeudamiento público. Este crecimiento se acentuó a partir de marzo de 2009, en plena crisis mundial. Desde marzo del 2008 hasta mediados del año pasado, la deuda pública interna había aumentado casi un 70%. Con esto, el Gobierno tenía más aire para afrontar los agujeros que se iban creando. La contracara es que al no haber una base real en la producción que sustente esos papeles, se fue impulsando la inflación, que hace perder el efecto buscado de reactivar la economía.

Con la inflación, el dólar se volvía más barato, menos “competitivo”, presionando hacia una devaluación. ¿Cómo recuperaba el Gobierno esos pesos? Emitía deuda que ofrecía semanalmente y a la que reconocía una tasa de interés. Los Lebac (Letras del Banco Central) tenían vencimientos a corto plazo, mientras que las Nobac (Notas del Banco Central) tenían un período de tres años. Bancos o inversionistas privados compraban estos títulos, y así el Central se quedaba con los pesos que había emitido previamente, esterilizando (“secando”) el mercado. El peso de estos títulos de deuda fue creciendo, sobre todo por las refinanciaciones, y hoy tienen el mismo tamaño que las reservas.

Por último, ¿cómo impacta este mecanismo en los préstamos a las empresas? El Central le prestaba plata a los bancos del sistema financiero, y a cambio aceptaba (descontaba) los Lebac que habían comprado los bancos. Por préstamos que hacía el Central (redescuentos), los bancos pagaban una tasa de interés que se ajustaba a la de los Lebac, que era barata en relación a la que luego ellos le cobraban a las empresas cuando tomaban créditos. Con la tasa de interés que el Central pagaba por los Lebac, regulaba la tasa de interés del sistema financiero. Al ponerla baja, fomentaba que los bancos le pidan plata, ofreciendo más créditos a las empresas, fomentado el endeudamiento de las mismas.

Esta política expansiva (más pesos, más créditos, más inversión, más consumo) que generaba más inflación y más sobrevaluación de la moneda, es lo que llevó a la devaluación de enero. Por eso, luego de ese hecho, la tasa de interés subió un 74% en dos meses (de 16,3 en diciembre 2013 al 28,6 en febrero 2014 [5]), encareciendo el precio del dinero y “secando” el mercado, “enfriando” la economía al reducir la producción y el consumo. Todo un giro “ortodoxo” con un “marxista” a la cabeza.

Como vemos, las finanzas no dominan la economía. La expansión de las finanzas responde a la crisis de la industria, cuya rentabilidad estaba en declive. Es la crisis de la acumulación de capital, y la inviabilidad de las fracciones del capital industrial, las que permiten la expansión de las finanzas. No para dominarlos, como pretenden las variantes del keynesianismo, sino para sostenerlos en el tiempo. Todo con el accionar del Estado capitalista como garante de la unidad. Pero como los préstamos tomados no cambian el carácter poco competitivo de la industria local y la deuda pública que sostuvo la expansión financiera local no tiene un correlato en las reservas propias, todo este entramado se muestra como un mecanismo que solo sirve para para zafar de la crisis momentáneamente.

El estallido de la burbuja sostenida en base a la emisión mostrará que ambas fracciones deberán apostar a un crecimiento de la tasa de explotación y la depuración del capital sobrante. Unos para aumentar sus ganancias y los otros para cobrar los créditos que otorgaron. La unidad entre ambas fracciones del capital permite sostener que no existe alianza posible con ninguna de estas esferas. Plantear que las finanzas dominan el mundo por el predominio en la lucha de clases lleva a la conclusión lógica de plantear una posible alianza con las fracciones industriales del capital. Dar cuenta de su unidad, donde una contribuye a sostener a la otra, permite plantear que ambas participan de la explotación de la clase obrera, y que no existe posible alianza con ninguna.

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La trampa con el buitre NML Elliot

DEUDA, Notas, Notas Llorens

Javier Llorens 23.08.2014.
La treta del pari passu con la que NML – EM – Elliot atrapó a Argentina, es la misma con la que había arrinconado a Perú en el año 2000. No obstante Argentina cayó en ella como un chorlito, por la incuria de su dirigencia, como si ese antecedente no hubiese existido. Poniéndola ante el dilema del estallido de una sideral bomba de deuda, o el default de ella.

 

La trampa con el fondo buitre NML Elliot

Al Dorso (23.08.2014)

La treta del pari passu con la que NML – EM – Elliot atrapó a Argentina, es la misma con la que había arrinconado a Perú en el año 2000. No obstante Argentina cayó en ella como un chorlito, por la incuria de su dirigencia, como si ese antecedente no hubiese existido. Poniéndola ante el dilema del estallido de una sideral bomba de deuda, o el default de ella. Que tiene como única salida virtuosa, la restitución de Argentina como deudor soberano, acorde el mandato constitucional. Además ella tendría motivaciones que van más allá de las  finanzas, dada las ostensibles incursiones de NML – EM – Elliot en el negocio petrolero, con aspiraciones en Vaca Muerta, y la destacada labor de su dueño Paul Singer, como lobista proisraelí, estando de por medio el conflicto con Irán. Detalles que tanto la oposición en su inopia, como los medios y el gobierno parecen empeñados en mantener en la penumbra, como si se tratara de otras prendas a entregar bajo de la mesa. Al mismo tiempo que engañosamente insisten en parlar sobre los supuestos impedimentos de una cláusula RUFO, que no solo no está vigente, sino que incluso conforme su texto, no obstaría para arribar a un acuerdo inmediato con los fondos buitre. El que se ve impedido por las leyes cerrojos de las que nadie habla, siendo esto una forma más que necia para enfrentar el gravísimo desafío ante el que se encuentra Argentina.

Los orientales dicen que los problemas deben buscarse en sus orígenes, dado que en él están los gérmenes del mismo. Cosa que tanto los expertos y medios del Partido de la Deuda fundado por Martínez de Hoz, como los del gobierno parecen evitar hacer a toda costa. Cayendo en una inexplicable superficialidad y gravísimos errores en sus análisis, al hablar de la supuesta voluntariedad y término en el tiempo de la cláusula RUFO.

Pese que ella autoriza expresamente a llegar a “acuerdos” con los fondos buitre y holdouts en cualquier momento, sin límites de tiempo.  Pero que carece hoy enteramente de vigencia, al haber sido abrogada y superada largamente por las leyes cerrojos sancionadas por el Congreso, de las que nadie parece querer hablar. Siendo algo así como hablar del Mundial de Futbol del 2006, ignorando enteramente los del 2010 y 2014.

Lo cual resulta un baldón para un periodismo de investigación presuntamente independiente. Que parece empeñado en cazar pájaros menores, mientras se le escapan las presas de caza mayor. Y para la inteligencia de un país de uno y otro bando, que hace tiempo parece haber perdido el “obstinado rigor” que preconizaba Leonardo Da Vinci, para reemplazarlo por el retruécano.

Los unos con el evidente objeto de que perdure de cualquier manera el sistema de la deuda, que arrasó con Argentina, le quito su autonomía, y la llevó a su debacle histórica,  que culminó con la catástrofe del año 2001. Y por eso se encarga de enfatizar los terribles efectos que produciría un default ya sea real, técnico, o administrado, cuando en la realidad desde el 2001, Argentina nunca salió del mismo.

Y los otros para disimular la evidente responsabilidad que les cabe, por haber desperdiciado la oportunidad histórica que tuvieron para acabar definitivamente con dicho sistema. Y por eso hoy nuevamente estamos tropezando malamente con la misma piedra, de lo que se decía que era una cuestión definitivamente sepultada.

Escollo que solo se podrá evitar con un análisis riguroso de la cuestión, ceñido a la verdad. Y no a los relatos que tanto los oficialistas como opositores hacen circular en una sociedad, perpleja, escéptica, y mal informada. Pero cuya adhesión y colaboración sería indispensable, para poder lograr una solución alternativa genuina que perdure en el tiempo.

La absurda arquitectura del canje del 2005 – 2010

El arreglo de la deuda del año 2005, se basó en un error inicial esencial, que es hoy la causa primigenia de la situación actual. Consistente en no darle una solución de estado soberano, mediante hacer una auditoría de la deuda, y pagar el 100 % de las acreencias reconocidas, con nuevos títulos de deuda a largo plazo bajo legislación argentina, más un módico interés a nivel internacional.

Ni darle tampoco una solución de mercado, como comerciante “market friendly”. Que podría haber consistido como hizo Uruguay, en canjear sin chistar los bonos bajo legislación extranjera, por otros bonos por igual importe bajo la misma legislación. A más largo plazo y con menores intereses, teniendo asegurado así el regreso a los mercados extranjeros para solventar sus vencimientos. Conforme el mecanismo de la deuda perpetua o “roll over”, cuya traducción literal es enrollar para adelante, como una alfombra que se hace cada vez más pesada con cada vuelta que da.

Para evitar la auditoria reclamada por la sociedad y desde el Congreso, a la que se oponían los bancos emisores de deuda  (que sabían de las graves falencias que tenía esta, y por ende podían ser corresponsables de ellas) Kirchner, Lavagna, y Nielsen optaron por una vía intermedia, ni chicha ni limonada, cuyos resultados hoy están patéticamente a la vista. Tanto en la justicia de Nueva York, como en nuestra economía. Consistente absurdamente en volver a los mercados de la deuda extranjera no como “soberano”, sino como “comerciante con el cuchillo en los dientes”. O sea no “market friendly”, sino por contrario  “market unfriendly”, inamistoso. O peor aun “market wrathful”,  colérico o iracundo.

Actitud que estaba basada en que con el canje, se declamaba estentóreamente una supuesta quita del capital de la deuda para la tribuna. Que estaba compensada disimuladamente, con los altos intereses reconocidos en los bonos con quita de capital; y los cupones atados al PBI, entregados como colateral de todos los bonos. Que habían sido ideados por el FMI, quién envió de un representante a esos efectos, y luego los reprodujo en la crisis de Grecia.

Con los cuales la quita del capital dejó de ser tal, para convertirse en un pago acelerado del mismo, como consecuencia de tres factores concurrentes. Uno el mal diseño de esos cupones, con efecto acumulativo. El otro, el bajo nivel del punto de partida, que no representaba un crecimiento real, sino solo una recuperación tras la caída del PBI registrada desde el 1998. Y el tercero el inflamiento del PBI por parte del INDEC, que incluso ha sido reconocido por este.

Esta actitud inamistosa, con una quita que no fue tal, pero que era cacareada en forma altisonante por el gobierno, con el aplauso de una oposición en Babia, era absurda. Al contradecir la otra previsión subyacente en el arreglo, que era la inmediata vuelta al mercado de la deuda, para poder sostener los pagos mediante sucesivas refinanciaciones o rollover. A los que la AGN (Auditoría General de la Nación) en un estudio del año 2006, estimo en u$s 38.000 millones, a conseguir entre el 2005 y 2011. Con un pico sustancial en el año por venir 2015, de u$ 7.000 millones, tal como se puede ver en el siguiente gráfico de su autoría, en el que no están considerados los efectos del canje del 2010..

El efecto combinado de estas dos premisas contradictorias, fue desastroso. La simulación de la quita, hizo que en el 2005 un cuarto de los bonistas que no cazaron como era el asunto, no ingresaran al canje. Y que aun con el canje complementario del 2010, quedarán más de un 7 % afuera de ellos. Los que bien hubieran ingresado a los mismos, si se les hubiese dicho que se le reconocía el 100 % del capital de la deuda, más un módico interés del 4 % anual. Tal como resulta ser el resultado efectivo de esos canjes, por efecto de los cupones ligados al PBI.

Ello deparó que Argentina prosiguiera en default parcial, impidiéndole así la vuelta prevista al mercado de capitales o rollover. Situación financiera que se vio agravada por el pago cash de la deuda de u$s 9.000 millones al FMI, que el presidente Kirchner concretó a fines del 2005. Sin demandarlo por su corresponsabilidad por el vaciamiento financiero del año 2001, y por la absurda debacle de Argentina, como resultado de las políticas económicas que había impuesto a lo largo de 30 años. Contó para ello con la ayuda de Martín Redrado, un conspicuo integrante del Partido de la Deuda, que facilitó al kirchnerismo la primera metida de mano en las reservas del BCRA, mediante un sinuoso cambio de su carta orgánica.

Las tremendas secuelas económicas del mal arreglo de la deuda del 2005

Ante la imposibilidad de volver al mercado de la deuda como estaba previsto, el gobierno primero copó al INDEC, para con sus dibujos neutralizar la indexación de los bonos ajustado por CER. A la par simuló colocaciones de deuda, triangulando con la colaboración de Redrado las reservas del Banco Central, quién le facilitó así la segunda metida de mano en las reservas del  mismo. A las que siguió con colocaciones a través de Venezuela, que tuvo que abandonar por su altísimo costo financiero, similar al del megacanje del 2001.

Ante el agotamiento de esas medidas, el kirchnerismo hizo del vicio virtud, y emprendió la política épica del “desendeudamiento”, procurando manotear cuanta caja se le pusiera  delante. Primero, con la famosa resolución 125 firmada por Martín Lousteau, otro integrante del Partido de la Deuda, trató de cachar la “renta extraordinaria” de la soja, para poder cumplir con la deuda y los banqueros. Y al fracasar estrepitosamente con esto, por consejo de Amado Boudou se abalanzó sobre las AFJP, para despojarlas de los cupones atados al PBI. Y además simular con sus fondos transferidos a la ANSES, las recompras de deuda que se habían comprometido con el canje del 2005.

Seguidamente se quedó con la mitad de los depósitos del Banco Nación, y de cuanta caja oficial encontró a mano, comenzado por las ferroviarias. Y finalmente manoteo directamente las reservas del Banco Central, para poder seguir con el épico “desendeudamiento”, desquiciando así los fundamentos de la moneda y la economía. A la que en esta ocasión, al ser la tercera la vencida, Redrado se opuso, sabiendo las inconsistencias que tenían ellas, razón por la que fue expulsado de la presidencia del BCRA.

A la par para completar ese ruinoso cuadro, del país se fugaron u$ 90.000 millones desde el 2006 en adelante. Lo cual se vio facilitado por la liberación del mercado de cambios, y del posicionamiento y atesoramiento en divisas, que concretó Redrado al levantar todas las restricciones impuestas tras la crisis del 2001. Volviéndose así a una especie de convertibilidad de un dólar por tres pesos, que luego se hizo una convertibilidad flotante, con todos los vicios y vulnerabilidades que tenía ella. Lo que llevó a que finalmente diez años después, se instalara el “corralito cambiario”, como sucedáneo del “corralito bancario” del año 2001.

El huevo de la serpiente de la actual situación, las cláusulas MFCC – RUFO

A ese gravísimo error de alta estrategia, consistente en no practicar una solución de estado, para volver absurdamente al mercado de la deuda como un comerciante inamistoso, con la pretensión de obtener nuevos préstamos, se le sumaron otros gravísimos errores estratégicos. Originados porque Argentina no pudo establecer en forma retroactiva una cláusula de Acción Colectiva de salida, que diera por aprobado el canje. Y dejara sin efecto las condiciones de la deuda en default, al alcanzar dos tercios o tres cuartos de adhesión al mismo. Con lo cual los fondos buitre que compraron para litigar, habrían sido neutralizados de entrada, y hoy el problema no existiría.

Lo impidieron las leyes y la justicia de Nueva York, pero ella bien podría haber sido impuesta formalmente, si los bonos se emitían en sede local, como hizo Grecia por imposición de la Unión Europea y el FMI. A los efectos de tratar de paliar esto, en los Prospectus de los canjes de deuda de 2005 y 2010, se insertó una cláusula de acreedor más favorecido (MFCC en inglés)con la que Argentina se reservaba el derecho “a su absoluto criterio a comprar, canjear, ofrecer comprar o canjear, o concertar un acuerdo respecto los títulos que no ingresaran al canje”.(“Recompras de los títulos Elegibles que permanezcan en circulación -Ofertas de canjes Posteriores”).

Y seguidamente se obligaba a hacer extensivo a quienes ingresarán al canje, cualquier mejora que otorgue mediante “cualquier compra, canje, oferta de compra o canje”, conforme la ley al respecto. Remitiéndose a este respecto a la cláusula, “Derechos sobre ofertas futuras” (RUFO en inglés). Habiéndole mochado empero en esta oración, la frase “o acuerdo voluntario ofrecido o concertado”, que estaba en las primeras versiones de ella en el Prospectus. Pero quedó eliminada en marzo de 2005, por una resolución aprobada por Lavagna – Nielsen.

A su vez la redacción de la cláusula RUFO, quedo retaceada en forma parecida. Al quedar limitada  ante el caso en que Argentina “voluntariamente hiciera una oferta de compra o canje de deuda”. Al que tendrían derecho de ingresar quienes adhirieron a los canjes, siempre y cuando ellas se formularan antes del 31/12/2014.

Quedó establecido muy claramente así, que Argentina podría hacer antes del 2015, “acuerdos voluntarios en operaciones negociadas de manera privada o de otro modo”, sin que sus beneficios se extendieran a quienes habían ingresado a los canjes del 2005 y 2010. O que podía hacer desde el 2015 en adelante, ofertas de compra o canje mejoradas respecto las condiciones de los canjes del 2005 y 2010, sin que ellas beneficien a quienes ingresaron a estos. Siendo inentendible por lo tanto toda la cháchara existente actualmente en torno la cláusula RUFO, cuando ella claramente permitiría llegar ya mismo a un acuerdo con los holdouts y fondos buitre. Sin que quienes ingresaron a los canjes tengan derecho alguno a quejarse

La causa eficiente de la actual situación, la ley “cerrojo” y su zaga

Esta cláusulas MFCC y RUFO, que posibilitaba llegar a acuerdos con los litigantes o demandantes que no ingresaran al canje, sumada a la supuesta quita que no era tal, tuvo el efecto de desalentar aun más la adhesión al canje del 2005. Ante ello, a los efectos de tratar de neutralizarla, Argentina sancionó a principios del año 2005 la “ley cerrojo” (26.017). Poniendo de esa manera el germen de lo que ahora se conoce como violación del pari passu o igualdad de los acreedores por parte de Argentina. Agravada porque en el mismo Prospectus de los canjes, se advertía que los bonos que no ingresaran al canje, podrían quedar indefinidamente en mora.

Presentada como condición de la oferta, dicha ley prohibió reabrir el canje en un futuro, o llegar a algún acuerdo judicial o extrajudicial, con quienes no habían ingresado al canje. Suspendiendo así en la práctica los efectos de las cláusulas de acreedor más favorecido (MFCC) y los derechos sobre futuras ofertas (RUFO). Al comprometerse a no efectuar futuras ofertas en mejores condiciones, ni llegar a acuerdos voluntarios con quienes no ingresaron al canje.

Se abrió así una mora indefinida respecto los títulos que no habían ingresado al canje, que implicaba un virtual repudio de dicha deuda. Dando lugar de esta manera, a las sentencias adversas a la Argentina a favor del fondo buitre NML, referidas al pari passu. Por lo que bien puede decirse, que los responsablesprimigenios de la actual crisis resultan ser el ministro Roberto Lavagna, el secretario de Finanzas Guillermo Nielsen, el bufete Cleary y Gottlieb. Y los bancos intervinientes en los canjes, encabezados por el ingles Barclays, secundado por el Merril Lynch y UBS.

Paradojalmente, con dicha ley sancionada alegre e irresponsablemente por el Congreso, quedó de hecho establecida una situación hibrida, entre una solución de estado, y una de mercado, agravando aun más la confusión reinante. Que se embarró aun más, con la ley de suspensión de la ley cerrojo  (26.547) sancionada a los efectos de poder concretar el canje del 2010, impulsada por el ministro Amado Boudou.

Que suspendió la vigencia de la anterior, hasta tanto finalizara la reestructuración de la deuda, o hasta el 31/12/10 como máximo. Y prohibió que sus condiciones fueran iguales o mejores que las del canje del 2005. Exigiendo que quienes tuvieren sentencias o acciones judiciales en curso, desistieran enteramente de ellas para poder ingresar al canje. Y prohibiendo brindar un trato más favorable a quienes las hubiesen iniciado, u obtenido sentencias a su favor.

En el afán de presionar de cualquier manera a quienes  no habían ingresado a los canjes, y sin medir sus alcances, con ella irresponsablemente se avanzó un paso más hacia el abismo. Dado que de la suspensión de las cláusulas MFCC y RUFO, que implicaba la ley cerrojo inicial, Argentina pasó prácticamente a derogar esas cláusulas. Al comprometerse a no efectuar mejora  alguna de ofertas en el futuro, ni aún en acuerdos privados con quienes detentaban demandas judiciales. Quemando así sus naves como Hernán Cortés, pese a seguir bajo la férula de la justicia de Nueva York y del juez Griesa.

Tras el fallo a favor de NML dictado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York en el año 2013, con el objeto de tratar de borrar la negativa de pago manifestada previamente, el Congreso a pedido del PE sancionó ese año una nueva ley de suspensión de la ley cerrojo (26.886) impulsada por el ministro de Economía Hernán Lorenzino.

Con ella se autorizó al PE a realizar todos los actos necesarios para acabar con la reestructuración de la  deuda. No pudiendo ofrecer mejoras respecto el canje del año 2010, que a su vez debía ser inferior al del 2005. Debiendo renunciar a las acciones y sentencias por parte de quienes se adhirieran a ella. Y prohibiendo arribar a acuerdos administrativos y judiciales que impliquen mejoras respecto aquellos que no lo habían hecho. Con la que se ratificó así la ley anterior, que  prohibía hacer cualquier mejora en un futuro.

La bomba de deuda ante la que se encuentra Argentina por la inopia del Congreso

De esa manera los ministros Lavagna, Boudou, Lorenzino, y el Congreso de la Nación, con su seguidismo acrítico e irresponsable, tanto por parte de oficialistas como opositores, terminaron por hacer un verdadero embrollo legal, de impredecibles consecuencias y montos. Al comprometerse ante quienes ingresaron al canje, a no efectuar mejora alguna en futuras ofertas de canje o acuerdos de deuda, sin especificar límite de tiempo alguno.

Otorgando así por la negativa, el derecho a quienes ingresaron al canje a reclamar por la diferencia, frente esa promesa incumplida. Por esta razón, y no por la supuesta  vigencia de una cláusula RUFO que en realidad permitía hacer acuerdos privados con sus acreedores, la República Argentina estaría imposibilitada de hacer cualquier arreglo extrajudicial o judicial, voluntario o involuntario, con NML y los holdouts.

El capital demandado de deuda externa en Nueva York y otras tribunales en mora, asciende u$s 6.500 millones. A ello se le debe agregar intereses promedio del 11 % anual desde el 2001 hasta la fecha; mas intereses reconocidos por la justicia de Nueva York sobre los bonos FRAN, con tasa flotante calculada por el Stanley Morgan del 101 % anual, sobre u$s 300 millones de esos bonos en default.

Lo cual según la consultora Quatum Finanzas, propiedad de otro conspicuo integrante del Partido de la Deuda, Daniel Marx, hacen  trepar la cuenta de intereses a u$s 15.000 mil millones. Si a eso se agregan los honorarios y las costas, y la entrega de bonos a valor de mercado, como se hizo con REPSOL, ello representaría la emisión de nueva deuda externa por un monto de entre 25 mil y 30 mil millones de dólares.

La cual mas sus intereses respectivos, conforme la solución dada a REPSOL, haría trepar el total de compromisos de nueva deuda a mas deu$s 50 mil  millones. Una cifra similar a la del famoso megacanje del año 2001, que anticipó la crisis de ese año, por la que actualmente el ex ministro Cavallo está siendo enjuiciado en forma oral y pública por negociaciones incompatibles con su función. Que supera la supuesta quita lograda con el canje del 2005, echando por tierra de esta manera un punto central del relato kirchnerista.

Pero la cuestión no acaba allí, ya que por efecto de las cláusulas MFCC y RUFO, alteradas por la ley cerrojo y su zaga, el pago de esa acreencias en default podrían hacer estallar una descomunal bomba de deuda. Que según el ministro de Economía Axel Kicillof, treparía a u$s 120 a u$s 140 mil millones. Y que según otros expertos en la deuda, como el abogado Marcelo Etchebarne,  podría incluso trepar hasta los u$s 500 mil millones. Si se toma como parámetro para la igualdad de los acreedores, los intereses del 101 % anual  reconocidos por la justicia de Nueva York sobre los bonos FRAN.

De los cuales NML detenta un capital de u$s 45 millones, que compró por u$s 10 millones, pero no obstante obtuvo en el año 2009 sentencias por u$s 450 millones. Que actualizadas hasta la fecha treparían a u$s 675 millones. O sea que obtendría un 6.750 % sobre el capital invertido.Lo cual de por si muestra la desmesura de los fallos de la justicia de Nueva York.

Se da así una peculiar situación de pari passu, o igualdad de los acreedores al cuadrado, o turbo potenciada. Por la cual los bonistas que no entraron en los canjes obtienen el pago integro de sus acreencias originales, dando lugar a que invocando el mismo derecho de igualdad de los acreedores, reclamen el mismo tratamiento quienes ingresaron a ellos. Extendiéndola incluso hasta el confín que representan los bonos FRAN, que han devengado un 101 % de interés  anual reconocidos por la justicia de Nueva York.

Por esta razón el ministro Kiccillof, afirma que las sentencias de la justicia de Nueva York son de cumplimiento imposible. Mostrando esto claramente los límites del sistema de la deuda, que los perplejos integrantes del Partido de la Deuda tratan de disimular a toda costa.

Y que resulta de cumplimiento imposible tanto ahora, como después del 31 de diciembre próximo, fecha en la que no va a caer cláusula RUFO alguna, como sostienen trivialmente muchos analistas. Ya que en realidad está ha caído hace mucho tiempo, por efecto de las promesas implícitas de las leyes cerrojos sancionadas irresponsablemente por el Congreso.

El bunker con techo de chapa de Lavagna – Nielsen

Otra gravísimo error, como consecuencia de no haberle dado al arreglo de la deuda un enfoque de estado, como país soberano, sino de mercado, como un comerciante, consistió en la dicotomía de emitir títulos nuevos para el canje, en las mismas sedes donde Argentina tenía múltiples demandas por los títulos viejos, dinamizadas por los fondos buitre y holdouts.

Para protegerse de los previsibles embargos que iban caer por parte de ellos, Lavagna, Nielsen, el bufete Cleary Gottlieb, y los bancos intervinientes en el canje, encabezados por el Barclays, idearon un fideicomiso con sede en Nueva York, donde quedaron depositados los nuevos bonos emitidos, canjeados por los viejos. De esa manera, al salir los pagos desde Argentina, las remesas no figuran ya anombre de esta, sino  del fideicomisario, el BoNY (Banco of New York Mellon) encargado como Agente de pago de distribuir los pagos a los beneficiarios.

El diputado MC Mario Cafiero describió a este fideicomiso como un bunker con techo de chapa, dado que no resistió la embestida del juez Griesa. Quién prohibió que el BoNY recibiera los fondos de Argentina, y/o pagara lo que les correspondía a los nuevos bonistas, poniéndola así al borde del default.

Igual que habían hecho las  cortes de Bélgica y Luxemburgo, a pedido del mismo fondo buitre NML – EM – Elliot contra Perú, en el 2000, doce atrás, antes de que Argentina declarara su default. Poniéndolo así a Perú al borde del default, por no poder cumplir con los servicios de los bonos Brady, o sea exactamente en la misma situación en que se encuentra hoy Argentina.

El asunto era tan conocido en el foro de Nueva York, que un analista lo tildó como “The (in)famous Elliott case”, o sea una mezcla de infame y famoso. Por ello Lavagna, Nielsen, Cleary Gottlieb, y los bancos  intervinientes encabezados por el banco inglés Barclays, no pueden argüir ignorancia. Y si no hay dolo por haber sido “deliberada”, se trataría de un extraordinario caso de mala praxis, dada la estatura “profesional” de los intervinientes.

En su embestida contra Perú, previamente Elliot – NML había obtenido una sentencia adversa en primera instancia en Nueva York, en la que el juez rechazó su demanda, por considerar que había comprado bonos para litigar, lo que está prohibido por la legislación local. Pero luego la Cámara de Apelaciones revirtió el fallo, al interpretar que esa prohibición no regia respecto los títulos extranjeros. Empero Elliot no encontró bienes de Perú con los que ejecutar la sentencia, y por ello recurrió ante diversas cortes, argumentando la violación al pari passu.

Obtuvo éxito en Belgica, donde una corte ordenó a los agentes de pago bloquear el pago de los intereses de los bonos Brady por parte de Perú, hasta tanto no satisficiera las acreencias de Elliot. Medida que Elliot se ingenio para hacerla extensiva a distintos clearing de pago, al obtener un fallo parecido en Luxemburgo. Ante lo cual Perú para no caer en default, se avino a las pretensiones de Elliot – NML.

El previsible uso del arma del pari passu antibunker por parte de NML  EM Elliot

Por ello los expertos de Nueva York,  avizoraban que el próximo episodio al respecto sucedería allí. Cosa que no parece haberse enterado el bufete Cleary Gottlieb que representa a Argentina, ni Lavagna, ni Nielsen, ni el Barclays. Pese a que a fines del 2004 el entonces diputado MC Mario Cafiero había presentado una carta ante el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, advirtiéndole  de la existencia de esas sentencias basadas en el pari passu, e inquiriendo si Argentina había tomado las previsiones del caso. Señalando de paso la extraña continuidad del bufete Cleary Gottlieb como abogados de Argentina, pese tratarse del mismo estudio que había conducido el inusitado endeudamiento externo de Argentina en la década de los `90, que remato en el default.

Esta altura resulta evidente que el fondo buitre NML advirtió tempranamente las vulnerabilidades estratégicas que tenía la posición argentina, y la gran oportunidad que ellas le brindaban para repetir la jugada contra Perú. En la jerga financiera se los tilda con ese nombre (vulture funds) porque se especializan en comprar a vil precio bonos en default, o sea carroña, para acorralar judicialmente al acreedor y concretar enormes diferencias.

Algunos analistas consideran que Paul Singer, el presidente y fundador de NML – EM – Elliot, fue el inventor de los vulture funds. Pero la influencia de este personaje va mucho más allá, desbordando el ámbito de EEUU. Ya que es uno de los principales sponsor del Partido Republicano, y tiene además como uno de sus principales inversores en el fondo, al ex candidato a la presidencia por el Partido Repúblicano, Mitt Romney.

Además NML – EM – Elliot tiene el 40 % de su cartera de u$s 32.000 millones invertida en empresas de energía, incluidas Exxon y Chevrón. Pero la parte sustancial de ella, un 28 %, la tiene invertida en acciones de la petrolera Hess, ex Amerada Hess. Una empresa de origen inglés, especializada en incursionar en sectores petroleros novedosos, con fuertes inversiones actualmente en petróleo no convencional.

Hess fue la primera compañía en efectuar exploraciones y perforaciones en el área en disputa de Malvinas. Y como socia de REPSOL en diversos emprendimientos en el mundo, en el 2010 firmo con REPSOL – YPF, antes de la estatización de esta, un preacuerdo para explotar Vaca Muerta. Y quizás por ello ahora pide una solución igual a la de REPSOL, con la esperanza de ligar algunas áreas en Vaca Muerta, como las que YPF habría transferido subrepticiamente a REPSOL, a través de Pluspetrol, como parte de pago de su indemnización.

Como “inversor activista”, rol parecido al de fondo buitre, a la par que acosaba a Argentina con múltiples juicios y pedidos de embargos, Singer logró adquirir una posición preponderante en esta petrolera. Con la que logró desplazar a su socio fundador, para colocar al frente de ella a un ex ejecutivo de la SHELL inglesa.

Y como si ello no fuera suficiente, Singer es un hombre prominente del lobby proisraelí, habiendo sido distinguido por el presidente George W. Bush, como su acompañante en los viajes a ese país. Su hermana Wendy es nada menos que la presidenta en Israel, del poderosísimo lobby judío norteamericano AIPAC. Y su hermano Robert es un conspicuo dirigente del Congreso Judío Mundial.

Estas menciones vienen a cuento, porque Argentina ha tenido una oscilante actitud frente al conflicto con Irán, motivado por el achaque a la cúpula de este país, que hizo la justicia argentina por el atentado de la AMIA. Exigiendo actualmente tanto Israel como el lobby judío, que se derogue el acuerdo que Argentina convino el año pasado con Irán, a los efectos de tratar de esclarecer el hecho.

No sería la primera vez que la cuestión de la deuda sea un condicionante de las relaciones exteriores. Siendo un claro ejemplo de ello el seguidismo acrítico a las políticas de EEUU e Israel, que protagonizó Argentina con el menemcavallismo tras el ingreso al Plan Brady, a la que se le dio el obsceno título de “relaciones carnales”.

Lo concreto es que en el 2008 NML – EM – Elliot se lanzó a acaparar distintos bonos en default de Argentina, obteniendo sentencias por parte del juez Griesa a su favor desde 2009 en adelante. Que actualmente trepan a u$s 3.000 millones, mas sus actualizaciones desde esas fechas. Con las que, como deliberada puesta en escena, intentó inútilmente entablar decenas de embargos ante el juez Griesa y a lo largo de todo el mundo, sobre los bienes más inverosímiles, hasta llegar al de la fragata libertad en Ghana.

A esta estrategia desplegada por NML – EM – Elliot se sumo a su favor inexplicablemente, la curiosa incuria de la postura argentina, que mantuvo la ley cerrojo incólume hasta el año 2010. Cuando si ella solo era una añagaza para presionar a los bonistas a que ingresaran al canje del 2005, debió haberla derogado inmediatamente después, y dejado abierto el canje sine die, para que fueran ingresando los holdouts que aún no lo habían hecho.

Alentados incluso por los generosos resultados que iban obteniendo quienes habían ingresado al canje, con los generosos cupones ligados al PBI, con el que se compensó una quita que no era tal. Incluso Argentina podría haber ido más allá, mediante abrir cuentas en consignación en los fideicomisos implementados para el pago, para ir depositando en ellas los pagos por los bonos en manos de holdouts, conforme las premisas del canje. Mostrando así su voluntad de pago, lo que habría evitado que los fondos buitres explotarán la ya conocida treta del pari passu, esgrimida en el 2000 contra Perú.

Nada de eso sucedió. Por contrario el canje reabierto en el 2010, se volvió a cerrar nuevamente. Al mismo tiempo que la cúpula del gobierno encabezada por la Presidenta, proclamaba ostensiblemente ¡Fondos buitre no pasaran¡ aconsejada pesimamente vaya a saber por quién. Sería muy interesante deslindar que postura al respecto aconsejó el bufete Cleary Gottlieb, y que documentos respaldatorios emitió al respecto el ministerio de Economía, encabezado por Boudou y Lorenzino.

Los “fallos” del juez Griesa erigido en juez de quiebras referidos al pari passu

Por su lado NML frotándose las manos, pacientemente acumulaba cada una de esas manifestaciones y balandronadas en los expedientes del juez Griesa. Y así en el 2011 tras el cierre del canje del 2010, interpuso un procedimiento sumario ante el mismo, planteando la cuestión del pari passu o violación a la igualdad de los acreedores, por el virtual repudio y rechazo de pago de pago de deuda que había hecho Argentina con los holdouts. No obstante lo establecido en los prospectos de los bonos en su poder, que garantizaban que Argentina pagaría esas deudas, sin hacer discriminación alguna respecto el pago de otras acreencias de su deuda externa.

Tras una audiencia de conciliación que no prosperó por la negativa de los abogados de Argentina, en febrero del 2012 Griesa emitió un primer falló a favor de NML, decretando que Argentina había violado flagrantemente la igualdad de los acreedores o pari passu. Por lo que  NML se había visto perjudicada, al haber fracasado y no tener ningún otro recurso legal adecuado para lograr su cobro. Razón por la que las acreencias de NML sufrirían un daño irreparable, conforme lo dispuestos por las leyes cerrojo 26.017 y 26.547, y la actitud de Argentina de desafiar cualquier fallo monetario emitido por el Tribunal, repudiando sus obligaciones.

Invocó en consecuencia, “que el interés público de hacer cumplir los contratos y la defensa del Estado de Derecho justificaban” su fallo. Por el cual conforme la propuesta formulada por NML, Argentina debía hacer un pago favor de NML a prorrata, cada vez que pague a los bonistas que ingresaron al canje. Atento que NML carecía del recurso de los regímenes de quiebra para proteger sus intereses, que no alcanzan a los estados soberanos, y debe confiar en los tribunales de Nueva York para hacer valer sus derechos. Siendo este párrafo de la sentencia de Griesa muy significativo, al asumirse como un virtual juez de quiebra de países, a falta de nada mejor.

A esos efectos prohibió a  Argentina hacer ningún pago a los bonistas que ingresaron a los canjes, sin cumplir con su orden. Dándole tres días para que instruya a los agentes de pago para que ella se cumpla, debiendo “descubrir” ante NML, como y donde efectúa los mismos. Prohibiéndole además expresamente, la adopción de cualquier medida que tienda a evadir sus directivas, o la hicieran ineficaz, disminuyera su capacidad de supervisar el cumplimiento de ellas, o que alteran los pagos, sin su aprobación.

De esa manera el enunciado de la ley tergiversada en Argentina por Cavallo y su secretario de Hacienda Gutierréz, que supuestamente autorizaba al gobierno a la prorroga de jurisdicción, a los efectos de dirimir una controversia, con la apacible figura del Dr. Hyde, crudamente mostraba su peor rostro de Dr. Jekill. En donde Argentina víctima de la impericia y balandronadas de sus gobernantes, astutamente explotadas por NML, había pasado a ser un mero comerciante quebrado en un país extranjero.

Sujeto a los mandatos de hacer y no hacer por parte de un juez. Como si hubiese sido intervenida judicialmente su “empresa”. Poniendo así en crisis la ficción legal del iuri imperii, o país soberano, y  uiri gestionis, o mero comerciante, al invadir flagrantemente esta última categoría, el sagrado recinto de la primera.

Argentina apelo ante la Cámara de Apelaciones, y de esa manera el cumplimiento del fallo en contra de Argentina se suspendió. En octubre del 2012 la Cámara convalidó la orden de Griesa, pero le pidió que precisara como debía efectuarse la prorrata, a los efectos de concretar los pagos a  NML. A lo que Griesa respondió en noviembre afirmando que debían pagarse el 100 % del capital e intereses a NML, cuando Argentina efectuara el próximo pago de intereses a los bonistas que ingresaron al canje.

Pero ese mismo día el juez Griesa decidió levantar la suspensión de la orden de pagar a NML y otros, que había dispuesto al elevar la apelación a principios de año. Lo cual en circunstancias normales según Griesa, dejaría vigente la suspensión hasta tanto la cámara de Apelaciones hubiese dictado su fallo definitivo.

Pero considerando que en ella había advertido a Argentina, que “mientras esté pendiente la apelación la República no realizara ninguna acción para evadir sus directivas, de manera alguna”, expresó que “se ha presentado una circunstancia fuera de lo común, que claramente exige una medida judicial, y esa medida sólo puede ser tomada por el Tribunal de Distrito, donde se halla la causa”.

Motivada porque desde su fallo en febrero, “los más altos funcionarios de Argentina declararon que Argentina pagaría a los bonistas del canje pero no pagaría un solo dólar a los tenedores de los bonos originales. La presidente Cristina Kirchner efectuó esa declaración. El ministro de Economía Lorenzino declaró que, pese a cualquier fallo de cualquier jurisdicción, Argentina no pagaría a esos bonistas”.

“Por esa razón el 9/11/12 el tribunal se reunió con los abogados y preguntó al letrado de Argentina si los informes de prensa con las declaraciones anteriores eran correctos. Como respuesta, el abogado pasó a otros temas, dando a entender que los informes no eran desmentidos… el tribunal recordó a todas las partes interesadas que Argentina está sometida a la jurisdicción de los tribunales federales de Nueva York, a lo que Argentina dio su consentimiento.”

“En los últimos diez años, Argentina repetidas veces sometió los asuntos al Tribunal de Distrito y el Tribunal de Apelaciones, y recibió un tratamiento indudablemente imparcial, dado que Argentina se impuso en la mayoría de las cuestiones. El tribunal luego exhortó a que el gobierno argentino abandonara esas amenazas poco atinadas de desobedecer los actuales fallos judiciales, y declaró que cualquier incumplimiento de los fallos de los tribunales no sólo sería ilegal, sino que constituiría el peor tipo de irresponsabilidad en el trato con el poder judicial.”

“Esto no detuvo a los más altos funcionarios argentinos, quienes hasta el presente continúan con sus incendiarias declaraciones de que los fallos del tribunal no serán obedecidos. Esas declaraciones son una violación la Orden de Aplazamiento del 5 de marzo de 2012… Podría argumentarse que las declaraciones de los altos funcionarios argentinos no constituyen literalmente el tipo de “acción” a que hace referencia el párrafo 2.”

“Pero la cuestión esencial va más allá de esto. Sin duda, se presenta una circunstancia fuera de lo común del carácter más grave con las continuas declaraciones de la presidente de Argentina y los miembros de gabinete de que Argentina no respetará ni cumplirá los fallos actuales del Tribunal de Distrito y el Tribunal de Apelaciones en el litigio del que Argentina es parte. Es la opinión del Tribunal de Distrito que esas amenazas de incumplimiento no pueden desoírse y que es necesario tomar medidas.”

En consecuencia Griesa consideró que “cuanto menos tiempo se dé a Argentina para idear medios de evasión, más seguridad hay de que no se realizará tal evasión”. Por lo tanto, levantó la orden de suspensión del pago a favor de NML que había dictado, y dispuso que se cumpla ella sin dilación, en el próximo pago de intereses previsto para diciembre del 2013, depositados en una cuenta custodia, hasta tanto la Cámara se expidiera en definitiva.

El “fallo” condenatorio de la Cámara por ser Argentina un “caso único”

Por su parte a pedido  de Argentina, la Cámara de Apelaciones dejó sin efecto el levantamiento de la suspensión del pago dictada por Griesa. En cuya causa el representante del fondo buitre era nada menos que el republicano Theodore Olsen, ex Fiscal General del presidente George W. Bush.

Luego en agosto la Cámara se expidió, ratificando plenamente el fallo de Griesa. Afirmando  que la República Argentina no hizo propuestas productivas para el pago efectivo a NML, pese habérsele brindado la oportunidad al respecto. Que por contrario, el abogado de Argentina dijo que «no obedecería voluntariamente» el fallo de Griesa, incluso si esas medidas cautelares fueron ratificadas por la Corte. Y que los funcionarios de la Argentina pública y reiteradamente han anunciado su intención de desafiar a las sentencias de esos tribunales.

Citó al respecto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que anunció que Argentina “pagará los nuevos bonos, pero ni un dólar a los ‘fondos buitre”. Y que el ministro de Economía Hernán Lorenzino, haciéndose eco dijo que «la Argentina no va a cambiar su posición de no pagar los fondos buitres, y va a seguir con esa política, a pesar de cualquier fallo que podría salir de cualquier jurisdicción”.

Respecto el argumento de Argentina, de que el fallo de Griesa viola la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera, al obligar a Argentina a utilizar los recursos que la ley protege, afirma que las medidas dispuestas por Griesa no están enunciadas en el artículo de esa ley, que protege a determinados bienesinejecutables, siendo por contrario consistente con este artículo. En cuanto a la postura de Argentina, que es inequitativo que los bonistas que ingresaron al canje cobren el 100 % de los intereses, y los holdouts el 100 % de capital más intereses, dice que ello no es así por efecto de la cláusula de aceleración, al estar en mora los bonos que detentan NML y los holdouts.

Afirmó además que los demandantes no tienen ningún recurso legal adecuado, porque la República Argentina dejó en claro su intención de desafiar cualquier fallo monetario emitido por este Tribunal. Diciendo que por contrario, Argentina ha ido mucho más lejos, al aprobar las leyes cerrojos de restricción de los pagos a los holdouts. Y apuntó que tal como afirma Griesa, Argentina tiene los medios financieros para pagar todas sus obligaciones, pero «ha declarado públicamente que no tiene ninguna intención de pagar los tenedores de bonos como NML» y por ello no hay modo otro modo de remediar la cuestión.

Expresó también que si ello reporta algún daño a los bonistas que adhirieron al canje, ya estaban advertidos en los prospectos del canje que ello podría sucederles, al especificarse en ellos que no había ninguna garantía de que los holdouts no pudieran interferir en los pagos. Y si Argentina decide no pagarle a estos, estos podrían demandar a su vez a Argentina por ello. En consecuencia no encuentra ningún abuso de discreción por parte del juez Griesa.

Respecto a las lesiones que puedan darse en el sistema de pagos, tanto en EEUU como el exterior, manifestó que eventualmente el tribunal tiene las puertas abiertas para discutirlas en cada caso específico. Y que un «tribunal federal en calidad de tribunal de capital con jurisdicción sobre Argentina, tiene el poder para prohibirle cometer actos en otros lugares, máxime si tiene un sustancial efecto dentro de los Estados Unidos”.

En cuanto a los pagos electrónicos y sistemas de pago internacionales, afirma que estas instituciones financieras están obligadas a respetar las leyes de EEUU, que prohíben en algunos casos la participación en transacciones internacionales. Equiparando a las restricciones impuestas a Argentina, con las restricciones impuestas por EEUU a las transacciones con Irán, Cuba, Irán, Birmania y Sudán. Afirma además al respecto, que nunca “se nos ha enfrentado  con la cuestión de si se aplican legalmente sanciones de Estados Unidos, a las personas fuera de Estados Unidos o instituciones, y no respondemos esa pregunta hoy”.

En cuanto a las lesiones al interés público, afirmó que no está de acuerdo con las predicciones “catastróficas” efectuadas por Argentina, respecto el impacto que los fallos tendrían en los mercados y la economía mundial; asegurando ser conscientes de que los tribunales deben prestar especial atención a las consecuencias públicas de cualquier orden judicial.

Afirmó que las consecuencias predichas por Argentina, son “especulativas, hiperbólicas, y casi en su totalidad creación de la propia República”. Insistiendo, sin ninguna ponderación al respecto, que Argentina ahora «tiene la capacidad financiera para cumplir con el compromiso de proporcionar la igualdad de trato a los demandantes y resto de los bonistas».

A la advertencia por parte de Argentina y los tenedores de bonos en euros, que expresan que Argentina puede que no seas capaz de pagar lo que se le manda, o que el pago causará problemas en la economía argentina, lo que podría afectar a la economía global. Expresa que Argentina no tiene ningún argumento real para afirmar que “para evitar el impago de su deuda con los nuevos bonistas, no puede permitirse el lujo de pagar la deuda en default, y no ha presentado prueba alguna para apoyar sus afirmaciones”.

Respecto que el éxito de NML y los holdouts, animará a otros tenedores de bonos a rechazar futuras ofertas de canje soberanas, lo que provocaría efectos perjudiciales para la economía mundial, especialmente, a los países en desarrollo, afirma que el caso de Argentina es “excepcional” y “con poca relación respecto las transacciones que pueden esperarse en el futuro”.

Ya que la resolución tomada, no agota la interpretación de la clásula pari passu en relación a otros deudores soberanos. Y por ende no deja establecido que un deudor soberano infringe su cláusula pari passu cada vez que paga a un acreedor, y no a otro, o dicta una ley a esos efectos. Simplemente afirma que el comportamiento extraordinario por parte de Argentina, fue una clara violación de la cláusula pari passu estipulada en los bonos en manos de los holdouts.

Agrega que “casos como éste es poco probable que se produzcan en el futuro” porque Argentina ha sido un deudor “único y recalcitrante”. Y porque los bonos nuevos casi universalmente incluyen cláusulas de acción colectiva que permiten a una supermayoría de tenedores de bonos cambiar sus términos. Avalando ello con citas de especialistas, que afirman que Argentina es un «caso atípico en la historia de las reestructuraciones soberanas»; siendo un “un ejemplo único de un deudor soberano que ha seguido un enfoque unilateral y coercitivo en la reestructuración de su deuda».

Respecto que incluso con cláusulas de acción colectiva, el fallo podría motivar a que suficientes tenedores de bonos rechacen las reestructuraciones, y queden a la esperad de una pago completo; o podrían comprar suficientes bonos de una serie para derrotar a la reestructuración de esa serie, apunta que no obstante se podrían reestructurar las restantes series. Y cita al respecto a un amicus curiae de NML, que afirmó que tal caso sería consecuencia de que la propuesta de reestructuración efectuada resulta ser mezquina.

Por último afirma que papel de la Cámara “no es para elaborar una resolución que va a resolver todos los problemas que pueda surgir en el hipotético futuro litigio involucrando a otros bonos y otras naciones. La particular cláusula pari passu de los bonos en cuestión, es la que justifica este pronunciamiento, pero en adelante, los países y los prestamistas tienen la libertad de diseñar diversos mecanismos para evitar litigios, y elaborar diferentes cláusulas pari passu que evitar la existencia de holdouts”.

Por esa razón la Corte afirmó que no cree que su fallo amenace la emisión de bonos en el mercado de Nueva York. Por contrario, dijo que la resolución tomada es “esencial para la integridad de los mercados de capitales”, ya que lo mejor para el estado de Nueva York,  es “que se requiera a los deudores, incluidos los deudores extranjeros, a pagar sus deudas”. Por esa razón ratificó el fallo de Griesa, pero lo dejó en suspenso hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia.

El no “fallo” de la Corte Suprema de EEUU

Argentina apeló ante la Corte Suprema de EEUU, sumando el patrocinio de Cleary Gottlieb, el del republicano Paul Clement, otro ex Fiscal General nombrado por el presidente George W. Bush. Como otra clara demostración de que la supuestamente independiente justicia de EEUU, no lo es tanto.

Planteó ante ella dos concisos interrogantes, consistentes en que si el fallo de Griesa y la Cámara de Apelaciones, excedía las previsiones de la ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras. Y si la interpretación del pari passu, implicaba que los estados no tenían derecho a reestructurar sus deudas.

A la par, tratando de improviso de aparecer como un deudor cumplidor ante la Corte Suprema estadounidense, el gobierno argentino llegó a apurados, desprolijos, y muy generosos acuerdos de pago de las sentencias emitidas por el CIADI, la indemnización a REPSOL por la estatización parcial de YPF, y las deudas con el Club de Paris.

Simultáneamente le abrió la puerta de Vaca Muerta a las petroleras norteamericanas, encabezadas por Chevron del grupo Rockefeller, la famosa Standar California cuyo contrato fue uno de los motivos del derrocamiento de Perón en 1955. Con el objeto de contarlo como aliado a este poderosísimo e influyente grupo norteamericano, ante el desafío judicial límite con que se enfrentaba.

Quién se encargo de movilizar múltiples presentaciones de notables, como amicus curiae a favor de Argentina ante ese alto tribunal. Y un trato parecido hizo con Francia, a cambio de beneficiar las actividades de la petrolera francesa TOTAL, tanto en Vaca Muerta como las que desarrolla en el extremo sur del país.

No obstante la Corte Suprema, integrada con una abrumadora mayoría republicana conservadora, rechazó desdeñosamente la apelación interpuesta por Argentina. Sin siquiera dar razones de ello, negándose así a resolver esos graves interrogantes, que ponían tanto a la Corte como a Argentina ante un verdadero aprieto. Que se ven sumamente agravados, por el desencadenamiento del referido pari passu al cuadrado o turbopotenciado, que ni el juez Griesa ni la Cámara consideraron en sus fallos. Y que Argentina por su parte no los expuso claramente, como consecuencia de su directa responsabilidad respecto la ley cerrojo y su saga, que detonarían el mismo.

A la par de esa causa referida al pari passu instada por NML, se tramitó la causa denominada“Discovery”,también impulsada por NML. Cuyas sentencias obligan a Argentina, como si fuera un narcolavador, o un comerciante quebrado que debe declarar la ubicación de todos sus bienes, y no un país soberano, a descubrir donde tiene sus bienes en todo el mundo, para que eventualmente puedan ser ejecutados por NML.

Tanto el juez Griesa, la Cámara de Apelaciones, como la Corte Suprema fallaron a favor de esa postura, sucesivamente apelada por Argentina. Entendiendo la Corte Suprema que nada decía al respecto la ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras. Y que si ello no fuera atinente, debería modificarse esta ley norteamericana.

Esta convalidación tuvo un solo voto en disidencia, que afirmó que la obligación de descubrir sus bienes por parte de Argentina, debía limitarse a solo los de índole comercial. En contra de la postura de la mayoría del tribunal supremo, que dijo que Argentina debía descubrir todos sus bienes, y en todo caso NML podría ejecutar solo los de carácter comercial.

Volviendo así a invadir flagrantemente el supuesto iuri gestionis, el sagrado recinto del iuris imperii. Que se vio patéticamente puesto nuevamente de manifiesto, con la orden dada por el juez Griesa a “mister Kicillof”, como si fuera un directo subordinado suyo, y no de la Presidenta de la Nación, para que se abstenga de ejecutar cualquier medida que representara burlar su sentencia. Prohibiéndole incluso que cambiara la jurisdicción de los bonos a esos efectos.

Como se vio, la alevosa y premeditada acción del fondo buitre NML – EM – Elliot conjugada con los fallos de la justicia de Nueva York, han puesto en crisis la ficción sobre la que se basan las deudas externas no soberanas. Consistente en escindir esquizofrénicamente al soberano en dos personalidades opuestas, ya sea que actué como soberano, o como un mero comerciante.

La ficción fue ideada en Londres y Nueva York, a los fines de endeudar masivamente a los países, mediante el reciclaje de los petrodólares. Con el objeto de alinearlos geopolíticamente y económicamente a esos centros de poder. Estableciendo así una tutela sobre ellos, que en Argentina determinó su debacle histórica, al seguir ciegamente los mandatos del FMI, el Banco Mundial, y la gran banca internacional. Por efecto de las “condicionalidades”  del sistema de la deuda externa, que operan imperativamente, ante la imposibilidad de poder cancelarla, por la carencia de petrodólares para poder hacerlo.

Quedando por lo tanto el deudor obligado a conseguir permanentemente la refinanciación de sus vencimientos, de cualquier manera, y bajo cualquier condición, como cualquier deudor privado desesperado. Razón por lo que la Biblia dijo ya hace miles de años, que “el que toma prestado es siervo del presta”.

Curiosamente, uno de los artífices principales de la actual situación, el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen (autor intelectual de las cláusulas MFCC – RUFO y de la ley cerrojo del 2005 que las dejó en suspenso) enrostra ahora que el gravísimo problema ante el que se encuentra Argentina, en realidad no existe.

Y como vendedor de ilusiones, como ya lo fue, o lobista de los fondos buitre, afirma que lo que falta es estatura intelectual, como la que él dice tener, para urdir alguna treta leguleya que permita patear el problema hasta el 2015. Como si la cláusula RUFO que el mismo redactó o supervisó, no permitiera llegar a un acuerdo con ellos ya mismo. Olvidando enteramente la ley cerrojo que el mismo redactó o supervisó, que prohíbe enteramente esto.

Mucho más cauto es su ex jefe, el ex ministro Roberto Lavagna, que en una nota que recientemente publicó en CLARIN, con título “Con la deuda, mejor el tifón que el tsunami”, equiparó lo primero a un no arreglo con NML, los fondos buitre, y los holdouts, y lo segundo a un arreglo con estos. Insinuando incluso que la solución al respecto, es cambiar la jurisdicción de los bonos que se están pagando, radicándola en Argentina.

Según Jorge Luis Borges, la salida de los laberintos es por arriba. Y esta salida, pese la expresa prohibición al respecto por parte del juez Griesa, es precisamente la que debería formular el Congreso. Como un acto soberano, para enmendar sus gravísimos furcios, inopia, e inconductas al respecto.

A los efectos de reparar la inconstitucional e ilegal prorroga de jurisdicción y renuncia a la inmunidad soberana efectuada por el país, que ha derivado en estos penosos y oprobiosos extremos. Y sin delegarla en el Poder Ejecutivo, para que siga actuando confusamente como un mero comerciante quebrado, sujeto a las órdenes del juez de quiebras Griesa.

Seguramente luego habrá que aguantar el cimbronazo. Pero que en vez de un tifón, bien puede ser solo un viento fuerte. Si en vez de optar por las reservas de Pekín, se logra apelar a las reservas que detentan los argentinos, que oscilan entre los 200 y 400 mil millones de dólares, evitando así recurrir a las extranjeras.

Obviaríamos así saltar de la sartén de Nueva York, al fuego de Pekín. O duplicando la metáfora, optar por el tifón chino, ante el tsunami neoyorquino. Ya que suficiente experiencia hemos tenido como satélite complementario del Reino Unido, para repetirla con Pekín. Tal como hoy patéticamente se puede ver con el reemplazo de los ferrocarriles ingleses por los chinos, donde lo único argentino siguen siendo los pasajeros. Ya que es igualmente penoso quedar atrapado en el área de la libra esterlina, como la del dólar, o la del yuang.

Claro que el apelar a las reservas de divisas y morales de los argentinos, hoy no resulta nada fácil, por parte de un gobierno desgastado en el ejercicio de doce años en el poder. Durante el cual en base a la lógica “amigo – enemigo”, se ha empeñado en multiplicar estos últimos. Cuando en realidad, esa lógica solo opera en el campo de las relaciones exteriores, y no en las interiores de un país. En las que, por un mero principio de convivencia y esfuerzos compartidos, resulta básico preservar la armonía.

Empero ella aun resultaría factible, si se basara en un consenso y política de estado sostenida por todos los partidos, dirigida a preservar el ahorro de los argentinos. Para la cual resultaría indispensable que los órganos de control monetarios y financieros, y sus principales entes estatales, estén dirigidos por idóneos de reputación absolutamente intachable. Alejados de los poderosísimos intereses que se cuecen en torno a ellos, y con una representación multipartidaria en todos esos organismos.

Además ello podría afianzarse, si el Congreso ordena un rescate anticipado forzoso a precios de mercado, de los cupones ligados al PBI, emitidos con los canjes del 2005 y del 2010. Con los que se compensó una supuesta quita que de esa manera no fue tal, y por su efecto acumulativo representan una verdadera hipoteca sobre el crecimiento del país. Lo que implicaría destinar una suma de u$s 4.000 millones, para rescatar deuda contingente pendiente por más de u$s 15.000 millones.

Los cuales deberían quedar en garantía de los ahorristas, para compensarlos alternativamente,  con una razonable tasa de interés en dólares. O un razonable margen de ganancia sobre la inflación, la que sea mayor. A los efectos de incentivar la exteriorización y formalización de los atesoramientos de los pequeños y medianos ahorristas argentinos, refugiados actualmente como es ya crónico en Argentina, en el euro o el dólar.

Habiendo voluntad existen los medios, dice el agudo pensamiento inglés. Y en este caso, al estar los medios, si hay voluntad, solo falta que haya creatividad y ductilidad política. Virtudes que lamentablemente no parecen abundar en el escenario argentino. Y así en lugar de eludir este gravísimo desafío, quedándonos en Nueva York o yendo hacia Pekín, saldríamos airosos del mismo. Los que nos daría ánimos y fuerzas como comunidad, para  emprender airosamente otros desafíos, que tanta falta hacen emprender, para que en Argentina cunda el bienestar y la armonía para todos y todas.-

 

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Inconstitucionalidad de las prórrogas de jurisdicción

Notas Llorens

Javier Llorens/Mario Cafiero 12.07.2014.
El 11/07/2014 se presentó una demanda judicial para declarar la NULIDAD absoluta e insanable, por manifiesta inconstitucionalidad, de la prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros en materia de deuda pública del Estado Nacional (…)

 

Inconstitucionalidad de las prórrogas de jurisdicción

Javier Llorens/Mario Cafiero (12.07.2014)

El 11/07/2014 se presentó una demanda judicial para declarar la NULIDAD absoluta e insanable, por manifiesta inconstitucionalidad, de la prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros en materia de deuda pública del Estado Nacional. La presentación fue realizada por el Ing. Mario Cafiero con el patrocinio del Dr. Carlos Negri e investigaciones de Javier Llorens, ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 12 Secretaria 23 Causa: 30.777/14.

Se solicitó una medida cautelar de urgencia para que se ordene al Poder Ejecutivo Nacional abstenerse de cumplir las sentencias dictadas por tribunales extranjeros hasta tanto se resuelva sobre la nulidad planteada. En caso de progresar esta medida, implicará un cambio sustancial en los términos de la controversia que llevan a cabo los fondos buitres contra la República Argentina en el juzgado neoyorquino del Dr. Griesa.

Aquí un resumen de la demanda judicial:

·         La demanda pide que se declare la nulidad de las prórrogas de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y a las renuncia de inmunidades soberanas sobre bienes de propiedad del Estado, en materia de deuda pública, y como medida cautelar, es decir en tanto se tramita el juicio de nulidad, que se ordene al Estado Nacional que “se abstenga de dar cumplimiento a sentencias o laudos, efectuar pagos, cumplir con condiciones o modalidades referidos a obligaciones emergentes de documentos, títulos o valores de cualquier origen o naturaleza referidos a la cancelación de la deuda pública ordenados por tribunales extranjeros, de fuero regular, de excepción o arbitrales”.

·          Esto porque la Constitución Nacional solo admite la prórroga de jurisdicción en dos casos: cuando se trate de cuestiones de derechos humanos y en los tratados que se enumeran en el inciso 22 del artículo 75, o por tratados de integración en organismos supranacionales, esto en el inciso 24 de ese mismo art. 75, el resto de la jurisdicción, es decir el derecho de juzgar en cuestiones de materia federal como la deuda pública, es exclusiva de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Argentina, así lo establece el art. 116 de la Constitución.

·          Es decir que todos esos decretos, leyes, resoluciones, títulos, prospectos o lo que sea en los que se resignó la jurisdicción en tribunales extranjeros, de EEUU, de Alemania, de Inglaterra, del Japón, de España, son nulos, y nulos los procedimientos de esos juicios y sus sentencias, incluida por supuesto la del Sr. Griesa, tendrán los acreedores que venir a hacer el reclamo aquí, y si correspondiere se les pagará los que se les deba.
Y esto no es ni original ni novedoso, están las doctrinas “Calvo” (1868) y “Drago” (1902), los dictámenes de José Nicolás Matienzo (1923), del Procurador Freire Romero (1974) y fallos y doctrina de Cámaras nacionales y jueces de la Corte (Fayt) que coinciden con esto.

·          La demanda se nutre de la investigación de Javier Llorens en “Decretos de Emisión de Deuda Pública 1993/2001”, “La Deuda Externa, la pérdida de la Libertad y Soberanía y como recuperarlas definitivamente” y otros de sus trabajos vinculados al tema, y además la información reunida por Facundo M. Araujo y María C. Torres en “Apostillas a la problemática de la prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros o arbitrales en materia de deuda soberana”

·          La prórroga de jurisdicción entró de contrabando en un decreto de la “Revolución Libertadora”, y se afirmó en la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación a los 20 días del golpe de 1976.

·          Luego en 1993 Cavallo «truchó» un artículo de la ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672 para permitir la prórroga a tribunales extranjeros. Toda la deuda externa que se emitió desde 1993 hasta ahora se hizo invocando ese artículo fraudulento.

·          La misma inconstitucionalidad cabe para la adhesión al CIADI y las cláusulas de prórroga de los más de 50 tratados de protección de inversiones firmados entre 1992 y 2001.

·          Todas esas normas son nulas, de nulidad absoluta e insanable, y por este camino podremos intentar poner en pie lo que está patas arriba.

·          En todo caso habrá dos sentencias una de Griesa que dice páguese, y otra de un Juez argentino que dice no pague eso, en alguna medida el “stay” o postergación de la ejecución que pide Kicillof sin más anclaje que declaraciones de tipo moral.

 

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Restricción externa y problemas estructurales

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Martín Schorr 29.03.2014.
En ese contexto, si a lo que se aspira es a que el crecimiento manufacturero se transforme en un proceso de desarrollo sectorial sostenido y sustentable, es cada vez más evidente que se requiere una redefinición del “estilo de industrialización” y de las políticas de fomento (…)

 

Restricción externa y problemas estructurales

Al Dorso (29.03.2014)



 

 

La economía argentina en la posconvertibilidad: problemas estructurales y restricción externa

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Andrés Wainer** y Martín Schorr***

Introducción

La restricción externa ha sido una limitación histórica al desarrollo para buena parte de los países latinoamericanos en tanto el nivel de actividad y las tasas de crecimiento económico se han visto restringidas por la disponibilidad de divisas. En la Argentina, los primeros “cuellos de botella” en el sector externo remiten a la década de 1930 y se hicieron manifiestos en diferentes momentos del modelo de sustitución de importaciones. El crecimiento extensivo y, sobre todo, intensivo de la industria dependía de la importación de bienes de capital e insumos intermedios, aunque las divisas necesarias para financiar dichos requerimientos provenían fundamentalmente de las exportaciones del sector agropecuario, cuya oferta, especialmente la agrícola, se encontraba virtualmente estancada (Braun, 1975).

Hacia fines del decenio de 1950 el ingreso de capitales bajo la modalidad de inversión extranjera directa (IED) sólo actuó como un atenuante transitorio de la restricción externa, ya que la posterior remisión de utilidades al exterior, las importaciones y los pagos de intereses y regalías efectuados por los capitales extranjeros radicados en el país terminaron agravando el problema en el mediano plazo (CONADE, 1973). Las actividades desarrolladas por las empresas multinacionales tampoco contribuyeron a modernizar la estructura productiva, ya que tendieron a reproducir y consolidar las diferencias intra e intersectoriales de productividad impidiendo la diversificación, en particular de las exportaciones, y acentuando la fuerte dependencia de las importaciones de manufacturas y el carácter trunco de la estructura industrial (Fajnzylber, 1983).

Tras el quiebre del esquema sustitutivo durante la última dictadura militar (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1986, Canitrot, 1983 y Ferrer, 1989), los problemas en el sector externo exhibieron un cambio cualitativo y terminaron siendo desplazados transitoriamente por el masivo endeudamiento externo. Sin embargo, las amortizaciones de capital y la carga de intereses, así como la fuga de capitales locales al exterior asociada, contribuyeron a profundizar los problemas en la balanza de pagos en el mediano y largo plazo. De este modo, el acceso a financiamiento en la segunda mitad de la década de 1970 no disminuyó los problemas estructurales relacionados con el sector externo, sino que los agravó sobremanera. Por un lado, al introducir una nueva y pesada exigencia sobre la balanza de pagos: el pago de intereses (Damill, Frenkel y Rapetti, 2005). Por otro, al sentar las bases para el despliegue de una estrategia de internacionalización financiera por parte de los grandes agentes económicos, la cual tuvo como correlato una considerable salida de divisas por múltiples vías (Basualdo, 2006).

Con sus variantes, estos elementos distintivos del llamado “modelo de valorización financiera” se afianzarían en el transcurso del primer gobierno de la recuperación democrática (1983-1989) y bajo la convertibilidad (1991-2001), y sus impactos sobre el sector externo se potenciarían por la concurrencia de otros factores, entre los que sobresalen la reestructuración regresiva de la industria y la extranjerización creciente de la economía (Azpiazu y Schorr, 2010, Damill, 2000, Kulfas, 2001, Porta y Fernández Bugna, 2011 y Wainer, 2011).

A partir de los legados profundamente deletéreos de la larga experiencia neoliberal, desde comienzos del siglo XXI se advierte en América del Sur en general una posición externa sólida debido a la reversión del deterioro de los términos de intercambio asociada al auge de la demanda proveniente del continente asiático y la incorporación de muchos commodities como activos financieros, a lo que se suma en varios países un ingreso importante de capitales en concepto de IED y de inversiones de cartera (CEPAL, 2012 y 2013). Esto llevó a que numerosos analistas y hacedores de política afirmaran que los problemas derivados del estrangulamiento en la balanza de pagos habían quedado en el pasado.

En la Argentina en particular, las mejoras en el frente externo tuvieron que ver, además de la modificación apuntada en los términos de intercambio, con una inicial contracción de las importaciones a raíz del desenlace de la crisis de la convertibilidad (recesión y devaluación), un incremento cuantitativo de las exportaciones y la reestructuración de la deuda externa. Sin duda, la reversión en los términos de intercambio fue una condición de posibilidad decisiva para que tuviera lugar un período prolongado con altas tasas de crecimiento del producto, contribuyendo adicionalmente a una mejora de la situación fiscal y del mercado laboral, así como a una disminución en el nivel de endeudamiento.

Esta situación de holgura externa, asociada en el plano interno a un patrón de crecimiento que ha pivoteado sobre bases económicas diferentes respecto de la etapa 1976-2001, perduró hasta inicios de la década en curso. A pesar de cierta moderación en los últimos años, los precios de los principales bienes exportados por la Argentina (soja, maíz, trigo y minerales) siguen siendo altos en términos históricos; no obstante, el mecanismo de restricción externa igualmente se hizo presente. Esta situación se manifiesta en la incesante disminución de las reservas internacionales en los últimos años y el salto devaluatorio de enero de 2014, fenómenos que invitan a reflexionar acerca de la capacidad de la economía argentina para sustentar prolongados períodos de crecimiento sin que el sector externo opere como un límite a la capacidad de acumulación de capital en el país. Como afirman Abeles, Lavarello y Montagu (2013), la mejora de los precios de exportación puede acelerar coyunturalmente el ritmo de crecimiento compatible con el equilibrio externo pero no modifica los parámetros estructurales de la restricción externa[1].

En ese marco, el objetivo de este trabajo es el de analizar los principales determinantes de la restricción externa en el país tras el colapso del “modelo de valorización financiera”. Al respecto, la principal hipótesis es que la manifestación actual de “cuellos de botella” en el sector externo se debe principalmente a que el notable crecimiento económico que exhibió la economía argentina desde 2003 no acarreó un cambio estructural en el perfil de especialización productiva y el carácter “divisa-dependiente” de la industria local, ni tampoco en la fisonomía y el desempeño de los actores económicos predominantes. Desde esta perspectiva, la esencia de la restricción externa no se debería a un cuadro de iliquidez coyuntural, sino a la existencia de diversos problemas de insolvencia que remiten a cuestiones estructurales que no fueron resueltas y que traban el desarrollo de las fuerzas productivas en el nivel nacional.

El texto se estructura de la siguiente manera. En la Sección I se realiza un brevísimo repaso por algunas cuestiones teóricas referidas a la problemática de la restricción externa con la finalidad de encuadrar al trabajo en términos analíticos. La Sección II se adentra en el estudio de la evolución de la balanza de pagos en la posconvertibilidad (intentando precisar algunas líneas de continuidad y de ruptura con lo acaecido en la década de 1990). Con esa base, en la Sección III la indagación se focaliza en los factores estructurales que, en su articulación, permiten dar cuenta de los complejos problemas en el sector externo que ha venido afrontando la economía argentina en los últimos años (reindustrialización acotada, continuidad del proceso de extranjerización y fuga de capitales). Cierran el trabajo unas reflexiones finales sobre las limitaciones de encarar los problemas en el sector externo desde una visión estrictamente coyuntural.

  1. Algunos antecedentes teóricos

En América Latina las corrientes estructuralistas y dependentistas presentan una importante trayectoria en el análisis de los problemas de restricción externa. No casualmente, fue en la Argentina donde surgieron los primeros estudios que relacionaron esta problemática con el comportamiento errático de la economía, entre los cuales se encuentran los trabajos fundacionales de Braun y Joy (1968) y Diamand (1973)[2]. Mientras que bajo el predominio de la valorización financiera (1976-2001) la problemática de la restricción externa estuvo prácticamente ausente de la literatura económica argentina[3], los desarrollos realizados por Krugman (1979) y, en especial, por Thirlwall (1979) le terminaron dando un nuevo impulso a este tipo de estudios en otros países de la región latinoamericana.

A decir verdad, el planteo de Thirlwall, que estipulaba que la tasa de crecimiento del producto estaba condicionada por el desempeño de las exportaciones y los requerimientos de importaciones[4], no aportó demasiadas novedades respecto a lo enunciado en su momento por Braun y Joy y por Diamand para la economía argentina, aunque su formalización facilitó su aplicación a diversos casos permitiendo además la realización de estudios comparativos. Posteriormente, el modelo “simple” de Thirlwall se complejizó incorporando variables que dieron cuenta de los cada vez más importantes flujos de capitales asociados a pagos de intereses, remisión de utilidades y dividendos, inversiones extranjeras y fuga de capitales (Alleyne y Francis, 2008, Barbosa Filho, 2001 y Elliot y Rhodd, 1999). A pesar de haber sido concebido y empleado por primera vez para el análisis de países centrales, el modelo de Thirlwall encontró su mayor campo de aplicación en naciones subdesarrolladas que no tienen forma de financiar potenciales déficit en la cuenta corriente recurriendo a sus propias monedas (Perraton, 2003 y Thirlwall y Hussain, 1982); de allí la influencia que tuvo en los estudios sobre problemas en las balanzas de pagos en los países latinoamericanos[5].

Si bien la mayor formalización de los planteos contemporáneos sobre el constreñimiento en la balanza de pagos permitió realizar estimaciones más precisas y sumó comparabilidad, también contribuyó a opacar un aspecto central de la problemática abordado por estructuralistas y marxistas en décadas anteriores: la dinámica social detrás del fenómeno económico, es decir, los intereses y las acciones de las distintas clases y fracciones de clase. De ahí que el enfoque propuesto en este trabajo sea el de la economía política. Ello, en el entendimiento de que el devenir económico de una nación no se debe fundamentalmente a causas “naturales”, sino que es el resultado de la dinámica de alianzas y enfrentamientos entre los diferentes grupos sociales que se dan en una determinada fase histórica del desarrollo capitalista. Las contradicciones inherentes a todo régimen económico sólo se hacen efectivas cuando son encarnadas por determinados sujetos sociales.

En este marco, la situación de la economía argentina en el siglo XXI presenta un nuevo desafío al pensamiento económico local, ya que se trata de recuperar y adaptar los estudios realizados por los ya “clásicos” autores sobre la problemática de la restricción externa y los aportes teórico-metodológicos de las últimas décadas para analizar la cuestión en un escenario mundial, regional y nacional específico. En este sentido, la dinámica que presentó el sector externo en la última década en la Argentina y los cambios en el modo de acumulación a escala local y mundial dan cuenta de algunas semejanzas pero también de diferencias significativas vis-à-vis la etapa sustitutiva y el período de valorización financiera[6].

  1. La balanza de pagos en la posconvertibilidad: una mirada agregada

En esta sección se analiza la dinámica externa de la economía argentina en la posconvertibilidad. A los fines de contextualizar dicho desenvolvimiento y de captar algunas continuidades y rupturas en la trayectoria de los principales componentes de la balanza de pagos, en el primer apartado se hace un repaso por demás simplificado del comportamiento verificado en el transcurso de la convertibilidad, mientras que en el segundo la mirada se posa sobre el período iniciado en 2002. En esta última parte, además, se busca precisar los rasgos distintivos de las diferentes sub-etapas que resulta posible identificar.

II.1. El sector externo durante la convertibilidad

La combinación de la apertura comercial con la fijación del tipo de cambio en 1991, y la posterior apreciación cambiaria, determinaron un déficit comercial crónico en el transcurso del decenio de 1990, que sólo fue revertido en los años recesivos por la caída de las importaciones ante la merma en el nivel de actividad. Teniendo en cuenta que los componentes restantes de la cuenta corriente (servicios y transferencias) también eran deficitarios, la misma mostró un signo negativo a lo largo de toda la década (Gráfico Nº 1). Esquema de caja de conversión mediante, este desbalance no erosionó la base monetaria porque existió una corriente de fondos compensatoria a través de la cuenta capital y financiera. Dicha cuenta fue sistemáticamente superavitaria (salvo en el último año), posibilitando la acumulación de reservas y la monetización de la economía, aunque a su vez contribuyó al déficit en cuenta corriente al estimular y sostener el retraso cambiario. Así, se trató de una relación dialéctica en la cual los distintos procesos que propiciaban el ingreso y el egreso de divisas se retroalimentaban mutuamente. Bajo este formato, la economía local quedó atada a los movimientos de capitales, lo cual presuponía la existencia de elevada liquidez internacional y de oportunidades “atractivas” en el país[7].

Gráfico Nº 1. Argentina. Evolución del resultado de los principales componentes de la balanza de pagos y del PBI, 1993-2013 (millones de dólares y pesos de 1993)

(*) Dadas las inconsistencias en los valores agregados de comercio exterior informados por el INDEC para 2013, se utilizaron los datos de exportaciones e importaciones mensuales generados por el propio organismo estadístico (que resultan mucho más consistentes con fuentes de información de otras dependencias oficiales como el Banco Central, la Aduana y la Cancillería). Es por este motivo que el déficit en cuenta corriente resulta mayor al publicado oficialmente por el INDEC (aunque más cercano al balance cambiario del BCRA) y, por lo tanto, hasta tanto no se corrijan los restantes componentes de la balanza de pagos, las discrepancias con la evolución de las reservas internacionales y la cuenta capital y financiera se ven incrementadas. Por otra parte, ante la ausencia de información oficial sobre la evolución del PBI en el último trimestre del año (base 1993), se utilizó un promedio de los tres primeros trimestres.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

La aparente solidez de la convertibilidad fue puesta a prueba en 1995, luego de la devaluación y la inminente cesación de pagos de México. El “efecto Tequila” creó resquemores entre los inversores internacionales y produjo un “efecto contagio” que provocó el retiro de inversiones en los mercados “emergentes”, lo que elevó la prima de riesgo, especialmente en países de América Latina. Estados Unidos actuó velozmente para proteger a su país vecino, pues la mayor parte de los tenedores de títulos de la deuda mexicana eran inversores norteamericanos y, en forma adicional, era necesario demostrar la supuesta conveniencia del esquema de integración comercial que proponía para toda la región (Arceo, 2001). En la Argentina la reversión en el flujo de capitales no generó un desequilibrio externo mayor debido a la asistencia financiera del FMI y a la contracción del déficit en cuenta corriente a raíz de un menor nivel de importaciones por la caída de la actividad económica. De allí que la pérdida de reservas en 1995 fuera moderada. No obstante, este cambio de “expectativas” en los inversores internacionales impactó significativamente en la evolución de la economía local, que entró en recesión durante tres trimestres consecutivos, lo cual desembocó, entre otras cosas, en que la tasa de desocupación llegara a superar el 18% de la población económicamente activa.

La acumulación de reservas internacionales hasta el inicio de la crisis de la convertibilidad (1999) se sustentó principalmente en el endeudamiento externo, la IED y las inversiones de cartera. Si bien en los primeros años fue muy importante, el ingreso de divisas por IED fue disminuyendo a medida que se agotaban las privatizaciones (Azpiazu, 2003 y Kulfas, Porta y Ramos, 2002)[8]. Como para sostener el tipo de cambio fijo era necesario que la balanza de pagos no resultara deficitaria (acumulación de reservas), y dado el mencionado déficit en la cuenta corriente, el papel del endeudamiento público fue crucial. En efecto, la única forma de mantener la convertibilidad y su esquema de negocios fue mediante el incesante incremento de la deuda pública externa, máxime en un escenario en el cual la estrategia de acumulación de los grandes agentes económicos centrada en la especulación y la internacionalización financiera finalizaba con una salida de divisas muy marcada (Damill, 2000, Kulfas y Schorr, 2003 y Vitelli, 2001).

La situación en el frente externo se agravó notablemente con la alteración del favorable contexto internacional hacia 1998-1999 (crisis asiática, rusa y brasilera), lo cual propició una aceleración de la fuga de capitales que fue motorizada por los segmentos empresarios más concentrados y erosionó el superávit de la cuenta capital hasta convertirlo en un déficit pronunciado en 2001 (Comisión Especial de la Cámara de Diputados, 2005). Si bien la recesión en la que ingresó la economía doméstica a mediados de 1998 implicó menores requerimientos de importaciones e incluso se llegó a un obtener superávit comercial en 2000, el mismo resultó insuficiente para revertir el desbalance total en la cuenta corriente. En ese marco, en 2001 el Banco Central perdió reservas por más de 12.000 millones de dólares, el 45% del stock existente a inicios de dicho año. De allí al default de la deuda externa y la “salida devaluatoria” de la convertibilidad quedaba un solo paso.

II.2. Las distintas etapas del sector externo durante la posconvertibilidad

Luego de sufrir una de las crisis más profundas y duraderas de su historia (1998-2002), la Argentina exhibió un desempeño económico destacado que se reflejó en buena parte de sus indicadores. Por ejemplo, entre 2002 y 2013 el PBI total (a precios de 1993) creció a un promedio anual del 6,9%, se redujo con creces el peso de la deuda sobre el producto (del 130% al 36%) y el desempleo bajó en forma significativa (del 21% al 7%).

En relación con el sector externo, el déficit comercial que había predominado bajo la convertibilidad fue revertido, dando lugar a un superávit holgado que hizo posible una importante acumulación de reservas internacionales hasta 2010. Este ingreso de divisas por el canal comercial permitió que se diese un proceso de “desendeudamiento” sin generar mayores tensiones en el frente externo hasta la finalización de la primera década del nuevo siglo[9]. En contraposición con la década de 1990, en la posconvertibilidad el aporte neto de divisas fue realizado fundamentalmente a través de la cuenta corriente y, especialmente, por el resultado comercial (Gráfico Nº 1). La trayectoria aludida se asemeja, en cierto sentido, a la etapa sustitutiva, cuando el capital financiero tenía escasa incidencia en la provisión de divisas, aunque, obviamente, el contexto mundial y regional difería del actual en una multiplicidad de aspectos.

Ahora bien, las evidencias disponibles indican que el desenvolvimiento de la economía argentina hasta 2013 reconoce dos grandes fases luego del crítico y sumamente regresivo año 2002. Entre 2003 y 2008 el PBI global se expandió a una tasa anual acumulativa del 8,4% (con un rol protagónico de las actividades industriales), las cuentas fiscales fueron excedentarias y la inflación (precios al consumidor) se mantuvo en umbrales inferiores al 10% anual (hasta 2006). Por su parte, entre 2008 y 2013 el PBI creció a un promedio del 5,0% por año en un cuadro signado por la emergencia de la crisis internacional, una paulatina erosión de la holgura fiscal y una suba considerable en el nivel general de precios, que superó largamente los dos dígitos por año (CIFRA, 2013 y 2014 y Damill y Frenkel, 2013).

En ese marco, también resulta posible diferenciar etapas en la evolución de la balanza de pagos. En un primer momento, tras el colapso de la convertibilidad, el default de la deuda externa implicó el fin del financiamiento externo a la par que continuó la fuga de capitales (de allí el déficit superior a los 11.000 millones de dólares en la cuenta capital). Pero se produjo un cambio brusco en la cuenta corriente dando lugar a un superávit elevado que estuvo directamente asociado a la brusca contracción de las importaciones (superior al 50%) a raíz de la agudización de la recesión (el PBI declinó el 10,9%).

La segunda fase abarca los años 2003 a 2007 y, como surge de los datos que constan en el Gráfico Nº 1, se caracterizó por una sostenida acumulación de reservas (de más de 34.000 millones de dólares). La misma estuvo impulsada principalmente por un superávit considerable en la cuenta corriente sostenido por un muy buen resultado comercial (favorecido, a su vez, por las mejoras sustantivas en los términos de intercambio –Katz y Bernat, 2013–), aunque también contribuyó el ingreso de capitales[10]. De hecho, los años que registraron la mayor variación positiva de reservas (2004, 2005 y 2007) fueron aquellos en los que la cuenta capital exhibió superávit. En el marco de la política de “desendeudamiento”, la menor acumulación de reservas en 2006 se debió a un déficit de la cuenta capital y financiera explicado por la cancelación anticipada de la totalidad del endeudamiento remanente con el Fondo Monetario Internacional (alrededor de 9.500 millones de dólares).

La tercera etapa (2008-2009) es contemporánea del conflicto entre el gobierno nacional y las patronales del sector agropecuario ante el intento oficial de imponer un sistema de retenciones móviles, así como de la irrupción de la crisis internacional. En esos años el aumento en las reservas en poder del Banco Central se redujo sensiblemente, principalmente como consecuencia de la importante fuga de capitales que se verificó (Gaggero, Rua y Gaggero, 2013) y, en menor medida, debido a la continuidad del proceso de “desendeudamiento”.

En 2010 la autoridad monetaria acumuló reservas por más de 4.000 millones de dólares. Desde entonces se inicia una nueva etapa caracterizada por la virtual reaparición de la restricción externa (2011-2013). En esos años se deteriora severamente el resultado de la cuenta corriente; performance crítica que deriva de la concurrencia de una serie de factores estructurales que se analizan en la próxima sección y que, al articularse con la dinámica de la cuenta capital, trajo aparejada una notable pérdida de reservas (de más de 21.000 millones de dólares).

En cuanto a este último trienio, caben algunas observaciones. Por un lado, después de un año 2011 por demás complejo, en 2012 se logró el equilibrio en la cuenta corriente gracias a la imposición de restricciones a las importaciones y a la remisión de utilidades, pero ello no detuvo la caída de reservas en la medida en que hubo que afrontar importantes vencimientos de deuda. Por otro lado, la imposición de restricciones severas a la compra de moneda extranjera a partir del último trimestre de 2011 permitió contener la fuga de capitales y evitar un déficit mayor en la cuenta capital; sin embargo, dichas medidas desincentivaron el ingreso de divisas frente a la aparición de un mercado cambiario paralelo (“blue”) con una cotización sustancialmente mayor al oficial. Esto no hizo más que restringir las liquidaciones en el circuito oficial e incrementar las expectativas de devaluación. Finalmente, en 2013 se registró un déficit de cuenta corriente sumamente elevado que, en conjunción con otros factores, desembocó en una reducción considerable de las reservas existentes a fines de 2012[11]. Este último período se cierra con un incremento de la paridad cambiaria superior al 20% en enero de 2014 y otras medidas complementarias que buscaron reducir la brecha entre la cotización del dólar oficial y el paralelo y estabilizar el nivel de reservas[12].

En síntesis, mientras que en el decenio de 1990 el crecimiento del producto fue posible en tanto existiese un flujo relativamente continuo de capitales (básicamente endeudamiento e IED), el notable desempeño de la economía desde 2003 hasta el año 2008 fue posible, en buena medida, por la existencia de un importante superávit en el intercambio de bienes y, reestructuración mediante, una reducción significativa en los pagos de intereses la deuda externa. A partir de allí, en especial desde el inicio de la década actual, el crecimiento sólo pudo ser sostenido a costa de sacrificar reservas internacionales, encontrando un límite preciso en el nivel relativamente bajo que alcanzaron las mismas a fines de 2013. Es en ese contexto que el gobierno decide avanzar en un ajuste de la economía tendiente a contener la pérdida de reservas (devaluación, restricción monetaria, reducción del gasto público, etc.).

III. Principales factores estructurales que inciden en la reaparición de la restricción externa

Las evidencias analizadas hasta aquí indican que a comienzos del decenio de 2010 se han comenzado a manifestar con fuerza problemas en el sector externo de la economía. Más allá de los elementos puntuales que pueden contribuir a agudizar la situación en la actual coyuntura, en esta sección se apunta a identificar los principales factores estructurales que, a nuestro juicio, se encuentran en la base de la restricción externa que sufre la economía argentina. Ello invita a reflexionar sobre la trayectoria en la posconvertibilidad de la pauta de especialización e inserción internacional, el proceso de extranjerización y la fuga de capitales.

III.1. El superávit comercial y los límites del “dólar alto” como eje del fomento productivo

La magnitud del superávit comercial se volvió decisiva para el resultado general de la cuenta corriente y, dada la importancia que adquirió la misma, para el conjunto de la balanza de pagos. Como surge del Gráfico Nº 2, entre 2002 y 2010 dicho superávit dependió esencialmente del resultado del intercambio de mercancías. En este sentido, tanto las transacciones de servicios como el resultado neto de las transferencias correspondientes a rentas de la inversión (en particular, el cobro y el pago de intereses y la remisión de utilidades y dividendos) fueron sistemáticamente deficitarias. Esto último se aborda en el próximo apartado, ya que reviste especial interés en la dinámica que adquirió la balanza de pagos en los últimos años.

Gráfico Nº 2. Argentina. Evolución de los principales componentes de la cuenta corriente, 1992-2013 (millones de dólares)

(*) Ver la nota al Gráfico Nº 1.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

Así, de manera similar a lo que sucedió en la etapa sustitutiva, las posibles restricciones al crecimiento derivadas del sector externo han estado dadas fundamentalmente por el desempeño exportador e importador. De la información provista por el Gráfico Nº 3 se colige que a partir de 2003 las exportaciones crecieron de modo considerable, aunque también lo hicieron las importaciones tras una contracción profunda en 2002. Si bien la devaluación pudo haber alentado en los primeros años las exportaciones de algunos productos no tradicionales, como se verá en el próximo apartado, la composición de la canasta exportadora no ha variado significativamente, aunque se destaca una mayor participación de los minerales y un menor peso de petróleo y combustibles a raíz de los crecientes problemas energéticos que se manifiestan. Diversos estudios indican que la expansión del grueso de las exportaciones suele estar menos relacionada con el nivel del tipo de cambio, el cual además se ha ido apreciando en términos reales (Gráfico Nº 4), que con otros factores como los términos de intercambio y la expansión de la demanda externa (Amico, 2013 y Mantey, 2013).

Gráfico Nº 3. Argentina. Evolución de las exportaciones, las importaciones y el saldo comercial de mercancías, 1992-2013 (millones de dólares)

(*) Ver la nota al Gráfico Nº 1.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

En cambio, la devaluación de 2002 sí tuvo un impacto significativo en la profunda caída de las importaciones registrada ese año. Si bien el encarecimiento relativo de los productos importados desalentó algunas compras en el exterior (sobre todo de bienes finales), el impacto decisivo se produjo a partir de la contracción del ingreso y, con ello, de la demanda agregada. En efecto, ni bien la economía comenzó a mostrar signos de recuperación hacia fines de 2002 las compras externas volvieron a incrementarse e inclusive a un ritmo mayor que las exportaciones: mientras que las ventas externas crecieron a una tasa anual acumulativa del 9,5% entre 2003 y 2013, las importaciones lo hicieron a un promedio del 18,9% por año (Gráfico Nº 3).

Gráfico Nº 4. Argentina. Evolución del tipo de cambio real bilateral y multilateral, 2001-2013 (índice diciembre de 2001=100)

Fuente: elaboración propia en base a CIFRA.

Sobre estas cuestiones, caben algunas precisiones. En primer lugar, la desaceleración en la evolución de las exportaciones en los últimos años encuentra varias causas: la parcial retraccción y/o la desaceleración de los precios de los principales commodites, una menor demanda externa por parte de algunos de los socios comerciales (especialmente Brasil) y la menor competitividad derivada del incremento de los costos reales en dólares.

En segundo lugar, en el notable desempeño importador en la posconvertibilidad concurren varios elementos, entre los que se destacan los legados críticos del neoliberalismo en materia de estructura industrial, el escaso avance en la sustitución de importaciones, la “sustitución inversa” alentada por diferentes vías y el elevado componente importado de muchas de las ramas que lideraron el crecimiento (Porta, 2013 y Schorr, 2013). A esto habría que agregar las cuantiosas importaciones realizadas por las restricciones energéticas existentes, que desembocaron desde 2011 en un déficit cada vez más pronunciado de la balanza comercial del sector (Cuadro Nº 1 y Barrera, 2013).

Cuadro Nº 1. Argentina. Evolución de las importaciones de combustibles y del saldo de la balanza comercial energética, 2002-2013 (millones de dólares)

  2002 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013
Gas oil 79,9 351,9 1.123,4 1.038,3 1.947,2 4.004,4 2.835,4 4.033,1
Fuel oil 0,0 167,8 385,8 311,3 332,5 1.044,8 895,7 410,7
Gas natural licuado 0,0 0,0 0,0 251,5 499,0 1.927,4 2.695,3 3.590,3
Gas natural gaseoso 2,9 186,6 139,3 158,2 297,6 564,5 1.202,2 1.432,5
Total combustibles seleccionados 82,9 706,3 1.648,5 1.759,2 3.076,3 7.541,2 7.628,6 9.466,6
Total Combustibles y lubricantes 482,2 1.545,4 2.844,6 2.626,2 4.765,2 9.413,4 9.267,0 11.415,0
Saldo balanza energética 4.156,6 5.604,7 4.104,3 3.830,4 1.759,8 -3.114,6 -2.383,9 -6.163,0

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

En tercer lugar, la mejora en el superávit comercial que se registra en 2012 respecto de los dos años previos se asocia principalmente a la imposición de diversas restricciones a las importaciones en el marco de la reaparición de problemas en el sector externo de la economía (licencias no automáticas de importación, declaraciones juradas anticipadas, requisitos de facto para compensar importaciones con exportaciones, etc.). Sin embargo, en 2013 la balanza comercial se deteriora severamente por efecto de una caída en los volúmenes exportados y una suba en las importaciones, en parte ligada a la necesidad de dar respuesta a la crisis energética y de paliar parcialmente los efectos negativos que tuvieron las restricciones aludidas sobre el nivel de actividad industrial el año anterior.

En suma, el virtual estancamiento del superávit comercial a partir de 2004 (con la excepción de 2009, cuando a raíz del impacto de la crisis internacional se redujeron las importaciones) determinó que sólo en los años que hubo ingreso neto de capitales (2004, 2005, 2007 y 2010) se consiguiera incrementar el monto de las reservas, observándose a partir de 2011 una contracción cada vez más acelerada de las mismas. He aquí, sin embargo, una diferencia significativa con la dinámica que tuvo el sector externo durante la etapa sustitutiva: la existencia de un superávit comercial no garantiza la acumulación de reservas ya que ello depende no sólo de los restantes componentes de la cuenta corriente, sino también, en buena medida, del desempeño de la cuenta capital y financiera. Sobre esto último, mientras que el ingreso de capitales en la posconvertibilidad ha sido mucho más moderado que durante la década de 1990, a partir de 2008 la fuga de capitales y los vencimientos de la deuda prácticamente han impedido que el supéravit comercial redunde en un incremento de las reservas internacionales. Si bien las restricciones que se impusieron en los últimos años a la compra de moneda extranjera han logrado contener la fuga de capitales, no sucedió lo mismo con los pagos en concepto de vencimientos de capital de la deuda externa. De allí los límites precisos que exhibe la estrategia de “desendeudamiento” desplegada, la cual depende en extremo del resultado comercial[13].

En ese escenario, y por su incidencia en la explicación de los problemas externos que afronta la economía argentina desde una perspectiva estructural, vale la pena realizar una serie de precisiones adicionales sobre la trayectoria reciente del sector manufacturero.

III.2. Ausencia de cambio estructural en el perfil de especialización: el carácter acotado de la reindustrialización

En un cuadro signado por la casi total ausencia de políticas industriales activas y coordinadas, la expansión del empleo, los salarios y el consumo interno que tuvo lugar a partir de 2003 derivó en un paulatino incremento de costos en dólares y una mayor demanda de importaciones que terminaron estableciendo un estrecho límite al nivel del excedente comercial. Por supuesto que esto no implica asumir que la responsabilidad por esta situación le corresponde a los trabajadores, quienes buscaron recuperar parte del salario perdido tras largos años de neoliberalismo extremo y la fenomenal traslación de ingresos en su contra que propició la “salida devaluatoria” de la convertibilidad (CIFRA, 2011), sino que las escasas ganancias en competitivdad estuvieron asociadas principalmente a un fator endeble y transitorio como el tipo de cambio en lugar de derivarse de una inversión sostenida en tecnología e infraestructura que contribuya a una mayor homogeneidad estructural y una diversificación de las exportaciones.

Una buena manera de medir el grado de transformación y diversificación de una economía teniendo en cuenta su nivel de competitividad es a través del análisis de su comercio exterior desde un punto de vista que abarque simultáneamente dimensiones cuantitativas y cualitativas. Como sostienen Hausmann, Hwang y Rodrik (2005), no da lo mismo qué es lo que se exporta, siendo que los bienes “cualitativamente superiores” suelen propiciar tasas de crecimiento mayores y más sustentables.

Si bien en la posconvertibilidad la canasta exportadora de la Argentina ha mostrado cierta diversificación al incrementarse levemente la participación de las manufacturas de origen industrial (MOI), el desempeño de este tipo de exportaciones ha estado atado a dos factores que merecen ser discriminados. Por un lado, en el marco del MERCOSUR, se incrementaron de manera destacada las exportaciones de automotores, especialmente hacia Brasil, pero se trata de una industria que presenta el carácter de armaduría ya que la mayor parte de los componentes son importados (de ahí el pronunciado déficit comercial de este rubro). Por otro lado, dentro de las MOI se consignan las exportaciones de algunos minerales como el oro, que se han expandido notablemente al calor de la puesta en marcha y la consolidación de varios proyectos mineros con fuerte subvención estatal (Basualdo, 2013), pero cuyo grado de industrialización es casi inexistente. De hecho, si no se contabilizaran las exportaciones de este mineral, las ventas al exterior de MOI no se hubiesen expandido en la magnitud que lo hicieron en los últimos años, permaneciendo incluso por debajo de las manufacturas de origen agropecuario (Schorr y Wainer, 2013).

Asimismo, el aumento de las exportaciones industriales no implica que los desequilibrios en dicho sector hayan sido superados. Justamente, si bien el desplome de la producción local de hidrocarburos en los últimos años fue decisivo y constituye un desafío complejo a resolver, el principal problema estructural del intercambio comercial sigue siendo el desempeño deficitario del sector fabril. Tras unos años de exhibir un superávit decreciente luego de la devaluación de 2002, la industria en su conjunto volvió a exhibir un déficit a partir de 2007. Si bien en 2009 el sector registró nuevamente superávit en su comercio exterior, esto se debió fundamentalmente al impacto de la crisis mundial en la economía doméstica, con una importante retracción de las compras externas de bienes industriales y, en menor medida, a políticas estatales tendientes a proteger a algunos sectores considerados “sensibles” (CENDA, 2010). No obstante, tal como se puede apreciar en el Gráfico Nº 5, una vez que la economía retomó su sendero de crecimiento en 2010, las compras externas de manufacturas volvieron a superar a las exportaciones dando como resultado la reaparición del déficit de comercio exterior, aun a pesar de las diferentes restricciones a las importaciones que se aplicaron.

Gráfico Nº 5. Argentina. Evolución de las exportaciones, las importaciones y el saldo comercial de la industria, 1993-2012 (millones de dólares)

Fuente: elaboración propia en base a Centro de Estudios para la Producción (CEP).

En la explicación de este desempeño confluyen diversos fenómenos (Schorr, 2013). En primer lugar, el crecimiento del consumo (final y productivo) generó una demanda que, luego de largos años de desmantelamiento industrial, no pudo ser mayormente satisfecha con producción local (tal lo sucedido, por caso, en diversos segmentos de la industria de bienes de capital). En segundo lugar, los cambios en los precios relativos que trajo aparejada la devaluación de la moneda, más ciertos rasgos de la política de ingresos, modificaron parcialmente el ritmo de crecimiento de los distintos sectores fabriles, generándose una expansión pronunciada en muchas ramas con una función de producción en la cual el “factor capital” tiene un componente importado elevado, como ciertas metalmecánicas y químicas, la industria textil y de indumentaria, la automotriz y la electrónica de consumo amparada bajo el régimen promocional en Tierra del Fuego. Sin embargo, en tercer lugar, ante la ausencia de una política activa y sostenida de sustitución de importaciones, la depreciación monetaria de 2002 no operó como un aliciente suficiente para reactivar en forma sostenida la producción local en los segmentos más castigados por la apertura asimétrica y las políticas de sesgo anti-industrial implementadas en la década de 1990 (y, más ampliamente, desde 1976), más aún teniendo en cuenta la transitoriedad del “dólar alto” (Gráfico Nº 4).

Por otra parte, a pesar del dinamismo en las ventas externas de MOI, la composición de la canasta exportadora en la actualidad no se acerca ni cuantitativamente ni cualitativamente a otros procesos de upgrade de las exportaciones, como los del sudeste asiático. Si bien ya no se trata de un modelo de “dos sectores” (uno exportador –agropecuario– y otro exclusivamente mercado internista –industrial–), ya que algunas manufacturas consolidadas han logrado niveles de productividad que les permiten competir en el mercado mundial, la mayor parte de ellas responde a bienes indiferenciados (commodities) cuya complejidad tecnológica por lo general es entre mediana y baja (Belloni y Wainer, 2012, Bianco, Porta, y Vismara, 2007, Castagnino, 2006 y Schteingart, 2014). Lógicamente, al ser sectores más bien aislados y sumamente dependientes de la importación de maquinarias y tecnología, no logran traccionar al conjunto de la economía y, por lo tanto, no contribuyen a una mayor homogeneidad de la estructura productiva sino más bien lo contrario.

En ese contexto, el crecimiento de la productividad laboral se desaceleró significativamente entre la década de 1990 y la posconvertibilidad para las ramas de intensidad tecnológica media alta y alta. Las firmas de esos sectores, que se encontraban en general alejadas del estado del arte mundial a comienzos del nuevo siglo, no respondieron al cambio de régimen macroeconómico mediante la inversión masiva en innovación de procesos y de productos. Así, se beneficiaron temporalmente de la suba en el tipo de cambio real, pero no lograron una convergencia a la frontera tecnológica internacional (Katz y Bernat, 2013).

En consecuencia, con pocas excepciones, las empresas de estas ramas siguieron padeciendo un elevado déficit de competitividad y es por ello que la Argentina continúa siendo ampliamente deficitaria en el intercambio comercial de manufacturas de mayor contenido tecnológico en tanto se torna superavitaria a medida que el contenido tecnológico incorporado en los productos decrece. Por eso es que han sido los sectores que poseen ventajas comparativas basadas en recursos naturales (sobre todo la agroindustria) los que han permitido compensar parcialmente los fuertes déficits registrados en el intercambio de bienes de mayor complejidad tecnológica (Belloni y Wainer, 2012 y Schorr y Wainer, 2013).

Todo ello permite concluir que, a pesar del incremento de las exportaciones en la posconvertibilidad y su importancia sobre el resultado de la cuenta corriente, no ha habido un cambio estructural en su composición. A través de la especialización en productos primarios o industriales de escaso valor agregado y/o contenido tecnológico, se ha profundizado la especialización en ventajas comparativas derivadas de la dotación de recursos naturales y de las que supone la canalización de los beneficios de la promoción industrial y de regímenes sectoriales de privilegio con efectos limitados en la generación de empleo y encadenamientos productivos. Se trata de actividades intensivas en recursos naturales y tecnologías maduras, en su mayoría dependientes de algunas corporaciones transnacionales y de unos pocos grupos económicos nacionales.

En este sentido, la herencia neoliberal se hace presente y se afianza en tanto es el “mercado” el que determina que se expandan los sectores donde las brechas de productividad entre la producción local y la mundial son menores, lo cual implica la expansión de ramas que poseen ventajas comparativas estáticas, incrementándose de esta manera la heterogeneidad estructural. Así, puede afirmarse que en la posconvertibilidad se ha asistido a un afianzamiento de la “dualidad estructural” del sector fabril argentino. Ello se expresa en que un puñado de rubros productivos ligados al procesamiento de recursos básicos presenta una balanza comercial positiva, mientras que los restantes son deficitarios, sobre todo a medida que se avanza hacia manufacturas más complejas, más intensivas en la utilización de conocimiento científico-tecnológico, más demandantes de mano de obra con elevada calificación y con mayores potencialidades para impulsar con su crecimiento a otras industrias.

Esta es una de las “paradojas” del comportamiento fabril reciente: si bien en los últimos años, y de modo recurrente, la industria ha sido catalogada como la “locomotora del crecimiento” y el sector dinamizador y ordenador de las relaciones socio-económicas, en los hechos la no reversión de la dependencia tecnológica terminó reforzando la centralidad estructural y el poder de veto de los grandes proveedores de divisas en la Argentina, cuyo ciclo de acumulación y reproducción ampliada del capital en la esfera productiva gira alrededor de actividades con un bajo (o nulo) grado de industrialización. Estos sectores y los (pocos pero grandes) actores que los controlan resultaron ampliamente favorecidos no sólo en términos estructurales, sino también por las intensas transferencias intersectoriales del ingreso que tuvieron lugar tras la “salida devaluatoria” de la convertibilidad por efecto de la dinámica que asumió el comportamiento de los precios relativos en la economía y en el interior del sector manufacturero (Manzanelli y Schorr, 2013).

Según sus propios impulsores, la política económica de los gobiernos kirchneristas se ha basado en un “modelo de acumulación con inclusión social”. Más allá de las discusiones que puedan establecerse sobre el alcance de las mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores según los indicadores que se tomen, es indudable que su situación ha mejorado significativamente respecto a la debacle de la convertibilidad. Esta conjunción de crecimiento acelerado, altos niveles de rentabilidad empresaria y mejora en el empleo y los ingresos asalariados (sobre todo hasta 2007-2008) no se debió únicamente a un modelo que “subsumió la economía a la política” o, mejor dicho, esto fue posible por las condiciones socio-económicas que imperaron tras la crisis y la salida de la convertibilidad. La existencia de recursos ociosos y el alto desempleo tras cuatro años de caída del producto, a lo que se sumó un contexto internacional favorable, viabilizaron la aplicación de políticas expansivas que impulsaron tanto el empleo y los salarios como los beneficios industriales.

Ahora bien, los intereses complementarios entre trabajadores y burguesía industrial terminan cuando la situación económica se recupera de tal manera que se acerca al pleno empleo de los recursos. Es allí cuando recrudece el tradicional conflicto entre capital y trabajo, dado que se agotan las condiciones que hicieron posible esa “situación de todos ganan” que impulsó tanto la rentabilidad empresaria como los ingresos de los trabajadores, dando paso a diversas modalidades de ajuste (con mayor o menor celeridad e intensidad). Tal como apuntó Canitrot (1975) en otro contexto histórico: “el éxito del programa destruye el elemento constitutivo de la alianza. Al aproximarse al pleno empleo, los intereses conflictivos reemplazan a los complementarios. El conflicto se hace muy intenso porque se desarrolla en medio de un contexto inflacionario explosivo, que es resultante de utilizar el incremento de salarios como instrumento de expansión de la demanda. En menor o mayor plazo, la alianza se destruye, la burguesía industrial se inclina hacia una nueva alianza con la burguesía rural, el populismo termina enredado en sus propias contradicciones y un nuevo programa de orden y recesión emerge”.

En este contexto de ausencia de cambio estructural en el perfil de especialización, el creciente conflicto entre capital y trabajo se vuelve extremadamente complejo de resolver porque esta contradicción principal se encuentra sobredeterminada por otra que es la que surge entre crecimiento económico y mejora del ingreso con apreciación cambiaria y agotamiento de las divisas necesarias para sostener el proceso. Ahora bien, la persistencia de una estructura productiva heterogénea y desequilibrada que tiene repercusiones sobre el sector externo no implica que no hayan tenido lugar algunos cambios significativos con respecto a la etapa sustitutiva. Además de las señaladas diferencias en la dinámica de la cuenta capital y financiera, en la etapa actual de globalización ha variado sustancialmente el rol del capital extranjero en la economía doméstica, ya que, por caso, las actuales empresas transnacionales no restringen su producción exclusivamente a un mercado interno protegido, al tiempo que su aporte a la formación de proveedores locales es sumamente acotado.

III.3. La gravitación del capital extranjero en las cuentas externas

Si bien hasta aquí se ha visto la importancia del superávit comercial en la posconvertibilidad y de la política de “desendeudamiento”, falta explorar otros grandes canales por los cuales salen las divisas más allá de las importaciones y los vencimientos de capital e intereses. Mientras que en el próximo apartado nos ocuparemos de la fuga de capitales, aquí analizaremos el resultado de las transferencias corrientes. El saldo de las rentas de la inversión dentro de la cuenta corriente ha sido históricamente deficitario, aunque la importancia de sus componentes ha variado en las últimas décadas. Mientras que bajo la convertibilidad el pago de intereses de la deuda externa era el ítem con mayor déficit, en la posconvertibilidad, en especial a partir de la reestructuración de la deuda en 2005, el mismo ha disminuido y, por el contrario, se ha incrementado significativamente la remisión de utilidades y dividendos (Gráfico Nº 6).

Gráfico Nº 6. Argentina. Evolución del saldo de intereses y utilidades y dividendos devengados, 1992-2013 (millones de dólares)

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

El default de la deuda externa a fines de 2001 fue el desenlace del esquema al que se había sometido a la economía argentina para poder sostener la convertibilidad, el cual, como se aludió, requería de financiamiento externo constante ante el crónico déficit en cuenta corriente y la prominente fuga de capitales locales al exterior. La cesación de pagos de la deuda derivó en la virtual imposibilidad de conseguir financiamiento externo. La renegociación posterior implicó una quita y refinanciación de plazos (Arceo y Wainer, 2008, Damill, Frenkel y Rapetti, 2005 y Schvarzer y Finkelstein, 2004), lo que, sumado al importante ritmo de crecimiento que registró la economía argentina y la reversión de los términos de intercambio, derivaron en una menor carga de intereses en relación con el producto y las exportaciones.

Al respecto, mientras que durante las décadas de 1980 y 1990 una de las principales formas de salida de divisas fue mediante el pago de los intereses de la deuda externa, en la etapa posneoliberal el peso de los mismos se ha reducido. Cabe reparar en que una parte importante de las inversiones privadas en la década de 1990, sobre todo en las empresas públicas privatizadas, fueron financiadas mediante endeudamiento externo (fundamentalmente obligaciones negociables), con lo cual el pago de intereses adquirió una importancia decisiva. Por el contrario, como surge de las evidencias proporcionadas por el Gráfico Nº 7, en la posconvertibilidad la mayor parte de las inversiones extranjeras se financió con ganancias corrientes, lo que, tras la consolidación de un elevado stock de inversión extranjera, determinó un incremento significativo en la remisión de utilidades y dividendos. De esta manera quedan matizados los efectos del “desendeudamiento” sobre la balanza de pagos, en la medida en que tiene como contrapartida un aumento ostensible de la remisión de ganancias obtenidas por las empresas extranjeras que operan en el país, así como otros flujos asociados a la operatoria de las mismas (regalías, patentes, honorarios, intereses, etc.).

Gráfico Nº 7. Argentina. Evolución y composición de la Inversión Extranjera Directa, 1992-2013 (millones de dólares)

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

Tal como lo alertara Braun (1975) al analizar el modelo stop and go durante la sustitución de importaciones, el ingreso de divisas bajo la modalidad de IED puede contribuir en el corto plazo a aliviar las tensiones en el sector externo, pero en el mediano y largo plazo tiende a agravar los problemas en la medida en que las filiales de las empresas trasnacionales comienzan a remitir utilidades a sus casas matrices de manera constante y a realizar transferencias al exterior por las vías más diversas. Por su parte, Diamand (1973) sostenía que la IED era un “paliativo transitorio” en la medida en que tales inversiones no se canalizaran hacia sectores que produjeran y/o ahorraran divisas. Distintas investigaciones recientes muestran cómo la IED hacia América del Sur y la Argentina no se orientó mayormente a rubros que permitan una importante sustitución de importaciones ni a promover las exportaciones no tradicionales, sino a actividades extractivas, relacionadas con la explotación de recursos naturales o bien orientadas a servicios o bienes de consumo para el mercado interno con baja integración nacional (Abeles, Lavarello y Montagu, 2013, CEPAL, 2013 y Belloni y Wainer, 2014).

Más allá de los reparos de Braun y Diamand a la hora de considerar a la IED como un posible paliativo a la restricción externa, durante la etapa “desarrollista” los efectos negativos de la remisión de utilidades no fueron inmediatos sino que se apreciaron una vez consolidadas las inversiones. En este sentido, vale recordar que la mayor parte de la inversión extranjera durante los decenios de 1950 y 1960 estuvo destinada a la instalación de nuevas unidades productivas o a la ampliación de las existentes, por lo cual su puesta en funcionamiento a pleno y la obtención de beneficios demoró un tiempo considerable y, en consecuencia, los efectos negativos de la remisión de utilidades sobre la balanza de pagos no fueron inmediatos (Azpiazu y Gitli, 1976 y Sourrouille, 1976). Por el contrario, la mayor parte de la IED durante la década de 1990 tuvo como destino la compra de activos existentes (centralización del capital), con lo cual la maduración de las inversiones y la obtención de beneficios se dieron en un lapso mucho más breve.

Como se señaló, el predominio de la forma “cambio de manos” en la IED durante los años 1990 estuvo relacionada con el proceso de privatizaciones de las principales empresas públicas, así como con la venta de empresas privadas de capitales nacionales a extranjeros. Mientras que la primera modalidad predominó durante los años iniciales de la década (y en 1999 con el traspaso de la porción restante de las acciones de la petrolera YPF que retenía el Estado Nacional), en la segunda mitad del decenio prevalecieron las operaciones entre privados, lo cual reforzó sobremanera el predominio del capital extranjero en la economía nacional.

La profunda crisis económica que terminó con la convertibilidad implicó que durante tres años seguidos (2001 a 2003) la reinversión de utilidades fuese negativa (se remitieron utilidades acumuladas en períodos anteriores y se cancelaron deudas), pero a partir de 2004 la IED retoma un sendero expansivo. La diferencia más significativa con la década de 1990 en términos de composición es que en la posconvertibilidad se reduce sustancialmente la inversión por “cambio de manos” y se incrementan los aportes nuevos, la reinversión de utilidades y los “auto-préstamos”. La pérdida de importancia de las compra-ventas en los flujos de IED tiene que ver con el alto grado de extranjerización alcanzado por la economía argentina en la etapa previa (fenómeno difundido, con sus más y sus menos, en los distintos sectores de actividad) y al hecho de que muchas de las fusiones y adquisiciones que se verificaron se dieron entre actores extranjeros. Si bien no es posible establecer una división tajante ya que ambos procesos se yuxtaponen, podría decirse que hasta la resolución de la crisis de la convertibilidad (2002) predominó una extranjerización por “desposesión” de carácter más bien “extensivo”, en tanto a partir de allí el capital extranjero se expandió mayormente de forma “intensiva” o “en profundidad”, es decir, a partir de las diferencias de desempeño entre las distintas firmas según el origen del capital (Gaggero, Schorr y Wainer, 2014).

Asimismo, si bien la reducción de los costos laborales que trajo aparejada la “salida devaluatoria” de la convertibilidad y la posterior reactivación económica a partir de 2003 beneficiaron al conjunto del capital (en particular a los estamentos oligopólicos), las empresas extranjeras fueron las que obtuvieron las tasas de ganancia más elevadas (Azpiazu, Manzanelli y Schorr, 2011). Esa mayor rentabilidad media, junto al incremento del stock de IED, determinó que las utilidades devengadas por las compañías foráneas hayan crecido notablemente (en dólares corrientes) durante la posconvertibilidad, superando ampliamente los guarismos de la década anterior. Como se visualiza en el Cuadro Nº 2, las utilidades pasaron de un promedio anual de 2.230 millones de dólares entre 1992 y 2001 a 6.258 millones en 2002-2013, con un valor máximo de 10.410 millones de dólares en 2011.

Cuadro N° 2. Argentina. Evolución de la Inversión Extranjera Directa (IED) bruta, las utilidades devengadas, la reinversión y la remisión de utilidades, 1992-2013 (millones de dólares y porcentajes) 

IED

(1)

 Utilidades de IED

(2)

 Reinversión de utilidades (3) Remisión

(2-3)

 % remisión sobre utilidades % remisión sobre IED
Prom. 1992-2001 7.644 2.230 202 2.028 90,9 26,5
Prom. 2002-2013 6.559 6.258 2.663 3.595 57,4 54,8
2002 2.149 120 -924 1.044 870,0 48,6
2003 1.652 1.084 -808 1.892 174,5 114,5
2004 4.125 3.148 71 3.077 97,7 74,6
2005 5.265 4.917 1.156 3.761 76,5 71,4
2006 5.537 6.577 3.108 3.469 52,7 62,7
2007 6.473 6.728 2.050 4.678 69,5 72,3
2008 9.726 7.418 396 7.022 94,7 72,2
2009 4.017 7.919 2.894 5.025 63,5 125,1
2010 7.846 9.534 5.322 4.212 44,2 53,7
2011 10.720 10.410 3.612 6.798 65,3 63,4
2012 12.116 8.863 8.113 750 8,5 6,2
2013 9.082 8.375 6.963 1.412 16,9 15,5

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

Si bien durante la posconvertibilidad también se incrementó la remisión, el aumento superior que exhibieron las utilidades dio como resultado una menor proporción de las mismas remitidas al exterior (57,4% en promedio frente al 90,9% en la convertibilidad). Esto se asoció a una suba en la reinversión de utilidades. Es por ello que, a pesar que la proporción de utilidades remitidas cayó en relación con las utilidades devengadas, la misma se incrementó con respecto a la IED. El alto grado de extranjerización alcanzado a comienzos del nuevo siglo y su poca variación relativa en los últimos años[14] determinó que las utilidades obtenidas por las empresas extranjeras que se desenvuelven en el medio local hayan adquirido un comportamiento mucho más dinámico que la entrada de IED. Por una parte, los beneficios evolucionaron a una tasa muy superior a la de aquélla, mientras que presentan umbrales crecientes que han logrado superar los niveles de IED en cuatro años del período 2002-2013 (Cuadro Nº 2). Así, la remisión de utilidades pasó de significar el 26,5% de las entradas de inversión extranjera directa en la convertibilidad (promedios anuales), al 54,8% en la posconvertibilidad. De este modo, el aporte que la IED podría realizar como ahorro externo se ha visto reducido a menos de la mitad de los flujos procedentes del exterior, estimación que se reduce sensiblemente de considerar la salida de divisas que establecen las corporaciones transnacionales por otros medios (pago de royalties y honorarios, subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, pago de intereses a empresas relacionadas, etc.)[15].

Si bien es difícil estimar con los datos existentes la magnitud de las transferencias que por diversas vías realizan la filiales de las empresas transnacionales a sus casas matrices y otras firmas vinculadas en el exterior, una primera aproximación proviene del análisis de la evolución de los pagos en concepto de intereses por un lado, y de regalías y servicios empresariales y profesionales por otro. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, según información del BCRA, la deuda comercial y financiera de las filiales con sus casas matrices o empresas del mismo grupo pasó de representar el 31,2% del total del stock de deuda externa privada en 2002 al 42,3% en 2013 (30.083 millones de dólares), con un promedio anual del 36% para el período. Por su parte, el promedio anual de los intereses pagados por parte del sector privado entre 2002 y 2013 fue de 2.440 millones de dólares, con lo cual se puede estimar que al menos una tercera parte de los mismos (813 millones) corresponde a transferencias realizadas por empresas trasnacionales a sus casas matrices y/o empresas vinculadas. Por su parte, las remesas al exterior en concepto de pago de regalías y honorarios profesionales pasaron de 960 millones de dólares en 2002 a más de 6.000 millones en 2013, de los cuales una parte significativa corresponde a erogaciones realizadas por capitales extranjeros[16].

En referencia a las tendencias apuntadas, debe considerarse que la remisión promedio de la posconvertibilidad se incrementaría significativamente de no computarse lo ocurrido en 2012 y 2013, dado que si bien las utilidades siguieron siendo elevadas (8.863 y 8.375 millones de dólares respectivamente), la remisión declinó en forma considerable para los registros que se habían manifestado en los años anteriores (Cuadro Nº 2). Ante la virtual imposibilidad de remitir beneficios por las restricciones cambiarias imperantes desde mediados de 2011 y por limitaciones impuestas por el Banco Central a los bancos privados, se registra un incremento de carácter estrictamente contable en la reinversión de las mismas en 2012 y 2013, lo cual explica el grueso del incremento de la IED en los años apuntados, ya que los aportes de capital se vieron reducidos (Gráfico Nº 7)[17]. A esto debe agregársele una menor remisión en el sector petrolero debido a la reestatización parcial de YPF, la empresa más grande del país[18].

En definitiva, más allá de la situación particular de estos últimos años, la tendencia general de la remisión de utilidades ha sido creciente y se asocia con tres fenómenos relacionados: a) el alto grado de extranjerización de la economía argentina; b) la elevada rentabilidad que obtuvieron las firmas extranjeras en el nuevo contexto macroeconómico; y c) la relativamente baja propensión a invertir en el país que las mismas presentan (y cuando lo hacen, con implicancias generalmente perniciosas sobre la balanza comercial y la matriz industrial). A estos factores se le suman otros elementos coyunturales que exacerban la remisión, como la necesidad de muchas empresas transnacionales de remitir ganancias a sus casas matrices en un contexto de crisis económica en sus países de origen. No obstante, más allá de estos elementos coyunturales, no cabe duda que la remisión de utilidades y dividendos al exterior está fundamentalmente asociada a fenómenos de índole estructural como el considerable nivel de extranjerización de la economía argentina, los mayores registros de productividad de las firmas transnacionales, su liderazgo oligopólico y su relativamente baja propensión a invertir en la medida en que su predominio de mercado puede sostenerse e incrementarse por mecanismos como, entre otros, la captación diferencial de excedentes vía la formación de precios y/o la internalización de ingentes y variadas subvenciones estatales.

Pero la importancia del capital extranjero no se circunscribe a la remisión de utilidades sino que involucra además al comercio exterior. No sólo por el perfil del mismo, sino también por la concentración de las exportaciones en unas pocas manos. Desde la salida de la convertibilidad la IED ha estado mayormente orientada hacia sectores que cuentan con ventajas comparativas naturales y/o institucionales de privilegio. Teniendo en cuenta que estos sectores están muy orientados hacia los mercados externos, cabría esperar que el proceso de extranjerización también se viera reflejado en las exportaciones. Y, en efecto, el selecto grupo de firmas extranjeras que integran el panel de las 200 empresas de mayores dimensiones pasaron de explicar, en promedio, alrededor del 20% de las exportaciones totales del país en 1993 al 38,4% en el último año de crecimiento de la convertibilidad (1998), para finalmente alcanzar el 44,2% en 2012 (con una participación récord en 2005 cercana al 55%).

Este hecho es sumamente significativo ya que se trata de un número acotado de corporaciones extranjeras (59 en 2012) que detentan el control sobre casi la mitad de las divisas generadas en el país. La importancia que han tenido las divisas provistas a través del comercio exterior en la suerte de la balanza de pagos dentro del esquema de acumulación que se ha venido desplegando desde 2002 le confiere a este relativamente reducido conjunto de firmas extranjeras un importante poder de veto sobre la orientación de la política económica. Ello supone un límite bastante preciso a la autonomía relativa del Estado argentino en tanto éste requiere divisas para poder sostener el proceso de crecimiento económico, pero la generación de las mismas es fundamentalmente patrimonio de un conjunto acotado de actores en su mayoría extranjeros.

En síntesis, los efectos directos e indirectos de la inversión extranjera sobre el sector externo, en lugar de aliviarlo, tienden a agravar estructuralmente el problema de la restricción externa. Además, la importancia que tienen el superávit comercial y la remisión de utilidades y otros flujos dentro de la cuenta corriente y la IED en la cuenta capital y financiera le otorgan al capital extranjero un rol decisivo en la oferta y la demanda de divisas.

III.4. La fuga de capitales

Desde un punto de vista estructural, no sólo el capital extranjero contribuye al drenaje de divisas por diversas vías sino también los grupos económicos locales: históricamente esta fracción del poder económico ha agravado los problemas en el sector externo a través de la fuga de capitales. En la etapa 1976-2001, sobre todo durante la dictadura militar y en el decenio de 1990, el gran empresariado argentino remitió una proporción importante de sus ganancias fuera del territorio nacional, principalmente a través de la compra de activos en el exterior, tanto físicos (por ejemplo, inversiones inmobiliarias y en empresas), como financieros (divisas, títulos, acciones, etc.), aunque se puede inferir que esta última fue la modalidad privilegiada (Basualdo y Kulfas, 2002). Pese a las modificaciones acaecidas en el funcionamiento del régimen de acumulación, en la posconvertibilidad la formación de activos externos por parte del sector privado más concentrado fue sumamente dinámica.

Como se desprende de la información que suministra el Gráfico Nº 8, entre 2007 y 2008 (en especial en el último año cuando confluyen la crisis mundial y el conflicto con las patronales agropecuarias), se produjo un primer hito en la fuga de capitales locales al exterior durante la posconvertibilidad, el que acarreó la salida del país de casi 32.800 millones de dólares e impactó directamente sobre el resultado de la balanza de pagos. Sobre la base de la fuga de divisas de 2009 y 2010 (25.300 millones de dólares), en 2011 se verificó un nuevo pico, que comprometió más de 21.500 millones de dólares y generó, en conjunción con otros factores, una pérdida sumamente pronunciada de reservas internacionales por parte del Banco Central, sentando las bases para la instrumentación del denominado “cepo cambiario” y otras restricciones a la disponibilidad de divisas[19].

Gráfico Nº 8. Argentina. Evolución de la fuga de capitales locales al exterior y la variación de reservas, 2003-2013 (millones de dólares)

Fuente: elaboración propia en base a BCRA.

Si bien la desconfianza en la moneda nacional y la opción por el ahorro en moneda extranjera es un fenómeno difundido en el mundo empresarial y en amplias capas de los sectores medios y altos de la Argentina, los propietarios de los grupos económicos tuvieron un rol destacado en la formación de activos externos durante la posconvertibilidad (como lo habían tenido en el período 1976-2001). La información al respecto es escasa y fragmentaria, pero puede afirmarse que los grandes empresarios locales explican una proporción considerable de la fuga de capitales que se dio en 2008 y 2011. En cuanto a este último episodio, con los datos sistematizados por Zaiat (2012) resulta posible comprobar que en el listado de los principales compradores de divisas para atesoramiento (personas físicas) figuran directivos de varios conglomerados empresarios y/o grandes compañías locales que, por diversos motivos, se expandieron fuertemente tras la “salida devaluatoria” de la convertibilidad: Bagó, Frávega, IRSA, Ledesma, Macro, Olmedo, Pampa Holding y Petersen, entre otros. A su vez, cuando la indagación se focaliza en el universo de las personas jurídicas se constata la existencia de firmas pertenecientes a holdings relevantes como, por caso, Arcor, BGH, Eurnekián, La Nación, Madanes, Roemmers, Techint y Urquía.

Las evidencias disponibles indican que, con respecto a la fase neoliberal, en la posconvertibilidad la estrategia de acumulación de las firmas líderes y los conglomerados locales siguió otorgándole a la fuga de capitales un lugar relevante. Sin embargo, esa línea de continuidad no debería hacer perder de vista la existencia de algunas modificaciones en ese proceso de internacionalización. Como se apuntó, bajo el esquema convertible la fuga realizada por el gran empresariado estuvo relacionada básicamente con el despliegue de estrategias de valorización financiera del capital, así como con la salida al exterior de buena parte de los recursos generados por la venta de empresas y grupos nacionales al capital extranjero. En la posconvertibilidad, si bien algunos de estos elementos también estuvieron presentes (como la remesa de recursos generados por la desnacionalización de algunas compañías oligopólicas), lo que parece haber primado es el envío al exterior de las abultadas ganancias corrientes internalizadas por este segmento del poder económico en un escenario de fuerte crecimiento de la economía, ausencia de cambio estructural en el perfil de especialización e inserción internacional y relativa “reticencia inversora” por parte del capital concentrado interno[20].

A este comportamiento de los grandes grupos económicos debe agregársele un elemento que es propio de una estructura productiva como la argentina, donde las exportaciones dependen en buena medida de medios de producción irreproducibles que se encuentran en manos privadas y que, por lo tanto, apropian renta. En este caso, buena parte del excedente generado en estas actividades no es reinvertido en la esfera productiva, antes bien, en la medida en que la moneda doméstica no constituye una reserva de valor, y en un contexto de tasa de interés real baja o negativa, tiende a impulsar la demanda de divisas para su fuga posterior. De esta manera, buena parte de los beneficios que se obtienen por el lado de la cuenta corriente tienden a erosionarse por el lado de la cuenta capital.

En este tipo de situaciones se pone de manifiesto la insuficiencia de los modelos teóricos más “formalistas”, ya que muchas veces dificultan la posibilidad de captar la dinámica social que se esconde detrás del fenómeno “puramente” económico. Las distintas “variables” en juego no tienen efectos neutros ni son independientes de los intereses de los diversos actores sociales. Las recurrentes tensiones cambiarias relacionadas con los desequilibrios externos observados en la historia económica argentina, inicialmente derivadas del funcionamiento stop and go, terminaron generando comportamientos perniciosos para el diseño y la aplicación de políticas de desarrollo, como son la preferencia por la liquidez y la remisión de recursos al exterior por parte del sector privado (sobre todo de sus segmentos más concentrados, tanto nacionales como extranjeros). La posibilidad de lograr un desarrollo sustentable en la Argentina está estrechamente vinculada a la necesidad de superar estas conductas y poder evitar las negativas consecuencias socio-económicas que se suelen derivar de una crisis en la balanza de pagos en materia de empleo, salarios y distribución del ingreso.

Reflexiones finales

La conjunción virtuosa de crecimiento acelerado, elevada rentabilidad empresaria y mejora en el empleo y los ingresos asalariados que vivió la economía argentina en la primera etapa de la posconvertibilidad fue posible, en buena medida, por las condiciones macroeconómicas y políticas que imperaron tras la crisis y la salida de la convertibilidad (amplia capacidad ociosa, alto desempleo, salarios reales muy deprimidos, etc.), situación que se modifica en los últimos años, cuando reaparece la restricción externa. Como se señaló, los intereses complementarios entre trabajadores y burguesía industrial culminan cuando la situación económica se recupera de tal manera que se acerca al pleno empleo de los recursos. Es allí cuando recrudece el tradicional conflicto entre capital y trabajo y se abre paso a diversas modalidades de ajuste.

El kirchnerismo trató de evitar tales ajustes tomando algunas medidas heterodoxas como los controles a las importaciones y a la compra de divisas, pero las mismas sólo lograron postergar el desenlace mientras se acumularon tensiones cada vez mayores. El gran dilema del gobierno ha sido (y es) que la política de ajuste atenta contra la forma de construcción política que adoptó, pero los tiempos “económicos” no parecen adecuarse a los tiempos “políticos”. En dicho contexto, tanto dentro como fuera del gobierno se han barajado distitnas alternativas para hacer frente a la compleja situación en el frente externo, las cuales no son excluyentes entre sí, ni sus efectos son indiferentes para los distintos intereses sociales en juego.

El endeudamiento externo ha sido una de las principales alternativas planteadas desde diversos ámbitos y pertenencias ideológicas, tanto ortodoxas como heterodoxas. Pero a menos que se destine a financiar obras que permitan un ahorro de divisas, el endeudamiento externo en países como la Argentina sólo puede funcionar como un alivio a corto plazo ya que a largo plazo las divisas que egresan siempre terminan superando a las que ingresan. En rigor, se trata de un círculo vicioso: la deuda externa obliga al pago de intereses en moneda extranjera que, si no pueden ser cubiertos con un superávit en la cuenta corriente, deben ser financiados con nueva deuda, que a su vez genera nuevos intereses, lo cual, además de otorgarle un poder central al capital financiero en tanto proveedor de divisas, suele derivar en un esquema de tipo Ponzi que termina resolviéndose mediante una reestructuración de la deuda y/o un ajuste interno.

También se suele apelar a la IED como forma de superar el estrangulamiento externo. Pero sin una clara direccionalidad de la misma hacia actividades sustitutivas y/o de fomento a exportaciones no tradicionales, los problemas del sector externo se terminan agravando por la recurrente remisión de utilidades. Además, aunque el flujo de divisas directamente asociado a la IED fuera positivo, la misma tiene efectos indirectos que tienden a erosionar la disponibilidad de divisas: las empresas extranjeras tienen una elevada propensión a importar, suelen contratar una mayor cantidad de servicios en el exterior y utilizan mecanismos alternativos para fugar capitales más allá de la remisión de utilidades, como los pagos de intereses a empresas vinculadas o controladas, la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones.

La adopción de políticas monetarias y fiscales contractivas también encuentra un límite estrecho. Un aumento de la tasa de interés puede quitar presión sobre el dólar de forma directa al otorgar una opción de ahorro en pesos y eventualmente atraer capitales especulativos del exterior[21]. La suba de la tasa actúa de manera indirecta al enfriar la economía encareciendo el crédito a la producción y el consumo. Pero justamente esta última es su mayor debilidad, ya que los efectos contractivos, además de tener consecuencias negativas en términos distributivos, impiden la consolidación de un proceso de crecimiento en el largo plazo. Así, no se trata de ninguna superación de la restricción externa sino justamente de su consumación. Una reducción del gasto público también tiene efectos sobre el sector externo por la vía recesiva, con el agravante de afectar la capacidad productiva del país a futuro por la desinversión en infraestructura (muy dependiente de la inversión pública).

Sin lugar a dudas la devaluación de la moneda ha sido el instrumento de estabilización más utilizado ante el estrangulamiento de la balanza de pagos durante el período sustitutivo y la principal medida que logró detener la sangría de reservas a comienzos de 2014. Esta medida implica una modificación de los precios relativos y una traslación de riqueza desde aquellos que tienen ingresos fijos, como los asalariados, hacia los productores de bienes transables, especialmente los grandes exportadores[22]. Sin embargo, la devaluación no conlleva automáticamente un incremento significativo de las exportaciones, aunque puede contribuir a incrementar los saldos exportables. Tampoco hay evidencias de que una modificación del tipo de cambio genere por sí misma una sustitución de importaciones efectiva. Como lo señalaron cuatro décadas atrás autores como Braun y Diamand, la demanda de importaciones presenta por lo general una baja elasticidad a los cambios en los precios relativos, aunque su elasticidad es elevada con referencia al nivel de actividad y la distribución del ingreso. Es por ello que la devaluación tiende a restablecer el equilibrio externo no por la vía sustitutiva ni exportadora, sino por la retracción del nivel de actividad que surge a raíz de los cambios en el ingreso y, asociado a ello, una menor demanda de bienes importados y cierta merma en los gastos en el exterior (turismo).

De esta manera, el intento de promover el crecimiento sobre la base de un tipo de cambio real “alto” (o por encima de la paridad de poder de compra de la moneda local), encuentra límites importantes en el mediano y largo plazo en tanto no exista un proceso fuerte de inversión en tecnología, investigación y desarrollo y grandes inversiones en infraestructura. Y, no por casualidad, las grandes inversiones en maquinaria, equipo e infraestructura se ven resentidas por una devaluación ya que no sólo se encarecen en moneda local, siendo en su mayoría bienes importados, sino que se postergan al operar la economía con capacidad ociosa. Una vez que la economía comienza a recuperarse, la producción se incrementa y los equipos se desgastan, se sobreutiliza la capacidad instalada, sobre todo en los sectores que lideran el crecimiento, y la competitividad internacional pasa a depender cada vez más de mantener un tipo de cambio real “competitivo”. En la medida en que se va erosionando dicha variable por el efecto inflacionario (o al menos esas son las “expectativas” de los capitalistas) y los salarios reales suben, sin un cambio técnico de magnitud de por medio, la tasa de ganancia esperada se debilita y, por lo tanto, la inversión en capital fijo no acompaña en la medida necesaria el crecimiento de la demanda, lo cual repercute no sólo en una mayor inflación sino en un crecimiento económico desarticulado (Astarita, 2010)

En un contexto de inestabilidad crónica de este tipo, con mercados altamente concentrados y cierta protección arancelaria o “cambiaria”, ante la combinación de incremento de salarios con insuficiente aumento de la productividad, los capitalistas tienden a aumentar los precios para intentar mantener sus márgenes de ganancia en el corto plazo. Esta especie de profecía auto-cumplida podría explicar, en cierta medida, la relativa “reticencia inversora” observada por parte de los grandes capitales durante la posconvertibilidad. Como se vio, en economías como la argentina, con una historia de elevada volatilidad macroeconómica, los cambios de regímenes económicos resultan insuficientes para revertir conductas de “acumulación de liquidez y exceso de ahorro” (Pérez Ártica, 2013), lo que conduce a la postergación de proyectos de inversión de carácter innovativo y, por lo tanto, no se logra transformar la estructura productiva. Así, en un contexto internacional de competencia por medio del cambio tecnológico, la posibilidad de sostener la competitividad de la producción manufacturera exclusivamente a partir de un “dólar alto” encuentra límites muy estrechos.

Las medidas mencionadas (endeudamiento, ingreso de IED, políticas monetarias y fiscales contractivas, devaluación de la moneda) pueden servir para sortear problemas transitorios de iliquidez, pero no alcanzan para resolver los problemas de insolvencia que presenta la Argentina en el frente externo. Todas ellas buscan resolver la contradicción que presenta la economía nacional en su sector externo atacando los efectos y no las causas profundas que generan la crisis. Así, se genera un círculo vicioso: la recurrencia de la crisis potencia el rezago tecnológico relativo, ya que los cambios bruscos de la rentabilidad de los sectores debilitan las inversiones a largo plazo, fundamentales para superar el atraso. Asimismo, las alteraciones en la situación competitiva de las exportaciones afectan la posibilidad de una inserción distinta en la economía mundial.

La ausencia en la discusión pública de una perspectiva de cambio estructural que permita superar de manera sustentable los problemas en el sector externo de la economía argentina no es sólo un problema “técnico”, sino que parece encontrar profundas raíces en la escasa autonomía relativa que presenta el estado argentino ante la trama de intereses que atraviesa a los sectores dominantes. La resolución de la contradicción que presenta una economía dependiente como la argentina entre la aceleración del proceso de acumulación de capital y los límites que impone una estructura productiva heterogénea y desequilibrada, y que se manifiesta finalmente como restricción externa, no es independiente de las posiciones que adoptan las distintas clases y fracciones de clase.

Difícilmente se encuentre entre las prioridades de las empresas trasnacionales el modificar sustancialmente el rol de la economía en la división internacional del trabajo, mucho menos cuando la misma casi no ofrece ventajas comparativas más allá de su abundante dotación de recursos naturales y ciertos ámbitos de acumulación privilegiados por las políticas públicas. Por otra parte, el hecho de ser un actor central en la provisión de divisas (ya sea por la vía exportadora y/o a través de la IED) le otorga al capital extranjero un importante poder de veto (capacidad de coacción) sobre la orientación de la política económica y el funcionamiento estatal.

En similar situación se encuentran los grandes exportadores, sobre todo aquellos que dependen de las ventajas comparativas derivadas de los recursos naturales, como los vinculados a las actividades agropecuaria y agroindustrial y a rubros extractivos (fundamentalmente minería). La provisión de divisas por parte de estos actores (en su mayoría de origen extranjero, aunque también se destacan algunos grupos económicos locales) es un elemento central en el esquema de acumulación que se erigió durante la posconvertibilidad, lo cual pone límites objetivos a la capacidad que tiene el Estado de apropiar renta y/o modificar los parámetros del comercio exterior dentro del actual contexto.

Pero tampoco parece existir una “burguesía nacional” dispuesta a llevar adelante un proyecto de país distinto al que surge “naturalmente” de la tradicional división del trabajo a escala mundial. Las empresas nacionales en general no han logrado competir en igualdad de condiciones con las compañías foráneas salvo en aquellos casos que explotan ventajas comparativas naturales. El resto del capital doméstico realiza tareas complementarias al extranjero, con tecnologías obsoletas y sustentado en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, mientras que otra parte se refugia en actividades menos dinámicas, donde el capital transnacional no ha desarrollado una tecnología relativamente nueva y en las cuales las diferencias de productividad son menores (como en el sector comercial), o bien en sectores que se encuentran al margen de la competencia intercapitalista como aquellos regulados por el Estado (algunos servicios públicos, licencias para actividades como juegos de azar, obras públicas, etc.). El correlato de esta situación es la subordinación, no exenta de conflictos puntuales, del capital nacional a la lógica del capital extranjero, reflejando la incapacidad de la burguesía local de orientar el desarrollo de las fuerzas productivas del país.

En suma, en este esquema no parece haber ninguna fracción de la gran burguesía que tenga interés genuino en impulsar la construcción de un sistema industrial fuerte y moderno que le permita a la Argentina salir de su situación de dependencia, lo que constituye una de las principales trabas al desarrollo nacional. Como afirma Arceo (2011), en ausencia de un sistema industrial, son las exigencias de reproducción ampliada de las relaciones de producción en los países centrales las que determinan tanto las características que reviste el proceso productivo como las actividades que resulta redituable desarrollar (esto es, en un país como el nuestro, aquéllas que dependen de condiciones naturales y en las que las diferencias de productividad son menores porque no dependen de métodos de producción avanzados). Esta situación de dependencia no se altera en escenarios como el argentino, donde priman entramados productivos con cierta densidad, pero en los cuales las industrias más dinámicas están controladas por el capital extranjero.

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* Se agradecen los valiosos comentarios de Matías Kulfas y Esteban Ferreira a una versión preliminar y se los exime de toda responsabilidad por los errores y las omisiones que pudieran existir. El texto se terminó de redactar el 15/6/2014.

** Investigador del CONICET y del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO; docente de la UBA y la UNSAM.

*** Investigador del CONICET y del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín; docente de la UBA y la UNSAM.

[1] Por otra parte, nada garantiza que los términos de intercambio sigan siendo persistentemente elevados para países como los sudamericanos; más bien la historia demuestra que, si bien se han alternado ciclos de alza y baja, lo que predomina es el deterioro de los precios de los bienes primarios frente a los productos manufacturados, especialmente los más complejos y tecnológicamente avanzados.

[2] Otros autores que se aproximaron desde distintas vertientes a cuestiones asociadas a la restricción externa en la Argentina durante las décadas de 1950, 1960 y 1970 fueron Prebisch, Olivera, Ferrer, Díaz Alejandro, Sourrouille, Porto, Villanueva, Canitrot y Brodersohn.

[3] Una excepción a esta “carencia” fueron las contribuciones del CEDES (a simple título ilustrativo véase Damill y Frenkel, 1990 y Damill, Fanelli y Frenkel, 1994).

[4] De modo estilizado, la llamada “Ley de Thirlwall” establece que, dado un tipo de cambio constante y suponiendo que los términos de intercambio se mantienen estables en el largo plazo, la expansión del producto compatible con el equilibrio en la balanza de pagos se determina por el cociente entre la tasa de crecimiento de las exportaciones y la elasticidad ingreso de las importaciones.

[5] Algunos ejemplos de trabajos que aplicaron la propuesta de Thirlwall a la realidad latinoamericana son los de Capraro (2007), Fuji (2002), Guerrero de Lizardi (2001), López y Cruz (2000) y Porcile, Curado y Bahry (2003).

[6] En los últimos años ha resurgido con fuerza la discusión sobre la restricción externa en la economía argentina. Desde diversos enfoques se destacan los aportes de Abeles, Lavarello y Montagu (2013), Amico (2013), Amico, Fiorito y Zelada (2012), Belloni y Wainer (2012), Bernat (2011), Bianco, Porta y Vismara (2007), CENDA (2010), Fernández (2012), Katz y Bernat (2013), López y Sevilla (2010) y Panigo, Kiper y Garriz (2012). Una reflexión en clave regional se puede encontrar en Cimoli, Porcile y Rovira (2010) y Frenkel y Rapetti (2011).

[7] Sobre esto último, vale recordar que en esos años se realizaron numerosas concesiones al capital extranjero, entre las que sobresalen la ampliación de los beneficios de la Ley de Inversiones Extranjeras Nº 21.382 y la suscripción de cerca de 60 tratados bilaterales de inversión. Con leves modificaciones, ambos dispositivos normativos siguen vigentes en el presente (Azpiazu, Manzanelli y Schorr, 2011).

[8] La excepción fue el año 1999, cuando hubo un fuerte ingreso de IED por la adquisición de la casi totalidad del paquete accionario de YPF por parte de la española Repsol (Barrera, 2013).

[9] El “desendeudamiento” refiere a la declinación del peso de la deuda pública en el PBI. Dicho proceso se debió fundamentalmente a tres grandes factores: una reducción inicial del monto adeudado tras el canje de deuda realizado en 2005 (luego reabierto en 2010), el pago “al contado” de vencimientos de capital con reservas internacionales (entre ellos, el pago por adelantado al FMI) y la importante expansión del nivel de actividad. Esto no quita que el stock de deuda pública nacional se haya incrementado en términos absolutos (en 2013 superó los 200.000 millones de dólares), pero asociado a un cambio relevante en términos de acreedores (más del 60% corresponde a deuda interestatal) y en la significación de la deuda nominada en moneda nacional (aproximadamente el 46% frente al 9% antes de la reestructuración). Sobre estos temas, consúltese De Lucchi (2014) y Selva (2014).

[10] En esta etapa se desnacionalizaron varias empresas líderes en sus respectivos sectores de actividad como, entre otras, Alimentos Fargo, Pecom Energía, Quilmes, Acindar, Loma Negra, Alpargatas Textil y varios frigoríficos (Azpiazu, Manzanelli y Schorr, 2011).

[11] Según información del BCRA, a fines de 2013 las reservas habían declinado casi el 30% respecto de los registros de 2012, alcanzando los 30.600 millones de dólares (a comienzos de junio de 2014 el stock fue de 28.600 millones de dólares).

[12] Tras la devaluación de enero de 2014 el gobierno tomó la decisión de volver a autorizar la adquisición de moneda extranjera para fines de tenencia y ahorro aunque con importantes restricciones: sólo fueron habilitadas a realizar la operación aquellas personas físicas que contasen con ingresos mensuales declarados superiores a 7.000 pesos, siendo que la transacción no podía superar el 20% del ingreso hasta un tope máximo mensual de 2.000 dólares.

[13] A diferencia de la década de 1990, cuando los vencimientos de la deuda externa solían refinanciarse con la emisión de nueva deuda, las divisas utilizadas para el pago de los vencimientos durante la posconvertibilidad han provenido fundamentalmente del superávit comercial. De allí que ante la reducción del excedente comercial y la reaparición del déficit en cuenta corriente el gobierno haya buscado “regularizar” el frente financiero externo (arreglos en el CIADI, indemnización a Repsol por la expropiación del control accionario de YPF, acuerdo con el Club de París, etc.); ello, para poder volver a recibir financiamiento externo y/o inversiones extranjeras. Sin embargo, hasta el momento (mediados de 2014), dicha estrategia no ha dado los resultados esperados, incrementándose la presión sobre las reservas internacionales.

[14] Del trabajo de Gaggero, Schorr y Wainer (2014) surge que en 2001 las empresas transnacionales explicaban alrededor del 55% de las ventas totales de la cúpula empresaria del país (las 200 firmas de mayores dimensiones), porcentual que en 2012 se ubicó en el orden del 53% (en el caso de la elite industrial la participación del capital extranjero en la facturación total pasó del 58% al 65% entre los años señalados).

[15] En cuanto al perfil de la IED, vale reparar en que, por lo general, una proporción considerable de la misma se asocia a cuantiosas importaciones que, en no pocas ocasiones, desplazan a productores locales y alientan, por esa vía, distintos procesos de “sustitución inversa” (Castells, Ferreira, Inchauspe y Schorr, 2014).

[16] A todo ello debería añadírsele otras transferencias realizadas por empresas transnacionales bajo diversas maniobras como la subfacturación de exportaciones o la sobrefacturación de importaciones.

[17] El hecho de que las corporaciones foráneas no hayan podido remitir utilidades no significa necesariamente que esos flujos se hayan transformado en inversión real dentro del país. El descenso en la remisión puede revertirse muy rápidamente en cuanto se relaje el acceso a las divisas para el sector no financiero o bien las entidades financieras logren cumplimentar los requisitos impuestos por el BCRA (algo que ya sucedió en 2013). Por otro lado, nada garantiza que dicha reinversión haya tenido como destino la ampliación de la capacidad productiva o comercial. En este sentido, la reinversión de utilidades es calculada de manera residual al considerar la diferencia entre las utilidades devengadas y las distribuidas, por lo cual una parte de esa inversión puede haber tenido diversos destinos como, por ejemplo, la compra de títulos públicos nominados en moneda extranjera o el mercado paralelo de divisas.

[18] La reestatización del 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol (mayo de 2012) implicó una mayor reinversión y una menor distribución de dividendos entre los accionistas de la principal compañía del país. De acuerdo a las estimaciones del BCRA, el sector petrolero fue el que más utilidades y dividendos remitió en la posconvertibilidad, pero descendió significativamente en 2012 y, sobre todo, en 2013: pasó de explicar el 25% del total de las utilidades giradas al exterior en 2011 (con un máximo del 41% en 2006), a “sólo” el 6% en 2013.

[19] Estas medidas son las que permiten dar cuenta del fuerte descenso de la fuga de capitales en 2012 y 2013, lo mismo que en materia de remisión de utilidades y dividendos (Cuadro Nº 2).

[20] En referencia a la “reticencia inversora”, cabe destacar que, según se colige de los datos suministrados por la Encuesta Nacional a Grandes Empresas del INDEC, en la convertibilidad las firmas nacionales integrantes del panel de las 500 de mayor tamaño del país tuvieron un margen de rentabilidad sobre valor agregado que promedió el 15,7% y su tasa media de inversión (también sobre valor agregado) fue del 22,2%. En la posconvertibilidad, tales coeficientes fueron del 24,1% y el 17,1%, respectivamente.

[21] En las condiciones en las que se desenvolvió la economía argentina entre 2002 y 2013 difícilmente una medida de este tipo aliente un ingreso fuerte de capitales financieros, ya que la salida de la convertibilidad, el default de la deuda pública y su consecuente reestructuración derivó en numerosos litigios a nivel internacional (CIADI, tribunales de Nueva York, etc.) que dejaron al país virtualmente afuera del mercado mundial de capitales. Por lo tanto, por más que se generase un diferencial de tasas significativo, en tales condiciones los capitales son renuentes a invertirse en el sector financiero local.

[22] A su vez, la suba en la tasa de interés real que acompañó al incremento de la paridad cambiaria ha conllevado, en los hechos, una importante traslación de ingresos hacia el sector financiero.

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El ignominioso acuerdo con Repsol

Notas Llorens

Javier Llorens 12.03.2014.
El convenio con Repsol cuya aprobación se trata en el Congreso de la Nación, revela ser en su arquitectura financiera una obra maestra del engaño a la opinión pública interna, para disimular el virtual allanamiento por parte del gobierno argentino a las pretensiones de REPSOL. Pese los gravísimos daños de diversa índole que acarreó para nuestro país la gestión de YPF por parte de REPSOL.

 

El ignominioso acuerdo con Repsol que cierra una era nefasta y abre otra peor 

Javier Llorens (12.03.2014)

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(Resumen) El convenio con Repsol cuya aprobación se trata en el Congreso de la Nación, revela ser en su arquitectura financiera una obra maestra del engaño a la opinión pública interna, para disimular el virtual allanamiento por parte del gobierno argentino a las pretensiones de REPSOL. Pese los gravísimos daños de diversa índole que acarreó para nuestro país la gestión de YPF por parte de REPSOL. Que van desde las exportaciones de gas a vil precio, para obtener una sideral ganancia en el exterior, hasta la pérdida del autoabastecimiento petrolero, pasando por los daños ambientales y el desmantenimiento y la obsolescencia de sus instalaciones, conforme está expuesto en el escrito “PRONTUARIO REPSOL – El pillaje, saqueo, y vandalismo perpetrado por REPSOL en Argentina”.

El alcance de sus cláusulas representan una verdadera rendición incondicional y capitulación ante las pretensiones de toda índole de REPSOL, al haber reconocido no solo la valorización de YPF que REPSOL contabilizaba en sus balances, sino incluso su valor bursátil durante el año previo a su expropiación. Con el inusitado agregado de consagrar la indemnidad e irresponsabilidad absoluta por las gravísimas inconductas empresarias que incurrió en Argentina, cualquiera sea de qué se trate, incluso las ambientales, como si fuéramos un país de paso y depredación perteneciente al cuarto mundo.

Dicha capitulación que se ve reforzada por el vocabulario de derecho español y no argentino que surge del texto del convenio, que evidencia que el mismo fue redactado por los abogados españoles de REPSOL. Quien con la clásica formula de las capitulaciones, le habría indicado al ministro Kicillof que rubricó el mismo, “firme aquí o aténgase a las consecuencias”. En donde los títulos públicos soberanos a entregar por parte de Argentina, no se dan como una dación en pago de la expropiación, sino solo como una garantía y medio de pago. Igual que el usurero que le hace firmar a su deudor arruinado, una triple garantía de prenda, pagaré, y cheque, para ejecutar la deuda con lo que le quede más a mano.

A los efectos de tratar de legalizar el precio impuesto por REPSOL; y cumplir con la tasación prevista en la ley de estatización, junto con el convenio apareció un informe de una sala Ad- Hoc del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que en forma ambigua convalidó ese precio. En base a una tasación que no figura en el portal web de dicho tribunal, que dicho sea de paso funciona, en base a un Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por De la Rua a fines del 2001, en plena crisis de ese año.

Cuyos miembros designados entonces, son los mismos que lo integran hoy, al que se incorporo el dudoso aporte de un miembro designado a instancias de la Cámara Argentina de la Construcción y directivo de esta. Cámara que es reputada como el antro donde se arreglan las licitaciones públicas y otras componendas, razón por la que ese tribunal y sus procedimientos “noventistas”, muy poca confianza inspiran en una tasación de tamaño porte.

Al respecto el abogado Alejandro Olmos Gaona, que tuvo acceso a las escuetas 20 carillas de esa supuesta tasación, opina que resulta inverosímil que se hayan tasado más de 126 mil bienes, ubicados en el país y en países del exterior, en menos de un año. Cuestionando además las irregularidades en las fechas de esos informes, que fija la tasación en abril del 2012, por parte de un tribunal que recién se constituyó en mayo del 2013, y emitió su informe a fines de febrero de 2014, cuando ya habían culminado las negociaciones con REPSOL.

Por lo que evidentemente el precio convenido precedió a la tasación, alterando su orden lógico y honesto. Con el agregado de una suma de cuestionamientos, que llevaron a Olmos Gaona a decir que “todas las graves irregularidades señaladas nos hacen suponer que se trata de una tasación amañada, con el único propósito de arreglar con Repsol, beneficiándola indebidamente, con tal de llegar a cualquier tipo de acuerdo y terminar con las acciones litigiosas que podrían plantearse”.

La rendición incondicional y capitulación incluye además una cláusula que atenta directamente contra la facultad soberana de reestructurar la deuda. Postura sostenida desde el 2003 por el gobierno kirchnerista, y ratificada recientemente por un fallo de la Corte Suprema. Que funcionará como una pistola puesta en la sien de Argentina, y podría llegar a ser catastrófica. Al facultarse a REPSOL a liquidar los títulos públicos recibidos a cualquier precio, ante un evento de incumplimiento por parte de Argentina. Quedando no obstante un saldo de deuda que será inmediatamente ejecutado por parte de REPSOL, haciendo honor al dicho que él paga mal, paga dos veces.

O sea que estamos ante el peor de los arreglos, dado que Argentina se compromete a pagar lo que quiere REPSOL o su valorización bursátil, a plazos, pero con altísimos intereses, mediante la emisión de títulos de la deuda. Pero sin que signifique esto la cancelación de la deuda, dado que ellos no van en pago de lo adeudado, sino solo son medios de pago que REPSOL podrá reventar ante el menor incumplimiento por parte de Argentina, con grave daño para esta. Cargando a la par Argentina la mochila de los daños ambientales dejados por REPSOL, que supuestamente se iban a deducir de los importes a pagarle, liberándola además enteramente de cualquier otra responsabilidad por sus inconductas del pasado.

Cláusulas leoninas a las que según algunas fuentes, se han agregado otras oprobiosas capitulaciones paralelas, como es la convalidación que debería efectuar la AFSCA de la situación de TELEFE y sus vinculadas, propiedad de Telefónica de España. Uno de cuyos accionistas es La Caixa, accionista principal de REPSOL. O sea que REPSOL se irá, llevándose puesto lo que pretendía, y dejando impunemente tierra arrasada como hacen los conquistadores. Pero dejando en la retaguardia un gigante comunicacional que le cuide sus espaldas.

Para disimular esta enorme defección, que se suma a otras tantas cometidas por la dirigencia argentina en los últimos treinta años de democracia, el ministro Kicillof proclamo la no peronista fórmula de “ni vencederos ni vencidos”. Que en un kirchnerismo acostumbrado a hacer de cualquier cosa un triunfal relato épico, suena lo mismo que una rendición incondicional, disimulada con la declamación un supuesto empate.

Por su parte el grupo español encabezado por Antonio Brufau, se cuidó muy bien por ahora de proclamarse vencedor, no sea que ello obstaculice la aprobación del convenio por parte del Congreso. Convalidación que exigió expresamente en búsqueda de la seguridad jurídica a las que aspiran modernamente los conquistadores. Que se llevan la parte del león mediante un trato absolutamente desventajoso para la contraparte, y procuran que nadie quiera o pueda revisarlo en un futuro.

La que no le será difícil de obtener por parte de una elite argentina política, económica, y comunicacional, que parece haber perdido la dignidad por completo. Y por ello está a punto de repetir una defección similar a las ocurridas en el nefasto año 2001, previas a la catástrofe de ese año, con los superpoderes otorgados al “salvador de la patria” Domingo Cavallo, la ley de déficit cero, la ley de intangibilidad de los depósitos, etc.

Sin contar otros enormes renuncios anteriores, como la ley de emergencia económica con
la que se desguazó salvajemente al estado. La ley de convertibilidad que atrapó la economía Argentina durante una década, solo para que funcionara como seguro de cambio de los inversores extranjeros. Y la privatización de los fondos jubilatorios, YPF, Gas del Estado, Agua y Energía, y la megaminería, etc.

Dirigencia que parece también estar imposibilitada de leer el sentido y las entrelineas financieras, legales, y estratégicas, insertas en los compromisos que asume en nombre del país. Y que en todo caso justifica sus reiteradas defecciones al respecto, por razones de necesidad y urgencia ante la coyuntura, que ellos mismos provocan o permiten que sucedan. Rifando así el futuro, para tratar de solucionar el día a día, con un “decisionismo” improvisado, y carente de Norte y de reflexión estratégica. Porque ante la urgencia de salir del atolladero, da lo mismo ir hacia el norte, el sur, el este, o el oeste.

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BarricK: con «b» de Bachelet y «k» de Kirchner

Notas Llorens

Javier Llorens 23.11.2013.
Para salvar el proyecto Pascua – Lama Barrick Gold lleva adelante una audaz estrategia a ambos lados de la cordillera, consistente en efectuar modificaciones “progresistas” en la Constitución de Chile y el Código Civil de Argentina.

 

BarricK: con «b» de Bachelet y «k» de Kirchner

Al Dorso (23.11.2013)

Recientemente Barrick Gold, la megaminera multinacional, anunció el cese temporal de su proyecto binacional Pascua Lama, ubicado en Chile y Argentina, sobre la cordillera de Los Andes, en etapa de construcción. La noticia la dio el presidente de Barrick Jamie Sokalsky, mediante un comunicado en el que informó: “Hemos determinado que el rumbo prudente en esta etapa es suspender el proyecto, pero naturalmente mantendremos nuestra opción de reanudar la construcción y culminar el proyecto cuando se logren mejoras en los desafíos actuales. La decisión de retomar el ritmo de construcción dependerá de mejores condiciones económicas para el proyecto, las perspectivas para el precio de los metales y una menor incertidumbre asociada a asuntos legales y otros requerimientos regulatorios en Chile.”

¿Concretamente a qué se debe este cierre temporal de Pascua Lama, uno de los yacimientos más grandes del mundo, donde Barrick Gold, vinculada al grupo Rockefeller, preveía obtener no menos de 30 mil millones de dólares en oro, plata, cobre y otros metales? ¿Cuáles son los “desafíos actuales” e “incertidumbres” a los que alude Sokalsky CEO de Barrick? Al respecto se puede decir que la explotación del yacimiento binacional Pascua Lama, ubicado en la región de Acatama (Chile) y San Juan (Argentina) pende literalmente de un delgado hilo, por fallos judiciales adversos, nuevas leyes ambientales, y reclamos sociales. Tanto que solo un profundo cambio en las leyes de ambos países pueden salvarlo.

En Chile, la situación está al límite. El 26 de septiembre del 2013 la Corte Suprema de Chile, ratificó un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que ordenó suspender temporalmente las obras de Pascua Lama, a raíz de la contaminación y destrucción de los glaciares y contaminación de las aguas perpetrados por la Barrick, hasta tanto la empresa tenga un adecuado sistema de manejo del agua, y del polvo levantado por sus maquinarias. Las pruebas son tan abrumadoras que la propia multinacional, reconoció los hechos, luego de negarlos durante años. “La empresa Minera Nevada (subsidiaria de Barrick Gold) ha reconocido que ha cometido infracciones a la Resolución de Calificación Ambiental por lo tanto, creemos que el fallo se ajusta a derecho”, informó la empresa a través de su abogado José Antonio Urrutia. Quien consideró el fallo adverso un triunfo, porque la Corte no había dispuesto la revocación a la Resolución de Calificación Ambiental, que hubiese deparado la cancelación definitiva del proyecto.

Este pronunciamiento de la Corte surgió de una demanda presentada por cuatro comunidades diaguitas de Chile, que habitan en el norte del país, en la provincia del Huasco, en Atacama, una de las regiones más secas del mundo. Donde las empresas mineras desde hace años vienen perpetrando todo tipo de estragos. Dichas comunidades denunciaron que la puesta en marcha de Pascua Lama había afectado seriamente los ríos y glaciares del lugar, alguno de los cuales fueron dinamitados o cubiertos de polvos.

Esto no parece haber sido casual, dado que la Barrick había propuesto nada menos que trasladar los glaciares de modestas dimensiones que existen en Chile en esa región, para poder explotar los metales preciosos diseminados en la roca que están debajo de ellos, lo que fue denegado de plano por las autoridades chilenas. No obstante la Barrick parecería haber optado por acelerar su desaparición, al no tomar precaución alguna en el manejo del polvo levantado por la operación de las descomunales maquinas que hacían el destape del tajo a cielo abierto, pese las previsiones del caso. El cual al depositarse sobre los glaciares aceleraron su derretimiento, por efecto de que su opacidad no refleja la radiación solar, sino que la absorbe. Echándole empero la culpa de ello al cambio climático, tal como hizo Barrick ante la justicia chilena.

En Chile el agua vale más que el oro

Pero la cuestión no acaba allí. A estos fallos judiciales adversos, Barrick le tiene que añadir el complejo sistema legal existente en Chile respecto el uso del agua, que se rige bajo un esquema absolutamente mercantilista y privatista, dando lugar a un disputado “mercado del agua”, entre mineras y agricultores. Situación que llevó a la Barrick Gold a romper el cerco, y traspasar la frontera hacía Argentina en busca de agua. “El líder en la industria del oro”, como se autotitula Barrick, cuando ve al oro no lo detiene ningún obstáculo, ni siquiera fronterizo. Ni tampoco legal, como se verá seguidamente.

Diseñado por los “Chicago Boys”, el “Código de Aguas” chileno fue aprobado por el ex dictador Augusto Pinochet en 1981, luego de una reforma constitucional. Se caracteriza por la compra y venta de agua sin intervención alguna del Estado, sólo por operadores privados, que ofertan cupos de agua mediante un sistema de licitaciones. Que ante la carestía crónica de ella en el norte chileno, ha hecho al agua más valiosa que el oro, con una gran cantidad de conflictos que derivan en una alta litigiosidad judicial.

“El problema central del Código de Aguas es que la parte regulatoria es demasiado débil. Para graficarlo: en Estados Unidos los derechos de propiedad del agua no son muy distintos a la fórmula chilena, pero van de la mano con una regulación pública fuerte, una autoridad legal por parte del Estado para imponer restricciones al ejercicio de los usos de los derechos privados, ya que se entiende que es necesario un equilibrio” dice al respecto, el investigador norteamericano Carl Bauer, autor del libro “Cantos de Sirena”, desde donde aborda el marco legal del manejo del agua en Chile.

Precisamente, son estas restricciones que impone el Código de Aguas chileno, destacadas por Bauer, lo que motivó a la empresa Barrick Gold a realizar un audaz emprendimiento minero binacional mundial, único en el mundo, incorporando a la Argentina para obtener de este país el agua que escasea en Chile. De allí el nombre Pascua – Lama. Así figura claramente expuesto en su proyecto publicado en su sitio web http://barricksudamerica.com/pascua-lama/. En el cual la multinacional del oro prevé: dinamitar la montaña en Chile, en la zona de Pascua; moler allí la roca, para lo cual necesita una mínima cantidad de agua para humectarla; y transportarla por un túnel hasta Argentina en la zona de Lama, para procesarla químico industrialmente y extraer de ella los metales nobles y preciosos.

El mismo se efectúa rociando la roca chilena molida, con millones de metros cúbicos de agua argentina, mezclada con cientos de miles de metros cúbicos de cianuro, para separar el mineral de la roca en forma de líquido, y recuperarlos después como sólidos en la planta fabril que se encuentra ad hoc en Lama. Quedando todos los desechos industriales contaminantes del lado argentino, en los famosos “diques de cola”, y vertederos de roca inerte, mientras la tributación quedará en Chile. Como síntesis, según el estudio de impacto ambiental que presentó Barrick Gold, por cada gramo de oro extraído en Pascua Lama, se precisará remover 4 toneladas de roca, consumir 380 litros de agua, 43,6 KWh de electricidad (similar al consumo semanal de un hogar argentino medio) 2 litros de gasolina, 1,1 kilogramos de explosivos, y 850 gramos de cianuro de sodio.

Pero la concreción de ese faraónico proyecto binacional, consistente en emplear masivamente recursos de ambos lados de la cordillera, no se pudo finiquitar porque estando en una avanzada etapa de construcción del orden del 80%, fue frenada primero por la Corte de Apelaciones de Copiapó, y luego por la Corte Suprema de Chile. “Ya se encuentran edificadas en Argentina y en Chile la mayor parte de sus obras, entre las cuales cabe mencionar: los campamentos, el muro corta fugas, la planta de drenaje ácido, las piscinas de acumulación de agua, la planta de procesamiento de minerales, el edificio de molienda, los equipos de montaje, el equipo de ensamblaje, el túnel para el transporte de mineral hacia Argentina y el camino minero de acceso al rajo, entre otros”, detalló Barrick Gold ante la justicia chilena. La cual por los daños ocasionados a los glaciares y a las cuencas hídricas, ordenó no obstante a principios de este año el cese inmediato en el avance del emprendimiento.

Barrick con B de Bachelet

Si hay algo que caracteriza a las multinacionales succionadoras de recursos naturales como la Barrick Gold, es su intrepidez, tenacidad, y adaptabilidad. Haciendo honor al aserto minero que dice que en la minería del oro, las reglas las pone el oro. A la par que la Corte Suprema de Chile emitía su falló ratificando el de la Corte de Copiapó, la Barrick como último recurso, ya habría impulsado a través del partido de la Concertación y su candidata Michel Bachelet, favorita en las encuestas, un audaz plan de salvataje de Pascua Lama. Que consistiría en esencia en una reforma de la Constitución Nacional y el Código de Aguas, dos cuestiones que según el programa de gobierno de Bachelet serán prioridades en su gobierno (http://michellebachelet.cl/programa/)

“La Nueva Constitución debe reconocer el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico. El Estado tiene derecho a regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente minerales. Se declara las aguas como bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares” promete Bachellet en caso de acceder a la presidencia. Dejando entrever empero su hilacha pro megaminería en esa promesa, al hablar solo del derecho a las tradicionales regalías para el estado, cuando ante el agotamiento de los recursos naturales, ahora en el mundo se habla de contratos de participación.

Los encuestadores dan por descontado el arribo de Bachelet a la presidencia, dudando solo si será por nocaut en la primera vuelta, o en la segunda vuelta. A la par que su competidora Evelyn Matthei, candidata del partido oficialista, la acusa de recibir una enorme cantidad de financiamiento electoral de orígenes inciertos. Mientras que otros competidores opinan que su programa electoral es “ambiguo, poco progresista, y busca mantener el sistema neoliberal en el país”. Y por su parte el candidato del Partido Humanista Marcel Claude reprocha que “el problema no es la señora Bachelet ni la señora Matthei, sino quienes están detrás de ellos. Monsanto, Barrick Gold, las AF(J)P”. Todas ellas vinculadas al mega grupo Rockefeller.

Lo concreto es que el programa de gobierno “progre” de Bachelet, le apunta precisamente a donde le aprieta el zapato a la Barrick Gold. En él la candidata afirma: “El agua es clave. La Nueva Constitución reconocerá las aguas como bien nacional de uso público. La actividad minera debe ajustarse a las nuevas exigencias socio-ambientales y debemos mostrar al mundo que nuestra vocación por la sustentabilidad nos impulsa a establecer los mejores estándares. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad deberá establecer los lineamientos de política para hacerse cargo de este objetivo”.

Respecto las modificaciones del cuestionado Código de Aguas de Pinochet, como en un mensaje entre líneas para la Barrick Bachellet asegura, que “hay un tema súper importante: el Agua. Ese es un tema que se ha instalado entre los principales desafíos de Chile y lo tenemos que enfrentar seriamente. Nombraremos un delgado presidencial para que se dedique exclusivamente a desarrollar soluciones en cada región para la escases de agua”. Y como para que no quedaran dudas de la profunda imbricación entre la megaminería y el agua, en el proyecto de reforma de la Constitución, en el capítulo del “Programa Económico”, Bachelet los pone juntos a ambos. Como si se tratara de hermanos siameses, mostrando así la pata de la sota prominera; y como si el agua nada tendría que ver con la vida humana, ni otras formas de vida.

Al respecto la Barrick Gold y el partido de la Concertación, han construido una relación que se fue haciendo cada vez más estrecha. Cuando fue candidata a presidenta en el 2005, refiriéndose al proyecto Pascua Lama, Bachellet aseguró que no iba permitir la destrucción de los glaciares e iba a legislar para protegerlos. Sin embargo, como denuncian al unisonó las organizaciones ecologistas de Chile, en el 2006 apenas asumió como presidenta, Bachellet no solo no aprobó ninguna ley de protección de glaciares, sino que aprobó el estudio de Impacto Ambiental de Barrick Gold (Nevada Minera) para Pascua Lama. El mismo que según constató la justicia chilena, había sido incumplido enteramente por dicha compañía.

Para llevar adelante esa tarea pro Barrick, Bachellet designó como ministra de minería a la periodista y master en relaciones internacionales en la Universidad de Columbia, Karen Poniachik. Cuyo único antecedente era haberse desempeñado como directora de Programas Empresariales en el Council of the Americas (1995-2000) la mega cámara de empresarios multinacionales creada y presidida por el banquero David Rockefeller. Se trató de una curiosa designación, dado que Poniachik y su afortunada familia se habían exilado a Estados Unidos durante el gobierno de Allende, para regresar recién con el golpe de estado pinochetista.

Gracias a los buenos oficios de Poniachik, luego de una reunión privada entre la presidenta Bachellet y los ejecutivos de Barrick Gold en la Casa de la Moneda de Chile, la actual candidata a presidente chilena ratificó el polémico Acuerdo Tributario entre Chile y Argentina. “En ese acuerdo tributario, Argentina resigna el derecho esencial de un Estado a recaudar impuestos al ceder (el 75 %) la potestad tributaria en favor de Chile, en realidad en favor de la Barrick” sintetiza al respecto el periodista y ex diputado Miguel Bonasso, autor del libro “El Mal. El modelo K y la Barrick Gold, amos y servidores en el saqueo de la Argentina”.

Por esas delicadas faenas en beneficio de la Barrick Gold, pocos días antes de terminar su mandato, Bachellet fue agasajada en New York y premiada por Barrick Gold con la “Insignia de Oro de la Americas Society”. El evento se hizo en mayo del 2009, en una cena organizada por el “Council of the Americas”, de la cual su ministra Poniachik había sido directora. La cena fue auspiciada por Barrick Gold y Chevron, dos empresas vinculadas al grupo Rockefeller, esta última socia de YPF en el yacimiento argentino de Vaca Muerta. Esa noche acompañando a Bachellet, en medio de trajes de confección a medida y alta gastronomía, estuvo Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista de Chile y socio político de Bachellet.

Ambos compartieron la mesa con el magnate David Rockefeller, dueño indirecto de la Barrick, cuya familia desde 1892 tiene puesta la pata sobre Chile, con la Anaconda Copper y el yacimiento de cobre a cielo abierto “Chuquicamata”, el más grande del mundo. Que pertenecía a Bolivia hasta antes de la Guerra del Pacífico, acaecida dos años antes. ”Luego de que las organizaciones contrarias a Pascua Lama se enteraron de que Bachelet iría a recibir la Insignia de Oro a Nueva York, el mayor reconocimiento que entregan ambas instituciones, se supo que ya había asistido en el 2005, antes de asumir” apuntó el periodista chileno Javier Karmy, quien resaltó que en realidad, “todos los presidentes posteriores a Pinochet conocieron a David Rockefeller”.

Barrick con K de Kirchner

Si en Chile las cosas no marchan nada bien para la Barrick, en Argentina no andan mucho mejor. En el 2008 el Congreso sancionó una ley de presupuestos mínimos de Protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar, que fue vetada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el 2010, en medio de una fuerte polémica, el Congreso ratificó dicha ley, hoy vigente (N° 26.639). Al resguardar a los glaciares y la zona periglaciar como reservas de agua, ella puso en jaque el faraónico proyecto de Pascua – Lama de Barrick Gold; dado que por esa norma la empresa minera tiene prohibido realizar cualquier tipo de manejo en los glaciares, la zona periglaciar, y cursos de aguas adyacentes. Justamente lo que la empresa había venido ansiosamente a buscar a Argentina, en reemplazo de lo que le faltaba en Chile.

Por esta razón, apenas la presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó la ley, Barrick Gold impulsó dos medidas cautelares ante el juez federal de la provincia de San Juan, Miguel Ángel Gálvez. Solicitando que no se apliquen los seis principales artículos de ella en los emprendimientos Pascua Lama y Veladero que tiene Barrick en la provincia de San Juan, por considerarlos inconstitucionales. Referidos a la realización de un inventario de glaciares, y auditorías ambientales en los proyectos mineros en marcha; y las sanciones a aplicar en caso de constatarse daños en los glaciares, etc.

Esos pedidos fueron resueltos en cuestión de horas a favor de la Barrick por el juez Gálvez. Quien sin ningún empacho, plagiando los mismos argumentos que la presidenta Fernández de Kirchner había usado para el veto de la primera ley de protección de glaciares, rápidamente aceptó el pedido de la cuestionada empresa. Que empecinadamente se negaba a acatar una ley dictada y ratificada por el Congreso con amplia mayoría. Demostrando así esto la inusitada capacidad de lobby que tiene Barrick Gold a ambos lados de la cordillera, y la importancia de esa ley que puso un palo en la rueda a sus proyectos mineros.

Contó para ello con el total apoyo del gobernador kirchnerista de San Juan, José Luis Gioja, impulsor como presidente de las comisiones de Minería en el Congreso, de las leyes a favor de las megamineras durante la década indigna de los ’90. Quien a su vez en supuesta defensa del federalismo, hizo que la Legislatura sanjuanina aprobara una ley exprés de protección de glaciares de su autoría, escrita con nombre y apellido, al eliminar en ella todo lo que molestaba en la ley nacional a la Barrick Gold. Incurriendo así en una manifiesta ilegalidad, dado que conforme las previsiones constitucionales, las leyes nacionales ambientales fijan un piso o requisitos mínimos, que las provincias están obligadas a respetar.

“Evidentemente la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares afectaba los intereses de aquellas empresas mineras que se encuentran operando en zona glacial y periglacial en la cordillera de los Andes” dijo al respecto la ex Secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolloti. Quien denunció que debió renunciar a su puesto de secretaria durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por haberse empeñado en controlar ambientalmente a las empresas mineras. “Tanto Veladero como Pascua Lama no cumplen con la normativa ambiental y minera generando serios y peligrosos impactos para el ambiente y la salud humana” dijo Picolloti, titular de la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambientales (CDHA).

De esta manera, gracias a las cautelares dictadas por el juez Gálvez, durante un año la Barrick prosiguió imperturbable con sus emprendimientos en Veladero y Pascua Lama. Hasta que en julio del 2012 la Corte Suprema de Justicia argentina, dejó sin efecto las cautelares, y ratificó la plena aplicación de la ley nacional de protección de glaciares. De esta manera la resolución de la Corte, volvió a poner en la cornisa el proyecto Pascua Lama de la Barrick Gold. Cuya esencia del lado argentino es el uso masivo de agua, para poder concretar el procesamiento químico industrial sobre la roca metalífera obtenida en Chile.

El nuevo Código Civil hecho con viejas trampas

Estos tropiezos no parecen haber amilanado a la tenaz Barrick Gold. Por el contrario, la multinacional del oro habría operado y estaría operando para relativizar los efectos de ley de protección de glaciares que pende sobre su cabeza, mediante el dictado del nuevo Código Civil y Comercial. Cuyo anteproyecto recibió súbitamente el año pasado un fortísimo impulso por parte de la presidenta Fernández de Kirchner, y está actualmente tratándose en las comisiones del Congreso Nacional, donde existen acusaciones de que está redactado para favorecer a las empresas mineras. Debiéndose apuntar al respecto que en la pirámide jurídica, un código es una ley superior que viene inmediatamente después de la constitución, al que deben sujetarse las leyes inferiores.

El ante proyecto, en el que intervinieron los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Elena Higton, y otros juristas destacados del país, entre otras cuestiones establecía en su artículo 241, que el acceso al agua potable es un derecho fundamental, al que “todos los habitantes tienen garantizado su acceso para fines vitales”. Sin embargo, según denuncian los legisladores de la oposición, para resguardar los intereses de las empresas mineras, al elevar el proyecto al Congreso, la presidenta Fernández de Kirchner habría introducido sustanciales cambios al texto, borrando de un plumazo la redacción de ese artículo 241, entre otras cosas.

“La eliminación del artículo 241 sobre derecho al agua potable en el proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional junto con el derecho a reclamar daños de incidencia colectiva no parece casual dentro de un contexto en donde en los últimos meses han surgido conflictos relacionados con la actividad de la megaminería metalífera a cielo abierto, que tiene al agua, como principal insumo”, dijo el senador socialista Rubén Giustiniani, presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara Alta.

Giustiniani hacía referencia así a otra modificación introducida en el artículo 240 del anteproyecto original, donde se fijan “Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes”. En el cual también el Poder Ejecutivo efectúo mutilaciones y agregados muy sugestivos. Se establece en el mismo que el ejercicio de los derechos individuales, “debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva”. Pero a ese párrafo el Ejecutivo le mochó su terminación en el texto original, que agregaba que ello debía ser “en los términos del artículo 14” del mismo código, referido a los “Derechos individuales y de incidencia colectiva”.

En reemplazo de ello, el Poder Ejecutivó agregó que el ejercicio de esos derechos individuales “debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público”. Y en consonancia con esto, también mochó el párrafo que establecía que “los sujetos mencionados en el artículo 14 tienen derecho a que se les suministre información necesaria y a participar en la discusión sobre decisiones relevantes conforme con lo dispuesto en la legislación especial.” Apartando así de un plumazo a los ciudadanos particulares a intervenir directamente en las cuestiones ambientales que pueden perjudicarlos.

A su vez para disimular el hachazo dado al artículo 241 original, referido a la garantía irrestricta al derecho al agua potable, al último párrafo del art 240 del texto original, el Poder Ejecutivo lo transformó en el art 241 que dice: “Jurisdicción. Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable.”

Sin embargo el manoseo por parte del Ejecutivo en la esencial cuestión ambiental y del agua no acabó allí, ya que también la emprendió contra el mencionado artículo 14 “Derechos individuales y de incidencia colectiva”. Al que mochó severamente, al eliminar enteramente el inciso b) referido a los “derechos individuales, que pueden ser ejercidos mediante una acción colectiva, si existe una pluralidad de afectados individuales, con daños comunes pero divisibles o diferenciados, generados por una causa común”, respecto la responsabilidad civil en que incurriría un contaminador. Y casualmente este el mismo derecho que esgrimieron las comunidades diaguitas en Chile, que lograron que la Justicia suspendiera la ejecución del emprendimiento en Pascua Lama de la Barrick; por lo que se podría decir que esta que se quemó con leche, cuando ve una vaca llora.

El Ejecutivo también mochó el inciso “c) derechos de incidencia colectiva que son indivisibles y de uso común” del mismo artículo. En la parte que decía “el afectado, el Defensor del Pueblo, las asociaciones registradas y otros sujetos que dispongan leyes especiales, tienen legitimación para el ejercicio de derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general”. Desplegando así el Poder Ejecutivo sucesivas omisiones u obstáculos, para impedir o dificultar que particulares damnificados puedan emprender acciones judiciales contra la Barrick Gold y otras depredadoras ambientales (o de otra índole) que pudieran poner en peligro el accionar y lucro de estas.

Además en el anteproyecto se ratificaron ambiguas disposiciones del Código Civil de Vélez Sarsfield, de 150 años atrás, cuando no existía conciencia de la existencia de glaciares, zonas periglaciares, y nivología, y menos por parte de habitantes de la pampa húmeda. Dejando así una grieta abierta por la cual se pueda escurrir el agua que tanto necesita la Barrick Gold, para obtener su ansiado oro. Uno es el artículo 238, “Bienes de los Particulares”, que estipula que “los bienes que no son del Estado nacional, provincial o municipal, son bienes de los particulares sin distinción de las personas que tengan derecho sobre ellos”.

El otro es el artículo 239, “Aguas de Los Particulares”, que establece que “las aguas que surgen en los terrenos de los particulares pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas, siempre que no formen cauce natural”. El artículo se refiere al agua que mana de la tierra, y ese es el efecto que produce el derretimiento de los glaciares y zonas periglaciares. De tal manera esta agua también sería del dueño particular, que según la Real Academía, es el que tiene el dominio de la cosa.

Por lo tanto el alcance lato de este artículo, bien se podría entender como una privatización del agua de los glaciares, a favor de quienes tengan un dominio minero donde ellos se encuentran. Como es el caso de la Barrick Gold en Veladero y Pascua – Lama. Cuya obtención podrían acelerar de la misma manera que hizo la Barrick Gold en Chile, cubriendo de polvo los glaciares, echándole a la par la culpa al cambio climático, como hizo la Barrick en Chile. Y si hubiera algún reparo en cuanto a los alcances de la palabra dueño, la Barrick Gold con la ayuda del clan ultramegaminero Gioja, bien puede terminar comprando las cumbres de los Andes, a cambio de unas monedas, dado que no tendrá competencia alguna para ello.

Paradojalmente, para solucionar los problemas de la Barrick Gold en el lado chileno, donde el agua escasea enormemente, e impedir su litigiosidad judicial que ha paralizado sus emprendimientos, Michelle Bachellet propone la estatización total del agua, incluidos los glaciares. Por su parte Cristina Fernández de Kirchner en el lado argentino, donde el agua es mucho más abundante, propone una privatización implícita del agua de los glaciares. Desplegando a la par preventivamente una batería de obstáculos, con el objeto de obstar que los particulares damnificados ambientalmente por la Barrick Gold, puedan emprender acciones judiciales que impidan o paralicen sus proyectos. Tal como le sucedió en Chile. De tal manera entre los “revisores” del anteproyecto de nuevo Código Civil, parecen encontrarse principalmente la CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros) el Mining Club, y la Barrick Gold.

La traducción de “rock feller” es “talador de roca”. Haciendo honor a ese nombre, el grupo Rockefeller como un conquistador moderno, parece estar empeñado en llevar a cabo esa tarea a toda costa. Para la que necesita apoderarse del agua, y así poder llevarse puesto el oro diseminado en la cima de la cordillera de Los Andes. Contando para ello con la indispensable ayuda a ambos lados de la cordillera, de Michelle y Cristina, gobernantas que parecen ser dos Malinches modernas.

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Los verdaderos dueños de Vaca Muerta

Notas Llorens

Javier Llorens/ Mario Cafiero  31.08.2013.
Vaca Muerta es un manto de esquisto de 18 mil km2, disperso en un área de 31 mil Km2, que yace a entre 500 y 3.000 mts de profundidad en el suelo neuquino, con un espesor de entre 60 y 520 mts, con un promedio de 240 mts. Con alto contenido de “gas y petróleo estático” atrapado en el mismo, conocido como shale gas y shale oil. 

 

Los verdaderos dueños de Vaca Muerta

Javier Llorens/ Mario Cafiero  (31.08.2013)


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Vaca Muerta es un manto de esquisto de 18 mil km2, disperso en un área de 31 mil Km2, que yace a entre 500 y 3.000 mts de profundidad en el suelo neuquino, con un espesor de entre 60 y 520 mts, con un promedio de 240 mts. Con alto contenido de “gas y petróleo estático” atrapado en el mismo, conocido como shale gas y shale oil. El conocimiento de dicho manto tiene ya ochenta años, fruto de las exploraciones de YPF buscando petróleo convencional.

Pero recién a partir de este siglo las megacompañias petroleras internacionales pusieron en explotación intensiva el shale gas y shale oil existente en el mundo, mediante el fracking u fractura hidráulica. Como consecuencia del enorme aumento registrado en el precio de los hidrocarburos, que hicieron factible su explotación. Y la reconversión que se está dando en la explotación de los recursos energéticos fósiles, ante el agotamiento de los hidrocarburos líquidos.

Se habla mucho de Vaca Muerta, pero nada se dice de Los Molles, que es otra formación de shale gas y shale oil que en forma irregular yace debajo de la de Vaca Muerta, y en los alrededores de esta. Con una superficie de 16 mil Km2, y un espesor promedio de entre 500 y 700 mts, que yace a una profundidad de entre 500 y 4.000 mts. De la que no se hablaba para nada, pero no obstante el diputado Luis Felipe Sapag, presidente de la Comisión de Energía, Hidrocarburos y Comunicaciones, finalmente se vio obligado a reconocer que Chevron se la puede llevar puesta de “yapa”, siempre y cuando pague la yapa de las regalías.

Resulta evidente en consecuencia que el Km2 en la superficie de las formaciones Vaca Muerta y Los Molles, vale según donde esté ubicado. Conforme el espesor que tenga cada una de esas formaciones, su contenido de hidrocarburos, y la profundidad que encarece su explotación. Lo mismo que una res de vaca muerta, donde no vale lo mismo el lomo, el peceto, el cuadril, el costillar, el puchero, el garrón, o los bofes, por lo que el nombre de Vaca Muerta resulta muy adecuado. Y por ende su valor depende del carnicero trozador de ella, que hoy parece ser Miguel Gallucio, el ex ejecutivo de Schulemberger, firma líder en las operaciones de fracking.

Quien metafóricamente está dejando que Chevron se lleve el lomo de Vaca Muerta, pagándolo como si fuera puchero o garrón. Actitud que se pone en evidencia con el recorte de las áreas adjudicadas a YPF de Loma de la Lata y Loma Campana, a los efectos de crear a favor de Chevron una nueva área denominada General Mosconi. Usando con pericia el cuchillo trozador, para que Chevron se quede con un “bocatto di cardenale”.

Los dueños de Vaca Muerta y sus subrepticias intenciones

Según un informe de Reuters basado en los balances de las empresas, YPF, Apache, Exxon Mobil, y Americas Petrogas poseerían el 80% del yacimiento de Vaca Muerta, en un área de 32.524 Km2. Conforme se detalla en el siguiente cuadro, YPF detentaría directamente el 37 % de Vaca Muerta – Los Molles, y otro 12 % junto a otros. Por su parte la compañía norteamericana Apache detentaría el 22 %. Exxon y otros el 15 %. Americas Petrogas, la canadiense de capitales norteamericanos detentaría el 11 %. Y Chevron el 1%, además del área ahora compartida con YPF.

O sea que aparentemente se trataría de un fifty – fifty. Donde casi la mitad de la Vaca Muerta sería de YPF, y la otra mitad de compañías norteamericanas y canadienses, países que no son precisamente los que ayudan a Argentina en su conflicto externo más importante, como el de Malvinas. No obstante cabe apuntar que Exxon Mobil (ex Standar Nueva Jersey y ex Standar Nueva York) y Chevron (ex Standar Oil of California) son la misma cosa bajo la férula de los Rockefeller, siendo ambas la primera y segunda empresa petrolera de EEUU. Como evidencia de ello en el “Anexo I: Accionistas comunes compañías norteamericanas en Vaca Muerta”, se muestra que el 81 % de los principales accionistas de Exxon, son a su vez los principales accionistas de Chevron. Y que el 95 % de los principales accionistas de Chevron, son a su vez los principales accionistas de Exxon.

Además Apache y ExxonMobil, la petrolera más grande del mundo, son socias en numerosos emprendimientos en Texas y Nuevo México, Canadá, Luisiana y el Golfo de México, y han intercambiado entre sí cuantiosas transferencias de activos. Y a ello se suma que Exxon Mobil y Americas Petrogas se asociaron para precisamente, explotar los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta y Los Molles.

La novedad la dio a conocer Americas Petrogas a mediados del 2011 en un comunicado diciendo: “Esperamos iniciar las perforaciones durante el último trimestre de este año, fijándonos como objetivo primario la formación no convencional de Vaca Muerta y objetivos secundarios en otras formaciones convencionales y no convencionales”.

Po su parte el director administrativo de Americas Petrogas en Argentina, Guimar Vaca Coca, señaló: “Creemos que fuera de Norteamérica, el mayor desarrollo de yacimientos no convencionales se dará en la cuenca de Neuquén. Nuestro personal técnico y administrativo en Argentina está ansioso de trabajar con Exxon Mobil para explorar el potencial hidrocarburífero en Los Toldos”. Por su parte, Daniel De Negris, director general de Exxon Mobil Exploration Argentina indicó: “Estamos contentos de trabajar con Americas Petrogas en los prometedores bloques de Los Toldos y de tener éxito esperamos proporcionar energía limpia y confiable para la Argentina”. Por las dudas nada dijo de que también fuera económica, condición a la que aspiran todos los países del mundo, para proveer a la competitividad de su economía.

Simultáneamente YPF celebró conversaciones y convenios con Chevron, Exxon, Dow, y Bridas, para darle participación a estas compañías en las áreas que detenta sobre Vaca Muerta y Los Molles, con porcentajes fifty – fifty semejantes a los de Chevron. Por tal razón recientemente el ex ejecutivo de Schlumberger y CEO de YPF Miguel Galluccio declaró que “necesitamos mucho mas Chevron en la Argentina”. Y a la par criticó a quienes se oponen al acuerdo con Chevron, por considerarlo “un insulto a la inteligencia de los argentinos, o al menos un insulto a mi inteligencia”.

Como se apuntó en un anterior informe y surge del Anexo I adjunto, los principales accionistas de Chevron detentan a su vez el 79 % de las principales acciones de Schlumberger. Y detentan a su vez el 77 % de las acciones principales de Apache, y de Dow Chemical. A su vez Bridas y Amoco (ex Standar Oil of Indiana) que opera en Argentina bajo el nombre de Pan American, también se encuentra parcialmente alineada a la escudería de la Exxon – Standar Oil. Al ser el resultado de la fusión de los intereses petroleros anglonorteamericanos en BP – Amoco, razón por la cual cómo surge del referido Anexo I, los principales accionistas de Chevron, detentan a su vez el 46 % de las principales acciones de BP – Amoco.

En el referido Anexo también está EOG (Energy Operationes) que mas seguidamente aparecerá en el escenario, de la cual los accionistas principales de Chevron detentan el 69 % de sus acciones principales. Y como muestra de alineamiento con los intereses de la EXXON, periódicamente se rumorea que esta, que goza de una gran liquidez como consecuencia de la enorme renta que deja la actividad petrolera, estaría dispuesta a comprar tanto a EOG como Apache. Como si estas estuvieran prestas para venderse a la EXXON.

De tal manera como se observa en el Anexo I, la suma de las principales acciones comunes de Chevron, EXXON, Apache, BP, DOW, EOG, y Schlumberger, montan nada menos que 238 mil millones de dólares. Lo cual representa el 83 % del monto de 287 mil millones de dólares que arroja la suma de los principales accionistas de esas compañías.

Se trata evidentemente de una comunidad de intereses, como los Hermanos, no de la Costa, sino del Oil. Y no de la Isla Tortuga, sino de la isla de Manhattan. De la cual Galluccio, el “inteligente” CEO de YPF y ex ejecutivo de Schlumberger que pertenece a esta, no parece haberse percatado de su existencia. O al menos no lo ha declarado públicamente. Pero no obstante su accionar, manifestado en sus convenios con esas compañías, culminados con el de Chevron, objetivamente ha contribuido a dos altos objetivos estratégicos de esa comunidad de intereses. Que serían:

 Por un lado, establecer las bases mínimas para la puesta en marcha del fabuloso negocio global de Vaca Muerta – Los Molles. Utilizando a YPF como instrumento, pantalla, o forro, para obtenerlas y legitimarlas, fijando un piso para ellas mediante el convenio de YPF con Chevron.
 Por otro lado, descremar a YPF de las áreas más rentables que detenta allí, mediante las asociaciones que Galluccio insiste en llevar adelante, con convenios iguales a los de Chevron. Para lo que según el diario Clarín imitando al Che Guevara invocó “Uno, dos, tres… muchos Chevron”.

De tal manera con esta redivisión del fifty – fifty, la participación de YPF en Vaca Muerta, según el informe de Reuters, podría quedar reducida a la mitad, o sea un 25 %. Y como solo el 51 % de las acciones de YPF son estatales, esto significaría que Argentina solo obtendría un 12 y pico % de las ganancias del Vellocino de Oro de Vaca Muerta – Los Molles. O sea un importe menor, equivalente al que actualmente las provincias reciben en conceptos de regalías.

En esa faena a favor de esa comunidad de intereses extranjeros, objetivamente Chevron ha desempeñado el papel de pionero. Como se lo conoce en el oficio petrolero, a quien avanza sobre un terreno extraño en todos los órdenes, geológico, económico, legal, y societario. A los efectos de que redundantemente, las ex Stándars con Exxon a la cabeza, obtengan un estándar asegurado para la explotación de esos yacimientos. A costa según se vio, del bienestar de todos los argentinos, por el enorme aumento en el precio de los combustibles que ello deparará, y la baja tributación de la que gozaran todas esas compañías.

Para esa faena resulto clave la asociación con YPF a la que arribó Chevron, pese contar esta con un área de 449 Km2 (El Trapial – Curamched) sobre las formaciones de Vaca Muerta – Los Molles; en la que bien podría haber desarrollado una explotación por cuenta propia, sin necesidad de un promiscuo maridaje con YPF.

 

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