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Deuda Pública de la Provincia de Bs As

Héctor Luis Giuliano 30.01.2016.
En línea con la política de la nueva administración Macri de gobernar con deuda, la provincia de Buenos Aires fue la primera en comenzar su gestión partiendo de la base de un macro-endeudamiento local. A diferencia de lo que comúnmente pueda creerse, esta política de deuda no discontinúa sino que complementa y amplifica la seguida por la anterior administración Scioli«

LA DEUDA PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Por Héctor GIULIANO (30.1.2016)

En línea con la política de la nueva administración Macri de gobernar con deuda, la provincia de Buenos Aires (PBA) – siguiendo los pasos de la CABA – fue la primera en comenzar su gestión partiendo de la base de un macro-endeudamiento local.

A diferencia de lo que comúnmente pueda creerse, esta política de deuda no discontinúa sino que complementa y amplifica la seguida por la anterior administración Scioli que – a su vez – formaba parte del proceso de incremento sistemático de la deuda pública seguido bajo el gobierno Kirchner pese al mito del des-endeudamiento del Estado.

Según las últimas cifras oficiales del Ministerio de Economía de la Nación (MECON) – con datos al 31.12.2014 – la Deuda Pública consolidada de las provincias era de 196.100 M$ (Millones de Pesos, expresados siempre con redondeo).

Esta cifra no incluye Deuda Flotante o Exigible ni Deuda Contingente, y existen fundadas reservas sobre su grado de realidad y su forma de evolución hasta el presente.

De este total de 196 mil, 88.000 M$ – un 45 % – correspondían a esa fecha a la PBA; con el siguiente desagregado por tipo de acreedor: 1. Gobierno Nacional 31.400, 2. Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional (FFIR) 240, 3. FF de Desarrollo Provincial (FFDP) 700, 4. Bancos 500, 5. Bonos 46.600 y 6. Organismos Internacionales 8.600 M$.

La página web de la PBA – con datos actualizados al 30.9.2015 – muestra la composición de la deuda pública provincial bajo un agrupamiento por acreedor  algo diferente: 1. Gobierno Nacional 30.800 M$ (32 % del total), 2. Créditos Bilaterales 1.400 (1.3), 3. Créditos Multilaterales 7.400 (7.7 %, incluyendo 500 M$ de Bancos), 4. Tenedores de Bonos Domésticos 6.900 (7.2), y Tenedores de Bonos Internacionales 49.900 (51.8).  Total de la deuda: 96.300 M$.

Esto implica un aumento de 8.300 M$ durante los 9 meses registrados del año pasado, o sea, sin contar el aumento producido en las postrimerías de la administración Scioli y el que se haya registrado bajo la nueva administración Vidal antes de fin de año.

El monto real de esta cuantiosa deuda de la provincia, sin embargo, está en discusión:

1.- La nueva administración macrista habla de la existencia de deudas no registradas por 54.000 M$.

2.- La Deuda Flotante – principalmente con municipios, contratistas/proveedores y OS-IOMA – sumaría hoy otros 12.000 M$.

3.- La gobernadora Vidal habría recibido a fines de Diciembre unos 8.000 M$ de auxilio financiero por parte del gobierno nacional para poder pagar sueldos (4.500) y medio aguinaldo (3.500) de la administración pública.

4.- El ministro de economía Lacunza ha dicho reiteradas veces que el déficit fiscal de la provincia correspondiente al 2015 se estima en unos 16.000 M$, cifra que también se cubre con deuda.

5.- Por último, el tesoro provincial tiene una importante deuda total con el Banco de la Provincia (BAPRO) de 28.800 M$ – que constituye todo un complejo problema en sí mismo – de los que 5.800 M$ por lo menos son adelantos de fondos dados al gobierno provincial que, según lo establece la Carta Orgánica, debieran haber sido devueltos al banco a fin de año pero esta obligación permanece incumplida por falta de fondos y por el citado déficit fiscal.

Todavía no se cuenta con el Presupuesto 2016 detallado de la PBA ni con el perfil de vencimientos de su deuda pública pero el cuadro de situación – ya de por sí grave debido a la falta de capacidad de repago demostrada – se acentuaría forzosamente por las grandes colocaciones de títulos a corto/mediano plazo realizadas en las postrimerías de la gestión Scioli y particularmente por la necesidad de renovar la parte de deuda en moneda extranjera (que es el 60 % de la deuda total).

Como estos datos son en pesos y al 30.9 pasado, todavía no muestran la tremenda incidencia de la macro-devaluación de Diciembre sobre el total de la deuda provincial pero, en todo caso, está perfectamente claro que la situación crítica en que se encuentra la PBA se refleja en las medidas de emergencia financieras y políticas que está adoptando la nueva administración Vidal (con apoyo de la mayoría de la oposición):

1. Aumento adicional y extraordinario del endeudamiento público, para lo que se solicitó una autorización de la Legislatura que era originalmente de 110-100.000 M$, se redujo luego – a raíz de aparentemente duras negociaciones parlamentarias y municipales – a 94.000 M$ y fue finalmente aprobada por 60.000 M$, de los que 10.000 M$ son para los municipios.
2. Como complemento del punto anterior: trabajo en tándem con el gobierno nacional para acelerar en todo lo posible la vuelta de la provincia al mercado internacional de capitales para refinanciar la totalidad de los vencimientos de deuda externa (cuyos bonos de los últimos años se vinieron colocando a una tasa del 10 % anual en dólares) y emitir deuda nueva en el marco de la nueva etapa de macro-endeudamiento de los Estados Sub-nacionales, tanto con organismos multilaterales como con prestamistas privados.
3. Fuerte ajuste fiscal para lograr un teórico resultado financiero cero (!) en las cuentas del estado provincial – siguiendo la peculiar lógica de que el presupuesto se equilibra con deuda – como producto de un Gasto Público total proyectado para el 2016 de 354.200 M$ contra Recursos por 338.400 M$ y los 15.800 M$ restantes cubiertos con Deuda Pública (una deuda que, a su vez, es sólo parte del aumento de 51.200 M$ previsto para el ejercicio como diferencia entre Amortizaciones por 14.200 M$ frente a nuevo Endeudamiento por 65.500 M$).
4. Ajuste por el lado de los Ingresos en función del aumento de la presión tributaria, derivada de los efectos de la inflación sobre los recursos fiscales y del revalúo de bienes durables (inmuebles y vehículos), con incrementos paralelos relevantes en precios/tarifas de servicios públicos y más deuda pública nacional tomada para obras provinciales y reestructuración de deudas existentes.
5. Ajuste por el lado de los Egresos, en función del ajuste salarial en curso – nacional y provincial – a través del desfase financiero de las actualizaciones sobre personas con ingresos fijos (asalariados y jubilados), de la dilación de las discusiones paritarias y de la presión para indexación de las remuneraciones según inflación futura proyectada, en forma escalonada, y no según recupero de la inflación real ya producida.

La conjunción de todos estos factores configura el marco dentro del que la PBA estaría destinada a constituir un caso testigo dentro de la nueva política de endeudamiento externo en gran escala de la administración Macri, y que ya está puesta aceleradamente en curso.

Como nota final es importante remarcar a este respecto la funcionalidad que existe entre sucesivas  administraciones de gobierno en cuanto al sistema de Deuda Pública perpetua – independientemente de los signos políticos y de los discursos grandilocuentes (con el mito común del des-endeudamiento a la cabeza) – cuando se trata de empalmar las torpezas cómplices de una gestión Kirchner saliente y la restauración de la política institucional de deuda externa de una gestión Macri entrante.

Una trampa de Deuda perpetua sostenida por ambas administraciones de gobierno, que reivindican como positivo y exitoso el fracasado Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 y que aspiraban volver al mercado externo de capitales para tomar más deuda.

El presumible caso-testigo de la PBA es, en este sentido, una muestra paradójica y burlesca que trae a cuento las aseveraciones del  ex gobernador Scioli y su ministra de economía Batakis, que hasta último momento porfiaban que entregaban a la nueva administración macrista una provincia des-endeudada y sin déficit fiscal (sic).

Deuda pública y ajuste salarial

Héctor Luis Giuliano 15.01.2016.
La administración Macri – y con la sempiterna excusa de la pesada herencia recibida – se vuelve a la carga con los mismos argumentos y con la misma batería clásica de medidas que se sostienen, todas ellas, en la toma de más deuda pública y en la transición con ajuste (…) y el salario es la principal variable de ajuste dentro de este esquema«

DEUDA PÚBLICA Y AJUSTE SALARIAL

Por Héctor GIULIANO (15.1.2016) (*)

La deuda pública es el condicionante total y absoluto de todo lo que acontece en la Argentina en materia financiera, económica y política. Esta deuda está directamente relacionada con la política monetaria, cambiaria y bancaria del país y produce hoy un triple desequilibrio financiero:

1. Desequilibrio por sobre-emisión monetaria para compra de divisas que se utilizan para el pago de deuda externa, para los pagos/refinanciaciones de deuda general en pesos y para el pago de los intereses que se devengan tanto por deuda del Tesoro como por deuda cuasi-fiscal de Lebac/Nobac del Banco Central (BCRA), letras que son  usadas en forma creciente para esterilizar el dinero emitido y a un costo superior al 30 % anual.
2. Desequilibrio por retraso cambiario relativo – por devaluación menor que la inflación – para poder pagar servicios en moneda extranjera frente a la recaudación fiscal en pesos; lo que lleva a crisis cíclicas por retrasos acumulados del tipo de cambio y posteriores macro-devaluaciones, con traslado a precios y consiguiente inflación.
3. Desequilibrio por ganancias financiero-bancarias extraordinarias, como producto de las altas tasas de interés de mercado – cuyo piso fija el BCRA – y de la magnitud de préstamos caros al Estado por parte de los grandes bancos locales (un tercio de su cartera).

Frente a esta crisis de deuda los gobiernos reaccionan aumentando la presión tributaria, incrementando la emisión de dinero sin respaldo en el crecimiento  económico y tomando más deuda pública, interna y externa. Es la trampa de deuda perpetua  que arrastra el Estado Argentino – una crisis de deuda permanente por insolvencia y por iliquidez, agravada con la toma sistemática de obligaciones sin capacidad de repago – y que produce un desequilibrio estructural en las finanzas públicas y en la economía nacional.

Desde la época del Proceso Militar hasta la fecha, todos los gobiernos – cualesquiera sean sus discursos y sus políticas declaradas – han venido cumpliendo un mismo esquema básico de ciclos financieros de deuda y re-endeudamiento:

1. Generación primaria y posterior reconocimiento de las deudas heredadas – sin cuestionamiento por ilegitimidad de origen – toma de deuda nueva y aumento consiguiente del stock de la deuda y del pago de sus intereses; incrementándose ambos en forma permanente porque la totalidad del capital o principal de las obligaciones se refinancia íntegramente al vencimiento y además se toma más deuda .
2. Estos servicios financieros conllevan un aumento directo del gasto público por intereses, comisiones y erogaciones varias ligadas a las constantes colocaciones de deuda; pero sobre todo un incremento indirecto, debido a los condicionamientos colaterales citados del sistema de la deuda.
3. La atención de este problema motiva entonces políticas de ajuste fiscal vía aumento de la presión tributaria para obtener más recursos, incremento de la emisión monetaria para comprar divisas que se usan para el pago de la deuda externa, retraso cambiario para poder pagar servicios en moneda extranjera, aumento de las tasas de interés de mercado por parte del Banco Central (BCRA) para retirar parte del circulante emitido y atraer capitales especulativos externos, presión inflacionaria interna por exceso de la emisión de dinero y por descontrol de los aumentos en el mercado, inflación por aumento de precios y tarifas de servicios públicos, licuación de los gastos en pesos re-expresados en otras monedas – incluyendo muy especialmente salarios y jubilaciones – y toma de más deuda para cubrir el déficit fiscal creciente, derivado precisamente de tales políticas de gobierno condicionadas por el sistema de endeudamiento perpetuo.

Estos procesos tienen carácter cíclico y se dan con la funcionalidad de los cambios en la gestión de administraciones propias y/o sucesivas que siempre terminan en nuevas crisis por impago – con periódicas re-estructuraciones de deuda – en explosión final de los corsé cambiarios vía macro-devaluaciones correctivas y en procesos de ajuste para cubrir o atenuar los efectos de tales devaluaciones y del déficit fiscal consiguiente.

Los gobiernos de turno aplican con este objeto políticas de ajuste – formales o encubiertas – para poder sostener el sistema de la deuda; y el salario es la principal variable de ajuste dentro de este esquema. Ello es así porque alguien tiene que cargar con el costo financiero del ajuste – ya que estos duros cambios no son financieramente neutros – y los sectores más vulnerables, por lógica, son los de ingresos fijos (fundamentalmente asalariados y jubilados).

Mientras los sectores financiero-bancarios se benefician con el aumento de las tasas de interés y todas las combinaciones especulativas posibles de arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés; y mientras los sectores empresarios se cubren con aumentos generalizados de precios de bienes/servicios y colocaciones financieras de corto plazo, los sectores de ingresos fijos sufren a pleno el impacto de las desactualizaciones salariales.

La inflación – siempre tan denostada en los discursos económico-financieros y políticos – es, sin embargo, el instrumento básico para que este procedimiento de redistribución de ingresos a nivel masivo y este mecanismo de sostén de los costos inmediatos de las transiciones dentro de las crisis de deuda, se lleven a cabo. Todo es siempre más tolerable o resignadamente aceptable en medio de crisis o circunstancias de excepción, sobre todo cuando se aducen problemas heredados.

Y así también ahora, con la nueva administración Macri – y con la sempiterna excusa de la pesada herencia recibida – se vuelve a la carga con los mismos argumentos y con la misma batería clásica de medidas que se sostienen, todas ellas, en la toma de más deuda pública y en la transición con ajuste. La clave para sostener el costo de esta transición luego de la macro-devaluación de Diciembre es el desfase financiero de los salarios reales:

1. La inflación carcome el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos día a día mientras que los aumentos entran a regir muy a posteriori de estas realidades y en forma escalonada.
2. El gobierno Macri gana tiempo tratando de demorar las negociaciones paritarias hasta marzo – una forma de pasar el verano – previendo el desgaste de las discusiones entre sindicatos y cámaras empresarias sin que el Estado intervenga en las mismas y sin que se hable ya de la concertación económico-social anunciada para mediados de Enero.
3. Tampoco se menciona con mucha seguridad la idea oficial de retrotraer los precios al 30.11 – fecha aproximada de los grandes y generalizados aumentos producidos entre Noviembre y principios de Diciembre (que es una variante que las empresas rechazan de plano) – y sólo se prevé una versión modificada del programa de Precios Cuidados hasta Mayo próximo.
4. En este marco, la administración Macri postula la clásica receta de negociaciones salariales sobre la base de inflación futura proyectada (entre 20-25 %) y no sobre recupero de la inflación pasada (que se estima entre 28-30 %).
5. La declaración de emergencia estadística del INDEC contribuye a confundir el marco de las discusiones y el punto de referencia de las mismas.
6. Como argumento de disuasión contra los sindicatos se blande la carta extorsiva de la recesión – una recesión provocada por la crisis financiera de deuda, no por la economía real – y del desempleo.
7. Y paralelamente las autoridades juegan la sugerencia de que los sindicatos atenúen sus exigencias a cambio de mayores pagos parciales y conversión en bonos de la Deuda Pública sobre los atrasos de pagos a sus obras sociales.

Varias acciones complementarias acentúan este desfase financiero negativo para los salarios reales, empezando por la demora en tratar el aumento del Mínimo No Imponible (MNI) del Impuesto a las Ganancias y la omisión de actualizar también el MNI del impuesto a los Bienes Personales. Mientras tanto – alta inflación mediante – el gobierno mantiene (como ya lo venía haciendo la administración Kirchner) sus elevados ingresos fiscales por gravámenes al consumo (con el IVA a la cabeza, que es un impuesto regresivo), con el mantenimiento indefinido del impuesto provisorio al cheque y con la carga adicional que representan los revalúos de bienes durables (impuestos inmobiliarios provinciales, tasas de servicios generales municipales y el citado impuesto nacional sobre bienes personales).

Amén de la amplificación que los aumentos de precios/tarifas de servicios públicos tienen por el alto componente impositivo de las facturas respectivas. Todo este costo financiero del desfase de los salarios reales – derivado del traslado a precios de la macro-devaluación de Diciembre y de la paralela transferencia de los gastos adicionales de las empresas por aumento de las tasas de interés – se realiza a través de un proceso inflacionario que no perjudica sino que favorece a los sectores empresarios, financiero-bancarios y al propio Estado, que se beneficia así con una suerte de efecto Olivera-Tanzi al revés.

Es la forma clásica en que los sectores de ingresos fijos pagan el costo del ajuste encubierto que practican los gobiernos en medio de sus cíclicas crisis de deuda pública.

***

(*) Este trabajo es complementario y ampliatorio del artículo titulado DEUDA-DEVALUACIÓN-INFLACIÓN Y CUESTIÓN SALARIAL (del 2.1.2016), cuya lectura se recomienda para no reiterar aquí lo dicho en su momento sobre el tema.

Deuda, devaluación, inflación y salarios

Héctor Luis Giuliano 02.01.2016.
Macri está tomando medidas sumamente importantes en materia financiera que tienen tres principales efectos inmediatos sobre las finanzas del Estado, la economía argentina en general y los salarios: 1) Aumento de la deuda pública, con su consecuente incidencia en el déficit fiscal, 2) macro-devaluación del peso con traslado a los precios internos y el crecimiento de la inflación, y 3) incremento de las tasas de interés»

DEUDA-DEVALUACIÓN-INFLACIÓN Y CUESTIÓN SALARIAL

Por Héctor GIULIANO (02.01.2016)

La nueva administración de Macri está tomando medidas sumamente importantes en materia financiera que tienen tres principales efectos inmediatos o de muy corto plazo sobre las finanzas del Estado y la economía argentina en general:

a) Primer efecto: Aumento de la deuda pública, con su consecuente incidencia en el déficit fiscal porque se elevan los gastos del Estado en concepto de servicios  – pago de intereses y amortizaciones de capital – y se plantea la cobertura de este déficit con más deuda. La eliminación de las retenciones sobre granos y la baja para la soja repercuten en igual sentido por la merma de los ingresos del Fisco. La inflación permite al Estado compensar esto parcialmente al mantener un alto nivel de recaudación tributaria tanto por impuestos al consumo (caso IVA) como por impuestos de base patrimonial (como Bienes Personales e Inmobiliario provincial), e incluso por el mayor valor en pesos de los derechos remanentes sobre el comercio exterior pero no le evita el crecimiento del déficit financiero fiscal.

b) Segundo efecto: Macro-devaluación del peso – junto con el levantamiento del cepo cambiario – con traslado de esa devaluación a los precios internos y distorsión de los precios relativos que retro-alimentan el proceso inflacionario, lo que aumenta y acelera la inflación existente provocando una caída adicional de los salarios reales. La devaluación de Diciembre desató parcialmente el corsé de la política de retraso cambiario – seguida por la administración Kirchner para contener la inflación interna y para poder pagar deuda externa – pero ahora sus efectos inflacionarios son una realidad a la que hay que darle respuesta.

c) Tercer efecto: Incremento de las tasas de interés del mercado – cuyo piso lo fija el Banco Central (BCRA) a través de la colocación de deuda cuasi-fiscal por Lebac – lo que, pese a su empleo como medida anti-inflacionaria, tal incremento es igualmente un factor de inflación porque el costo financiero de las empresas también se traslada a los precios. Este peso del costo financiero sobre la estructura de costos totales es algo  sistemáticamente omitido en los análisis públicos y privados pese a que su magnitud y rapidez de transmisión a los precios es tanto o más grave que la de los costos por materias primas, insumos, mano de obra y gastos generales.

Ergo,  las tres  vías de acción citadas conducen por sus efectos a un mismo problema, tradicionalmente soslayado por los gobiernos y por los economistas del establishment: la relación entre Deuda Pública e Inflación. Esto es así porque la crisis de Deuda que arrastra la Argentina en forma permanente – una crisis por insolvencia y por iliquidez – genera déficit fiscal por el  costo total creciente de sus servicios financieros y es agravada con la toma de más deuda. Dicho endeudamiento produce ciclos con períodos de retraso cambiario motivados por las necesidades de pago de la deuda externa y posteriores macro-devaluaciones compensatorias de los desequilibrios derivados de tales atrasos.

Estas distorsiones – provocadas por el sistema de la deuda – derivan en mayor presión tributaria,  distorsiones de precios/tarifas de servicios públicos y aumento de las tasas de interés. Todo lo cual lleva a niveles adicionales de endeudamiento e inflación, con la pérdida consiguiente del poder adquisitivo de los sectores con ingresos fijos, que no pueden responder a los aumentos de precios que soportan sobre bienes y servicios con la misma velocidad que estos aumentos se producen. Y este es un tema clásico en la historia argentina reciente del que hoy – una vez más – no se tiene ninguna garantía de salida porque, sobre la base de una ya elevada inflación existente, en poco tiempo los precios tuvieron un aumento adicional tan extraordinario como generalizado como para revertirlos.

El ministro de Economía Prat Gay ha reconocido esta situación y planteado la  necesidad de retrotraer los precios al 30.11 pasado, a los efectos de volver a niveles de referencia más manejables previos al descontrol de las últimas semanas, pero todavía no se ven los resultados de tal intención y, en cambio, se considera cada vez más difícil lograr este objetivo. Con el agravante que, obnubiladas por el desborde reciente, las autoridades podrían intentar no tomar ya en cuenta el total de la inflación acumulada durante el segundo semestre del 2015 ni querer discutir con los sindicatos el desacomodamiento de precios producido desde el mes de Octubre en adelante con el argumento de proponer actualizaciones salariales en base a proyecciones de inflación futura y no de recupero de la inflación pasada, que es la real y ya producida.

La nueva administración Macri imputa a la anterior – CFK – haber dejado a fines de su mandato la remarcación de precios como “zona liberada”; y la saliente administración Kirchner replica que la disparada de aumentos de precios  se produjo por las expectativas devaluatorias desatadas con el anuncio de levantamiento del cepo cambiario por parte del entonces candidato Macri. La verdad es que ambos tienen razón, pero lo único concreto es que ahora hay que atender a una realidad que ya reconoce por lo menos un 3.5 % de aumento de precios en Diciembre y que llevaría la inflación anual del 2015 a un 26-28 % o más.

Hasta el momento no se conocen medidas específicas y efectivas del gobierno Macri para frenar este aumento de los precios ni mucho menos retrotraerlos y, por el contrario, se anuncian nuevas decisiones que provocarían incrementos ulteriores, como el caso del aumento de precios y tarifas de los servicios públicos. El tema es clave para la política económico-financiera del nuevo gobierno porque es en función de ello que falta encarar las re-negociaciones salariales pertinentes después de esta última escalada inflacionaria, cosa que empezará a ser discutida  con los sindicatos y las cámaras empresarias respectivas a partir de la convocatoria de un Consejo Económico y Social desde mediados de Enero.

Como ya ocurriera en otras oportunidades de la historia reciente – la macro-devaluación de 2002 fue un ejemplo paradigmático al respecto – la clave reside siempre en hacer que los efectos inflacionarios de la depreciación del peso se lo traguen o absorban a pérdida los sectores de ingresos fijos (fundamentalmente asalariados y jubilados/pensionados). La forma más directa de lograr esto es con el desfase financiero entre precios y salarios, esto es, con actualizaciones de ingresos  que tengan un tratamiento diferido en el contexto de un proceso inflacionario.

La idea de diferir la cuestión salarial hasta después del verano – de modo de ganar tiempo hasta marzo – respondería a este criterio, beneficiando así a los empleadores (empresas privadas y Estado) con la brecha entre ingresos por ventas y gastos por mano de obra durante los tres o cuatro primeros meses de gestión del nuevo gobierno. Este problema constituye la clave financiera de la cuestión salarial y amerita una explicación más pormenorizada.

Los aumentos de salarios y jubilaciones conllevan siempre una ventaja para el sector empleador porque los incrementos que se pactan normalmente nunca son retroactivos sino que se acuerdan siempre hacia adelante – e incluso en forma escalonada – lo que implica que  el costo de las diferencias por aumento de precios producidas durante el período que media desde la última actualización hasta las fechas de convenio no se recupera a favor de los trabajadores.

El punto anterior – un clásico notablemente omitido en las paritarias – es particularmente importante en momentos de crisis financiera como el actual, en que se pretende que los aumentos por recupero del valor de los salarios no se pacten por la inflación pasada sino por la inflación futura (que tiene invariablemente una proyección  más baja). Paralelamente, esta postura restrictiva se endurece denegando el otorgamiento de bonos compensatorios a cuenta de futuros aumentos y se desliza la velada amenaza de no aceptar fuertes reclamos de ajuste salarial por temor a un mayor desempleo.

Tal criterio omite sin embargo advertir que, con las altísimas tasas de interés vigentes y aún manteniéndose en lo sucesivo cierta estabilidad de precios y costos después de los grandes aumentos ya producidos, los empleadores estarían en condiciones no sólo de ahorrarse el pago de los meses de inflación transcurridos sino incluso de compensarlos parcialmente con el producto de colocaciones financieras que hicieran durante el período en que esos fondos no sean pagados a los trabajadores.

Se trata – esto último – de un procedimiento sobre el cual el empresariado argentino tiene vasta experiencia histórica al respecto, como ya ocurrió en los tiempos de altísimas tasas de interés bajo la gestión Martínez de Hoz, de los planes Austral y Primavera durante la administración Alfonsín y de la convertibilidad menemista, en que el pago de los salarios se compensaba casi íntegramente en la práctica porque los mismos se pagaban con la capitalización de intereses de las colocaciones financieras durante el mes mientras que las fechas de liquidación de haberes no se modificaban.

Obsérvese la importancia de este punto cuando, por ejemplo, el ministro de Energía Aranguren anuncia que habrá aumentos de precios y tarifas de servicios públicos a partir de Enero y que, además, las facturas eléctricas bajarán su frecuencia de bimestrales a mensuales para mejorar así la disponibilidad de sus recursos. Por equiparación justa y lógica frente a la disminución de los ingresos reales por efecto de la inflación este razonamiento financiero debiera ser aplicado también a los salarios. La baja o menor frecuencia de los períodos de ajuste e indexaciones, que hoy están a nivel mensual, pudiera o debiera incluso dar lugar a liquidaciones de haberes que pasen de mensuales a quincenales e  incluso semanales, en casos de emergencia.

Obviamente que este punto constituye una variante tan equitativa como peligrosa debido a su potencial hiper-inflacionario, por lo que sólo es coherente que se plantee en caso de grave crisis financiera (como las que ya ha habido en la Argentina varias veces, aunque sin que tal tipo de reclamos se diese ni se reclamara siquiera). Pero lo que sí es válido y debiera constituir una exigencia en el caso de las remuneraciones es la paridad de tratamiento de estas ventajas y desventajas específicamente financieras derivadas del proceso inflacionario para que todos los sectores económicos y sociales estén en las mismas condiciones frente a las medidas de gobierno.

No es justo que haya sectores beneficiados y perjudicados por este tipo de desfases financieros, con el tradicional costo irrecuperable cargado sólo sobre los sectores de ingresos fijos, ya que el lucro compensatorio de la inflación vía colocaciones financieras y/o adelanto de cobro de precios/tarifas de servicios públicos – con su correspondiente amplificación impositiva – no tiene correlato y afecta solamente a los sectores asalariados. Dar largas al asunto de los incrementos salariales y jubilatorios que compensen el aumento de precios ya producido por la macro-devaluación y las especulaciones de mercado – efecto inflacionario ex ante más que a posteriori del levantamiento del cepo cambiario – pone en desventaja los ingresos de trabajadores y jubilados. Y sería incluso una suerte de re-edición de lo ocurrido durante la salida de la Convertibilidad en el 2002 – bajo la administración Duhalde – que redujo así sustancialmente el peso de los ajustes salariales por debajo de la inflación. Cosa que – como dijimos – es lo que conviene al sector empresario y también al propio Estado como empleador.

Se piensa que el gobierno Macri buscaría moderar gran parte de los reclamos sindicales a cambio de facilitar el pago – en cuotas y con bonos de la deuda pública – de los atrasos de pago a las obras sociales de los gremios, correspondientes al Fondo Solidario de Redistribución (FSR) , que hoy suman más de 25.000 M$ (Millones de Pesos). Esto toca especialmente a la idea de pactar ajustes de salarios según inflación futura proyectada y escalonada en lugar de hacerlo según la inflación real pasada y con retroactivos. Adicionalmente, la reciente declaración de la emergencia estadística – después de los desaguisados cometidos deliberadamente por la administración Kirchner en el INDEC para ocultar la inflación real – es otro factor que entorpece la claridad de los datos de base para las próximas actualizaciones salariales, lo que complica las cosas aunque se dispondría de un Índice Minorista o IPC provisorio como referencia (que quizás no debiera diferir mucho del IPC Congreso llevado hasta Diciembre).

Este problema de fondo del desfase financiero en las actualizaciones salariales – un tema normalmente soslayado en las discusiones paritarias – adquiere hoy una importancia significativa y constituye una de las claves que están en juego frente al efecto inflacionario combinado de las devaluaciones con traslado a precios y del aumento de las tasas de interés. Éste es el modo en que la secuencia financiera deuda-devaluación-inflación – a través del mecanismo especulativo de arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés y en un contexto de deuda pública impagable – impacta, agrava y determina los problemas de la economía real cuyas consecuencias paga todo el pueblo argentino.

La nueva deuda pública por importaciones

Héctor Luis Giuliano 26.12.2015.
La administración Macri se apresta a estatizar deuda externa privada convirtiéndola en más deuda pública. Con fecha 18.12 el Ministerio de Economía informó la licitación de nuevos títulos Bonar 2016 por 2.000 millones de dólares para el día 28 (Día de los Santos Inocentes)«

LA NUEVA DEUDA PÚBLICA POR IMPORTACIONES

Por Héctor GIULIANO (26.12.2015)

La administración Macri se apresta a estatizar deuda externa privada convirtiéndola en más deuda pública. Con fecha 18.12 el Ministerio de Economía (MECON) informó la licitación de nuevos títulos Bonar 2016 por 2.000 MD (Millones de Dólares) para el día 28 (Día de los Santos Inocentes). Esta colocación es parte de los 5.000 MD correspondientes a la deuda contraída por empresas importadoras con sus proveedores externos y cuyas divisas debiera proveerles el Banco Central (BCRA).

Los importadores reclaman la cobertura de un monto mayor, que es casi el doble de lo hasta ahora reconocido por el gobierno: 9.000 MD. A esta decisión oficial se llega por un discutible proceso realizado en tres pasos:

1.- Empresas privadas importadoras acumulan los importes citados de deuda externa por compras efectuadas en el exterior. La mayoría de estas deudas están contraídas con sus casas matrices y/o empresas vinculadas y corresponden a operaciones que ya habrían sido concretadas.

2.- Si bien se trata de obligaciones externas privadas, el BCRA carece de las reservas necesarias que en condiciones normales debiera proveerles debido a que tales reservas se utilizaron privilegiadamente bajo la administración Kirchner para pagar deuda externa pública con terceros (acreedores privados y organismos financieros internacionales) y otros fines.

3.- Los importes acumulados por este motivo – los 5.000 ó 9.000 MD citados – se transformarán en deuda pública porque el nuevo gobierno Macri coloca un bono de corto plazo para compensar a los importadores.

Ergo, un cúmulo de deuda externa privada – sin que mediara obligación directa del Estado – pasa a convertirse en deuda pública. De esta manera, se dan dos hechos concurrentes:

1.- Se traspasa indirectamente (*) deuda externa privada al Fisco. Y

2.- Se convierte deuda comercial en deuda financiera de corto plazo; y sin capacidad demostrada de repago (como no sea su refinanciación forzosa al vencimiento).

El MECON dispuso esta medida por Resolución conjunta 31/15-SH y 10/15-SF (Secretarías de Hacienda/Finanzas, respectivamente), que es del 25.3 de este año y se respaldaría en las proyecciones de endeudamiento de la Ley 27.008 de Presupuesto, aprobada por la administración Kirchner. Los términos y condiciones básicos del nuevo bono – Bonar 2016 – son los siguientes:

a) Corto plazo: un año, con fecha de emisión 29.12.15 y fecha de vencimiento 29.12.16.Moneda de denominación y pago en dólares, bajo Ley Argentina, pero con suscripción en pesos. Es decir, que los compradores del bono – los importadores – entregan pesos y obtienen a cambio un título a cobrar en dólares.

b) Tasa de interés del 6 % en dólares, con pago de cupones mensual a partir del 29.5.16, junto con amortizaciones parciales del capital (en 8 cuotas mensuales y consecutivas – también a partir de esa fecha – por el 12.50 % del total cada una).

El Bonar 16 es entonces utilizado para cancelar deuda en divisas con importadores cuando, en realidad, no existe una deuda formal del Estado sino sólo el compromiso de proveer divisas a empresarios privados, de modo que el Tesoro asume así una deuda nueva que no le es propia. A su vez, este procedimiento induce una suerte de triangulación de la moneda extranjera correspondiente al monto de los títulos – que son intransferibles por parte del importador que los suscribe – porque se supone que éste, el importador,  para cumplir con sus obligaciones pendientes debiera concurrir entonces al mercado privado para conseguir sus divisas.

Esto es lo mismo que decir que los importadores van a tener que terminar recurriendo al mercado de cambios y no al BCRA para obtener sus dólares, por lo que la emisión del bono no sería necesaria a los efectos prácticos sino una compensación encubierta por las deudas privadas acumuladas. Tendríamos entonces que el gobierno coloca bonos en dólares a corto plazo para compensar a los importadores por el costo que éstos tendrían al comprar sus divisas fuera del BCRA, quedando así el Estado a cargo de nueva deuda pública.

Como, a su vez, el Estado recauda esencialmente sus tributos en pesos, el Boden 16 emitido en dólares le transfiere en forma automática el cargo que se le produzca por diferencia de cambios en el pago de los servicios (por intereses y capital). Con el agravante que la mayor parte de las obligaciones privadas así cubiertas con el bono los importadores ya las tendrían cubiertas a través de contratos suscriptos por dólares a futuro y cuando el tipo de cambio estaba a 9.80 $ o menos. Esta primera colocación del 28.12 – por 2.000 MD – es parte de la cobertura de los 5.000 MD reconocidos por el gobierno mientras se discute sobre la inclusión de los otros 4.000 MD reclamados por las empresas importadoras.

Se estudia aplicar el mismo régimen para las deudas acumuladas por las empresas transnacionales en concepto de giro de utilidades/dividendos a sus casas matrices del exterior, que suman entre 10-12.000 MD. Los Bonar 16 constituyen el primer instrumento de endeudamiento formal en moneda extranjera de la administración Macri, como producto de la asunción de deuda externa privada por parte del Estado; y se da mientras el nuevo gobierno proclama el fin del cepo y la libertad del mercado de cambios. La licitación de los nuevos bonos inaugura así una nueva modalidad de estatización de deuda externa privada, una forma de conversión de deuda comercial en deuda financiera y una muestra adicional de colocación de deuda en moneda extranjera sin capacidad demostrada de repago.-

(*) NOTA ACLARATORIA:

Una omisión tipográfica – sinceramente una omisión, ya que la palabra “indirectamente” figuraba en la redacción original – corresponde que haya sido reincorporada al texto de este artículo con fines aclaratorios:

En el punto a) de página 1 el texto completo de la frase es: «Se traspasa indirectamente deuda externa privada al Fisco».

Obviamente, esto es así desde el punto de vista técnico ya que cambia la titularidad de las nuevas obligaciones, si bien el objeto de la operatoria es – como lo dice el comunicado del MECON del 18.12 – «atender el stock de la deuda comercial en concepto de importación de bienes».

La palabra «indirectamente» es, por lo tanto, el termino  adecuado para aclarar – en caso que no haya quedado así entendido – el sentido de lo que se plantea en el trabajo.

El aumento de la deuda pública en 2015

Héctor Luis Giuliano 12.12.2015.
El jueves 10.12.2015 el Ministerio de Economía editó en su página web el informe de Deuda Pública del Tercer Trimestre de 2015. Según estos últimos datos oficiales la deuda aumentó en lo que va del año en 18.100 MD (Millones de Dólares): era de 233.400 MD al 31.12.14 y pasó a 251.500 MD al 30.9.15. Estas cifras corresponden a una deuda del Estado Central que se integra por dos grandes rubros: 240.000 MD por deuda performing o en cumplimiento del pago de intereses y 11.500 MD de holdouts»

EL AUMENTO DE LA DEUDA PÚBLICA EN 2015 

Por Héctor GIULIANO (12.12.2015) 

El jueves 10.12 – último día del gobierno Kirchner y primero del gobierno Macri – el Ministerio de Economía (MECON) editó en su página web el informe de Deuda Pública del Tercer Trimestre de 2015. Según estos últimos datos oficiales la deuda aumentó en lo que va del año en 18.100 MD (Millones de Dólares): era de 233.400 MD al 31.12.14 y pasó a 251.500 MD al 30.9.15. Estas cifras corresponden a una deuda del Estado Central que se integra por dos grandes rubros (de los que – a los fines de cálculo – las autoridades  toman en cuenta sólo el primero): 240.000 MD por deuda performing o en cumplimiento del pago de intereses y 11.500 MD de holdouts (tenedores de bonos que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010).

Tal deuda corresponde sólo a la deuda en cabeza del Estado Central, es decir, que no incluye la deuda consolidada de provincias/municipios, Banco Central (BCRA), Empresas Públicas, Organismos Nacionales, Fondos Fiduciarios y juicios contra el Estado con sentencia en firme.

El monto de esta deuda total – la Deuda Pública Nacional – se desconoce porque las autoridades no lo dan a conocer pero en conjunto pudiera llegar a duplicar la deuda del Gobierno Central.

El Presupuesto para el año 2015 – Ley 27.008 – contemplaba ya un aumento de la deuda pública por casi 18.000 MD (17.700), como producto de vencimientos por capital de 53.600 MD contra toma de nueva deuda por 71.300; lo que significa que el ejecutado de deuda al trimestre 3 ya excede el incremento previsto para todo el corriente año, esto es, faltando todavía falta agregar el cuarto trimestre.

La Ley 27.198 de Presupuesto para el 2016 prevé, a su vez, un aumento de la deuda pública durante el próximo ejercicio de otros 23.400 MD (vencimientos de deuda por capital de 68.000 MD contra toma de nueva deuda por 91.400 MD).

Nuestro país se aproxima así a redondear la colocación de nuevo endeudamiento público del orden de los 100.000 MD por año sumando refinanciaciones o novaciones de deuda y toma de deudas adicionales.

Con el aumento de la deuda crece obviamente el quantum de los intereses a pagar, que para el 2016 pasan a 104.100 M$ (Millones de Pesos), equivalentes a unos 10.000 MD (9.800).

Como la deuda por capital no se paga sino que se refinancia en su totalidad – pagando deuda con deuda – lo que efectivamente se eroga son los intereses, que forman parte del Gasto Público Corriente y cuyo ritmo de crecimiento pesa sobre el consiguiente aumento del Déficit Fiscal.

El perfil de vencimientos de la deuda, por otra parte, se deteriora rápidamente porque la fuerte colocación de deudas a corto plazo en las postrimerías de la administración Kirchner acorta la vida promedio de la deuda, que ya pasó de 8.1 a 7.4 años en los 9 meses que van de fines de 2014 al 30.9 pasado.

Y ello genera entonces la necesidad de tomar más deuda, preparado el camino para que tanto el gobierno que termina su gestión como el que la empieza – operando en tándem – produzcan una continuidad y no un cambio en la política sistemática de endeudamiento público.

Por eso la coincidencia de objetivos entre el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-10 y la Hoja de Ruta Boudou del 2008 – bajo la administración K – y la nueva política de deuda de la administración Macri que  (lo mismo que los candidatos Scioli y Massa) jugaban y juegan sus cartas a la instrumentación del mismo exacto objetivo común: la vuelta al mercado internacional de capitales para tomar más deuda externa.

Y las informaciones oficiales allanan el camino en esta dirección.

El Informe de deuda pública del MECON prevé ahora vencimientos de capital para el 2016 por 45.600 MD. Decimos ahora porque en el informe anterior – a fines de 2014 – esos vencimientos se estimaban en sólo 25.800 MD.

Todos los años pasa lo mismo: los importes de los informes del MECON son invariablemente inferiores a los que se aprueban por presupuesto y las cifras se ajustan luego en los trimestres sucesivos con enormes diferencias contra el período anterior, como la citada.

El extraordinario aumento de la deuda del Estado Central es, en realidad, sólo el prolegómeno de una nueva gran ola de endeudamiento externo en desarrollo sobre la Argentina, después de la primera gran oleada de deuda del Proceso Militar y de la segunda, correspondiente a la Convertibilidad Menemista-Aliancista de la década del ´90.

Esta nueva etapa de aumento sistemático de la Deuda Pública ya se inició bajo la gestión Kirchner, batiendo récords históricos de pago de la deuda con terceros – acreedores privados y organismos financieros internacionales – a costa de aumentar la deuda intra-Estado, es decir, de traspasar la carga de la deuda fiscal impagable a los fondos que administra el propio Estado (fundamentalmente ANSES, BCRA y BNA).

La idea es que este cúmulo de deuda intra-Estado se refinancie indefinidamente y se vaya licuando en forma gradual por impagos o condonaciones y por licuación directa de la deuda en pesos expresada en dólares, carcomida por la inflación.

Hoy el 36 % de la deuda performing (el subtotal de 240.000 MD) está en pesos y el 64 % en moneda extranjera; pero el 61 % de toda esta deuda está en manos del propio Sector Público, lo que determina un gravísimo empapelamiento del Estado con títulos de deuda que no tienen capacidad alguna de repago.

La administración K, que recibió una deuda pública de 178.000 MD y se jactó de haber pagado 190.000 MD (sin información desagregada alguna) deja una herencia de más de 250.000 MD, una suma que no computa los cupones PBI (15.000 MD) ni los diferenciales a pagar por los reclamos totales de los holdouts (por otros 10-15.000 MD).

Y todo esto ha venido ocurriendo mientras el saliente gobierno Kirchner estuvo engañando groseramente a la opinión pública con el mito del des-endeudamiento: una falsía declaradamente compartida por los grandes partidos de la oposición política, entre los cuales la nueva administración Macri.

Deuda y nuevo gobierno de Macri

Héctor Luis Giuliano 27.11.2015.
En materia de endeudamiento público no existe cambio sino continuidad de la política de gobierno en la Argentina porque la administración saliente  y la electa tenían y tienen un mismo objetivo de fondo: volver al mercado internacional de capitales para tomar más deuda externa. Tanto el fracasado Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 como la Hoja de Ruta Boudou de 2008 partían de la base que la reestructuración o refinanciación de la deuda de entonces iba a permitir aliviar el perfil de vencimiento de las nuevas obligaciones para que la Argentina pudiera volver a colocar bonos en el exterior»

DEUDA PÚBLICA Y NUEVO GOBIERNO DE MACRI

 Por Héctor GIULIANO  (27.11.2015) 

En materia de endeudamiento público – al contrario de lo que comúnmente se cree – no existe cambio sino continuidad de la política de gobierno en la Argentina porque la administración saliente (CFK-Scioli) y la electa (Macri) tenían y tienen un mismo objetivo de fondo: volver al mercado internacional de capitales para tomar más deuda externa. Tanto el fracasado Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 como la Hoja de Ruta Boudou de 2008 partían de la base que la reestructuración o refinanciación de la deuda de entonces iba a permitir aliviar el perfil de vencimiento de las nuevas obligaciones para que la Argentina pudiera volver a colocar bonos en el exterior.

Pero los errores de diseño del Megacanje – altas tasas de interés en moneda extranjera, cupones PBI compensatorios de la quita, aceptación de cláusulas leoninas a favor de los acreedores y, sobre todo, irresolución del problema de los holdouts – así como las utopías de la Hoja de Ruta K – idea de arreglos convenientes con los tenedores que no entraron en el canje y con el Club de París – dieron paulatinamente por tierra con las esperanzas de paliar el problema financiero insoluble de la deuda pateando siempre los compromisos para adelante. Y es así como un gobierno que asumió signado por una crisis de deuda – por insolvencia y por iliquidez – termina dejando a su sucesor una nueva crisis de deuda por los mismos motivos.

CUADRO DE SITUACIÓN

La falta de datos oficiales confiables en materia económico-financiera dificulta cuantificar los problemas de la herencia que recibe la nueva administración Macri (inflación, pobreza/indigencia, monto del PBI/niveles de crecimiento, deuda pública del Estado Central/Deuda Pública Nacional, etc.) pero pueden identificarse, prima facie, tres cuestiones centrales e inmediatas:

1.- La citada crisis de Deuda – como condicionante total de la política económica y financiera de gobierno – con el detonante del problema de los holdouts a la cabeza.

2.- La falta de divisas propias en el Banco Central (BCRA), como resultado de la política de pagos de la deuda externa con reservas internacionales y de la salida sistemática permitida de capitales.

3.- La elevada inflación real existente – con aumento del nivel de precios y distorsión de los precios relativos – la desactualización de precios/tarifas de servicios públicos y el retraso cambiario.

El verdadero panorama y nivel de gravedad de la situación heredada lo dará el acceso a los datos oficiales, lo que depende no sólo de que se conozcan sino también de que se den debidamente a publicidad cosa que es particularmente importante en cuanto al tema de la deuda.

AGENDA DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN

La lógica y los tiempos de la Economía son muy diferentes a los de las Finanzas y, en este momento, los principales y determinantes problemas de la Argentina son financieros antes que económicos. En línea con las acuciantes cuestiones expuestas, la nueva administración Macri va a tener que tomar medidas urgentes en los tres campos:

1.- Inicio de conversaciones de allanamiento – mal llamadas negociaciones – con los fondos buitre en Nueva York, lo que implica desandar el camino del desacato ante el fallo Griesa y ponerse en manos del mediador Pollack, que actúa en la práctica como reestructurador de una deuda que aumenta progresivamente con el paso del tiempo y con la aparición del resto de los holdouts (los denominados me too), a los que el juez acaba de incorporar fácticamente en los reclamos contra nuestro país.

2.- Recapitalización del BCRA, dado el vaciamiento de reservas sufrido bajo la administración K, y la consiguiente reestructuración de su deuda cuasi-fiscal.

3.- Ajuste fiscal para atenuar el desequilibrio de las finanzas públicas (fuertemente determinado por el problema de la deuda y sus servicios), reducción de los subsidios, estabilidad de precios y tipo de cambio.

Ninguno de estos puntos de agenda son fáciles de encarar ni predecibles para la acción de cualquier gobierno pero tanto la extracción político-ideológica de la nueva administración Macri como la superestructura de poder económico-financiera que lo sostiene permiten entrever los lineamientos de su planteo al respecto.

PRIORIDADES DEL NUEVO GOBIERNO

Tanto el candidato oficialista Scioli como el vencedor candidato opositor Macri venían sosteniendo – ellos y sus portavoces económicos – una receta común para encarar el problema central del endeudamiento argentino: tomar más deuda. La cuestión de la deuda es el eje central y absoluto de todo lo que ocurre en la Argentina en materia financiera, económica y política; y las acciones y/o preanunciadas y/o previsibles para la nueva administración lo demostrarían prontamente:

a) Contacto inmediato con los holdouts para arreglar la forma de pago a los acreedores – fondos buitre y resto de los me too – lo que conlleva una nueva reestructuración de deuda después del fracaso el Megacanje 2005-10.

b) Probable apelación para ello a la variante Gramercy, por el antecedente del pago de fallos del CIADI contra el país, que fueron triangulados por vía de la compra de los derechos de las sentencias a los acreedores y luego refinanciación al gobierno argentino con bonos.

c) Ampliación del contrato de swap de monedas con China – se habla de unos 20.000 MD – a los efectos de sostener las reservas del BCRA y cubrir los pagos de servicios de la deuda en moneda extranjera, sobre todo los pagos derivados de la aceptación/implementación de la sentencia Griesa.

d) Préstamo-puente con los mismos destinos, provenientes de bancos internacionales, en la plaza de Nueva York – presumiblemente liderados por la Banca Morgan (que habría ofrecido 5.000 MD de crédito directo y 10.000 MD como agente de grupos de inversores financieros) – y preparación de nuevas colocaciones de bonos en moneda extranjera a mediano plazo.

e) Conversión progresiva de deuda cuasi-fiscal del BCRA (por Lebac/Nobac) en deuda por Letras del Tesoro, para traspaso de obligaciones y descarga parcial del altísimo costo financiero de las letras/notas, que hoy se colocan a tasas del 30 % anual en pesos (y que son las que fijan el piso de las tasas de las mercado).

f) Conversión de los atrasos en la entrega de divisas a importadores – que hoy acumulan 9-10.000 MD – en bonos de la deuda pública; lo que implicaría la triangulación con inversores financieros que compren luego dichos bonos a los tenedores posesionándose así de esa nueva deuda del Estado.

g) Aceleración de la toma de deuda externa por las provincias – con la CABA, Buenos Aires, Neuquén y Mendoza a la cabeza – en el marco del nuevo régimen de toma de deuda por entidades subnacionales y con el propósito inmediato que las divisas así obtenidas sirvan para reforzar la posición del reservas del BCRA.

h) Previsible continuidad en las operaciones de endeudamiento externo, también con fines de provisión de divisas, por parte de YPF y/u otros organismos nacionales.

i) Forzoso replanteo de las relaciones financieras Nación-Provincias a la luz del fallo de la Corte Suprema haciendo lugar al reclamo conjunto de Córdoba, Santa Fe y San Luis, lo que conlleva una suma incalculable en caso de extenderse al resto de las jurisdicciones.

j) Atención del déficit del sistema previsional – actual de la ANSES e incremento con el desfinanciamiento del 15 % de la coparticipación en momentos en que tiene el 65 % del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) prestado al Tesoro en forma incobrable. Y

k) Cobertura del déficit fiscal creciente – 140.000 M$ (Millones de Pesos) al 30.9 y que se estima superará los 200.000 M$ a fin del ejercicio 2015, lo que implica un aumento adicional del endeudamiento público porque el déficit se cubre con deuda.

Este último punto reviste particular gravedad, ya que se entiende que el nuevo gobierno – por lógica – no podría encarar un severo plan de ajuste fiscal apenas iniciada su gestión, por lo que debería apelar forzosamente a más endeudamiento para atender las cuentas inmediatas (sueldos/jubilaciones y deudas exigibles de proveedores) y sostener la transición hacia reducciones de recursos por baja de subsidios y aumentos de tarifas en los servicios públicos.

La deuda es, además, un componente implícito en el sostenimiento de la política cambiaria porque – pese a sus dichos iniciales – se piensa con fundamento que la nueva administración Macri no va a poder liberar el cepo y unificar el mercado cambiario en forma abrupta y en el inicio de su gestión:

1.- Porque tales medidas implicarían una devaluación de hecho y – en mayor o menor medida – el inevitable traslado a precios de la misma.

2.- Porque el gobierno necesita mantener un retraso cambiario relativo para poder pagar servicios de la deuda externa y garantizar los de las nuevas obligaciones a contraer, siendo que la mayoría de la recaudación fiscal obviamente está en pesos mientras que los nuevos compromisos y sus servicios están en moneda extranjera.

3.- Porque el retraso cambiario relativo – por devaluación inferior a la inflación real – es, a la vez, un componente básico de la lucha anti-inflacionaria como ancla de precios internos y medida en tándem con las altas tasas de interés locales (hoy del 23-24 % a nivel mayorista Badlar)  que garantizan los niveles de rentabilidad financiero-bancarias (la misma alianza fáctica de la Banca con la administración K).

El retraso cambiario y su correlato de altas tasas de interés locales – clave de las altísimas ganancias financieras por diferencia frente a las tasas internacionales – continuarían así siendo el eje de la política monetaria, cambiaria y bancaria de la nueva administración. Como puede observarse, todas – absolutamente todas – las acciones clave a desarrollar en el marco de un replanteo inmediato de la crisis de deuda argentina que deja el gobierno Kirchner serían así cubiertas con la colocación de más deuda. Notablemente, la política de pagos de la deuda externa sostenida a ultranza por la administración K, el traspaso de la deuda impagable como deuda intra-Estado (con tendencia a la licuación por impago y/o por sub-indexación), el vaciamiento de las reservas internacionales del BCRA para cancelar deuda en moneda extranjera, el aumento de las tasas de interés locales y el creciente déficit fiscal, son todos factores componentes de la política seguida durante la llamada década ganada que han terminado sirviendo al endeudamiento forzoso, presente y futuro, del Estado Argentino.

CONCLUSIÓN

El gobierno Kirchner ha batido récords de pago de la deuda del Estado. La presidenta CFK declaró en Setiembre de 2014 que desde el año 2003 su administración había pagado más de 190.000 MD (Millones de Dólares) en total por servicios de la deuda pública, fundamentalmente externa y con terceros. Sin contar todavía las deudas agregadas durante el corriente año 2015. Estos pagos se destinaron básicamente a cancelar deuda con terceros – acreedores privados y organismos financieros internacionales – a costa de la Deuda intra-Estado, es decir, usando recursos fiscales administrados por el gobierno para traspasar las deudas impagables al Estado Central. Tal política de pagos de la deuda – en el marco de un sistema de deuda perpetua, donde los vencimientos de capital se refinancian en su totalidad mientras se pagan los intereses y se toma deuda nueva – tuvo por finalidad desagotar los altísimos niveles de deuda externa que se arrastraban desde el default de fines de 2001 para volver a contraer más deuda. Con el agravante que ese mecanismo de pagos a ultranza seguido hasta sus postrimerías por el gobierno K – que vivió pagando y terminó debiendo más de lo que heredó (178 contra más de 270.000 MD) – se hizo bajo el falso mito del desendeudamiento.

Pocas veces en la historia reciente un engañoso discurso oficial sobre la deuda pública ha sido tan funcional a los intereses de los acreedores financieros del Estado.

Finale furioso, a toda deuda

Héctor Luis Giuliano 10.10.2015.
En el marco de la nueva crisis de deuda que vive la Argentina, la administración Kirchner viene multiplicando en las postrimerías de su gestión un aumento de las obligaciones del Estado que agrava y acelera esta crisis, y que potencia a la vez la pesada herencia financiera que le transmite al próximo gobierno. La política de re-endeudamiento y toma de nueva deuda deviene así la forma en que el gobierno “compra” su tiempo de supervivencia financiera y política, tratando que los efectos recaigan sobre la futura administración«

FINALE FURIOSO, A TODA DEUDA

Por Héctor L. GIULIANO  (10.10.2015)  

En el marco de la nueva crisis de deuda que vive la Argentina, la administración Kirchner viene multiplicando en las postrimerías de su gestión un aumento de las obligaciones del Estado que agrava y acelera esta crisis, y que potencia a la vez la pesada herencia financiera que le transmite al próximo gobierno. La política de re-endeudamiento y toma de nueva deuda deviene así la forma en que el gobierno “compra” su tiempo de supervivencia financiera y política, tratando que los efectos recaigan sobre la futura administración electa el 25.10. Y estos tiempos se aceleran porque el tiempo es función de la acción.En una semana, el gobierno K ha formalizado toda una serie de operaciones de endeudamiento con el objeto primario de seguir cubriendo los vencimientos de deuda con más deuda y de sostener el déficit fiscal creciente con más endeudamiento público.

VENCIMIENTO DE LOS BODEN 2015

El lunes 5.10 se pagó el Boden 15, bono que la administración de Néstor Kirchner emitiera en 2005, que fuera comprado por el gobierno Chávez de Venezuela y enseguida revendido en el mercado secundario. Según la información oficial del Ministerio de Economía (MECON), se abonaron 5.900 MD (Millones de Dólares) – 5.700 por capital y 200 por intereses – lo que determinó una caída de las reservas internacionales (RI) del Banco Central (BCRA) en unos 4.700 MD, debido a que el 60 % de los fondos (unos 3.500 MD) fueron girados inmediatamente al exterior y además se registraron ese día otras salidas de divisas por movimientos varios (como pago de importaciones y, antes, vencimiento de otro bono en moneda extranjera – de la provincia de Buenos Aires – por 800 MD más). La tasa de interés nominal del Boden 15 era del 7 % pero en su momento (al 2005) fueron colocados bajo la par, con un rendimiento para el tomador del orden del 15 % anual.

El peso de la fuerte caída de reservas producida por el pago de este bono – dado que no se pudo lograr el canje o refinanciación automática de los títulos debido a la reticencia de los compradores – forzó el desdoblamiento de la operación haciendo que el Estado Argentino pagase todo al contado (capital e intereses) y luego intentase reponer las divisas mediante la colocación de nuevas deudas.

NUEVO BONO BONAR 2020

Al día siguiente del vencimiento del Boden 15 el MECON colocó 669 MD del nuevo bono en dólares Bonar 2020. Si bien la licitación era por 500 MD, se aspiraba conseguir ofertas por 1.500 MD – es común que las licitaciones de bonos se hagan por montos mucho menores a los finalmente aceptados (entre otras razones, para poder mostrar luego suscripciones mayores a las “esperadas” como forma de exhibir supuesta confianza de los mercados) – pero en este caso los ofrecimientos fueron de 813 MD y de ellos se terminaron aceptando los 669 citados. El bono paga una tasa de interés en dólares altísima, del 8 % anual, que es incluso un punto más cara que la del Boden 15 y que se acerca así a la tasa del 8.28 % que pagan los Discount emitidos en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010. Con el agravante que, como el Bonar 2020 se colocó bajo la par – precio de corte al 95.2 % de su valor nominal – el rendimiento al comprador resulta del 9.4 %.

Es decir, que después de 10 años del supuestamente exitoso Megacanje K – hecho bajo condiciones de default generalizado – el mismo gobierno vuelve a tomar deuda en moneda extranjera a la misma o mayor tasa. El nuevo bono es a 5 años de plazo, con amortización de capital íntegra al vencimiento (bullet)  y pago semestral de los intereses. Si bien la identidad de los adquirentes es secreta – nunca se da a publicidad la identificación de los compradores de títulos públicos – trascendió que una gran parte de las compras (entre el 30 y el 50 %, según las versiones) habría sido hecha por la ANSES, que administra la plata de los jubilados.

NUEVO BONO BONAR 2017

Al día subsiguiente del vencimiento del Boden 15 el MECON colocó un segundo bono: el Bonar 2017 B+300. Esta sigla significa que el título – que es en pesos – devenga una tasa de interés variable Badlar más 300 puntos básicos, esto es, 3 puntos porcentuales de interés por encima de dicha tasa. La Badlar es la tasa mayorista interbancaria por depósitos superiores al millón de pesos colocados a plazo fijo a 30-35 días y el gobierno toma como referencia para el pago la tasa de interés Badlar Bancos Privados (actualmente del 21.63 %), que es mayor a la Badlar Total Bancos (20.75 %), que es la que incluye también la tasa de los Bancos Públicos (17.56 %). Lógicamente, estos diferenciales de tasa tienen fuerte incidencia en los pagos de servicios en función de los grandes montos colocados por el Estado.

En este caso, la Badlar Bancos Privados más 3 % resultó – al momento de la colocación del Bonar 17 – del 24.72 %, lo que significa que en 2 años se pagarán intereses por el equivalente a la mitad del importe colocado. Estos intereses se pagan en forma trimestral y el primer cupón se abona el 9.1.16. El gobierno – siguiendo la regla antes comentada – licitó un monto de 3.000 M$ (Millones de Pesos), obtuvo ofertas por 11.200 y terminó colocando 8.300 M$. El precio de corte – poco por debajo de la par – fue de 99.40 $ por cada 100 y el plazo del bono es a 2 años, bullet, con fecha de vencimiento el 9.10.17.

NUEVO BONAD 2017

El 8.10 el MECON también colocó el título Bonad 2017, un bono en pesos indexado por tipo de cambio (dóllar-linked) con vencimiento en Junio de ese año (plazo algo menor al bienio: Junio de 2017), bullet y tasa de interés 0.75 % sobre el valor ajustado del capital o principal de la deuda. El bono se suscribe y paga en pesos pero vinculado a la evolución del dólar – como seguro de cambio – más el interés correspondiente. Se licitó por valor de 500 MD pero las ofertas fueron de 446 y se terminaron aceptando 385 MD (aproximadamente 4.200 M$), con precio de corte 116.30 $ por cada 100. El pago de intereses es semestral, cayendo la primera cuota el 9.4.16.

PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

El día 8.10 el MECON informó también la aprobación de créditos por 1.500 MD por parte del Banco Mundial (BM) para la Argentina, para ser aplicados  este año a 7 proyectos. Estos préstamos se dan en el marco del nuevo programa de Estrategia de Alianza País (EAP) 2015-2018 – firmado en Setiembre de 2014 – por un monto total de 5.000 MD. El comunicado del BM habla, en realidad, de dos préstamos, uno para Salud y otro para Energías Renovables, por valor de 350 y 200 MD respectivamente. Una versión periodística (Clarín, 10.10) desmentía la información oficial de los 1.500 MD, diciendo que se trata no de un tramo extra sino de préstamos ya aprobados y en curso; y no por 1.500 sino por 550 MD.

De todos modos, el gobierno Kirchner ha suscripto en los últimos meses paquetes de acuerdos plurianuales de este tipo también con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con la Corporación Andina de Fomento (CAF). Como pasa con muchos de los préstamos de estos organismos financieros internacionales, es muy discutible el hecho que una parte de los mismos – que se otorgan obviamente en moneda extranjera – se utilice para pagar erogaciones locales en pesos (caso caminos, rutas, hidrovías, desarrollo rural y urbano, obras de saneamiento, hospitales, etc.) con el agravante que se utilizan incluso para financiar Planes Sociales. No se conoce la capacidad demostrada de repago de estos préstamos, que se renuevan permanentemente sobre la base de una relación entre concesiones y reembolsos.

DEUDA POR CEDIN Y BAADE

Paralelamente a la colocación de bonos convencionales, la administración Kirchner mantiene abierta indefinidamente la puerta al blanqueo de capitales, que implica no sólo la anomalía de una alternativa permanente de condonación de la evasión fiscal sino también un premio a los evasores a través de la renta percibida con la toma de títulos públicos.

DEUDA DEL BCRA

Un capítulo tanto o más graves que el aumento de la deuda del Tesoro Nacional es el paralelo sobre-endeudamiento también del Banco Central. La situación financiera del BCRA – a la que ya nos referimos en numerosas oportunidades – es crítica, desde el punto de vista que el banco (como la Tesorería) no tiene solvencia ni liquidez para poder afrontar sus pasivos ni recuperar sus acreencias:

a) Según el Balance resumido al 30.9 pasado las reservas internacionales brutas – 33.300 MD – quedan reducidas a sólo 10.400 MD de reservas propias cuando se le restan los 7.400 MD de encajes bancarios en moneda extranjera y los 15.500 MD de Otros Pasivos (constituidos fundamentalmente por el swap con China y préstamos del Banco Central de Francia y el BIS de Basilea).

b) Al Banco Popular de China se le deben hoy 11.000 MD por el swap o pase de monedas en curso – que ya ha sido utilizado en su totalidad y que se trata de préstamo financiero a corto plazo (12 meses) y tasa de interés 6-7 %. Y en este momento se negocia una ampliación el mismo por otros 2.000 MD.

c) Las reservas del BCRA se sostienen con deuda en moneda extranjera y comprando divisas con deuda en pesos, a través del mecanismo de Lebac/Nobac, que son también títulos a corto plazo con altas tasas de interés (del orden del 28-30 % anual). El stock de estas letras es actualmente de 369.000 M$ (equivalentes a 39.200 MD) y su renovación continua, todas las semanas, significa el costo que el banco paga por absorber el mismo dinero que emite para comprar reservas, el servicio al capital financiero que presta al mantener elevadas las tasas de interés de plaza y el subsidio a los fondos ociosos del sistema bancario

d) El BCRA tiene el 65 % de su Activo – 99.100 MD – prestado al Tesoro, básicamente para que éste pague deuda externa y financie el déficit fiscal creciente: 68.100 MD que están constituidos por Letras Intransferibles recibidas como “vales de Caja” contra retiro de reservas para el pago de la deuda extranjera y 31.000 MD (en pesos) son Adelantos Transitorios para sostener parte del déficit fiscal con emisión monetaria.

e) Las letras intransferibles – a diez años de plazo – empiezan a vencer a partir del 3.1.16. La primera corresponde al pago de los 9.580 MD al FMI en Enero de 2006 y ya está previsto y autorizado que se renueve con otro documento similar.

En todos los casos, no existe posibilidad de que el Tesoro pueda devolver los fondos prestados al BCRA ni que éste pueda cancelar sus pasivos por deudas en moneda extranjera y en pesos, como no sea tomando nuevas deudas.Puede darse, como alternativa, que el gobierno vaya reemplazando paulatinamente la toma de deuda por parte del BCRA por deuda directa del Tesoro, que convierta así – total o parcialmente – la masa de deuda de las Lebac/Nobac en deuda del Fisco, bajo Letras del Tesoro u otros títulos públicos a más largo plazo, o cualquier otra variante; pero todas ellas implican lo mismo: más deuda.

DEUDA PÚBLICA DE LAS PROVINCIAS

Otro rubro relevante de deuda pública es el que corresponde a las provincias, muchas de las cuales están fuertemente endeudadas – CABA, Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza y Neuquén – afrontando vencimientos con emisión de nuevas deudas y buscando colocar deuda adicional en el mercado local e internacional. Recientes vencimientos de deudas provinciales internas y externas, recolocaciones de deuda a tasas elevadas y negociaciones en curso para un aumento adicional del stock de las mismas auguran con base cierta la nueva ola de endeudamiento que abarca también a los estados subnacionales (provincias/municipios). La deuda consolidada de las provincias no está actualizada: el último informe del MECON es al 30.6.14 y daba entonces un total de 182.000 M$ (equivalente entonces a unos 22-23.000 MD) pero se desconoce a cuánto asciende en la actualidad (lo mismo que la deuda pública del Estado Central, cuya última información es al 31.12.14).

DEUDA PÚBLICA NACIONAL

Por falta de información oficial al respecto, no se pueden consignar aquí – ni siquiera por aproximación – los montos de endeudamiento correspondientes a Empresas del Estado, Organismos Nacionales, Fondos Fiduciarios, Municipios del país y Juicios contra el Estado con sentencia en firme.

DEUDA CON LOS HOLDOUTS

Si bien el MECON – en su último Informe de Deuda Pública, al 31.12.14 – consigna que la deuda con los bonistas que no entraron en el Megacanje 2005-2010 suma entre capital e intereses 11.600 MD, estimaciones realistas elevan esta cifra a 20-30.000 MD, contando capital, intereses acumulados, punitorios, honorarios y gastos. El desacato argentino ante el fallo Griesa agrava cada día la situación legal y financiera del país, por lo que las cuentas a pagar están creciendo en forma relevante.

La cuestión de los holdouts es un derivado del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 – que dejara miles de millones en bonos afuera porque se trataba de un “canje voluntario” e incompleto – de la conformidad del gobierno K con los intereses de los acreedores al no cuestionar la legitimidad de las acreencias ni la condición de los tenedores; y  de las propias torpezas y contradicciones técnicas y políticas de su administración, como la Ley Cerrojo 26.017 y su desubicación frente a los tribunales cuya jurisdicción aceptara. Tal como están las cosas, los totales a pagar por la cuestión de los holdouts – que se siguen acumulando –  amenazan llevar a una nueva reestructuración de deuda argentina, fácticamente a cargo del mediador Pollack.

Hasta aquí el cuadro resumido de situación de las novedades relevantes producidas durante la semana que pasó y los datos de referencia sobre el contexto de endeudamiento generalizado del Estado que deja la administración Kirchner. Estos son los hechos y las realidades frente al mito oficial del des-endeudamiento público, que el gobierno trata porfiadamente de mantener hasta el próximo fin de su mandato, así como oculta el altísimo costo financiero creciente del verdadero endeudamiento que sigue produciendo y de su peligrosa nueva concentración del perfil de vencimientos de la deuda con terceros.

La política de pagos a ultranza por parte de la administración K es la característica más importante de toda su gestión en materia de deuda: es el gobierno que más deuda ha pagado en la historia argentina (entre 180 y 190.000 MD) pero a la vez el que más deuda ha venido aumentando (150-175.000 MD en 2005 contra 260-300.000 MD estimables a la fecha). La descarga así de gran parte de la deuda pública con terceros – acreedores privados y organismos multilaterales de crédito – a costa de pasarle la deuda impagable al propio Estado (ANSES, BCRA, BNA y toda una serie de entes oficiales que han sido “empapelados” con títulos sin capacidad alguna de repago) viene cumpliendo el rol funcional de haber usado la Deuda intra-Estado como “préstamo-puente” para retornar al mercado internacional de capitales, precisamente para volver a tomar nueva deuda externa.

La deuda intra-Estado deviene así, en la práctica, uno de los más grandes servicios que la administración Kirchner haya venido prestando al capital financiero – local y global – al amparo del mito del desendeudamiento, para volver a endeudarse.-