Pueblo Argentino vs. Corporaciones transgénicas y agrotóxicas

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Daniel Sallaberry (04.03.2017)
Avanza la demanda colectiva presentada por un grupo de abogados en representación del pueblo argentino contra 14 corporaciones y el Estado por daño ambiental. Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow, Dupont, Nidera, Bioceres y otras siete corporaciones fabricantes semillas trangénicas y agrotóxicos, junto al Estado nacional y tres provincias, tienen 15 días para demostrar que no produjeron perjuicios (…)

 

Pueblo Argentino vs. Corporaciones transgénicas y agrotóxicas

Entrevista Al Dorso al Dr. Daniel Sallaberry  (04.03.2017)

 

NOTA ADJUNTA: lavaca.org

Avanza la demanda colectiva contra 14 corporaciones y el Estado por daño ambiental

Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow, Dupont, Nidera, Bioceres y otras siete corporaciones fabricantes semillas trangénicas y agrotóxicos, junto al Estado nacional y tres provincias, tienen 15 días para demostrar que no produjeron perjuicios por la liberación incontrolada de organismos genéticamente modificados. Esa fue la notificación que recibieron según una inédita demanda colectiva que les sigue desde junio de 2015 por daños ambientales. 

Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow, Dupont, Nidera, Bioceres y otras siete corporaciones productoras de semillas trangénicas y fabricantes de agrotóxicos ya han sido notificadas de la inédita demanda colectiva que se les sigue desde junio de 2015 por daños ambientales y morales –entre otros- producidos por lo que la presentación llama “liberación incontrolada a campo abierto de OGM (organismos genéticamente modificados, o transgénicos)”. Entre los demandados también se encuentran el Estado Nacional y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santiago del Estero. Así se logró invertir la carga de prueba: ““Ahora los notificados deben contestar y presentar pruebas de que lo que hacen es inocuo” explicó a lavaca Daniel Sallaberry, uno de los abogados que impulsa la causa.

A partir de haberse notificado, las corporaciones y el Estado tienen 15 días hábiles para responder a esta demanda que solicita, por ejemplo:

  • que se ordene al Poder Ejecutivo suspender la comercialización de soja transgénica y la “liberación incontrolada” de estos productos a camp abierto,
  • que se suspenda provisionalmente la autorización de todos los eventos transgénicos hasta que exista una determinación científica sobre la inocuidad de los mismos,
  • en defensa de los consumidores, que se disponga el etiquetado obligatorio “perfectamente visible y destacado al ojo humano” de los productos alimenticios de venta masiva que contengan derivados de OGM.
  • que se suspenda en todo el país la aplicación de agrotóxicos utilizados para el cultivo de transgénicos hasta que científicamente se demuestre la inocuidad de los mismos para el ambiente, los ecosistemas y la salud de los seres vivos.

DICTAMEN FISCAL FEDERAL PARA DESCARGAR: Fiscal-federal-Fabian-Canda-recurso-de-apelacion

Sallaberry, junto a los abogados Santiago Kaplun, Jorge Mosset Iturraspe, Graciela Vizcay Gómez, Horacio Belosi y Miguel Araya representan a un grupo de víctimas de los efectos de las fumigaciones. Pero esas víctimas están representando a su vez a toda la ciudadanía argentina a través de la demanda colectiva o “acción de clase”  que habilita a juicios masivos, según suele ser práctica en países como Estados Unidos.

“La ‘clase’ afectada, en este caso, es toda la comunidad” explica Sallaberry: “La jueza Claudia Rodríguez Vidal reconoció a los demandantes idoneidad y representación para actuar en nombre de la totalidad de la población argentina como afectados por las fumigaciones, pero también en su carácter de consumidores de alimentos transgénicos de los que no se conocen sus efectos, por ejemplo, entre otros derechos humanos básicos que resultan afectados por esta matriz productiva”.

Suspensión de fumigaciones

La demanda se inició ante la Corte Suprema de Justicia, que la derivó al Jugado Nacional Nº 3 en lo Contencioso Administrativo Federal, encabezado por la jueza Rodríguez Vidal. Los abogados solicitaron una medida cautelar para que se suspendan las fumigaciones en todo el país, lo cual fue rechazado por la jueza.

Pero en diciembre de 2016 el fiscal federal Fabián Canda apeló ese rechazo y ratificó el pedido de la demanda: suspensión total de las fumigaciones. Y aclara que si no se hiciera lugar a la cautelar, se solicita que se suspendan provisoriamente todas las fumigaciones aéreas mientras se resuelve el juicio, y que las fumigaciones terrestres de todo producto con glifosato se realicen a más de 5.000 metros de las zonas urbanas, municipios, asentamientos, poblaciones, escuelas rurales, huertas, centros apícolas, ríos, arroyos, lagunas, cursos y espejos de agua, así como de pozos de extracción de agua para consumo humano. L apelación deberá ser resuelta por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 3.

La demanda busca además condenar al Ejecutivo Nacional, en particular a la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, CONABIA, y al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, por incumplimiento del deber de control. “Tanto el Estado como las empresas demandadas, conocedoras de la realidad y del imperio de la relación costo-beneficio, idearon un sistema perverso que posibilitó externalizar el costo de la degradación y contaminación ambiental”, dice la presentación. El rol estatal en estas materias no ha cambiado desde que se inició el caso, gestión Cristina Kirchner, hasta ahora.

La demanda colectiva completa contra 14 corporaciones y el Estado por daño ambiental: DEMANDA-COLECTIVA-GIMENEZ-A-Y-OTROS-v1.6f

Cómo reparar el daño

Los demandantes exigen que se condene a las multinacionales biotecnológicas, semilleras y químicas, productoras y comercializadora de OGM.

  • A la recomposición “de la totalidad de hectáreas sembradas con OGM” (…) mediante la contratación de personas o instituciones especializadas para que diseñen y pongan en marcha un plan de recuperación y regeneración”.
  • En los casos en que no sea posible la recomposición de bienes dañados (suelo, agua, fauna, flora), se las obliga a contribuir monetariamente a un fondo de compensación ambiental o fideicomiso, que se podrá calcular de acuerdo a los sistemas de monetarización internacionales del daño ambiental para compensar las pérdidas por un período mínimo de 50 años. La demanda propone destinar el fideicomiso a poner en marcha Planes Agrarios Integrales del INTA, como el de 2001/2003, que no se llevaron a cabo y que contemplan la “sostenibilidad ecológica y social”.
  • Frente al daño moral colectivo se propone un resarcimiento mediante una obra directamente relacionada con el patrimonio social-cultural colectivo, para lo que se propone un Plan Maestro Ferroviario que reconstruya toda la red ferroviaria nacional, renovar sus edificios, estaciones, vías y trenes. Beneficios: miles de empleos; incorporación y creación de nuevas áreas productivas alejadas de los centros de consumo; mejora con respecto al sistema de transporte terrestre anacrónico, riesgoso y altamente contaminante; integración efectiva del territorio nacional; generación de una elevada rentabilidad social al reducir los accidentes mortales, disminuir los costos de fletes un 20% y acortar un 30% los tiempos de viaje.
  • Se propone también una condena en concepto de “daño punitivo” equivalente en monto al daño moral, una especie de multa o indemnización. Explica Sallaberry: “El daño punitivo ocurre cuando se daña a otro a sabiendas y sin importarle el prójimo, y la idea es que se transmita un mensaje de reprobación a las violaciones de derechos humanos y a evitar que estos hechos se repitan”.

El valor económico de esa sanción podría basarse en las ganancias de las multinacionales en estos años (hay estimaciones que ponen esa cifra en unos 80.000 millones de dólares) o en ideas como la de reinstalar toda la red ferroviaria argentina, que se calcula en unos 4.000 millones de dólares. Sallaberry: “No hacemos el cálculo, ya nos pasó en la Causa Riachuelo (en la que intervinieron los cinco abogados varones que promueven ésta) en la que ante un pedido de equivalencia, propusimos crear un corredor verde desde el Riachuelo a Ezeiza”.

Otro argumento del abogado: “Las empresas demandadas y el propio Estado, vía el Ministerio de Agroindustria, quieren descalifican nuestra demanda diciendo que nos oponemos a la biotecnología y su desarrollo y a los avances científicos para paliar el hambre en el mundo o bien combatir enfermedades. Nada más alejado de la realidad. La demanda no es contra la investigación científica desarrollada en laboratorio para tales fines; nuestra demanda va contra la siembra a campo abierto y sin control de 30 millones de hectáreas fuera de laboratorio o campos de experimentación, y las fumigaciones que en cada campaña derraman más de 300.000.000 de litros de agrotóxicos, o sea veneno, sobre 12.000.000 de personas de población rural.

¿Y el progreso?

Sobre el tema del progreso supuesto, Sallaberry cita directamente a la Corte Suprema: “La tutela o preservación del ambiente no significa detener el progreso, sino por el contrario, hacerlo más perdurable de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras”.

Otra idea: “Acá se está afectando a un todo, a una comunidad. Eso no es progreso. Ni es progreso que ni siquiera podamos leer en un envase si el producto contiene transgénicos, como para al menos optar libremente si quiero o no consumir. Y si no me quedo corto, estamos hablando del 90 % de lo que comemos en el país”.

A mediados de marzo se cumplirán los días previstos para que las empresas y el Estado respondan a la notificación. “No hay estudios de impacto ambiental, son ellos los que deberían contar con pruebas sobre la inocuidad de lo que hacen. Nosotros mientras tanto hemos mostrado todos los trabajos y estudios, incluyendo los del propio Estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente en 2008, en los que se plantea que el monocultivo de soja es perjudicial para el ambiente, produce desforestación, desertificación, despoblamiento”.

Entre las curiosidades del caso puede contarse que una causa de semejante envergadura, no ha tenido casi repercusión mediática. “Es que los medios convencionales promueven el modelo que estamos cuestionando en esta demanda”. En un signo de coherencia, el silencio abarcó a los medios convencionales tanto oficialistas como opositores, de antes y de ahora.

A mediados de marzo tanto el Estado como las empresas demandadas deberían haber contestado y presentado pruebas que demuestren que no existe daño ambiental. Sallaberry: “Veremos qué hacen. Ahí va a comenzar la gran batalla”.

 

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La ética en la tecnociencia ¿avance o retroceso?

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Alicia Massarini 26.11.2016.
El paradigma tecnocientífico arribó a las universidades y al mercado, y con él, los cuestionamientos a su estructura de conocimiento, donde la ética y lo social parecen quedar por fuera de la formación científica (…)

 

La ética en la tecnociencia ¿avance o retroceso?

Entrevista AL DORSO (26.11.2016)

El paradigma tecnocientífico arribó a las universidades y al mercado, y con él, los cuestionamientos a su estructura de conocimiento, donde la ética y lo social parecen quedar por fuera de la formación científica.  Entrevistamos a  Alicia Massarini, Dra. en Ciencias Biológicas (UBA) e investigadora del CONICET  sobre el «para qué» y el «para quién» de la ciencia.

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Un tribunal internacional juzgó a Monsanto en La Haya

Agronegocios, Entrevistas Agronegocios, Extractivismo, Maldesarrollo y extractivismo, Notas Agronegocios, Notas destacadas agronegocios, Notas destacadas extractivismo, Novedades

Damián Verzeñassi 22.10.2016.
El único médico latinoamericano comentó su participación como testigo del Tribunal Internacional Monsanto . Recogiendo el guante del fallecido investigador Andrés Carrasco, se enfocó en las conclusiones del estudio de la salud de 96 mil personas de 27 localidades de cuatro provincias agropecuarias argentinas (Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos).

 

Un tribunal internacional juzgó a Monsanto en La Haya

Entrevista AL DORSO (22.10.2016)

Notas.org.ar

Un tribunal internacional juzgó a Monsanto en La Haya

Víctimas de agrotóxicos, médicos, agricultores, abogados y jueces de todo el mundo se reunieron del 14 al 16 de octubre en La Haya, Países Bajos, en el Tribunal Internacional Monsanto para enjuiciar simbólicamente a la compañía estadounidense por crímenes contra la humanidad. ¿El objetivo? incorporar la figura de “ecocidio” al Estatuto de Roma, que dicta las normas del Código Penal Internacional, sobre la base de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos adoptados por la ONU en 2011.

“La única forma para que Monsanto siga con su negocio es legalizando el genocidio”, dijo en La Haya Juan Ignacio Pereyra, argentino, abogado e integrante de RENAMA, una red que nuclea a municipios y comunidades que fomentan la agroecología. Pereyra explicó a Notas que “si la gente no exige, la Justicia no camina en ninguna parte del mundo. Por eso nos juntamos en este tribunal, para dar a conocer las pruebas de que Monsanto no solo daña masivamente bienes esenciales, sino que causa consecuencias graves, tanto en el ambiente como en la salud, que perduran por generaciones”.

Si bien este tribunal no es un foro judicial que pueda condenar efectivamente, encuentra legitimidad en sus orígenes desde la sociedad civil. Es convocado, entre otros, por la documentalista Marie-Monique Robin y la ecofeminista Vandana Shiva para visibilizar la evidencia científica acerca de cómo Monsanto, ahora aliada con Bayer, impuso una lógica de destrucción del ambiente y de familias enteras, como el alumno más aplicado del sistema neoliberal. François Tulkens, presidenta del jurado integrado por otras dos juezas y dos jueces, reveló que esperaban emitir una “recomendación” hacia fines de este año para que aporte al avance de la legislación internacional en términos de derechos humanos y ambientales.

De los 30 testigos que pasaron por el tribunal, cuatro fueron argentinos: María Liz Robledo, mamá de Martina, que nació con una malformación congénita a causa del contacto con agrotóxicos; Diego Fernández, un productor que centró su alegato en la rentabilidad y sustentabilidad de la agroecología; el ya mencionado Juan Ignacio Pereyra y el único médico latinoamericano del tribunal, Damián Verzeñassi quien, recogiendo el guante del fallecido investigador Andrés Carrasco, se enfocó en las conclusiones del estudio de la salud de 96 mil personas de 27 localidades de cuatro provincias agropecuarias argentinas (Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos).

“Es una muestra realmente significativa. Con toda esa información hoy sabemos que en esas localidades hay una misma forma de enfermar y de morir prácticamente sin diferencias entre unas y otras, que no es la misma que a nivel nacional, ni es la misma que hace 20 años”, explicó Verzeñassi desde La Haya. Y agregó: “Cuando buscamos un factor común entre las localidades encontramos que esas localidades son, desde hace 20 años, territorios de producción de eventos transgénicos dependientes de veneno y que todas las poblaciones coinciden en el tiempo con la instalación de este modelo, por lo que empiezan a aparecer abortos espontáneos, malformaciones congénitas, problemas endócrinos, respiratorios, dermatológicos, y cáncer”.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la OMS, declaró al glifosato como “potencialmente cancerígeno” al ubicarlo en el grado “2A” de la escala de agentes que generan cáncer, pero en el Tribunal se dieron pruebas suficientes como para situarlo en la primera categoría. Es decir, definitivamente “cancerígeno”. “Esto ya no puede pasar desapercibido para la autoridad sanitaria”, se queja -sin exagerar- Verzeñassi para quien sin embargo “lo que define la política en el mundo entero no es la salud pública sino la necesidad del mercado. No tenemos siquiera soberanía para definir como queremos vivir”.

La Asamblea de los Pueblos: problemas y reclamos semejantes en todo el mundo

Mientras se desarrollaba el juicio se escuchaban los debates y las proclamaciones de la Asamblea de los Pueblos, un espacio organizado también en la ciudad holandesa para el intercambio entre activistas ambientales, organizaciones de la sociedad civil, guardianes de la semilla, agricultores, comunicadores y periodistas de India, Brasil, Argentina, Canadá, Italia, Burkina Faso y Australia, por enumerar algunos países. El objetivo fue gestar “las acciones necesarias para un futuro basado en el derecho de los agricultores de conservar e intercambiar las propias semillas, sobre la autodeterminación de la alimentación, sobre la agro-ecología, sobre nuestros bienes comunes y sobre la economía de la solidaridad”, además de los derechos de la naturaleza y la democracia de la tierra, según se publicó en el sitio web oficial.

Ana Bróccoli, ingeniera agrónoma y docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA y asambleísta en La Haya, aseguró que “desde la revolución verde de los 60, y con el auge de los agronegocios que explotó en la década del 90, vemos que la lucha contra las corporaciones nos hermana con los demás países. Tenemos la necesidad de trabajar en conjunto con los campesinos, mantener nuestras identidades, rescatar y compartir conocimientos ancestrales en contrapartida”.

Al calor del debate en contra del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), los asambleístas de este continente asentaron en la llamada “Declaración Latinoamericana” su repudio al agronegocio y a los “actos de biopiratería” que permite el “poder político en su mayoría”. En varios puntos se exhorta a los gobiernos a apoyar el reconocimiento de la figura de “ecocidio” y a cumplir el principio de “no regresión” de las normas de protección ambiental.

Gabriela Franchini – @gabyfranchini

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¿Se viene la nueva Ley de Semillas?

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Carla Poth 15.10.2016.
Esta semana el Gobierno Nacional presentó el proyecto de ley que intentará regular el mercado de semillas.  La licenciada Carla Poth analiza la problemática económica,  social, política y ambiental que trae consigo un proyecto de ley a la medida de las corporaciones agrarias. 

 

¿Se viene la nueva Ley de Semillas?

Entrevista Al Dorso (15.10.2016)

 

Nota ADJUNTA: 


Por qué hay que rechazar la nueva ley Monsanto de semillas del macrismo

La reforma de la Ley de Semillas que promueve el gobierno de Macri busca reconfigurar los mecanismos de producción y propiedad de las semillas. Una discusión a espaldas de los reales afectados.

Carla Poth (Espacio de Lucha Territorial Río Bravo 22/07/2016)

Hace unas semanas el Ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile comunicó que en breve se haría público el anteproyecto elaborado desde esta cartera para la modificación de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, vigente desde 1973.

Este es uno de los muchos intentos de modificación que, desde 2012, buscan reconfigurar los mecanismos de producción, comercialización y propiedad de las semillas en nuestro país. Una vez más, y como en todos los intentos anteriores, la discusión de este proyecto ha sido generada a espaldas de quienes seremos directamente afectados.

Se podría pensar que la reforma de esta ley de semillas es un cambio más entre las múltiples leyes y programas lanzados para el agro, primero por el kirchnerismo y ahora por las políticas macristas. Sin embargo, observaremos que en este debate hay cosas más grandes en juego. Porque la semilla es uno de los bastiones de un modelo de agronegocio que ha reconfigurado las formas de acumulación del capital en el agro en los últimos 40 años, desplegando nuevas estrategias de explotación y dominación hacia las clases trabajadoras.

¿De qué hablamos cuando hablamos de agronegocio?

El agronegocio es un modelo de producción a escala global que supone la implementación de renovados mecanismos de apropiación de la naturaleza, las semillas y las vidas humanas.

Con una estructura concentrada en pocas empresas que realizan la siembra, recolección, almacenamiento y comercialización, el modelo del agronegocio se constituye en una cadena agroalimentaria que se encuentra controlada por grandes empresas transnacionales productoras de los insumos centrales del modelo agrario: las semillas genéticamente modificadas asociadas a los agroquímicos.

Hoy Monsanto, Dupont, Bayer, Syngenta, Basf y Dow Agrosciences controlan el 60 % del mercado global de semillas y el 76 % del mercado mundial de agroquímicos, definiendo las dinámicas de producción de las regiones agrarias en todo el globo.

En Argentina este modelo se consolidó en 1996 cuando, luego de la generación de una serie de regulaciones para la liberación de semillas transgénicas, Felipe Solá aprobó la soja Roundup Ready, resistente al herbicida glifosato de la empresa Monsanto que se esparció entre los productores.

A partir de allí, en un abrir y cerrar de ojos, este cultivo pasó de sólo 4 millones de hectáreas sembradas, a cerca de 9 millones en la campaña 1997/98, superando las 20 millones de hectáreas en 2015, transformando a la Argentina en el tercer productor mundial de transgénicos, luego de Estados Unidos y Brasil, con más de 30 nuevas semillas genéticamente modificadas para el uso agrario (de soja, algodón, maíz y papa). Todas ellas tolerantes a agroquímicos.

El resultado de esta expansión ha sido la eliminación de más de dos millones de hectáreas de bosques nativos, la sustitución de cultivos centrales para nuestra alimentación como el girasol, y el desplazamiento de la ganadería, y el consecuente encarecimiento de los alimentos. Ha consolidado un proceso migratorio de los pequeños productores agrarios expulsados de sus tierras hacia los cordones más pobres de las grandes urbes y ha eliminado sistemáticamente el empleo rural (requiere de dos trabajadores por cada 500 has de producción) contribuyendo a su precarización.

Finalmente ha construido un genocidio silencioso que afecta a un tercio de la población argentina (13 millones de habitantes de áreas rurales) con enfermedades como alergias, cáncer, abortos espontáneos y deformaciones.

El agronegocio como política de Estado

Este modelo se ha expandido, consolidado y profundizado a través de una serie de políticas de Estado que, desde la década del 90, muestran la connivencia sistemática de los diversos gobiernos con el agronegocio.

Ayer fueron Néstor Kirchner y Cristina Fernandez los presidentes que, con el Programa Estratégico Agroalimentario 2010-2020 buscaban incrementar las hectáreas y toneladas producidas. Fueron quienes perpetraron la represión constante a las comunidades indígenas Qom que reclamaban sus territorios expropiados para la producción sojera.

Ellos promovieron la constitución de un sistema científico (con Lino Barañao como Ministro de Ciencia y Tecnología) que promovió la producción de semillas transgénicas según las necesidades de las grandes empresas biotecnológicas, consolidó la privatización del conocimiento a través de convenios y patentes y persiguió a los investigadores que denunciaron las enfermedades provocadas por este modelo. Fueron la cabeza de un gobierno que permitió los sicarios que asesinaron a Cristian Ferreyra, luchador campesino.

Hoy Mauricio Macri es el presidente que ha incentivado la expansión del modelo a través de la reducción de las retenciones agrarias que han garantizado la multiplicación de las ganancias concentradas. Es el presidente que apuesta, a través de la ratificación del ministro kirchnerista, a la continuidad de una ciencia que siga callando una verdad a voces: la ganancia se las llevan unos pocos, la enfermedad, el hambre y la muerte nos las quedamos nosotros. Es el presidente que se ufana de insertarnos al mundo, obligando a profundizar los mecanismos de expropiación de nuestros recursos, consolidando más derechos de propiedad intelectual. Es el presidente que busca acabar la tarea iniciada hace cuatro años: reformar definitivamente la ley de semillas al dedillo de las grandes corporaciones.

Por qué es una necesidad decirle NO a la nueva ley de semillas

Si el proyecto presentado por el Ministerio de Agricultura se aprobara, este modelo de producción encontraría las bases para continuar expandiéndose. Y con ello, la posibilidad de generar alimentos de una manera económica, política y ecológicamente sustentable habría desaparecido.

Esta ley erosionaría el derecho de los productores de guardar sus propias semillas, volviendo ilegales prácticas campesinas milenarias, ejerciendo el poder de policía sobre la diversidad alimentaria. Así, esta red que ha sido la fuente de más del 70% de la comida que consume la humanidad, el sustento básico de las clases trabajadoras y los más pobres de este mundo, sería desarticulada.

Y con esto, nuestra soberanía alimentaria, entendida como el derecho a una alimentación sana, equilibrada, suficiente y culturalmente apropiada, sería una reivindicación sin futuro. La posibilidad de pensar en un mundo de igualdad y sin cadenas, se vería en el tacho. Porque mientras las clases explotadoras tienen dinero para comprarse alimentos sumamente costosos sin agrotóxicos; nosotros, que a duras penas llegamos a fin de mes, tenemos que comer los alimentos fumigados con más de 300 millones de litros de agrotóxicos al año. Mientras ellos pueden elegir vivir sanamente, las clases trabajadoras enfermaremos y moriremos con glifosato en sangre (entre otros agrotóxicos como glufosinato, 2-4D, etc) y seguiremos comiendo esos millones de litros de venenos, que encontramos en las verdulerías, en los kioscos, en los comedores de escuelas.

La lucha contra la privatización de las semillas es mucho más que la lucha contra el agronegocio. Es mucho más que la lucha por un ambiente sano, o por el resguardo de la semilla. Es la lucha contra un sistema capitalista que busca oprimirnos, controlarnos y dominarnos, imponiendonos formas de enfermar, y de morir, haciendonos descartables. Es la lucha por nuestra propia vida, la de nuestros compañeros y nuestros hijos.

Por esto, decirle no a la reforma de la ley de semillas requiere del trabajo y el esfuerzo mancomunado de todas nuestras fuerzas políticas. Las luchas de las Madres del Barrio de Ituzaingó Anexo, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, de la Asamblea Malvinas lucha por la vida, las organizaciones campesinas y los cientos de asambleas y organizaciones, en nuestro país y en todo el continente, nos vienen marcando el camino para avanzar en la construcción de formas productivas y políticas emancipatorias. Las experiencias de Colombia, Chile y Perú, que ya rechazaron las reformas a sus leyes de semillas, nos muestran que la unidad de la fuerza lleva a buenos puertos.

Es nuestro desafío y responsabilidad trabajar en las escuelas, en las universidades, en los barrios, en las fábricas, en las calles en pos de comprender que alimentarse debe ser un sinónimo de alimentarse sanamente, que decidir qué comer es también un acto político en el que se ponen en juego formas de explotación… o formas de emancipación. La lucha de clases debe contener, problematizar y enriquecer estas cuestiones que se vuelven centrales para la subsistencia de las clases trabajadoras. Porque de este principio depende, incluso, nuestra propia capacidad de seguir luchando por un mundo sin cadenas.

* El Espacio de Lucha Territorial Río Bravo forma parte de la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas (noalanuevaleymonsantodesemillas@gmail.com)

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Monsanto se va de Malvinas Argentinas

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Sofía Gatica 06.08.2016.
Entrevista a Madres de Ituzaingó sobre le triunfo de la lucha popular ante la decisión de la multinacional Monsanto de retirarse y no construir su planta en la localidad de Malvinas Argentina, en la Provincia de Córdoba. 

 

Monsanto se va de Malvinas Argentinas

Al Dorso (06.08.2016)

(Izquierda Diario) Luego de varios rumores se confirmó la venta del predio de Malvinas Argentinas y la relocalización de los materiales a la planta de Rojas. Mal negocio y protestas como principales causas. Así lo confirmó una fuente de la empresa al periodista especializado Patricio Eleisegui. La multinacional norteamericana a través de una contratista comenzó con el desmonte de las instalaciones construidas en Malvinas Argentinas para llevarlas a su planta actual de procesamiento de maíz en Rojas, Provincia de Buenos Aires. También confirmó la puesta en venta del predio de 30 hectáreas.

La fuente sostuvo que “la pauta de procesamiento de la planta estaba en el orden de los 3,5 millones de hectáreas de maíz y en los últimos año apenas se pasó de los 2,5 millones». «Una inversión así no tiene sentido desde el punto de vista del negocio. Con las instalaciones que hoy Monsanto posee en Rojas, en la provincia de Buenos Aires, la compañía puede operar con tranquilidad. Es más: como están las cosas, probablemente alcance sólo con esa planta de maíz por los próximos cinco años”, añadió.

Fue en el año 2012 desde Nueva York en que la por entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner tras un acuerdo con el directorio de Monsanto anunciaba la construcción de la más grande planta procesadora de semillas de maíz de América Latina. Un proyecto sostenido en una inversión por $ 1.500 millones de pesos. Sin embargo fue el propio modelo de producción agrícola sostenido por el kirchnerismo el que en parte puso fin al proyecto de la multinacional. Eleisegui sostiene tras su diálogo que la imposición de un esquema de retenciones orientado a potenciar el monocultivo de soja poco a poco rompió la sintonía que la compañía logró fijar con el gobierno de Cristina Fernández.

Otro de los elementos que reconoció la fuente de la empresa que la hizo retroceder fue la de la resistencia ambientalista, que pasó a ocupar el predio de Malvinas Argentinas para impedir la construcción de la planta, como así también que se movilizó en todo el país en solidaridad con la ocupación y en rechazo la multinacional biotecnológica.

Según Eleisegui la fuente de la empresa indicó que el bloqueo llevado a cabo por vecinos y ambientalistas en general, que hasta el día de hoy acumula más de dos años de impuesto y frenó por completo la entrada de los materiales que requiere la construcción, también pesó a la hora de evaluar la continuidad de la inversión: “no se pudo avanzar con la planta y eso también influyó”, aunque “lo más trascendente fue que el negocio cambió y dejó de ser conveniente para Monsanto”.

 

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Ley de semillas a la medida de Monsanto

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Carla Poth 23.07.2016.
El gobierno de Macri presentó un nuevo proyecto de ley para regular la producción, apropiación y comercialización de semillas. La normativa en la que trabaja el Ministerio de Agroindustria responde a las exigencias y designios de Monsanto. El peligro y los riesgos de la privatización de los alimentos y la vida ante el cambio del marco regulatorio de semillas en la Argentina.  

 

Ley de semillas a la medida de Monsanto

El gobierno de Macri presentó un nuevo proyecto de ley para regular la producción, apropiación y comercialización de semillas. La normativa en la que trabaja el Ministerio de Agroindustria responde a las exigencias y designios de Monsanto. El peligro y los riesgos de la privatización de los alimentos y la vida ante el cambio del marco regulatorio de semillas en la Argentina.

Al Dorso (23.07.2016)

 

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Tierras VIP

Entrevistas Agronegocios, Maldesarrollo y extractivismo, Notas Agronegocios, Notas destacadas agronegocios

Franco Ciancaglini 23.07.2016.
Las fincas y sociedades que lle­nan el mapa del norte de Salta llevan el sello de la familia Macri. Distintas firmas de amigos como Nicolás Caputo, de socios como Eduardo Elsztain y de la empresa familiar SOCMA aparecen en de­claraciones juradas, catastros provinciales y rumores norteños en dos departamentos que limitan con Bolivia y Paraguay y, hacia adentro, con Chaco y Formosa.

 

Tierras VIP

Al Dorso (23.07.2016)

Las fincas y sociedades que lle­nan el mapa del norte de Salta llevan el sello de la familia Macri. Distintas firmas de amigos como Nicolás Caputo, de socios como Eduardo Elsztain y de la empresa familiar SOCMA aparecen en de­claraciones juradas, catastros provinciales y rumores norteños en dos departamentos que limitan con Bolivia y Paraguay y, hacia adentro, con Chaco y Formosa. Son los es­tratégicos departamentos de Rivadavia y General San Martín. En esa zona de triple frontera estas empresas declaran que pro­ducen porotos y soja, productos que ex­portan a Latinoamérica y a China. Para po­der cultivarlos, pidieron rezonificar para desmontar. Lo lograron, por eso tienen denuncias de pueblos originarios y de Greenpace. Así, afirman sus cuentas, lo­graron facturar millones desde fines de los años noventa.

Las tierras del Newman

En su última declaración jurada, la primera como presidente, Mauri­cio Macri declara la co-titularidad de 373 hectáreas en el Departamento Riva­davia, Salta, adquiridas en 2015, plena campaña presidencial.

El Presidente declaró que el campo tie­ne 7.736.131 metros cuadrados, es decir al­rededor de 373 hectáreas, y que él posee el 18,69% de la propiedad. La compra quedó registrada en la cédula parcelaria 5.465 del catastro salteño, donde figuran el resto de los socios propietarios.

Entre ellos están:

  • Nicolás Caputo, amigo y socio del Presi­dente y contratista récord del Gobierno de la Ciudad.
  • José María Torello, actual jefe de asesores del gobierno, y su hermano Pablo Torello, actual diputado nacional de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires.

El resto de los propietarios son: Carlos Fabián De Taboada; Joaquín Labougle; Naon Matías Gaviña; Guillermo Alfredo Benedit y Cristina Torralva, todos de la

banda del Cardenal Newman. Algunos de estos apellidos se repetirán en el resto de las firmas propietarias de ese rincón del Norte salteño.

En tren a El Yuto

a en su primera declaración jurada pública como diputado nacional, Mauricio Macri había incluido su participación en otra firma que tiene una finca en Salta: Yuto S.A., controlada por el Grupo SOCMA Americana.

La finca El Yuto está ubicada en el de­partamento San Martín y abarca unas 20.000 hectáreas, donde se produce soja, poroto negro y granada. Presentado como “un complejo agroindustrial” El Yuto fue comprado en 1997 por el hombre de los Macri en Salta, Alejandro Jaime Braun Pe­ña, para la empresa Yuto S.A., de SOCMA.

La finca El Yuto fue puesta en marcha al mismo tiempo que Franco Macri se asocia­ba con el grupo Sanhe Hopefull Grain & Oil -el principal productor de aceite de soja de China- para la explotación del ferrocarril Belgrano Cargas. Este tren, que pasa por 13 provincias y traza “la ruta de la soja”, fue administrado por un consorcio integrado por el Grupo Macri, Roggio, Emepa y tres sindicatos: el de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, La Fraternidad y la Unión Ferroviaria, por entonces comandada por José Pedraza. De hecho, su esposa, la con­tadora Graciela Isabel Coria fue presidenta de Belgrano Cargas en el inicio de esta ges­tión privada.

Formalmente el tren funciona desde 2006 y por decreto. Pero en 2012 la admi­nistración kirchnerista les sacó la conce­sión del Belgrano Cargas a Macri y los sin­dicalistas.

Hoy en manos del Estado nacional, la última comunicación respecto del ferroca­rril data de hace muy poco: el martes 26 de abril de 2016 una circular del Ministerio de Transporte anunció la reactivación del ra­mal a Chile. Según el ministerio liderado por Guillermo Dietrich, “la reactivación de este ramal es determinante para la indus­tria minera argentina”.

Macri dejó de declarar su participación en Yuto S.A. a partir de que asumió la jefa­tura del gobierno porteño. La empresa si­gue siendo controlada por SOCMA y sus acciones pertenecen a los hermanos Macri y sus hijos.

Cuchuy desmonta

uy cercana a El Yuto está la finca Cuchuy, que abarca cerca de 10.000 hectáreas. Al igual que El Yuto, la firma aparece en el informe de desmontes de la oenegé Greenpeace que denuncia a los propietarios por “no respetar la ley fo­restal y llevar adelante un enorme des­monte para cambiar bosques por soja”.

En este informe se revela que la finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, el mismo quen compró El Yuto para Fran­co, y que en el directorio de Finca Cuchuy S.A. también figura Pablo Clusellas, actual secretario de Legal y Técnica de la Nación, y otras empresas ligadas al grupo familiar SOCMA, como Salta Cotton S.A., Latin Bio S.A., Cremer y Asociados S.A., Hierros S.A. y Sideco Americana S.A.

El pozo de Elsztain

l campo de Macri y sus ex compa­ñeros del Newman coincide geo­gráficamente con un emprendi­miento agrícola de Cresud, empresa de Eduardo Elsztain.

Cresud es la dueña del 37,4% de IRSA, firma conocida en Buenos Aires porque controla casi todos los grandes centros co­merciales porteños, como Alto Palermo, el DOT, Patio Bullrich y Buenos Aires Design.

La conexión entre Ciudad y Salta sigue: el 10 de enero de 2012, durante la gestión de Federico Sturzenegger, el Banco de la Ciudad le otorgó a Cresud un préstamo a cinco años con una tasa del 6% por un total de 20 millones de dólares para convertir su campo Los Pozos -de unas 15.934 hectá­reas- de ganadera a agrícola.

La firma Cresud tiene en total de 371.639 hectáreas en los departamentos Anta y Ri­vadavia, de Salta.

Desde el sur al norte

a quinta huella de los Macri en Sal­ta se remonta a 1999, dos años después de la compra de El Yuto, y tiene como protagonista a una de las em­presas líderes del departamento San Mar­tín: Desdelsur S.A.

Breve historia de esta empresa:

  • En 1999 Desdelsur fue comprada por SOCMA, que integraba un grupo de in­versión junto a otras empresas.
  • De ese grupo de inversión se retiró en 2002 para hacer negocios en Brasil.
  • Desde entonces Desdelsur quedó en manos del Grupo Galicia, a través de su variante Galicia Capital Markets, hasta 2004. Ya en 2005 no figura en los balan­ces del Banco. No especifica a quién fue vendida.
  • El mismo año Franco Macri anunció una “inversión de agricultura intensiva en Salta” de frutas y hortalizas, con una inversión inicial de 54 millones de dóla­res y por un total de 360 millones, des­tinados a “tecnología” y con “financia­miento israelí”.
  • Hoy Desdeelsur declara 140.000 hectá­reas propias, de las cuales 26.000 están en producción.
  • Dos apellidos la ligan a la familia Macri: Labougle y Benedit, copropietarios con Macri de las tierras en Rivadavia. For­maron y forman parte de la planta de la empresa.

 

  • Cruzar datos, interpretar declaraciones juradas y contrastar apellidos no siempre alcanza para verificar el rumor popular, que en el Norte se repite: Salta es tierra macrista.

 

 

 

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Reordenamiento territorial y ley de bosques

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Miguel Bonasso 02.07.2016.
«El Gobierno de Macri viola sistemáticamente la Ley de Bosques», afirmó Miguel Bonasso en Al Dorso. Ante las recientes sanciones de leyes provinciales tendientes a realizar un nuevo reaodenamiento territorial con vistas a extender la frontera sojera, Miguel Bonasso recuerda el constante incumplimiento de la Ley de Bosques en beneficio del extractivismo agrario que padece la Argentina.  


Reordenamiento territorial y ley de bosques

Al Dorso (02.07.2016) 

 

 

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