Al Dorso 11.03.2017.
Así lo expresó el presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (IDEL-FACA), Dr. Ricardo Cornaglia. La modificación del régimen de riesgos del trabajo es inconstitucional tanto en su forma como en su contenido. La medida presidencial no logra demostrar la urgencia que justifique su exceso, y acentúa la restricción a los trabajadores de acceder de forma rápida y eficaz a la justicia. Un negocio privado sostenido con la salud de los trabajadores.
“La modificación de la Ley de Riesgos es inconstitucional”
Exposición en la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Congreso Nacional) sobre el decreto 54/2017 que modificaba la Ley de Riesgos del Trabajo | 08 de febrero de 2017
Dr. Ricardo Jesús Cornaglia, presidente de IDEL – FACA, director de la Revista LA DEFENSA
La reciente sanción de la Ley que modifica el Sistema de Riesgos del Trabajo y en prolija el exceso presidencial del decreto 54/2017, atenta contra el derecho humano fundamental de ingreso irrestricto a un tribunal competente independiente e imparcial, mediante un recurso sencillo efectivo y rápido (arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos). La medida reafirma un procedimiento administrativo previo, obligatorio y excluyente ante comisiones médicas con la finalidad de obstruir cualquier acceso a la justicia en búsqueda de una reparación de daños laborales y obtención de prestaciones que el sistema no brinda. La supuesta “litigiosidad” e “industria del juicio” sirve como manifestaciones ideológicas que encubren los verdaderos intereses financieros y oligopólicos en juego, la mantención y defensa de un sistema de fabulosas ganancias privadas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
Esta modificación busca mantener vigente un sistema y leyes que no cumplieron con los objetivos que se propusieron, afirma el abogado laboralista y presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (IDEl-FACA). Cornaglia sostuvo que la modificación viene a validar todo un sistema de reparación de daños a favor de la privatización de la seguridad social de la mano de oligopolios financieros dedicados a la explotación privatista de la medicina, que en 2016 obtuvieron una ganancia de 1.500 millones de dólares, el 26 % sobre su facturación. Un negocio que maximiza ganancia a costa de no otorgar prestaciones, solventado por los trabajadores argentinos que pagan el 3,5% de sus salarios para su mantención.
“Hay datos que son verdaderamente terribles, en 20 años el sistema no tiene ningún registro de haber dado prestaciones por cáncer. Y hay cáncer producto del trabajo”, Ricardo Cornaglia
La manda constitucional de una seguridad social estatal sigue incumpliéndose, manifiesta el Dr. Cornaglia. Y agrega que no existen datos serios que permitan afirmar que exista una creciente litigiosidad. Los 660.000 infortunios registrados por la Superintendencia de Riesgos, más otro tanto de trabajadores no registrados, no se condice con los 120.000 juicios laborales que mencionan. En sus dos décadas de funcionamiento, el sistema otorgó tan solo el 2 % prestaciones por infortunios a enfermedades profesionales, cuando -según la OIT- el promedio mundial es del 38 %. Estas prestaciones por enfermedad que no se otorgan son un reservorio de conflictos postergado y reprimidos.
