Alejandro Olmos Gaona 14.03.2019. Cuando se firmó en el año 2013, el contrato  entre YPF y Chevron, por la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos de Vaca Muerta en la Pcia. De Neuquén, el ex Senador Rubén Giustiniani, solicitó la exhibición del documento, lo que le fue negado por YPF (…)

LA JUSTICIA Y EL SECRETISMO

Por Alejandro Olmos Gaona (14.03.2019)

Cuando se firmó en el año 2013, el contrato  entre YPF y Chevron, por la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos de Vaca Muerta en la Pcia. De Neuquén, el ex Senador Rubén Giustiniani, solicitó la exhibición del documento, lo que le fue negado por YPF. Debido a ello inició una acción de amparo que les fue rechazada en todas las instancias, hasta que recurrió a la Corte Suprema de Justicia a través de un recurso de queja, la que el 10 de noviembre del año 2015, revocó los fallos anteriores, hizo lugar al amparo, ordenando que fuera exhibido lo acordado con Chevron.

A pesar de la sentencia de la Corte, y en un virtual alzamiento contra sus disposiciones, YPF, trató por todos los medios de no cumplir con la sentencia, a través de actitudes dilatorias, recursos improcedentes, hasta articular un nuevo recurso extraordinario, todo lo cual fue desestimado, por lo cual no tuvo otra alternativa que disponer la entrega de copia del contrato, lo que se efectuó recién 10 meses después de la sentencia de la Corte. Asi YPF, y sus letrados respetan las decisiones del Poder Judicial.

En noviembre del año 2016 interpusimos un recurso de amparo, para que YPF exhibiera el contrato celebrado con Dow Chemical, por la explotación de las reservas de gas de Vaca Muerta (las segundas del mundo), ya que la empresa se negó a mostrarlo, por las mismas razones de confidencialidad expuestas en la causa de Giustiniani.

El 15 de septiembre de 2018, la Jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, dictó sentencia haciendo lugar al amparo y ordenando a YPF mostrar el contrato. Nuevamente la empresa apeló ante la Cámara Federal, la que con fecha 12 de marzo de este año, revocó el fallo de la jueza, por entender que el fallo de la Corte en el tema Chevron no era aplicable, en razón de que en el año 2017, se sancionó la Ley 27.275 de acceso a la información, que en el inciso m) del artículo 8 establece que podrán exceptuarse de dar información pública cuando se configure el supuesto de “información correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública” Es decir que ese inciso es el único fundamento esgrimido por el Tribunal para revocar el fallo y negarnos el acceso al contrato.

Que resulta conveniente apuntar, que en el fallo de la Corte, se hizo una extensa remisión a normas legales y aún a resoluciones de la Corte Interamericana que ahora este fallo desconoce, pero lo más sustancial que evidencia la arbitrariedad del mismo, es que en la ley alegada por el tribunal, el inciso g del artículo 7º dispone que estarán obligados a dar información pública: “ las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas del estado, las sociedades del estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.” La Cámara hace caso omiso de esa disposición, para que el secretismo siga vigente, y no podamos acceder a un documento sobre la forma en que se entregaron recursos de todos los argentinos. Y esto no es una consideración subjetiva, sino que tiene que ver con cierta forma en el comportamiento del poder judicial, al que no le interesa que los ciudadanos tengamos acceso a la información sobre todo aquello que firman empresas del Estado y que comprometen nuestro patrimonio.

En el caso del contrato de Chevrón, cual fue la razón para el ocultamiento? Que no se conociera, que el contrato había sido firmado entre dos empresas off shore: Una off shore de YPF, constituida en un paraíso fiscal, y una off shore de Chevron, radicada en un lugar análogo. Pero además se habían constituido otras empresas de las mismas características, en un entrecruzamiento empresario destinado a favorecer a la empresa norteamericana, a la que se eximía de impuestos y otras obligaciones, se constituían domicilio fuera del país, y ante conflictos, intervenían otras jurisdicciones.

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