Alejandro Olmos Gaona 22.06.2018. Debo confesar que tengo un pésimo concepto sobre nuestros legisladores, que salvo honrosas excepciones, siempre legislan para la coyuntura y están sometidos al Poder Ejecutivo que es el que maneja generalmente la agenda parlamentaria.

 

EL ACUERDO CON EL FMI

Por Alejandro Olmos Gaona (22.06.2018)

Debo confesar que tengo un pésimo concepto sobre nuestros legisladores, que salvo honrosas excepciones, siempre legislan para la coyuntura y están sometidos al Poder Ejecutivo que es el que maneja generalmente la agenda parlamentaria.

El afán discursivo que los caracteriza sirve para encubrir trabajos de que deberían hacer y no hacen, dejarse de negociar reservadamente, y tener actitudes de mayor transparencia como representantes del pueblo que son, aunque no lo demuestran, aprobando cualquier cosa, excepto cuando la agenda mediática pone en discusión cuestiones que hacen mucho ruido y están motorizadas por el gobierno o por grupos de la sociedad civil. Ni hablar de las estupideces en las que trabajan y se traducen en cientos de proyectos de comunicación, resolución y declaración que son mayoría en la agenda parlamentaria, y que cualquiera puede verificar. Y cuando digo que aprueban cualquier cosa, doy un ejemplo relevante, pero podría agregar muchos otros: en el año 2014, declararon válida la ley 22.423, firmada por el dictador Videla y por sus ministros Martínez de Hoz y Rodríguez Varela, por la que se autorizaba al Poder Ejecutivo a vender bienes privados del Estado.

También abruptamente, y para sobreactuar su carácter de opositores, los diputados (no así los senadores) convocan muchas veces al plenario de la Cámara, ante cuestiones que estiman de gravedad institucional, no logrando el quorum necesario, pero que les sirve para ejercitar una retórica, digna de mejores causas. Esto viene a cuento de la sesión especial convocada la semana pasada a la que asistieron nada más que 68 diputados para tratar el acuerdo con el FMI.

Abundaron los discursos fulminando el acuerdo, hablaron de que era ilegal, inconstitucional y que iba a ser repudiado por las posteriores administraciones. ¿Me pregunto?: Rossi, Soria, Solanas, Carmona, entre otros, saben lo que es el ordenamiento legal?

El acuerdo Stand by con el FMI, puede ser cuestionado por sus condicionalidades; por el hecho de que ese organismo vuelve a monitorear la economía argentina, y porque contraemos nueva deuda a corto plazo, únicamente para garantizar el pago a los acreedores. También por las inevitables consecuencias sociales que esas condicionalidades van a originar, y porque sabemos de sobra lo que ha significado el Fondo en la historia de nuestro país, muy especialmente en la década del 90. Pero la impugnación legal es insostenible.

Como claramente lo establece la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistema de Control del Sector Público Nacional, en su artículo 60: “Las entidades de la administración nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica. La ley de presupuesto general debe indicar como mínimo las siguientes características de las operaciones de crédito público autorizadas:

– Tipo de deuda, especificando si se trata de interna o externa;

– Monto máximo autorizado para la operación;

Plazo mínimo de amortización;

– Destino del financiamiento.

Si las operaciones de crédito público de la administración nacional no estuvieran autorizadas en la ley de presupuesto general del año respectivo, requerirán de una ley que las autorice expresamente.

Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este artículo, a las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte«.

A su vez y coincidentemente con esta norma, se encuentra lo dispuesto en el Artículo 71 que establece que: “Se exceptúan de las disposiciones de esta ley las operaciones de crédito que realice el Banco Central de la República Argentina con instituciones financieras internacionales para garantizar la estabilidad monetaria y cambiaria.”

A través de esa Ley el Congreso ha delegado facultades que le eran inherentes al Poder Ejecutivo para que acuerde lo que quiera con los organismos internacionales, y lo ha hecho inconstitucionalmente, porque la mayor parte de la doctrina determina que hay facultades que resultan indelegables y contraer obligaciones internacionales sería una de ellas.

Es decir que el acuerdo con el FMI está autorizado por las disposiciones de una ley de la Nación, votada unánimemente por el justicialismo en el año 1992, aunque ahora muchos no se acuerden y se hagan los distraídos. Esa ley hasta que no sea derogada conserva su plena vigencia, o hasta que se plantee su inconstitucionalidad, lo que como bien sabemos llevaría a un largo proceso de resultado incierto, dada la actual conformación del Poder Judicial. Estoy preparando una acción declarativa en ese sentido que pueda servir para el futuro, pero no para algo que ya se ha concretado, y no hay forma de revertir.

También debe recordarse que la doctrina de los actos propios determina que un Estado no puede desconocer internacionalmente lo que ha firmado, cuando lo hizo de conformidad con las disposiciones legales vigentes, y el derecho administrativo que no rige establece, que solo pueden impugnarse y eventualmente anularse los actos ilegales, no los celebrados de conformidad con las leyes vigentes.

Finalmente sería bueno preguntarse, porque la mayoría de los legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, aprobaron la ley del pago a los fondos buitres, y las leyes de presupuesto, que le permitieron al precario Macri, al súbdito del sistema financiero Luis Caputo, y al ex presidente del Banco Central endeudarnos de la forma que lo han hecho, que no tiene antecedentes en la historia del país.

 

ACLARACIÓN FINAL: como he visto un amparo presentado el martes por la diputada Fernando Vallejos para qu se declare la inconstitucionalidad del acuerdo, donde se hace la disparatada afirmación que este Stand by hipoteca los recursos naturales, cabe aclarar que ello no es cierto, ya que ningún Poder Ejecutivo tiene potestades sobre recursos que constitucionalmente les corresponden a las provincias. Lamento que un prestigioso constitucionalista como el Dr. Barcesat se preste a la realización de acciones de esta naturaleza, sosteniendo una falsedad.

48