Pueblo Argentino vs. Corporaciones transgénicas y agrotóxicas

Agronegocios, Entrevistas Agronegocios, Maldesarrollo y extractivismo, Notas destacadas agronegocios, Novedades

Daniel Sallaberry (04.03.2017)
Avanza la demanda colectiva presentada por un grupo de abogados en representación del pueblo argentino contra 14 corporaciones y el Estado por daño ambiental. Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow, Dupont, Nidera, Bioceres y otras siete corporaciones fabricantes semillas trangénicas y agrotóxicos, junto al Estado nacional y tres provincias, tienen 15 días para demostrar que no produjeron perjuicios (…)

 

Pueblo Argentino vs. Corporaciones transgénicas y agrotóxicas

Entrevista Al Dorso al Dr. Daniel Sallaberry  (04.03.2017)

 

NOTA ADJUNTA: lavaca.org

Avanza la demanda colectiva contra 14 corporaciones y el Estado por daño ambiental

Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow, Dupont, Nidera, Bioceres y otras siete corporaciones fabricantes semillas trangénicas y agrotóxicos, junto al Estado nacional y tres provincias, tienen 15 días para demostrar que no produjeron perjuicios por la liberación incontrolada de organismos genéticamente modificados. Esa fue la notificación que recibieron según una inédita demanda colectiva que les sigue desde junio de 2015 por daños ambientales. 

Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow, Dupont, Nidera, Bioceres y otras siete corporaciones productoras de semillas trangénicas y fabricantes de agrotóxicos ya han sido notificadas de la inédita demanda colectiva que se les sigue desde junio de 2015 por daños ambientales y morales –entre otros- producidos por lo que la presentación llama “liberación incontrolada a campo abierto de OGM (organismos genéticamente modificados, o transgénicos)”. Entre los demandados también se encuentran el Estado Nacional y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santiago del Estero. Así se logró invertir la carga de prueba: ““Ahora los notificados deben contestar y presentar pruebas de que lo que hacen es inocuo” explicó a lavaca Daniel Sallaberry, uno de los abogados que impulsa la causa.

A partir de haberse notificado, las corporaciones y el Estado tienen 15 días hábiles para responder a esta demanda que solicita, por ejemplo:

  • que se ordene al Poder Ejecutivo suspender la comercialización de soja transgénica y la “liberación incontrolada” de estos productos a camp abierto,
  • que se suspenda provisionalmente la autorización de todos los eventos transgénicos hasta que exista una determinación científica sobre la inocuidad de los mismos,
  • en defensa de los consumidores, que se disponga el etiquetado obligatorio “perfectamente visible y destacado al ojo humano” de los productos alimenticios de venta masiva que contengan derivados de OGM.
  • que se suspenda en todo el país la aplicación de agrotóxicos utilizados para el cultivo de transgénicos hasta que científicamente se demuestre la inocuidad de los mismos para el ambiente, los ecosistemas y la salud de los seres vivos.

DICTAMEN FISCAL FEDERAL PARA DESCARGAR: Fiscal-federal-Fabian-Canda-recurso-de-apelacion

Sallaberry, junto a los abogados Santiago Kaplun, Jorge Mosset Iturraspe, Graciela Vizcay Gómez, Horacio Belosi y Miguel Araya representan a un grupo de víctimas de los efectos de las fumigaciones. Pero esas víctimas están representando a su vez a toda la ciudadanía argentina a través de la demanda colectiva o “acción de clase”  que habilita a juicios masivos, según suele ser práctica en países como Estados Unidos.

“La ‘clase’ afectada, en este caso, es toda la comunidad” explica Sallaberry: “La jueza Claudia Rodríguez Vidal reconoció a los demandantes idoneidad y representación para actuar en nombre de la totalidad de la población argentina como afectados por las fumigaciones, pero también en su carácter de consumidores de alimentos transgénicos de los que no se conocen sus efectos, por ejemplo, entre otros derechos humanos básicos que resultan afectados por esta matriz productiva”.

Suspensión de fumigaciones

La demanda se inició ante la Corte Suprema de Justicia, que la derivó al Jugado Nacional Nº 3 en lo Contencioso Administrativo Federal, encabezado por la jueza Rodríguez Vidal. Los abogados solicitaron una medida cautelar para que se suspendan las fumigaciones en todo el país, lo cual fue rechazado por la jueza.

Pero en diciembre de 2016 el fiscal federal Fabián Canda apeló ese rechazo y ratificó el pedido de la demanda: suspensión total de las fumigaciones. Y aclara que si no se hiciera lugar a la cautelar, se solicita que se suspendan provisoriamente todas las fumigaciones aéreas mientras se resuelve el juicio, y que las fumigaciones terrestres de todo producto con glifosato se realicen a más de 5.000 metros de las zonas urbanas, municipios, asentamientos, poblaciones, escuelas rurales, huertas, centros apícolas, ríos, arroyos, lagunas, cursos y espejos de agua, así como de pozos de extracción de agua para consumo humano. L apelación deberá ser resuelta por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 3.

La demanda busca además condenar al Ejecutivo Nacional, en particular a la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, CONABIA, y al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, por incumplimiento del deber de control. “Tanto el Estado como las empresas demandadas, conocedoras de la realidad y del imperio de la relación costo-beneficio, idearon un sistema perverso que posibilitó externalizar el costo de la degradación y contaminación ambiental”, dice la presentación. El rol estatal en estas materias no ha cambiado desde que se inició el caso, gestión Cristina Kirchner, hasta ahora.

La demanda colectiva completa contra 14 corporaciones y el Estado por daño ambiental: DEMANDA-COLECTIVA-GIMENEZ-A-Y-OTROS-v1.6f

Cómo reparar el daño

Los demandantes exigen que se condene a las multinacionales biotecnológicas, semilleras y químicas, productoras y comercializadora de OGM.

  • A la recomposición “de la totalidad de hectáreas sembradas con OGM” (…) mediante la contratación de personas o instituciones especializadas para que diseñen y pongan en marcha un plan de recuperación y regeneración”.
  • En los casos en que no sea posible la recomposición de bienes dañados (suelo, agua, fauna, flora), se las obliga a contribuir monetariamente a un fondo de compensación ambiental o fideicomiso, que se podrá calcular de acuerdo a los sistemas de monetarización internacionales del daño ambiental para compensar las pérdidas por un período mínimo de 50 años. La demanda propone destinar el fideicomiso a poner en marcha Planes Agrarios Integrales del INTA, como el de 2001/2003, que no se llevaron a cabo y que contemplan la “sostenibilidad ecológica y social”.
  • Frente al daño moral colectivo se propone un resarcimiento mediante una obra directamente relacionada con el patrimonio social-cultural colectivo, para lo que se propone un Plan Maestro Ferroviario que reconstruya toda la red ferroviaria nacional, renovar sus edificios, estaciones, vías y trenes. Beneficios: miles de empleos; incorporación y creación de nuevas áreas productivas alejadas de los centros de consumo; mejora con respecto al sistema de transporte terrestre anacrónico, riesgoso y altamente contaminante; integración efectiva del territorio nacional; generación de una elevada rentabilidad social al reducir los accidentes mortales, disminuir los costos de fletes un 20% y acortar un 30% los tiempos de viaje.
  • Se propone también una condena en concepto de “daño punitivo” equivalente en monto al daño moral, una especie de multa o indemnización. Explica Sallaberry: “El daño punitivo ocurre cuando se daña a otro a sabiendas y sin importarle el prójimo, y la idea es que se transmita un mensaje de reprobación a las violaciones de derechos humanos y a evitar que estos hechos se repitan”.

El valor económico de esa sanción podría basarse en las ganancias de las multinacionales en estos años (hay estimaciones que ponen esa cifra en unos 80.000 millones de dólares) o en ideas como la de reinstalar toda la red ferroviaria argentina, que se calcula en unos 4.000 millones de dólares. Sallaberry: “No hacemos el cálculo, ya nos pasó en la Causa Riachuelo (en la que intervinieron los cinco abogados varones que promueven ésta) en la que ante un pedido de equivalencia, propusimos crear un corredor verde desde el Riachuelo a Ezeiza”.

Otro argumento del abogado: “Las empresas demandadas y el propio Estado, vía el Ministerio de Agroindustria, quieren descalifican nuestra demanda diciendo que nos oponemos a la biotecnología y su desarrollo y a los avances científicos para paliar el hambre en el mundo o bien combatir enfermedades. Nada más alejado de la realidad. La demanda no es contra la investigación científica desarrollada en laboratorio para tales fines; nuestra demanda va contra la siembra a campo abierto y sin control de 30 millones de hectáreas fuera de laboratorio o campos de experimentación, y las fumigaciones que en cada campaña derraman más de 300.000.000 de litros de agrotóxicos, o sea veneno, sobre 12.000.000 de personas de población rural.

¿Y el progreso?

Sobre el tema del progreso supuesto, Sallaberry cita directamente a la Corte Suprema: “La tutela o preservación del ambiente no significa detener el progreso, sino por el contrario, hacerlo más perdurable de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras”.

Otra idea: “Acá se está afectando a un todo, a una comunidad. Eso no es progreso. Ni es progreso que ni siquiera podamos leer en un envase si el producto contiene transgénicos, como para al menos optar libremente si quiero o no consumir. Y si no me quedo corto, estamos hablando del 90 % de lo que comemos en el país”.

A mediados de marzo se cumplirán los días previstos para que las empresas y el Estado respondan a la notificación. “No hay estudios de impacto ambiental, son ellos los que deberían contar con pruebas sobre la inocuidad de lo que hacen. Nosotros mientras tanto hemos mostrado todos los trabajos y estudios, incluyendo los del propio Estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente en 2008, en los que se plantea que el monocultivo de soja es perjudicial para el ambiente, produce desforestación, desertificación, despoblamiento”.

Entre las curiosidades del caso puede contarse que una causa de semejante envergadura, no ha tenido casi repercusión mediática. “Es que los medios convencionales promueven el modelo que estamos cuestionando en esta demanda”. En un signo de coherencia, el silencio abarcó a los medios convencionales tanto oficialistas como opositores, de antes y de ahora.

A mediados de marzo tanto el Estado como las empresas demandadas deberían haber contestado y presentado pruebas que demuestren que no existe daño ambiental. Sallaberry: “Veremos qué hacen. Ahí va a comenzar la gran batalla”.

 

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Deuda, Macri y Correo Argentino

Alejandro Olmos Gaona, Entrevistas, Notas, NOTAS ALEJANDRO OLMOS, Notas destacadas deuda, Novedades

Alejandro Olmos Gaona 04.03.2017.
 La actualidad de la deuda pública argentina en el gobierno de Macri, las causas de los «Panamá Papers» y el negociado del Correo Argentino, fueron algunos de los temas analizados por el historiador Alejandro Olmos Gaona. El récord de endeudamiento público de enero 2017 por 17.000 millones de dólares, y el decreto de necesidad y urgencia 29/2017 por medio del cual se autoriza a los Ministerio de Hacienda y Finanzas a endeudarse por 20.000 millones de dólares (…)


Deuda, Macri y Correo Argentino

Entrevista Al Dorso (04.03.2017)

La actualidad de la deuda pública argentina en el gobierno de Macri, las causas de los «Panamá Papers» y el negociado del Correo Argentino, fueron algunos de los temas analizados por el historiador Alejandro Olmos Gaona. El récord de endeudamiento público de enero 2017 por 17.000 millones de dólares, y el decreto de necesidad y urgencia 29/2017 por medio del cual se autoriza a los Ministerio de Hacienda y Finanzas a endeudarse por 20.000 millones de dólares.

Deuda en números 

  •  En el 2016 se pagó 150.000 millones de pesos en concepto de intereses de los Lebacs.
  • La deuda en Lebacs asciende a u$s 47.000 millones de dólares. Lo principales tenedores son los bancos extranjeros y nacionales.
  • Proyecto para endeudarse en el 2017 por 94.000 millones de dólares entre deuda interna y externa.
Enero 2017: Durante el primer mes de 2017 el gobierno Macri ha colocado deuda pública directa – es decir, sólo deuda de la Administración Central – por más de 17.000 MD (Millones de Dólares):
  • Nuevos desembolsos provenientes de organismos financieros internacionales, particularmente la CAF-Corporación Andina de Fomento, que acordó un nuevo préstamo a la Argentina por 400 MD para el Paseo del Bajo, en la CABA (plazo a 15 años con 4 de gracia).
  • Un préstamo de 6.000 MD a 18 meses de plazo y tasa de interés nominal del 3.8 % anual (2.9 % más Libor 0.9), con garantía de títulos Bonar 24; otorgado por los bancos BBVA (Bilbao Vizcaya Argentaria), Citibank, Deutsche Bank (DB), HSBC (Hong Chan), JP Morgan y Santander. Son los mismos bancos que actúan como colocadores de bonos en el exterior y se entiende que este crédito consorciado y a corto plazo (un año y medio) actúa en la práctica como préstamo-puente dentro del escalonamiento de la colocación de bonos según el Programa Financiero 2017.
  • Dos nuevos títulos por 7.000 MD, bajo ley extranjera de Nueva York: uno, a 5 años de plazo (vencimiento 2022) por 3.250 MD con tasa de interés de 5.625 %; y otro a 10 años (2027), por 3.750 MD con tasa del 7.0 %.
  • Nueva Deuda intra-Estado (una modalidad inaugurada y utilizada abusivamente por la administración Kirchner), proveniente de Adelantos Transitorios en curso del BCRA (dentro de un margen anual autorizado por 150.000 M$-Millones de Pesos) y otras obligaciones colocadas en distintos entes oficiales, como el FGS-Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (una letra por 17.000 M$ a un año de plazo)  y el BNA-Banco Nación (un Bono del Tesoro – conocido o refrendado por Resolución E 16/2017, del 9.2 – por 25.000 M$ y vencimiento en Agosto de 2019).
  • Letras de Tesorería (Letes) por unos 2.000 MD, emitidas en dólares durante el mes, como obligaciones financieras de muy corto plazo (90 y 180 días, a tasas del 3.0 y 3.3 % respectivamente).
  • Este monto a emitir – que ya está aceleradamente en curso – expresado en pesos es de 1.727.500 M$ (96.400 MD x 17.92 $/US$), una suma que consolidando toda la deuda en valor absoluto equivale al 73 % del Gasto Público Total del Ejercicio 2017, que es de 2.393.600 M$ (≡ 131.900 MD).
  • Según el Programa Financiero 2017 – dado a conocer a principios de Enero – el gobierno prevé emitir deuda por algo más que el total presupuestado: unos 40.350 MD (consolidando siempre las colocaciones en diversas monedas), de los que la mitad (20.000 MD) serían Deuda Externa.
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DEUDA, DÓLAR Y COMERCIO EXTERIOR

Hector Giuliano, NOTA HECTOR GIULIANO, Notas, Notas destacadas deuda, Novedades

Héctor Luis Giuliano (03.03.2017)
El gobierno Macri mantiene el atraso cambiario como uno de los requisitos de su política de gobernar con deuda – deuda pública externa e interna – que en su mayoría está tomada en moneda extranjera (…)

 

DEUDA, DÓLAR Y COMERCIO EXTERIOR

Por Héctor GIULIANO (3.3.2017)

El gobierno Macri mantiene el atraso cambiario como uno de los requisitos de su política de gobernar con deuda – deuda pública externa e interna – que en su mayoría está tomada en moneda extranjera.

Esto le permite comprar más dólares con la recaudación fiscal en pesos, lo que sirve como garantía de pago a los acreedores del Estado ante las sumas crecientes de intereses por el nuevo macro-endeudamiento público en curso y la contracción de nuevas obligaciones.

Esta política de retraso cambiario tiene tres efectos primarios:

  1. Favorece abiertamente el negocio de los capitales especulativos, que lucran con el arbitraje entre tipo de cambio estable y atrasado combinado con altas tasas de interés locales.
  2. Frena el estímulo de las Inversiones Extranjeras Directas – y de las inversiones productivas en general – debido a la menor rentabilidad de las mismas frente a las alternativas de inversiones financieras autónomas.
  3. Afecta en forma directa la competitividad de nuestras exportaciones y favorece el aumento de las importaciones por acción de un tipo de cambio que actúa en la práctica como subsidio de las compras provenientes del extranjero así como del turismo internacional emisivo.

Tal política vigente de retraso del tipo de cambio tiene una especial implicancia – desde el punto de vista práctico y conceptual – en la distorsión del verdadero rol del comercio internacional.

¿Para qué existe el Comercio Exterior de un país y cuál es su papel en el desarrollo de la Economía Nacional?

Sigamos una secuencia lógica de razonamiento para responder a esta pregunta central:

  1. Salvo rarísimas excepciones, ningún estado posee autarquía completa en materia de recursos como para no tener necesidades de importar materias primas, insumos y/o bienes de capital. O bien puede disponer de los mismos pero a un costo tan elevado y poco rentable que le conviene más importarlos.
  2. Para poder efectuar estas compras el país necesita divisas. Y
  3. Para poder conseguir tales divisas el país necesita exportar.

Ergo, el Comercio Exterior – desde el punto de vista de la Economía Nacional – no existe para que los gobiernos subsidien negocios privados de ventas al extranjero sino que existe para que los países obtengan de sus exportaciones las divisas necesarias para poder pagar sus importaciones.

De allí la necesidad de que el comercio exterior esté equilibrado, dado que si las exportaciones exceden el nivel compensatorio necesario de las importaciones habrá una tendencia a la apreciación cambiaria local (peso más fuerte por mayor entrada de divisas) y si, en cambio, las importaciones superan a las exportaciones, se verificará la tendencia inversa: devaluación o depreciación de la moneda local.

Ésta es la forma en que el comercio exterior influye en el mercado cambiario y monetario de los países; aunque ciertamente no es el único factor de influencia en los complejos ámbitos de la Economía y las Finanzas modernas.

En el caso argentino actual, empero, se da un proceso inverso o anti-natural porque el tipo de cambio retrasado no es producto del desequilibrio de la Balanza Comercial (Exportaciones versus Importaciones) sino, por el contrario, consecuencia de la Política Financiera – Monetaria, Cambiaria y Bancaria – del gobierno.

Porque el tipo de cambio es aquí la resultante de pautas fijadas por el Banco Central (BCRA) en función de las necesidades financieras de pago de los servicios de la deuda externa y no de las necesidades económicas de crecimiento de la Economía Nacional.

Ya que el BCRA mantiene un alto nivel de tasas de interés que atrae capitales especulativos o golondrina, que entran para lucrar con el diferencial entre tasas locales e internacionales.

Al darse la irrupción combinada de estos capitales financieros y de nueva deuda externa, fuertemente creciente, suben en forma artificial las reservas internacionales del BCRA – que no son propias del Banco sino que se sostienen fundamentalmente con deuda – y con ello se produce una apreciación del peso argentino.

Siendo que este proceso, de típica naturaleza financiero-cambiaria, se contrapone a la lógica natural y perjudica el funcionamiento normal del comercio externo y de la economía doméstica.

Puesto que, como derivado de esta sobre-valuación inducida de la moneda local, se genera y potencia el desequilibrio negativo de la Balanza Comercial – al que hicimos referencia – con la consiguiente afectación de la Economía Física o Real en materia de actividad y empleo.

Dicho con otras palabras: que el desequilibrio y las distorsiones en el comercio exterior argentino no son producto de un funcionamiento anormal del mercado comercial sino consecuencia de la política cambiaria del gobierno – llevada a cabo a través del BCRA –  y que el actual esquema de retraso cambiario que provoca ese desequilibrio externo es consustancial a las necesidades de la política de endeudamiento deliberada e institucional del Estado.

Es la forma clásica en que el Sistema de la Deuda se transforma en obstáculo del Desarrollo de la Economía Nacional.-

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Programa 17/12/2016

Programas Anteriores

Gracias por ser parte de esta conciencia

Sábado 17 de Diciembre de 2016

¿Un deseo? Que sigas estando para que Al Dorso cobre sentido. Gracias por ser parte de esta conciencia.  Último programa del ciclo 2016 con la participación especial de Félix Herrero, Esteban Mercatante, Darío Balvidares, Héctor Luis Giuliano, Eric Domergue y José Massón.  ¿Por qué Al Dorso? Porque la cosa sigue peluda y los sueños intactos. Porque sos parte de nuestras vidas, y elegimos tenerte cerca. Buen fin de año, mejor comienzo 2017, nos encontramos en vivo el primer sábado del año entrante. Salud y rebeldía.   

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De la certidumbre fenicia, los negocios impunes y la sustracción de lo público

Notas Balvidares

Darío Balvidares (02.03.2017)
“Crear argentinos y argentinas capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla; de entender que no saber lo que viene es un valor…” Esta preclara frase fue dicha por el Ministro de Educación, Esteban Bullrich,  en el panel «La Construcción del Capital Humano para el Futuro» en el Foro de Inversiones y Negocios, que se realizó en el Centro Cultural Kirchner en septiembre de 2016.

 

De la certidumbre fenicia, los negocios impunes y la sustracción de lo público

Por Darío Balvidares (02.03.2017)

“Crear argentinos y argentinas capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla; de entender que no saber lo que viene es un valor…”

Esta preclara frase fue dicha por el Ministro de Educación, Esteban Bullrich,  en el panel «La Construcción del Capital Humano para el Futuro» en el Foro de Inversiones y Negocios, que se realizó en el Centro Cultural Kirchner en septiembre de 2016. Pero, en realidad fue el remate del enunciado, porque un instante antes había dicho: “… educar para que hagan dos cosas, o sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, que generan empleos, que crean empleos…”

En esta especie de “genética educativa”, que propone el ministro aparece con toda la fuerza el lugar que la reforma economicista de la educación viene proponiendo desde la firma del documento “Educación para Todos”, en la Cumbre de Jomtien, Tailandia en 1990; reafirmado en Dakar 2000.

En una muy apretada síntesis: la educación como adiestramiento disciplinar. De allí el cambio de paradigma a la formación por competencias y no en el conocimiento; de allí, también, el creciente proceso de estandarización de carácter instrumental, como rige la OCDE con sus negocios  millonarios de las “pruebas” PISA  y las nuevas “encuestas” TALIS (estudio internacional sobre la docencia y el aprendizaje), pero este no es el tema de este artículo; o sí, en cuanto a los negocios y el “adiestramiento”  global.

Si bien esa es una de las perspectivas de la reforma, y la hemos abordado y desarrollado y criticado desde los ’90; también es necesario insistir sobre el control político que se viene desarrollando, vía reforma, a través de fundaciones y ong empresariales en las que prima el negocio con el Estado y donde queda demostrado el capitalismo de amigos y de parientes siendo buenos alumnos de las “recomendaciones” de los documentos reformistas, aquello de la alianza público-privada. Alianza encubridora, puesto que es estatal-privada, donde la cosa pública es transformada en mercancía de apropiación privada, por la desposesión que el Estado ejerce a través de sus normativas legales.

Hace unos días se conoció la noticia del acuerdo firmado  entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), dependiente del Ministerio de Educación, y la empresa  Internet Media Services, (IMS. Corporate) de capitales estadounidenses, que presta “servicios de medios y de marketing que se asocia con empresas de rápido movimiento que busca expandirse en América Latina o crecer dentro de la región”, como dice su propia página web.

Más allá de la certidumbre que genera saber. Saber por qué está acá. Para hacer negocios, lo que no genera es ninguna incertidumbre empresarial, no está para ver cómo les va en la optimización de ganancias porque el Estado es garantía de negocio, por supuesto con los dineros públicos. Como con la ong, “Enseña por Argentina”, a la que le pagamos con los dineros públicos por sus servicios de intromisión en el sistema y que, además, tiene un  rango de seudo-embajada, porque el propio Estado no puede interferir en sus acciones, de acuerdo con los propios estatutos como hemos mostrado en artículos anteriores.

Pero volvamos a los negocios fraterno-estatales, el titular del INET es Gabriel Sánchez Zinny y uno de los directivos de IMS es Ignacio Sánchez Zinny, es un convenio “fraterno”, para que la empresa le “preste servicios” al Instituto. Son servicios de adiestramiento de los que ellos ofrecen, puesto que es una empresa de marketing. Lo que importa es el negocio, la apropiación política y el control disciplinar.

Así Gabriel Sánchez Zinny continúa su carrera, ponderando la tecnología. El ex titular y cofundador de Kuepa. com, una empresa privada de provisión de servicios informáticos productora en el mercado educativo de “bachilleratos on line”.

Como escribimos hace casi un año[1], Kuepa actúa en Argentina, Colombia, México, Perú, Estados Unidos y República Dominicana. Posee su propio plan de estudios para la terminalidad del secundario, que consta de 27 materias.

En México, Kuepa recibió (septiembre 2015) un crédito de 3 millones de dólares del Fondo Multilateral de Invesiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de Inicia Fund (Fondo de inversiones de riesgo) para abrir nuevas escuelas  y expandir sus programas en Latinoamérica.

Dice su propia página web (www.kuepa.com.). “Kuepa contribuye al desarrollo de la fuerza laboral a través de soluciones educativas combinadas y virtuales para adultos a lo largo de toda América Latina y los Estados Unidos. A través de su plataforma exclusiva y sus contenidos, Kuepa ha formado a más de 30.000 alumnos desde su fundación 3 años atrás.”

Es decir, qué donde más se profundiza la “reforma educativa” mayor es la incidencia que las corporaciones tienen en el sistema, desde el control y diseño de las políticas a su inserción en el circuito de enseñanza siempre con fines de lucro.

Sería un error, pensar que esto sucede porque el Estado está “ausente”. No, este es el Estado, reconfigurado con la intelliguensia de las corporaciones privadas y las aspiraciones de los CEO reconfigurados en funcionarios; tanto que han reconfigurado hasta el concepto de lo público; todo lo público, lo común, es afectado por el uso de los intereses privados mientras en una actitud paroxista vemos la desposesión como un proceso al que llamaron “modernización”. Y así continúa expandiéndose el mundo corporativo, sobre todo lo que se mueve o no se mueve, sobre todo lo que es animado o inanimado, sobre el pensamiento, sobre la educación, en fin, sobre los cuerpos físicos y los cuerpos simbólicos.

Kuepa se funda en el 2012, aquí el dato interesante, porque antes el titular del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, Gabriel Sánchez Zinni, había fundado Edunexo.com, en enero de 2002 en República Dominicana[2], una empresa off shore, que luego se disuelve en enero de 2012, año en que aparece  Kuepa.

“Edunexo.com es un portal de internet de educación – como dice el diario La Nación[3] – sus inversores son Mario Quintana, Guillermo Pepe, Tomás Sánchez Zinny y Gabriel Sánchez Zinny. La inversión inicial  fue de US$ 100.000 más una capitalización de US$ 750.000 de otros inversores privados que se quedaron con el 25% de la compañía, aún antes de salir a la web. Edunexo apuntará a estudiantes de entre 6 y 26 años. La página contendrá una base de datos de instituciones educativas e información del rubro. El paso siguiente consiste en abrir sucursales en Brasil, España y México…”

Ahora bien, Mario Quintana, uno de los vicejefe de gabinete del gobierno nacional, ex CEO de Farmacity y fue uno de los inversores de Edunexo.com. Otro de los inversores fue Guillermo Pepe, licenciado en economía empresarial, que cursó estudios en la Universidad Torcuato Di Tella, de acuerdo con lo que expone en su blog[4]. Para no obviarlo, por su relación parental, también encontramos a Tomás Sánchez Zinny, que como asegura, en la red Linkedin, el actual Director de Ventas de Pepsico en Uruguay: “Edunexo fue un esfuerzo personal, que he desarrollado entre 2000 y 2003 junto con socios inversores como Bank of America y Banco Santander. Con operaciones en 4 países y unos ingresos anuales de $ 1MM el negocio proporciona software ASP y servicios de consultoría a instituciones educativas, gobierno, universidades y escuelas, para la gestión, administración y comunicación. Yo era responsable de la zona comercial y el lanzamiento de operaciones en República Dominicana y Chile, donde viví durante casi 2 años”.

Como manifiesta Tomás Sánchez Zinny, los otros inversores de Edunexo fueron el Bank of América, el Banco Santander y Educaria Hispana. Edunexo tenía oficinas en Brasil, Chile, México, España, República Dominicana y Argentina. La inversión inicial fue de US$ 3.000.000.

Posteriormente, Edunexo  fue absorbida por Educaria, uno de sus inversores iniciales, presente en Argentina, España y Chile, hasta que en 2012, Educaria Argentina se disuelve pero no se liquida, resuelve una fusión por absorción con la empresa Veredit SA, así aparece en el Boletín oficial (25-10-2012).

Todo sucede en 2012, adquisiciones, disoluciones, fusiones, absorciones, en definitiva, avatares del mundo corporativo; tal vez deberíamos llamarlo especulaciones. ¿A esto se referirán los “reformadores” cuando hablan del “mundo cambiante” y la “incertidumbre”?. A aparecer en un lugar, después en otro, luego “reconfigurarse” en otro, cambio de nombres y de etiquetas y así, mientras la optimización de ganancias continúa.

Las vinculaciones del Ministro con la familia Sánchez Zinny y la certidumbre como valor

La Fundación Formar, Formar Foundation Inc., es lo que corresponde escribir por cómo aparece registrada[5], según las investigaciones de los Panamá Papers, es una organización fundada en septiembre de 2006 (y de acuerdo con el registro permanece activa) con jurisdicción en Florida, Estados Unidos. Dedicada al intercambio en educación, un negocio tan de moda en los últimos años.

El presidente de esa fundación es el Ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich y componen el resto del Directorio: Diego Fernández, quien se desempeñaba como Jefe de Gabinete en Educación de la Ciudad de Buenos Aires cuando Esteban Bullrich era el ministro. El otro integrante es Gabriel Sánchez Zinny, titular del INET y en esos años, director de Edunexo. Cabe aclarar que, Formar Foundation Inc. es auspiciante de Kuepa.com. (de acuerdo con su propia página).

Ahora bien, en la declaración jurada[6] del Ministro Esteban Bullrich del año 2013, Formar Foundation, no aparece. Aunque sí aparece la tenencia de acciones del Bank of América, inversor en la disuelta Edunexo, adquiridas en 2011.

Grupo Sophia o el viaje a la semilla

Gabriel Sanchéz Zinny fue co-autor del proyecto “Hacia una escuela con mayor autonomía”[7] (1996),  junto a otros integrantes del llamado grupo Sophia, que era dirigido por Horacio Rodríguez Larreta, actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y fue presidido por Gustavo Lopetegui, ex – CEO de LAN y el otro de los vicejefes de gabinete del gobierno nacional.

En el grupo, también estaban, el actual ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, entre otros.

El “proyecto Sophia”, que había sido financiado por la fundación Banca de Boston, proponía: Construir un “ranking” de escuelas establecidas según su “éxito”. Las escuelas más exitosas recibirían una cantidad de dinero extra que, según la discrecionalidad de los directivos, se repartiría entre los más eficientes (este monto no es acumulativo, ni remunerativo). La competencia es el elemento que según Sophia, produciría la magia de la eficiencia y la excelencia.

La “competencia” es en sentido amplio el punto clave de la propuesta del grupo Sophia. Competencia entre docentes, entre escuelas y entre alumnos. Además el proyecto proponía lo obsoleto del estatuto docente, el financiamiento a través de la demanda y la reforma aplicada a los “docentes como figura clave del sistema, necesitada de incentivos”. Dice Sophía, “esos incentivos serían “por performances”.

Acaso aquellos que trabajaron para el proyecto de la reforma y obtuvieron tantos beneficios, ahora que están a cargo de los destinos del país, podrían tener otra mirada, cuando las posibilidades de negocio que abre esta perversa reforma economicista de la educación, aun se amplían desde el manejo del Estado.

Dictarse sus propias normas, no reconocer el derecho a huelga, porque desde el primer momento ya consideraban obsoleto el estatuto docente y obsceno el régimen de licencias. En otras palabras, extinguir los derechos de los trabajadores. Y, justamente, la impunidad empresario-estatal es lo que les da la fortaleza, incluso para decir: ““Crear argentinos y argentinas capaces de vivir en la incertidumbre y  disfrutarla; de entender que no saber lo que viene es un valor…”

O para hacer un llamado para sustituir a los docentes que deciden ejercer su derecho a huelga, como lo hace la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

En función de estos razonamientos, el equipo vino a realizar su proyecto amparado por la Ley de Educación Nacional que promociona la vinculación entre el mundo empresarial, la falacia de la sociedad civil  (léase fundaciones y ONG corporativas) y el sistema educativo. Los mismos están de los dos lados, o tal vez deberíamos decir del mismo, si tomamos la premisa, por todo lo expuesto, que el espacio estatal es el circuito de circulación de los  intereses privados.

Tal vez sea hora de reivindicar lo público, lo común por fuera del espacio estatal, por fuera de la lógica instrumental que estos Estados proponen con su circulación  de intereses privados.

La literatura es simulacro, los lectores juegan el juego de la ficción; la “reforma educativa” es simulación; hacer creer que la “mejora” está en ciertos enunciados con pretensión de verdad; al mismo tiempo que ocultan la otra cara de una falsa moneda: la desposesión publica de la educación.

[1]  Balvidares Darío “La Educación en la era corporativa III de las empresas educativas y otras cuestiones off shore” en Rebelión.org – 13 de mayo de 2016

[2] De acuerdo con los datos de Open Corporates.com

[3] Diario La Nación 12-02-2000

[4] gillermopepe.wordpress.com

[5] Datos en Open Corporates.com

[6] Diario La Nación “El patrimonio detallado que declararon los dirigentes del  Pro durante 2013” 25 de julio de 2014

[7] Para saber más sobre la crítica al proyecto Sophia ver: “Vox Marketing, vox dei. La ilusión de la autonomía escolar” en  Revista Novedades Educativas Nº 69. Bs. As. 1996. Autores: Darío Balvidares, Héctor Palma y Eduardo Wolovelsky. Contenido en el ensayo de Darío Balvidares “La Novela Educativa o el relato de la alienación” Redes Cultura. Bs. As. (2005)

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Deuda y falsa realidad

Hector Giuliano, NOTA HECTOR GIULIANO, Notas, Notas destacadas deuda, Novedades

Héctor Luis Giuliano 26.02.2017.
Un viejo refrán – de base evangélica – dice que el éxito más grande del Demonio es habernos hecho creer que no existe. Y con el problema de la Deuda Pública Argentina pasa algo parecido.El establishment financiero y sus portavoces viven repitiendo que nuestro país no enfrenta en la actualidad un grave problema de endeudamiento – incluyendo en el mismo la creciente nueva deuda externa Macri – y que, por lo tanto, la deuda habría dejado de ser un problema central para el Estado (…)

 

Deuda y falsa realidad

Por Héctor Luis Giuliano (26.02.2017) 

Un viejo refrán – de base evangélica – dice que el éxito más grande del Demonio es habernos hecho creer que no existe. Y con el problema de la Deuda Pública Argentina pasa algo parecido. El establishment financiero y sus portavoces viven repitiendo que nuestro país no enfrenta en la actualidad un grave problema de endeudamiento – incluyendo en el mismo la creciente nueva deuda externa Macri – y que, por lo tanto, la deuda habría dejado de ser un problema central para el Estado.

Este tipo de afirmaciones es probadamente irreal y quienes lo sostienen obvian principios básicos de Finanzas Públicas y soslayan, a la vez, hablar del juego de los intereses financieros y bursátiles concretos que se mueven lucrando a través del macro-negocio de la Deuda.

Es el negocio que – en forma directa o indirecta – constituye el sistema de Deuda Perpetua que rige nuestro país desde hace 40 años y que consiste en tomar obligaciones de muy discutible necesidad y sin demostración alguna de su capacidad de repago (como no sea apelando al clásico mecanismo de ir refinanciando con nuevas deudas la totalidad de los vencimientos a medida que se producen).

Tanto la administración Kirchner como la de Macri – con el apoyo de los medios de prensa, de la partidocracia política y de la clase dirigente en general – vivieron y viven repitiendo aseveraciones falsas con respecto al endeudamiento del Estado, soslayando el creciente agravamiento de la situación financiero-fiscal por causa precisamente de la crisis permanente de Deuda que sufre nuestro país: desde la fábula K acerca del supuesto des-endeudamiento del gobierno mientras, en los hechos, la deuda aumentaba a un ritmo promedio de 10.000 MD (Millones de Dólares) por año – más de 100.000 MD durante toda su gestión –  hasta el nuevo mega-endeudamiento externo en curso del gobierno Macri, saludado muy especialmente por los acreedores que son beneficiarios de este negociado de intereses sobre una deuda impagable.

Este razonamiento institucionalizado en favor del mecanismo de re-endeudamiento permanente y la toma de deudas adicionales sin capacidad de pago, viene sostenido en función de argumentos y de realidades falsas de distinto tipo, que podemos resumir en tres principales:

  1. El falso argumento técnico del índice Deuda/PBI (Producto Bruto Interno).
  2. El falso argumento conceptual financiero de soslayar la toma de deudas sin capacidad de repago y transgrediendo la normativa legal. Y
  3. El falso argumento político-psicológico de la Confianza como explicación del mayor endeudamiento del Estado.

Pasamos a un desarrollo sintético de estas imputaciones:

 

EL ÍNDICE DEUDA / PBI

Se dice que la Deuda Pública de la Argentina no es grave porque la relación Deuda / PBI es baja (52.8 % según los últimos datos oficiales al 30.6.2016)  pero este indicador no es un ratio financiero sino económico porque compara un numerador con el importe total de la Deuda – que es una magnitud financiera cierta del Estado Nacional – con un denominador (el Producto) que es una magnitud económica estimada del país.

Un índice de este tipo pudiera aplicarse a una empresa privada en la medida que se cuente con poder vender parte o la totalidad de los activos para cancelar las obligaciones pero ello no es aplicable de la misma forma al Fisco.

Además, este ratio inoperante – notablemente utilizado como metodología internacional (con el FMI a la cabeza) – toma como base una comparación incompleta o asimétrica de las cifras en cuestión porque el PBI es Nacional mientras que la deuda considerada para su cálculo es solamente la deuda del Estado Central (258.200 MD al 30.6 del año pasado), esto es, sin contar la deuda cuasi-fiscal del Banco Central (BCRA), la deuda consolidada de provincias/municipios, la Deuda Indirecta de Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios, ni las deudas a pagar por juicios contra el Estado con sentencia en firme; ni tampoco las Deudas Flotantes o Exigibles ni la cuota-parte de las garantías o avales del Tesoro sobre obligaciones traspasadas al gobierno.

En síntesis, un índice económico, no financiero, y armado en forma muy incompleta. A la falta de todos estos datos – que no son informados por los gobiernos de turno – salvo el BCRA y, muy desactualizado, el stock de deuda de las provincias – se agrega la incertidumbre acerca del inventario exacto de las obligaciones contraídas por el Fisco y el importante desfasaje en dar a publicidad las cifras actualizadas de la Deuda Pública.

Por último, cabe recordar que cuando la Argentina entró en default o cesación de pagos – a fines de 2001 – el cociente Deuda / Producto era cercano al de ahora, de sólo el 54 % del PBI (deuda de 145.000 MD sobre un PBI de 268.700 MD), un ratio que no se considera grave en las comparaciones internacionales pero que sí lo era y lo puede ser otra vez (como en el caso argentino) cuando (también como hoy) el perfil de vencimientos se estrecha.

DEUDA FINANCIERA Y PROYECTOS ECONÓMICOS

El argumento de que la toma de deuda es válida cuando se aplica al financiamiento de proyectos – caso obras públicas y/o de infraestructura – suena coherente, en principio, pero no es aplicable sin tener en cuenta importantes condicionamientos:

  • En primer lugar, debe demostrarse que el Estado realmente necesita financiar determinados proyectos con Deuda, es decir, tiene que justificarse debidamente que los fondos obtenidos en préstamo se requieren para ser aplicados a obras específicas necesarias para el país, cosa que en muchos casos en la Argentina no ha sido ni sigue siendo así. Aparte del hecho que prácticamente toda la deuda que se coloca no es para proyectos sino para refinanciar vencimientos y cubrir déficit fiscal.
  • En segundo término, debe justificarse que el gobierno elija financiar con endeudamiento lo que no puede financiar en forma alternativa con emisión monetaria – del tipo moneda dirigida y controlada – para el costeo de tales obras, lo que implica ahorrar el costo de los intereses y las condicionalidades conexas a los préstamos.
  • En tercer lugar, en caso que la toma de empréstitos y/o la emisión de títulos públicos – en función de los dos puntos anteriores – sea efectivamente necesaria y conveniente, debe demostrarse la capacidad de repago del Estado sobre tales obligaciones, según lo exigen la lógica financiera más elemental y la normativa legal vigente (Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado y disposiciones conexas).
  • En cuarto lugar, debe excluirse la toma de deuda en moneda extranjera para financiar obras que se pagan en pesos: un absurdo que se sigue repitiendo sistemáticamente, en especial con gran parte de los préstamos provenientes de organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial, BID y CAF).
  • Con el agravante que muchos de los fondos prestados por tales entes financieros internacionales no tienen – por definición – capacidad de repago, como el caso de los que se utilizan para sufragar planes sociales.
  • En quinto término, debe hacerse efectiva la prohibición legal ya existente – también por Ley 24.156 y normas vinculadas – en el sentido de no tomar deuda pública para financiar gastos corrientes, norma que se vulnera abiertamente por su operatoria y por su aplicación a la cobertura del Déficit Fiscal.
  • En sexto lugar, debe salirse de la trampa de concepto institucional – siempre subyacente pero muy pocas veces declarada – de que no hay problema en tomar y seguir tomando deuda sin capacidad de pago mientras haya dinero suficiente para poder pagar los intereses y refinanciar entonces el capital o principal de la deuda.
  • Por último, debe recordarse que, cualquiera sea la supuesta ventaja financiera y/o la hipotética capacidad de repago para deudas destinadas a nuevos proyectos – si las hubiera y se demostrasen como tales – las mismas deberían considerarse además en función del quantum total de los pasivos del Estado existentes, es decir, sumando las nuevas obligaciones a contraer al monto de las deudas acumuladas, ya que la solvencia sobre las deudas fiscales tiene que abarcar el conjunto de los pasivos y no sólo los nuevos.

Son demasiadas confusiones, omisiones y/o razonamientos engañosos los que están puestos aquí en juego para querer justificar el sobre-endeudamiento del Estado.

EL MITO DE LA CONFIANZA

Desde la época del Proceso Militar – gestión Martínez de Hoz – hasta el presente, o sea, durante 40 años de historia financiera argentina de endeudamiento público ininterrumpido y sin capacidad de repago, se viene repitiendo el ritornello (estribillo o muletilla, en italiano) de que la colocación de deuda de esta manera fiscalmente irresponsable es admisible y hasta ponderable porque estaría implicando una supuesta confianza en el país y particularmente en los gobiernos de turno que la fueron y siguen contrayendo.

Dejando de lado que la gran mayoría de las obligaciones que se contraen normalmente no tienen que ser afrontadas por la administración que las toma sino por la o las siguientes, la asunción de deudas sin la debida demostración de capacidad de repago constituye, en realidad, no sólo una manifiesta irresponsabilidad financiera – violatoria de los deberes y funciones de los funcionarios públicos – sino además una causal de ilegitimidad en sí misma para el Estado.

Y esto es así porque si gobiernos irresponsables toman deuda que no se puede pagar y los acreedores financieros de dichas obligaciones – que no son gente improvisada sino súper-especializada en la materia – toman y/o colocan esas deudas que saben que la Argentina deudora no va a poder pagar, este hecho concreto e irrefutable, un hecho que constituye toda una regla en el Sistema de la Deuda Perpetua, no solo deviene notable sino fundadamente sospechoso.

Y muy irregular o gravemente sospechoso desde el punto de vista político-institucional porque asocia a la banca especulativa internacional prestamista con la complicidad de los funcionarios superiores del Estado. Ya que según la Lógica de la Usura, la clave del prestamista usurero no es que el Deudor pague sus deudas sino que no las pueda pagar nunca, precisamente porque ese acreedor financiero vive de los intereses y condicionamientos conexos del Sistema de la Deuda Impagable.

 

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DEUDA Y RESERVAS DEL BANCO CENTRAL

Hector Giuliano, NOTA HECTOR GIULIANO, Notas, Notas destacadas deuda, Novedades

Héctor Luis Giuliano 22.02.2017.
En la actualidad la Argentina vuelve a acercarse a tener los niveles históricos más altos de Reservas Internacionales (RI) en el Banco Central (BCRA): hoy estas reservas ascienden a 50.800 MD (Millones de Dólares – con redondeo – según datos de la prensa al 22.2)

 

DEUDA Y RESERVAS DEL BANCO CENTRAL


Por Héctor Luis Giuliano (22.02.2017)

En la actualidad la Argentina vuelve a acercarse a tener los niveles históricos más altos de Reservas Internacionales (RI) en el Banco Central (BCRA): hoy estas reservas ascienden a 50.800 MD (Millones de Dólares – con redondeo – según datos de la prensa al 22.2).

Cuando asume el gobierno Macri, en Diciembre de 2015, el saldo de las reservas heredado de la administración Kirchner era de unos 25.000 MD.

Ergo, el quantum de tales reservas hasta la fecha se ha duplicado.

Pero ocurre que este elevado monto de divisas que constituyen las reservas de la Argentina no es propio del BCRA sino producto de haber tomado sistemáticamente deuda – directa e indirecta – para sostenerlo.

En base a la última información oficial disponible del BCRA – al 15.2 – el cuadro de situación de la posición de reservas propias del BCRA es el siguiente:

  1. El stock total de reservas es de 48.600 MD (≡ 751.800 M$-Millones de Pesos, al tipo de cambio mayorista de 15.46 $/US$). Pero:
  2.  A este importe hay que restarle los encajes bancarios depositados como cuentas corrientes en el BCRA, que suman 23.650 MD.
  3. Y también hay que restarle las deudas por Otros Pasivos (fundamentalmente el swap de monedas con el Banco Popular de China) por 12.350 MD.
  4. Descontando este subtotal de 36.000 MD (por ambos conceptos) del total de las Reservas brutas – los 48.600 MD del punto 1) – el stock neto o stock de reservas propias del BCRA queda reducido a 12.600 MD.
  5. Más si a este saldo se le resta además la deuda cuasi-fiscal por Lebac – que son pasivos de corto plazo emitidos en gran escala por el BCRA y que suman hoy 726.600 M$ (≡ 47.000 MD) – tenemos que el saldo real de reservas propias  pasa a ser ya muy fuertemente negativo: 34.400 MD (-).

¿Por qué restamos las Lebac del stock de reservas netas?

Porque estas obligaciones – cuya finalidad teórica es regular la Oferta Monetaria – en la práctica son un subproducto obligado de la política cambiaria y no de la política monetaria directa del BCRA:

  1. Porque una parte de las reservas se compran o pueden comprarse – como en los tiempos del kirchnerismo – con emisión de pesos sin respaldo, cuyo contravalor son las divisas que ingresan; pero estos pesos emitidos se absorben inmediatamente vendiendo Lebac al grupo oligopólico (u oligopsónico) de los grandes bancos que operan con estos instrumentos de deuda en la plaza argentina.
  2. Porque igualmente se utiliza en forma masiva la operación inversa, esto es, la colocación de Lebac para absorción o esterilización de los pesos que se emiten por el ingreso de divisas – que es la variante utilizada hoy esencialmente por la administración Macri – aunque con la importantísima observación de que tal ingreso de divisas corresponde no sólo a tradicionales liquidaciones de exportaciones (en su mayoría agro-pecuarias) sino fundamentalmente a moneda extranjera que entra al país por la toma creciente de deuda externa y por el ingreso de capitales especulativos o golondrina que lo hacen para lucrar con el arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés: con dólar estable y retrasado combinado con tasas de interés locales extraordinariamente altas (del orden del 24-25 %).
  3. Porque el aumento de la Base Monetaria (BM) derivado de la pesificación de divisas de las reservas sirve para presentar una paridad teórica – o tipo de cambio aparente – más baja que la real: 17.20 $/US$ (BM 835.300 M$ / IR 48.600 MD). (*)

Y esta última relación – sostenida artificialmente con la toma de deuda externa y la entrada de capitales financieros de corto plazo – se mantiene para aguantar la política de atraso cambiario del BCRA.

¿Y por qué la autoridad monetaria – a cargo de Federico Sturzenegger – se empeña en sostener tal retraso del tipo de campo o política de dólar barato?

Porque la administración Macri se encuentra total y absolutamente condicionada por su política institucional de gobernar con deuda – primordialmente nueva deuda externa – y para ello necesita un tipo de cambio bajo ya que el Estado Argentino recauda en pesos y tiene que convertir esos pesos a moneda extranjera para pagar los servicios de las deudas con el extranjero.

De allí que el gobierno dependa de mantener el retraso del tipo de cambio porque, caso contrario, no podría garantizar el pago de esos servicios de la deuda externa – servicios de los que sólo se abonan los intereses porque el capital o principal se refinancia totalmente (hasta el último centavo) y además se coloca deuda adicional –  de modo que la actual política de dólar barato queda atada al cordón umbilical del capital especulativo internacional, cuyo flujo determina así el sentido de toda la política financiera local del BCRA en materia monetaria, cambiaria y bancaria.

Por eso decimos que el gobierno Macri no defiende hoy el valor del peso argentino – gravemente carcomido por un proceso inflacionario que su administración no sabe frenar y que, como agravante, retroalimenta con la falta de controles de precios, con el aumento extra-ordinario de las tarifas de servicios públicos y con el nivel elevado de las tasas de interés – sino que, en lugar de preocuparse por el valor del peso su objetivo central es defender el valor del dólar a través de la apreciación del peso.

Debido a que si el gobierno incurre en una nueva macro-devaluación – después del fracaso de la devaluación de Diciembre de 2015, que se licuó con el traslado masivo a precios de dicha devaluación – nuestro país no sólo corre el riesgo de quedar desubicado dentro del circuito perverso de refinanciación permanente de su deuda en moneda extranjera sino que arriesga además la posibilidad cierta de caer en un nuevo default o cesación de pagos.

Éste es el principal problema de fondo financiero-fiscal de la administración Macri, un problema que las autoridades tratan de ocultar a la opinión pública en complicidad con todos los grandes medios de prensa del establishment y también – salvo honrosas pero minoritarias excepciones – con la complicidad de la partidocracia política con representación parlamentaria; asociados todos en el enmascaramiento de la nueva crisis de Deuda que vive nuestro país.

Esta dependencia estructural o institucional del Sistema de Deuda perpetua – como lo venimos observando hace tiempo – compromete no sólo la estabilidad financiera sino también la estabilidad política del gobierno Macri; con el agravante que esta vulnerabilidad se acentúa en el presente año electoral.

«Argentina 2017 bajo la ilusión del crecimiento con deuda», programa especial conducido por Héctor Luis Giuliano en TLV1

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MEGA-ENDEUDAMIENTO DE MACRI EN ENERO 2017

Hector Giuliano, NOTA HECTOR GIULIANO, Notas, Notas destacadas deuda, Novedades

Héctor Luis Giuliano 10.02.2017.
En el contexto de su política de gobernar con deuda – planteada  desde el inicio de su gestión en Diciembre de 2015 – la administración Macri sigue batiendo récords históricos de emisión de Deuda Pública, Externa e Interna.

 

MEGA-ENDEUDAMIENTO DE MACRI EN ENERO 2017

Por Héctor GIULIANO (10.2.2017)

En el contexto de su política de gobernar con deuda – planteada  desde el inicio de su gestión en Diciembre de 2015 – la administración Macri sigue batiendo récords históricos de emisión de Deuda Pública, Externa e Interna.

Estas colocaciones se vienen realizando por montos elevadísimos, bajo condiciones discrecionales que son manejadas directamente y en forma secreta por el actual Ministerio de la Deuda – oficialmente denominado Ministerio de Finanzas – siguiendo un programa de endeudamiento en gran escala – eufemísticamente llamado Programa Financiero – y sin que exista la más mínima demostración de capacidad de repago sobre las obligaciones financieras que se están asumiendo con total irresponsabilidad fiscal porque se trata de deudas que el Estado Argentino no puede pagar.

A los efectos de ocultar la situación real y concreta de iliquidez e insolvencia de nuestro país, el gobierno Macri – en complicidad con sus acreedores – procede a seguir refinanciando sistemáticamente la totalidad de los vencimientos de capital (a medida que se producen y hasta el último centavo), con nuevas deudas y además a contraer deudas adicionales, que están destinadas en su gran mayoría a cubrir el déficit fiscal creciente de su administración.

Con el agravante que la mayor parte de estas colocaciones de deuda se aplican así a sostener la financiación de gasto público corriente, lo que está prohibido por la Ley 24.156 de Administración Financiera y sus normas conexas, dado que el artículo 56 de la ley dice taxativamente que se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos.

En este marco, las emisiones de deuda realizadas por el gobierno nacional en Enero de este año – sin contar aquí las colocaciones que paralelamente vienen realizando el Banco Central (BCRA), las provincias (con Buenos Aires a la cabeza), las empresas del Estado y las obligaciones contraídas para pagar juicios contra el fisco con sentencia en firme (como el caso de los holdouts y los reclamos previsionales) – han llegado ya a niveles récord tanto en valor absoluto como relativo.

Durante el primer mes de 2017 el gobierno Macri ha colocado deuda pública directa – es decir, sólo deuda de la Administración Central – por más de 17.000 MD (Millones de Dólares):

  1. Un préstamo de 6.000 MD a 18 meses de plazo y tasa de interés nominal del 3.8 % anual (2.9 % más Libor 0.9), con garantía de títulos Bonar 24; otorgado por los bancos BBVA (Bilbao Vizcaya Argentaria), Citibank, Deutsche Bank (DB), HSBC (Hong Chan), JP Morgan y Santander. Son los mismos bancos que actúan como colocadores de bonos en el exterior y se entiende que este crédito consorciado y a corto plazo (un año y medio) actúa en la práctica como préstamo-puente dentro del escalonamiento de la colocación de bonos según el Programa Financiero 2017.
  2. Dos nuevos títulos por 7.000 MD, bajo ley extranjera de Nueva York: uno, a 5 años de plazo (vencimiento 2022) por 3.250 MD con tasa de interés de 5.625 %; y otro a 10 años (2027), por 3.750 MD con tasa del 7.0 %.

 

Todos estos bonos y préstamos que emite el Estado son de tipo bullet, es decir, que amortizan el capital o principal íntegramente a su vencimiento, pero pagan intereses en forma semestral; si bien las autoridades no suministran detalles sobre las condiciones contractuales de tales obligaciones ni mucho menos sobre los compradores de títulos.

El gobierno Macri se ha jactado del supuesto éxito de esta doble colocación de bonos – las ofertas fueron por 22.000 MD contra un requerimiento original de 5.000 MD – pero la realidad es bastante diferente porque en este momento existe excedente de capitales especulativos en el mundo y ello deriva, como siempre, en una muy fuerte presión por parte de los grandes grupos financieros internacionales   para colocarse en países como la Argentina, que en la actualidad emite deuda a las tasas de rendimiento más altas del planeta.

Este proceso se presenta ante la opinión pública como supuestas  oportunidades dadas por el apetito del mercado – un eufemismo que se usa para traducir las presiones de endeudamiento  fiscal – como adelanto ante el peligro de tasas más altas con el advenimiento del gobierno Trump en Estados Unidos y, consecuentemente, como conveniencia así de adelantar la colocación de nuevas deudas del Programa Financiero 2017.

  • Nuevos desembolsos provenientes de organismos financieros internacionales, particularmente la CAF-Corporación Andina de Fomento, que acordó un nuevo préstamo a la Argentina por 400 MD para el Paseo del Bajo, en la CABA (plazo a 15 años con 4 de gracia).

Por Decreto 29/2017, del 11.1, el presidente Macri facultó al Ministerio de Finanzas para contraer un total de nueva deuda externa por 20.000 MD durante el corriente año incluyendo cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros (Nueva York y Londres) y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana (con restricciones varias que son de rigor en estos casos), como así también la inclusión de Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) y Pari Passu.

Por el mismo decreto, aparte de reiterarse algunas autorizaciones generales ya consignadas en la Ley 27.341 de Presupuesto 2017, se incorpora además toda una serie de facultades amplias a través de las cuales el Ministerio de Finanzas puede decidir lo que quiera en materia de colocaciones de Deuda Pública. (*)

El texto de estas autorizaciones cuasi-irrestrictas está prácticamente copiado de la Ley 27.249, que el año pasado autorizó al entonces Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas – como Autoridad de Aplicación – a colocar las nuevas obligaciones de deuda para pagar los juicios contra los holdouts bajo las mismas condiciones absolutamente discrecionales.

  1. Nueva Deuda intra-Estado (una modalidad inaugurada y utilizada abusivamente por la administración Kirchner), proveniente de Adelantos Transitorios en curso del BCRA (dentro de un margen anual autorizado por 150.000 M$-Millones de Pesos) y otras obligaciones colocadas en distintos entes oficiales, como el FGS-Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (una letra por 17.000 M$ a un año de plazo)  y el BNA-Banco Nación (un Bono del Tesoro – conocido o refrendado por Resolución E 16/2017, del 9.2 – por 25.000 M$ y vencimiento en Agosto de 2019).
  2. Letras de Tesorería (Letes) por unos 2.000 MD, emitidas en dólares durante el mes, como obligaciones financieras de muy corto plazo (90 y 180 días, a tasas del 3.0 y 3.3 % respectivamente).

En total, se estima que el gobierno Macri ha colocado – solamente durante el mes de Enero – deuda pública, externa e interna, por más de 18.000 MD (18.600), incluyendo letras.

Y la serie de colocaciones continúa: en la fecha se ha editado por la página web del Ministerio de Finanzas un nuevo llamado a licitación de Letras del Tesoro en dólares (a 95 y 186 días) y Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija con vencimientos 2021, 2023 y 2026.

Estos últimos – los bonos – tienen tasa de interés invertida de 18.20, 16.00 y 15.50 % anual respectivamente, que se pagan semestralmente, y se colocan bajo la par para garantizar mayor rendimiento a los inversores financieros.

Con este conjunto de nuevas colocaciones de deuda el gobierno Macri encara un peligroso sobre-endeudamiento durante el año electoral 2017 y lo hace al amparo de la Ley de Presupuesto 27.341, que autoriza un aumento de la deuda durante el ejercicio de 38.200 MD: vencimientos de capital por 58.200 MD contra emisión de nueva deuda para cubrir las cancelaciones y tomar deuda adicional por 96.400 MD.

Este monto a emitir – que ya está aceleradamente en curso – expresado en pesos es de 1.727.500 M$ (96.400 MD x 17.92 $/US$), una suma que consolidando toda la deuda en valor absoluto equivale al 73 % del Gasto Público Total del Ejercicio 2017, que es de 2.393.600 M$ (≡ 131.900 MD).

Según el Programa Financiero 2017 – dado a conocer a principios de Enero – el gobierno prevé emitir deuda por algo más que el total presupuestado: unos 40.350 MD (consolidando siempre las colocaciones en diversas monedas), de los que la mitad (20.000 MD) serían Deuda Externa.

La administración Macri aumenta fuertemente y acelera así en forma muy peligrosa el cuadro de endeudamiento público heredado de la gestión Kirchner, con el agravante que lo hace usando una preponderante nueva deuda con el exterior.

Y este panorama se agrava adicionalmente con el cambio de estructura, composición y características del endeudamiento porque:

  1. Aumenta el monto de la Deuda Pública, Externa e Interna.
  2. Aumenta consecuentemente la suma de intereses a pagar – porque se toma deuda más cara – y lo hace en mayor proporción que el aumento del principal. Y
  3. Disminuye cada vez más la vida promedio de la deuda en su conjunto porque aumenta la proporción de colocaciones de letras y bonos a corto plazo.

Aunque el partido de la deuda y los portavoces del establishment financiero que lo acompañan tratan de enmascarar la gravedad de esta situación que afronta el gobierno Macri, el mismo se encaminaría precipitadamente a la necesidad de un nuevo megacanje o alternativa de seguir subdividiendo cada vez más el complejo sistema de canjes vigente por tipo de acreedor y/o instrumentos de deuda, a los fines de seguir pateando para adelante el problema insoluble de iliquidez e insolvencia del Estado Argentino frente a una deuda pública impagable.

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