Reconfiguraciones sociopolíticas en Argentina

Maristella Svampa 13.08.2016.
Los cambios y transformaciones ocurridos en la sociedad argentina durante el ciclo kirchnerista (2003-2015) son de diverso orden, tanto a nivel de estructura social como de los sujetos sociales emergentes en la dinámica de conflictos (…)

 

Reconfiguraciones sociopolíticas en Argentina

Al Dorso (13.08.2016)

 

Argentina: Conflictos y reconfiguraciones sociopolíticas durante el ciclo kirchnerista

Maristella Svampa[1]

Agosto de 2016

En este texto sobre el ciclo kirchnerista  voy a ocuparme de cuatro temas. En primer lugar, me referiré a los cambios en la estructura social argentina en los últimos quince años. En esa línea, es importante subrayar el fortalecimiento de actores sociales que habían sido castigados en la década anterior, como por ejemplo las clases medias urbanas y los sectores populares (trabajadores formales e informales), proceso ligado al crecimiento de la economía, la expansión del modelo industrial y el incremento del consumo. Sin embargo, cabe destacar que, como en otros países latinoamericanos, los sectores altos se vieron muy beneficiados por el ciclo kirchnerista.

En segundo lugar, daré cuenta de las grandes transformaciones rurales, a partir de la expansión y consolidación de un nuevo modelo agrario (agronegocios, particularmente soja transgénica), hecho que trajo como correlato la emergencia de nuevos sujetos rurales globalizados, aunque no desligados de la vieja oligarquía agraria. En esa línea, cabe destacar además la expansión de actividades extractivas y megaproyectos y la profundización de la transnacionalización de la economía argentina, lo cual vino acompañado de un mayor protagonismo de las empresas transnacionales. Estos dos últimos procesos explican también el ocaso, arrinconamiento y en algunos casos, transformación, de sujetos sociales ligados a otros modelos agrarios/productivos.

En tercer lugar, me referiré al campo de las movilizaciones y movimientos sociales, focalizándome en los conflictos centrales del ciclo kirchnerista, tales como el enfrentamiento entre las corporaciones agrarias y el gobierno de Cristina F. de Kirchner, las movilizaciones de las clases medias (por y contra el kirchnerismo), para luego referirme a las periferias, esto es, las movilizaciones por fuera del campo binario, ligadas a la expansión de las fronteras del extractivismo y el acaparamiento de tierras.

En cuarto lugar, hablaré brevemente del escenario político actual y las luchas sociales. En este sentido importa aclarar que, en consonancia con otras experiencia del continente, el kirchnerismo tuvo una gran productividad para monopolizar el progresismo como espacio de centro-izquierda, expulsando otras fuerzas políticas, al tiempo que promovió una interpretación del conflicto en clave dicotómica o binaria, visibilizando algunos (conflictos sindicales; diversidad sexual, medios de comunicación, patronales agrarias) y expulsando de su radio de tratamiento y lectura otros conflictos (megaminería, acaparamiento de tierras, impactos socio-sanitarios del modelo sojero, incluso el narcotráfico, entre otros). Esta situación se mantiene, pese a los reveses que el kirchnerismo está enfrentando, sobre todo en el ámbito judicial.

 

1. Estructura social y económica. Recuperación de posiciones y vuelta a la “normalidad”

Los cambios y transformaciones ocurridos en la sociedad argentina durante el ciclo kirchnerista (2003-2015) son de diverso orden, tanto a nivel de estructura social como de los sujetos sociales emergentes en la dinámica de conflictos. En este apartado haré un breve resumen de los cambios y reconfiguraciones de las clases medias, sectores populares y sectores dominantes.

Para comenzar, hay que decir que la Argentina de los últimos 15 años registró un fortalecimiento de las clases medias, a partir del aumento de la ocupación, del incremento de los salarios y la recuperación del consumo. Hay que tener en cuenta que las clases medias (urbanas), más allá de su heterogeneidad social, han jugado un rol central en la configuración de un imaginario acerca de la excepcionalidad argentina, como “un país más homogéneo, más igualitario”, respecto de otros países latinoamericanos más marcados por la distancia social o las grandes desigualdades. Sin embargo, esta representación se quebró durante la década de los ´90, cuando en un marco de polarización social la Argentina vivió un retroceso de las clases medias, visible en la fragmentación intraclase y en un fuerte proceso de movilidad social descendente. Esto se tradujo por el empobrecimiento de vastas franjas (sectores medios autónomos y asalariados). Munidas de un importante capital cultural, pero debilitadas en términos de capital económico y aspiraciones sociales, las clases medias fueron las grandes protagonistas de las protestas sociales durante 2001 y 2002, que derribó varios gobiernos. Por ello mismo, en los últimos quince años, esto es, durante la posconvertibilidad y con el ingreso al Consenso de los Commodities, el mejoramiento de sus posiciones económicas y el acceso al consumo no se vivió como una suerte de “democratización” (como sucedió en otros países, por ejemplo, en Brasil), sino como la “recuperación” de un estándar de vida y de patrones de consumo, perdidos en la década anterior. [2]

En esta línea, una segunda transformación asociada a la reactivación económica fue un mejoramiento de la situación de los trabajadores formales, gracias a la generación de empleo y el crecimiento económico. Asimismo, hubo  una reducción de sectores marginales y grupos no calificados respecto del período anterior. Nuevamente, hay que tener en cuenta lo sucedido en el período anterior, cuando amplios sectores de la clase trabajadora urbana sufrieron un proceso de descolectivización y pasaron a engrosar parte del proletariado marginal (trabajadores informales o precarizados) o simplemente quedaron desempleados. La descolectivización masiva estuvo en el origen de una serie de movimientos de desocupados (piqueteros), que entre 1997 y 2004, se constituyó en el gran actor social del conflicto en la Argentina, realizando cortes de ruta en todo el país y reorganizando el tejido social en los barrios populares.

En suma, el período posconvertibilidad ilustra, al menos hasta 2011, una reversión de la tendencia dominante en la década anterior respecto de los sectores populares: aumento del empleo calificado de 17,5% a 33,8%, creación de puestos de trabajo en la industria hasta 2006 yen la construcción, posteriormente en el sector servicios.[3] Pero si el sector de trabajadores manuales calificados experimentó una notable mejoría y creció, la reducción de trabajadores no calificados y marginales fue menos significativa. Ciertamente, al menos hasta 2007 hubo una fuerte creación de empleo (unos 5 millones de puestos de trabajo, luego de la crisis de 2001-2002), hecho que si bien implicó una recuperación de la industria, no conllevó cambios sustantivos, pues “quedó también reinstalada la misma estructura industrial dependiente y vulnerable del pasado”.[4]

El crecimiento de la economía y aumento del empleo y el salario, contribuyeron a una baja sustantiva de la pobreza, respecto de 2001-2002, cuando esta llegó al 52%. En 2007, informaba el INDEC, ésta se había reducido al 20,6% de la población mientras que la indigencia era del 5,9%. Asimismo, durante los doce años de kirchnerismo se mejoró la situación de los jubilados. A partir de 2006 se amplió la cobertura previsional, que permitió a unos 2,5 millones de jubilados recibieran una pensión a pesar de no haber hecho aportes. El kirchnerismo retomó la tradición democrática de paritarias libres (convenios colectivos de trabajo), perdidos durante el neoliberalismo, lo cual mejoró el salario de los trabajadores formales, públicos y privados, al compás del corrimiento del conflicto sindical, hacia el área laboral. Esto recolocó a los sindicatos de trabajadores formales como actor central del conflicto y, desde el punto de vista simbólico, volvió a generar cierta confianza de clase, visible en la recuperación de un “modelo productivo”, asentado en el trabajo, en contraposición al modelo financiero de los años ’90. La CGT, tradicionalmente peronista, volvió a unificarse y encolumnarse detrás del peronismo/kirchnerismo, bajo el liderazgo de Hugo Moyano, jefe de los camioneros, uno de los sectores más beneficiados por las políticas de los ´90 (a raíz del desmantelamiento de los trenes).

También es interesante observar lo sucedido respecto de la precarización: pese al aumento del empleo formal, las tasas de empleo informal continuaron siendo altas (alrededor del 30%, cuando en 2001 era del 48%). Por un lado, hubo una extensión del universo de la precariedad, via subcontratación y tercerización, sobre todo en el área de servicios. Así, en el marco del aumento de la conflictividad sindical, no fueron pocas las luchas protagonizadas por comisiones internas contra la precarización, en ciertos casos por fuera de la dirigencia de los sindicatos o de las centrales reconocidas. Entre éstos se destacaron el sector de servicios y transporte. Conflictos como el que ocasionaron la muerte de un militante de izquierda, Mariano Ferreyra, asesinado en el marco de una protesta contra la precarización laboral, en 2010, mostraron el costado más sombrío de la expansión de nuevas formas de desigualdad al interior de los sectores trabajadores urbanos.

Otros conflictos sindicales de base que tuvieron gran resonancia, fueron protagonizados por el sector público (educación y salud). Desde las huelgas de los hospitales públicos, hasta los persistentes paros del sector docente (enseñanza primaria y secundaria) en varias provincias, dichos conflictos han puesto de manifiesto el deterioro salarial y la ampliación de las fronteras de la precariedad, en una época de prosperidad económica. El asesinato de un docente en la provincia patagónica de Neuquén (abril de 2007) a manos de la policía provincial, y las constantes pujas en otras provincias, revelaron la ausencia de propuestas integradoras en torno a la recuperación y revaloración de lo público, así como la dificultad de los propios sindicatos de nacionalizar los conflictos.

Por otro lado, ha persistido un núcleo duro de trabajadores en posiciones marginales (la marginalidad, tópico mayor de las ciencias sociales latinoamericanas), sostenidos en parte por los diferentes programas sociales que fortaleció el gobierno, en continuidad con las anteriores políticas gubernamentales.  Este presenta particularidades según sexo, pues es más alto en las mujeres que en los varones; edad, afecta sobre todo a los jóvenes (60%); y, por último, su incidencia disminuye a medida que aumenta el nivel educativo.

Respecto de las políticas sociales en relación a los sectores más vulnerables, en 2009 se sancionó por decreto la Asignación Universal por Hijo (unificando y reemplazando así los otros programas sociales), una medida promovida desde hacía años por partidos y organizaciones sociales progresistas opositoras, cuyo impacto sobre los sectores más excluidos fue importante, aun si su alcance estuvo lejos de ser universal.

Por último, respecto de los sectores altos de la sociedad, hay que decir que éstos mejoraron sus posiciones durante el kirchnerismo. Claro que hubo modificaciones, entre las cuales debemos consignar cuatro fundamentales.

• Primero, hubo un desplazamiento del capital financiero (típico de los ´90), hacia el capital productivo y extractivo (oportunidades que abría la reactivación de la industria, nuevo capitalismo agrario y expansión de las fronteras del extractivismo).

• Segundo, hubo una acentuación de la concentración y extranjerización de la economía. El proceso de extranjerización de los 90, se fortaleció a partir de 2004, con la reactivación del mercado interno, dominado por oligopolios; lo cual se vio potenciado, en el marco del consenso de los commodities, por la acentuación de la extranjerización en las actividades extractivas (petróleo, megaminería). Así, en la actualidad el perfil de la cúpula empresarial se destaca por la notoria presencia de firmas extranjeras.

• Tercero, luego de la crisis de 2001-2002, y durante los primeros años del kirchnerismo, los sectores dominantes optaron por adoptar una estrategia de “bajo perfil”, que consistió basicamente en reducir la ostentación, típica de la era menemista.

Sin embargo, a partir de 2004, la reactivación del consumo y la inversión repercutió en un afianzamiento del estilo de vida ligado la segregación espacial (urbanizaciones privadas) y los consumos de lujo. Para decirlo de otro modo, con el “retorno a la normalidad”, las clases altas volvieron a recuperar la seguridad ontológica, esto es, la confianza en sí mismas, que había sido amenazada con la crisis y el default (2001-2002).

Cuarto, y relacionado con lo anterior, el período se caracteriza por la expansión del nuevo paradigma agrario (agronegocios), el cual ilustra la emergencia de un nuevo perfil empresarial, cuya fusión con la vieja oligarquía agraria se haría cada vez más ostensible, a medida en que el modelo de agronegocios fuera afirmándose como hegemónico. En suma, más que cambios de en los sectores dominantes, en Argentina asistimos a la emergencia de un nuevo ethos empresarial, ligado al agronegocios (al menos, como modelo identitario), que reforzó la seguridad ontológica de los sectores dominantes como “motor” de la economía argentina. Eso se hará notorio en la expresión genérica “el campo”, que alude a la nueva estructura agraria y denota la reasociación de la bonanza económica con el imaginario del país agrario.

En suma, el ciclo kirchnerista se caracterizó por una mejora material en las condiciones de trabajo, ingreso y consumo de los sectores subalternos. Esto llevaría a afirmar a estudiosos como G.Kessler[5] que, dichas mejoras habrían marcado una reversión de las tendencias propias de los años ´90 (la sociedad excluyente), o sea, que habría habido un quiebre de la polarización social, si comparamos con el período anterior. Sin embargo, dicha reducción de la pobreza no conllevó una disminución de las desigualdades. Cierto es que el mejoramiento de la situaciones de los sectores subalternos fue notorio, al menos, entre 2006 y 2011, época a partir de la cual el sostenido aumento de la inflación, el estancamiento en la creación de empleo privado, así como las políticas económicas implementadas potenciaron la crisis económica y trajeron como consecuencia, sobre todo en relación a los sectores populares, una licuación de las mejoras logradas. Por otro lado, como es sabido, en sintonía con los últimos estudios sobre desigualdad en la región, es necesario relativizar las afirmaciones triunfalistas acerca de la reducción de los niveles de desigualdad operadas durante la década progresista. Así, al contrario de lo que se venía afirmando de que América Latina era la única región del mundo donde había disminuido la desigualdad, dichas investigaciones -centradas en las declaraciones fiscales de las capas más ricas de la población-, muestran que, al compas de la disminución de la pobreza, la región ha conocido una concentración mayor de la riqueza.[6]

Volviendo a la Argentina, más allá de los impuestos a las exportaciones agrarias y, a partir de 2008, a las mineras (entre 3 y 5%), durante el período no se registró ninguna reforma tributaria que implicara avanzar sobre los beneficios de los sectores más poderosos.  Todo lo contrario; el Estado siguió subsidiando a las empresas de servicios y de la producción e incluso, en los últimos años, comenzó subsidiar a las petroleras, que amenazaban con despidos masivos, frente a la baja del precio internacional del bruto y la pérdida de ventajas comparativas. Por otro lado, el sistema tributario continúa siendo opaco, complejo y regresivo (la reducción del impuesto a las ganancias ha sido uno de los reclamos mayores de los sindicatos, porque afecta incluso a salarios medios-bajos; el IVA es del 21%); el capital financiero no ha sido gravado, ni tampoco existe un impuesto al juego (que ha tenido notable expansión en el período). La nueva ley de tierras no afecta el proceso de extranjerización (no es retroactiva). Por último, a diferencia de otros países latinoamericanos, la reforma agraria es un tema ausente del debate.

2- Las transformaciones de la estructura agraria. Núcleo y periferias.

En líneas generales, podríamos decir que en Argentina existen por lo menos tres universos agrarios:

• el mundo claramente hegemónico del agronegocios;
• el mundo chacarero otrora central en clave de economías regionales, aunque nunca hegemónico;
• en fin, el históricamente marginalizado  mundo campesino-indígena.

Desde el punto de vista agrario, las lógicas de estos mundos son ciertamente diferentes, hasta contrastantes, así como la densidad, la extensión y las relaciones de asimetría instalados entre ellos.

Comencemos por el mundo hegemónico. Existe una vasta y rica literatura que da cuenta de la emergencia del agronegocios, caracterizado por el uso intensivo de biotecnologías, de acuerdo a estándares internacionales (semillas transgénicas a través de la siembra directa), lo cual colocó a la Argentina como uno de los grandes exportadores mundiales de cultivos transgénicos. Dichas innovaciones implicaron un gran desarrollo del sector agroalimentario y un salto en la escala de producción, incrementando notoriamente su peso relativo en las exportaciones y la economía argentina. Su vertiginosa expansión implicó una restructuración global del sistema agrario tradicional, que ya arrastraba una fuerte crisis, agravada por la política excluyente de los años´90. El modelo de agronegocios se extendió no sólo en la región pampeana, sino también en las llamadas áreas marginales, esto es, en el norte y litoral del país, ocupando en la actualidad unas 22 millones de hectáreas (sobre 33 millones cultivables), de las cuales el 90% está dedicado a la soja. La rentabilidad del sector agroalimentario se vio favorecida por la salida de la convertibilidad (2002, gracias a la devaluación de la moneda local), así como por el boom de los precios internacionales de productos primarios.

Según Grass y Hernández,[7] las características actuales del modelo de agronegocios -que por supuesto incluye, además de la soja, otros cultivos transgénicos  como el maíz, girasol, algodón y otros-,serían las siguientes: Transectorialidad (integración vertical y horizontal); priorización de la producción para la exportación, intensificación del papel del capital (y creciente peso del capital financiero) en los procesos productivos agrarios; estandarización de las tecnologías utilizadas y acaparamiento de tierras para producción a gran escala.

El nuevo modelo agrario cuenta con diferentes actores: mientras que en el sector semillero encontramos las grandes empresas multinacionales del sector (como Monsanto, Novartis, Singenta y Cargill)[8] y unos pocos grandes grupos económicos locales, en el circuito de producción surgieron otros actores económicos, entre ellos los “terceristas” (los que cuentan con el equipamiento tecnológico), los “contratistas”, suerte de “productores sin tierra” (entre las cuales se incluyen actores extra-agrarios, como los pools de siembra y los fondos de inversión), y finalmente, los pequeños y medianos propietarios, parte de los cuales se convirtieron en rentistas, alquilando sus propiedades para el cultivo de la soja. Por otro lado, la expansión del modelo de agronegocios produjo el surgimiento de organizaciones empresariales vinculadas al sector agroindustrial, entre las que se destacan Aapresid (Asociación Argentina de productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), así como organizaciones por cadenas. Estas últimas, a diferencia de las tradicionales (SRA, Federación Agraria Argentina o Coninagro), presentan una integración vertical que abarca desde la producción primaria hasta sectores de servicios ligados a la nueva trama productiva.

A nivel local, desde el proceso de liberalización, apertura y desregulación iniciado en 1996, en el período neoliberal, se abrieron nuevas oportunidades para las grandes empresas, lo cual favoreció la concentración en términos horizontales y verticales: así, por ejemplo, el 90% de la venta de aceite refinado de girasol está en manos  de 6 empresas, liderado por Molinos Río de La Plata, Aceitera Deheza y Cargill. Asimismo, la expansión del nuevo modelo agrario se tradujo por la disminución del número de explotaciones y la reducción de mano de obra, lo cual generó un fuerte éxodo de la población rural hacia las ciudades. Los datos proporcionados por el INTA confirman la concentración de tierras: el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias representa el 50 por ciento de la tierra, mientras que el 57 por ciento de las explotaciones agropecuarias (las más pequeñas) tienen sólo el tres por ciento.[9] La mutación y reconfiguración del sector contribuyó a crear un modelo de “agricultura sin agricultores”.

Por otro lado, la emergencia de una nueva configuración social significó también un cambio profundo en las subjetividades y actitudes de los sujetos. Para algunos especialistas, el agronegocio aparece vinculado a un nuevo tipo de empresario rural, “más de tipo schumpeteriano”, que asocia las modernas tecnologías con la búsqueda de nuevos nichos de mercado. Sobre este nuevo actor ha habido un fabuloso trabajo de instalación/reinvención identitaria, realizado por instituciones del sector, por los suplementos rurales de los principales diarios argentinos, por el INTA; promoviendo  “la segunda revolución de las Pampas”. Para  Gras y Hernandez,[10] que analizaron el “nuevo ethos empresarial”, el “empresario innovador” ya no se identificaría con el productor, menos aún con el agricultor tradicional, sino con un estilo y una cultura gerencial basada en la flexibilidad y polivalencia cognitiva, propia del management moderno, orientada a la economía global.[11]

El pasaje dramático de un paradigma agrario a otro muestra una Argentina que ha ido perdiendo diversidad, al compás del avance del monocultivo de la soja y el acaparamiento de tierras. Una de las problemáticas de las últimas décadas ha sido la desestabilización y ocaso del mundo chacarero pampeano (vinculado a la agricultura y la ganadería), caracterizado por una diferente organización del trabajo y la producción, así como por otro sistema de valoraciones y disposiciones psicológicas, respecto del actual modelo de agronegocios. Este proceso de mutación y desgarramiento de las identidades se expresó también en los diferentes posicionamientos asumidos por la Federación Agraria Argentina (FFA), que nuclea a los pequeños y medianos propietarios rurales. Así, en tanto organización gremial, la FFA fue actor de las actuales transformaciones que conllevaron el ocaso del mundo chacarero que ella representaba. En razón de ello, al menos hasta 2008, ésta adoptó una posición más ambigua, donde se filtraba un discurso crítico del modelo de agronegocios. Sin embargo, la confrontación con el gobierno de Cristina F. de Kirchner por el aumento de las retenciones al agro, llevó a la FFA a un cambio de orientación. De modo inédito, la FAA participó activamente de la mesa de enlace con las grandes organizaciones patronales (SRA, CRA, CONINAGRO), sosteniendo las demandas de un conjunto de actores que rechazaba el aumento de las retenciones al sector. Más aun, lejos de rechazar el nuevo modelo agrario, la FAA buscó en aquella puja con el gobierno nacional desarrollar una mejor inserción dentro del mismo, para obtener mayor rentabilidad. De modo que el 2008 señaló un “fin de ciclo” para las aspiraciones críticas de la FAA, que de ahí en más apostaría a la hegemonía del modelo sojero, y se insertaría en el campo político de la oposición al kirchnerismo, al cual inicialmente había apoyado.

Por último, otra dificultad ha sido la histórica invisibilización de la cuestión campesina. Ciertamente, a diferencia de otros países latinoamericanos, en Argentina la hegemonía del modelo agro-exportador conllevó el silenciamiento de una heterogeneidad de sujetos sociales agrarios, considerados subalternos o marginales.[12] Será sólo a mediados de la década de 1980, con la emergencia del MOCASE –Movimiento Campesino de Santiago del Estero- que veremos una resignificación positiva del término « campesino » Luego se agregarían el Movimiento Campesino de Córdoba, el Movimiento Campesino de Formosa,  la Red Puna, entre otros, enrolados actualmente en el Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI), que surgió en 2003 y forma parte de la CLOC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas). Dichos movimientos tienen como bandera la agricultura familiar, el derecho comunitario y la agroecología, y como objetivo, la soberanía alimentaria.

En 2010, el gobierno nacional diseñó el Plan Estratégico Agroalimentario 2020 (PEA2), con el fin de alcanzar las 160 millones de toneladas de granos transgénicos (soja y maíz, en su mayoría) para dicho año (actualmente es de 100 millones), lo cual implicaría mayores desmontes, mayor desplazamiento compulsivo de poblaciones vulnerables, mayores conflictos con campesinos e indígenas, hacinamiento urbano, presión sobre los bosques nativos y pérdida de suelos, entre otros.

Por último, consignemos la situación de los pueblos originarios, tradicionalmente instalados en la periferia de la periferia. En términos históricos,  dicha situación remite al rol del genocidio en la fundación del Estado- Nación, hacia fines del siglo XIX, [13] el cual tuvo además un efecto invisibilizador, que alimentó la (falsa) idea de que en Argentina no había más pueblos originarios. La Constitución argentina recoge, por supuesto, la normativa internacional más avanzada sobre el tema. Asimismo, la  reforma constitucional de 1994 introdujo el artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y sus derechos culturales y territoriales.

En 2004-2005, un relevamiento oficial dio a conocer que en Argentina existían 600.329 personas que se reconocían como pertenecientes a un pueblo indígena, identificándose al menos 31 pueblos originarios. En el año 2010, el censo arrojó  un número superior, 955.135; esto es, el 2,4% de la población del país.[14] La población argentina incluye además afrodescendientes, cuya presencia ha sido igualmente minimizada. Los datos de 2010 arrojaron un total de 149.493 personas, casi todas ellas nacidas en Argentina y un 8% aproximadamente en otros países del continente.[15]

3- Dinámica de conflictos. De Centros y Periferias

La sociedad argentina de los últimos quince años se tornó más compleja a nivel de conflictos sociales, lo cual fue diseñando una nueva dinámica entre centros y periferias. En esa línea, en cuanto a los centros, podría afirmarse que hubo un corrimiento hacia el conflicto sindical, marcado por el ocaso de las organizaciones de desocupados y el resurgimiento de las organizaciones gremiales; en segundo lugar, hubo una irrupción de nuevos actores agrarios –modelo de agronegocios- en la escena política. En tercer lugar, en cuanto a las periferias éstas estuvieron recorridas por los conflictos socioambientales, ligados a la expansión de la frontera minera y petrolera, y los conflictos territoriales, vinculados al acaparamiento de tierras. De este modo, la centralidad no tuvo que ver solamente con el tipo de actor social, sino con la geografía del conflicto: en el primer caso se trataba de conflictos rurales y urbanos, visibles en las grandes ciudades y dotados de amplias ramificaciones y articulaciones sociales, con capacidad de ocupación del espacio público en la capital del país. En contraposición, los conflictos ligados al extractivismo más duro (minería, petróleo), y los reclamos de campesinos e indígenas, aparecen  vinculado al ámbito rural, así como a pequeñas y medianas localidades, lejanas de los grandes centros urbanos y con escasa capacidad de visibilidad en el espacio público de la capital argentina. En consencuencia, el kirchnerismo logró mantener estos reclamos encapsulados en el ámbito local o provincial, algo que fue facilitado también por la falta de articulaciones con los sectores sindicales urbanos, que al menos hasta 2012, permanecieron ajenos a dichos conflictos.

En lo que sigue, voy a hacer una presentación sumaria de los conflictos principales durante el ciclo kirchnerista:

3.1.-Conflicto entre los sectores agrarios y el gobierno kirchnerista

La continuidad en términos de orientaciones y estilo del gobierno kirchnerista, se vio cuestionada por un conflicto que se abrió en marzo de 2008 y cuya evolución y desenlace, cuatro meses más tarde, significaron un rudo golpe para el nuevo gobierno de Cristina F. de Kirchner. Recordemos que a fines de 2007, la nueva presidenta aumentó las retenciones[16] de las exportaciones de las mineras, hidrocarburos y productos agrícolas (entre ellos, la soja transgénica), elevándolo a un 35%. El frente agrario antigobierno logró agrupar tanto a las grandes organizaciones, como a los representantes de los pequeños y medianos productores, quienes llevaron a cabo una serie de bloqueos de rutas (paros agrarios y lock-out), que dejaron al país al borde del desabastecimiento durante cien días.

Con todas sus limitaciones y virulencias, el conflicto sirvió para difundir por primera vez en la sociedad  argentina ciertos temas. Así, por un lado, gran parte de los sectores urbanos pudieron asomarse y advertir cuán grandes y profundas habían sido las transformaciones que sacudieron el mapa agrario argentino en las últimas décadas. Más allá del uso genérico e ideológicamente interesado del término “campo”, la Argentina urbana pudo comprobar la heterogeneidad de los actores que componen el modelo agrario. Subrayemos de paso que, en su mayoría, los cortes de ruta que se multiplicaron en el país, fueron sostenidos por Asambleas de autoconvocados, compuestas por pequeños productores, cuyo perfil se vio transformado gracias al nuevo modelo. Pero lo importante es que dicho conflicto puso de manifiesto el lugar central del modelo de agronegocios en la estructura económica del país.

Por otro lado, el conflicto fue un parteaguas en términos políticos, pues la disputa por la renta extraordinaria fue la piedra de toque para actualizar de manera plena el legado populista. Tanto la respuesta inflexible del gobierno como la rápida reacción de sectores de las clase medias urbanas, que salieron a la calle en apoyo de los sectores agrarios, cuestionando el estilo autoritario del gobierno, sirvieron para reactualizar viejos esquemas de carácter binario, que atraviesan la historia argentina y han anclado fuertemente en la tradición populista: Civilización o Barbarie; Peronismo o Antiperonismo; Pueblo y Antipueblo. Finalmente, el proyecto del ejecutivo fue rechazado en el Senado Nacional, gracias al voto decisivo del vicepresidente electo, en favor de los sectores agrarios. Como consecuencia de ello, en 2009, el oficialismo perdió las elecciones legislativas, aún si pronto recobró la iniciativa política. En esta línea, el esquema populista se fortaleció con dos nuevos hechos: de un lado, un nuevo conflicto, generado por el proyecto de la Ley de Medios, que enfrentó al gobierno directamente con el multimedios Clarín (quien, hasta antes de la disputa con los sectores agrarios, había sido beneficiado por las políticas gubernamentales). Los debates sobre la nueva ley audiovisual, suscitaron también la adhesión de numerosos periodistas y sectores educativos y culturales, que hasta ese momento habían mantenido una relación de apoyo tácito en relación al kirchnerismo. De otro lado, la muerte repentina de Néstor Kirchner en octubre de 2010 terminó por abrir por completo las compuertas al populismo de alta intensidad[17] en su clásica versión estatalista. Esto llevó a consolidar el discurso populista binario y las alusiones al pasado peronista, como “gran relato” refundador del kirchnerismo, sintetizado en la oposición entre un bloque popular y los sectores de poder concentrados (“monopolios, corporaciones, antiperonistas”). En este marco, el kirchnerismo amplió el arco de alianzas, a partir de la incorporación explícita de la juventud –que había tenido notoria presencia en las exequias de Kirchner-. Agrupaciones como “La Cámpora”  (fundada por Máximo, hijo mayor de los Kirchner) y otras similares comenzaron a multiplicarse por todo el país, al compás de una doble militancia, tanto desde altos puestos del aparato del Estado como desde las bases, marcadas por un activismo virtual, desde blogs, Twitter y redes sociales.

Por último, el conflicto sirvió también para dotar de cierta visibilidad a las organizaciones campesinas e indígenas, víctimas del desplazamiento y despojo de sus tierras a causa de los desmontes y plantaciones de cultivos transgénicos, en especial en el norte argentino. Sin embargo, por paradójico que resulte, las organizaciones que componían el MNCI se alinearon con el oficialismo kirchnerista. En realidad, tal como sucedió con otras organizaciones sociales –sindicatos, expiqueteros, organizaciones de DDHH, posteriormente, organizaciones GLTTB-, el MNCI también fue interpelado por el kirchnerismo, muy especialmente, a partir de 2005 (cumbre contra el ALCA desarrollada en Mar del Plata) y luego del conflicto con las patronales agrarias, gracias a los diferentes programas sociales orientados al mundo campesino. Asimismo, a partir de 2008, el gobierno comenzó a invocar  la agroecología como paradigma alternativo, defendiendo la coexistencia entre este modelo con el agronegocios. Así, la pérdida de autonomía del movimiento campesino nos habla de su debilidad, pero su situación no difiere demasiado de la de otros sectores vulnerables, beneficiados con políticas sociales de carácter compensatorio, hecho que acentúa la dependencia respecto del Estado y no apunta a una verdadera inclusión y autonomía de los sujetos y las familias. [18]

3.2. Clase media contra clase media. La defensa “de lo popular” versus la defensa “de la república”

Apenas un año después de la muerte repentina de Nestor Kirchner, en octubre de 2011, Cristina Fernandez de Kirchner fue reelegida en primera vuelta por el 54% de los votos y recuperó la mayoría parlamentaria en el Congreso, perdida en 2009, tras el conflicto con los sectores agrarios. Esta abrumadora mayoría contribuyó a consolidar el proceso de concentración de poder en la presidenta y fortaleció su vertiginoso encapsulamiento sobre sectores de las clases medias. La ruptura de la alianza con el sindicalista líder de la CGT, Hugo Moyano, implicó un abandono de la vía del populismo clásico (la pata sindical como columna vertebral), lo cual conllevó una concentración mayor sobre los aliados provenientes de las clases medias (sectores juveniles y culturales). Así, la base de apoyo sindical del kirchnerismo quedó reducida a un sector de la Central de Trabajadores Argentinos, vinculado a las clases medias (maestros y empleados estatales) y culturales (artistas, intelectuales y académicos).

A su vez, este encapsulamiento coincidió con un nuevo quiebre del gobierno con otros sectores de las clases medias, con los cuáles parecía haberse reconciliado, luego del conflicto con las patronales agrarias, según mostraban los resultados electorales de 2011.[19] Por último, fiel a la tradición personalista de la política latinoamericana, el fuerte encapsulamiento del poder ejecutivo fue configurando un modelo extremo de presidencialismo, poco afecto al debate democrático y la tolerancia a la disidencia. En este contexto de estrechamiento de las alianzas sociales, el kirchnerismo terminó por convertirse en un populismo de clases medias que pretendía monopolizar el lenguaje del progresismo arrogándose la representación de las clases populares, vía por la cual también buscaba descalificar a otros sectores de clases medias opositores.

El caso es que entre 2012 y 2013, sectores de clase media urbana protagonizaron masivas movilizaciones sociales, en las cuales se mezclaban diversos reclamos: el rechazo a la posibilidad de una reforma constitucional que habilitara un tercer mandato de la presidenta, las denuncias acerca de la corrupción de los funcionarios, las restricciones cambiarias y la creciente crisis económica, entre otros. Así, las manifestaciones mostraron que uno de los principales focos de polarización fue la puja intraclase: si desde el kirchnerismo se arrogaban la representación de las clases subalternas, en nombre de “un modelo de inclusión social”, desde la oposición, otros sectores medios movilizados criticaban el creciente autoritarismo del régimen y se arrogaban el monopolio de las banderas del “republicanismo”.[20] Finalmente, aun si el oficialismo conservó la mitad de las provincias, las elecciones legislativas de 2013 resultaron adversas para el kirchnerismo y enterraron con ello cualquier tentativa re-reeleccionista.

En los últimos años, luego de haber logrado la desactivación de los diversos organismos de control del Estado y fundado en una amplia mayoría parlamentaria, el kirchnerismo avanzó sobre el poder judicial. Las denuncias de corrupción que involucraban a diferentes funcionarios no prosperaron –aun si llevaron al procesamiento del vicepresidente, Amado Boudou y a la condena del exsecretario de Transporte-, como tampoco las denuncias de enriquecimiento ilícito de otros funcionarios, que incluían a la familia presidencial (recordemos que la propia fortuna de los Kirchner se multiplicó cerca del 1000% entre 2002 y 2015[21]).

3.3. Los ecos del extractivismo y el acaparamiento de tierras

La megaminería a cielo abierto fue un punto crucial donde naufragó el discurso progresista del kirchnerismo, muy especialmente si tenemos en cuenta que en Argentina este tipo de actividad extractiva ha generado numerosas resistencias sociales desde 2003 en adelante. Tal es así que, en su alianza con actores institucionales, las asambleas ciudadanas lograron que se sancionaran leyes que prohíben este tipo de minería en siete provincias argentinas. Durante años, el kirchnerismo logró mantener en los márgenes dichas protestas, encapsuladas en las provincias.[22] Sin embargo, en enero de 2012, el cerco se rompió, gracias a la pueblada de Famatina, una pequeña localidad de la provincia de La Rioja, que ya había expulsado otras compañías mineras (entre ellas, a la Barrick Gold), la cual dotó de visibilidad pública a los conflictos contra la megaminería. La periferia se hizo visible en el centro, y al menos por un tiempo breve, durante 2012, las protestas tuvieron un eco a nivel nacional. Sin embargo, a la hora de abordar la cuestión de la megamineria, la entonces presidenta dejó en claro que ésta era una parte fundamental y estratégica del modelo de gobierno. Pese a ello, la pueblada de Famatina tuvo un efecto político y simbólico mayor (mucho más que la discusión sobre la ley nacional de glaciares, de 2010),[23] pues puso al desnudo la alianza del gobierno nacional con las grandes corporaciones mineras.

Respecto de los hidrocarburos, la situación fue aún más problemática. En un contexto de restricción interna y externa, en 2010 la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en ese entonces en mano del grupo español Repsol, anunció el descubrimiento de hidrocarburos no convencionales en la formación geológica Vaca Muerta, ubicado en la región Patagónica de la Argentina. En 2012 el gobierno realizó la expropiación parcial (51% de las acciones) de YPF, que volvió así a manos del Estado argentino,[24] y dio inicio a un conjunto de transformaciones institucionales y políticas, planteando entre sus principales objetivos la explotación de hidrocarburos no convencionales como una manera de impulsar al conjunto de la producción nacional.[25] Aunque se habló de modo grandilocuente de renacionalización, en Julio de 2013 el gobierno anunció un acuerdo con la compañía americana Chevron (la cual, fue condenada por graves delitos ambientales y violación de derechos indígenas en Ecuador, cuando era Texaco), otorgándole grandes exenciones y beneficios en la explotación de  hidrocarburos no convencionales, en la Cuenca del Neuquén. Esos acuerdos fueron secretos y pese a los reclamos judiciales y las movilizaciones sociales, el gobierno se negó a publicarlos.

En este contexto de renacionalización de YPF se tornó muy complicado romper el consenso que se estableció en torno del fracking. Aunque hubo numerosos cuestionamientos –organizaciones ambientales, asambleas y pueblos originarios- estos permanecieron en la periferia, ignorados en medio de la euforia eldoradista que promovió el gobierno. Sin embargo, en un contexto de baja de los precios internacionales de los hidrocarburos, otro aspecto relevante fue el subsidio del Estado a las compañías petroleras, a fin de mantener el empleo en el sector.[26] Al mismo tiempo, la caída del precio del crudo, motivó la paralización de numerosos proyectos de explotación en Vaca Muerta.

En otro orden el creciente acaparamiento de tierras así como la especulación inmobiliaria en las ciudades trajo consigo el aumento de los asentamientos urbanos (villas miseria). Por ejemplo, solo en la ciudad de Buenos Aires, entre 2003 y 2013, la población en asentamientos aumentó un 50%.  Dicha población, convertidas en el blanco de las “políticas de seguridad” de los gobiernos nacionales y municipales es también la sede de nuevos movimientos socio-territoriales, que se movilizan constantemente en las ciudades en demanda de tierra y vivienda.

Por último, la expansión vertiginosa de las fronteras del capital, en clave extractivista, muestra el creciente proceso de arrinconamiento de los pueblos originarios, colocados en la periferia de la periferia. En 2006, a demanda de las organizaciones y en un contexto de creciente conflictividad, se sancionó la ley 26.160, que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas y ordena la realización de un relevamiento territorial. Sin embargo, este ordenamiento jurídico que se despliega en diferentes niveles (provincial y nacional, siguiendo una normativa internacional), contrasta con la realidad. Para tener una idea de esto, nada mejor que recurrir al Informe final del relator sobre los pueblos indígenas de la ONU, James Anaya, quien visitó la Argentina en 2011, para recoger testimonios y denuncias de las comunidades. El informe da cuenta de un cuadro muy preocupante atravesado por el impacto ambiental, el impacto cultural, la fragmentación del tejido social, la falta de consulta previa (Convenio 169 de la OIT), los desalojos violentos, las situaciones de criminalización y represión, entre otros.

Asimismo, tal como afirma el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI), la criminalización de los pueblos originarios no se da tanto en el ejercicio del legítimo derecho de protesta, sino cuando se hace uso de derechos reconocidos jurídicamente (reclamo de tierras y territorios, cuyos derechos se hayan amparados por la normativa nacional y provincial existente). Los datos proporcionados por un informe realizado por Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, de 2012[27] sobre criminalización de la protesta según sector, son alarmantes. Un relevamiento sobre 2198 casos, ocurridos entre 2001 y 2012, señala  que el 31,4% del total corresponde a los pueblos originarios, esto es, casi un tercio del total, equiparando éste al sector de las luchas sindicales.

Este preocupante panorama nos lleva a reflexionar acerca de la mutación de las formas de la violencia política en Argentina, y sus blancos predilectos: en los `90 eran los desocupados quienes aparecían como la “población sobrante”, hombres y mujeres descartados en nombre de la globalización neoliberal, cuyos cuerpos se rebelaron al destino de sacrificio y comenzaron a interrumpir las rutas del país. Hoy son comunidades enteras, entre ellas, indígenas y campesinos, víctimas del racismo endémico, los que devienen un obstáculo, una piedra en el camino frente a la expansión del “progreso”. Frente a esto, vuelven aquellas preguntas que invocan la memoria larga, atravesada por el genocidio originario, acerca de cuál es el lugar que la Argentina contemporánea y los modelos de desarrollo hoy imperantes, le reservan a las comunidades y pueblos indígenas.

En suma, tomando en cuenta lo anterior, cabe señalar la disociación entre las agendas de derechos humanos abocadas a la temática del terrorismo de Estado y los juicios a los militares; y la agenda de derechos humanos ligadas a los impactos del neoextractivismo en los diferentes territorios. Es cierto que este hiato entre ambas agendas fue potenciado por la desconexión existente entre luchas sindicales y luchas contra el extractivismo. Pero en líneas generales la relación directa entre neoextractivismo, política de concentración de la tierra y deterioro de los derechos fue uno de los puntos ciegos del gobierno kirchnerista y, por sobre todo, de las organizaciones de derechos humanos ligadas al gobierno.[28] En este marco, no es casual que el kirchnerismo mantuviera “blindado” el discurso progresista, progresista (generando asi una suerte de progresismo selectivo)  frente al carácter estructural de estas problemáticas, negando la responsabilidad del gobierno nacional y subrayaran, en contraste, el peso determinante de las políticas sociales y la revitalización de institutos laborales, como la negociación colectiva, entre otros.

 

4. Fin de ciclo e imágenes del ocaso

El ocaso del kirchnerismo no provino solamente del cuestionamiento de los nuevos actores sociales (los sectores sojeros y aliados en el campo económico y mediàtico) y de la fractura evidenciada en los sectores medios (puja intraclase), cada vez más críticos del modelo de concentración política ilustrado por el kirchnerismo, sino sobre todo del deterioro de los índices económicos y la ausencia de un reconocimiento real de los mismos. En 2007, la intervención del organismo nacional de estadísticas (INDEC), dejó al país sin cifras confiables en relación con la inflación y los niveles de pobreza.

El gobierno comenzó a  ocultar la inflación y a desconocer el incremento de la pobreza, pese a que organismos independientes señalaban que la inflación habría empezado a escalar desde 2008 en adelante, llegando al 38% hacia 2014 y 2015 (situando segundo a Argentina, después de Venezuela, en el contexto latinoamericano); mientras que la pobreza, por su parte, llegó a trepar hasta el 29% hacia el final del mandato de Cristina F. de Kirchner (Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina).

Hay que recordar que, desde los inicios del kirchnerismo, y en respuesta a las movilizaciones sociales durante la crisis, el gobierno mantuvo una política de tarifas públicas bajas respecto de los servicios básicos, a través de subsidios millonarios a las empresas (trenes, subterráneos, colectivos, gas, electricidad), que con el paso del tiempo repercutieron sobre el déficit fiscal, que marcaría los últimos 4 años de gobierno. Asimismo, la crisis internacional, la posterior caída de los precios de los commodities y la dificultad para obtener préstamos en el mercado financiero internacional debido al default declarado en 2002, complicaron aún más la economía del país. Uno de los signos más evidentes fue la disminución del crecimiento del empleo privado, reemplazado por el incremento del empleo estatal.

En 2014, con la idea de buscar nuevas líneas de crédito, saldó su deuda con el Club de Paris, lo que implicó un desembolso de US$ 9.700 millones a pagar en cinco años, entre deuda e intereses (sumó más de u$s 4.735 millones entre punitorios e intereses). Esta era una deuda activa que provenía de los 80’, los 90’ y principios de los 2000. Sin embargo, el acceso a los créditos estuvo cerrado a raíz del litigio con los holdouts, que dejó al país en una virtual cesación de pagos.[29]

En suma, el deterioro de los índices macroeconómicos fue acompañado de medidas que acentuaron los desequilibrios (financieros, fiscales), a la par que se iba profundizando la precarización, la alta inflación, las consecuencias del cepo cambiario, la devaluación de 2013, la crisis desatada por la deuda en manos de los holdouts y la política impositiva regresiva, entre otros. Sin embargo, en el plano político esto iba sostenido por un discurso oficial acerca de que el kirchnerismo, en tanto “modelo de inclusión social”, no realizaría “el ajuste” que el sistema parecía estar reclamando.

El fin de régimen se llevó a cabo en el marco de una fuerte concentración de poder político en el ejecutivo, con una presidenta imposibilitada de sucederse a sí misma, la que sin embargo buscó controlar hasta en los últimos detalles tanto la campaña electoral de su sucesor (Daniel Scioli, entonces el gobernador de la provincia de Buenos Aires), designando candidatos por doquier, sumando en las cabezas de lista a miembros de la leal agrupación La Cámpora, en desmedro de dirigentes peronistas de larga trayectoria. En esa puja, el kirchnerismo buscó debilitar cualquier opción de centroizquierda o de liderazgo populista alternativo, empeñándose en colocar como contracara y rival privilegiado a Mauricio Macri, fundador del Pro (Propuesta Republicana), un partido de derecha nacido en 2005.[30]

Este escenario de “fin de ciclo”  contribuyó a la derechización de la oferta electoral, visible en el ballotage de noviembre de 2015, donde la sociedad argentina tuvo que elegir entre Daniel Scioli, un representante de la derecha peronista conservadora y Mauricio Macri, un representante de la derecha empresarial. La derrota del peronismo a nivel nacional y en las principales provincias (entre ellos en la provincia de Buenos Aires), dejaron a la luz tanto los groseros errores cometidos por el exoficialismo, en la búsqueda ciega de su perpetuación, como la demanda de alternancia política proveniente de vastos sectores de la sociedad argentina.

4.2. Giro a la derecha y luchas sociales

La alternancia inesperada vino de la mano del empresario y dos veces alcalde la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien conformó una alianza de su partido (PRO) con el tradicional partido radical (Unión Cívica Radical). En sus primeros meses de gestión, Macri mostró rupturas pero también continuidades respecto del gobierno saliente. Para comenzar, en términos de rupturas, hay que señalar aquellas de tipo ideológico: a partir del 10 de diciembre de 2015, la Argentina dejó de ser gobernada por un régimen identificado con un populismo de alta intensidad, para pasar a manos de una derecha aperturista, de tipo empresarial; basada en el modelo de la “comunidad de negocios”, que no desdeña el trabajo territorial y entiende la política como gestión y marketing.

Esta ruptura ideológica no significa empero una vuelta lineal al neoliberalismo de los años `90, aún si el aumento acelerado de la pobreza y el ingreso a un escenario  más desigualador en lo social, sea uno de los signos distintivos del nuevo gobierno. Es indudable que el gobierno anterior dejó como herencia problemas profundos ya señalados, pero los caminos elegidos por el nuevo presidente apuntaron a realizar un ajuste tradicional –uno más de los que históricamente ha sufrido la sociedad argentina-, lo cual golpeó duramente a los sectores más vulnerables, incrementando la pobreza y reactivando el fantasma del desempleo y la recesión.

Una muestra de ello fue el modo en que se implementaron los ajustes de las tarifas de servicios, donde el interés primordial del gobierno ha sido el de garantizar rápidamente las ganancias de las empresas, dejando en un segundo plano el impacto negativo sobre el bienestar de la población  y los costos de empresas de menor tamaño que son las responsables principales de la oferta laboral en el país. La concepción de la gestión pública con criterios de las grandes corporaciones privadas, quedó evidenciada en la ola de reclamos y el anuncio cotidiano de excepciones a los ajustes.[31] Un informe del Observatorio Social de la UCA (Universidad Católica Argentina) afirma que en los primeros meses de gobierno se habría generado un millón y medio de pobres como consecuencia de las políticas implementadas, lo que sumaría ya 17 millones de pobres, esto es, un 34,5% de la población.[32]

En consecuencia, el escenario social actual indica un mayor fortalecimiento y centralidad del conflicto sindical en todas sus aristas y variantes, así como también un creciente protagonismo de las organizaciones piqueteras/territoriales, varias de ellas con larga tradición de lucha, asociadas a la demandas de trabajo, de alimentos, entre otros. Sin embargo, debe señalarse una clara situación de dispersión sindical (actualmente hay cuatro centrales sindicales, de diferentes orientaciones). Pese al gran malestar que existe en las filas del sindicalismo, las negociaciones abiertas con el gobierno colocan serias dudas sobre el interés de los grandes sindicatos ligados a la CGT en apelar a la pura lógica de movilización, previendo la ingobernabilidad que ésta podría conllevar, en el marco del proyecto del nuevo gobierno, que además no posee mayoría parlamentaria.

Por otra parte, respecto del extractivismo, el gobierno de Macri avanzó sobre varios frentes, aunque sin un discurso vergonzante, esto es, sin progresismos selectivos. Eliminó las retenciones a la minería[33] y disminuyó las de la soja, transfirió la secretaría de minería al nuevo Ministerio de Energía y Minería, a cargo del ex CEO de Shell, creó un Ministerio del medioambiente, donde nombró alguien que confiesa no saber nada del tema, y reforzó la figura de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), creada por el kirchnerismo en 2012.

Asimismo continúa con el subsidio a las petroleras y pese al fallo de la justicia, se niega a publicar el convenio entre YPF y Chevron. Al mismo tiempo, comenzó a hablar de “cuidado del ambiente” y de “participación ciudadana”, aunque en realidad, la narrativa el cuidado del ambiente es una fórmula vacía, más ligada a una cultura del marketing, unos pocos slogans efectistas, que a una propuesta de discusión integral sobre las consecuencias socio-ambientales, culturales y políticos, de los actuales modelos de desarrollo.

En realidad, el nuevo oficialismo posee una idea hiperdébil de la sustentabilidad que, en el límite, podría traducirse en unos poquísimos controles –económicos y ambientales-, ahí donde el kirchnerismo no realizó ninguno. En esta línea, hay que destacar la acumulación de luchas, lo cual se ha traducido en un incremento de la conflictividad socio-ambiental y territorial en las periferias, cuya presencia en la agenda nacional, aunque transitoria y fugaz, es más relevante que en los años anteriores.

Ahora bien, en un marco de empobrecimiento general de la población y de temor a la recesión, existe el peligro o la tentación de la unidimensionalización de las resistencias, aún si en la actualidad se registra una conexión mayor entre ambas líneas de acumulación, la social-urbana y la socio-ambiental, esto es, entre centros y periferias, respecto de la conflictividad social.

A esto hay que agregar que, contrariamente a lo esperable, tampoco hubo una despolarización del campo político. En realidad, el gobierno de Macri exacerbó la brecha, a través de la implementación de una política de revancha, a partir de los despidos masivos que alcanzan áreas relevantes del Estado e involucran personal de planta, con años de antigüedad, así como a través del desmantelamiento de diferentes programas sociales y de inclusión cultural. Lejos de la autocrítica, pese a los casos de corrupción probados, que involucran altos exfuncionarios, las reacciones del kirchnerismo van también en el sentido de la profundización de la brecha.

En esta línea, bien podría uno preguntarse cuál es la situación de las organizaciones y movimientos sociales en el actual contexto político. Hay aquí posicionamientos diferentes. En primer lugar, las organizaciones sociales vinculadas al kirchnerismo sufrieron un duro golpe con el inesperado cambio de gobierno. Esto se evidencia muy particularmente en las organizaciones territoriales, que recibían ingentes recursos del Estado. Un caso emblemático es el de la Organización territorial Tupac Amaru, que sufrió un golpe letal a raíz del encarcelamiento de la principal dirigente, lo que implicó una dispersión de sus fuerzas, otrora poderosas en el norte argentino. Muy diferente fue el posicionamiento del Movimiento Evita, también de raíz territorial y uno de los más importantes a nivel nacional, que decidió abandonar el espacio del kirchnerismo, a raíz de las evidencias que comenzaron a acumularse sobre la corrupción de funcionarios de la anterior gestión, optando por regresar al campo más amplio y magmático del peronismo. Pero en líneas generales, las organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos y GLTTB ligadas al kirchnerismo, pese a los reveses judiciales y los escándalos por corrupción, han buscado mantener un grado de cohesión en torno de la figura de la expresidenta Cristina Fernandez de Kirchner, hoy también asidua visitante de los tribunales judiciales. Pese a su debilitamiento, el kirchnerismo  todavía apunta a hegemonizar el malestar contra el gobierno de Macri, aún si difícilmente podría lograrlo, debido a su distancia cada vez mayor respecto del mundo sindical peronista, así como de una buena parte de la sociedad frente a los hechos incontestables de corrupción.

Entre tanto, el campo político del peronismo busca reorganizarse luego de la derrota. Cabe destacar que cada vez que el peronismo pierde las elecciones generales (lo cual ha sucedido solo tres veces en la historia política argentina de los últimos 60 años), la situación genera fuertes sacudidas y recomposiciones al interior del partido, abriendo así a un juego plural, que se cierra con la confirmación de un nuevo liderazgo. En la actualidad, no hay evidencias de que la cuestión pueda saldarse en el corto plazo, aún si el peronismo realizará próximamente un congreso y propone dirimir en internas abiertas los nuevos liderazgos. Aunque es demasiado pronto para arriesgar hipótesis, podría darse que el peronismo realice alianzas con Sergio Massa,[34] referente del Frente Renovador, del espacio de centro, quien obtuvo un tercer lugar en las elecciones generales de 2015, precedido por un importante triunfo en 2013 en la provincia de Buenos Aires.

Por último, la izquierda partidaria incrementó su presencia parlamentaria luego de las elecciones de 2015, aunque esta sigue siendo poco significativa. En especial, el FIT (Frente de Izquierda de los Trabajadores), coalición trotskista,  apela a la movilización constante, en un lenguaje clasista, aun si su tendencia es apegarse a casos puntuales de conflicto, buscando transformarlos en emblemáticos. Se trata de un frente de izquierda de tinte más bien dogmático, aun si en los últimos años ha buscado ampliar su plataforma discursiva, incorporando otros temas (megaminería, fracking, pueblos originarios). Las distintas fuerzas de centro-izquierda, por último, continúan en franca desbandada, algunas incluso han realizado alianzas con el kirchnerismo residual, secundando –no protagonizando- diferentes protestas; otras buscan desarrollar lazos con el sindicalismo de centro izquierda y las organizaciones territoriales/piqueteras. Claramente es un espacio en crisis, como sucede también con el resto de las izquierdas partidarias, por fuera del FIT.

En suma, en muy poco tiempo el giro a la derecha logró reavivar uno de los traumas sociales más dolorosos que recorre la sociedad argentina, sobre todo desde los años `90, el fantasma del “retroceso social” (desempleo, descolectivización, movilización social descendente) en sectores populares y medios. Asimismo, el nuevo ciclo político muestra una sociedad visiblemente dañada, que difícilmente vaya a ser reparada en el marco de la alternancia planteada. No sólo porque en ese juego perverso que durante años jugaron tanto el oficialismo como la oposición salieron a relucir los peores sentimientos de la sociedad y de la clase política argentina, sino porque además el kirchnerismo dejó como legado una herida política y cultural que beneficia a las derechas en boga, en detrimento de las izquierdas y centro-izquierdas partidarias, hoy colapsadas o divididas, que tarde o temprano tendrán que asumir el desafío de reinventarse. Sin embargo, aunque este contexto post-progresista presenta un horizonte difícil, 2016 es muy diferente a 1990: ciertamente, como en otros países de la región,[35] existen en Argentina diferentes líneas de acumulación de las luchas, con sus gramáticas políticas y su lenguaje de derechos, que continúan formando parte del acervo con el que cuentan las clases subalternas en el país.

[1] Este texto ha sido elaborado especialmente para el encuentro que se realizará en octubre en Quito, organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo.

[2] Vèase Gabriel Kessler, La sociedad Argentina hoy. Radiografìa de una nueva estructura, (comp.) Buenos Aires, 2016, Siglo XXI-OSde

[3] Graciela Benza, “La estructura de clases durante la década 2003-2013”, pp.111.141, en Gabriel Kessler, La sociedad Argentina hoy. Radiografìa de una nueva estructura, (comp.) Buenos Aires, 2016, Siglo XXI-OSde

[4] Claudio Katz, la economía desde la izquierda, Anred, 2013, disponible en http://www.anred.org/spip.php?article7099

[5] Op.cit.

[6] Véase el número especial de Nueva sociedad, sobre todo el artículo del economista Pierre Salama, “¿Se redujo la desigualdad en América Latina? Notas sobre una ilusión”, 2015; disponible en http://nuso.org/articulo/se-redujo-la-desigualdad-en-america-latina/. Para una discusión sobre la forma de medición y su metodología, véase M. Medeiros, P.H.G. Ferreira de Sousa y F. Avila de Castro, “Estabilidade da desigualdade de renda no Brasil, 2006-2012. Estimativa como dados do imposto de renda e pesquisas domiciliares”, Ciencia &Saude Coletiva 20 (4): 971-986.

[7] Gras Carla y Hernández Valeria (coordinadores), (2013), El agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización, Buenos Aires, Biblos.

[8] Monsanto controla el 90% del mercado de semillas transgénicas; Novartis es la primera empresa agroquímica  nivel mundial.

[9] Citado en Dario Aranda, “La década extractiva, Informe especial”, 25/05/2013, http://www.comambiental.com.ar/2013/05/la-decada-extractiva.html

[10] Gras Carla y Hernández Valeria (coordinadores), (2009), La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios Buenos Aires, Biblos.

[11] En un extremo, el arquetipo de este modelo sería el exitoso empresario argentino Gustavo Grobocopatel, quien sostuvo en innumerables oportunidades ser un “sin tierras”, afirmando con ello que la rentabilidad está ligada más a un conjunto de operaciones, que a la capitalización en tierras.

[12] La misma categoría de “campesino” ha sido poco frecuente. En Argentina hemos conocido pequeños propietarios, productores agrarios, ligas agrarias; incluso dentro del lenguaje académico se ha hablado de “farmers”, en el marco de ciertas economías regionales, en fin, pero pocos campesinos y mucho menos autodefinidos como tales.

[13] El esquema interpretativo fundacional sobre los pueblos originarios en la Argentina moderna fue la dicotomía sarmientina Civilización o Barbarie, que condenaba a la exclusión y exterminio a las masas consideradas bárbaras (indígenas alzados, montoneras, gauchos y caudillos levantiscos). Respecto de los indígenas, a fines de 1870 la élite política decidió como vía excluyente la opción militar, que se desplegó a través de diferentes campañas: campañas del desierto. 1879; y entre 1881 y 1885 que aplastó la resistencia de los indios ranqueles y mapuche (La Pampa, RN y Nqn); l a campaña al Chaco (1884), que derrotó a los indios tobas y mocovíes del Chaco austral y oriental, y aseguró el control de los márgenes del río Bermejo. A esto se sumó la represión de rebeliones indígenas en la Puna y el efecto devastador que la expansión de estancias ovejeras tuvieron sobre los Selkman y yamanas en Tierra del Fuego. En consecuencia, la creación de la republica se llevó a cabo sobre el genocidio originario, el cual tuvo un efecto demoledor sobre los diferentes pueblos indígenas sobrevivientes de la Argentina.

[14] citado en G. Binstock y M.Cerrutti, “La población y la estructura social”, pp.37-61, Gabriel Kessler, La sociedad Argentina hoy. Radiografìa de una nueva estructura, (comp.) Buenos Aires, 2016, Siglo XXI-OSde

[15] ibídem: 47.

[16] Las retenciones o impuestos a las exportaciones agrícolas-ganaderas son un instrumento del Estado que existe desde los años ´50, y sólo fueron suspendidas bajo el gobierno de Carlos Menem, para ser reestablecidas por Eduardo Duhalde, en 2002, en medio de la crisis argentina y en un contexto de gran rentabilidad para los sectores exportadores. El aumento de las retenciones agrícolas, por parte de Cristina F. de Kirchner, tenía entre sus objetivos el de frenar la inflación, neutralizando el posible acoplamiento entre los precios internacionales de los alimentos y los precios del mercado interno. Recordemos que la inflación del último año ha sido alrededor del 20%.

[17] Hemos desarrollado el concepto en M. Svampa, Debates Latinoamericanos. Indianismo, Desarrollo, dependencia y populismo, Edhasa, 2016.

[18] Uno de los momentos de mayor tensión en la inextricable relación entre movimiento campesino-indígena y gobierno kirchnerista, fue noviembre de 2011, cuando Cristian Ferreyra, campesino de la etnia Lule y miembro del Mocase, fue asesinado por sicarios de un terrateniente en la avanzada del modelo de agronegocios. A raíz de ello, con el apoyo de numerosas organizaciones (entre ellos, del entonces oficialista Movimiento Evita), el MNCI impulsó un proyecto de ley que tomaría el nombre de Cristian Ferreyra, para frenar los desalojos rurales por un lapso de 5 años, como así también buscar soluciones para las disputas entre el campesinado y los empresarios del agro, para lo cual prevé la creación de un “Registro Nacional de Relevamiento de Tierras Rurales”. Al final del ciclo kirchnerista, no sólo la ley Ferreyra no estaba aprobada, sino que además fue asesinado otro miembro del Mocase, en 2012, en las mismas circunstancias, esto es, por un sicario al servicio de un empresario rural.

[19] Esto quiere decir que no pocos sectores medios urbanos y rurales que se movilizaron contra el gobierno de Cristina F. de Kirchner, en 2008, terminaron votando a favor de la reelección de la presidenta, en 2011.

[20] Tengamos en cuenta que en 2011, apenas asumido su segundo mandato, frente a la fuga de divisas y la caída de reservas del Banco Central, Cristina Fernández anunció una serie de medidas restrictivas respecto de la compra de divisas extranjeras (Cepo cambiario) que generaron inconvenientes en la importación y una profunda insatisfacción en los sectores medios, acostumbrados a dolarizar sus ahorros

[21] Oficina Anticorrupción, datos citados en La Nación, http://www.lanacion.com.ar/1852228-el-crecimiento-de-la-fortuna-de-los-kirchner-de-7-a-100-millones

[22] Esto se vio favorecido por el hecho de que, gracias a las reformas constitucionales de 1994, los recursos naturales pertenecen a la provincia, no al Estado nacional.

[23] Desarrollamos el tema in extenso en M.Svampa y E. Viale, Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo, ediciones Katz, Buenos Aires, 2014

[24] Este había sido privatizada en los años 90, bajo el gobierno de Carlos Menem, y contó, en ese entonces, con el apoyo de Nestor Kirchner, quien era gobernador de Santa Cruz, una provincia petrolera. La reforma incluyó la transferencia de la propiedad de los recursos del Estado nacional a las provincias; hecho que se extendió a los minerales.

[25] Vease M. Svampa y E. Viale, Maldesarrollo, La argentina del extractivismo y el despojo, Buenos Aires, Katz, 2014. Y Bertinat Pablo, Eduardo d´Elia, Roberto Ochandio, Observatorio Petrolero Sur, Maristella Svampa y Enrique Viale, 20 mitos y realidades del fracking, Buenos Aires, Editorial EL Colectivo, 2014.

[26] Los subsidios al petróleo fueron implementados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, mediante las resoluciones 14/2015 y 33/2015 “donde se dispuso una compensación económica a todas las compañías que extraigan o exporten crudo  en Argentina; tales como YPF, Chevron, Pan American Energy, para garantizarles un precio interno de unos 75 dólares por barril, cuando en el mercado externo hoy pisa los 34 dólares.” http://stripteasedelpoder.com/2015/12/macri-prorrogaria-los-millonarios-subsidios-a-las-petroleras-otorgados-por-el-kirchnerismo/

[27] Informe sobre Criminalización de la Protesta, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, 2012. http://encuentromvyj.org/criminalizacion-de-la-protesta/

[28] La excepción de este divorcio de las agendas de DDHH fue el rol siempre aglutinador del Servicio de Paz y Justicia, coordinado por el premio nobel de la paz, Adolfo Perez Esquivel, y de Nora Cortiñas, perteneciente a una de las corrientes de la asociación de Madres de Plaza de Mayo. Por otro lado, cabe agregar que, en los últimos años, hubo una tendencia a la tercerización de la represión, a través de la utilización de barras bravas, sindicatos, guardias blancas y sicarios contratados especialmente por latifundistas y propietarios sojeros (en el caso de diferentes provincias, como en Chaco, Formosa y Santiago del Estero).

[29] Durante la década del 90 el endeudamiento se incrementó a un ritmo de 9.000 millones de dólares anuales. Así, a fines de 2001 la deuda externa argentina era de 144.000 millones de dólares. La crisis de 2001 se originó, entre otras razones, porque el Gobierno nacional no podría pagar ni siquiera los intereses de la deuda. En 2002 se declaró la cesación de pagos y el país entró en default. Sin embargo, en  2005, Argentina propuso un primer canje de deuda y logró una adhesión del 76% en la reestructuración de la misma. En enero de 2006, el país usó un tercio de sus reservas para saldar toda su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el 2010, el país anunció un segundo canje de deuda por valor de 20.000 millones de dólares para aquellos tenedores de fondos que no habían aceptado las condiciones de 2005. En esta ocasión el país obtuvo una adhesión del 66%. Con los canjes de 2005 y 2010, Argentina alcanzó un nivel de adhesión total del 92,4% con una quita del 65% de la deuda original. El 7% restante se componía en un 85% por fondos buitre y particulares sin residencia en los Estados Unidos; y sólo el 8,3% tenía un domicilio en ese país. A la altura de noviembre del 2012 se produjo el primer fallo de la corte federal norteamericana a favor de los fondos buitres, cuando el juez federal estadounidense Thomas Griesa sentenció a favor de los acreedores que se negaron a participar en los canjes ofrecidos por Argentina y a los cuales se debía U$A 1.330 millones con intereses. La presidenta no aceptó la decisión de la Corte de Nueva York y advirtió de que dicho fallo dejaba a Argentina al borde una nueva cesación de pagos. A partir de allí se iniciaría un largo y turbulento litigio, que no se cerraría durante el gobierno de Cristina F. de Kirchner, sino durante los primeros meses del gobierno de M. Macri, quien aceptaría las condiciones impuestas por el juez Griesa para saldar la deuda con los holdouts. En marzo de 2016 se cerró el acuerdo que alcanzaría al 75 por ciento del monto demandado. El dinero, unos 11.684 millones de dólares, provendrían de una nueva colocación de títulos de deuda por parte de la Argentina, con vencimientos a 5, 10 y 30 años y una tasa de interés de entre el 7 y 7,5 por ciento anual, lo cual acrecientan la deuda externa del país.

[30] Importa subrayar que Macri llegó a la alcaldía de la ciudad de Buenos Aires, en 2007, favorecido por la división del peronismo, que  presentó dos listas de candidatos, una de las cuales era apoyada por el oficialismo, que a su vez quitó el apoyo al entonces jefe de gobierno, J. Telerman, de trayectoria peronista, que encabezaba la segunda lista. En 2011, Macri fue reelegido como alcalde con el 47% de los votos.

[31] Retomamos los análisis realizados desde el colectivo Plataforma 2012. Para un diagnóstico socio-económico detallado de los primeros seis meses de gobierno, véase. http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/documentos/documentos/168-documento-a-seis-meses-del-nuevo-gobierno

[32] http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2016-Obs-Informe-n1-Pobreza-Desigualdad-Ingresos-Argentina-Urbana.pdf

 

[33] Esta fue una de las medidas mas criticadas desde el conjunto del sistema político, màxime teniendo en cuenta que en septiembre de 2015 hubo un derrame de solución cianurada en la mina de Veladero, que la empresa Barrick Gold intentó inicialmente ocultar, y que dio lugar a numerosos reclamos de vecinos y organizaciones sociales y políticas.

[34] Sergio Massa fue jefe de gabinete de C. Fernández de Kirchner, y posee el doble origen liberal y peronista. Es un líder joven y carismático, quien comenzó armando su propio partido (Frente Renovador), con alcaldes y que en la actualidad posee una fuerza parlamentaria importante, que lo coloca como tercero decisor, en un contexto en el cual el actual oficialismo no tiene mayoría parlamentaria, y el peronismo incrementa sus fuerzas, al incluir representantes que abandonan el espacio en crisis del kirchnerismo. Massa proyecta su liderazgo para el futuro recambio electoral y en esa línea teje alianzas tanto a derecha como hacia el centro y la centroizquierda.

[35] M. Modonesi y M. Svampa, “Postprogresismo y horizontes emancipatorios”, en Ideas de Izquierda, Buenos Aires, agosto de 2016