Costa Rica

Por Alejandro Olmos Gaona

Del libro La Deuda Odiosa. El valor de una doctrina jurídica como instrumento de solución política. Ed. Continente, Bs. As 2005.

Costa Rica repudió la deuda contraída por la dictadura de Tinoco con el Royal Bank Of Canadá. Debido a eso, Gran Bretaña sometió a litigio internacional a ese país, y fue nombrado árbitro de la cuestión el Presidente de la Corte Suprema de los EE.UU., M. Taft, quien analizó el reclamo de los acreedores ingleses y desestimó la demanda, diciendo que cualquier banco acreedor en el caso del reclamo de una deuda debe fundamentar su demanda en el suministro real de los fondos enviados al gobierno legítimo, y el banco no había podido justificar tal extremo debido al carácter ilegal de la dictadura.

Respecto a estas cuestiones de préstamos a gobiernos ilegales, debe recordarse el dictamen que emitieron en 1982 los asesores del First Nacional Bank of Chicago, quienes sostuvieron que las consecuencias para los acuerdos crediticios de un cambio de soberanía dependen del empleo de los fondos por el estado predecesor. Si la deuda del predecesor es calificada de ilegítima, es decir que los fondos no fueron empleados considerando los intereses de la población, esa deuda no puede recaer sobre su sucesor.

También los EE.UU. repudiaron y nunca pagaron la deuda contraída con España cuando la Independencia… Y así podríamos seguir acumulando testimonios de no pago, como también antecedentes jurídicos y doctrinarios que servirían como antecedente para justificar una posición en tal sentido por parte del Estado. Pero además hay otra serie de elementos que son realmente de extraordinaria importancia, y que tienen que ver con una adecuada fundamentación, porque hablar simplemente de no pago, o de repudio de deuda, parece más bien un slogan vacío de contenido y no una actitud seria y responsable ante una problema de la magnitud que nos ocupa.

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