Alejandro Olmos Gaona.
Antecedentes históricos de la deuda externa argentina.
Parte V: La deuda externa con el Club de París. Las Rondas y la deuda ilegítima e ilícita contraída por la Dictadura militar.  

 

LA DEUDA EXTERNA ARGENTINA. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

PARTE V: LA DEUDA CON EL CLUB DE PARÍS

Es importante recordar que el Club de París se constituyó como un grupo informal el 30 de mayo de 1956, cuando el subsecretario de Finanzas, Roberto Verrier, firmó el Acta de París, con los representantes de Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Dinamarca, Italia, Holanda, Inglaterra, Suiza, Noruega y Suecia, la que establecía un acuerdo para el pago de las deudas mantenidas con estos países que llegaban en conjunto casi a los 500 millones de dólares.

Los convenios bilaterales celebrados por Perón determinaban que los adelantos en cuenta corriente suministrados por los acreedores serían pagados con las exportaciones, ya que se trataba de una deuda netamente comercial, pero el arreglo celebrado por las autoridades de facto convertía en deuda financiera las obligaciones y forzaba al Estado a entrar en arreglos con el conjunto de países, sin poder hacerlo individualmente.

El Club de París, aún cuando siguió operando informalmente, se constituyó como un grupo para renegociar las deudas con estados que contrajeran cualquier otro país, y de conformidad con el FMI, formó un grupo de significativo poder para imponer sus soluciones. Ningún país puede renegociar sus deudas con otro en forma individual, porque el mecanismo impone que se negocie con todos simultáneamente, lo que establece una relación de fuerzas completamente asimétrica, donde el deudor siempre se encuentra en inferioridad de condiciones.

Las obligaciones que hoy negocia el Estado argentino tienen su origen en su mayor parte durante la dictadura cívico-militar, aún cuando últimamente algunas declaraciones públicas de los funcionarios del Ministerio de Economía hicieron trascender que se había logrado descontar la suma de cien millones de dólares correspondiente a deuda de la dictadura considerada fraudulenta, como si ése fuera el monto de los créditos que quedaran pendientes de pago del período 1976-1983.

La realidad es sustancialmente distinta y nada tiene que ver con la exigua suma que se consignara. Cuando se comenzaron las primeras negociaciones en 1985, el monto de la deuda a renegociar era de 5.500 millones de dólares y se estableció como fecha de corte el 10 de diciembre de 1983. En esa fecha (Ronda I) se llegó a un acuerdo por la suma de 2.250 millones de dólares, incluidos capital e intereses, siendo importante puntualizar que en esa fecha las estimaciones no eran definitivas, por lo cual el gobierno de Raúl Alfonsín siguió recibiendo reclamos de acreedores para la posterior conciliación.

En la segunda Ronda, se sumaron montos no refinanciados en la primera y la deuda se estimó en 4.250 millones de dólares hasta 1986. Luego, en el acuerdo firmado en 1987, se fijó en 5.303 millones. Estos montos se fueron modificando con la inclusión de otras deudas, como las de Cogasco, que entraron en las rondas llevadas a cabo durante la década del 90.

Al poco tiempo de asumir Carlos Menem y firmado el acuerdo con el FMI en noviembre de 1989, comenzó una nueva ronda de negociaciones donde se incluyeron 1.200 millones de dólares de atrasos en los que había incurrido el gobierno radical. Se acordó capitalizar los intereses atrasados y postergar los vencimientos para los años siguientes, efectuando pagos poco relevantes.

El 19 de septiembre de 1991 se firmó el acta multilateral que puso término a la Ronda IV, consolidándose la deuda, incluidos los atrasos en 7.592 millones de dólares.

El último acuerdo con el Club de Paris (Ronda V) se firmó en el marco de toda la reestructuración de la deuda externa efectuada en 1992 a través del Plan Brady, que contó con la participación del FMI, el Banco Mundial y el BID. La deuda a esa fecha quedó en 8.900 millones de dólares, a través de distintas reprogramaciones que se hicieron, estableciéndose un nuevo cronograma de pagos, para llegar a cancelar la misma.

Fue así que a través de los pagos que se cumplieron desde 1992, hasta el año 2002, la deuda fue decreciendo de la siguiente forma:

 

1995…………………8.838

1996…………………7.648

1997…………………6.090

1998…………………4.697

1999…………………3.800

2000…………………2.865

2001…………………2.214

2002…………………1.750

Aunque existen autores que cuestionan ese decrecimiento, ya que no hay coincidencia en muchas de las cifras oficiales que se manejan.

Producido el default y la interrupción de los pagos, comenzó nuevamente el crecimiento de la deuda, capitalizándose los intereses, hasta llegar al anunciado acuerdo que informan los medios por una suma de 8.470 millones de dólares.

Hasta aquí el pormenor riguroso de las negociaciones y la evolución de la deuda hasta hoy, donde por razones de síntesis no incluimos los detalles de la reprogramación de intereses, amortizaciones y punitorios por mora; pero lo fundamental que surge de las cifras y de las fechas consignadas, es determinar qué importe corresponde a la deuda de la dictadura, y cuál el que corresponde a los gobiernos a partir de diciembre del año 1983.

Como lo indicara anteriormente, la deuda dejada por la dictadura fue de 5.500 millones de dólares al 10 de diciembre de 1983, no estando incluida la deuda de Cogasco que era de 918 millones de dólares, la que fue agregada en los acuerdos de 1987. Es decir que sumadas ambas obligaciones nos da un stock de deuda proveniente de la dictadura de 6.418 millones de dólares.

A pesar de los pagos que se efectuaron, la deuda siguió creciendo porque se sumaron las obligaciones contraídas con Alemania para la construcción de la Central Atómica Atucha II, por un monto cercano a los 1.000 millones de dólares, que si bien fue licitada durante la dictadura, los primeros reembolsos fueron posteriores a diciembre del 1983. Es decir que este crédito recibido durante la gestión de Alfonsín sería el único no cuestionable, por haber sido empleado para los fines por los cuales fue solicitado y por el carácter democrático del gobierno que intervino en su efectivización. Para no citar varios documentos que así lo determinan, solo haremos referencia a la nota enviada por el Ex ministro de Economía, Dr. Domingo Cavallo, al Presidente del Club de París, Jean Claude Trichet, con fecha 5 de junio de 1992, donde le expresaba la aceptación de la propuesta de la “reprogramación de los vencimientos de las obligaciones financieras contraídas antes del 10 de diciembre de 1983 por el sector público y aquellas del sector privado cubiertas por un contrato de seguro de cambio o con garantía pública, y cuyos vencimientos ocurrirán con posterioridad al 30 de junio”.

También resulta importante hacer una referencia a la deuda de la empresa Cogasco, que es una evidencia más de los manejos especulativos de los inversores privados con la anuencia de los funcionarios de la dictadura, la que fue investigada por un cuerpo de auditores del Banco Central en 1984.

La empresa fue estructurada con el objeto de construir el gasoducto centro-oeste que unía a las provincias de Neuquén y Santa Fe, cruzando por La Pampa, Mendoza, San Luis y Córdoba, estando controlada la sociedad por la firma Nacap BV, de Holanda. Como en casos similares, se recurrió al crédito externo, y fue así que se obtuvo un préstamo por 918 millones de dólares del Amro Bank, de los cuales entraron al país 292, siendo depositado el resto en el exterior, el que fue utilizado por la empresa para diversas operaciones de pases, obteniendo importantes diferencias de cambios. Además de ello, se cancelaron importaciones temporarias, que no generaban movimiento de divisas, con el dinero de la empresa existente en el exterior. Los auditores encontraron una serie de irregularidades e ilícitos, que hacían pasible a la empresa de la aplicación del régimen penal cambiario, lo que significaba multas que iban de 1 a 10 veces el valor de las infracciones cometidas. Debido a que el grupo controlante de Nacap quebró, las acciones pasaron a ser manejadas por el Amro Bank de Holanda que, como integrante conspicuo del Club de París, impuso sus condiciones a los negociadores argentinos para transformar deudas inexistentes en obligaciones de la República. Los auditores estimaron que las multas podían llegar hasta la suma de 3.300 millones de dólares.

En la investigación llevada a cabo, se individualizaron con claridad las maniobras llevadas a cabo por esta empresa, sus incumplimientos contractuales, las infracciones a la ley penal cambiaria, lo que llevó a los inspectores a determinar que debían darse de baja del registro de la deuda la suma de U$D 918.3 millones, debido a “fondos no ingresados al país no-reconocimiento de cláusulas contractuales sobre tipo de pases”. Sin embargo, y a pesar de las evidencias incontrovertibles que surgían de toda la documentación analizada, el Jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central, Dr. Carlos Melconian, elevó con fecha 24 de agosto de 1987 un informe a la Gerencia de Estudios y Estadísticas del Sector Externo, donde decía textualmente: “No obstante la baja comentada, debe señalarse que sobre la base de los lineamientos para un acuerdo final sobre el contrato del Gasoducto Centro Oeste (informe 480/160 (Expte. 105.322/86) serán refinanciados dentro del marco del Club de París los atrasos que Gas del Estado mantenía con Cogasco S.A. al 31 de diciembre de 1985 (…) Todo ello implica registrar como deuda de la República Argentina y de Gas del Estado las correspondientes obligaciones, por un monto estimado de UD$ 955 millones”. El documento fue elevado por la Gerencia a la Comisión N° 2 del Directorio quien la aprobó con la firma de los Dres. Daniel Marx y Roberto Eilbaum, siendo ratificada luego por el Dr. Marcelo Kiguel, Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Banco Central con fecha 21 de septiembre del referido año.

Es decir, que si exceptuamos el crédito adeudado a Alemania, proveniente de la central atómica Atucha II, la totalidad de la deuda que se mantiene con el Club de París proviene de operaciones realizadas durante la dictadura, cuyos fondos se ignora específicamente a qué fueron destinados, conforme surge de la investigación que llevó adelante el Juzgado Federal Nº 2.

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