Carla Poth 30.05.2015.
Dialogamos con Carla Poth, licenciada en Ciencias Políticas, sobre el inminente decreto de necesidad y urgencia que el Poder Ejecutivo Nacional dictará para modificar la Ley de Semillas a la medida de Monsanto (…)
Decreto a la medida de Monsanto
Al Dorso (30.05.2015)
PATENTAMIENTO DE SEMILLAS POR DECRETO
NUEVOS BENEFICIOS DEL GOBIERNO A LAS CORPORACIONES
Entrevistamos a Carla Poth, licenciada en Ciencias Políticas e integrante del Programa de Estudios Rurales y Globalización (Peryg) de la Universidad Nacional de San Martín, sobre el Decreto de Necesidad de Urgencia que anunció el Gobierno para modificar la Ley de Semillas.
“Después de dos años en los cuales el Gobierno Nacional desplegó todas sus estrategias para poder meter de sopetón una reforma de la actual Ley de semillas, y viendo después de dos años las dificultades que tiene para hacerlo desde un debate serio, lo que hizo fue, a través de un decreto de necedad de urgencia (DNU) aprobar la reforma de la Ley actual de semillas que tiene varias implicancias”, señaló.
“Desde hace un año y medio, desde la campaña NO a la nueva ley Monsanto de semillas un poco lo que venimos rechazando junto a otros espacios es quecualquier intento de reformas que propuso el Gobierno Nacional estuvo asociado a poder profundizar los marcos de propiedad intelectual sobre las semillas que hoy producen las grandes trasnacionales“.Carla Poth
“Este decreto va en línea con esta lógica y lo que se plantea es justamente que se profundizan y crecen las instancias que pueden ser patentadas, en términos no sólo de semillas sino también de plantas que pueden patentarse.Pero además este decreto de necesidad y urgencia va más allá porque lo que hace es crear un fideicomiso para continuar con el desarrollo de las biotecnologías en Argentina enmarcadas en un modelo de agronegociosdonde claramente las semillas transgénicas están asociadas a los agrotóxicos. Al día de hoy sabemos la relación que hay entre el aumento de los casos de cáncer, abortos espontáneos, alergias y malformaciones con los agrotóxicos que se utilizan en el campo argentino”.
Por otro lado, explicó que el Gobierno utiliza la “excusa de poder combatir labolsa blanca, una especie de mercado paralelo que generan los productores a los contratos que firman con las grandes empresas trasnacionales, que implica una compra-venta de semillas que estas empresas no pueden controlar”. Así, el DNU busca supuestamente “crear y regular el mercado, y en realidad genera todo un marco punitivo para los productores”.
“Lo cierto es que este Decreto es un bochorno. Es el corolario de dos años de intentar imponer una ley con una lógica de debate que los movimientos sociales y diferentes intelectuales vienen rechazando. Como el debate no les resultó fructífero, y este gobierno tiene que hacerle la venia a Monsanto, lo que no pudo hacer por ley lo hace con un DNU”.
“Basándose aparentemente en la idea de que este decreto viene a regular un mercado que hasta ahora se venia consolidando desde una lógica donde las empresas trasnacionales imponían a los productores firmar contratos que son vampirescos, donde los productores se ven obligados a respirar por estas grandes empresas que les venden las semillas, el agrotóxico y les dicen qué contratistas deben utilizar para la siembra y cosecha; entonces lo que viene a decir el Gobierno Nacional es que está evitando esta avanzada de las grades empresas ya que ellos viene a regular el mercado”.
“Ahora, lo cierto es que el mercado que están creando es un mercado que a las grandes empresas les conviene que se regule. Porque en realidad la profundización de los marcos de propiedad intelectual lo que está negando es que las semillas que estas grandes empresas se están apropiando son semillas que en realidad les pertenecen a los agricultores”.
“Lo que ocultan, muy perversamente, es que detrás de estas semillas hay mucho conocimiento de las comunidades indígenas y campesinas, que detrás de la regulación de este mercado los primeros que se van a ver perjudicados son los que han compartido históricamente las semillas como una práctica ancestral. Son muchos productores los que se mantienen compartiendo semillas. Lo que requiere este Gobierno Nacional es que los productores estén obligados a ir a los talleres de las multinacionales donde les presentan las últimas semillas y donde les venden el glifosato”.
“Una vez más se avanza sobre aquellos agricultores que vienen planteando otras dinámicas de producción, que vienen discutiendo contras las lógicas del rendimiento económico y que vienen pensando en el derecho y la necesidad que tenemos todos de poder decidir como producir y qué comer, el sustento básico de la soberanía alimentaria”.
“Al día de hoy, como todavía no había una ley aprobada, las empresas exigían el pago de regalías a través de los contratos. Este DNU lo que va a instalar, no es sólo la lógica de la apropiación ya como una elemento legal sino que va a obligar a este pago de regalías de modo legal. Cada vez que el productor desea utilizar la semilla, mas allá de que sea de su propia cosecha, no va poder”.
“Otra cosa que plantea es que se va a abrir un registro de uso propio. Esto es una práctica que hasta ahora estaba sumamente instalada, que era la de que todo productor tenía derecho a utilizar, no para fines comerciales pero sí para el uso propio, semillas obtenidas de la cosecha. Esto no va a poder hacerse nunca más salvo que uno acredite, como quien dice un carnet de pobreza. Se registra en un registro de productores en los cuales se evalúa si esa familia no puede comprar nuevamente las semillas para uso propio. Esto que hasta ahora era un derecho, dejó de ser un derecho y es un privilegio. Y se le da a aquellos productores que ya vienen seriamente castigados”.
“Lo cierto es que siempre el hilo se corta por lo más fino y estos productores se van a ver obligados a ir al Estado, acreditar carnet de pobreza, todo para que les dejen usar su propia semilla.”
